Encomienda

La encomienda

En el Nuevo Reino de Granada, la encomienda no fue un simple premio de conquista ni un mero derecho de cobro: fue el andamio sobre el que se levantó el primer siglo colonial. Mediante ella, la Corona cedía a un conquistador, hidalgo o servidor meritorio el usufructo del tributo y el trabajo de un clan o una tribu indígena, a cambio —al menos en la letra— de garantizarles doctrina cristiana y protección. En la práctica, dotó al encomendero de un poder coactivo casi sin límites, articuló tributo y trabajo en una sola pinza y fusionó desde el origen la élite económica con la política local, pues los mismos hombres que recibían indios eran los que ocupaban los cabildos. Cuando la institución se extinguió formalmente entre 1718 y 1720, ya había mutado en otra cosa: sus energías se habían redistribuido entre la hacienda, el resguardo, el concierto y la mita, y su ADN quedó inscrito en la estructura agraria que Colombia arrastraría, con reformulaciones, hasta bien entrado el siglo XX.

Qué era, en rigor, una encomienda

La encomienda consistía, jurídicamente, en la cesión de los tributos de un grupo indígena a un beneficiario español. No era una donación de tierras —distinción crucial para entender por qué la hacienda y la encomienda son cosas distintas, aunque emparentadas—, sino la asignación del derecho a percibir lo que un clan o tribu producía como excedente, bajo el compromiso formal de catequizarlo.

Su unidad básica no fue el indio individual sino la colectividad. Lo que se encomendaba era un cacicazgo entero, y el cacique era el intermediario obligado: recibía la tasación y respondía por el pago del grupo. Solo con el tiempo, a medida que las comunidades se erosionaban, la tasación fue derivando hacia una base per cápita. Esa estructura, calcada sobre las jerarquías precolombinas, es la clave técnica de todo el sistema: la encomienda funcionaba porque encima de ella se apoyaba una organización indígena previa que los españoles no destruyeron, sino que capturaron.

El tributo podía pagarse en trabajo, en oro, en especie o en mercancías elaboradas. Pero no se agotaba en la pensión al encomendero: sobre el indígena pesaban además el quinto para el Rey, el estipendio para el cura doctrinero y el sueldo para el corregidor. Cuatro exacciones simultáneas sobre el mismo cuerpo. El repartimiento —el acto administrativo por el cual la Corona asignaba grupos de indígenas al conquistador— era la base operativa: el encomendero recibía una fuerza laboral preexistente y, en la práctica cotidiana, la usaba en la explotación económica que escogiera, aunque en la letra existieran disposiciones protectoras que rara vez se cumplían.

Estanislao Zuleta la definió con sequedad: la piedra de toque del neofeudalismo americano. Un régimen en el que el encomendero prácticamente no tenía deberes y sí todos los derechos, mientras el indio carecía de derechos y estaba abrumado con todos los deberes, sin mutua prestación de servicios. Servidumbre y, en muchos casos, esclavitud disfrazada bajo la fórmula del vasallaje indirecto.

La condición previa: sociedades que producían excedentes

La encomienda no se podía plantar en cualquier parte. Necesitaba un tipo específico de sociedad indígena: sedentaria, con excedentes agrícolas estables, con jerarquías políticas reconocidas, con caciques a los que se pudiera convertir en cobradores. Donde eso existía, la institución prosperó; donde no, fracasó rotundamente.

En el territorio del Nuevo Reino de Granada, ese sustrato lo aportaron sobre todo los muiscas, y en menor medida los guanes y chitareros de las tierras altas de la cordillera Oriental, sometidos hacia 1560. También los grupos sedentarios de las jurisdicciones de Santa Fe, Tunja, Vélez, Pamplona, Cartago, Pasto y Popayán. Los conquistadores mismos leían el paisaje humano en clave utilitaria: donde encontraban mucha gente, suponían que debían existir poderosos caciques y organización jerarquizada, y por lo tanto una masa aprovechable. Ese fue el cálculo con los muiscas, y el cálculo funcionó.

Lo decisivo es que esas sociedades más evolucionadas ya contaban con mecanismos internos de extracción de excedentes: los españoles no los inventaron, los redireccionaron. Las autoridades locales fueron incorporadas como intermediarias entre el gobierno colonial y las comunidades; algunos caciques recibieron privilegios, tierras y títulos de la Corona. La república de los indios, en la fórmula de la época, tenía el papel de sustentar la república de los españoles, y para hacerlo debía dejarse funcionalmente intacta en sus estructuras productivas. Destruir por completo la organización indígena habría significado destruir el tributo mismo.

En contraste, las sociedades con rasgos de bandas —pequeñas, móviles, sin jefaturas permanentes, sin capacidad de generar excedentes acumulables— resultaron esencialmente inaprovechables. Ofrecieron resistencia efectiva y los españoles, en general, fueron incapaces de someter su mano de obra a la encomienda o a ninguna otra forma de organización del trabajo. A comienzos del siglo XVII, algunos de esos grupos indómitos seguían activos en la cordillera entre Santa Fe y Popayán, marcando los bordes del orden colonial.

Esa distinción trazó el mapa. Comparado con México, Perú o Bolivia, el Nuevo Reino tuvo una encomienda de menor escala, porque el sustrato demográfico y organizativo era menor. Pero en el altiplano cundiboyacense la institución encontró su tierra prometida: alta densidad muisca, clima afable para los europeos, jerarquía tributaria heredable. De allí que ese eje se convirtiera desde el siglo XVI en el principal territorio de encomiendas, y con el tiempo de latifundios y haciendas.

El reparto: primeros encomenderos y el poder político local

La primera generación de encomenderos del Nuevo Reino se integró con hombres de las expediciones de Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar y Jerónimo Lebrón, además de los séquitos de Alonso Luis de Lugo y del licenciado Miguel Díaz de Armendáriz. Pedro Fernández de Lugo, ya desde Santa Marta, había pedido a la Corona autorización para emitir repartimientos con la misma validez legal que si los otorgara el propio rey.

El reparto fue desigual desde el inicio, y esa desigualdad tuvo dos raíces: la densidad demográfica de los pueblos indígenas —que variaba brutalmente entre el altiplano y la costa— y la dinámica política del propio reparto, que respondía menos a mérito abstracto que a lealtad al gobernador de turno. Muchos conquistadores se quejaron temprano de las injusticias del reparto. Los intereses asociados a las encomiendas vincularon facciones a los sucesivos gobernadores, y los cambios en el poder tomaron con frecuencia la forma de imposiciones violentas: Alonso Luis de Lugo redistribuyó repartimientos alterando sustancialmente las bases del poder de sus predecesores.

La fusión entre encomenderos y funcionarios locales fue inmediata y estructural. El gobernador o su teniente hacía la primera elección del cabildo siguiendo los mismos criterios por los que se determinaban los encomenderos, y cada año los nuevos elegidos se escogían habitualmente dentro del mismo círculo. El cabildo colonial temprano fue, así, la asamblea de los encomenderos principales, sus parientes y sus aliados. Esa identidad entre poder económico y poder político municipal, sellada en la fundación misma de las ciudades, es una de las herencias más persistentes de la institución: sobreviviría a la extinción formal de la encomienda y llegaría transformada hasta la república.

Los casos regionales muestran la variedad del proceso. En la Sabana de Bogotá, las encomiendas se organizaron sobre las capitanías indígenas preexistentes: clanes enteros, con su cacique como pagador. En la Costa, las autoridades concedieron 39 encomiendas en la isla de Mompox y sus alrededores, y en la región de Loba —excepcionalmente poblada— se decidió repartir dos encomiendas en lugar de una, quedando como primeros encomenderos Hernando de Medina y Antón Pérez, vecinos de Mompox. Aquellos repartimientos costeños se hicieron cuando aún no había llegado a Cartagena el oidor Villabona, que después intentaría reglamentarlos: por lo pronto, regían solo las disposiciones generales de la Corona, aplicadas a voluntad de los conquistadores y los primeros cabildos.

Los conquistadores traían consigo una cultura caballeresca peninsular del siglo XV —honra, honor, hidalguía— que trasladaron a América como parte de su acervo, y con la que se autoproclamaron élite. La encomienda no fue solo su medio económico: fue el instrumento que dio forma social a esa pretensión.

Tributo, trabajo y las formas concretas de la extracción

Lo que un encomendero recibía dependía de qué producía la comunidad sometida, qué necesitaba el mercado local y qué le convenía al encomendero mismo. Esas tres variables coexistían, y sus proporciones cambiaban según la región y la coyuntura.

En zonas mineras, el tributo tendió a canalizarse en oro. En zonas agrícolas, en especie: y allí el tributo funcionó como un mecanismo brutal de transformación productiva. Para satisfacer el consumo español, se obligó a los indios a cultivar trigo y cebada en lugar del maíz tradicional. El excedente agrícola indígena fue, así, redirigido hacia las mesas de las ciudades encomenderas. Y también fue redirigida la producción textil: las mantas de algodón entregadas como tributo se vendían en subasta pública o servían para pagar servicios de los propios indios, cerrando un circuito en el que el trabajo indígena volvía sobre sí mismo como mercancía.

Una tasación documentada para la encomienda de Veloza, en la región de Bogotá, muestra la textura fina del sistema: el tributo incluía textiles de algodón y aves de corral, se pagaba en dos tercios anuales —San Juan y Navidad— y admitía sustitución por monedas de plata para los indios ocupados en labores rurales. Las fechas del calendario cristiano organizando la producción indígena; la moneda entrando como equivalente universal en un sistema que había empezado en pura especie.

El servicio personal —los indios de aposento destinados a la casa del encomendero— fue el componente más íntimo del tributo. Representaba, formalmente, apenas el 3 o 4% de los varones adultos, pero era el punto de contacto más denso entre las dos sociedades. Aunque la ley buscaba reducir al mínimo los contactos entre españoles e indígenas y limitar las obligaciones hacia el encomendero, en la práctica la presencia del encomendero era muy notoria en las comunidades y las relaciones de dominación cotidiana excedían con creces lo legalmente establecido.

La mita —el turno obligatorio de trabajo en minas u obras— fue quizás el componente más devastador. Quienes la cumplían frecuentemente no regresaban a sus comunidades, o volvían enfermos. Y su efecto, más allá de la crueldad inmediata, fue estructural: al reducir el número de miembros del grupo, el tributo colectivo, que seguía constante, se volvía impagable con los recursos internos de la comunidad, y el indígena era empujado a buscar salario fuera del resguardo para cubrir sus obligaciones. La mita minera generó, en esa mecánica, la desintegración progresiva de las comunidades indígenas y sembró lo que se ha llamado el germen del proletariado moderno urbano y rural de América.

En el valle de Sibundoy, el oidor Valverde ordenó que los indios pagaran su tributo a la Corona en trabajo en lugar de metálico: se organizaron cuadrillas de doscientos indios que rotaban cada cuatro meses entre el valle y las minas, con jornadas de once horas y una ración diaria de un cuartillo de maíz y media libra de carne. Esa aritmética —doscientos hombres, cuatro meses, once horas, media libra— es el rostro concreto de un régimen que en los tratados se describe como cesión de tributos.

Corona y encomenderos: la tensión estructural

Desde muy pronto, la Corona y sus concesionarios estuvieron enfrentados por un problema de horizonte temporal. La Corona quería preservar la raza indígena para asegurar tributación y trabajo a largo plazo. Los encomenderos querían enriquecerse en una vida, y para eso esquilmaban al máximo a los sometidos. Esa contradicción estructural atraviesa toda la historia legal de la institución.

Las Leyes Nuevas de 1542 fueron el primer intento serio de contener el impulso encomendero: limitaban el goce de las encomiendas a solo dos generaciones sucesivas y buscaban un tratamiento más benigno para los indios. Provocaron una guerra civil en el Perú, y ante ese antecedente la Corona suspendió su aplicación en la Nueva Granada. La lección fue temprana: legislar contra los encomenderos podía costar el reino.

Hacia 1550, con el establecimiento de la Real Audiencia, la adopción progresiva de legislación protectora del indio y la conformación de un aparato eclesiástico organizado, se marcó el paso de la época de conquista a la propiamente colonial. Los sistemas burocráticos comenzaron a superponerse al poder inmediato del conquistador. En ese contexto se llevó también el juicio de residencia de Belalcázar, que Miguel Díaz de Armendáriz había debido conducir pero que se suspendió ante los sucesos de las Leyes Nuevas; ya con la Audiencia instalada, Francisco Briceño actuó como juez de residencia.

En la segunda mitad del siglo XVI, tanto el monarca como el Consejo de Indias tomaron conciencia de lo que se llamó la feudalización de América: la deriva de los encomenderos hacia un poder señorial que coartaba la autoridad de la Corona. Coincidió con la abdicación de Carlos V en 1556 y con el reinado de Felipe II. A partir de 1570 comenzaron a multiplicarse las mercedes de tierras tanto a encomenderos como a no encomenderos, y ese acto administrativo aparentemente técnico introdujo un actor nuevo en el tablero: el propietario territorial sin indios asignados, que necesitaba mano de obra y que entraría en conflicto directo con los encomenderos por su monopolio.

En el último tercio del siglo XVI y comienzos del XVII, esa presión desembocó en una reforma decisiva: la Audiencia asumió el control directo de la distribución periódica de trabajadores indígenas entre propietarios. Los encomenderos perdieron el privilegio de disponer de trabajadores permanentes como prestación del tributo; en su lugar, los corregidores asignaban un porcentaje de indígenas a cada propietario para sus labores. La lógica cambió: de un vínculo señorial permanente entre encomendero y encomendados se pasó a una distribución rotativa y administrada.

La supresión formal del servicio personal, entre 1600 y 1620, se inscribió en esa dirección, pero no disminuyó las obligaciones de los indios. La Corona aumentó el tributo en mercancías o numerario para compensar a los encomenderos, y los servicios personales continuaron bajo nuevas modalidades de trabajo obligatorio pagado —alquiler general, mita minera y concierto agrícola—, que ahora se debían no solo a los encomenderos, sino a otros segmentos de la población española. La institución cambió de forma; la carga sobre el indígena no.

La catástrofe: cuando la base tributaria se hunde

Ninguna reforma explica por sí sola el debilitamiento de la encomienda como lo hizo el colapso demográfico. Las cifras son de una escala que obliga a detenerse.

La población indígena de la provincia de Tunja, según cálculos de Juan Friede, cayó de cerca de 215.000 en 1537 a apenas 25.000 en 1757: una reducción del 90% en dos siglos. En Popayán, un descenso también del 90% en 68 años. En Cartago, del 97% en apenas 50 años. Los Quimbaya, un pueblo de alto desarrollo cultural y tecnológico, habrían pasado de unos 100.000 individuos a apenas 40 en el lapso de 40 años. En la Costa, las 41 encomiendas iniciales habían bajado a 35, todas con tributos y tributarios menguados; en algunos casos, como en Loba y la depresión momposina, quedaban solo unos 10 indios capaces de pagar tributo, equivalentes a aproximadamente 60 personas contando chicos y grandes.

La encomienda estaba destruyendo la base sobre la que se sostenía. Y cuando la base cedió, todo el edificio tuvo que reconfigurarse.

Las visitas de oidores documentaron el desastre y forzaron ajustes. En la jurisdicción de Popayán, la disminución de la población indígena tributaria a menos de la mitad en treinta años, entre alrededor de 1607 y 1637, no bastó de inmediato para modificar las ordenanzas de trabajo minero. Pero en 1668, las ordenanzas del oidor Inclán Valdez redujeron el reparto de indios para las minas del 20% al 10% de los tributarios: ya no había con qué llenar los turnos, y los mineros preferían francamente el trabajo de los esclavos africanos. Una caída del 50% en el número de tributarios justificó también la serie de modificaciones del oidor Valverde, entre ellas la conversión del tributo real de metálico a trabajo, ya vista en Sibundoy.

El resultado más profundo fue que los encomenderos dejaron de gozar del privilegio de contar con trabajadores permanentes. La distribución pasó a manos de la Audiencia, y los propietarios sin encomienda entraron a competir en igualdad de condiciones administrativas por una mano de obra cada vez más escasa. La encomienda, como monopolio laboral, había terminado en la práctica mucho antes de terminar en el derecho.

De la encomienda a la hacienda, el resguardo y el concierto

El siglo XVII fue el escenario de una mutación. La encomienda dejó de ser la institución central y sus funciones se redistribuyeron entre tres formas distintas, cada una con lógica propia, cuya combinación es la que configura realmente el orden agrario colonial tardío.

La hacienda surgió como propiedad territorial con base jurídica independiente: no derivaba de la encomienda, sino de las mercedes reales de tierras y de las composiciones. La legislación de composiciones de 1591 fue decisiva: permitió a encomenderos y colonos influyentes legalizar ocupaciones de hecho sobre tierras indígenas mediante pago a la administración real. Muchos encomenderos, viendo cómo el tributo se les evaporaba con la demografía, se convirtieron en terratenientes. Pero la hacienda no era una encomienda transformada: era una figura jurídica distinta que, al combinarse con el flujo redistribuido de mano de obra, ocupó el espacio central que la encomienda dejaba libre. Producía excedentes para los limitados mercados regionales, con base en la ganadería y en la producción agrícola.

El resguardo respondía a una lógica fiscal de la Corona, no señorial del encomendero. Instituido como propiedad colectiva de las comunidades indígenas, tenía función proteccionista y tributaria: concentraba a los indígenas para facilitar el cobro del tributo a la Corona y conservar la mano de obra. Con la creación de los resguardos, el encomendero del siglo XVI fue sustituido por el corregidor de indios, quien recaudaba el tributo con destino al tesoro real en lugar del beneficio particular. Pero el resguardo tuvo, desde el inicio, una segunda cara: al concentrar a grupos dispersos, liberaba tierras que podían declararse vacías y otorgarse en merced a españoles. Y los indígenas, reacios a la pérdida de sus tierras originarias, tendían a abandonarlo. Con el tiempo, muchos resguardos fueron disueltos, fusionados o trasladados a tierras más distantes y menos fértiles. La concentración en resguardos peores fue, en la práctica, el mecanismo inicial del despojo.

El concierto fue el tercer vértice: un sistema de trabajo forzado por el cual funcionarios de la Corona asignaban trabajadores de las comunidades indígenas a propietarios vecinos que habían recibido mercedes de tierras. Junto con la encomienda, había sido desde temprano uno de los sistemas originales de explotación indígena, y en el nuevo régimen se convirtió en un canal fundamental de mano de obra para la hacienda.

La mita, mientras tanto, seguía haciendo su trabajo de disolución. Al obligar a muchos indígenas a permanecer como asalariados en minas o ciudades al término de su turno, o a emplearse por jornal para cubrir tributos, generó el germen del proletariado colonial rural y urbano. En las haciendas se hizo frecuente la figura del agregado: indios huidos de sus comunidades para escapar del tributo y la mita, o personas que vivían en las tierras sin pagar arrendamiento a cambio de ayudar en las labores.

De esa combinación —hacienda con base territorial, resguardo con base fiscal, concierto y mita como distribución de mano de obra, agregados como masa desposeída— y no de la encomienda sola, salió la estructura agraria colonial madura. La descomposición de los resguardos y la concentración en tierras marginales formaron una masa de campesinos incorporados como peones, aparceros y arrendatarios a las haciendas. La ecuación colonial —tierra concentrada arriba, trabajo desposeído abajo— quedaba armada.

La abolición formal y sus ecos

La supresión de la encomienda no fue un acto único, sino una decantación administrativa. Las disposiciones reales de 1701 y 1720 determinaron que las encomiendas debían revertir a la Corona a la muerte de su titular, suprimiendo su carácter hereditario. En la cronología del Nuevo Reino, 1719 quedó registrado como el año de la supresión, y coincidió con el nombramiento de Jorge de Villalonga como primer virrey de la Nueva Granada: la reorganización administrativa que traería el virreinato borbónico enterraba, casi en el mismo gesto, la institución fundacional del siglo XVI.

Los casos concretos ilustran esa mecánica lenta. En el territorio guambiano, la encomienda en poder de Manuel de Belalcázar habría regresado a la Corona tras su muerte en 1720, según la nueva regla; la última encomienda de la zona fue devuelta en 1729 por Agustín Fernández de Belalcázar. En el pueblo de San Andrés, las encomiendas sucesivas se extendieron desde el siglo XVI —cuando Rodrigo Méndez de Montalvo la recibió en 1580— hasta el siglo XVIII, cuando, bajo la última encomienda del marqués de Villa Alta, el pueblo se declaró de la Real Corona. La institución agonizó de titular en titular.

El traspaso a los corregidores o alcaldes mayores, que asumieron la administración de los pueblos indígenas y la recaudación del tributo para el tesoro real, no mejoró la vida del indígena. Los nuevos funcionarios, mal pagados, incrementaron la explotación. La abolición de la encomienda no fue la abolición de la exacción; fue apenas la sustitución del beneficiario particular por el burócrata estatal.

La huella larga

La encomienda dotó al conquistador de un poder coactivo para percibir tributos y le entregó los medios para delinear una nueva organización social de amos y siervos. Sobre esa base se levantó lo que se ha llamado la ciudad encomendero, la forma urbana dominante del primer siglo colonial: un núcleo de vecinos españoles cuyo mercado era abastecido por los indios de las encomiendas y cuyas obras públicas y privadas se construían con el alquiler de indios de la mita urbana. El dominio económico así generado fue el capital semilla de casi todas las empresas locales del siglo XVI, y las acumulaciones de riqueza derivadas de la explotación indígena se invirtieron después en minas y en comercio.

El altiplano cundiboyacense, entre Bogotá y Tunja, se convirtió desde la Colonia en el principal territorio de encomiendas, latifundios y haciendas, y ese eje mantuvo relevancia económica en los siglos siguientes; en el siglo XX se consolidó como zona de complejos agroindustriales, industriales y mineros. La línea entre el poder colonial de los encomenderos y el poder económico del siglo XX es sugestiva, aunque no lineal: entre uno y otro median transformaciones que la propia encomienda no sobrevivió.

La huella institucional más profunda es probablemente la que se instaló en el poder político local. Al fusionar desde el origen el círculo de encomenderos con el de los cabildantes, la institución creó una élite criolla cuya hegemonía sobre el territorio no dependía únicamente del tributo indígena sino del control directo de los órganos de gobierno municipal. Ese patrón —familias notables que combinan propiedad, cargo público y linaje— sobrevivió a la extinción de la encomienda, se reconfiguró en la república y persistió como uno de los rasgos estructurales de la política regional colombiana.

En cuanto a los indígenas, la evolución fue desigual. Solo en la región suroccidental los resguardos mantuvieron su vigencia con cierta continuidad, resistiendo tanto los embates de la política colonial como los de la republicana; aunque paradójicamente, la evolución fue probablemente más desfavorable para el indígena en esa zona que en la región chibcha, donde el aprovechamiento indirecto a través de caciques había permitido, en las primeras generaciones, mayores posibilidades de supervivencia biológica y cultural. En otras zonas, la descomposición de los resguardos, la fusión en tierras menos fértiles y la formación de una masa de trabajadores desposeídos se hicieron irreversibles.

La encomienda fue un dispositivo que operó parasitando estructuras indígenas preexistentes y que se agotó al agotarlas. Su desaparición formal en 1719 no cerró un ciclo, sino que sancionó una mutación: sus funciones —extracción de tributo, control de mano de obra, articulación entre poder económico y político local— habían sido ya redistribuidas entre otras instituciones más flexibles y menos comprometedoras para la Corona. La república recibiría en herencia esa arquitectura, no la encomienda misma. Pero recibiría también, indeleble, la ecuación fundacional que la encomienda había establecido en el paisaje humano del Nuevo Reino: tierra arriba, trabajo abajo, y un cabildo en el medio que tomaba nota.