Antonio Amar y Borbón

La semblanza: un virrey en el umbral

Amar y Borbón encarna, con precisión casi didáctica, la contradicción del reformismo borbónico tardío. Formado en la carrera de las armas, ascendido en una monarquía que había apostado por profesionalizar sus cuadros peninsulares para reafirmar el control sobre América, fue enviado a un virreinato donde las mismas reformas que él representaba habían formado intelectualmente a una élite criolla capaz de cuestionar el orden que lo sostenía. Cuando asumió el mando en 1803, la Nueva Granada llevaba dos décadas largas digiriendo la rebelión comunera, absorbiendo las ideas ilustradas en tertulias privadas y observando de reojo cómo la república estadounidense se consolidaba y la Revolución francesa reordenaba el vocabulario político del Atlántico.

El juicio histórico sobre él ha oscilado entre dos extremos igualmente insatisfactorios. Para la tradición patriótica del siglo XIX, fue el sátrapa cobarde cuya arbitrariedad justificó la ruptura y cuya indecisión la facilitó. Para una lectura más reciente, atenta a las estructuras, fue apenas un funcionario atrapado en un proceso que lo excedía, cuya biografía importa menos que la crisis imperial que estalló en Bayona en 1808. Ambos retratos rozan lo cierto y ambos lo eluden. Amar fue, más bien, la bisagra en la que se articularon dos temporalidades: la larga duración de un imperio que se agrietaba desde hacía décadas y la brevísima duración de una jornada —el 20 de julio— en la que la contingencia individual sí importó.

Conviene, por eso, no juzgarlo desde el desenlace sino reconstruir el terreno sobre el que pisó. La biografía de Amar cruza tres escenarios sucesivos: la Zaragoza ilustrada de los años cuarenta, la Santafé militarizada de comienzos del XIX y el mundo atlántico convulso de la crisis napoleónica. En cada uno de ellos fue, más que actor, correa de transmisión de fuerzas que lo excedían y que, sin embargo, exigían de él decisiones concretas y firmadas con su nombre.

Los orígenes: Zaragoza, el apellido y la carrera militar

Nacido en Zaragoza en 1742, Antonio Amar y Borbón procedía de una familia aragonesa cuya trayectoria se entrelazó, en el siglo XVIII, con el prestigio ilustrado y con la lealtad dinástica que la nueva casa reinante recompensaba. El apellido no es casual: los Amar habían enlazado con una rama de los Borbón españoles, y en la generación de Antonio ese vínculo produjo figuras notables. Su hermana Josefa Amar y Borbón fue una de las intelectuales españolas más destacadas del siglo, miembro de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y autora de discursos pioneros sobre la educación femenina y sobre la capacidad de las mujeres para participar en la vida pública. Su hermano Francisco Javier de Amar sostuvo también posiciones de responsabilidad. La casa Amar y Borbón era un ejemplo de la nobleza reformista que la Corona había cultivado y ascendido en la segunda mitad del siglo XVIII.

Antonio siguió la ruta clásica de la nobleza secundaria que buscaba ascender por servicio a la Corona: la carrera de las armas. Los detalles concretos de su hoja militar quedan cubiertos por el polvo de los archivos peninsulares, pero el resultado importa: al recibir el nombramiento como virrey, había alcanzado el rango de teniente general y contaba con la confianza de la corte madrileña. Su matrimonio con Francisca Villanova y Marco añadió otra pieza a esa arquitectura. La virreina —nombre con el que la historia colombiana la recuerda— acompañaría a su marido a Santafé y desempeñaría, en la crisis final, un papel más resuelto que el suyo.

La trayectoria: llegar a un virreinato inflamable

Amar y Borbón entró a Santafé en septiembre de 1803, en el ambiente todavía frío de la sabana. El virreinato que recibía no era ya el territorio dócil del siglo XVII. Dos décadas atrás, en 1781, la rebelión de los Comuneros había estallado en el Socorro y se había extendido por gran parte del reino, arrastrando a agricultores y artesanos hartos de las nuevas cargas fiscales. La política del regente visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres —que desde 1778 había restablecido el impuesto de la armada de Barlovento y extendido la alcabala a productos hasta entonces exentos— había duplicado, cuando no triplicado, la presión sobre bolsillos ya modestos. Los ingresos fiscales de la Corona en Nueva Granada saltaron de aproximadamente un 2,9% del producto a un pico cercano al 10,4%, con los estancos de tabaco y aguardiente aportando, hacia el final del período colonial, cerca del 32% de la recaudación.

Los Comuneros no habían proclamado la independencia; habían exigido, entre otras cosas, que los naturales de Nueva Granada tuvieran preferencia sobre los peninsulares en los nombramientos oficiales. Las Capitulaciones de Zipaquirá, negociadas por el arzobispo Antonio Caballero y Góngora con el líder comunero Juan Francisco Berbeo, aceptaron revertir varias medidas fiscales, pero fueron anuladas apenas llegaron refuerzos a la capital. José Antonio Galán y otros cabecillas que habían rechazado el acuerdo fueron apresados y ejecutados. La lección era doble y contradictoria: la Corona podía imponerse por la fuerza, pero la protesta popular había demostrado su capacidad de paralizar el reino durante meses. Ese antecedente rondaba, aunque nadie lo dijera, cada decisión virreinal veintitantos años después.

A esa herencia se sumaba la crisis de 1794-1797, cuando la circulación de las ideas ilustradas y revolucionarias en las tertulias criollas produjo el primer choque abierto con las autoridades. Antonio Nariño había impreso en 1794 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y pagado por ello con años de prisión y exilio. Cuando Amar llegó a Santafé, Nariño era un nombre que las autoridades pronunciaban con recelo y los criollos con reverencia clandestina.

El nuevo virrey encontró, además, un Cabildo santafereño convertido en bastión político de los criollos más adinerados. Su reacción fue la que dictaba el manual borbónico: reforzar la presencia peninsular. Designó regidores españoles para contrarrestar la influencia criolla en las decisiones del Cabildo, medida que fue recibida con un rechazo frontal y contribuyó a agudizar un antagonismo estructural. El cuerpo que debía haber sido correa de transmisión entre el virreinato y las élites locales se transformó, bajo esa afrenta, en trinchera.

La militarización de Santafé y el arresto de Nariño

La rebelión de Quito, en 1809, ofreció a Amar la oportunidad de mostrar músculo y terminó por exponer la fragilidad del dispositivo virreinal. Envió prácticamente en su totalidad al regimiento de Santa Fe a sofocar el movimiento quiteño, con lo que dejó desguarnecida la capital, y para tapar ese hueco trasladó tropas de un regimiento de Cartagena de Indias. En Santafé se instaló así una guarnición de centenares de soldados venidos de la costa, presencia que cumplía su función militar inmediata pero pagaba un costo político incalculable: los sectores criollos del Cabildo vieron en aquellos forasteros la prueba física de que el gobierno peninsular gobernaba contra ellos y no con ellos, y el antagonismo, hasta entonces argumentativo, adquirió un rostro armado en las esquinas de la ciudad.

Con la capital militarizada, Amar procedió a lo que consideró la limpieza necesaria. Tomó medidas contra personas sospechosas de subversión y ordenó detenciones, y entre los aprehendidos volvió a estar Antonio Nariño, ya envejecido por las prisiones anteriores. Nariño fue enviado primero a una cárcel local en Santa Fe y luego trasladado a Cartagena, donde permaneció encadenado durante varios meses. El eco del caso de Jorge Miguel de Lozano, marqués de San Jorge —quien en 1785 había escrito fuertes quejas contra la política de los virreyes y había sido apresado y enviado a Cartagena, ciudad de la que nunca volvió a Bogotá—, resonaba como precedente. La cárcel costera era el destino conocido para los criollos incómodos, y quien la conocía sabía leer en la biografía de Nariño el mensaje cifrado que el virrey enviaba a toda la élite santafereña.

La represión funcionó a corto plazo y fracasó a mediano. Las denuncias contra miembros de la sociedad santafereña se multiplicaron, los complots proliferaron en la conversación clandestina, y toda la actividad opositora se replegó a espacios privados donde el control virreinal era mucho menos efectivo. Amar había logrado silenciar la disidencia pública sin poder desmontar sus raíces. Cuando llegara el momento decisivo, no sabría con certeza quién estaba con la Corona y quién contra ella, porque el disimulo se había vuelto lengua franca.

La crisis imperial: de Bayona a la alerta de junio

La coyuntura que iba a fulminar la autoridad de Amar no se fraguó en Santafé sino en Bayona. En 1808, Carlos IV abdicó y tanto él como su hijo Fernando VII fueron llevados a la ciudad francesa, donde Napoleón los confinó e instaló a su hermano José Bonaparte como rey de España. La noticia atravesó el Atlántico como una descarga: el rey estaba preso, un usurpador ocupaba el trono, y la teoría pactista de origen habsburgo —según la cual, en ausencia del monarca legítimo, la soberanía retornaba al pueblo hasta que aquél pudiera ejercerla— ofrecía una justificación jurídica de peso para que las comunidades americanas formaran juntas de gobierno propias.

La Junta Central Suprema, formada en la Península para gobernar en nombre del rey cautivo, cedió después su lugar a un Consejo de Regencia cuya legitimidad muchos americanos no aceptaron. El temor de que Napoleón consumara su triunfo en Europa —y con él la pérdida definitiva de Fernando VII— agravó el malestar. La opinión pública en el virreinato se dividió, como se dividió en Mompox y en el resto del Nuevo Reino, entre partidarios de los franceses, seguidores de la Junta Suprema que había proclamado a Fernando VII, y criollos democráticos con designios de independencia absoluta influidos por las revoluciones francesa y norteamericana. En las tertulias santafereñas, esa tripartición no era abstracta: cruzaba familias, escritorios comerciales y aulas del Rosario y de San Bartolomé, donde los mismos hombres que citaban a Suárez para defender el retorno pactista de la soberanía leían a Rousseau para imaginar lo que vendría después.

Amar respondió a esa fragmentación como sabía: con vigilancia y con papel. En junio de 1810 despachó comunicaciones a las autoridades locales advirtiendo sobre los sucesos de Caracas, donde la Junta se había constituido en abril, y al teniente de corregidor de Tunja le ordenó impedir que se introdujeran en la provincia emisarios o papeles provenientes de los rebeldes caraqueños, para que no captaran adeptos entre la población. La alerta fue leída en sesión ordinaria del cabildo tunjano el 7 de junio de 1810. Faltaban seis semanas para el 20 de julio, y el virrey seguía tratando con oficios lo que ya circulaba de boca en boca en los patios traseros de la propia Santafé.

La ola era, para entonces, imparable. Cartagena de Indias había actuado los días 22 de mayo y 14 de junio; Cali, el 3 de julio; Pamplona, el 4; el Socorro —el mismo Socorro comunero de 1781—, el 10. Cuando Santafé se movió, el 20 de julio, no inauguraba nada: se sumaba a una secuencia regional. Pero al hacerlo desde la capital del virreinato, le otorgaba dirección política al proceso, y arrastraría tras de sí, en cuestión de días, a Tunja (25 de julio), Neiva (27), Girón (30) y Mompox (6 de agosto).

El 20 de julio: la orden que no se dio

La jornada del 20 de julio ha sido narrada mil veces con el florón de la tradición patriótica, y sin embargo su núcleo puede reducirse a una escena política precisa. El plan de la ruptura era conocido por unos pocos —Camilo Torres Tenorio, José Acevedo y Gómez, José Miguel Pey y un puñado más de miembros de la élite criolla—; la masa del pueblo no sospechaba de la maquinación y actuó movida por instigaciones y resentimientos acumulados contra los españoles arrogantes llegados a principios del siglo. El incidente con el florero, la disputa comercial que sirvió de detonante, importó menos por su contenido que por su función de mecha: la plaza se llenó, la multitud presionó, el Cabildo se reunió, y las horas siguientes se convirtieron en un pulso entre lo que la muchedumbre exigía y lo que el virrey podía todavía impedir.

En ese pulso, Amar hizo lo que definiría su lugar en la historia: no hizo nada. Por instantes se esperó la orden que debía dar; el virrey, sin embargo, era pusilánime —así lo consignó un memorialista favorable a los patriotas, y así ha quedado en el registro— y no se atrevió a darla ni a hacerse responsable de la sangre que pudiera correr. La virreina Francisca Villanova, según el mismo testimonio, mostró más entereza que su marido y le echó en cara su cobardía. La única sangre que se derramó ese día fue la de un sombrerero llamado Florencio, herido por uno de los patriotas por haber dicho que la gente que quitaba a los virreyes lo hacía por ambición de mandar ella misma.

Que la caracterización de "pusilánime" proceda de una fuente favorable al bando triunfante debe matizar el juicio moral, pero no anula la observación política. Amar tenía tropas en la capital —el regimiento traído de Cartagena—, tenía un aparato de vigilancia que apenas semanas antes despachaba alertas hacia las provincias, y tenía la autoridad formal para ordenar la dispersión de la multitud. Optó por no ejercerla. Es imposible saber si esa opción respondió a un cálculo —evitar la matanza que hubiera desencadenado una guerra abierta e ingobernable— o a una parálisis —la incapacidad personal de asumir el costo de una represión sangrienta—. Probablemente ambas cosas: la lucidez del que ve que ya no tiene base social y el miedo del que no quiere que su nombre quede escrito con sangre. El memorialista consideró afortunada esa pusilanimidad, porque evitó mayores muertes. La historia estructural la considera irrelevante, porque el proceso era irreversible. Ambas lecturas tienen su parte de razón, y ninguna basta.

El Acta de Independencia fue redactada por José Acevedo y Gómez y firmada al amanecer del 21 de julio de 1810. Reconocía provisionalmente a Fernando VII como rey legítimo y declaraba que toda autoridad quedaba depositada en la Junta Suprema hasta que se formara una constitución. Seis días después, el 26 de julio, la Junta declaró que no reconocía al Consejo Supremo de Regencia y estableció que ninguna corporación o individuo peninsular tendría autoridad sobre esas tierras, excepto Fernando VII. El 27 de julio, según lo planeado, la Junta se dividió en secciones —Negocios Eclesiásticos, Gracia, Justicia y Gobierno, Guerra, Hacienda, Policía, Comercio— para manejar con más eficacia las decisiones cotidianas.

Amar fue destituido. La retórica del Acta salvaba las formas fernandinas; la mecánica del gobierno, no. Los "chisperos", facción radical de santafereños, dificultarían después la moderación de las decisiones y empujarían el proceso hacia posiciones más rupturistas. Pero eso ya no era problema del virrey.

La red: personas, lugares e ideas que lo cruzaron

Ninguna figura política se explica sola, y menos una atrapada en un cambio de época. La red de Amar y Borbón se tejía en tres planos.

En el plano familiar y peninsular, el apellido lo ligaba a la corte madrileña y al reformismo ilustrado aragonés. La correspondencia con su hermana Josefa —cuya obra intelectual sobre educación femenina desafiaba, desde dentro, muchos de los supuestos del orden que su hermano representaba en América— sugiere una casa donde las ideas de la Ilustración no eran extrañas. Amar no era un reaccionario obtuso: era un servidor de la Corona que aplicaba en Santafé el manual que la propia Corona había producido.

En el plano virreinal, sus interlocutores obligados fueron los criollos del Cabildo santafereño. Camilo Torres Tenorio, el jurista payanés autor del Memorial de Agravios de 1809 —donde se había expuesto con precisión el trato desigual que la Corona daba a los americanos—, encarnaba la inteligencia argumentativa de la élite criolla. José Acevedo y Gómez sería el "tribuno del pueblo" del 20 de julio. José Miguel Pey ocuparía la presidencia de la Junta Suprema. Antonio Villavicencio, comisionado regio enviado desde Cádiz para pacificar los ánimos, llegó a tiempo para que su misma llegada sirviera de pretexto y catalizador de la ruptura. Antonio Nariño, encadenado en Cartagena, seguía siendo la figura simbólica alrededor de la cual los sectores más radicales se articulaban.

En el plano imperial, Amar respondía a Carlos IV primero, a Fernando VII después, al Consejo de Regencia luego, a José I Bonaparte nunca —aunque la sospecha de afrancesamiento fue una de las acusaciones que circularon contra funcionarios peninsulares en América durante la crisis—. Esa cadena rota de mando fue, más que cualquier otra cosa, lo que vació de contenido su autoridad. Un virrey depende de la legitimidad del monarca que lo nombró; si el monarca está preso en Bayona, la legitimidad se descuelga.

Detrás de la escena, ya empezaba a asomar la generación que protagonizaría la Reconquista y la guerra de Independencia: Juan Sámano, entonces oficial de segunda fila, sería quince años después el último virrey del sangriento retorno realista. Amar y Sámano son los dos extremos de una misma tragedia institucional: el que no supo o no quiso reprimir, y el que reprimió sin medida cuando ya no había virreinato que salvar.

La huella: caída, exilio y memoria disputada

Depuesto en julio de 1810, Amar y Borbón fue arrestado poco después junto con la virreina. La memoria oral santafereña conservó episodios de humillación popular contra la pareja, particularmente contra Francisca Villanova, a quien la muchedumbre atribuyó —con o sin fundamento— haber sido la mano dura detrás del guante blando del virrey. La Junta terminó por embarcarlos rumbo a la Península. Amar regresó a España, vivió los años convulsos del final del reinado de Fernando VII y murió en 1826. Para entonces, la Nueva Granada se había convertido en Gran Colombia, había vivido la Patria Boba, la Reconquista de Pablo Morillo, la campaña libertadora, la Batalla de Boyacá y la construcción republicana. El virreinato que él había gobernado ya no existía en ningún mapa.

Su huella en la memoria colombiana es esquiva. No hay estatuas de Amar y Borbón; tampoco había por qué haberlas. Pero tampoco es el gran villano de la narrativa patriótica, papel que la tradición reservó para Morillo y Sámano, ejecutores de la Reconquista sanguinaria de 1816. Amar quedó registrado como el virrey que no supo estar a la altura: un funcionario opaco cuya indecisión, dependiendo de la lectura, o bien salvó vidas o bien facilitó una ruptura que pudo haberse aplazado.

La historiografía reciente ha empezado a matizarlo. Verlo únicamente como un cobarde es simplificar; verlo como una víctima estructural es exculparlo demasiado. Lo más justo es leerlo en la tensión entre ambas cosas. Amar aplicó, con disciplina de militar peninsular, las herramientas del reformismo borbónico: militarizar la capital, designar regidores adictos, arrestar a los sospechosos, vigilar los focos externos de contagio. Cada una de esas medidas era racional dentro de su propia lógica y contraproducente en la escala del proceso mayor. Cada represión empujó más oposición a la clandestinidad, cada regidor peninsular consolidó más al Cabildo criollo, cada soldado cartagenero en Santafé confirmó a los criollos que no eran parte del gobierno sino sus súbditos. La caída no fue accidente: fue el resultado acumulado de una política que producía sus propios enemigos.

Y, sin embargo, el 20 de julio no era destino escrito. Lo que ocurrió esa tarde y esa noche dependió también de la decisión concreta del hombre que ocupaba el sillón virreinal. Si Amar hubiera ordenado la carga —con las tropas que tenía y con la disposición represiva que sus antecedentes autorizaban— el resultado inmediato pudo haber sido distinto: tal vez una matanza que endureciera las posiciones y postergara la ruptura; tal vez una escalada que precipitara una guerra más temprana y más brutal. Ese universo alterno no ocurrió porque un hombre pusilánime —o prudente, según la lectura— optó por no ordenarla.

En esa doble determinación —estructural y biográfica, sistémica y contingente— reside el interés histórico de la figura. Los grandes procesos no son ni la mera suma de decisiones individuales ni el despliegue mecánico de fuerzas impersonales: son el punto donde ambas cosas se anudan, y donde a veces basta con que un hombre no se atreva a firmar una orden para que un imperio termine de resquebrajarse en una plaza. Antonio Amar y Borbón —zaragozano de 1742, teniente general, virrey desde 1803, depuesto en 1810, muerto en 1826— fue ese hombre, y su trayectoria pertenece por igual a la historia militar peninsular, a la administración colonial neogranadina y a la genealogía política de la independencia colombiana.