Antonio Caballero y Góngora

Un prelado andaluz para el virreinato

Nació en Priego de Córdoba, en la Andalucía cerealera del Guadalquivir, en 1723, y murió en 1796. Su formación eclesiástica y su ascenso en la carrera de los honores lo llevaron primero al obispado de Yucatán, en Nueva España, y en 1779 a la mitra arzobispal de Santafé de Bogotá, entonces cabeza espiritual del virreinato del Nuevo Reino de Granada.

Que un prelado de esa procedencia acabara ocupando el cargo civil de virrey no era, en la lógica del regalismo borbónico, una anomalía. Los Borbones ilustrados españoles habían intensificado a lo largo del siglo XVIII una política de intervención directa del rey en los asuntos eclesiásticos, revisando la doctrina conciliar en sentido favorable a la Corona y limitando la comunicación entre los episcopados americanos y la Santa Sede: se prohibieron las visitas ad limina y los informes sobre el estado de las diócesis, con el propósito de fortalecer la figura del monarca frente al pontífice. En ese sistema, los altos dignatarios eclesiásticos de América —casi todos de procedencia peninsular— se relacionaban más estrechamente con el rey que con Roma, y el monarca aparecía, para efectos prácticos, como jefe de la Iglesia americana. El patronato real, sancionado por bulas papales desde la conquista, otorgaba a la Corona tres facultades decisivas: autorizar la construcción de templos, ejercer el patronato en su sentido castellano y presentar a los candidatos idóneos para los beneficios eclesiásticos. Los virreyes, presidentes de audiencia y gobernadores actuaban como vicepatronos con esas mismas prerrogativas en sus territorios.

De esa arquitectura brotaba, con lógica implacable, la posibilidad de concentrar en una sola persona el poder eclesiástico y el civil. Caballero y Góngora la encarnó de manera especialmente pura: primero arzobispo, después arzobispo y virrey simultáneos, encarnación andante de la simbiosis entre altar y palacio que había sostenido el orden colonial desde los tiempos de la Conquista, cuando al lado de los encomenderos debían estar siempre los clérigos y religiosos.

1781: el año del Socorro

La prueba mayor le llegó pronto, y no por vía eclesiástica. El 16 de marzo de 1781, en la villa del Socorro, en las estribaciones orientales de la actual Santander, una mujer llamada Manuela Beltrán arrancó de la pared de la oficina de impuestos un bando que anunciaba nuevas cargas fiscales. El gesto, mínimo en apariencia, encendió la Revolución de los Comuneros.

Las causas venían acumulándose. El regente visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, ejecutor local de la agenda reformadora del ministro José de Gálvez y del rey Carlos III, había impuesto aumentos sobre la alcabala, la sal, el tabaco y los textiles, con la arbitrariedad añadida de recaudadores celosos. La alianza que durante generaciones había sostenido el consentimiento fiscal entre la Corona y las provincias criollas y mestizas del interior se había quebrado. Del Socorro, la protesta se extendió con velocidad inesperada: se organizó una junta, se eligió capitán general a Juan Francisco Berbeo, y una columna comunera —hacia el final avanzaban unas cuatro mil personas— empezó a marchar hacia Santafé. Ante el avance y la derrota de las tropas reales, Gutiérrez de Piñeres huyó a Cartagena, donde se encontraba el virrey Manuel Antonio Flórez, dejando a la capital prácticamente inerme.

Fue entonces cuando la Real Audiencia recurrió al arzobispo. Caballero y Góngora fue designado comisionado para pacificar a los sublevados e impedir que tomaran Santafé. Se dirigió a Zipaquirá, a un día de camino de la capital, y allí, con los comuneros a las puertas, negoció el texto que pasaría a la historia como las Capitulaciones de Zipaquirá. Firmadas el 5 de junio de 1781 por Juan Francisco Berbeo, las capitulaciones habían sido redactadas por Agustín Justo de Medina y Juan Bautista de Vargas, delegados de la ciudad de Tunja, con modificaciones que Berbeo acordó con el terrateniente santafereño Jorge Lozano de Peralta. Contemplaban la extinción del impuesto de la Armada de Barlovento, la reducción de la alcabala, la fijación del precio del aguardiente y la disminución de los tributos que pesaban sobre indígenas y mulatos.

El arzobispo firmó en representación de las autoridades coloniales. Pero el virrey Flórez, atrincherado en Cartagena y con las tropas del Caribe a su disposición, improbó el acuerdo apenas lo recibió: alegó que las capitulaciones tenían un defecto incorregible, el de haber sido negociadas bajo amenaza de violencia. La operación de Caballero y Góngora quedó suspendida entre dos legitimidades. Había ganado tiempo, había impedido la toma de la capital, había desmovilizado a la mayor parte de los alzados; pero el compromiso que había jurado carecía de aval superior. En las semanas y meses siguientes, el propio arzobispo daría muestras de considerar aquel papel de componedor un fardo ingrato.

Un hombre, sin embargo, no aceptó la desmovilización: José Antonio Galán. Rechazó las capitulaciones por considerarlas aprobadas con demasiada prisa y porque desconfiaba de las promesas del arzobispo de hacerlas cumplir. Intentó reorganizar una nueva marcha sobre Santafé para el 15 de octubre, pero fue aprehendido dos días antes en un paraje cerca de Onzaga. Cuando las tropas enviadas desde Cartagena por Flórez llegaron por fin a Santafé, la balanza se invirtió. La Real Audiencia anuló formalmente las Capitulaciones mediante un Acuerdo firmado el 18 de marzo de 1782 por sus ministros —entre ellos el propio Gutiérrez de Piñeres—, y el 1 de febrero de ese año Galán fue ahorcado, decapitado y descuartizado, con sus miembros enviados a distintas poblaciones como escarmiento. Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz recibieron una pena parecida.

Caballero y Góngora había pacificado; la Corona castigó. Esa doble operación —clemencia primero, represión después— definió el guion del reformismo borbónico ante las insurrecciones fiscales americanas, y explica por qué la sombra del Socorro seguiría alargándose hasta las crisis de 1794-1797 y hasta 1808-1810. Décadas más tarde, cuando Francisco de Miranda buscara persuadir a las cortes europeas de que los suramericanos estaban listos para la independencia y apoyarían una expedición desembarcada en sus costas, incluyó en su dosier una narración de la sublevación comunera de 1781.

Del arzobispado al virreinato

El desenlace institucional fue paradójico. En 1782, Caballero y Góngora, el arzobispo que había firmado unas capitulaciones que la Corona terminó anulando, fue nombrado virrey del Nuevo Reino de Granada por el rey de España. Conservó su mitra: ejerció simultáneamente el poder eclesiástico y el civil, en una acumulación que expresaba mejor que cualquier tratado la teología política del regalismo borbónico. La Corona, que había desautorizado al negociador, premiaba ahora al pacificador; y le confiaba la reconstrucción del orden.

Su primer gesto fue de clausura política: decretó una amnistía sobre los participantes en la rebelión comunera. La medida cerraba la herida abierta por Galán y desactivaba el ciclo de represalias que la anulación de las capitulaciones había dejado en curso. Alguna lectura posterior sugiere que también le sirvió para tomar distancia de su propio pasado como firmante del acuerdo anulado; en la misma línea se ha interpretado su decisión de trasladar durante largos períodos la corte virreinal a la costa Caribe. Viajó de Santafé a Cartagena y a Turbaco para supervisar personalmente tareas de defensa, obras costeras y las operaciones militares en la frontera del Darién, donde la Corona intentaba consolidar posiciones frente a la presencia extranjera y las poblaciones indígenas no sometidas.

Aquella movilidad no era mera fuga simbólica. Reflejaba una comprensión estratégica del territorio: el virreinato no se gobernaba solo desde la sabana de Bogotá, y la geografía marítima y militar del Caribe pesaba tanto o más que la administración interior. Bajo su gobierno se recibieron instrucciones del ministro José de Gálvez, marqués de Sonora, entre ellas disposiciones de 1787 relativas al comercio exterior, lo que confirma que Caballero y Góngora seguía siendo el interlocutor pleno de la Corte al menos hasta esa fecha. Impulsó también planes de reorganización poblacional del virreinato, cuya viabilidad, dicho sea sin adorno, sería más tarde cuestionada por su sucesor, José de Ezpeleta, en la relación que recibió del propio Caballero y Góngora al término de su mandato en 1789.

Ese ejercicio del poder tuvo, con todo, un límite estructural que el sistema colonial nunca resolvió del todo. Concentrar en una sola persona el báculo y el bastón, el patronato regio y la mitra, producía un actor con margen de maniobra propio: capaz, como se vio en Zipaquirá, de firmar capitulaciones sin autorización del virrey titular; capaz, luego, de dictar amnistías y de mover la corte a Turbaco. El regalismo borbónico había querido un clero completamente dócil, controlable por la Corona; al fusionarlo con el poder civil en un mismo prelado, creaba justamente lo contrario en escala menor: un poder ilustrado, sí, pero con voz propia.

Reformas borbónicas: el escenario mayor

Para leer aquellos años sin caer en la anécdota conviene recordar sobre qué escenario se movía Caballero y Góngora. Los Borbones ilustrados españoles se distinguieron por su insistencia en fortalecer el control sobre el territorio colonial. Consideraban que las audiencias y cabildos heredados de los monarcas de la casa de Austria eran demasiado autónomos, y emprendieron por ello una reorganización administrativa que buscaba centralizar decisiones y recursos. El espacio americano era percibido, en el vocabulario ilustrado del reinado de Carlos III, como un territorio enormemente rico en recursos naturales cuya explotación podía sistematizarse mediante el conocimiento científico.

De ahí que las reformas fueran a la vez fiscales, eclesiásticas y epistémicas. Fiscales, porque necesitaban recaudar más y mejor —la insurrección comunera nació de esa presión—. Eclesiásticas, porque debían someter a un clero regular que, dirigido por autoridades internacionales fuera de España y curtido en la relativa autonomía de los Habsburgo, se veía como díscolo. La expulsión de la Compañía de Jesús de los territorios españoles, en 1767, había sido el acto fundacional de esa política: los jesuitas eran percibidos como amenaza por sus reducciones —difíciles de controlar por las autoridades reales— y por la enseñanza de doctrinas jurídicas del siglo XVI que, en plena época absolutista, se leían como subversivas. La enajenación de capitales adquiridos por cofradías, conventos y clero secular, otra pieza clave de la ofensiva, tuvo enormes consecuencias sociales, pues desconoció la función que esas instituciones cumplían en la economía y en la vida cotidiana de las comunidades americanas.

Y epistémicas, en fin, porque la Corona borbónica creyó firmemente que las ciencias útiles —botánica, mineralogía, química, matemáticas, medicina— eran instrumentos de recuperación económica del imperio. La reforma educativa buscaba desplazar la filosofía escolástica dominante en universidades y colegios y colocar en su lugar la ciencia moderna. Este triple frente —fiscalidad, disciplina eclesiástica, saber útil— constituye el marco en el que se juega la actuación de Caballero y Góngora, y explica que un mismo funcionario pudiera ser arzobispo, componedor de rebeliones y mecenas de expediciones botánicas sin contradicción alguna a los ojos de Madrid.

Mutis y la Expedición Botánica

En ese engranaje se explica el vínculo más luminoso de la carrera del arzobispo-virrey: su relación con José Celestino Mutis. Sacerdote y botánico gaditano, Mutis había llegado a la Nueva Granada en 1761 y permanecería allí hasta su muerte en 1808. Durante casi medio siglo enseñó, coleccionó, dibujó, corrigió mapas y formó discípulos: en los años sesenta transmitió matemáticas y filosofía en el Colegio del Rosario a través de Felipe Vergara y Caycedo, y en la década siguiente hizo lo propio Eloy Valenzuela. Sobre todo, Mutis se atrevió a enseñar el sistema copernicano, es decir, a defender el heliocentrismo en un ambiente académico dominado por la escolástica dominica.

La reacción no se hizo esperar. Los dominicos —guardianes tradicionales del saber universitario en Santafé— intentaron expulsarlo. No lo lograron. La razón, dicha con la sequedad de los hechos, fue la protección del arzobispo-virrey. Caballero y Góngora amparó a Mutis frente a la oposición eclesiástica interna porque entendía —y aquí se ve hasta qué punto encarnaba el proyecto borbónico— que la ciencia moderna era una prioridad política del rey. La política ilustrada de Carlos III y de José de Gálvez pedía proyectos pragmáticos que levantaran la economía del imperio, aun cuando fueran en contra de posiciones eclesiásticas tradicionales. Un arzobispo que era a la vez virrey podía, precisamente, arbitrar ese conflicto sin costes institucionales insuperables.

De esa protección nació, en 1783, la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, dirigida por Mutis. Sus objetivos, en la letra de la Corona, eran comerciales antes que contemplativos: descubrir las propiedades y aplicaciones de la quina —cuya corteza, la cascarilla, era codiciada como febrífugo en toda Europa— y de otras plantas americanas. La expedición se instaló en Mariquita y desplegó una labor sistemática de recolección, identificación, dibujo y descripción que produciría, a lo largo de las décadas siguientes, uno de los archivos botánicos más notables de la ciencia del siglo XVIII. Caballero y Góngora fue su promotor y protector principal en el virreinato; sin su respaldo, el proyecto habría sido inviable ante las resistencias locales y las estrecheces presupuestarias.

Junto a la Expedición, el arzobispo-virrey formuló un Plan de Estudios ambicioso. Proponía a la Corte la creación de una universidad con cátedras de química, botánica, mineralogía y dos cátedras de medicina —Prima y Vísperas—, en una arquitectura curricular que daba mayor desarrollo a las ciencias útiles que a las materias especulativas. El plan buscaba, con la lucidez de la época, sustituir la filosofía escolástica que dominaba los colegios y universidades por una formación técnica y científica. No llegó a implementarse plenamente; las cátedras de medicina, en particular, no alcanzaron a plantearse en las universidades del Nuevo Reino, frustradas por causas ajenas a la voluntad del propio arzobispo-virrey. Pero el gesto quedó, y con él la orientación que definiría a la intelligentsia criolla neogranadina en las dos décadas siguientes.

Una red ilustrada

Alrededor de Mutis y bajo el amparo institucional de Caballero y Góngora se fue tejiendo un círculo científico que sería, con el tiempo, el vivero intelectual de la Nueva Granada tardocolonial. La Expedición formó a naturalistas, dibujantes, cartógrafos; puso en circulación libros y láminas; y familiarizó a una generación entera con una manera nueva de mirar el territorio. Francisco José de Caldas, Francisco Antonio Zea y otras figuras que serían decisivas en las primeras décadas del siglo XIX se educaron en la estela directa o indirecta de ese trabajo.

Es difícil sobreestimar el efecto acumulativo. La intelligentsia criolla neogranadina entre 1760 y 1800 compartía con los reformadores ilustrados metropolitanos del reinado de Carlos III —y con la sombra tutelar del padre Feijóo— tres convicciones nucleares: el rechazo a la escolástica, el entusiasmo por la ciencia moderna y la fe en la educación técnica como instrumento de recuperación económica. Ese ideario, importado inicialmente en clave imperial, echó raíces locales. Los criollos empezaron a mirarse en el espejo de un territorio propio, cuya riqueza natural podían inventariar, cuya biogeografía podían mapear, cuya minería y agricultura podían pensar en términos de aprovechamiento racional. La visita de Alexander von Humboldt a Mutis en 1801, prolongada por dos meses e intercalada de conversaciones sobre la quinina, el curare, la biogeografía y la cartografía del Magdalena, fue el reconocimiento internacional de una escuela que ya existía.

La red se extendía más allá del laboratorio. Francisco Silvestre y Francisco Antonio Moreno y Escandón, figuras destacadas de la administración ilustrada neogranadina, participaban del mismo horizonte reformista. Los altos funcionarios y los científicos criollos leían los mismos textos, compartían los mismos diagnósticos económicos y sostenían las mismas críticas al orden vigente, aunque las expresaran con prudencias distintas. En esa comunidad de sensibilidades se preparaba, sin que sus miembros lo advirtieran del todo, un cambio de conciencia.

La paradoja borbónica

El propio material que la historia dejó de aquellos años obliga a mirar el asunto en dos tiempos. En el corto plazo, Caballero y Góngora fue el agente más eficaz del reformismo borbónico en Nueva Granada. Neutralizó, por vía de negociación y amnistía, la mayor insurrección fiscal del virreinato. Canalizó, por vía de mecenazgo y protección, el impulso ilustrado hacia proyectos científicos que la Corona concebía como herramientas de extracción económica. Su eficacia fue, en ese sentido, estructuralmente coherente con los objetivos imperiales.

En el largo plazo, esa eficacia fue autodestructiva. Los criollos formados al amparo de la Expedición Botánica y del nuevo currículo científico adquirieron una conciencia territorial y una capacidad crítica que el orden colonial no podía contener. La formación técnica y científica, pensada como herramienta imperial, terminó siendo la matriz de una identidad diferenciada. La toma de conciencia sobre la riqueza del territorio neogranadino, alentada indirectamente por las políticas borbónicas de fomento científico, produjo la paradoja de que la élite formada por las reformas terminó cuestionando el orden colonial que las impulsaba. La aplicación de las ciencias útiles, la percepción de habitar un territorio distinto de la metrópoli y la apropiación de una ideología diferente al absolutismo monárquico crearon las condiciones para madurar el proceso de Independencia, convirtiéndolo en un resultado indirecto e inesperado del programa que había pretendido consolidar el imperio.

La paradoja no es imputable a la persona de Caballero y Góngora. Reside en la lógica interna de las reformas borbónicas: un programa imperial que necesitaba simultáneamente orden fiscal y conocimiento útil, y que al perseguir ambos objetivos socavó las bases de su propia legitimidad. Cabe leerla también en otra clave: la agencia decisiva de aquellos años no fue solo la del arzobispo-virrey sino la de los comuneros de abajo —Manuela Beltrán arrancando el bando, Berbeo organizando la marcha, Galán negándose a aceptar el acuerdo—, cuya presión forzó la negociación y arrancó las Capitulaciones. Caballero y Góngora fue, en esa lectura, un gestor de daños que contuvo una ruptura ya abierta; su posterior amnistía y su mecenazgo ilustrado tuvieron mucho de concesión reactiva.

Ambas lecturas son compatibles, y ambas explican por qué Caballero y Góngora sigue siendo el nombre por el que se conoce este momento: no porque fuera el origen del cambio, sino porque encarnó con inusual limpieza sus contradicciones.

Cierre de un mandato

En 1789 Caballero y Góngora entregó el mando a José de Ezpeleta. La relación que le legó sobre el estado del virreinato —con sus planes de reorganización poblacional, sus balances militares del Darién, sus notas sobre el comercio caribeño— fue objeto de comentarios y observaciones de su sucesor, quien tenía reservas sobre algunos de aquellos proyectos. Regresó a España, donde se le dio destino eclesiástico —tradicionalmente asociado a la diócesis de Córdoba en su tierra andaluza—, y allí terminó sus días en 1796.

Su marcha coincidió con un cambio de época en la política colonial. Las autoridades españolas que durante la década de 1780 habían fomentado los aspectos científicos de la Ilustración se vieron confrontadas en la década de 1790 con el impacto de las revoluciones norteamericana y francesa, y con una élite criolla que empezaba a asimilar ideas más radicales. El contexto que había permitido el mecenazgo de un arzobispo-virrey ilustrado se cerró. Pero el sedimento ya estaba puesto.

La huella

La huella de Caballero y Góngora en la historia colombiana se lee, por eso, en dos planos. En el plano de las instituciones, fue el virrey bajo el cual la ciencia moderna entró de manera estable en el virreinato, protegida por el poder civil frente a las resistencias eclesiásticas internas, y bajo el cual la mayor insurrección fiscal del siglo XVIII fue pacificada por negociación antes que por masacre. En el plano de la conciencia, fue el mecenas de la generación que, sin haberlo querido, empezó a imaginarse a sí misma como comunidad política diferenciada.

Aquel sedimento fructificó en el Semanario del Nuevo Reino de Granada, publicado entre 1808 y 1811, donde los criollos comenzaron a imaginarse como clase y a proyectar su habitus particular como expresión de toda la colectividad del virreinato; y en las decisiones políticas de 1810, cuando los descendientes intelectuales del círculo de Mutis tomaron el pulso de la crisis imperial y ensayaron por primera vez el autogobierno. La rebelión de los Comuneros —que Caballero y Góngora había apagado por negociación treinta años antes— resonó en la memoria de la crisis, aunque muchos futuros líderes independentistas hubieran estado, en 1781, del lado de la Corona; la revolución criolla no fue, en general, un movimiento popular, y ese detalle de origen social explica muchas de las tensiones ulteriores.

La memoria colombiana ha tendido a fijar a Caballero y Góngora como el astuto pacificador de los comuneros, dejando en segundo plano al mecenas científico. Es una simplificación. El arzobispo que negoció en Zipaquirá y el virrey que financió a Mutis fueron el mismo hombre haciendo, en dos frentes distintos, la misma cosa: administrar el reformismo borbónico en un virreinato donde ese programa era a la vez indispensable y explosivo. Su éxito relativo en ambas tareas —contener la revuelta, promover la ciencia— es lo que hace de él una figura tan característica y tan incómoda: no cabe en la hagiografía ni en la fiscalía. Fue, con toda la ambigüedad del término, un gobernante ilustrado dentro de un imperio absolutista, un prelado regalista que abrió camino a un saber que su Iglesia recelaba, un negociador que salvó una capital y firmó un texto que sus superiores anularon, un mecenas cuyos protegidos formarían, sin proponérselo, la matriz intelectual de la independencia.

Ese conjunto de tensiones vivas, y no una tesis unívoca sobre su figura, es lo que hace de Antonio Caballero y Góngora una pieza indispensable para entender el tránsito del siglo XVIII al XIX en Nueva Granada. En su biografía se cifra el momento exacto en que las reformas borbónicas, en el intento por consolidar el imperio, empezaron a producir, en silencio y sin proponérselo, la conciencia que lo desharía.