Colonia (1600–1780)

Colonia (1600–1780)

Entre 1600 y 1780, el Nuevo Reino de Granada dejó de ser un territorio de conquista para convertirse en una sociedad colonial madura, con instituciones asentadas, una economía articulada por el oro y el tabaco, y una población mestiza que ya poco se parecía a la que habían encontrado los primeros españoles. Ciento ochenta años suelen leerse como una meseta —el largo intermedio entre la espada de Jiménez de Quesada y el grito de los Comuneros—, pero fueron en realidad el escenario de una reconfiguración lenta y decisiva: el desplome de la población indígena vació el andamiaje de la encomienda, la Corona ensayó formas nuevas de gobernar un territorio inmenso, y una élite criolla se instaló en las ciudades con recursos, redes y —hacia el final del período— una conciencia propia que Madrid tardaría demasiado en advertir. Cuando en marzo de 1781 Manuela Beltrán arrancó el bando de los nuevos impuestos en la oficina de rentas de Socorro, no se abría una historia nueva: se cerraba, con violencia, la que aquí se cuenta.

Un territorio sin retorno: el panorama del período

El siglo XVII neogranadino comenzó bajo el signo de una catástrofe consumada. La población indígena, que en vísperas de la Conquista había superado los tres millones, se había derrumbado por la violencia, la explotación y las epidemias hasta niveles que el primer censo confiable —el ordenado por el arzobispo-virrey Antonio Caballero y Góngora hacia 1778-1780— registraría en apenas poco más de 150.000 tributarios. Diez años después de iniciada la Conquista ya se calculaba una población de unos 750.000 indígenas, 10.000 mestizos y blancos y 15.000 negros; para 1600 el desplome estaba lejos de haberse detenido. Ese vaciamiento demográfico condiciona lo demás: sin él no se entienden ni la hacienda del XVII, ni la importación masiva de esclavos africanos, ni la mestización acelerada de la sociedad, ni la crisis fiscal borbónica del XVIII.

La sociedad que nació sobre esa demografía diezmada fue, desde muy temprano, mestiza. Para 1778 casi la mitad de los habitantes del Nuevo Reino aparecían clasificados como mestizos de toda clase (46%), frente a un 26% de blancos, un 20% de indios y un 8% de esclavos; y buena parte de quienes figuraban como indígenas, blancos o esclavos eran, culturalmente, ya mestizos. La negación del mestizaje se había vuelto usual entre las élites justamente porque el mestizaje estaba en todas partes. En el oriente del reino, casi todos los llamados indios de resguardo hablaban castellano y vivían al modo campesino; en el Caribe rural, dos tercios de la población eran libres de todos los colores. La categoría legal se separaba de la vida diaria: en los mercados, en los caminos, en las capillas rurales, la sociedad ya se había mezclado por debajo de las etiquetas.

Sobre esa base social se desplegó el ritmo del período. Entre 1600 y aproximadamente 1690 predominan la estabilización institucional, el ajuste demográfico y la agregación de pueblos indígenas. Desde 1690 se inicia la recuperación demográfica —impulsada por mestizos, negros y mulatos— y una lenta reanimación económica. A partir de 1717, la creación del Virreinato del Nuevo Reino de Granada anuncia la voluntad borbónica de reordenar el gobierno; y de 1750 en adelante, las reformas de Carlos III y sus visitadores tensionarán fiscalmente el territorio hasta el estallido comunero de 1781. Es la curva completa: una sociedad que se reconstruye por su propia demografía y una monarquía que, tarde, intenta ordenarla por decreto.

Oro, tabaco, poder: los pilares del reino

La economía neogranadina descansó, en primer lugar, sobre el oro. La minería tuvo un techo temprano de producción entre 1590 y 1600, sostenido por el desplazamiento sucesivo de cuadrillas de esclavos africanos hacia yacimientos nuevos: primero Zaragoza, Cáceres y Remedios en Antioquia; más tarde el Chocó y Barbacoas. Hacia 1700 la producción casi había desaparecido, y el país entró en una fase de escasez extrema de mano de obra y abundancia de tierras que preparó el terreno de la hacienda. La actividad se reanimó luego con base en el mismo trabajo esclavo, y en 1777 la Corona redujo el impuesto minero desde el quinto real hasta apenas un 3% del valor de la producción, con el objetivo declarado de estimularla.

El otro pilar económico fue el circuito comercial dual. Una economía costera, centrada en Cartagena de Indias, se orientaba a los mercados externos: allí atracaba la Flota de los Galeones —cuya mayor estabilidad se dio entre 1550 y 1650, coincidiendo con el auge de la plata peruana y el oro neogranadino— y se recibía el tráfico esclavista. Una economía interior, articulada en torno a Santafé de Bogotá, el Socorro y Popayán, funcionaba sobre redes de circulación de alimentos, textiles y ganado. El río Magdalena unía ambos mundos, y ciudades como Honda y Mompox vivieron de esa condición de bisagra. El intercambio interno de productos agrícolas fue, en la práctica, más decisivo para la economía neogranadina que el comercio transatlántico.

A ese circuito se sumó, siempre, el contrabando. Posiblemente entre un tercio y la mitad del oro producido escapaba al registro fiscal. En La Guajira, Riohacha y Santa Marta, donde los navíos españoles casi nunca atracaban, el comercio ilegal era la norma; en la provincia de Cartagena era todavía más voluminoso. Las exportaciones oficiales de oro apenas rebasaban el tercio de millón de pesos, y sólo sumando el contrabando —muy por encima de esa cifra— se llega a los cerca de 6,2 millones de pesos que salían realmente del reino. Así se entiende la transferencia neta de excedentes hacia España, y así se entiende también que las costas caribeñas prosperasen al margen del monopolio sevillano, con embarcaciones holandesas, inglesas y francesas fondeando en caletas discretas mientras Cartagena guardaba las apariencias del monopolio.

El poder político descansaba sobre una arquitectura escalonada. La Real Audiencia de Santafé, heredera del siglo XVI, seguía siendo el eje judicial y administrativo. Los cabildos —de Cartagena, Santafé, Tunja, Popayán, Mompox— gobernaban en lo local y eran, con frecuencia, el bastión de las familias criollas. La Corona controlaba mediante dos instrumentos: la residencia al final de cada gobierno y la visita, que como segundo mecanismo de información podía ser general —sin períodos fijos, para obtener informes amplios sobre administración, hacienda y situación indígena— o especial. Sobre todo ese aparato pesaba un principio muy conocido: «se obedece pero no se cumple», expresión de un realismo político que reconocía la imposibilidad de aplicar desde Madrid una legislación uniforme a territorios tan heterogéneos.

La sociedad estaba jerarquizada por categorías legales —españoles y blancos, aborígenes, mestizos, negros libres, mulatos, zambos, esclavos— que no siempre coincidían con la posición social real. Los indígenas debían vivir en pueblos regulados por normas detalladas; los esclavos eran propiedad; los libres de color ocupaban un lugar ambiguo, tolerado pero vigilado. El racismo colonial se construyó gradualmente como justificación a posteriori de la subordinación: se atribuyeron a los grupos dominados rasgos negativos fijos —indios engañosos y perezosos, negros y mestizos igualmente estigmatizados— y se presentó la inferioridad como natural para explicar lo que era consecuencia de la Conquista. Sobre este edificio operaba, además, la mancha de la tierra: el estigma de la ascendencia indígena o africana, que los criollos ricos intentaban borrar mediante alianzas matrimoniales con peninsulares limpios de tales sospechas.

El territorio, finalmente, era el gran problema no resuelto. Cordilleras cortadas por valles profundos, una costa Caribe articulada por sí sola, unos Llanos y un Chocó que las órdenes religiosas apenas evangelizaban desde misiones aisladas, y una red urbana desigual componían un espacio que ningún gobierno alcanzaba a integrar de veras. La distancia entre Cartagena y Santafé no se medía en leguas sino en semanas de mula por el Magdalena; la distancia entre Popayán y los Llanos era, sencillamente, otro país. Los correos oficiales tardaban meses, y una orden real llegaba a las provincias con noticias ya viejas de la Corte. Gobernar era, ante todo, esperar.

La cronología vivida: instituciones, oro y crisis fiscal

El siglo XVII fue, en lo fundacional, un siglo de consolidación. Las grandes ciudades administrativas —Santafé de Bogotá, Tunja, Popayán, Cartagena— habían quedado establecidas ya en la década de 1530; una segunda ola fundacional, extendida entre 1560 y el final del siglo XVI, había cubierto las zonas mineras con lugares como Almaguer, Caloto, Remedios, Cáceres y Zaragoza. El XVII apenas añadió centros urbanos: el desplome demográfico indígena había desacelerado la constitución de nuevos asentamientos. Predominó, en cambio, la agregación de pueblos —la reunión forzada de comunidades indígenas cada vez más pequeñas para asegurar la disponibilidad de mano de obra— y la estabilización de la red heredada. Santafé se consolidó por encima de Tunja como nodo administrativo central del reino, por su condición de cruce de caminos y su localización estratégica detrás de la barrera montañosa oriental; de allí dependían Mompox, Pamplona, Popayán y Santa Fe de Antioquia.

Tunja ilustra bien la deriva del siglo. Tercera ciudad castellana fundada en el país de los chibchas, había vivido como centro aristocrático colonial sostenido por la encomienda indígena y los conventos; ciento cincuenta años después de fundada no contaba más de 500 vecinos españoles. Su decadencia, ya visible en el XVII, se acentuaría después: cuando desaparecieran la aristocracia encomendera, los conventos y los monopolios coloniales, la ciudad quedaría sin pilares. Sus casas nobles de piedra, con escudos labrados en los dinteles, sobrevivirían como testigo mudo de un poder que se había ido a otra parte.

En 1717 se abrió una nueva fase con la creación del Virreinato del Nuevo Reino de Granada, primera manifestación borbónica para fortalecer la administración colonial en América. Las motivaciones eran ante todo militares: la guerra en curso y el temor a un conflicto con Inglaterra hacían insostenible depender del virreinato del Perú para defender el Caribe. A eso se sumaba la necesidad de restaurar el orden en una administración afectada por conflictos serios en la Audiencia y el ámbito eclesiástico. En 1719 se nombró primer virrey a Jorge de Villalonga. La experiencia duró poco: en 1724 el virreinato fue suprimido y Antonio Manso Maldonado quedó como presidente de Nueva Granada. Durante el breve lapso hubo un debate revelador sobre la sede: el Cabildo de Cartagena propuso que la capital fuera la ciudad amurallada, argumentando necesidades geopolíticas caribeñas y sosteniendo que el eje del virreinato debía integrar las provincias del Caribe. Prevaleció Santafé, pero el debate anticipaba la tensión entre costa e interior que atravesaría todo el siglo.

El virreinato fue restablecido de manera definitiva en 1739. Bajo Sebastián de Eslava —quien defendió Cartagena del asedio inglés de Edward Vernon en 1741, episodio decisivo para la supervivencia del dominio español en el Caribe sur— y sus sucesores, la nueva institución fue tomando forma. Con Pedro Messía de la Cerda, virrey entre 1761 y 1772, se ordenaron las cuentas y se aceleró la política fiscal borbónica; en su gobierno llegó a la Nueva Granada, en 1760-1761, José Celestino Mutis como médico personal, hecho aparentemente menor cuya proyección científica y cultural sería enorme.

Las reformas borbónicas —tercera etapa de la administración colonial española, cuyo momento culminante fue la obra de Carlos III— transformaron la relación entre la Corona y sus súbditos americanos por vías que sus autores no calcularon. Los decretos de 1701 y 1720 determinaron que las encomiendas debían revertir a la Corona a la muerte de su titular, y la última fue devuelta en 1729; desde entonces, los corregidores y alcaldes mayores asumieron la administración de los pueblos indígenas y la recaudación del tributo real. El estanco del aguardiente de caña, creado por Real Cédula del 23 de septiembre de 1700, se administró primero por arrendamiento y luego por administración directa; entre 1760 y la década de 1790 fue, junto con el tabaco, la principal fuente de recursos fiscales. El virrey Messía de la Cerda lo calificó en 1772 como la más útil y pingüe de las rentas.

La expulsión de la Compañía de Jesús en 1767 marcó un antes y un después. La Corona alegó que las doctrinas jurídicas jesuitas —vistas como peligrosas y subversoras en plena época absolutista— y la existencia de entidades como las reducciones, difíciles de vigilar, amenazaban la estabilidad del régimen. En el Nuevo Reino, la expulsión desmanteló una red educativa y económica considerable: haciendas ganaderas y agroindustriales cuyos valores individuales no excedían los 100.000 pesos —inferiores a las jesuitas del Perú y de México, pero de peso decisivo en la escala neogranadina—, colegios articulados entre sí y misiones en los Llanos y el Orinoco que quedaron descabezadas de la noche a la mañana. Francisco Antonio Moreno y Escandón, en los años posteriores, se convirtió en uno de los principales promotores de la reforma educativa, en un contexto de disputa por el control de la enseñanza superior en el que los dominicos eran actores relevantes.

El golpe final del período fue la visita de Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, llegado como regente visitador en 1778. Reorganizó el estanco del tabaco con ordenanzas minuciosas que concentraron el cultivo en cuatro zonas —Ambalema, Girón, Pore-Nunchía y Palmira—, montaron seis administraciones y factorías de distribución, impusieron normas técnicas estrictas y un sistema policial de control de la comercialización. Numerosos pueblos que antes sembraban libremente quedaron excluidos del negocio. Simultáneamente, Piñeres restableció el impuesto de la armada de Barlovento y extendió la alcabala a más productos. La política de reducir los precios pagados a los campesinos, elevar los precios de venta y reprimir las siembras ilegales contribuyó al desencadenamiento de la Revolución de los Comuneros en 1781. Antes de ese estallido, entre 1752 y 1779, se habían producido varios motines menores —en 1752, 1764, 1767 y una sublevación de mil indígenas en 1779— que anunciaban la temperatura del suelo social.

La carga tributaria pasó de representar un 2,9% del producto antes de las reformas a un 10,4% en el quinquenio de mayor presión fiscal hacia finales del siglo XVIII: una multiplicación por más de tres en poco más de una generación. Los ingresos de la Corona en la última década colonial alcanzarían un promedio anual de 2,4 millones de pesos, de los cuales cerca de un tercio provenía de los estancos de tabaco y aguardiente. La preocupación primordial de las autoridades borbónicas era clara: incrementar el recaudo para sostener el aparato administrativo virreinal, las misiones fronterizas y, sobre todo, los crecientes gastos militares.

Los actores: encomenderos, esclavos, mestizos, curas, criollos

La sociedad de este período tuvo protagonistas distintos según el lugar que ocuparan en la jerarquía. Los encomenderos, figuras dominantes del siglo XVI, iniciaron en el XVII su decadencia larga: la encomienda no era, en rigor, adjudicación de tierras, sino derecho a recibir tributo en trabajo, bienes o mercancías de un grupo indígena, con la obligación formal de asegurar su catequización. Ese sistema, ya erosionado por el desplome demográfico, fue extinguiéndose institucionalmente a lo largo del siglo y quedó formalmente cerrado en 1729. Pero los descendientes de los antiguos encomenderos no desaparecieron: se reciclaron en hacendados, en oficiales del cabildo, en clérigos, en comerciantes. Las familias criollas poderosas del Nuevo Reino combinaron la herencia de la Conquista con el entronque con funcionarios reales, creando redes amplias de consanguinidad que perdurarían en el siglo XIX. Los criollos se blanqueaban al unirse con españoles peninsulares limpios de mancha de la tierra; los españoles, a cambio, accedían a familias ricas y bien conectadas.

Los comerciantes españoles inmigrantes se integraron en las élites criollas por matrimonio. Sus hijas se casaban con otros peninsulares o con miembros del patriciado local; sus hijos eran educados para la iglesia o el derecho. En la formación de estos jóvenes criollos ilustrados —herederos del capital económico paterno pero excluidos del oficio comercial— fue germinando un tipo de resentimiento y ambición que hacia finales del período tendría consecuencias políticas.

El acceso a la élite dependía sobre todo del parentesco, no de la riqueza. La fortuna no fue el elemento decisivo de definición del grupo dominante, ni en el XVII ni en el XVIII: las redes familiares fueron la clave. Esas redes combinaban propiedades urbanas, agrarias, minas, obrajes, actividades comerciales y cargos administrativos en una arquitectura que hacía casi imposible el ingreso desde fuera. Por eso, el enriquecimiento por sí solo no bastaba para volverse gente decente; se requería la sanción del parentesco, y esa sanción se otorgaba en las visitas, en los bautizos y en las capillas patronales, no en las escribanías.

Debajo estaba el gran cuerpo social del reino. Los esclavos africanos entraron por Cartagena de Indias —también, en menor medida, por Santa Marta y Riohacha— para convertirse en el músculo económico de la minería. Sólo en el sexenio que va de 1618 a 1624 desembarcaron por Cartagena cerca de 29.574 esclavos; a lo largo de todo el período colonial, el total introducido en Nueva Granada, Panamá y la Audiencia de Quito pudo aproximarse a los 200.000, de los que menos de 120.000 quedaron en el territorio de la actual Colombia. En la Cartagena de la primera mitad del XVII, el padre Pedro Claver dedicó su vida a atender a los recién desembarcados, y su figura quedaría después como el rostro humano de una institución brutal. Algunos esclavos, sobre todo en las minas, lograban trabajar un día a la semana para sí mismos o para terceros, y acumulaban lo suficiente para comprar su carta de libertad: una vía gradual, minoritaria, pero real, hacia la manumisión.

Los indígenas fueron sometidos, además del tributo, a la mita: trabajo rotativo en minas, campos y otras actividades económicas cuyos efectos sobre la desintegración de las comunidades fueron devastadores. El salario recibido por los mitayos les permitía cubrir sus obligaciones tributarias, y a la vez suministraba mano de obra a las actividades mineras y agrarias. Pero al terminar los turnos, muchos no regresaban a sus pueblos: permanecían como asalariados en minas, campos o ciudades, formando lo que puede leerse como el germen de un proletariado rural y urbano latinoamericano.

Ya entrado el XVIII, los libres de color, mestizos y mulatos, ocuparon los intersticios del sistema. En el Caribe, dos tercios de la población fuera de las principales ciudades pertenecían a esta categoría. En zonas ilegales llamadas rochelas —asentamientos en bosques, cerros y ciénagas a lo largo de los ríos— vivían los arrochelados: descendientes de esclavos fugitivos e indígenas no conquistados, en chozas dispersas que aislaban las familias nucleares. Hasta la década de 1770 se calculaba en unos 60.000 los arrochelados del Caribe neogranadino: un mundo entero al margen del control colonial, con sus propios ritmos productivos, sus circuitos de intercambio y sus formas familiares. En Cartagena, en cambio, la Corona toleró el arrabal de Getsemaní, fuera de la muralla, donde descendientes libres de esclavos se dedicaban a oficios artesanales y domésticos, y organizaban milicias que servían a la Corona en tiempos de peligro.

La Iglesia fue otro actor central, y su curva atraviesa los dos siglos. Los primeros dominicos habían llegado al Nuevo Reino en 1528, presididos por fray Tomás de Ortiz con el título de protector de los indios. A lo largo del XVII, franciscanos y dominicos —junto con jesuitas, agustinos y otras órdenes— consolidaron un poder social, político y cultural considerable. Bajo el patronato regio, la Corona nombraba los cargos eclesiásticos, autorizaba las disposiciones papales, recibía diezmos y debía sostener el culto y el clero. En el XVIII, los Borbones profundizaron esta política en clave de regalismo: fortalecieron la autoridad real por encima del pontífice, prohibieron las visitas ad limina de los obispos americanos a Roma y limitaron la comunicación con la Santa Sede. Las órdenes religiosas fueron concebidas como entidades díscolas por su gran independencia bajo los Habsburgo y por depender de autoridades internacionales fuera de España. La expulsión jesuita de 1767 fue el punto culminante de esa desconfianza.

En las periferias, las misiones sostuvieron una presencia religiosa débil pero real. Los Llanos y el Chocó eran zonas a las que no iban ni muchos ni los mejores sujetos de las órdenes: los principales conventos se ubicaban en los centros urbanos de poder. Aun así, los jesuitas construyeron en el Casanare un sistema de haciendas ganaderas contiguas —Caribabare, Cravo, Tocaría— cuyas fronteras intencionalmente imprecisas les permitían controlar territorialmente vastas extensiones. El padre Joseph Gumilla (1686-1750) documentó ese mundo en El Orinoco ilustrado, obra que fijó por mucho tiempo la imagen erudita de la región.

Al final del período, ya en las décadas de 1770 y 1780, aparecen los actores del cambio inminente. Antonio Caballero y Góngora, arzobispo-virrey entre 1782 y 1789, concibió proyectos como la Expedición Botánica, dirigida por José Celestino Mutis, dentro de un plan de explotación racional de las riquezas del reino y de reforma cultural de la enseñanza. Francisco Antonio Moreno y Escandón, en los años posteriores a la expulsión jesuita, impulsó una reforma educativa que buscó desplazar la vieja cultura escolástica —religiosa, jurídica, filológica, ajena a la utilidad práctica— hacia las ciencias útiles. Y Manuela Beltrán, cuyo gesto de romper el bando de impuestos en Socorro el 16 de marzo de 1781 clausura simbólicamente este período, encarna la irrupción de los sectores populares en la política colonial.

Las transformaciones: de la encomienda a la hacienda mestiza

Lo que cambió entre 1600 y 1780 puede resumirse en tres transformaciones entrelazadas.

La primera es la sustitución de la encomienda por la hacienda como matriz de organización rural. La encomienda, institución del siglo XVI, dependía de una masa indígena tributaria que hacia 1600 ya no existía en las magnitudes necesarias. Los decretos de 1701 y 1720 formalizaron su reversión a la Corona, cerrada con la última encomienda en 1729. En paralelo, desde el XVII surgieron las haciendas: unidades agrarias asociadas al nuevo flujo de mano de obra —esclava en el occidente minero, mestiza y libre en el interior—, al debilitamiento de la encomienda y a la titulación efectiva de tierras. La hacienda colonial se caracterizó por un régimen de trabajo extensivo en cultivo y pastoreo, con trabajo intensivo sólo en las huertas de los arrendatarios; su cambio técnico fue lento y su producción se ajustó a mercados exiguos. En el valle del Patía, por ejemplo, la hacienda se formó en el siglo XVIII impulsada por la apertura minera en el Chocó, la reactivación de las minas de Caloto y Almaguer, y el reducido valor monetario de las tierras: las haciendas y los distritos mineros se integraron funcionalmente para reducir costos de aprovisionamiento de esclavos.

La segunda transformación es la mestización profunda de la sociedad. Comenzó en los primeros años de la Conquista, cuando los invasores españoles —pocos y sobre todo soldados— llegaron a un territorio ya despoblado por la violencia y las enfermedades; se aceleró en el XVII con el mestizaje biológico y cultural sistemático; y se consolidó en el XVIII. Para 1778 el mestizaje había desbordado las categorías del propio sistema colonial. La sociedad neogranadina se distinguió por eso de las sociedades más rígidamente estratificadas de Mesoamérica y los Andes centrales y del sur: no había en el Nuevo Reino una república de indios sólida frente a una república de españoles; había una realidad mestiza que las categorías no alcanzaban a nombrar. En la gobernación de Popayán, según el censo de 1778, sobre casi cien mil habitantes una cuarta parte era blanca, otra cuarta parte indígena, cerca de un tercio libres de color y algo menos de un quinto esclavizados: la composición varía por región, pero el patrón mestizo se afirma en todas partes.

La tercera transformación es la aparición de una conciencia criolla territorial. El crecimiento de la población criolla y mestiza en la segunda mitad del XVIII generó una participación más activa en los asuntos públicos y una crítica más aguda a la administración colonial. Las reformas borbónicas, al patrocinar las ciencias útiles y la Expedición Botánica —inaugurada oficialmente el 27 de abril de 1783 en la Mesa de Juan Díaz, y cerrada definitivamente en 1816—, contribuyeron por vía indirecta a que los criollos tomaran conciencia de la riqueza y singularidad del territorio que habitaban. Mutis, tras su llegada en 1760-1761, formó una generación de discípulos: la disputación pública convocada por los dominicos en 1774 para atacar el sistema copernicano como contrario a las Sagradas Escrituras —en respuesta a la enseñanza de Mutis— muestra que ese giro cultural fue vivido como una amenaza por los guardianes del viejo saber. Mutis fue denunciado ante la Inquisición; la ciencia se convirtió en asunto político. La recepción de la Ilustración en la Nueva Granada estuvo mediada por la España ilustrada —la influencia de Feijóo fue relevante en los comienzos del nuevo espíritu científico—, y su relación con el catolicismo fue compleja, nunca de ruptura abierta.

El legado: lo que quedó vibrando después de 1780

En los meses posteriores a marzo de 1781, la Revolución de los Comuneros movilizó a criollos, mestizos e indígenas de las provincias de Socorro, Pamplona, Vélez y Cúcuta, que marcharon hacia Santafé bajo líderes como Juan Francisco Berbeo y José Antonio Galán. La protesta no rechazó al rey: la consigna fue «Viva el rey y muera el mal gobierno». Se dirigía contra las medidas fiscales borbónicas —el estanco del tabaco reorganizado por Gutiérrez de Piñeres, el aumento de la alcabala, los gravámenes sobre la sal, los textiles y el algodón— y contra la arbitrariedad de los recaudadores. Los pactos negociados serían luego incumplidos por la Corona, y Galán terminaría ejecutado en 1782. El estallido comunero cierra nuestro período como su síntoma más elocuente: la reforma borbónica había pretendido racionalizar el imperio y había desatado, en cambio, la primera gran movilización social interregional del territorio.

Lo que quedó, más allá del episodio, fue una configuración duradera. Quedó una sociedad mestiza que, desde 1811, permitiría a seis de las nueve provincias-estados neogranadinas crear un cuerpo electoral constituido por hombres de todos los colores con independencia económica —una amplitud que no tendrían los primeros años republicanos de México, Perú, Bolivia, Argentina o Chile. Quedaron unas élites criollas trabadas en redes de parentesco que, blanqueadas por matrimonio y consolidadas en el cabildo, en el clero y en el comercio, asumirían el liderazgo del proceso emancipador. Quedó una economía dual, articulada precariamente por el Magdalena, con un interior agrícola y minero de escasa integración y un Caribe orientado al contrabando y al comercio atlántico. Quedaron los estancos —de tabaco, de aguardiente— como estructura fiscal heredada por la República, y con ellos la memoria fresca del descontento que su reorganización había provocado.

Quedó también una geografía humana difícil de gobernar: los arrochelados del Caribe, los libres de color de Getsemaní, los mineros esclavos del Chocó, los indios de resguardo del altiplano oriental, los peones libres del valle del Cauca. Ninguna administración republicana en el siglo XIX conseguiría reducir esa diversidad a un cuerpo social homogéneo, y la larga dificultad colombiana para construir un Estado nacional cohesionado tiene aquí una de sus raíces. Se hereda una república de mestizajes yuxtapuestos, no un pueblo. Y se hereda, con ella, la herida colonial: la esclavitud como institución vigente hasta 1851, los tributos indígenas como categoría fiscal, la mancha de la tierra como criterio íntimo de exclusión social.

Y quedó, sobre todo, la imagen del herbario de Mutis viajando en cajones hacia Madrid: dibujos exactos de plantas americanas, catalogadas con el rigor de la nueva ciencia, encargadas por una Corona que quería inventariar sus dominios y ejecutadas por una generación de criollos que, al dibujarlas, aprendía a mirar el reino como suyo. Esa doble intención —controlar desde la metrópoli, apropiarse desde la colonia— es el hilo con el que se anuda el período. La educación científica promovida por la Corona proporcionó a la élite el capital cultural y la conciencia territorial que necesitaba para cuestionar el orden colonial y concebirse capaz de gobernarse a sí misma. Las reformas borbónicas produjeron, como resultado indirecto, las condiciones para el proceso de Independencia: generaron conciencia de habitar un territorio distinto de la metrópoli y propiciaron la apropiación de una ideología ajena al absolutismo monárquico.

El Semanario del Nuevo Reino de Granada, que Francisco José de Caldas fundaría en 1808 y que se mantendría activo hasta 1811, sería el escenario en que esa conciencia se expresaría con claridad, pero sus raíces están en los años que aquí se han recorrido. Caldas, discípulo de Mutis, describiría las provincias, mediría sus alturas, calcularía sus climas y catalogaría sus productos con la misma pasión que Humboldt había traído al reino en 1801: la de saber para poseer. Cuando en 1781 los ejércitos comuneros bajaron desde el Socorro hacia Santafé, no sabían que estaban ensayando, en la lengua todavía monárquica del mal gobierno, la gramática política de la generación siguiente: la de una sociedad que había aprendido a leerse a sí misma como algo más que una provincia lejana del imperio, y que ya no cabía en el molde que la Corona pretendía volver a cerrar sobre ella. Entre la retirada del último encomendero y la marcha del primer comunero cabe todo un mundo, y ese mundo —oro, tabaco, esclavos, curas, criollos, arrocheladas riberas del Magdalena— es lo que el siglo XIX heredaría sin saberlo del todo, y con lo que seguiría discutiendo hasta bien entrado el XX.