Diferenciación regional y economías campesinas del Oriente neogranadino (1750–1770)

El Oriente neogranadino antes de los Comuneros: economía parcelaria y diferenciación regional (1750-1770)

Entre 1750 y 1770, las provincias del Socorro, San Gil, Vélez y Girón —el arco de la cordillera Oriental que en el siglo siguiente se llamaría los Santanderes— habían construido una economía distinta a la del resto del virreinato de la Nueva Granada. No era una economía minera, como la de Popayán; no era una economía hacendataria, como la del altiplano cundiboyacense; no era una economía de puerto, como la de Cartagena. Era una economía campesina y mercantil a la vez: pequeñas parcelas mestizas, telares familiares donde se hilaba y tejía algodón basto, mercaderes rurales que llevaban lienzos hasta Antioquia, Popayán, Neiva y Mérida, y una circulación de dinero —o de sus sustitutos— que en un territorio sin minas resultaba anómala. Esa configuración, invisible para las descripciones administrativas al uso, explica por qué la Insurrección Comunera de 1781 estalló allí y no en otro lugar. La revuelta tuvo detonantes fiscales precisos, pero encontró una base social ya formada: un tejido horizontal de pequeños propietarios, tejedores e intermediarios que no dependían de la hacienda ni del resguardo, y que podían, cuando la alcabala apretó, actuar como cuerpo.

Para entender lo que ocurría en el Socorro hay que mirar primero lo que ocurría a un día de camino, cruzando el páramo, en la provincia de Tunja y en el altiplano que se extendía hacia Santafé de Bogotá. Allí la Colonia había depositado su plantilla más completa: encomienda desde el siglo XVI, resguardos indígenas de usufructo colectivo, mita para el reparto de la mano de obra, y desde el siglo XVII una capa consolidada de haciendas familiares y patrimoniales —muchas de órdenes religiosas, otras de descendientes de conquistadores— que se convirtieron en el eje de la organización social, económica y política del centro del virreinato.

La razón de esa concentración estaba en la geografía y en la demografía. El altiplano ofrecía a los europeos un clima benigno y, sobre todo, la mayor densidad de población muisca del territorio: una masa de tributarios indispensable para cualquier proyecto colonial de gran escala. Sobre esa base se levantaron las haciendas de tierra fría entre Bogotá y Tunja, cuyo mecanismo de reclutamiento no era el salario sino el acceso a la tierra. Al hacendado le sobraban brazos —agregados, parceleros, indios que huían del tributo, mestizos sin tierras— y le faltaba dinero circulante; entregaba entonces un lote de pancoger a cambio de trabajo, y con ese arreglo obtenía tanto la mano de obra como una masa cautiva a la que no había que pagar en metálico.

Ese esquema tuvo dos consecuencias que importan aquí. La primera es que el trabajo excedente se expresaba en servicios más que en salario: el equivalente monetario del jornal era mínimo, y la especialización productiva no avanzaba porque la hacienda tendía a abastecerse con sus propios recursos y los productores cultivaban buena parte de sus necesidades. La segunda es que el resguardo, la otra pieza del tablero, se convirtió en objeto de disputa permanente. Legalmente los no-indios no podían residir en él ni arrendarlo, pero la presión tributaria obligaba a los indígenas, en la práctica, a arrendarlo a mestizos y vecinos pobres para reunir el pago del tributo; y los latifundistas presionaban por su supresión, tanto para apropiarse de la tierra como para forzar a los indígenas a vender su fuerza de trabajo en las haciendas a salarios reducidos. De la descomposición lenta de ese doble sistema —hacienda arriba, resguardo perforado abajo— brotó, en lugares como Choachí, el Valle de Tenza, Saucio, Tenjo, Duitama y Sogamoso, un campesinado parcelario que empezaba a existir por su cuenta. Pero brotaba tarde, y brotaba dentro de la sombra de la gran propiedad.

La provincia de Tunja añadía a este cuadro un dato decisivo: había sido, hasta el siglo XVII, la potencia productiva del virreinato. A principios de aquel siglo operaban en su jurisdicción unos setenta molinos harineros, y desde fines del XVI fue el principal centro textilero de la Nueva Granada, exportando hacia los campamentos mineros del occidente, los puertos del Magdalena y la costa atlántica. Ese primer polo se apagó en el siglo XVIII. El costo y la incertidumbre del transporte impidieron consolidar el mercado triguero hacia la costa; el trigo norteamericano terminó desplazando al del interior; y la propia demografía indígena, que había sostenido el sistema, se hundió: la población indígena de Tunja pasó de unos 215.000 en 1537 a apenas 25.000 en 1757, una caída del noventa por ciento en dos siglos que vació la base tributaria del altiplano y modificó su composición étnica.

En 1750, la traza imperial de Tunja seguía en pie —los conventos, las casas nobles, los recuerdos del auge textilero—, pero el motor económico se había desplazado. Al otro lado del cañón del Chicamocha, un país de tejedores estaba tomando el relevo por vías que la vieja plantilla colonial no había previsto y apenas alcanzaba a registrar.

Lo primero que sorprendía a los viajeros ilustrados que recorrían Socorro y San Gil hacia 1770 era la incongruencia entre lo que veían y lo que la teoría económica del momento les había enseñado a esperar. La región no tenía minas —el gran generador de riqueza en la América española— y sin embargo mostraba mayor aseo y prosperidad que otras provincias del virreinato. La razón eran las fábricas de lienzos: en los partidos de las villas del Socorro y San Gil se cultivaba el algodón con algún cuidado y se empleaba todo en tejidos bastos destinados al vestuario de las gentes pobres. Esos lienzos se llevaban a Antioquia, Popayán, Neiva, Mérida y otros lugares, y constituían el único renglón por donde entraba algún dinero en dichas regiones.

La observación es exacta y su alcance mayor de lo que parece. En un virreinato donde el dinero circulaba fundamentalmente a partir del oro y de los sueldos de la burocracia, una región sin producción aurífera y sin cabecera administrativa importante debería haber sido un desierto monetario. El Oriente neogranadino no lo era porque había encontrado un producto —el lienzo basto de algodón— que resolvía dos problemas a la vez: era un bien de consumo popular con demanda estable en las regiones mineras y en los campamentos donde se necesitaba vestir a esclavos y trabajadores, y era manufacturable por unidades domésticas pequeñas sin necesidad de infraestructura pesada.

La estructura productiva que sostenía esa manufactura tenía una característica singular para el virreinato: era descentralizada y contenía una división del trabajo incipiente pero real. En Socorro y San Gil, la especialización entre artesanía y agricultura era mayor que en cualquier otra región de la Nueva Granada, aunque en la práctica las dos actividades seguían combinándose en la misma familia campesina. El labrador de algodón entregaba fibra; la hilandera la convertía en hilo; el tejedor la transformaba en lienzo; y la tintorería se ejercía probablemente como oficio aparte, en manos de especialistas. Cada uno de esos eslabones podía existir con relativa autonomía e intercambiar con los otros a través del mercado.

Aquí aparece el hecho que mejor mide la profundidad de esa división del trabajo: el algodón hilado —no el algodón en rama, sino la fibra ya procesada— llegó a circular como medio de cambio, haciendo las veces de moneda a fines del siglo XVII. Que un producto intermedio adquiera capacidad de dinero significa varias cosas simultáneas: que su valor es reconocido de manera estable por una comunidad amplia, que su calidad es lo bastante homogénea para no requerir tasación en cada transacción, y que la actividad económica genera intercambios más frecuentes que los que la moneda metálica —siempre escasa en el interior neogranadino— podía atender. El algodón hilado del Socorro es, en ese sentido, el indicador más nítido de que allí había un mercado interno funcionando por debajo del umbral que los administradores coloniales solían registrar.

El engranaje se completaba con un dato adicional: desde 1798 —fuera ya de nuestro periodo, pero indicativo de la trayectoria— el algodón de la región empezó a exportarse a Europa, confirmando que la cadena productiva había alcanzado escala suficiente para participar en circuitos transatlánticos. Antes de eso, lo esencial estaba en el mercado interior: los lienzos partían por caminos de herradura hacia el occidente minero y hacia los valles intermedios, y por esa vía inyectaban dinero fresco en una región que no lo producía por sí misma.

La manufactura textil no flotaba en el aire; se apoyaba en una estructura agraria y demográfica que era ella misma singular. Mientras el altiplano cundiboyacense se organizaba en torno al binomio hacienda-resguardo, con una masa indígena tributaria y una élite terrateniente diferenciada, el Oriente ofrecía otro dibujo: predominio de la pequeña propiedad, población mayoritariamente blanca y mestiza, ausencia de grandes concentraciones latifundistas y una intensa vida urbana de villas medianas donde el comercio, la artesanía y la agricultura se combinaban en las mismas familias.

Las descripciones que letrados del siglo XIX como Manuel Ancízar, José María Samper y José María Vergara y Vergara harían de la región no son estrictamente aplicables a 1770 —sus categorías vienen cargadas de romanticismo republicano y de una ideología del blanqueamiento—, pero recogen un rasgo real: en la provincia de Vélez, Ancízar encontró un modelo de pequeños propietarios libres sin la influencia opresiva de grandes capitalistas, y le pareció que esa estructura de fortuna repartida auguraba una sociedad igualitaria. La descripción es idealizada, pero apunta a un hecho verificable: la tierra estaba distribuida de forma menos concentrada que en Tunja o Santafé, y por eso la sociedad no producía las jerarquías cerradas que la hacienda imponía en el altiplano.

El componente étnico reforzaba esa horizontalidad. La región combinaba un núcleo blanco —que los cronistas del XIX atribuirían, con exageración, a la inmigración de aragoneses y catalanes— con un mestizaje en curso donde la población indígena, mucho menos numerosa que la muisca del altiplano, iba siendo absorbida demográficamente. Ancízar interpretaría después ese proceso como blanqueamiento, y lo asociaría con el republicanismo y el patriotismo que la región demostraría durante la independencia; incluso llegó a explicar la relativa blancura de Charalá invocando tanto la mezcla racial como la adhesión de sus habitantes al proyecto nacional. Estas lecturas ideológicas del XIX revelan lo que ya en 1770 diferenciaba al Oriente: una población que no encajaba fácilmente en las categorías étnicas rígidas del régimen colonial, y que por eso desarrollaba relaciones sociales de producción más flexibles.

Esa flexibilidad es la clave. La declinación indígena y el crecimiento mestizo habían favorecido en toda la Nueva Granada el surgimiento de arreglos laborales no encuadrados en las viejas instituciones —colonato, aparcería, mediería, agregados, formas variadas de renta en especie o en trabajo—, pero en el Oriente ese proceso alcanzó una intensidad particular porque no había sido nunca colonizado con la fuerza institucional que caracterizó al altiplano. No había habido gran encomienda muisca, no había habido gran resguardo consolidado, no había habido hacienda cerealera de escala. Sobre ese vacío institucional relativo, la población mestiza pudo asentarse en parcelas propias o en pequeñas propiedades familiares, combinando cultivo de pancoger con manufactura textil y con intercambio mercantil.

El resultado, hacia 1750-1770, era una sociedad donde el tejedor, la hilandera, el labrador algodonero y el mercader rural existían como figuras económicas reconocibles y relativamente autónomas. Ninguno de ellos era enteramente campesino en el sentido de subsistencia, ninguno era enteramente artesano en el sentido gremial, ninguno era gran propietario en el sentido hacendatario. Esa indefinición institucional —esa capacidad de participar simultáneamente en varios circuitos— era precisamente lo que daba a la región su plasticidad económica y, más tarde, su capacidad organizativa.

Un problema teórico se impone: si el Oriente no producía oro y estaba lejos de la costa, ¿cómo se articulaba con el resto del virreinato? La respuesta está en las rutas comerciales terrestres, más densas de lo que la geografía sugería.

Los lienzos de Socorro y San Gil viajaban en cuatro direcciones principales. Hacia el occidente, cruzando el Magdalena, llegaban a Antioquia, cuyos campamentos mineros demandaban vestuario barato para la creciente población de gañanes y esclavos vinculados a la producción aurífera. Hacia el suroccidente alcanzaban Popayán, donde las haciendas del valle del Cauca —Japio, Llanogrande, La Bolsa, Novirao— y las minas asociadas del entorno de Jelima, Zabaletas y Dominguillo formaban un complejo productivo que necesitaba abastecerse de textiles baratos para sus cuadrillas esclavas, muchas de ellas trasladadas desde el Chocó. Hacia el sur, por el valle del Magdalena, alimentaban los mercados de Neiva; hacia el noreste, los circuitos andinos venezolanos que confluían en Mérida y en el Lago de Maracaibo.

Ese mapa dice dos cosas. Primero, muestra la escala real del mercado: no era una economía local sino un sistema interregional que cubría buena parte de la mitad norte de Suramérica. Segundo, muestra su lógica: el Oriente vestía a las regiones mineras. La existencia de minería aurífera en Antioquia, Popayán y el Chocó generaba una demanda solvente de textiles baratos, y esa demanda se pagaba en metálico —el único punto del sistema donde el oro se convertía masivamente en moneda—. Los lienzos del Socorro eran, en un sentido bien preciso, el instrumento por el cual el oro colombiano llegaba a las manos de los campesinos mestizos de la cordillera Oriental.

Esa articulación tenía un doble filo. Por un lado, era la fuente de la prosperidad regional: sin esos mercados externos, la manufactura textil no habría podido sostenerse a la escala que alcanzó. Por otro, hacía a la región dependiente de circuitos que ella no controlaba: cualquier alteración en la producción minera del occidente, en las rutas de la costa o en la política fiscal imperial repercutía directamente sobre el tejedor de Simacota o sobre la hilandera de Onzaga. La ilusión de autonomía que la pequeña propiedad y la manufactura doméstica creaban se sostenía sobre un sistema de intercambios que la trascendía por completo.

Santafé de Bogotá, mientras tanto, jugaba en ese sistema un papel curiosamente disminuido. Era la capital administrativa, pero estaba aislada de un sistema de puertos fluviales eficaz, y su función económica se limitaba a redistribuir bienes provenientes de las provincias y a consumir lo que el altiplano circundante podía producir. La economía interior neogranadina, centrada en Bogotá, el Socorro y Popayán, dependía de esa circulación interna de bienes, en contraste con la economía costera de Cartagena que operaba en función de mercados externos. En términos de dinamismo productivo, sin embargo, era el Socorro —no la capital— el que crecía en el tercio central del siglo.

Si los caminos del lienzo explican cómo el Oriente se conectaba hacia afuera, hay que descender ahora a la escala menor —la del suelo, la del cañón, la de la villa— para entender por qué esa red pudo apoyarse allí y no en otra parte. La geografía y el poblamiento habían seguido trayectorias particulares sin las cuales nada de lo anterior habría sido posible. La cordillera Oriental, atravesada por los cañones del Suárez, el Sogamoso, el Chicamocha, el Opón y sus tributarios, presenta un territorio quebrado donde los páramos superan los 3.000 metros, las pendientes son fuertes y los ríos —de flujo estacional intenso— no son navegables en su mayor parte. Esa topografía severa dificultaba las grandes propiedades cerealeras al estilo del altiplano y favorecía, en cambio, la pequeña propiedad adaptada a nichos ecológicos variados: algodón en las tierras cálidas de los cañones intermedios, maíz y frijol en las laderas medias, papa y cebolla en los páramos, ovejas en las alturas.

El poblamiento colonial de la región había seguido pautas distintas al del altiplano cundiboyacense. Las fundaciones se ubicaron temprano sobre la cordillera oriental —donde los suelos eran manejables y el clima habitable— y más tardíamente en las vertientes que descendían hacia el Magdalena y hacia el Catatumbo. La zona colindante con el Magdalena permanecería aislada por las selvas del Carare durante casi todo el siglo XIX, lo que reforzó la orientación cordillerana de la economía regional y su escasa comunicación con la navegación fluvial.

Ese poblamiento fragmentado en villas medianas —Socorro, San Gil, Vélez, Girón, Zapatoca, Charalá, Simacota, Onzaga— generó una red urbana densa donde la vida social se organizaba en torno a plazas de mercado, parroquias y cabildos activos. La intensidad de la vida urbana, notable para una región sin gran minería y sin cabecera administrativa mayor, llamó la atención de los viajeros y funcionarios ilustrados. Y esa densidad urbana no era ornamental: era la infraestructura práctica que permitía funcionar a la manufactura descentralizada, al comercio intermedio, al crédito informal y a la organización política que después movilizaría la revuelta.

Durante la primera mitad del periodo borbónico —aproximadamente 1700-1750—, la Nueva Granada vivió una recuperación demográfica sostenida, impulsada por la reproducción rápida de mestizos, negros y mulatos, y los viajeros reportaron un nivel de vida modesto pero adecuado. Esa recuperación fue especialmente intensa en el Oriente. Nuevas poblaciones se fundaron durante el siglo XVIII en la región de los actuales Santanderes, la producción de tabaco y textiles reactivó los establecimientos urbanos, y los criollos —cuya proporción crecía— empezaron a manifestar, desde 1755, un mayor grado de conciencia política y una actitud crítica frente a la administración colonial. Ese cambio de temple no era una anomalía moral sino la consecuencia directa de la evolución económica y demográfica: una sociedad que crece, produce y comercia con relativa autonomía desarrolla, casi por necesidad, una idea diferente de sus intereses.

Los funcionarios borbónicos lo percibieron. José Solano y Bote, virrey entre 1770 y 1782, y antes Francisco Silvestre, gobernador y observador atento del territorio, escribieron informes que registraban tanto el vigor productivo del Oriente como la tensión que empezaba a acumularse bajo la superficie. Antonio Moreno y Escandón, fiscal protector de indios y autor de una influyente Relación del Estado del Virreinato, había recorrido las provincias en la década de 1770 y dejado descripciones que confirman lo que la evidencia económica sugiere: el Socorro y San Gil eran, en términos de dinamismo, las regiones más notables del interior neogranadino, y su prosperidad se sostenía en un tejido de producción campesino-artesanal que no encajaba en las categorías administrativas del imperio.

La diferencia entre el Oriente y el altiplano era real, pero conviene medirla con cuidado. No era una diferencia absoluta de estructuras: en el altiplano cundiboyacense también existía campesinado parcelario emergente, también había manufactura y también había mercaderes. Y no era una diferencia autónomamente producida por el Oriente: la prosperidad del Socorro dependía enteramente de mercados externos —los campamentos mineros de Antioquia y Popayán, los mercados de Neiva y Mérida— sobre los que la región no ejercía control. Lo que allí ocurría era, en gran medida, una función de lo que ocurría en otras partes del virreinato: si Popayán prosperaba con oro y esclavos y el Chocó producía metálico, el Socorro podía vestirlos y cobrarles.

Pero la diferencia, aunque relativa y dependiente, era funcional y visible. En el Oriente, la unidad económica dominante era la familia campesino-artesana en pequeña propiedad, articulada por mercado; en el altiplano, la unidad dominante era la hacienda familiar y patrimonial con trabajo dependiente en agregados y colonos, articulada por relaciones personales y por acceso a la tierra. En el Oriente, el excedente circulaba en dinero —o en algodón hilado, su sustituto—; en el altiplano, circulaba en servicios y especie. En el Oriente, la sociedad era predominantemente blanca y mestiza, con una fluidez notable entre categorías étnicas; en el altiplano, todavía en 1770, las jerarquías étnicas coloniales operaban con más rigidez, aunque se erosionaban por dentro.

Esas diferencias tuvieron consecuencias políticas cuando, en la década de 1770, la Corona empezó a implementar sistemáticamente las reformas borbónicas. La carga fiscal de la Nueva Granada creció con fuerza —de aproximadamente 2,9% del PIB antes de las reformas a cerca de 10,4% en el último quinquenio del siglo—, y esa presión se concentró precisamente en los productos que sostenían la economía del Oriente: alcabalas sobre el comercio interior, gravámenes sobre textiles y algodón, estanco del tabaco, estanco del aguardiente. Los estancos representaban por sí solos alrededor de un tercio de los ingresos fiscales coloniales, y su lógica —la administración real reducía los precios que pagaba al productor y aumentaba los que cobraba al consumidor, mientras reprimía las siembras consideradas ilegales— golpeaba exactamente los eslabones que en el Oriente generaban ingreso: el labrador algodonero, el tejedor, el pequeño comerciante que llevaba lienzos a las provincias mineras, el pequeño propietario cañero cuyo aguardiente había alimentado el auge de haciendas y trapiches locales.

La revuelta de 1781, cuando estalló, no vino sola. Vino con una estructura organizativa sorprendentemente sólida, con liderazgos identificables —Juan Francisco Berbeo, Salvador Plata, Antonio Monsalve como élite socorrana, comerciantes y pequeños propietarios afectados directamente por las medidas—, y con capacidad de movilización desde El Socorro hacia Pamplona, Vélez, Cúcuta y otras poblaciones del entorno. El gesto simbólico de Manuela Beltrán, que el 16 de marzo de 1781 arrancó en la oficina de impuestos de El Socorro el bando que anunciaba los nuevos tributos, funcionó como detonante porque encontró una comunidad ya predispuesta a la acción colectiva. Esa predisposición era el resultado de tres décadas —al menos— de una economía que había educado a sus participantes en la negociación mercantil, en la organización cooperativa de la producción textil doméstica y en la percepción de tener intereses propios frente al Estado colonial. Los gravámenes borbónicos no habrían generado la misma respuesta en el altiplano cundiboyacense, donde la mediación de la hacienda absorbía buena parte del impacto fiscal sobre el trabajador dependiente, ni en las provincias mineras del occidente, donde la organización esclavista y la lógica de cuadrilla ofrecían muy poco margen para la acción colectiva libre.

La historiografía tradicional colombiana ha tendido a explicar la Revolución de los Comuneros por sus causas fiscales inmediatas —los aumentos de la alcabala, el celo del Regente Visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, la arbitrariedad de los recaudadores— o por causas ideológicas anticipadoras de la independencia. Ambas explicaciones son parcialmente correctas, pero incompletas. Sin la economía campesina-mercantil del Oriente neogranadino, la presión fiscal borbónica habría producido descontento pero no una insurrección organizada de la escala y coherencia que efectivamente tuvo; y sin las bases materiales de una sociedad de pequeños propietarios con vida urbana intensa, las ideas ilustradas no habrían encontrado interlocutores locales dispuestos a asumirlas como programa.

El periodo 1750-1770 aparece así como un momento formativo clave: no el escenario del estallido, que llegaría después, sino la fragua silenciosa donde se templó el material que el estallido usaría. Manuela Beltrán no habría podido arrancar el bando en 1781 si tres generaciones antes no hubiera existido ya en el Socorro una comunidad de pequeños comerciantes, tejedoras, hilanderas y labradores para quienes ese bando significaba, muy concretamente, el desmantelamiento de su modo de vida. Berbeo no habría podido dirigir a las tropas hacia Bogotá si su capa de comerciantes rurales y pequeños propietarios no hubiera acumulado, en las décadas anteriores, la experiencia práctica de gestionar redes comerciales que llegaban de Antioquia a Mérida.

La lección más amplia es que las diferencias regionales en la Colombia del siglo XVIII no fueron accidentes pintorescos sino estructuras profundas, y que esas estructuras condicionaron —sin determinarlo mecánicamente— el curso posterior de la historia política del país. La Nueva Granada nunca fue un espacio homogéneo; fue un archipiélago de economías regionales, cada una con su propia lógica interna, sus propios circuitos comerciales, su propia composición demográfica y étnica, y su propia capacidad de respuesta ante los estímulos externos. La diferencia entre el Oriente parcelario-mercantil y el altiplano hacendatario-resguardero fue una de las más significativas de ese archipiélago, y explica por qué el primer gran levantamiento popular contra la administración imperial en el virreinato brotó donde brotó y no en otro lugar.

Cuando la Colombia republicana del siglo XIX buscó, a través de escritores como Ancízar, Samper y Vergara y Vergara, un mito de origen para sus virtudes cívicas, encontró en Santander y en Vélez el escenario ideal: pequeños propietarios blancos y mestizos, virtud republicana, patriotismo comunero. Ese mito idealizaba y proyectaba sobre el pasado categorías del presente. Pero se apoyaba en algo real: una sociedad que había aprendido, entre telar y camino de herradura, a producir su propio ingreso, a discutir en cabildo lo que le convenía y a reconocerse como cuerpo con intereses propios mucho antes de que ninguna república se lo propusiera.