Plaza de Bolívar

Un rectángulo con cinco vidas

Entender la Plaza de Bolívar exige aceptar que no es un lugar sino una superposición. Debajo del pedestal actual está el pedestal de Mario Lambardi, desmontado en 1929. Debajo del bronce de Pietro Tenerani, inaugurado en 1846, estuvo por siglos el vacío colonial de una plaza mayor sin monumento central, con picota, fuente y actividad de mercado. Debajo del trazado en damero está la Bacatá muisca, límite extremo de los campos, territorio de recreo de los zipas antes de que los soldados de Gonzalo Jiménez de Quesada llegaran a la Sabana con la expedición diezmada que había salido con setecientos cinco hombres y arribó con ciento sesenta y seis.

Cinco momentos la definen. El primero es la fundación de 1539, cuando la plaza aparece por primera vez como cuadrángulo trazado según el modelo hispanoamericano: emplazamiento, plaza mayor, iglesia, casa de gobierno, calles y solares distribuidos. El segundo es el 20 de julio de 1810, cuando la explanada se convierte en escenario del cabildo abierto que dio origen a la Junta Suprema en nombre de Fernando VII. El tercero es el 20 de julio de 1846, cuando la estatua de Bolívar de Tenerani se inaugura y la plaza deja de ser simplemente plaza mayor para volverse Plaza de Bolívar. El cuarto es el 9 de abril de 1948: el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán a pocas cuadras convierte el centro en zona de saqueo, motín policial y desbordamiento popular que ninguna autoridad logra encauzar. El quinto es el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el M-19 toma el Palacio de Justicia y la retoma militar termina con un centenar de muertos y una serie de desapariciones forzadas que la justicia colombiana tardaría décadas en reconocer.

Entre esos cinco hitos, la plaza ha sido remodelada, ampliada, desnudada de su vegetación, adornada con fuentes multicolores en 1929, saqueada, pavimentada, ocupada por manifestantes y limpiada para ceremonias oficiales. Es, en el sentido más literal del término, un palimpsesto: cada régimen ha escrito encima sin borrar del todo lo anterior.

La plaza colonial: solares, conventos y una sociedad de soldados

La ciudad de Santafé se fundó, según la tradición asentada por los cronistas, el 6 de agosto de 1538, con la llegada de Jiménez de Quesada a la Sabana; el trazado urbano propiamente dicho se ordena al año siguiente, cuando se distribuyen los solares y se levantan los primeros edificios estables. El procedimiento sigue el guion aplicado en toda la América hispana: el fundador fija el emplazamiento, señala la plaza mayor, la iglesia y la casa de gobierno, dibuja las calles a cordel y reparte los lotes. Nada de esto era casual. La ciudad hispanoamericana era una operación deliberada, un acto de derecho público antes que un crecimiento espontáneo, y su plaza mayor no era un espacio residual sino el punto desde el cual se organizaba todo lo demás.

Los mejores solares fueron para las órdenes religiosas —agustinos, franciscanos, dominicos—, de modo que la función eclesiástica quedó integrada al plano desde el primer día. En la plaza y en sus inmediaciones se levantaron la catedral, el cabildo, la casa del gobernador y las viviendas de los vecinos principales. La ciudad que así nacía era, sin embargo, socialmente modesta. La primera sociedad de Santafé se compuso de los soldados de las tres huestes que confluyeron en la Sabana —las de Jiménez de Quesada, Nicolás de Federmann y Sebastián de Belalcázar—, hombres descritos sin miramientos por los cronistas como hez del pueblo: aventureros, veteranos empobrecidos, buscadores de fortuna sin apellido. Sobre esa base humana se montó, con el paso de las décadas, una élite criolla que hizo de la plaza mayor su escenario de exhibición.

Durante los dos siglos siguientes, la plaza fue mercado, atrio de la catedral, sede de las ceremonias de proclamación de los reyes de España y lugar de castigos públicos. Fuero urbano, título honorífico de muy noble, muy leal y más antigua, nombre oficial de Santafé de Bogotá: la ciudad acumuló distinciones formales mientras seguía siendo, en cifras, un caserío. A los ciento treinta y cinco años de su fundación no pasaba de tres mil habitantes; en 1797 rondaba los diecisiete mil. La plaza mayor era grande para esa ciudad porque estaba pensada para otra cosa: para representar el poder.

El 20 de julio de 1810: la multitud fuerza el guion

El día que la historiografía nacional convirtió en fecha fundacional de la independencia empezó como un incidente y terminó como un cabildo abierto. La escena central ocurrió en la plaza mayor. José Acevedo y Gómez arengó a la multitud desde el balcón de un edificio que daba sobre la explanada; José María Carbonell recorrió las calles atizando el fervor popular con sus discursos. La masa exigió que se convocara al cabildo —único organismo con capacidad de dar forma constitucional a las peticiones— y el virrey Antonio Amar y Borbón, pusilánime y dubitativo respecto a la lealtad de sus propios oficiales criollos, se negó a hacerlo y no se atrevió a usar las tropas para dispersar la protesta.

Esa doble parálisis del poder colonial fue decisiva. La revolución había sido concebida por un grupo reducido de criollos, con un plan que la masa desconocía; pero fue la masa, ocupando la plaza y sosteniendo la presión durante horas, la que forzó el desenlace. Del cabildo abierto emanó un acta que la memoria nacional bautizaría como Acta de Independencia, aunque en su texto se reconocía todavía a Fernando VII como rey legítimo y la Junta asumía el gobierno en su nombre. Acevedo y Gómez pidió a la multitud congregada que aprobara la lista de delegados. La única sangre derramada aquel día fue la de un sombrerero llamado Florencio, herido por un patriota al que había oído criticar el movimiento.

La ironía histórica está toda concentrada en ese detalle: la jornada que la República celebraría durante dos siglos como su acto fundacional fue en rigor una revolución hecha en nombre del rey de España, con un solo herido y con un plan de élite que se sostuvo gracias a la agencia de una masa que no lo conocía. La plaza —el sitio físico, con su balcón y sus adoquines— fue la que permitió que las dos cosas ocurrieran a la vez: la conspiración criolla necesitaba una escenografía pública, y esa escenografía tenía forma de rectángulo abierto entre la catedral y el edificio del virrey.

1846: Tenerani, el bronce y el bautizo republicano

Durante las tres primeras décadas de vida republicana la plaza mayor siguió llamándose plaza mayor. El cambio de nombre llegó con el bronce. El 20 de julio de 1846 se levantó en el centro de la explanada la estatua de Simón Bolívar realizada por Pietro Tenerani, escultor italiano nacido en 1789, discípulo de Antonio Canova y quizá el artista extranjero más influyente en Colombia durante la primera mitad del siglo XIX. La obra —una figura de pie, no ecuestre, con toga clásica y gesto de orador— fue el primer monumento público de importancia erigido en la ciudad.

Tenerani, que nunca visitó América, dedicó una parte sustancial de su carrera a la iconografía bolivariana. La estatua de Bogotá es señalada por buena parte de la crítica como la más lograda de sus Bolívares; años después, en 1852, se inauguraría en Caracas otra suya, esta vez ecuestre, encargada por Carlos Castelli, quien la había descrito en 1851 como una magnífica estatua ecuestre en bronce del tipo que muy pocas ciudades de la vieja Europa pueden reclamar. El circuito era transatlántico: el modelo estatuario europeo se aplicaba a un culto americano recién nacido, y los bronces viajaban desde talleres italianos para consagrar a los libertadores.

La colocación del monumento en 1846, durante el período presidencial de Tomás Cipriano de Mosquera, fue mucho más que un gesto ornamental. Fijó el nombre de la plaza, alineó su eje simbólico con la figura del Libertador y convirtió el rectángulo colonial en foro republicano. La república hispanoamericana fabricaba sus mitos con retraso: Bolívar había muerto en 1830, y la piedra era el material privilegiado de esa fabricación. Bolívar, por lo demás, había estado allí en persona: entró a Bogotá el 15 de enero de 1830, tras un viaje de más de tres meses, e inauguró el Congreso Nacional cinco días después, en una llegada notoriamente menos festiva que las anteriores. La plaza, que ya era escenario de sus actos políticos, terminó siendo también su altar.

El Capitolio inconcluso y la lección del edificio interminable

Un año después de la instalación de la estatua, en 1847, se colocó la primera piedra del Capitolio Nacional en el costado sur de la plaza. La obra estaba pensada como sede definitiva del Congreso y cierre monumental del conjunto cívico. El diseño era del arquitecto danés Thomas Reed, que desde 1848 impartió además enseñanza práctica de arquitectura en Bogotá, formando aprendices de provincia y estableciendo, sin proponérselo del todo, la primera escuela local del oficio. La dirección inicial de las obras estuvo a cargo del maestro Juan Manuel Arrubla.

Los trabajos se suspendieron en 1851 por la guerra. Lo peor no fue la interrupción sino que lo levantado hasta entonces resultó tan deficiente que hubo que demolerlo, con la consiguiente controversia sobre el trabajo del escultor Mario Lambardi. Entre 1871 y 1875 se reanudó bajo la dirección de Francisco Olaya, ya que Reed había abandonado el país. En 1881 llegó a Bogotá el italiano Pietro Cantini, contratado para continuarlas, y presentó un proyecto con reformas. Bajo su intervención, la fábrica seguía siendo un esqueleto: un viajero que pasó por Bogotá hacia la década de 1880 describió el Capitolio como una obra inconclusa que ya había consumido cerca de un millón de pesos fuertes, con columnas truncas que no sostenían nada, y expresó dudas sobre su posible terminación. La arquitectura fue calificada de informe y monolítica.

Y sin embargo, el edificio terminó respondiendo en términos generales al diseño original de Reed. Su construcción, arrastrada durante más de medio siglo, dibuja con precisión el proyecto republicano colombiano del siglo XIX: piedra fundacional, interrupción por guerra, demolición de lo mal hecho, sucesión de arquitectos, fortuna gastada y décadas de obra inconclusa, hasta adoptar con retraso la forma que se le había pensado. La plaza aprendió con él que el poder que se pretendía perpetuar en piedra tardaba en cuajar y que, mientras tanto, exhibía sus columnas truncas a la vista de todos. La Regeneración y la Constitución de 1886 marcaron un límite virtual: después vendría un incremento notable de obras públicas y transformaciones urbanas, y el Capitolio finalmente se cerraría.

Junto al Capitolio, el conjunto de la plaza se completó con la Catedral Primada en el flanco oriental —heredera de sucesivos templos coloniales—, el edificio del cabildo y, más tarde, el Palacio de Justicia en el costado norte. La configuración de los cuatro poderes en torno al rectángulo —Iglesia, Congreso, justicia y alcaldía— fijó una gramática urbana explícita: quien caminara por la plaza estaría siempre bajo la mirada simultánea de las cuatro autoridades.

1929: el pedestal de Pizano y las fuentes multicolores

La primera gran remodelación republicana de la plaza ocurrió en 1929. El pedestal original de la estatua de Bolívar, obra de Mario Lambardi, había sido considerado del peor gusto e inadecuado y se decidió reemplazarlo. El encargo del nuevo diseño recayó, por decisión del alcalde de Bogotá José María Piedrahíta, en el pintor Roberto Pizano. El cambio de pedestal no alteró la orientación del bronce de Tenerani. Las obras concluyeron el 6 de julio de 1929 y la inauguración se hizo la noche del 19 de julio, en vísperas de las fiestas patrias, con el estreno de cuatro fuentes multicolores y luminosas que fueron, para la Bogotá de entonces, un espectáculo urbano sin precedentes. Algunos fragmentos del pedestal desechado de Lambardi se reutilizaron para adornar un busto de Bolívar.

La Bogotá que celebraba con luces de colores era una ciudad en plena mutación. El censo de 1929 le atribuía doscientos veinticuatro mil habitantes; había pasado de las tres mil almas coloniales a un centro urbano con transporte, comercio, industria incipiente y una clase obrera visible que en los años veinte ya había protagonizado huelgas —tranviarios en 1924, obreros de Bavaria en 1928—, a veces con bloqueos estudiantiles en solidaridad. La remodelación de 1929 le puso al Estado una escenografía moderna: fuentes iluminadas, pedestal renovado, plaza como espacio de exhibición del progreso. Faltaban diecinueve años para que ese decorado se llenara de humo.

El 9 de abril de 1948: la plaza como epicentro del desborde

A la una y cinco de la tarde del 9 de abril de 1948, Jorge Eliécer Gaitán salió de su oficina en el centro de Bogotá y fue asesinado a pocas cuadras de la plaza. Era el caudillo del liberalismo popular, el orador que llenaba plazas donde liberales y conservadores se congregaban a escucharlo. La noticia recorrió la ciudad en minutos. En cuestión de horas, el centro estaba en llamas.

El Bogotazo no fue un motín contra la Plaza de Bolívar, pero ocurrió a su alrededor y la convirtió en su epicentro simbólico. La forma predominante de la protesta fue el saqueo: la multitud se apoderó de alimentos, ropa, utensilios, armas, objetos de hierro y licores, y destruyó lo que no podía llevarse. La policía de Bogotá se sublevó y se unió al levantamiento, entregando armas a quienes aparecían como líderes de la turba; la novena estación, en el barrio gaitanista de La Perseverancia, se pasó abiertamente al bando rebelde e invitó a una junta revolucionaria a instalarse allí.

El contexto internacional agravaba la escena. En Bogotá se celebraba la IX Conferencia Panamericana, con la presencia del secretario de Estado estadounidense George Marshall. El asesinato de Gaitán y el estallido subsiguiente ocurrían, por tanto, bajo la mirada de una delegación diplomática hemisférica reunida a pocos metros. El Estado colombiano perdió el control del centro de su capital durante horas frente a ese auditorio.

De aquel 9 de abril, la Plaza de Bolívar salió con edificios dañados, con el eje de la Carrera Séptima —la antigua Calle Real— convertido en pasillo de destrucción y con una lección política que ningún régimen ha querido asumir del todo: la explanada consagrada al Libertador podía ser también el escenario desde el cual el orden establecido se desplomaba en cuestión de horas. La Violencia bipartidista que ya se incubaba en el país estalló en dimensión nacional; la plaza volvió a limpiarse, pero el centro histórico llevaría décadas en reconstruirse y la memoria del estallido quedaría inscrita en la topografía urbana.

6 y 7 de noviembre de 1985: el Palacio de Justicia

Treinta y siete años después, la plaza fue escenario de otro suceso que la historiografía nacional aún no ha terminado de procesar. El 6 de noviembre de 1985, un comando del Movimiento 19 de Abril, dirigido por Luis Otero y Andrés Almarales —ambos fundadores de la organización—, tomó por asalto el Palacio de Justicia, en el costado norte de la plaza. El objetivo político declarado era someter al presidente Belisario Betancur a un juicio ante los magistrados de la Corte Suprema por incumplimiento de los acuerdos de paz, con el propósito de desacreditarlo y fortalecer al M-19. En el trasfondo se han rastreado motivaciones vinculadas al narcotráfico y al debate sobre la extradición, que estaba entonces en la agenda de la Corte.

La preparación del operativo implicó la colaboración de personas que trabajaban en la cafetería del Palacio y que habrían facilitado el ingreso de armamento, alimentos y pertrechos en los días previos. Una vez tomado el edificio, el gobierno de Betancur descartó de plano la negociación y autorizó la retoma militar en la madrugada del 7 de noviembre. El Ejército Nacional coordinó la operación con participación de otras fuerzas del Estado. El fuego alcanzó el edificio y se propagó; el humo, visible desde toda la ciudad, envolvió la plaza.

El balance fue devastador. Murieron once magistrados de la Corte Suprema. El total de víctimas mortales rondó el centenar, entre guerrilleros, magistrados, militares y civiles; las cifras exactas han variado, con cerca de noventa y ocho identificados y un número indeterminado de casos adicionales. A las muertes documentadas se sumó otra categoría que tardaría años en abrirse camino en los tribunales: la de los desaparecidos. Empleados de la cafetería —entre ellos Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Bernardo Beltrán Hernández, Gloria Estella Lizarazo Figueroa, David Suspez Celis y Luz Mary Portela León— salieron con vida del edificio, fueron detenidos por las fuerzas militares bajo sospecha de colaborar con el M-19, sometidos a interrogatorios y torturas, y desaparecieron. Al menos varios de ellos son hoy reconocidos como víctimas de desaparición forzada.

El gobierno creó un Tribunal Especial de Instrucción para investigar los hechos, pero las responsabilidades tardarían décadas en establecerse judicialmente. La toma y retoma del Palacio de Justicia dejó al Estado colombiano en una posición singularmente incómoda: había recuperado militarmente el edificio, pero al costo de destruir físicamente la sede de una rama del poder, matar a once magistrados y desaparecer a civiles que había rescatado. La plaza, que había sido diseñada para exhibir la coherencia del orden republicano, exhibía ahora sus fracturas más profundas.

La red: personas, edificios, símbolos

Alrededor de la plaza se despliega una red que es a la vez arquitectónica y política, y que puede leerse como un mapa del poder colombiano en escala reducida. La Catedral Primada, en el costado oriental, ancla la continuidad religiosa desde el siglo XVI y sigue oficiando como bisagra entre el Estado y la Iglesia; el Capitolio Nacional, al sur, alberga al Congreso y arrastra en sus muros la memoria de su propia lentitud constructiva; el Palacio de Justicia, al norte, reconstruido tras el incendio de 1985, aloja hoy la Corte Suprema y el Consejo de Estado en un edificio que es también respuesta arquitectónica a una tragedia; la Alcaldía Mayor —el llamado Palacio Liévano— cierra el costado occidental. A pocas cuadras, sobre la carrera séptima, esperan el Palacio de San Carlos y, más allá, la Casa de Nariño, sede presidencial. Todos los hilos del poder —ejecutivo, legislativo, judicial y eclesiástico— pasan por el mismo nudo.

Sus figuras tutelares trazan otra genealogía, esta vez humana. Jiménez de Quesada, cuya expedición partió en abril de 1536 con setecientos cinco hombres y llegó a la Sabana con ciento sesenta y seis, fija el trazado; Bolívar, cuyo bronce la bautiza en 1846, le da su nombre y su eje; Tenerani, el italiano que nunca vio América, le imprime su forma escultórica; Reed, el danés, le diseña el Capitolio; Cantini, el otro italiano, contribuye a terminarlo; Pizano, el pintor colombiano, le rehace el pedestal en 1929; Gaitán, el orador liberal, la llena de multitud antes de que su muerte la desborde; Rojas Pinilla, Belisario Betancur, Andrés Pastrana, Enrique Peñalosa la administran, la remodelan o la escenifican para actos de Estado. Un extranjero tras otro tallando el rostro de la plaza; una sucesión de mandatarios usándola como espejo.

Bogotá misma, mientras tanto, cambió de escala. De las cuatrocientas manzanas de fines del siglo XIX pasó a dos mil cuatrocientas en 1950 y a veintisiete mil en 1980, en una expansión que desbordó todos los perímetros urbanos legales. La Plaza de Bolívar quedó como referencia inmóvil de una ciudad que estallaba en sus bordes: sede del gobierno nacional, mayor centro industrial, comercial, cultural, social y político del país, lugar donde se consagraban los escritores, los políticos, los curas y los artistas, y donde la capital recogía la voz de la provincia para difundirla. La plaza es la síntesis de un centralismo persistente, aunque la Colombia real hace mucho que dejó de caber en su rectángulo.

Foro contemporáneo: protesta, ceremonia y disputa

Desde el fin del Frente Nacional, la plaza ha sido escenario recurrente de manifestaciones. Marchas del silencio, movilizaciones estudiantiles, actos por la paz, concentraciones sindicales, celebraciones de posesión presidencial, misas campales, homenajes a víctimas. La gramática es dual: cuando el poder la ocupa con protocolo, la plaza es escenografía; cuando la ocupan los manifestantes, es tribuna.

El paro nacional de 2021 volvió a demostrar esa oscilación a escala nacional. Hubo concentraciones, marchas, bloqueos y asambleas en ochocientos sesenta y dos municipios de los treinta y dos departamentos del país. En Bogotá se sostuvieron bloqueos en el Portal de la Resistencia —renombrado sobre el nombre oficial de Portal Américas—, el Puente de la Dignidad en Usme y el Portal de Suba. Cali fue reconocida como la capital de la resistencia, con puntos como Siloé, Puerto Resistencia —renombrado sobre Puerto Rellena—, la Loma de la Cruz y el Paso del Comercio convertidos en escenarios cotidianos de confrontación con el ESMAD, la Policía y el Ejército. La práctica de rebautizar lugares fue, en sí misma, una operación de reescritura del espacio: los manifestantes hicieron con los nombres lo que los regímenes habían hecho durante siglos con las plazas.

La Plaza de Bolívar, en ese marco, funcionó como punto de convergencia final de las marchas bogotanas. La estatua de Tenerani presidió durante semanas concentraciones que impugnaban las decisiones del gobierno de turno. La plaza no fue destruida ni ocupada de manera prolongada, pero sí resignificada por la presencia sostenida de los manifestantes. Como en 1810, como en 1948, la explanada mostró que su vocación no es solo consagratoria: también sirve para que la ciudadanía interrumpa, momentáneamente, el guion oficial.

Huella: lo que ninguna piedra ha logrado fijar

La Plaza de Bolívar puede leerse como el gran monumento cívico de Colombia, y esa lectura sería incompleta. Es el punto donde el Estado ha querido inscribirse en piedra —el trazado colonial de Jiménez de Quesada, el bronce republicano de Tenerani, el pedestal moderno de Pizano, la reconstrucción del Palacio de Justicia tras 1985—, pero cada régimen ha visto su inscripción interrumpida antes de que fraguara. La multitud de 1810 obligó al virrey a convocar el cabildo; la masa de 1948 saqueó el centro hasta que la policía se sumó al motín; el M-19 tomó en 1985 el edificio símbolo de la justicia; los manifestantes de 2021 ocuparon el rectángulo dentro de una movilización de alcance nacional. En cada ciclo, la piedra fue puesta, resquebrajada y vuelta a poner.

Lo que la Plaza de Bolívar conmemora, sin proponérselo, no es la victoria de ninguna versión sobre las otras, sino su convivencia forzada. La estatua de Tenerani sigue en pie sobre un pedestal que ya no es el original. La Corte Suprema despacha en un edificio construido para reemplazar a otro que ardió. La Catedral, el Capitolio y la Alcaldía miran hacia dentro del rectángulo como si vigilaran algo que no dejan de perder. Y la ciudad, que hace mucho estalló más allá del centro, sigue enviando sus marchas a este mismo punto porque no ha encontrado otro donde la respuesta oficial resulte tan visible. Eso —más que la geometría, más que el bronce, más que los cuatro poderes alineados— es lo que hace de la plaza un lugar todavía activo: la certeza de que ningún régimen la ha cerrado del todo, y de que la próxima escritura ya está en camino.