José Antonio Galán

El hombre y la penumbra documental

De la vida de José Antonio Galán antes de 1781 se conoce menos que de su actuación comunera, pero las biografías especializadas ofrecen más que una tradición imprecisa. Lo sitúan en Charalá hacia 1749, como hijo del pequeño cultivador de tabaco Antonio Galán y de María de Argüello, descrita como mestiza y tejedora de algodón. Sabía leer, escribir y firmar, aunque no consta una educación escolar formal. Se casó con Toribia Verdugo —las síntesis difieren entre 1766 y 1769—, tuvo hijos, sirvió alrededor de un año en el Regimiento Fijo de Cartagena y desertó. “Zorro”, usado en algunas memorias locales modernas, no aparece como parte de su nombre en la sentencia ni en las biografías institucionales consultadas.

Galán procedía de una familia rural de pocos recursos y trabajó como agricultor o jornalero. Las fuentes discrepan sobre si la parcela tabacalera pertenecía a la familia o si él nunca llegó a poseer tierra, de modo que no puede afirmarse de forma absoluta que careciera de patrimonio. Su posición social sí contrastaba con la de dirigentes notables como Juan Francisco Berbeo y Salvador Plata. Esa diferencia ayuda a explicar lecturas posteriores sobre una fractura popular dentro del movimiento, pero no demuestra por sí sola que Galán no tuviera familia, bienes o motivos concretos para negociar.

El polvorín del Socorro

El estallido de marzo de 1781 no fue un rayo en cielo sereno. La provincia del Socorro venía siendo, desde mediados del siglo XVIII, una región inquieta: motines en 1752, 1764 y 1767 contra medidas de la Corona, una sublevación de mil indígenas en 1779, un motín en Mogotes en 1780. Era también un territorio en crecimiento demográfico, con nuevas poblaciones fundadas por inmigrantes españoles y una economía de textiles, tabaco y algodón que dependía directamente de los gravámenes reales. Sobre ese tejido inflamable cayeron, a partir de 1778, las medidas fiscales de Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, regente visitador de Nueva Granada: aumento de la alcabala, del impuesto a la sal, al tabaco, a los textiles y al algodón, y restablecimiento de la contribución de la armada de Barlovento. Los recursos se destinaban a financiar la guerra de España contra Inglaterra, pero para el pequeño productor y el comerciante local eran, simplemente, la ruina.

A la carga tributaria se sumaba la conducta de sus ejecutores. Los funcionarios de la Real Hacienda operaban con una autoridad excesiva, ejercían vejaciones y fraudes, desacataban a las justicias locales y sometían a los sectores pobres —los más expuestos por carecer de nexos, letrados y padrinos— al hostigamiento cotidiano de recolectores de impuestos y guardias de rentas. El terror producido por los guardas era tal en los distritos socorranos que, andando la revuelta, se dijo que su sola presencia bastaba para paralizar los cobros.

El 16 de marzo de 1781, durante un día de mercado en el Socorro, una multitud protestó contra el edicto fiscal fijado en la plaza o junto a la casa del alcalde. La tradición y un informe atribuido al alcalde identifican a Manuela Beltrán como la mujer que lo arrancó; su biografía y su oficio siguen siendo discutidos y no permiten fijar con seguridad una “oficina de impuestos”. El gesto se convirtió en emblema del inicio de una agitación que se extendió por numerosas poblaciones. Los amotinados eligieron capitanes, organizaron el Común y nombraron a Juan Francisco Berbeo comandante general. Galán apareció entre sus capitanes y el 25 de mayo recibió de Berbeo una comisión para actuar en las tierras calientes.

De capitán a disidente

Berbeo envió a Galán el 25 de mayo hacia las tierras calientes para cortar comunicaciones entre Honda y Santafé, capturar armas y tomar control de Guaduas, Mariquita, Ambalema y Honda. Galán ocupó Mariquita, pero no tomó Honda. Su campaña se articuló con tensiones y levantamientos locales de negros, mulatos, zambos y esclavizados; investigaciones recientes advierten que varios habían actuado antes de su llegada y no fueron simples seguidores suyos. En la mina de Malpaso, la supuesta liberación de esclavos aparece en acusaciones de autoridades y propietarios, mientras la confesión de Galán ofrece otra versión; no puede presentarse como un hecho sin controversia. Las invocaciones a Túpac Amaru y la exención de tributos y diezmos también aparecen en otros focos y dirigentes, por lo que no deben atribuirse en bloque a su columna.

Cuando el grueso de las tropas comuneras acampó en Zipaquirá, en junio de 1781, el gobierno del interior aceptó negociar. El virrey Manuel Antonio Flórez ya se encontraba en Cartagena supervisando la defensa costera por la guerra con Gran Bretaña; no huyó después de la derrota del 8 de mayo. Quien salió de Santafé la noche del 12 de mayo fue el regente visitador Gutiérrez de Piñeres. La Junta General de Tribunales quedó como autoridad nominal en el interior y el arzobispo Antonio Caballero y Góngora encabezó la mediación. Del lado comunero negoció Berbeo con un texto redactado por Agustín Justo de Medina y Juan Bautista de Vargas y modificado con Jorge Lozano de Peralta.

Berbeo presentó el pliego de Capitulaciones el 5 de junio de 1781. La Junta General lo aprobó en Santafé el 7 y sus comisionados lo ratificaron y juraron ante los comuneros en Zipaquirá el 8. El texto incluyó rebajas y supresiones fiscales, libertad de cultivo y comercio del tabaco, devolución de tierras y salinas indígenas, acceso de americanos a cargos y formas de autogobierno local; no puede reducirse a una sola idea de justicia distributiva. Después del juramento, Berbeo desmovilizó al ejército. Caballero y Góngora no estaba casualmente de visita: había sido enviado como mediador y luego emprendió una misión pastoral de reconciliación por la región.

Galán no se acogió a las Capitulaciones. Cuando se encontraba en la campaña del Alto Magdalena, Berbeo le ordenó respetarlas y retirarse; la documentación muestra que Galán continuó actuando y, de regreso al nororiente, intentó reunir nuevos apoyos. El 2 de septiembre llegó a Mogotes y promovió una segunda marcha hacia Santafé para el 15 de octubre. Esa secuencia sostiene su ruptura con la pacificación y su desconfianza frente al pacto, pero las fuentes no permiten fijar como hecho si su objetivo final era exigir el cumplimiento literal de las Capitulaciones o imponer un programa más amplio.

Onzaga y el cadalso

La segunda marcha no ocurrió. La noche del 13 de octubre de 1781, Salvador Plata y otros antiguos capitanes comuneros capturaron a Galán y a varios compañeros en Chaguanete, cerca de Onzaga. Los recuentos no coinciden en el número exacto de apresados en el lugar y de trasladados después a Santafé. La operación formó parte de la pacificación encabezada por antiguos dirigentes del Socorro con autorización real; demuestra el aislamiento político y militar de Galán, pero no permite medir por sí sola cuántos apoyos populares conservaba.

Galán llegó preso a Santafé en noviembre y la Real Audiencia pronunció sentencia el 30 de enero de 1782. Esta ordenó que fuera arrastrado, ahorcado hasta morir, decapitado, dividido en cuatro partes y que el resto pasara por las llamas. Sin embargo, la síntesis de Banrepcultural, basada en John Leddy Phelan, y estudios que cotejan el proceso indican que el 1 de febrero fue muerto por disparo de arcabuz antes de la exposición y el desmembramiento. La cabeza fue enviada a Guaduas, la mano derecha al Socorro, la izquierda a San Gil, el pie derecho a Charalá y el izquierdo a Mogotes. Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz recibieron condenas análogas.

La sentencia declaró infame la descendencia de Galán, confiscó sus bienes, ordenó asolar su casa y sembrar sal para que se diera olvido a su nombre. También dispuso que el fallo se leyera durante tres días de gran concurrencia y quedara fijado públicamente. El propósito ejemplarizante no necesita inferirse: el propio tribunal explicó que el castigo debía servir de escarmiento para quienes resistieran las providencias de las autoridades. Lo que el documento no permite determinar es una jerarquía psicológica entre el temor a Galán como individuo y el temor a nuevas rebeliones.

La severidad del castigo contrastó con el reducido grupo que acompañaba a Galán al ser capturado. Historiadores posteriores han leído en ella el temor a una rebelión popular capaz de reproducirse, pero la sentencia justificó la pena enumerando acciones concretas —interrupción de comunicaciones, ocupación de pueblos, saqueo de rentas, nombramiento de capitanes y promoción de una nueva rebelión— y la necesidad general de escarmiento. La dimensión simbólica es una interpretación plausible, no una motivación confesada por todas las autoridades coloniales.

El 18 de marzo de 1782, seis semanas después de la ejecución, la Real Audiencia expidió el acuerdo de anulación de las Capitulaciones, firmado por Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, Juan Francisco Pey Ruiz, Juan Antonio Mon y Velarde, Joaquín Vasco y Vargas y Pedro Catani. Para entonces ya habían llegado refuerzos militares desde Cartagena y Galán y sus principales compañeros habían sido ejecutados. Numerosos historiadores califican la anulación de perjurio porque el pacto había sido aprobado y jurado solemnemente; esa valoración debe presentarse como juicio historiográfico, aunque la secuencia confirma que la desconfianza de Galán hacia la pacificación no era infundada.

La fractura de clase dentro del comunerismo

La relación Berbeo/Galán se ha interpretado como choque de personalidades, diferencia táctica y fractura social dentro del movimiento. La última lectura encuentra apoyo en sus posiciones y trayectorias distintas, pero no es un hecho único y autosuficiente: John Leddy Phelan subrayó la negociación política tradicional entre comunidades y rey, mientras estudios sociales posteriores han destacado conflictos de clase, raza, esclavitud y poder local. La evidencia exige conservar esa discusión historiográfica.

Los dirigentes notables del Socorro tenían propiedades, cargos y redes que favorecían una salida negociada, pero las Capitulaciones no se limitaron a proteger sus intereses: incluyeron demandas fiscales, autonomía local, acceso de americanos a cargos y restituciones para comunidades indígenas. Tampoco todos los notables actuaron de la misma forma antes y después de Zipaquirá. La diferencia social con Galán es real; convertirla en una incapacidad absoluta de la élite para apoyar cualquier cambio del orden colonial excede lo que demuestran el pacto y las trayectorias individuales.

Los participantes populares tampoco formaron un bloque de motivos idénticos. Negros y mulatos libres defendieron cultivos y autonomía local; personas esclavizadas buscaron libertad o resolver conflictos con propietarios; comunidades indígenas reclamaron resguardos y alivio tributario; pequeños productores resistieron estancos e impuestos. Galán articuló varias de esas tensiones durante su campaña, pero investigaciones recientes muestran que muchos actores se movilizaron antes o al margen de él. No puede presentársele como organizador exclusivo de un único resentimiento antiespañol.

La relación entre 1781 y la Independencia no admite una continuidad simple. Phelan sostuvo que la crisis comunera no fue un primer paso hacia la emancipación política, aunque dejó consecuencias para el federalismo y el anticlericalismo; otros autores la han leído como antecedente social o anticolonial. Un estudio de la memoria política muestra que en 1812 oficiales patriotas todavía invocaban el Socorro de 1781 de forma amenazante y negativa. La posterior conversión de Galán en precursor fue una construcción historiográfica, no una posición compartida por todos los actores de 1810.

Caballero y Góngora, del componedor al virrey

Antonio Caballero y Góngora negoció y juró las Capitulaciones como arzobispo y después recorrió la región en una misión pastoral de reconciliación. Pero no conducía el virreinato cuando Galán fue capturado, juzgado y ejecutado ni cuando se anularon las Capitulaciones: Manuel Antonio Flórez conservó nominalmente el cargo hasta el 31 de marzo de 1782. Caballero asumió el mando interino el 15 de julio, después de la muerte del sucesor Juan de Torrezar Díaz Pimienta, y expidió el indulto general el 6 de agosto. Su papel en la pacificación fue central, pero la cronología impide atribuirle como virrey todos los actos represivos anteriores.

En octubre de 1784 Caballero y Góngora se trasladó a Cartagena para dirigir asuntos de gobierno y las campañas de sometimiento y negociación con los indígenas del Darién, que se prolongaron hasta 1787. Las fuentes institucionales documentan esos objetivos, no un viaje para escapar del peso moral de la represión comunera. Su doble papel —mediador que juró las Capitulaciones en 1781 y virrey que gobernó después de su anulación— sustenta una memoria controvertida sin necesidad de atribuirle una motivación psicológica no documentada.

La memoria disputada del siglo XIX

La orden judicial de borrar el nombre de Galán no produjo un silencio completo. José Manuel Restrepo trató el movimiento en su historia de 1829; Manuel Ancízar y José Antonio de Plaza lo hicieron hacia 1850, y la memoria comunera circuló también en Santander. Lo que cambió con Los comuneros de Manuel Briceño, publicado en 1880, fue la centralidad del personaje: un estudio de la memoria lo identifica como la primera obra que representó a Galán como héroe principal. Fue una inflexión del centenario, no la primera reaparición del movimiento después de cien años.

La memoria decimonónica fue partidista y cambiante. Restrepo, Ancízar y Plaza destacaron sobre todo a Berbeo; José Manuel Groot exaltó la restauración del orden por Caballero y Góngora; Briceño convirtió a Galán en héroe en 1880 y Soledad Acosta de Samper lo hizo protagonista literario en 1887. Estas diferencias apoyan la idea de una memoria moldeada por proyectos conservadores, liberales y regionales, pero no una exclusión uniforme. Tampoco fue guillotinado: la sentencia dispuso horca y descuartizamiento y las reconstrucciones de la ejecución informan muerte por arcabuz.

La memoria local y política siguió activa de maneras desiguales. Phelan señala que Galán fue apreciado en Santander durante el siglo XIX, y Francisco Ortega muestra que el recuerdo de 1781 apareció incluso en 1812, aunque entonces se usó para amenazar al Socorro. Es difícil medir la tradición oral y no hay base para unas “lápidas invisibles” concretas. Lo comprobable es un tránsito entre memoria punitiva, menciones históricas tempranas y heroización alrededor del centenario.

Del centenario al siglo XX

La conversión de Galán en héroe público comenzó alrededor del primer centenario: Briceño lo hizo figura principal en 1880, Soledad Acosta lo llevó a la narrativa histórica en 1887 y Constancio Franco publicó una novela sobre él en 1891. Durante el siglo XX se multiplicaron biografías, monumentos y usos políticos. La consagración estatal precedió al bicentenario de 1981: el Banco de la República puso su retrato en el primer billete de mil pesos, emitido en 1979. Las fuentes consultadas documentan ese billete, no una moneda conmemorativa de Galán.

La apropiación de Galán por la izquierda fue más amplia que un frente del ELN. Desde 1959 el MOEC 7 de Enero usó su retrato en bonos y lo presentó como inicio de un proceso revolucionario popular; organizaciones guerrilleras posteriores también adoptaron su nombre, entre ellas una estructura del ELN. Esos usos construyeron una continuidad simbólica entre 1781 y las luchas contemporáneas. La investigación histórica documenta la apropiación, pero no una continuidad orgánica entre la Revolución de los Comuneros y las guerrillas del siglo XX.

La historiografía académica produjo interpretaciones divergentes. Orlando Fals Borda sostuvo que la rebelión no constituyó una subversión fundamental del orden colonial y destacó a Galán como el dirigente con alguna visión transformadora; Phelan también negó que 1781 fuera una revolución social abortada, aunque por razones distintas. Otros estudios han enfatizado guerra social, lucha anticolonial o la agencia de negros, mulatos, zambos y esclavizados. Ninguna de esas lecturas puede calificarse, como hecho, de “la más honesta”; el artículo debe atribuirlas y conservar sus diferencias.

No se conserva un programa sistemático de Galán destinado a reemplazar todo el orden colonial. Sí hay evidencia de órdenes, cartas, nombramiento de capitanes, organización de una segunda marcha y articulación con conflictos locales del Alto Magdalena. Su negativa a someterse a la pacificación lo llevó más allá de la conducta de Berbeo, pero atribuirle una doctrina social completa o, en el extremo contrario, negar que tuviera organización alguna, son conclusiones más amplias que los documentos disponibles.

La circulación atlántica de una insurrección

La insurrección comunera circuló pronto fuera del Nuevo Reino. En Londres, dentro del expediente político que reunió hacia 1798, Francisco de Miranda incorporó una narración de la sublevación escrita por un protector general de indígenas y el texto anotado de las Capitulaciones. Los documentos estaban en español con traducción inglesa y fueron usados para persuadir a interlocutores británicos de que los suramericanos estaban dispuestos a una revolución contra el dominio español. Esa utilización demuestra circulación atlántica del episodio, pero fue una operación política de Miranda y no una medición neutral de una “madurez revolucionaria” continental.

El dossier de Miranda trataba la sublevación y la violación de las Capitulaciones, no construía a Galán como su pivote biográfico. Esa transformación comenzó de forma visible alrededor del centenario de 1881, cuando Briceño lo hizo héroe principal y la literatura histórica multiplicó su presencia; continuó durante el siglo XX mediante biografías, historia social, conmemoraciones estatales y apropiaciones políticas. No fue obra exclusiva del siglo XX ni de una sola corriente ideológica.

La huella

Preguntarse hoy qué dejó José Antonio Galán exige distinguir tres capas.

En lo inmediato, la segunda marcha fue frustrada y tres de sus principales compañeros —Molina, Alcantuz y Ortiz— recibieron condenas capitales análogas. La sentencia declaró infame su descendencia y ordenó asolar y sembrar de sal su casa, pero no fija en ese pasaje la ubicación de la vivienda. La Real Audiencia anuló las Capitulaciones seis semanas después de la ejecución. Esa secuencia muestra la derrota de la resistencia de Galán; calificar el pacto y su ruptura corresponde al análisis historiográfico, no a una descripción neutra.

En el mediano plazo, la relación entre 1781 y la Independencia siguió siendo ambigua. La memoria del pacto quebrado circuló, como demuestra su uso por Miranda, pero no hay evidencia suficiente para afirmar que las élites criollas interiorizaran colectivamente una lección única que luego aplicaron en 1808. Phelan separa la crisis comunera de la emancipación política; Ortega muestra usos negativos del recuerdo en 1812; otras corrientes la consideran antecedente. La continuidad es una tesis historiográfica discutida, no una causalidad establecida.

En el largo plazo, Galán se convirtió en un símbolo disponible para usos distintos. Su origen popular y el castigo documentado facilitaron su presentación como mártir; la memoria regional, la heroización del centenario, las lecturas de historia social, el billete estatal de 1979 y las apropiaciones de izquierda añadieron capas sucesivas. No hubo un silencio historiográfico uniforme ni una sola resurrección reparadora. Precisamente la coexistencia de héroe patrio, dirigente popular y epónimo político explica la pluralidad de su posteridad.

La construcción heroica no fue solo una proyección del siglo XX: comenzó alrededor de 1880 y adquirió sentidos nuevos con la historia social, el Estado y las izquierdas del siglo siguiente. Esa elaboración retrospectiva debe distinguirse de los hechos de 1781-1782. Galán organizó campañas y una segunda movilización, fue capturado por antiguos comuneros y recibió un castigo explícitamente ejemplar; convertir esos hechos en una genealogía nacional “desde abajo” es una interpretación posterior y atribuible.

La sentencia de 1782 ordenó dar olvido a su nombre, arrasar su casa y sembrarla de sal. El mandato no se cumplió de manera lineal: hubo recuerdos punitivos y regionales, menciones en historias tempranas, una heroización decisiva desde 1880 y apropiaciones estatales y políticas durante el siglo XX. José Antonio Galán permanece como una figura disputada porque los documentos sobre su actuación conviven con lecturas posteriores —popular, anticolonial, social o precursora— que no son equivalentes entre sí.