Rochelas del Caribe interior neogranadino (1750–1780)

Rochelas del Caribe interior neogranadino (1750–1780)

Entre los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge y Sinú, sobre las ciénagas estacionales y en la espesura de los Montes de María, hacia 1770 vivían cerca de sesenta mil personas fuera del alcance regular de la Iglesia y el Estado. Los papeles coloniales los llamaban arrochelados, y a sus asentamientos —chozas dispersas, caseríos sin traza, ranchos anfibios armados sobre playones y colinas— rochelas. No eran palenques en el sentido clásico ni pueblos de indios ni haciendas: eran una tercera cosa, ilegal por definición y demográficamente mayoritaria en el interior de la Provincia de Cartagena. Entre 1774 y 1778, un antiguo oficial naval llamado Antonio de la Torre y Miranda recorrió esa geografía con la orden de reducirlos, congregarlos en pueblos y hacerlos vivir "en policía". De aquella campaña salieron muchos de los municipios que hoy salpican las sabanas de Tolú, Corozal y Sincelejo y las cuencas del San Jorge y el Sinú. La rochela no fue un margen exótico del orden colonial: fue el sustrato sobre el que se construyó buena parte del ordenamiento territorial republicano del Caribe.

El país anfibio antes de la reducción

Ni el Magdalena ni los demás ríos del interior caribeño eran fácilmente navegables. Los dos mayores puertos del virreinato en la costa —Cartagena y Santa Marta— carecían de acceso directo al Magdalena, la arteria fluvial principal de la Nueva Granada. El Atrato, que conectaba el Chocó aurífero con el golfo de Urabá, atravesaba territorio kuna y sufría ataques continuos contra embarcaciones y viajeros. Los pocos caminos terrestres, precarios, se inundaban con las lluvias y cruzaban tierras de naciones indígenas no sometidas. Hacia mediados del siglo XVIII, el sistema de comunicaciones era embrionario: las instituciones coloniales podían vigilar las ciudades y algunas haciendas, pero apenas asomaban al vasto interior.

Ese interior tenía una geografía muy particular. En la depresión momposina confluyen el Cauca, el San Jorge y el Magdalena, formando una zona de inundaciones estacionales y de riqueza acuática extraordinaria. El Cauca se divide en dos brazos principales antes de rendirse al Magdalena: el brazo de Mojana, que recibe las aguas del San Jorge, y la masa principal del río. El San Jorge, a su turno, se abre en cuatro caños antes de la confluencia. La red hidrográfica es de una complejidad tal que los zenúes prehispánicos —organizados en los cacicazgos de Fincenú en el valle del Sinú, Pancenú en la hoya del San Jorge y Cenúfana en el bajo Cauca y el Nechí— habían sostenido durante siglos un sistema hidráulico de gran escala, con canales que domesticaban las crecientes.

Para las autoridades borbónicas, ese paisaje era un obstáculo; para los que huían del orden colonial, era refugio. Manglares, ciénagas, playones estacionales y zonas boscosas ofrecían escondite y sustento a esclavos fugitivos, indígenas no conquistados y a todo aquel a quien la vida en pueblo, en hacienda o en resguardo se le hubiera vuelto insoportable. La geografía anegadiza, más que la voluntad de los prófugos, fijó las condiciones del fenómeno.

Antecedentes: cimarronaje residual y palenques del siglo XVII

El cimarronismo había nacido antes, como contraviolencia frente al sistema esclavista. Los negros fugados de sus amos construyeron palenques —caseríos defendidos por estacadas y trampas— desde el siglo XVI. Hacia mediados del XVIII, algunos sobrevivían en la región caribeña, aunque ya sin el estatus de comunidad negra autónoma que había caracterizado el momento fundacional. Los pantanos de manglar de Matuna, cerca de Cartagena, albergaban pequeños grupos de esclavos fugitivos que vivían de la pesca y de pequeñas parcelas. La Montaña de María, la zona boscosa que se extiende al sur y suroriente de Cartagena, seguía ofreciendo refugio hacia los años 1750. Al sur de Mompox persistían palenques cuyo origen se remontaba al siglo XVII, formados por esclavos fugitivos de las minas de oro del norte de Antioquia.

La Corona no había ignorado el asunto. En 1732, una autoridad vinculada a Quito intentó una reducción pacífica: aprovechó los buenos oficios de don Andrés Fajardo para ofrecer a un grupo de cimarrones paz, libertad y el derecho a vivir tranquilos, con la única condición de no admitir nuevos fugitivos. Los palenqueros aceptaron y luego no cumplieron. En junio de 1745, el día de Corpus, el gobernador José Francisco Carreño ordenó someter por la fuerza a un grupo de cimarrones liderados por un negro llamado Jerónimo. La expedición, de cien hombres al mando de Juan Álvarez Uría y Tomás Hurtado, terminó de manera inesperada: el fraile franciscano fray José Joaquín de Barrutieta persuadió a los fugitivos de presentarse y rendirse. La combinación de coerción militar y mediación eclesiástica reaparecerá tres décadas más tarde en escalas mayores.

Un caso ilumina cómo la manumisión podía sembrar asentamientos periféricos. Cuando el hacendado De Zabaleta murió en 1706, ordenó liberar a algunos de sus esclavos y les permitió ocupar casuchas en el playón cercano a su hato, en el San Jorge, en el lugar donde hoy se levanta San Marcos. Los libertos se convirtieron en jornaleros o establecieron sus propias explotaciones en la zona. La rochela, en ejemplos así, no siempre nacía de la fuga: podía brotar también del testamento, del abandono de una encomienda decadente, del retiro de un cura, del reflujo de una hacienda arruinada.

Quiénes vivían en las rochelas

La cifra es contundente: hasta la década de 1770, aproximadamente sesenta mil habitantes arrochelados vivían en rochelas de la Provincia de Cartagena y el Caribe neogranadino. La palabra designaba realidades diversas. Rochela era el asentamiento ilegal en el bosque, la choza aislada sobre el cerro, el caserío disperso a la vera de una ciénaga, la ranchería levantada al filo del playón que la creciente descubría cada verano. Arrochelado era el que vivía allí: descendientes de esclavos fugitivos, indígenas no sometidos, mestizos pobres, libertos, familias enteras que habían salido de la órbita de los pueblos de indios y de las parroquias.

Las rochelas eran mestizas en un sentido amplio y profundo. La categoría no era racial ni jurídica sino existencial: se era arrochelado por vivir fuera del orden. Entre 1750 y 1800, en el conjunto de la Nueva Granada, se fundó el veinte por ciento de los municipios colombianos, en buena parte en regiones de clima medio pobladas por mestizos, que en ese período se convirtieron en el grupo más numeroso del virreinato. El fenómeno arrochelado del Caribe interior es la contracara costera y anfibia de ese proceso: una masa demográfica libre, mezclada, dispersa, que había ocupado el vacío dejado por la decadencia de las encomiendas, la contracción de los resguardos y la incapacidad estructural del Estado para llegar hasta las ciénagas.

Antonio de la Torre, cuando denunció después las costumbres de los habitantes de los palenques y rochelas de Matuna y de la Sierra de María, escribió que eran contrarias al canon católico. La frase, característica de la retórica borbónica, condensa lo que las autoridades veían: uniones sin bendición, muertos sin sepultura eclesiástica, niños sin bautismo registrado, prácticas religiosas y sociales que no pasaban por el cura ni por el alcalde. El temor de la Corona a que la población viviera "arrochelada" o "sin Dios ni ley" no era metáfora: describía un desprendimiento real del aparato de control moral y fiscal que sostenía el imperio.

El impulso borbónico: poblar para vigilar

El siglo XVIII trajo, con la dinastía Borbón, una nueva racionalidad de gobierno. El poblamiento de "tierras sin hombres" —fórmula recurrente en la documentación— fue un fenómeno extendido en las regiones santandereana y de la Costa Caribe, vinculado a dos presiones convergentes: la demográfica, con el aumento de "hombres sin tierra" que buscaban acomodo, y la política, con el proyecto ilustrado de encuadrar mejor a la población dentro del Estado. Congregar a los dispersos en pueblos significaba, a la vez, cobrarles diezmo y tributo, sacramentarlos, sujetarlos a milicia, censarlos y, en última instancia, hacerlos legibles.

En la Costa Caribe, esa política se ejecutó desde 1744. Entre ese año y 1770, José Fernando de Mier, rico hacendado y comandante de las milicias urbanas de la provincia de Santa Marta, intentó establecer alrededor de veintidós poblaciones en la región del Bajo Magdalena, muchas de ellas sobre la margen oriental del río. Actuaba alentado por el virrey. El objetivo declarado era doble: reducir a los arrochelados y poner fin a los ataques indígenas contra haciendas y embarcaciones del Magdalena. La empresa de Mier fue el gran precedente inmediato de lo que vendría después en la provincia de Cartagena.

Que un hacendado rico dirigiera las milicias y a la vez las campañas fundacionales no es un detalle menor. Sugiere que los intereses de los grandes propietarios y los objetivos oficiales confluían: congregar a la población dispersa en pueblos liberaba tierras y reencauzaba mano de obra, y quienes tenían más que ganar con el reordenamiento eran precisamente quienes lo lideraban. Las fundaciones borbónicas del Caribe no fueron una operación de misioneros —al contrario de otras fronteras del imperio, donde capuchinos y franciscanos llevaron la delantera—; fueron una operación de oficiales militares y notables locales con funciones militares.

Antonio de la Torre y Miranda: la campaña de 1774–1778

Antonio de la Torre y Miranda había sido oficial de la marina española antes de recibir el encargo de reducir a los arrochelados de la Provincia de Cartagena. Entre 1774 y 1778 recorrió la región, congregó familias dispersas, trazó calles, levantó plazas, señaló solares para iglesia y cabildo, abrió caminos y —según él mismo declararía después— hizo navegables canales, ciénagas y ríos. La fuente principal de esta empresa es un libro que él mismo publicó en Cartagena de Indias en 1794, impreso por Luis de Luque y Leyva, cuyo título largo lo dice todo: Noticia individual de las poblaciones nuevamente fundadas en la provincia de Cartagena, seguido de la referencia explícita a las montañas descubiertas, los caminos abiertos, los canales y ríos hechos navegables y las ventajas resultantes para la propagación del evangelio, el comercio y el Estado.

Ese subtítulo condensa la doctrina de la campaña. Fundar era, simultáneamente, evangelizar, comerciar y estatalizar. Un pueblo era un dispositivo triple: parroquia que sacramentaba, feria y camino que hacían circular las mercancías, cabildo y milicia que administraban justicia y tributo. El territorio congregado se volvía, por primera vez, legible: se podían levantar padrones, cobrar diezmos, reclutar milicianos, procesar herencias, casar a las parejas y bautizar a los niños. Se salía del limbo administrativo.

De la Torre operó en zonas donde la rochela era ya un modo de vida consolidado: los Montes de María, las sabanas de Tolú, las estribaciones que descienden hacia el Sinú y el San Jorge. Según sus propias palabras, los cimarrones y arrochelados de los manglares de Matuna y de la Montaña de María hostigaban las haciendas vecinas y sus costumbres eran contrarias al canon católico. La denuncia moral servía de justificación. La reducción no era, en el lenguaje de la época, una violencia contra pobladores libres, sino una restauración del orden natural: sacar a las gentes del pantano y traerlas a la vida civil.

El método combinaba persuasión y coerción, como ya había ocurrido con Barrutieta en 1745. De la Torre reunía a las familias dispersas, prometía tierras, exención de tributos por algún tiempo, iglesia y párroco, y las trasladaba al sitio elegido para el nuevo pueblo. La eficacia del procedimiento se mide en la memoria: los habitantes de los pueblos fundados por De la Torre continúan celebrando el día de su reducción como el día de fundación del municipio. La palabra reducción, que en otro contexto sería vergonzante, se ha conservado y transformado en efeméride. Aquello que fue imposición se ha vuelto origen.

La trama local: haciendas, resguardos y tierras en disputa

La campaña no ocurrió en un vacío jurídico ni social. En las sabanas de Corozal y sus alrededores, el paisaje agrario ya estaba lleno de tensiones antes de que llegara De la Torre. El resguardo indígena de Morroa colindaba con las tierras otorgadas en merced a Tomás Lorenzo de Pinedo hacia 1728: el capitán indígena Juan Tomás Salcedo fue testigo obligatorio en la posesión de la merced en su calidad de colindante. Familias como los Pinedos y Chamorros se establecieron en el sitio de Corozal de Morroa con esa merced y con pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas. El resguardo de Chinú —junto con los de San Andrés-Mexión y Chima-Pinchorroy— había sido concedido originalmente por el visitador Juan de Villabona y Zubiaurre en 1611, y fue confirmado sucesivamente en 1675 y 1773, con una extensión de entre cincuenta y seis mil y ochenta y cinco mil hectáreas. Las repetidas confirmaciones son índice de una presión sostenida sobre esas tierras.

En ese tablero convivían tres actores en tensión: los resguardos indígenas, cuyas tierras estaban jurídicamente protegidas pero prácticamente asediadas; las haciendas de las familias notables, en expansión desde comienzos del siglo XVIII; y los arrochelados, que se colaban en los intersticios y ocupaban playones, montes y ciénagas. Los palenques y rochelas de pobladores libres representaban un desafío tácito tanto a las autoridades coloniales, que buscaban transformarlos en poblados, como al influjo de los hacendados, y con frecuencia la relación entre haciendas y estos asentamientos estuvo marcada por la violencia.

Las relaciones laborales en torno a las grandes explotaciones también eran ambiguas. El caso del hato de De Zabaleta en el San Jorge, con sus libertos convertidos en jornaleros del playón, sugiere una inclinación hacia formas salariales simples más que hacia servidumbre feudal, aunque el fenómeno no admite generalización mecánica para toda la Costa Atlántica. Lo que sí queda claro es que la reducción servía, entre otras cosas, para producir mano de obra estabilizada: un arrochelado congregado en pueblo era, en principio, un jornalero disponible para la hacienda vecina.

La Iglesia en la frontera: presencia intermitente y control moral

El clero jugó en las rochelas un papel más discontinuo del que suele imaginarse. En los pueblos de indios y en las parroquias consolidadas, el cura era la principal autoridad religiosa y administraba tanto a los feligreses libres como a los esclavos de las haciendas vecinas —el caso de sitios como San Basilio de Palenque ilustra ese papel de eje comunitario—. Pero en las zonas arrocheladas, donde no había parroquia ni cura fijo, la presencia eclesiástica era esporádica, misional y con frecuencia mal recibida. La ausencia del clero era, precisamente, uno de los rasgos que hacían a la rochela intolerable para la Corona: sin cura no había registro sacramental, sin registro sacramental no había ni tributo confiable ni matrimonios legítimos ni herencias regulares.

La denuncia de De la Torre sobre las costumbres contrarias al canon católico de los palenqueros y arrochelados de Matuna y la Sierra de María debe leerse en esa clave. No se trataba simplemente de piedad ofendida: era un diagnóstico de gobierno. Costumbres contra el canon significaba uniones no bendecidas, hijos sin bautismo, difuntos sin sepultura eclesiástica, ausencia de comunión pascual, incumplimiento del diezmo. Era la enumeración de todo lo que hacía a una población invisible al Estado.

En regiones donde el control eclesiástico era aún más débil, como el Chocó, los habitantes huían al saber de la llegada del sacerdote. Los misioneros capuchinos operaban desde Quibdó desplazándose en parejas, cargados de vestido, alimentos, medicinas y todo lo necesario para la misa: una estrategia itinerante forzada por la imposibilidad de establecer parroquias fijas. En el Caribe interior, en cambio, la fórmula elegida fue la contraria: no llevar la Iglesia al arrochelado, sino traer al arrochelado a la Iglesia. Reducir era, entre otras cosas, plantar una parroquia en el sitio de congregación y obligar a la nueva feligresía a orbitar en torno a ella.

La gramática de la reducción

Si uno detiene la mirada en el conjunto de la política borbónica en el Caribe entre 1744 y 1778 —los veintidós pueblos de Mier en el Bajo Magdalena y las fundaciones de De la Torre en la Provincia de Cartagena—, aparece con claridad una gramática territorial. Sus verbos son: poblar, congregar, trazar, vigilar, parroquializar, tributar. Sus sustantivos son: plaza, calle, iglesia, cabildo, camino, feria, padrón. Su lógica es la legibilidad: convertir un territorio opaco en un territorio legible, un paisaje anfibio en una cuadrícula civil.

Esa gramática no era una invención local. Respondía al proyecto ilustrado borbónico que, en toda Hispanoamérica, buscó racionalizar la administración, aumentar la recaudación y estrechar el control sobre poblaciones dispersas. Lo particular del caso caribeño fue la escala del sustrato que había que transformar: sesenta mil personas repartidas por bosques, cerros, ciénagas y playones no se reducen sin costo. La operación tuvo que apoyarse en las élites locales —Mier el hacendado, De la Torre el oficial de marina reconvertido— porque nadie más tenía a la vez el conocimiento del terreno, la fuerza de milicia y el interés propio en el resultado.

De ahí una ambigüedad estructural que atraviesa toda la campaña. Oficialmente, la reducción se justificó como consolidación del orden social y mejora material de los habitantes: sacarlos del pantano moral, entregarles tierra en pueblo, darles cura y alcalde. Pero la participación central de la aristocracia local sugiere que los intereses de los grandes propietarios pudieron confluir con los objetivos oficiales de un modo más íntimo. Congregar a los arrochelados en pueblos aledaños a las haciendas producía dos efectos simultáneos: liberaba las tierras marginales que ocupaban de manera dispersa —potencialmente aprovechables para la expansión ganadera— y creaba un reservorio de mano de obra jornalera estabilizada. El proyecto borbónico y el proyecto hacendatario cabalgaron juntos, cada uno usando al otro.

Lo que la reducción no resolvió

La campaña de De la Torre fue eficaz en su objetivo declarado: los pueblos fundados persisten, sus habitantes celebran el día de la reducción como día de fundación, y buena parte del mapa municipal actual de las sabanas de Sucre y Córdoba tiene ahí su origen. Pero el sustrato social que la reducción pretendía disolver no desapareció. Se reacomodó dentro de los propios pueblos fundados y sobre todo alrededor de ellos.

La rochela, como forma de vida anfibia, no exigía necesariamente vivir en el pantano: exigía vivir con un pie fuera del control regular. Una vez que las familias fueron congregadas en el pueblo, muchas conservaron sus estancias, ranchos y explotaciones dispersas en los playones y montes cercanos, a los que retornaban en ciclos estacionales según la creciente o la sequía. El pueblo se volvió el sitio de la iglesia y el registro; el monte y el playón siguieron siendo el sitio del sustento. La reducción produjo pueblo, no urbanización en sentido estricto.

Tampoco resolvió las tensiones estructurales por la tierra. La Mojana, con Achí y Majagual, fue escenario de agudos conflictos por la tierra en las décadas de 1920, 1930 y 1970. La geografía anfibia del bajo Cauca y el San Jorge —esa red de caños, ciénagas y playones que había hecho posible la rochela— siguió siendo, dos siglos después, el terreno donde las delimitaciones de propiedad se rehacían con cada creciente y cada verano. El pleito de siempre —resguardo contra hacienda, poblador libre contra hacienda, hacienda contra hacienda— no fue disuelto por De la Torre. Fue, más bien, congelado en un nuevo mapa municipal que reordenaba pero no resolvía.

Por qué la rochela sigue importando

Hay una tentación evidente al escribir sobre este episodio: convertirlo en la historia de un hombre —De la Torre— que dominó una geografía. La tentación traiciona el asunto. La rochela no fue vencida en 1778; fue reencuadrada. La gramática borbónica de poblar-congregar-vigilar operó sobre un sustrato que la desbordaba, y el sustrato sobrevivió dentro de los pueblos fundados. Cuando la república heredó, después de la Independencia, ese mapa colonial tardío, heredó también su promesa incumplida: la de un Estado presente en todo el territorio. En el Caribe interior, esa promesa siguió siendo una vocación más que una realidad.

Lo que la campaña de 1774–1778 muestra, con la nitidez que a veces sólo da la distancia, es que la fragilidad estatal en el Caribe interior no es un accidente reciente ni un fracaso posterior a Bolívar. Es una condición constitutiva. La geografía anfibia hizo estructuralmente imposible el control colonial ordinario hasta 1774; la reducción impuso un dispositivo cuya eficacia dependía, paradójicamente, de la colaboración de los mismos poderes locales —hacendados, milicias, curas— cuyos intereses no siempre coincidían con los del Estado; y la población arrochelada, congregada en pueblos, retuvo la lógica de vida anfibia que la había definido.

El resultado es una frontera perpetuamente pendiente. Los pueblos fundados por De la Torre existen, y sus fiestas patronales conmemoran la reducción como si celebraran el nacimiento y no la sujeción; pero los conflictos por la tierra en la Mojana, en los Montes de María, en las sabanas de Tolú, prueban que el orden borbónico apenas rozó la superficie del problema. Los sesenta mil arrochelados de 1770 no eran un residuo marginal del cimarronaje, ni un accidente de la geografía, ni una anomalía del gobierno. Eran una manera de habitar el Caribe interior. Reducirlos no fue disolverlos: fue darles un domicilio postal.

Esa es, quizá, la lección más incómoda que este episodio deja. Colombia no ha dejado de fundar pueblos sobre poblaciones dispersas, ni ha dejado de descubrir, con cada nuevo intento de ordenamiento territorial, que el sustrato social se le escapa por debajo. La rochela no es un objeto arqueológico. Es una gramática de habitación que precedió al Estado y que el Estado, en el Caribe interior y en otras regiones, nunca ha terminado de traducir. Sobre esa dificultad se levantaron los pueblos de De la Torre; sobre esa dificultad seguimos escribiendo, dos siglos y medio después, la historia del país.