Derrota del palenque de El Castigo y fundación de San Miguel de Patía (1745–1749)

Derrota del palenque de El Castigo y fundación de San Miguel de Patía (1745–1749)

Entre junio de 1745 y 1749, en la serranía y el valle que bajan del sur de Popayán hacia el Pacífico, la Corona española cerró un ciclo largo de forcejeo con los cimarrones del Patía. Una expedición de cien hombres al mando de Juan Álvarez Uría y Tomás Hurtado, ordenada por el gobernador José Francisco Carreño, sometió el palenque de El Castigo el día de Corpus de 1745, tras trece años de intentos fallidos de reducción pacífica por la Real Audiencia de Quito. Cuatro años después, la misma Corona que había mandado la tropa fundó San Miguel de Patía sobre tierras donadas por Fabián Hernández, pardo libre. Entre esas dos fechas se aloja algo más que una campaña militar y su desenlace administrativo: el orden colonial, incapaz de suprimir por las armas la territorialidad afrodescendiente arraigada en el valle, terminó legalizándola bajo la forma de un poblado en policía. El episodio es la puerta de entrada al ciclo palenquino del suroccidente neogranadino, distinto en geografía y desenlace del más célebre San Basilio caribeño.

Un valle fuera del alcance de Popayán

Para entender por qué El Castigo pudo existir durante décadas antes de caer, basta mirar el mapa de poder de la Gobernación de Popayán en el siglo XVIII. El epicentro real de la ciudad se redujo durante mucho tiempo al valle de Pubenza; el resto —la banda occidental del río Cauca, las estribaciones de la Cordillera Central, el extremo suroccidental hacia el Patía— era frontera interna. La ciudad extendió su control efectivo sobre esos territorios apenas hacia finales del siglo XVIII, cuando el poblamiento sur, en dirección al Patía, comenzó a densificarse: los conteos de ganado de 1786–1789 confirman que la actividad ganadera al sur de Popayán solo se afirmó en las últimas décadas del siglo.

El aislamiento físico se traducía en aislamiento económico y en una fuerte tendencia a la autonomía política de cada ciudad. En ese esquema, el Valle del Patía era casi una jurisdicción de nadie: bajaba del altiplano nariñense hacia el Pacífico por una serranía descrita por los cronistas como impracticable, con desfiladeros por los que —en palabras de Fray Juan de Santa Gertrudis— "por ninguna parte se puede bajar abajo". Cuando la Corona quiso intervenir, no lo hizo desde Popayán, cuya proyección territorial era demasiado corta, sino desde Quito, sede de la Audiencia que reunía la jurisdicción superior. La política sobre el Patía se decidía a cientos de kilómetros de las montañas donde vivían los cimarrones.

La Gobernación vivía en esos años su apogeo minero. La producción de oro alcanzó su pico en el quinquenio 1725–1729, con 533.710 pesos oro registrados por quintos, empujada por la apertura del Chocó y por la reactivación de las minas de Caloto, Almaguer y el propio Patía. La economía articulaba minas y haciendas: las minas jesuitas de Jelima con las haciendas de Japio y Llanogrande, las minas de los Arboleda con La Bolsa y Novirao, las cuadrillas de Zabaletas y Dominguillo con sus bases territoriales. Entre 1730 y 1748 circuló un tráfico sostenido de esclavos con destino a Popayán, en lotes que iban desde menos de diez hasta más de 150 cabezas por operación. La élite payanesa —los Mosquera, los Arboleda, los Valencia— gobernaba y comerciaba al mismo tiempo; a comienzos del siglo, propietarios de esclavos como los hermanos Mosquera, Francisco de Arboleda, Bernardo Alfonso de Saa, Miguel Gómez de la Asperilla y Agustín de Valencia habían ejercido, cada uno a su turno, el gobierno delegado de la provincia. El fraude en los quintos alcanzó por entonces proporciones escandalosas.

Contra ese entorno económico se dibuja la aparición del palenque: no una periferia vacía, sino una zona fronteriza que empezaba a integrarse a la economía minera y ganadera y donde, precisamente por esa integración desigual, se abrieron los intersticios que ocuparon los cimarrones.

El nacimiento del palenque

El origen exacto de El Castigo se pierde en versiones coloniales cargadas de desprecio. Fray Juan de Santa Gertrudis, cronista franciscano que escribió hacia 1768 su obra póstuma Maravillas de la naturaleza, refirió una fundación por ladrones: unos hombres habrían asaltado un situado de treinta mulas cargadas de plata del rey que bajaba de Pasto a Popayán y, huyendo de la justicia, se habrían refugiado en la serranía. Indios de Taminango, según el mismo relato, les señalaron el paraje inaccesible que la memoria colonial llamaría después El Castigo.

En paralelo al avance de la minería y a la consolidación de la hacienda ganadera, familias afrodescendientes —esclavos fugitivos, libertos, pardos libres— se apropiaron de predios vacíos entre las haciendas del valle y organizaron su vida alrededor de los platanares: pequeñas parcelas o unidades económicas domésticas, situadas al margen de las haciendas o a orillas de los ríos. En el valle surgieron al menos dos palenques como puntos de concentración de esa población, siendo El Castigo el mejor conocido. Los palenqueros vivían de cultivos, caza, pesca y "algún trato" —así lo llamaban los expedientes— con las haciendas vecinas: una economía de subsistencia parcialmente autónoma, no del todo desligada del entorno hacendatario, capaz de sostenerse porque la geografía hacía costoso venir a extinguirla.

Ese "algún trato" es la clave para las autoridades. El palenque no era un enclave hermético en la montaña: era una comunidad que intercambiaba con las haciendas, que hostigaba cuando convenía, que absorbía nuevos fugitivos y que representaba un desafío tácito tanto a los hacendados como a la pretensión colonial de convertir aquello en un poblado bajo control.

Trece años de negociación fallida

La primera respuesta oficial no fue militar. En 1732, la Real Audiencia de Quito autorizó a don Andrés Fajardo para ofrecer a los palenqueros paz, libertad y el derecho de seguir viviendo tranquilos donde estaban, con una sola condición: no admitir en adelante a ningún nuevo prófugo. La oferta era menos generosa de lo que suena. La Corona no reconocía derechos ganados: pactaba con quienes ya no podía retornar a la esclavitud, exigiendo que cerraran la puerta a la fuga futura. Convertía al palenque, en teoría, en un aliado del régimen esclavista que él mismo había subvertido.

Los palenqueros de El Castigo aceptaron y nunca cumplieron. La condición jamás fue observada, y no podía serlo: la razón misma de la existencia del palenque era ofrecer refugio. Aquello no era negociable sin destruir la comunidad desde dentro. La Audiencia insistió a lo largo de los años treinta y comienzos de los cuarenta con nuevos intentos de reducción pacífica, todos fallidos. Cada gestión sin resultado erosionaba la credibilidad de la Corona y confirmaba lo que la geografía ya hacía evidente: sin una operación militar de envergadura, El Castigo era inextinguible.

La alternancia entre negociación y fuerza no era nueva. Ya en 1619, en otras jurisdicciones, algunos grupos de cimarrones habían sido declarados libres y se les habían facilitado tierras. A fines del siglo XVII, en cambio, se había ordenado el exterminio total de algunos palenques. La Corona oscilaba entre el reconocimiento y la aniquilación según le convenía, y en 1745 —tras trece años sin resultados— decidió que en el Patía convenía la fuerza.

Corpus de 1745: la campaña de Álvarez Uría y Hurtado

El gobernador José Francisco Carreño ordenó armar la expedición. Cien hombres bien armados marcharon al mando de Juan Álvarez Uría y Tomás Hurtado hacia la serranía del Patía. La operación se cerró el día de Corpus de junio de 1745. Los palenqueros insurrectos estaban acaudillados por un hombre nombrado solamente como "el negro Jerónimo", figura que existía en el archivo colonial como amenaza, no como sujeto con historia.

La derrota fue completa, aunque no puramente militar. La balanza se inclinó en el momento decisivo gracias a la intervención del franciscano fray José Joaquín de Barrutieta, cuyos buenos oficios y persuasión consiguieron que los fugitivos se presentaran y se rindieran. Cien hombres bien armados, en una serranía descrita como intransitable, no bastaron para consumar la victoria; la resolución del enfrentamiento requirió la mediación de un fraile que negoció una rendición que la sola fuerza no había podido arrancar. La Corona no destruyó El Castigo: lo persuadió de bajar de la montaña, con la tropa a la vista como argumento decisivo.

Cuando la tropa se retiró, quedaron en el valle los palenqueros vencidos y las familias afrodescendientes que ya vivían en los platanares. Su presencia no había sido erradicada; había sido apenas domesticada. La pregunta que quedó en el aire, entre 1745 y 1749, fue qué hacer con ellos.

1749: la fundación como capitulación jurídica

La respuesta llegó en 1749, con la erección de San Miguel de Patía sobre tierras donadas por Fabián Hernández, pardo libre. La escena tiene un aire administrativo engañosamente rutinario: se levanta un pueblo, se traza una plaza, se erige una iglesia, se asignan vecinos. Pero el contenido político del acto es otro.

La política borbónica de mediados del siglo XVIII asumió como programa la conversión de rochelas, palenques y arrabales en poblaciones legales. Entre 1750 y 1800 se fundó el 20% de los municipios colombianos, gran parte en regiones de clima medio pobladas por mestizos, que en ese período se convirtieron en el grupo demográfico más numeroso. La razón era doctrinal y policíaca al mismo tiempo: la Corona temía que la población viviera arrochelada, sin Dios ni ley, y buscó erigir centros urbanos donde los habitantes vivieran en policía, esto es, bajo un régimen visible de autoridad civil y eclesiástica. Las normas urbanísticas dictaban las medidas: plaza mayor de 180 varas en cuadro, iglesia, calles rectas de catorce varas de ancho, manzanas cuadradas de 80 varas de lado, casa para el cacique, hospital y un mínimo de trescientos vecinos, con reserva de terreno "antes más que menos" para el crecimiento esperado.

San Miguel de Patía se inscribió en ese programa. El maestre de campo José Fernando de Mier y Guerra fundó desde 1751 San Sebastián de Rábago en la Sierra Nevada de Santa Marta, con pobladores blancos e indios juntos interesados en el fomento del trigo. Antonio de la Torre Miranda dedicó años, en la provincia de Cartagena, a la fundación de nuevos pueblos mixtos, muchos de ellos de composición trirracial —modelo del que Cereté es posible antecedente— distintos de los clásicos pueblos de indios y parroquias de blancos. La legalización de asentamientos irregulares fue el instrumento de gobierno predilecto de los Borbones para la frontera interna neogranadina.

En el Patía, sin embargo, la aplicación del programa tuvo un rasgo específico. La Corona no legalizaba una rochela mestiza cualquiera: legalizaba lo que quedaba de un palenque derrotado. No fundaba sobre tierras baldías ofrecidas por la administración: fundaba sobre tierras donadas por un pardo libre. Fabián Hernández —cuyo nombre pasa por el expediente sin más biografía que su condición jurídica— aportó el suelo. La forma de la fundación reconoce, en el acto mismo de constituirse, la preexistencia de la propiedad afrodescendiente en el valle. La Corona no llegó al Patía con tierra que dar: llegó a un valle donde la tierra ya tenía dueños negros libres, y sobre esos dueños articuló el poblado legal.

La Corona aplicó al Patía su programa general de reducción de rochelas porque el fracaso militar y negociador de 1732–1745 le había dejado sin otro instrumento eficaz de control sobre un territorio fronterizo que permanecería al margen de Popayán hasta finales del siglo XVIII. La legalización fue lo único disponible. Y se hizo, además, sobre la infraestructura material —la tierra— que los propios palenqueros y libertos habían constituido previamente. San Miguel de Patía no fue una fundación en sentido estricto: fue un reconocimiento forzado.

El Castigo y San Basilio: dos ciclos palenquinos

San Basilio, el palenque de Benkos Biohó y sus sucesores en la falda de la Sierra de María, obtuvo su reconocimiento legal por capitulación negociada con la mediación del Ilustrísimo Casiani, bajo condiciones que permitieron a los palenqueros establecer su población y conservar su comunidad. La matriz organizativa venía del palenque de Matuna, donde Biohó había levantado un cabildo propio que elegía autoridades según mérito y servicio; formas que se copiaron especialmente en los palenques de la zona de Loba y por Mompox.

El Castigo aparece con rasgos distintos. No hubo cabildo palenquino formal ni capitulación negociada con estatuto propio: hubo derrota militar, mediación franciscana y, cuatro años después, fundación de un pueblo bajo normas urbanísticas coloniales estándar. Los palenqueros no fueron reconocidos como comunidad autónoma con instituciones propias, como sí lo fueron los de San Basilio; entraron como vecinos de un poblado en policía, disueltos jurídicamente en la categoría genérica de pobladores. La legalización del Patía fue más completa —fundó un municipio con todas sus formas— pero también más asimiladora. San Basilio conservó, en el reconocimiento, su condición de comunidad cimarrona; San Miguel de Patía la borró, al menos en el papel, bajo la figura del pueblo mixto.

Ambos episodios comparten el rasgo estructural común a los palenques americanos: momentos de coexistencia pacífica con intercambio de bienes con los vecinos, alternados con episodios de conflicto en que los colonos los acusaban de bandidaje y de rapto de mujeres. La acusación era recurrente en boca hostil y aparece consignada en casos como el palenque del Limón. En algunos palenques americanos, el desequilibrio inicial entre hombres y mujeres se resolvió mediante normas internas de acceso compartido. En la relación con las haciendas, la violencia fue la norma, aunque en el valle del Cauca casos como Amaime y El Bolo probaron que la convivencia armónica era posible.

En el Patía, la relación con las haciendas ganaderas en formación fue más tirante. Los palenques del valle representaban un desafío tácito a la autoridad de los hacendados y a las pretensiones coloniales de convertirlos en poblados controlados. Esa tensión sostenida se resolvió, del lado del Estado, con la campaña de 1745 y la fundación de 1749; del lado de los palenqueros, con la aceptación pragmática de la forma legal a cambio de la conservación de la tierra y la comunidad.

Condiciones y detonantes

La geografía del Valle del Patía —serranía inaccesible, valle bajo tardíamente integrado a la economía regional— fue la condición material de la autonomía cimarrona: un lugar donde el Estado colonial no podía llegar con costo razonable. Sobre esa geografía se montó una economía de haciendas ganaderas en formación, alimentada indirectamente por el auge minero de la primera mitad del siglo XVIII y por el bajo valor monetario de las tierras del valle, que hizo rentable establecer platanares en los intersticios. La debilidad del control payanés sobre su propia periferia —esa reducción del poder efectivo al valle de Pubenza— completó el cuadro: no había en Popayán capacidad institucional para gobernar el Patía con presencia sostenida.

Los detonantes que llevaron del statu quo a la resolución fueron cuatro. El primero, el fracaso acumulado de trece años de negociación desde 1732, que agotó el crédito diplomático de la Audiencia de Quito. El segundo, el liderazgo específico del "negro Jerónimo", cuya insurrección desplazó el problema del terreno de la reducción pacífica al de la insubordinación armada. El tercero, la decisión política del gobernador Carreño de armar una expedición de cien hombres —tropa considerable para la escala de la Gobernación— con dos oficiales de confianza. Y el cuarto, no menor, la disponibilidad del franciscano Barrutieta como mediador: sin ese eslabón, la operación militar por sí sola difícilmente habría consumado la rendición en una serranía "por la que no se puede bajar abajo". La fundación de 1749, por su parte, se explica menos por una decisión ad hoc que por la aplicación al Patía del programa borbónico de conversión de rochelas en poblados, disponible como plantilla institucional.

Consecuencias: el pueblo, el territorio, la identidad

Las consecuencias inmediatas fueron administrativas. Con la fundación quedó constituido un municipio con plaza, iglesia y vecinos —incorporado a la jurisdicción de Popayán al menos en el papel—, con un párroco que asumió la administración espiritual bajo el régimen de patronato real que la Corona había recibido por bulas papales y que ejercían los gobernadores como vicepatronos. Esa figura del patronato regulaba, entre otras cosas, la designación de personas idóneas para los beneficios eclesiásticos: San Miguel entró en el circuito eclesiástico rutinario de la Gobernación.

El impacto sustantivo fue de otro orden. La fundación consolidó, bajo forma legal, la ocupación afrodescendiente del valle. Lo que había sido palenque perseguido pasó a ser pueblo tolerado, con sus platanares reconocidos como propiedad y sus habitantes como vecinos. En un territorio donde las provincias de Barbacoas y el Patía se distinguían de los altiplanos indígenas de Pasto, Túquerres e Ipiales por una dicotomía más clara entre grandes propietarios blancos y poblaciones negras y mulatas —aunque fragmentadas espacial y políticamente—, San Miguel de Patía se convirtió en núcleo articulador de una identidad territorial afrodescendiente que sería después relegada a las categorías de una sociedad menor con cualidades desdeñables.

El arco largo de esa identidad —el ciclo de la cultura patiana en tres tiempos, ascendente, cenital y descendente— arranca precisamente aquí. La legalización de 1749 fue el sustrato jurídico sobre el cual las comunidades del valle construyeron, en las décadas siguientes, una economía de platanares organizada al margen de las haciendas o a orillas de los ríos, una demografía específica y una memoria colectiva. Cuando en el siglo XIX las guerras de independencia y las guerras civiles atravesaron el valle, encontraron una población afropatiana ya arraigada, con sentido territorial propio, capaz de tomar partido en los conflictos con lógica regional. Cuando en el siglo XX los procesos de aculturación erosionaron esa cohesión —el período descendente del arco, fechado desde 1930—, lo que se descompuso era una cultura formada en el intersticio abierto por la fundación de 1749.

En términos institucionales, el episodio también anticipó los conflictos que la élite minera y esclavista de Popayán tendría con el obispado sobre los estipendios para la administración espiritual de los esclavos —quejas elevadas al obispo a finales de la década de 1740 y llevadas al rey en 1764— y la incorporación tardía del Patía a la ganadería, que solo despegaría hacia el final del siglo XVIII con el poblamiento sur.

Por qué el episodio sigue importando

Al ras del expediente, San Miguel de Patía es una fundación menor en la larga lista de pueblos borbónicos: una plaza, una iglesia, unos vecinos. Al ras del proceso, es el punto en que la Corona española, en el suroccidente neogranadino de mediados del siglo XVIII, admitió por vía de acta lo que no había podido resolver por vía de tropa: que había en su territorio una comunidad afrodescendiente instalada, con tierra, con economía y con memoria, a la que solo podía gobernar reconociéndola. La donación de Fabián Hernández, pardo libre, invirtió el vector habitual de la colonización: no fue el Estado el que dio tierra a sus vasallos, sino un vasallo negro libre el que dio tierra al Estado para que se legalizara sobre ella.

El lenguaje del expediente es siempre el de la fundación, el de la reducción en policía, el del vasallo agradecido. Pero a la luz de los trece años previos de intentos fallidos, la mediación franciscana que salvó la operación militar y el patrón general de porosidad del poder colonial en la periferia, el acto opera como una capitulación jurídica. El orden colonial en el suroccidente no se sostenía por dominio efectivo, sino por acuerdos pragmáticos, negociaciones sucesivas y legalizaciones a posteriori de lo que no podía suprimirse. Una campaña militar, una mediación franciscana, un pardo libre que dona la tierra y un pueblo levantado con las medidas exactas de las ordenanzas: la maquinaria administrativa de la Corona funcionando a pleno rendimiento sobre el residuo de su propia derrota.