José Antonio Galán

El hombre y la penumbra documental

De la vida de José Antonio Galán Zorro antes de 1781 se conserva menos de lo que la posteridad quisiera. Los datos duros son escasos, y la costumbre de fecharle el nacimiento hacia 1749 en Charalá descansa sobre tradiciones locales más que sobre certeza archivística. Se le atribuye una condición mestiza y una biografía militar modesta —soldado de las tropas del rey, con paso por el Fijo de Cartagena— que lo emparenta con la extracción popular del grueso del movimiento comunero, y no con los notables criollos que lo condujeron en su fase negociadora. Su nombre no figura en el círculo de mercaderes, hacendados y letrados que dominaba las provincias del nororiente neogranadino a fines del siglo XVIII: es un capitán entre muchos, hasta que deja de serlo.

Esa oscuridad previa importa. Al irrumpir en la escena, en la primavera de 1781, Galán llega sin patrimonio que proteger, sin cargos coloniales que perder, sin nexos culturales con la Europa metropolitana. Es exactamente el perfil opuesto al de Juan Francisco Berbeo, comandante negociador de las Capitulaciones, o al de Salvador Plata, Francisco Rosillo y Antonio José Sucre, los notables socorranos que compartían con Berbeo la conducción visible del alzamiento. Galán encarna la parte del movimiento que no tenía nada que capitular. En una insurrección que reunió a indígenas, mestizos, mulatos pobres y criollos sin fortuna bajo el estandarte común del hostigamiento fiscal, él pertenecía sin ambigüedad a los primeros.

El polvorín del Socorro

El estallido de marzo de 1781 no fue un rayo en cielo sereno. La provincia del Socorro venía siendo, desde mediados del siglo XVIII, una región inquieta: motines en 1752, 1764 y 1767 contra medidas de la Corona, una sublevación de mil indígenas en 1779, un motín en Mogotes en 1780. Era también un territorio en crecimiento demográfico, con nuevas poblaciones fundadas por inmigrantes españoles y una economía de textiles, tabaco y algodón que dependía directamente de los gravámenes reales. Sobre ese tejido inflamable cayeron, a partir de 1778, las medidas fiscales de Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, regente visitador de Nueva Granada: aumento de la alcabala, del impuesto a la sal, al tabaco, a los textiles y al algodón, y restablecimiento de la contribución de la armada de Barlovento. Los recursos se destinaban a financiar la guerra de España contra Inglaterra, pero para el pequeño productor y el comerciante local eran, simplemente, la ruina.

A la carga tributaria se sumaba la conducta de sus ejecutores. Los funcionarios de la Real Hacienda operaban con una autoridad excesiva, ejercían vejaciones y fraudes, desacataban a las justicias locales y sometían a los sectores pobres —los más expuestos por carecer de nexos, letrados y padrinos— al hostigamiento cotidiano de recolectores de impuestos y guardias de rentas. El terror producido por los guardas era tal en los distritos socorranos que, andando la revuelta, se dijo que su sola presencia bastaba para paralizar los cobros.

El 16 de marzo de 1781, en la oficina de impuestos del Socorro, la comerciante Manuela Beltrán arrancó el bando que anunciaba los nuevos tributos y lo pisoteó. El gesto —hoy tan pulido por el relato patriótico que se olvida su origen crudo— fue el detonante. En cuestión de semanas, la agitación desbordó la villa y se extendió por la provincia; luego alcanzó Pamplona, Vélez, Cúcuta y los llanos orientales. La organización de los amotinados fue tomando forma: se eligieron capitanes, se levantaron contribuciones, se nombró un Común, y Juan Francisco Berbeo emergió como comandante general del movimiento. En algún momento de esas semanas, José Antonio Galán se sumó como uno de los capitanes de las tropas comuneras.

De capitán a disidente

La trayectoria militar de Galán durante el ascenso comunero está mejor documentada por su efecto que por sus batallas. Operó en el flanco occidental del avance, hacia el valle del Magdalena, y su columna llegó hasta Facatativá, Honda, Mariquita y Ambalema, extendiendo la sublevación a regiones donde el orden virreinal era todavía más frágil que en el nororiente. En esa marcha, Galán fue apalabrando bases populares —esclavos, mulatos, indígenas de las haciendas— y difundiendo consignas que iban más allá de las quejas fiscales de los notables socorranos. En algún episodio del período, líderes locales llegaron a proclamar entre los sectores populares que todos quedaban exentos de tributos y que cesaban los diezmos, y hasta invocaron órdenes del rebelde peruano Túpac Amaru —Tupamaro— para legitimar la desobediencia. La conexión con la insurrección andina, sublevada casi al mismo tiempo, fue más simbólica que operativa, pero real: los comuneros del Socorro sabían que no estaban solos en el continente.

Ese giro plebeyo fue exactamente lo que la conducción criolla del movimiento buscó frenar. Cuando el grueso de las tropas comuneras acampó en Zipaquirá, a las puertas de Santafé, en junio de 1781, la Audiencia y el gobierno virreinal —el virrey Manuel Antonio Flórez y Gutiérrez de Piñeres se habían replegado a Cartagena tras la derrota de las tropas gubernamentales al norte de Tunja el 8 de mayo— aceptaron negociar. Del lado español fue designado el arzobispo Antonio Caballero y Góngora, componedor eclesiástico investido de prestigio y astucia. Del lado comunero negoció Berbeo, con un texto redactado por Agustín Justo de Medina y Juan Bautista de Vargas, delegados de Tunja, y modificado por acuerdo con Jorge Lozano de Peralta.

Las Capitulaciones de Zipaquirá se firmaron el 5 de junio de 1781. Su médula era la idea de justicia distributiva —un principio de raíces castellanas, distinto ya de la igualdad abstracta que años después vertebraría documentos como el Memorial de agravios—: revertir gravámenes, aliviar a los productores, restituir un orden fiscal soportable. Fueron aprobadas y juradas formalmente por la Real Audiencia en Santafé mediante Acta de Aprobación y Juramento. Berbeo desmovilizó al ejército comunero. Los notables socorranos, para escapar a represalias, no respaldaron las pretensiones más radicales del pueblo; la presencia de Caballero y Góngora, entonces de visita en la región, ayudó a inclinar la balanza hacia la contención.

Galán no creyó. No creyó en las promesas del arzobispo, no creyó en las Capitulaciones firmadas por Berbeo, no creyó en la garantía real de los notables. Y no se quedó en la crítica: siguió operando militarmente en el occidente y el norte, manteniendo movilizados a los sectores populares que veían en el pacto de Zipaquirá una traición envuelta en papel sellado. Entre el 20 de junio y el 11 de septiembre de 1781 se produjeron nuevos motines en la provincia del Socorro por el incumplimiento de las Capitulaciones. El 2 de septiembre, Galán llegó a Mogotes. Desde allí promovió una segunda marcha hacia Santafé, convocada para el 15 de octubre, con la que se proponía forzar al virreinato a cumplir lo pactado —o, más probablemente, a ir más allá de lo pactado, hacia reivindicaciones que Zipaquirá había preferido callar.

Onzaga y el cadalso

La segunda marcha no ocurrió. Dos días antes de la fecha prevista, hacia el 13 de octubre de 1781, Galán fue aprehendido en un paraje cercano a Onzaga junto con nueve de sus compañeros. La captura fue posible porque su respaldo se había ido erosionando: la élite criolla socorrana lo abandonó, cuando no colaboró activamente con su neutralización, y la base popular sin conducción ni recursos no bastaba para sostener una nueva ofensiva. La disidencia de Galán, siendo real y valiente, era también estructuralmente frágil.

Fue conducido a Santafé y juzgado sumariamente. La Real Audiencia dictó una sentencia diseñada no solo para matar sino para escarmentar y para borrar. El 1 de febrero de 1782, Galán fue arrastrado por el suelo hasta el lugar del suplicio, ahorcado hasta verificarse su muerte, decapitado y cuarteado. Los pedazos de su cuerpo fueron distribuidos como advertencia geográfica: la cabeza enviada a Guaduas, la mano derecha expuesta en El Socorro, la mano izquierda en la Villa de San Gil, el pie derecho en Charalá —la villa que la tradición señala como su cuna— y el pie izquierdo en Mogotes, el paraje donde había convocado la segunda marcha. Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y otro compañero de apellido Ortiz recibieron pena semejante: horca y descuartizamiento.

La sentencia no se contentó con el cuerpo. Declaró infame la descendencia de Galán, confiscó todos sus bienes en favor del real fisco, ordenó asolar su casa y sembrar sal en el suelo donde se había alzado. Y, con precisión propia de la justicia colonial, mandó dar olvido a su nombre. El descuartizamiento y la exhibición pública de restos era una práctica codificada de la justicia española, diseñada para producir terror general. En el caso de Galán, esa maquinaria simbólica se aplicó con especial minuciosidad, señal inequívoca de que la Corona lo consideraba menos un delincuente que un peligro ejemplarizante.

Esa desmesura punitiva contrasta con lo modesto de su fuerza militar efectiva al momento de la captura. Pero se explica cuando se atiende a lo que Galán amenazaba: no la seguridad inmediata del virreinato, ya restablecida, sino la posibilidad de una rebelión sin élites, apoyada en las castas pobres, conectada simbólicamente con Túpac Amaru y capaz de repetirse. El poder colonial temía a Galán más como símbolo que como amenaza real, y por eso el ritual fue tan cuidadoso.

El 18 de marzo de 1782 —seis semanas después de la ejecución—, la Real Audiencia expidió el acuerdo de anulación de las Capitulaciones de Zipaquirá, firmado por Juan Gutiérrez de Piñeres, Juan Francisco Pey Ruiz, Juan Antonio Mon y Velarde, Joaquín Vasco y Vargas y Pedro Catani. Se había esperado a contar con la fuerza militar enviada desde Cartagena por el virrey Flórez. La historiografía ha calificado el acto como un perjurio, y con razón: lo jurado solemnemente en junio se rompía en marzo sin más argumento que la superioridad de las bayonetas. Galán había tenido razón en no creer.

La fractura de clase dentro del comunerismo

El itinerario Berbeo/Galán se ha leído a veces como choque de personalidades, y otras como diferencia táctica entre moderados y radicales. Ambas lecturas se quedan cortas. Lo que separó al comandante de Zipaquirá del capitán de Onzaga fue, ante todo, una fractura de clase dentro del propio movimiento.

La élite criolla del Socorro tenía razones concretas para negociar y desmovilizar. Sus propiedades, sus cargos locales, su capital comercial y sus vidas mismas dependían de recomponer relaciones con el virreinato. Podían apoyar una rebaja de impuestos, un freno a los abusos de los guardas, una restauración del margen de negociación con la Corona; no podían apoyar una insurrección que amenazara el orden social del que ellos mismos formaban la cúpula local. Sus nexos culturales con la Europa metropolitana funcionaban justamente como línea de demarcación frente a la masa de mestizos, indígenas y negros que también los llevaba en volandas hacia Santafé.

Los sectores populares del comunerismo tenían razones tan concretas como opuestas. Para el mulato pobre que jamás sería candidato a la burocracia colonial, para el indígena tributario, para el criollo sin fortuna acorralado por los recaudadores, la revuelta no era un instrumento de negociación fiscal sino la oportunidad —quizá irrepetible— de sacudir un orden que los aplastaba en lo cotidiano. Era ese resentimiento antiespañol, más ancho que los intereses de los notables, el que Galán expresaba y organizaba.

Que muchos de los futuros próceres de la Independencia estuvieran, en 1781, del lado de la Corona o del lado de los pactos criollos, y no del lado de Galán, no es un detalle biográfico incómodo: es una clave del propio proceso. La revolución criolla que triunfó en las décadas siguientes no fue una guerra popular, y su relación con la insurrección comunera —y especialmente con su ala plebeya— sería siempre incómoda. Galán molestaba tanto a la Real Audiencia de 1782 como al canon patriótico del siglo XIX en gestación.

Caballero y Góngora, del componedor al virrey

En esta historia hay una figura cuya trayectoria dice más que muchos argumentos. Antonio Caballero y Góngora negoció las Capitulaciones como arzobispo, prometiendo su cumplimiento con la palabra de la Iglesia. Poco después, elevado al virreinato, decretó una amnistía general que envolvía en gesto paternal la política represiva de fondo. Fue mientras él conducía el virreinato que Galán fue capturado, juzgado y ejecutado; que las Capitulaciones fueron anuladas; que los principales líderes populares fueron eliminados y los notables criollos, en cambio, encontraron mecanismos para reintegrarse.

Más tarde, Caballero y Góngora viajaría de Santafé a Cartagena y Turbaco, en parte para atender la supervisión militar del Darién, en parte para alejarse del pesado fardo represivo que le había dejado su antecesor Flórez y, con toda probabilidad, también de su propio papel como componedor de una paz que fue quebrada por la Corona. La ambigüedad del arzobispo-virrey es la ambigüedad del pacto de Zipaquirá: promesa solemne, incumplimiento planificado, memoria complicada.

El silencio del siglo XIX

El mandato judicial de olvidar a Galán no fue letra muerta. Durante más de cien años, la insurrección comunera —y particularmente su ala radical— quedó fuera del foco principal de la escritura histórica colombiana. No hubo un texto de peso sobre el movimiento hasta Los comuneros de Manuel Briceño, publicado en Bogotá en 1880, casi un siglo después de los hechos. En un país que dedicaba sus energías historiográficas a los héroes epónimos de la Independencia y a la formación del Estado Nacional, el capitán descuartizado no cabía.

Las razones fueron varias y convergentes. La historiografía conservadora del siglo XIX, representada por autores como José Manuel Groot, mostraba respeto por el legado español y por las instituciones coloniales, y difícilmente podía reivindicar con entusiasmo a un insurrecto ejecutado por la justicia del rey. La historiografía liberal, representada por José María Samper y otros, criticaba con dureza el legado colonial, pero orientaba su relato hacia la línea Bolívar–Santander y los héroes militares y letrados de la Independencia, no hacia los movimientos populares del siglo anterior. En ambas tradiciones, la escritura de la historia estaba trenzada con la política del presente: los temas seleccionados respondían a proyectos —de nación católica, de república liberal, de partido en formación— en los que un mestizo del Socorro guillotinado por defender a mulatos e indígenas no encontraba lugar cómodo.

El silencio no fue total: en las villas del Socorro, San Gil y Charalá persistió una memoria local, transmitida por tradición oral y por las lápidas invisibles de los lugares donde se habían exhibido los pedazos del cuerpo. Pero como fenómeno historiográfico nacional, Galán quedó en la sombra. Se cumplió, en gran parte, la sentencia que ordenaba dar olvido a su nombre.

La resurrección del siglo XX

El regreso de Galán al escenario público colombiano fue obra del siglo XX, y respondió a necesidades políticas nuevas. En el marco del bicentenario del alzamiento de 1781, celebrado con oficialidad en 1981, la figura del capitán comunero fue recuperada como parte del imaginario patrio, con estatuas, calles, colegios y monedas. Pero antes y en paralelo, otras apropiaciones más incisivas lo habían reclamado como suyo.

La izquierda colombiana, particularmente la de raíz insurgente, encontró en Galán un antecedente útil: un mártir popular, ejecutado por el orden colonial, borrado del canon oficial, cuya rehabilitación permitía cuestionar la lectura elitista de la historia patria. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, bautizó uno de sus frentes con el nombre de José Antonio Galán, convirtiendo la memoria del capitán en referente organizativo y en símbolo de continuidad entre el descuartizado de 1782 y la insurgencia armada del siglo XX. La operación era, evidentemente, ideológica: no había una continuidad orgánica entre el motín del Socorro y la guerrilla del siglo XX, pero la analogía —resistencia armada de los pobres contra un orden opresivo— servía como argamasa simbólica.

La historiografía académica también contribuyó al rescate, aunque con más matices. Orlando Fals Borda dedicó a los comuneros páginas fundamentales, y su lectura merece detenimiento porque es la más honesta sobre lo que Galán representó y lo que no. Para Fals Borda, Galán fue el único dirigente de la rebelión comunera con alguna visión transformadora; pero su esfuerzo, subraya, fue sofocado en su cuna sin lograr un impacto de entidad en la sociedad colonial. La rebelión de los Comuneros, agrega, no puede catalogarse como una subversión fundamental del orden social colonial, precisamente porque el ala que sí apuntaba en esa dirección —la de Galán— fue eliminada antes de consolidarse.

Ese equilibrio es difícil de sostener y por eso importa. Galán no fue un revolucionario social con programa articulado y organización capaz de suplantar al orden colonial; carecía de todo eso. Pero fue, dentro de la insurrección comunera, la figura que empujaba más allá del pacto notable, la que veía —o intuía— que las Capitulaciones no bastaban y que la base popular merecía más. Su grandeza histórica es proporcional a esa lucidez incompleta, y su fracaso material es proporcional a la debilidad estructural de esa lucidez sin recursos.

La circulación atlántica de una insurrección

Un elemento suele quedar fuera del retrato local de Galán y conviene incorporarlo: la insurrección comunera, y con ella la figura de sus mártires, circuló muy pronto en el imaginario atlántico de la revolución hispanoamericana. Francisco de Miranda, en su itinerancia europea de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, utilizó una narración de la sublevación comunera del Socorro —acompañada del texto anotado de las Capitulaciones— como prueba ante interlocutores extranjeros de que los suramericanos estaban dispuestos a la revolución contra el dominio monárquico español. Los documentos fueron presentados en español con traducción inglesa anexa, con cálculos apoyados en la mejor información disponible, parte de ella recogida por el propio Miranda. Que el episodio comunero fuera esgrimido en cancillerías y salones europeos como evidencia de la madurez revolucionaria americana indica hasta qué punto, en la escala continental, aquellos hechos del Socorro no eran una anécdota provincial.

En ese uso mirandino, sin embargo, se prefiguraba también el destino ambiguo de Galán en la memoria patria. Miranda hablaba de los comuneros en abstracto, del movimiento, de las Capitulaciones firmadas y traicionadas; el nombre del capitán descuartizado no era todavía el pivote del relato. La transformación de Galán en emblema exigiría el largo trabajo del siglo XX, la relectura popular y de izquierda, y el esfuerzo académico de historiadores que se atrevieron a escribir contra el olvido decretado por la Real Audiencia.

La huella

Preguntarse hoy qué dejó José Antonio Galán exige distinguir tres capas.

En lo inmediato, dejó poco: una segunda marcha frustrada, un puñado de compañeros ejecutados con él, una casa asolada y sembrada de sal en Charalá, una descendencia declarada infame por la justicia del rey. La rebelión que él quería empujar más allá de Zipaquirá terminó liquidada por el mismo orden colonial que había firmado las Capitulaciones y que, seis semanas después de la ejecución, las anularía sin escrúpulo.

En el mediano plazo, dejó un precedente. La secuencia Capitulaciones–anulación–ejecución sedimentó un descrédito del pacto con la Corona que, dos generaciones más tarde, sería aprovechado por la insurgencia criolla independentista. No hay una línea recta entre el Socorro de 1781 y la Cartagena de 1811 —ninguna historia se mueve así—, pero sí una lección que las élites criollas del norte de Suramérica interiorizaron: el juramento del rey podía romperse, y romperse pronto. Cuando llegó la crisis peninsular de 1808 y la ocasión de fundar juntas propias, ese aprendizaje ya estaba en circulación.

En el largo plazo —y es aquí donde Galán pesa realmente en la historia de Colombia— dejó un símbolo disponible. Un mártir con biografía suficiente para ser identificable, con muerte suficientemente atroz para ser recordable, con posición social suficientemente popular para ser apropiable por los sectores subalternos, y con silencio historiográfico suficientemente largo para que su rescate tuviera siempre aire de reparación. Esa combinación es rara. Explica que su nombre haya podido ser cargado con contenidos muy distintos —héroe patrio en el bicentenario oficial, mártir plebeyo en la lectura de Fals Borda, epónimo insurgente en el frente del ELN— sin fracturarse.

Que la construcción del mártir sea, en gran medida, un trabajo del siglo XX proyectado retrospectivamente sobre 1782 no invalida la fuerza del símbolo; la explica. Los símbolos históricos útiles no son fotografías del pasado sino instrumentos de orientación del presente, y Galán ha resultado extraordinariamente útil para toda tradición colombiana que quiera pensar la nación desde abajo, desde las castas populares, desde la fractura de clase antes que desde la unanimidad patriótica.

La sentencia de 1782 ordenó darle olvido, arrasar su casa, sembrar sal en el lugar. El olvido se cumplió durante un siglo, y luego dejó de cumplirse. En una historia nacional que suele preferir la solemnidad de los mausoleos, el capitán mestizo del Socorro sigue siendo lo que fue en vida y en muerte: una presencia incómoda, insuficientemente cabida en los relatos oficiales, siempre a la mano de quienes buscan en el pasado colombiano algo distinto de la genealogía de los vencedores.