Pre-independencia neogranadina (1780–1809)

Pre-independencia neogranadina (1780-1809)

Entre la Revolución de los Comuneros de 1781 y la víspera de las juntas de 1809-1810, el Virreinato de la Nueva Granada vivió tres décadas de tensión sorda. No fue el prólogo lineal del 20 de julio, sino un laboratorio donde chocaron dos proyectos borbónicos contradictorios: una Corona que apretaba el bolsillo de sus súbditos con nuevos impuestos y desplazaba a los criollos de los cargos públicos, y esa misma Corona que financiaba expediciones científicas, tertulias y periódicos que terminarían dando a la élite desplazada el lenguaje para pensarse fuera de España. Del choque nacieron un motín campesino que casi tomó Santafé, un traductor encarcelado por imprimir los Derechos del Hombre, una generación de naturalistas criollos y un cabildo capitalino que en 1809 empezó a hablar de que la soberanía volvía al pueblo. La crisis peninsular de 1808 no creó esa fractura: la destapó.

El panorama: un virreinato bajo la lupa borbónica

La Nueva Granada de 1780 era un territorio recién reorganizado. La Capitanía General de Venezuela había sido separada administrativamente hacia 1777, y Carlos III había enviado dos años antes una visita general (1776-1778) con instrucciones explícitas: aumentar la recaudación, centralizar el poder y desmontar los privilegios que las élites locales habían acumulado bajo los Habsburgo. Los reformadores borbónicos consideraban que las audiencias y cabildos heredados de los monarcas austriacos eran demasiado autónomos, y a corregir esa autonomía dedicaron el último tercio del siglo.

El instrumento en Nueva Granada fue Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, nombrado regente visitador en 1778 con facultades extraordinarias. En dos años reordenó el sistema fiscal del virreinato: restableció el impuesto de la armada de Barlovento, extendió la alcabala a productos antes exentos y reorganizó minuciosamente el estanco del tabaco. Los estancos de tabaco y aguardiente aportaban al final del período colonial cerca de un tercio de los ingresos de la Corona en el virreinato, y la carga tributaria se multiplicó por tres o cuatro respecto al período previo a las reformas: mucho más impuesto sobre una economía que no había crecido en la misma proporción.

Ese aparato fiscal se aplicaba sobre una sociedad profundamente estratificada. El empadronamiento de 1778, realizado bajo el gobierno del arzobispo-virrey Antonio Caballero y Góngora, arrojó una población cercana a las 800.000 almas. Casi la mitad eran mestizos y libres, sin lugar claro en las viejas categorías coloniales pensadas para españoles e indios; blancos e indígenas se repartían el resto en proporciones parecidas, y los esclavos rondaban una decimotercera parte del total. El orden de magnitud dibuja un reino donde las categorías legales tardobarrocas ya no describían a la mayoría de sus habitantes.

Este es el escenario que las reformas borbónicas iban a poner a prueba: un virreinato disperso, mestizado, con una fiscalidad al alza y una élite criolla que empezaba a mirar con recelo a los peninsulares que llegaban a ocupar los cargos.

Las fuerzas en juego: economía, castas, geografía

La economía neogranadina de fines del siglo XVIII se sostenía sobre el oro. La abrumadora mayoría de las exportaciones del reino era metálico, y la Corona había reducido en 1777 el impuesto minero del quinto tradicional a apenas un 3% del valor de la producción, con el propósito declarado de reducir el contrabando —que llevaba décadas siendo importante— y de estimular a los mineros. La producción, que había colapsado hacia 1700, se había recuperado en el siglo siguiente apoyándose en la demografía creciente de mestizos, negros y mulatos, y sobre todo en los mazamorreros antioqueños: mineros independientes que trabajaban los aluviones sin el andamiaje de la gran cuadrilla esclava.

Pero el país no era uno. Las tierras bajas del Pacífico —Chocó, Barbacoas— vivían de la minería esclavista, con propietarios que residían en Popayán. El valle del Cauca (Cali, Buga, Cartago) se había llenado de grandes haciendas que abastecían las minas antioqueñas y chocoanas. Antioquia combinaba minería de aluvión con agricultura pobre y una colonización activa de nuevas tierras, y su población libre se pensaba a sí misma como blanca. La Costa Atlántica giraba en torno a Cartagena y Santa Marta: comercio, guarnición militar, comunidades ricas de españoles y criollos sobre una mayoría de castas de origen africano. Santafé de Bogotá, capital del virreinato, era una ciudad de burócratas, letrados y artesanos, con muchos más mestizos y muchos menos indios que el promedio.

Y estaba el nororiente. Socorro, San Gil, Pamplona: un interior andino de pequeñas parroquias, agricultura de propietarios medianos y numerosos artesanos, con una especialización incipiente y una circulación mercantil relativamente activa comparada con las regiones dominadas por la hacienda. Allí prendería la chispa el 16 de marzo de 1781.

Sobre esta geografía humana pesaba una doble jerarquía: la social, que ordenaba a la gente por color y linaje, y la legal, que asignaba categorías separadas —españoles y blancos, aborígenes con sus resguardos, mestizos y negros libres, mulatos, zambos, esclavos— cada una con derechos y cargas distintas. El sistema de trabajo era igualmente heterogéneo: esclavos en las minas del Pacífico y en las haciendas costeras, servidumbre y esclavitud combinadas en el suroccidente, indios de resguardo, mestizos y libres en las provincias del interior. El esclavismo dominaba en focos específicos, pero no era la forma general de organizar el trabajo. Ese mosaico laboral explica que la fiscalidad borbónica golpeara con desigual violencia: un aumento de la alcabala afectaba al artesano santandereano de otra manera que al hacendado caucano o al mazamorrero antioqueño, y esa geografía diferencial del agravio marcaría los focos de la protesta.

La cronología vivida: del bando arrancado a la Junta Suprema

1781. El Socorro. El detonante fue un bando. El 16 de marzo de 1781, en la oficina de impuestos de El Socorro, la santandereana Manuela Beltrán arrancó de la pared el edicto que anunciaba los nuevos tributos ordenados por Gutiérrez de Piñeres. La chispa prendió sobre una provincia especialmente golpeada: sus artesanos y campesinos vivían del tabaco, del aguardiente y del pequeño comercio interior, y las tres actividades habían sido gravadas o restringidas. La reorganización del estanco del tabaco había establecido cuatro zonas exclusivas de cultivo —Ambalema, Girón, Pore-Nunchía y Palmira—, excluyendo a numerosos pueblos que antes cultivaban con menos control; la administración real había bajado los precios que pagaba a los campesinos y subido los del expendio al público; los resguardos policiales perseguían las siembras ilegales. A eso se sumaban las vejaciones y arbitrariedades de los funcionarios de la Real Hacienda, que Silvestre, contemporáneo de los hechos, identificó como agravante decisivo.

En pocas semanas la Revolución de los Comuneros se extendió desde El Socorro a Pamplona, Vélez, Cúcuta y las provincias vecinas, y alcanzó incluso los llanos. La composición del ejército comunero fue lo notable: campesinos mestizos, artesanos, criollos con capacidad de mando y comunidades indígenas que sumaron sus propios agravios sobre el tributo. Al mando quedó Juan Francisco Berbeo, criollo notable del Socorro. José Antonio Galán, más plebeyo y más radical, encabezó una columna que operó por el occidente. Cerca de cuatro mil hombres marcharon hacia Santafé y se detuvieron en Zipaquirá.

Allí, en junio de 1781, el arzobispo Antonio Caballero y Góngora negoció con Berbeo las llamadas Capitulaciones de Zipaquirá. El pliego era largo: reducción del tributo indígena —fijándolo en cuatro pesos anuales para indígenas y dos para mulatos—, ajustes al precio del aguardiente, modificaciones a la alcabala, disposiciones sobre derechos parroquiales y una demanda política de fondo: preferencia de los criollos en los cargos del virreinato. El virrey Manuel Antonio Flórez estaba en Cartagena, y la Audiencia negoció en su nombre. Pero la aceptación fue solo aparente. Flórez desautorizó las Capitulaciones argumentando que tenían "un defecto incorregible: que se habían negociado con amenaza de violencia". Una vez dispersado el ejército comunero, la represión cayó sobre los líderes populares.

Galán había rechazado las Capitulaciones desde el principio, considerándolas aprobadas demasiado rápido. Intentó promover una nueva marcha hacia Santafé para el 15 de octubre de 1781, pero fue aprehendido cerca de Onzaga el 13. El 1 de febrero de 1782 fue ahorcado, decapitado y descuartizado: su cabeza se envió a Guaduas, la mano derecha al Socorro, la izquierda a San Gil, el pie derecho a Charalá y el pie izquierdo a Mogotes. Con horca y descuartizamiento también fueron ejecutados Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz. Berbeo, en cambio, había pactado a tiempo: fue nombrado corregidor con un sueldo anual de mil pesos. Caballero y Góngora, firmante de las Capitulaciones anuladas, ascendió: el rey lo nombró virrey de la Nueva Granada.

La derrota comunera fue completa en lo inmediato. La revolución fue sofocada sin transformar el orden colonial ni impactar de forma duradera en la sociedad. El primer texto historiográfico importante sobre ella —Los comuneros, de Manuel Briceño— no apareció hasta 1880 en Bogotá: más de un siglo en la sombra.

1783-1795. La Expedición y la imprenta. Caballero y Góngora hizo dos cosas simultáneas en 1783: consolidó la represión política y firmó el establecimiento de la Real Expedición Botánica del Virreinato del Nuevo Reino de Granada, bajo la dirección de José Celestino Mutis. La fecha oficial de dirección se formalizó el 1 de abril; la inauguración se sitúa el 27 del mismo mes. Primera sede: la Mesa de Juan Díaz, en Cundinamarca. Mutis había llegado a la Nueva Granada en 1761 como médico del virrey Pedro Messía de la Cerda; llevaba dos décadas enseñando la astronomía copernicana —lo que le costó enfrentamientos con los dominicos— y formando discípulos. En los años sesenta había educado a Felipe Vergara y Caycedo; en los setenta a Eloy Valenzuela; José Félix Restrepo llevaría luego la nueva ciencia a Popayán, y de ese ambiente saldrían Francisco José de Caldas y Francisco Antonio Zea.

La Expedición no era una empresa desinteresada. La Corona borbónica quería inventariar los recursos naturales del reino —especialmente la quina, valiosa como febrífugo— y fortalecer el control territorial. Caballero y Góngora la concibió como parte de un vasto plan de aprovechamiento de las riquezas naturales, más que como un fin científico en sí mismo. También promovió una reforma educativa orientada a sustituir las ciencias especulativas por las exactas y útiles, con el argumento de que el reino necesitaba conocer para explotar. El resultado, sin embargo, excedió el propósito: la Expedición produjo una comunidad criolla ilustrada.

En 1791 apareció el Papel Periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá, dirigido por el cubano Manuel del Socorro Rodríguez, amigo personal y asistente del virrey José de Ezpeleta, quien lo había nombrado bibliotecario real. Su primer número salió el 9 de febrero. Durante casi seis años, hasta el 6 de enero de 1797, el periódico —el primero de importancia en la ciudad, pues la efímera Gaceta de Santafé de 1785 apenas había alcanzado tres números— publicó ensayos sobre botánica, física, medicina y filosofía, con colaboraciones de Mutis, Zea, José Manuel Matiz, Caldas y Pedro Fermín de Ulloa. Trató la pobreza urbana, los hospicios, los hospitales; promovió las sociedades de amigos del país; informó del comercio y de los nombramientos coloniales; e interpeló a los granadinos como comunidad y audiencia. Su ciclo se cerró el mismo día que terminaba el mandato de Ezpeleta.

1793-1794. Los Derechos del Hombre. Antonio Nariño, criollo santafereño con hacienda intelectual y política, había sido tesorero de los diezmos y estaba siendo investigado por un desfalco cuando cometió el acto que lo definiría. El 13 de diciembre de 1793, en su Imprenta Patriótica de la Plazuela de San Carlos, imprimió su propia traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El texto provenía de una hoja suelta contenida en un tomo del autor realista Christophe Félix Galart de Montjoie sobre la Revolución Francesa; el tomo había llegado a manos del virrey Ezpeleta, quien —sin sospechar el uso— se lo había facilitado a Nariño. El impresor era Diego Espinosa de los Monteros, hijo del director de la Imprenta Real, y de esa misma imprenta salían números del Papel Periódico.

En 1794 aparecieron pasquines subversivos en Santafé. Las autoridades los asociaron con la publicación de Nariño y con una conspiración más amplia. El virrey alertó no solo a Nueva Granada sino a Quito, Caracas y otras ciudades. Nariño fue arrestado, condenado a diez años de cárcel, extrañamiento perpetuo de América y confiscación de bienes. Empezó a cumplir la pena en los calabozos de Cádiz. Espinosa cayó con él; la defensa la asumió el criollo José Antonio Ricaurte en un largo juicio. El cargo previo por desfalco fue instrumentalizado para agravar el caso: la publicación fue lo que hizo caer definitivamente a Nariño en desgracia.

El escándalo neogranadino coincidió con la Conspiración de Gual y España en Venezuela (1797), cuyas ordenanzas proclamaban la igualdad natural entre blancos, indios, pardos y morenos, conectando los Derechos del Hombre con la abolición de las distinciones raciales en el Caribe revolucionario. Las autoridades coloniales, que hasta entonces habían fomentado la Ilustración científica útil, pasaron a percibir las revoluciones norteamericana y francesa como amenazas.

1808-1809. La crisis peninsular. En marzo de 1808, Carlos IV abdicó. Semanas después, Napoleón apresó en Bayona a Carlos IV y a Fernando VII y colocó en el trono a su hermano José Bonaparte. La ocupación francesa de la Península sacudió al Imperio español hasta las raíces. En cada territorio se planteó la misma pregunta: si el rey estaba cautivo, ¿dónde residía la soberanía? La respuesta que corrió por América y por España fue idéntica: revertía al pueblo, que recuperaba el derecho a dictar sus leyes y elegir a sus líderes. Se instalaron juntas por todas partes que, en su primera hora, proclamaban lealtad al Fernando VII cautivo.

En Mompox, la crisis dividió la opinión entre afrancesados, seguidores de la Junta Suprema fernandina y criollos con designios de independencia absoluta. En Cartagena, la agitación empezó a socavar el gobierno virreinal. Y en Santafé, el cabildo redactó lo que se conoce como el Memorial de Agravios: las instrucciones que se entregaron al delegado Antonio de Narváez y Latorre para que las llevara ante las autoridades peninsulares. Popayán, Socorro, Tunja y Loja también entregaron instrucciones a Narváez, formulando programas ilustrados de gobierno.

El 1 de septiembre de 1809, en Santafé, el abogado Ignacio de Herrera y Vergara redactó las Reflexiones de un americano imparcial, donde afirmó sin ambages que "el pueblo es la fuente de la autoridad absoluta" y que el rey tiene el deber de hacer felices a sus dominios. Faltaban meses para que la palabra ciudadano empezara a desplazar a la palabra vecino en el vocabulario político: las elecciones del cabildo y del síndico procurador de 1809 aún se hacían dentro del modelo del Antiguo Régimen. Pero la doctrina ya estaba en el aire.

Los actores: quiénes hicieron el período

Las tres décadas se dejan leer por sus figuras, aunque ninguna actuó sola: cada una operó dentro de un tejido de patronazgos, tertulias, parentescos y correspondencia que hoy sólo se recompone a fragmentos.

Manuela Beltrán y José Antonio Galán encarnaron el momento en que la protesta popular alcanzó a rozar la capital. Beltrán, con el gesto del 16 de marzo de 1781, dio inicio simbólico a la Revolución de los Comuneros; el suyo fue un acto de mujer plebeya en un espacio administrativo cerrado a las mujeres, y por eso la memoria posterior lo elevó a emblema. Galán, con su rechazo a las Capitulaciones y su intento tardío de reagrupar la rebelión, mostró que dentro del movimiento había un sector plebeyo que no aceptaba la componenda criolla; su descuartizamiento fijó un límite para el resto del siglo, dejando claro qué distancia mediaba entre pedir rebajas fiscales y desafiar el orden social. Juan Francisco Berbeo, en cambio, personificó la cara criolla del comuneraje: la que negoció, se dejó comprar con un corregimiento y sobrevivió. La distinta suerte de Galán y Berbeo condensa la lógica del período: al plebeyo se lo castiga en cinco pedazos, al criollo se lo integra al aparato que combatió.

Antonio Caballero y Góngora fue la figura ambivalente por excelencia. Arzobispo firmante de unas Capitulaciones que serían anuladas, virrey que las hizo anular en la práctica, protector de la Expedición Botánica y de la reforma educativa, promotor del inventario de recursos naturales y a la vez del disciplinamiento de las provincias: en su trayectoria se lee entero el proyecto borbónico, con su mezcla de represión política e ilustración utilitaria. Que un mismo hombre firmara la paz con los comuneros, presidiera después su castigo y financiara a Mutis dice más sobre el régimen que cualquier declaración de principios.

José Celestino Mutis es la bisagra intelectual del período. No fue sólo el director de la Expedición: fue el maestro que sembró una genealogía de discípulos criollos —Vergara y Caycedo, Valenzuela, José Félix Restrepo, y a través de él Caldas y Zea— que se apropiaron de la ciencia moderna y la volvieron un lenguaje propio. Su casa santafereña funcionaba como academia informal, laboratorio y punto de contacto con la ciencia europea; por allí pasaron los expedicionarios, los pintores que ilustraron la flora del reino y los jóvenes que años después escribirían en el Papel Periódico y el Semanario. Francisco José de Caldas, en particular, llevó la investigación autónoma a la geografía, la meteorología, la astronomía y la botánica del reino; midió alturas de montañas con barómetros que él mismo calibraba, cartografió el sur del virreinato y entre 1808 y 1810 dirigió el Semanario del Nuevo Reino de Granada, revista científica que en la década siguiente sería reeditada y descontextualizada para legitimar a la República independiente, reencuadrándolo como genio patriótico.

Antonio Nariño fue el traductor que puso las palabras nuevas en el papel. Su Imprenta Patriótica, su condena, sus años de calabozo y su plan económico —donde propuso suprimir los estancos de tabaco y aguardiente (conservando el de la sal por utilidad común), eliminar las alcabalas internas y sustituirlas por una capitación igual para toda la población incluida la indígena, amonedar el cobre, introducir papel moneda y crear jueces de paz— hicieron de él el reformador criollo más explícito y de mayor carácter administrativo del período. En su programa se ve un pensamiento fiscal que ya no discute el detalle del estanco sino su lógica: no cómo cobrar mejor, sino cómo construir otro sistema.

Pedro Fermín de Vargas (1762-1830), precursor luego olvidado, redactó los Pensamientos políticos y una Memoria sobre la población del Nuevo Reino de Granada, estudio de conjunto sobre el estado social del reino que abarcaba agricultura, comercio, minas y condiciones económicas del siglo XVIII. Su análisis fue el más amplio del período y planteó cuestiones incómodas —el estancamiento demográfico indígena, el peso muerto del régimen de resguardos, el atraso técnico— que serían retomadas medio siglo después por los reformadores republicanos. José Ignacio de Pombo, desde Cartagena, produjo el 11 de octubre de 1810 un Informe de tono proteccionista que apuntaba al fomento económico en el momento en que el régimen español se hundía en la costa: el comerciante hablando desde el puerto, con el ojo puesto en las manufacturas propias y en la sustitución de importaciones.

Detrás de todos ellos, Camilo Torres Tenorio —abogado payanés formado en Santafé— y una constelación de letrados educados en la nueva ciencia iban perfilando el argumento que estallaría en 1809: los americanos son parte del reino, tienen derechos y merecen representación proporcional a su población y riqueza. Los virreyes del ciclo —Ezpeleta, Pedro Mendinueta, Antonio Amar y Borbón— fueron administrando esa marea sin poder detenerla: Ezpeleta amparó al Papel Periódico y sin querer facilitó el tomo del que salió la traducción de Nariño; Mendinueta siguió con inquietud las noticias de Saint-Domingue; Amar y Borbón, el último virrey del período, sería depuesto el 20 de julio de 1810.

Las transformaciones: qué cambió de verdad

Tres transformaciones atraviesan las tres décadas y explican por qué 1810 encontró terreno preparado.

La fiscal y administrativa. La visita de 1776-1778 y las reformas de Gutiérrez de Piñeres dejaron un aparato tributario más pesado y más centralizado, pero también más impugnado. La Corona ganó recursos y perdió legitimidad. Cada peso adicional recaudado se pagó en distancia política con las élites locales. La instrucción a los regentes visitadores les daba facultades extraordinarias que, según observaron los propios contemporáneos, se traducían en vejaciones y fraudes que erosionaban la autoridad de las justicias locales y concentraban el descontento sobre el aparato fiscal. Los cabildos, antes espacios de arreglo entre notables regionales, se vieron desplazados por funcionarios peninsulares que aplicaban ordenanzas ajenas a los usos locales. El resultado paradójico fue que las reformas borbónicas, pensadas para fortalecer el control imperial, produjeron el motín comunero, la conspiración de los años noventa y la fatiga política que 1808 sólo tuvo que empujar.

La intelectual. Entre 1783 y 1810 se formó en Nueva Granada una cultura letrada que no existía antes con esa densidad. La Expedición Botánica produjo una comunidad científica criolla; el Papel Periódico creó una esfera pública impresa, con lectores que se reconocían como granadinos y como interlocutores de un debate compartido; las tertulias —la Eutropélica en Santafé, otras en Cartagena, Popayán, Mompox— tejieron redes de sociabilidad ilustrada donde el letrado, el cura ilustrado, el comerciante y el militar de familia notable se leían, se corregían y se citaban; y el Semanario de Caldas consolidó, en sus últimos años, un lenguaje sobre el territorio, sus recursos y su gente que ya no necesitaba a España para ser inteligible. Esos periódicos entre 1791 y 1810 contribuyeron a un sentimiento de comunidad imaginada entre élites criollas de regiones distantes, aunque no fueron el único vínculo: los estudios universitarios en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y el San Bartolomé, y la correspondencia privada, operaban en paralelo, poniendo en contacto a un abogado payanés con un naturalista de Mariquita o un comerciante cartagenero.

Sobre esa cultura se articuló un pensamiento económico reformista con nombres propios. Nariño criticó los estancos como trabas al desarrollo y las alcabalas internas como cargas mal repartidas. Vargas produjo el análisis más amplio de la economía del reino. Pombo redactó desde Cartagena su informe proteccionista. Los tres coincidían en un diagnóstico: la Nueva Granada era rica en potencia y pobre en resultado por un régimen fiscal y mercantil que la ahogaba. Ese diagnóstico compartido, formulado desde regiones distintas y en años distintos, era ya una plataforma implícita, disponible para quien quisiera darle forma política.

La política. La transformación menos visible fue también la más decisiva. Al comienzo del período, la lealtad al rey era un dato incuestionado; el descontento comunero se dirigía contra el mal gobierno y contra los funcionarios abusivos, no contra la monarquía. Hacia 1809, en un cabildo de Santafé, un letrado podía escribir que el pueblo era la fuente de la autoridad absoluta. Entre un extremo y otro se produjo un desplazamiento conceptual radical, alimentado por la circulación atlántica de ideas —los Derechos del Hombre, la revolución norteamericana, los ecos de Haití, las redes de Francisco de Miranda, que en Londres usaba la memoria comunera como prueba de que los suramericanos estaban dispuestos a la revolución contra el dominio español— y por la experiencia acumulada de agravios. La crisis de 1808 no inventó ese desplazamiento: lo autorizó.

Las líneas de fractura: lo que no se resolvió

El período también dejó al descubierto lo que la conciencia criolla ilustrada no supo tejer.

La alianza interclasista fue transitoria. En 1781, comuneros criollos, mestizos e indígenas marcharon juntos contra el visitador. La alianza duró lo que duró la marcha. Los criollos negociaron en Zipaquirá y volvieron a sus haciendas; los plebeyos como Galán fueron descuartizados; las Capitulaciones se anularon. La lección se aprendió: Berbeo terminó de corregidor, Galán en cinco pedazos. En las décadas siguientes, la protesta popular y el proyecto criollo no volvieron a converger. El Memorial de Agravios de 1809 hablaba de los derechos de los americanos, no de los derechos de los mestizos ni de la abolición de la esclavitud.

El miedo racial paralizó al Caribe. La Revolución Haitiana de 1804 estableció la primera república que consagró constitucionalmente la libertad y la ciudadanía sin distinción de razas, y fue castigada por los imperios y repúblicas esclavistas —incluido Estados Unidos, que impuso un bloqueo—. Su onda expansiva llegó al Caribe neogranadino y venezolano como amenaza. En Venezuela, los criollos temían una guerra de castas inflamada por la doctrina francesa y el contagio de Saint-Domingue. En Cartagena, con su mayoría de pardos y su cercanía atlántica, el temor era similar. El virrey Mendinueta seguía de cerca las repercusiones sobre el orden racial. Cuando en 1809 los criollos empezaron a hablar de soberanía popular, ese lenguaje llevaba una restricción implícita: el pueblo del que se hablaba no incluía a los esclavos ni, en muchos casos, a las castas libres.

La soberanía popular seguía siendo de Antiguo Régimen. Las elecciones del cabildo y del síndico procurador de Santafé en 1809 se hicieron con vecinos, no con ciudadanos. La figura del ciudadano —individuo abstracto, igual ante la ley, portador de derechos— sólo empezaría a emerger después de la formación de las juntas. Herrera y Vergara podía escribir que el pueblo era la fuente de la autoridad absoluta, pero ese pueblo estaba jerarquizado por vecindad, linaje, raza y propiedad. La ruptura con España iba a ser más rápida que la ruptura con las categorías sociales heredadas.

El legado: qué quedó vibrando

El período 1780-1809 dejó tres capas de herencia que la historia posterior de Colombia siguió tejiendo.

La primera es una memoria de resistencia que corre por debajo de la historia oficial. La Revolución de los Comuneros permaneció en la sombra historiográfica hasta 1880, cuando Briceño publicó Los comuneros, pero circuló como referencia viva en los pasquines de 1794, en la conspiración de Gual y España, en el argumento de Miranda ante los ingleses, en el Memorial de Agravios. La secuencia 1781-1794-1797-1809 tiene lógica propia: cada episodio recogió el anterior y adelantó el siguiente, con independencia parcial de la crisis peninsular que sólo al final los englobó. Los cinco pedazos de Galán —cabeza en Guaduas, mano derecha en el Socorro, izquierda en San Gil, pie derecho en Charalá, pie izquierdo en Mogotes— fueron un mensaje que la Corona quiso escribir y que, con el tiempo, la memoria republicana releyó al revés.

La segunda es una cultura letrada que sobrevivió a la ruptura política. Los discípulos de Mutis, el laboratorio del Papel Periódico, el aparato del Semanario, las redes de tertulias: sobre ese sustrato se construyó la vida intelectual que la República heredaría sin haber tenido tiempo de fabricar. Cuando en las décadas siguientes se buscara una genealogía patria, el naturalista criollo tardocolonial —Caldas sobre todo— sería el material con el que la nueva élite fabricaría su árbol propio, presentándolo como el genio patriótico que había propuesto la libre circulación de mercancías y conocimiento técnico. La operación es reveladora: la República no inventó a sus héroes intelectuales, los tomó prestados del régimen que decía haber derribado.

La tercera es una paradoja fundacional. La Corona borbónica, al querer racionalizar su imperio, produjo simultáneamente el agravio fiscal que movilizó a los sectores populares y la cultura ilustrada que dio a la élite criolla las herramientas conceptuales del autogobierno. Pero esas dos corrientes no se fusionaron: las separaba el miedo racial, la jerarquía social y la distancia entre el vecino y el plebeyo. Cuando la crisis de 1808 desfondó la legitimidad monárquica, la élite letrada tomó el poder en las juntas sin haber resuelto esa fractura interna. La independencia que empezaría en 1810 —y la Patria Boba, y las guerras bolivarianas, y las repúblicas del siglo XIX— heredó ese hueco: un proyecto de nación diseñado por letrados criollos sobre una sociedad que ellos mismos apenas empezaban a nombrar.

En 1809, cuando Herrera y Vergara escribió que el pueblo era la fuente de la autoridad absoluta, no estaba inaugurando una era: estaba nombrando por primera vez, en Santafé, algo que las tres décadas anteriores habían ido volviendo pensable. Nombrarlo fue el trabajo de una generación; realizarlo, el del siglo entero.