Real Cédula de Consolidación de Vales Reales en Nueva Granada (1804)

La Real Cédula de Consolidación de Vales Reales en Nueva Granada

El 9 de julio de 1804, Carlos IV extendió a los reinos de Indias una cédula que en la península venía cobrando cuerpo desde 1798: la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales. En términos administrativos, ordenaba que los capitales que la Iglesia tenía prestados sobre bienes raíces —censos, capellanías, obras pías, fondos de cofradías— fueran enajenados y su producto entregado a la Real Caja de Amortización en Madrid, que a cambio pagaría un interés del tres por ciento. En términos reales, para el Virreinato de la Nueva Granada, la medida hería el corazón de un sistema: el crédito hipotecario eclesiástico sobre el que descansaba, desde hacía dos siglos, la economía de las haciendas, los trapiches y los hatos. Aplicada entre 1804 y su suspensión en 1808, la Consolidación fue una desamortización anticipada que trasladó capitales de la Iglesia americana al Tesoro peninsular, convirtió en acreedoras forzosas de una Corona en quiebra a las mismas familias criollas que seis años después llenarían las juntas de gobierno, y añadió al malestar acumulado desde 1781 un agravio patrimonial nuevo, cuantificable y personal.

El mundo del crédito eclesiástico neogranadino

Para entender lo que la cédula rompió hay que reconstruir lo que estaba allí. La economía rural del virreinato funcionaba, desde el siglo XVII, sobre una arquitectura crediticia cuyo eje no era el banco —no existía— sino la Iglesia. Los conventos, las capellanías fundadas por familias piadosas, las cofradías y el clero secular acumulaban capitales líquidos provenientes de donaciones, herencias y rentas, y los prestaban a los propietarios rurales mediante la figura del censo: un gravamen hipotecario sobre la tierra, con un interés anual del cinco por ciento, que permitía al hacendado obtener el capital necesario para levantar un trapiche, comprar esclavos, ampliar un hato o pagar la dote de una hija.

El sistema tenía una lógica social precisa. Los hacendados de las tierras altas del interior —la Sabana de Bogotá, Tunja, los valles de Cundinamarca— eran, pese a la extensión de sus propiedades, pobres en capital líquido. Los mercados eran competidos, los caminos malos, el transporte caro; una hacienda podía valer varios miles de patacones y su dueño, sin embargo, no tener con qué pagar los oficios de un funeral. El caso de Jorge Lozano de Peralta, con veinte mil hectáreas dispersas entre la Sabana, Anolaima y España administradas como mayorazgos, era la cara visible de una condición general: latifundistas ilíquidos. En Popayán, los terratenientes acudían a la ciudad para tomar dinero de las capellanías del cabildo eclesiástico o del convento de La Encarnación; en Cali, en Antioquia, en el Valle del Cauca, el circuito era el mismo. Las propiedades de más de tres mil patacones soportaban censos que comprometían proporciones altas de su valor, a veces más de la tercera parte; las pequeñas, sin capacidad hipotecaria, quedaban al margen.

Ese endeudamiento tenía costos. Los contemporáneos asociaron los censos con el deterioro de las fincas, con la imagen de trapiches silenciosos y haciendas semi-arruinadas donde parecía inscrito el letrero aquí hubo un censo. Pero era, al mismo tiempo, el único crédito institucional disponible a gran escala. La Iglesia neogranadina —órdenes religiosas, obispados, capellanías particulares— cumplía, en ausencia de banca, funciones que en otras economías habrían correspondido a instituciones seculares. Prestar era, para el clero, invertir capitales piadosos; pedir prestado era, para las élites, financiar la producción. El vínculo era también social: muchas capellanías eran fundaciones familiares cuyo capellán —un hijo, un sobrino— cobraba la renta y decía las misas prescritas. Cortar ese circuito equivalía a cortar, de un tajo, la reproducción económica y simbólica de un orden.

La cédula peninsular y su extensión a las Indias

La Consolidación no nació en América. Nació de la ruina fiscal española. Desde 1780 la Corona había financiado sus guerras con la emisión de vales reales, títulos de deuda con circulación cuasimonetaria que a fines del siglo XVIII, tras las guerras contra Francia y luego contra Inglaterra, se cotizaban con enormes descuentos. En 1798, bajo el gobierno de Manuel Godoy y con Miguel Cayetano Soler al frente de la Real Hacienda, el rey ordenó la enajenación de los bienes raíces de obras pías, memorias y patronatos legos en la península, con la promesa de pagar un tres por ciento anual sobre el capital entregado a la Caja de Amortización. La finalidad declarada era retirar de circulación los vales reales depreciados y sanear el crédito público.

En julio de 1804, con España nuevamente en guerra con Inglaterra tras la ruptura de la paz de Amiens y bajo la presión de los subsidios que Godoy debía pagar a Napoleón, la medida se extendió a los reinos de Indias. La cédula del 9 de julio ordenaba proceder en América de manera análoga: los capitales eclesiásticos colocados a censo sobre propiedades particulares serían llamados a redención, y los propietarios deberían pagar el principal a una Junta Superior de Consolidación, con sede en cada virreinato, que giraría los fondos a Madrid. A cambio, la Corona reconocería un rédito del tres por ciento anual a favor de las instituciones eclesiásticas expropiadas.

El diseño encerraba una asimetría feroz. En la península había un correlato: una economía monetaria más honda, un mercado inmobiliario capaz de absorber ventas, una Caja de Amortización operativa. En América, y particularmente en Nueva Granada, ese correlato no existía. Los capitales prestados no estaban depositados en arcas: estaban invertidos en tierra, en ingenios, en esclavos. Redimir el censo significaba encontrar en efectivo una suma que el hacendado no tenía y que sólo podía obtener vendiendo la propiedad misma o parte de ella, en un mercado escaso, con pocos compradores solventes y precios a la baja por la avalancha simultánea de ofertas. El tres por ciento prometido a la Iglesia, además, dependía de un Tesoro peninsular en bancarrota que dos años después ya no podría honrarlo.

La aplicación en el virreinato: 1804-1808

La cédula llegó a Santafé bajo el gobierno del virrey Antonio Amar y Borbón, que había arribado a la capital en septiembre de 1803. Su gestión —de aparente calma administrativa y de intrigas de salón en las que la virreina Francisca Villanova tenía protagonismo— se convirtió en el marco de aplicación de una de las medidas fiscales más pesadas de todo el ciclo borbónico. Se estableció una Junta Superior de Consolidación en Santafé, con juntas subalternas en las principales ciudades: Cartagena de Indias, Popayán, Tunja, Socorro, Mompox, Antioquia, Pamplona. Los funcionarios encargados de identificar los capitales piadosos, tasar las propiedades gravadas, exigir la redención y remitir los caudales a la Real Caja fueron reclutados entre los cuadros de la administración fiscal existente, con los problemas conocidos: bajos salarios, poca calificación, tentación de corrupción, conflictos de jurisdicción con la Audiencia y con los Tribunales de Cuentas.

El procedimiento era simple en el papel y devastador en el terreno. Se convocaba al propietario que tenía un censo sobre su hacienda; se le exigía pagar el capital adeudado; si no lo hacía en el plazo señalado, se remataba la finca. Para propiedades pequeñas, cuyo censo era proporcionalmente menor, la carga podía cubrirse con esfuerzo. Para las medianas y grandes, cuyo endeudamiento superaba el tercio del valor, la exigencia era imposible sin liquidación. Los conventos y capellanías, por su parte, veían transferidos a Madrid los capitales que constituían su renta operativa —los que pagaban los salarios de los capellanes, los oficios divinos, la caridad, el sostenimiento material de la vida religiosa— a cambio de una promesa peninsular de intereses cuya solvencia se erosionaba a ojos vista.

En Nueva Granada la aplicación fue desigual. Las regiones con mayor densidad de capital eclesiástico y de propiedades gravadas —la Sabana de Bogotá, Popayán, Cartagena, el altiplano cundiboyacense— soportaron el peso mayor. En jurisdicciones más pobres, con menos censos formalizados, el efecto fue menor pero no nulo. Los montos globales remitidos desde el virreinato hasta la suspensión de 1808 fueron significativos, aunque inferiores a los de Nueva España, donde la Consolidación fue especialmente rapaz; pero la relación entre el monto extraído y la capacidad de absorción de la economía local fue, en Nueva Granada, particularmente onerosa, porque se aplicó sobre una economía menos monetizada y con élites terratenientes cuya iliquidez estructural era ya proverbial.

El perfil de los afectados es reconocible: hacendados de la Sabana emparentados con las viejas familias del cabildo santafereño, terratenientes de Popayán vinculados por matrimonio con peninsulares recientes, comerciantes-hacendados de Cartagena y Mompox, propietarios medianos del Socorro y Tunja. José Ignacio de Pombo, comerciante de Cartagena y figura ilustrada, era representativo del sector afectado por la doble vía —crediticia y comercial— de la política borbónica. Antonio Nariño, cuyo caso como recaudador de diezmos ya había arrastrado su patrimonio a la insolvencia años antes, encarnaba la fragilidad de las fortunas criollas frente a las exigencias abruptas del fisco. Manuel Bernardo Álvarez, Camilo Torres Tenorio en Popayán —cuya familia había hecho su fortuna en la actividad minera y agrícola de la gobernación— y decenas de otros nombres que reaparecerían en 1810 pertenecían al universo social directamente tocado por la redención forzosa de censos.

En 1808, la invasión napoleónica a España, la abdicación de Bayona y el desplome del gobierno de Godoy dejaron a la Consolidación sin marco político. La Junta Central Suprema, en septiembre de ese año, suspendió la medida. Pero cuatro años de aplicación habían bastado. Los capitales remitidos ya no volverían. Los intereses prometidos no se pagarían. Las propiedades rematadas no serían restituidas. Y las capellanías, que habían perdido sus fondos operativos, quedaron reducidas a rentas nominales de una Corona ausente.

Las causas de fondo y el detonante

La Consolidación fue el punto de llegada de una lógica que las reformas borbónicas venían desarrollando desde mediados del siglo XVIII. Los Borbones habían llegado con un programa: fortalecer la autoridad de la Corona, disciplinar al clero, incrementar los recaudos coloniales, y transformar la vieja alianza entre monarquía y élites locales —herencia de los Habsburgo— en una relación de subordinación fiscal y administrativa. La expulsión de los jesuitas en 1767, la reorganización de los estancos de tabaco y aguardiente por el visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, el restablecimiento del impuesto de Armada de Barlovento, la extensión de la alcabala: piezas de un mismo tablero. La carga tributaria pasó de representar el 2,9 por ciento del PIB del virreinato en el quinquenio 1761-1765 a un pico cercano al 10,4 por ciento a fines del siglo XVIII —más del triple en pocas décadas, y una cifra elevadísima para patrones económicos premodernos.

La respuesta popular a esa presión ya se había medido. En 1781, la Revolución de los Comuneros estalló en el Socorro contra el paquete fiscal de Gutiérrez de Piñeres, extendiéndose por el virreinato hasta llevar a los alzados a Zipaquirá, donde el arzobispo Antonio Caballero y Góngora negoció con Juan Francisco Berbeo las Capitulaciones que —fundadas en el viejo principio castellano de justicia distributiva— exigían aliviar la carga fiscal y preferir criollos en los cargos. Las Capitulaciones fueron anuladas apenas restablecida la fuerza en la capital, y José Antonio Galán fue ejecutado. Pero el episodio dejó dos huellas: la certeza, para las autoridades, de que la extracción fiscal tenía un umbral popular explosivo; y la certeza, para las élites criollas, de que el pacto colonial se sostenía en promesas que la Corona podía romper unilateralmente.

Dentro de esa deriva, la Consolidación tuvo un rasgo específico: fue la primera medida borbónica que golpeó no a los campesinos productores de tabaco ni a los pequeños artesanos sujetos a la alcabala, sino a las élites terratenientes. Los estancos habían empobrecido al Socorro; la Consolidación amenazaba a la Sabana de Bogotá, a Popayán, a las familias con capellanías fundadas por sus abuelos. Y lo hacía por una vía que las élites reconocían como violatoria de un pacto tácito: el capital eclesiástico era, en la práctica, capital familiar diferido, invertido en la piedad y devuelto en crédito. Expropiarlo era expropiar dos siglos de acumulación patrimonial ritualizada en fundaciones piadosas.

El detonante inmediato vino de afuera. En mayo de 1808, Napoleón forzó las abdicaciones de Bayona y colocó a su hermano José en el trono español. Carlos IV y Fernando VII quedaron cautivos. La monarquía, ya desprestigiada por los escándalos de la corte de María Luisa y las intrigas de Godoy —a quien se atribuía, con razón o sin ella, la degradación de la dignidad real—, se hundió en una crisis de legitimidad que dejó a las juntas peninsulares gobernando en nombre de un rey ausente. En América, la sucesión de la Junta Central Suprema por el Consejo de Regencia, sin cambio real en las políticas hacia las provincias americanas, terminó por vaciar de autoridad al poder que decía representar al monarca. Los criollos que en 1809 y 1810 empezaron a formar juntas americanas invocaban la retroversión de la soberanía al pueblo; pero lo hacían sobre un terreno donde el pacto material con la Corona ya había sido roto por la propia Corona.

Consecuencias inmediatas y de largo plazo

A corto plazo, la Consolidación produjo tres efectos concretos y encadenados. Primero, una contracción del crédito rural: al vaciar los fondos eclesiásticos disponibles para préstamo, cortó el flujo hacia los propietarios que hasta entonces habían financiado con capellanías y censos las inversiones productivas. Segundo, una transferencia de propiedad: las fincas rematadas por incapacidad de pagar la redención pasaron a manos de los pocos compradores con liquidez, concentrando la tierra sin que hubiera capital de reposición para reactivarla. Tercero, una descapitalización de las instituciones eclesiásticas: los conventos y capellanías perdieron los flujos de renta que sostenían no sólo la vida religiosa sino la función asistencial —hospitales, obras pías, colegios— que la Iglesia cumplía en ausencia de un Estado social.

Los sectores afectados no eran periféricos. Eran, precisamente, aquellos que estaban educando a sus hijos en jurisprudencia y letras, leyendo los enciclopedistas franceses, participando en las tertulias del Semanario del Nuevo Reino de Granada de Francisco José de Caldas, redactando memoriales al rey. Camilo Torres Tenorio, cuya familia payanesa combinaba minería, hacienda y comercio, redactaría en noviembre de 1809 la Representación del muy ilustre cabildo de Santafé a la Suprema Junta Central de España —el llamado Memorial de Agravios—, cuya idea cardinal era el derecho de representación: una exigencia jurídica formal que codificaba, en lenguaje ilustrado, un descontento con raíces mucho más materiales. Los cabildos de Popayán, Socorro, Tunja y Loja enviarían instrucciones semejantes al delegado Antonio de Narváez y Latorre. En septiembre de 1809, Ignacio de Herrera y Vergara escribió desde Santafé sus Reflexiones de un americano imparcial, sosteniendo que el pueblo es la fuente de la autoridad absoluta. El lenguaje del derecho natural, prohibido por el despotismo ilustrado en las aulas americanas, regresaba por la puerta que la propia Corona había abierto al romper el pacto.

Cuando el 20 de julio de 1810 el acta redactada por José Acevedo y Gómez estableció en Santafé una Junta Suprema de Gobierno provisional, con sujeción condicional a Fernando VII solo si residía en Nueva Granada y respetaba una constitución escrita, quienes firmaban y quienes acompañaban eran, en proporción alta, los mismos nombres que la Consolidación había tocado en su patrimonio: hacendados de la Sabana, comerciantes-terratenientes, letrados de familias con capellanías redimidas por la fuerza. La cronología no es coincidencia: entre septiembre de 1809 y febrero de 1811, el proceso juntero neogranadino desplegó cuatro fases —de las rebeliones tempranas a la organización de las primeras juntas— que arrastraron a Cartagena, Cali, Pamplona, Socorro, Mompox, Popayán, todas ciudades donde la Consolidación había operado.

A largo plazo, la ruptura del sistema de crédito eclesiástico no se reparó con la Independencia. La República heredó una economía descapitalizada, con el crédito hipotecario destruido y la Iglesia reducida a acreedora simbólica de una deuda que nadie pagaría. La cuestión de los censos siguió siendo un problema fiscal y económico durante décadas: en 1847, el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, a través de su secretario de Hacienda, propuso por primera vez la redención de censos en el Tesoro Nacional, retomando —en clave republicana y liberal— una operación estructuralmente análoga a la de 1804. La desamortización de bienes de manos muertas que emprendería el liberalismo radical a mediados del siglo XIX se inscribiría en la misma lógica larga: transferir a la circulación mercantil los capitales inmovilizados en la Iglesia, con consecuencias fiscales, sociales y económicas que aún tensaban las relaciones entre Estado, propiedad y religión.

Lo que la Consolidación revela

Reducir la independencia neogranadina a un producto de las ideas ilustradas o a un efecto mecánico de la crisis dinástica de 1808 es escamotear su textura material. Las ideas circulaban desde hacía décadas y no habían producido, por sí solas, la ruptura; la crisis peninsular, sin un terreno preparado, habría podido resolverse en una simple sustitución de autoridad. Lo que hizo posible que la coyuntura de 1808-1810 se convirtiera en emancipación fue la acumulación de agravios concretos que habían erosionado, hasta agotarla, la vieja alianza entre la Corona y las élites locales. La Consolidación fue, en esa cadena, el último eslabón y el más elocuente: no golpeó a los campesinos como los estancos, ni a los artesanos como la alcabala, sino a los propietarios letrados, a los descendientes de fundadores de capellanías, a los criollos que reunían en una sola biografía el mayorazgo, la biblioteca ilustrada y la tertulia política.

Esos hombres no rompieron con España por doctrina ni por moda. Rompieron —cuando la crisis dinástica les abrió la ocasión— porque la Corona, en 1804, les había mostrado que su patrimonio, su crédito y las fundaciones piadosas de sus abuelos podían ser expropiados por decreto para pagar una guerra europea. La retroversión de la soberanía al pueblo, invocada en las actas de 1810, tuvo en el fondo una premisa material que ninguna acta enunció con esas palabras: un rey que había vaciado las capellanías de sus súbditos, y que las prometía pagar con vales reales sin respaldo, había dejado de ser rey en cualquier sentido operativo. La hipoteca había vencido antes que la bandera.