La Revolución de los Comuneros y las Capitulaciones de Zipaquirá

La Revolución de los Comuneros

En marzo de 1781, una vendedora del Socorro llamada Manuela Beltrán rompió un edicto de impuestos clavado en un muro y con ese gesto encendió la mayor insurrección popular que conoció el Virreinato de la Nueva Granada bajo dominio español. Durante los once meses siguientes, entre esa fecha y el descuartizamiento de José Antonio Galán el 1 de febrero de 1782, decenas de miles de habitantes de las provincias orientales —artesanos, pequeños propietarios, mestizos, indígenas y una franja de la élite criolla del Socorro— marcharon hacia Santafé de Bogotá, obligaron a la Real Audiencia a firmar unas Capitulaciones que prometían derogar los nuevos impuestos borbónicos, y vieron ese pacto anulado en cuanto el poder colonial pudo hacerlo. La consigna dominante no fue la independencia sino la fidelidad monárquica herida: ¡Viva el rey, pero no queremos pagar la Armada de Barlovento! El movimiento se agotó por la combinación de tres fuerzas: la mediación del arzobispo Antonio Caballero y Góngora, la cooptación de los jefes criollos y la represión ejemplar de la facción radical liderada por Galán. En esa trayectoria —del edicto roto al cuerpo descuartizado— quedaron esbozadas las líneas de fractura social que el país arrastraría durante décadas.

El mundo del Socorro antes de 1781

Para entender por qué la mecha prendió en el Socorro y no en otra parte hay que mirar la fisonomía económica y social de las provincias orientales del virreinato en la segunda mitad del siglo XVIII. El Socorro, San Gil, Girón y Pamplona formaban una franja densa de pequeñas parroquias donde blancos, mestizos e indígenas convivían en un tejido de agricultura de medianos y pequeños propietarios y de talleres artesanales. Era una economía distinta de la de las regiones dominadas por la hacienda esclavista de Popayán o la minería del Chocó: aquí prevalecía una división del trabajo más avanzada, con una especialización todavía incipiente pero visible entre labranza y oficio.

De esos talleres salían algodones en rama, lienzos, bayetas, paños de manos y colchas que se distribuían por Santafé, Popayán, Cartagena, Antioquia, Santa Marta y Riohacha. La región abastecía buena parte del mercado interior de textiles ordinarios de una Nueva Granada que, hacia el final del período colonial, producía casi todo lo que consumía en tejidos de algodón y lana. Los tejidos de algodón producidos en la región del Socorro hacia la época del levantamiento se calculaban en un millón de pesos: no era una comarca marginal, sino el corazón manufacturero de un virreinato cuya economía descansaba más en la circulación interna de bienes que en el comercio transatlántico. El asiento original de las manufacturas orientales había estado en Tunja; para 1781 el eje se había desplazado hacia el sur, hacia el Socorro y su hinterland.

Sobre ese entramado productivo cayó, a partir de 1778, la mano del Regente Visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres. Enviado por Carlos III como parte de la ofensiva reformadora borbónica, tenía instrucciones claras: aumentar la recaudación de la Corona para financiar la guerra contra Inglaterra. Restableció la Armada de Barlovento —un impuesto destinado a sostener una escuadra que ya casi no existía—, extendió la alcabala a productos antes exentos y apretó los mecanismos de cobro. En mayo de 1780 duplicó el precio al detalle del tabaco y el aguardiente. Reorganizó el estanco tabacalero concentrándolo en cuatro zonas de cultivo autorizadas —Ambalema, Girón, Pore-Nunchía y Palmira— y seis administraciones de distribución, dejando fuera regiones enteras, entre ellas buena parte de Antioquia y Santander, donde la siembra libre pasó a ser contrabando.

El golpe fue exacto sobre la economía socorrana. Los estancos de tabaco y aguardiente representaban por esos años aproximadamente el 32% de los ingresos totales de la Corona en la Nueva Granada, unos 770.000 pesos anuales; sostenerlos y aumentarlos suponía asfixiar precisamente a las regiones que cultivaban esas plantas y a las que consumían aguardiente en sus mercados populares. La presión tributaria del virreinato, que antes de las reformas rondaba el 2,9% del PIB, escaló hasta rozar el 10,4% en algún quinquenio del período. Los pobres pagaban por la sal, los artesanos pagaban por sus telas, los indios pagaban su tributo, y ahora todos pagaban por un rey que estaba en guerra al otro lado del océano.

El descontento no era nuevo. En 1778 los pobladores de Mogotes habían expulsado a los guardias del monopolio; en octubre de 1780 hubo brotes en Mogotes y Simacota; en diciembre en Charalá. La región del Guanentá vivía en 1780 y comienzos de 1781 una tormenta perfecta: escasez de alimentos, epidemia de viruela y una presión fiscal que ninguna economía artesanal podía absorber sin quebrarse. Además, hacia el sur, en el virreinato del Perú, Túpac Amaru se había alzado en noviembre de 1780. La noticia corría por los caminos del imperio.

Del edicto roto a la marcha sobre Santafé

El 16 de marzo de 1781, en El Socorro, Manuela Beltrán rompió el edicto que anunciaba los nuevos tributos. Los relatos difieren en el detalle —si fue en la casa de estanco, si fue frente al bando fijado en un muro, si arrancó el papel o lo pisoteó—, pero coinciden en el efecto: una multitud que se había ido acumulando alrededor del acto pasó de la indignación al asalto. Beltrán, vendedora de plaza, no pertenecía a la élite; su gesto fue el chispazo, no el plan. Los almacenes de los estancos fueron asaltados, funcionarios reales perseguidos, casas saqueadas, presos liberados. El grito que quedó registrado —¡Viva el rey, pero no queremos pagar la Armada de Barlovento!— define con precisión el horizonte político del estallido: la protesta no impugnaba a la Corona sino a sus agentes locales y a sus impuestos.

En cuestión de días la insurrección desbordó al Socorro. Se sumaron Pamplona, Vélez, Cúcuta, poblaciones de los Llanos orientales, y con ellas la élite criolla socorrana: Juan Francisco Berbeo, comerciante local con cierta experiencia militar, asumió el mando como capitán general de los comuneros, con Salvador Plata, Antonio Monsalve y Francisco Rosillo entre sus principales acompañantes. Junto a ellos aparecieron artesanos, pequeños propietarios y comerciantes como Ignacio y Pablo de Ardila, Miguel de Uribe, Isidro Molina y Roque Cristancho. El movimiento adoptó la forma de el común —comités locales que asumieron la administración en cada pueblo tomado— y por ahí le vino el nombre.

El 30 de marzo, apenas dos semanas después del acto de Manuela Beltrán, en los lugares públicos del Socorro se pregonaba una cédula atribuida al lego fray Ciriaco de Arcila con la consigna ¡Viva el Socorro y muera el mal gobierno! La fórmula recogía con exactitud la doble naturaleza del movimiento: afirmación regional, denuncia de las autoridades, silencio sobre el rey. En algunos puntos del alzamiento se invocó incluso el nombre de Túpac Amaru para proclamar la exención de tributos, prueba de que los insurrectos leían su propia gesta dentro de un horizonte imperial más amplio, aunque sin extraer de esa lectura ninguna conclusión separatista.

La incorporación de los indígenas dio al movimiento una segunda dimensión. Ambrosio Pisco, cacique reconocido como descendiente de los zipas, fue proclamado por los comuneros como su cabeza simbólica indígena, y con él se articularon reivindicaciones específicas: reducción del tributo, supresión de cobros eclesiásticos por bautismos, entierros y matrimonios. En el norte del virreinato la coalición sumó a mulatos pobres que no aspiraban a cargos burocráticos pero sí expresaban resentimiento contra los funcionarios españoles, tildados de arrogantes e insensibles.

Mientras tanto, el virrey Manuel Antonio Flórez se hallaba en Cartagena supervisando las defensas costeras frente a un posible ataque inglés —España estaba en guerra desde 1779—, y Gutiérrez de Piñeres, blanco directo de la ira popular, permanecía en Santafé al frente del gobierno. El 8 de mayo de 1781, al norte de Tunja, unos quinientos comuneros derrotaron a las fuerzas del gobierno virreinal enviadas a contenerlos. La noticia sembró el pánico en Santafé. Gutiérrez de Piñeres huyó hacia Cartagena. La capital quedó a merced de una columna insurrecta que, según los cálculos que corrían por Bogotá, ascendía a varios miles de hombres y avanzaba hacia el sur por el altiplano.

Zipaquirá: el pacto y la trampa

Con Gutiérrez de Piñeres fugado, el virrey ausente y la fuerza militar quebrada, la Real Audiencia recurrió a la única autoridad con capacidad de interlocución moral: el arzobispo Antonio Caballero y Góngora. Se le designó negociador y salió al encuentro de los comuneros, que habían acampado en Zipaquirá tras avanzar por Nemocón. Allí, durante los primeros días de junio de 1781, el arzobispo se reunió con Berbeo y los demás jefes.

Las Capitulaciones de Zipaquirá tomaron forma en un texto redactado por Agustín Justo de Medina y Juan Bautista de Vargas, delegados de la ciudad de Tunja, con modificaciones que Berbeo acordó con Jorge Lozano de Peralta. El documento —treinta y cinco capítulos— era una miscelánea de reclamos que reflejaba fielmente la heterogeneidad de la coalición. En lo fiscal exigía la reducción del precio del aguardiente y de la alcabala, la eliminación de la Armada de Barlovento, la rebaja del precio de la sal y el desmonte o suavización del estanco del tabaco. En lo social fijaba el tributo indígena en cuatro pesos anuales y prohibía a la Iglesia cobrar por bautismos, entierros y bodas. Y en lo político, en el capítulo que resultaría el más revelador, exigía que los cargos y empleos oficiales del virreinato se otorgaran con preferencia a los americanos —los criollos nacidos en el reino— sobre los peninsulares.

Ese último punto no lo pedían los artesanos ni los indios: lo pedían Berbeo y los suyos. Y sería el único que la Corona, con el tiempo, estaría dispuesta a matizar.

Caballero y Góngora firmó las Capitulaciones el 8 de junio de 1781. Los comuneros levantaron el campo y se replegaron. Berbeo fue nombrado corregidor con un sueldo anual de mil pesos. El ejército popular se disolvió en cuestión de días. Fue en ese momento —no en el pacto formal, sino en la disolución voluntaria de la única fuerza capaz de hacer cumplir el pacto— cuando el movimiento selló su suerte.

En Cartagena, el virrey Flórez recibió el texto firmado y lo improbó de inmediato con un argumento jurídico impecable: las Capitulaciones tenían el defecto insanable de haber sido negociadas bajo amenaza de violencia. Refuerzos militares comenzaron a subir hacia el interior. Ya con la capital asegurada, la Real Audiencia dictó un Acuerdo de anulación —fechado el 18 de marzo, probablemente de 1782— firmado por Juan Gutiérrez de Piñeres, Juan Francisco Pey Ruiz, Juan Antonio Mon y Velarde, Joaquín Vasco y Vargas y Pedro Catani. Las Capitulaciones dejaron de existir. Berbeo conservó su corregimiento.

Galán y el descuartizamiento del futuro

No todos los comuneros aceptaron el pacto de Zipaquirá. José Antonio Galán, un mestizo del Socorro que había mandado una de las columnas del movimiento hacia el sur y el occidente —llegó hasta Honda y la provincia de los Llanos, agitando poblaciones y liberando esclavos—, rechazó las Capitulaciones desde el primer momento. Su argumento fue el de la desconfianza radical: consideraba que se habían aprobado demasiado rápido y no creía en las promesas del arzobispo de hacerlas cumplir. La historia le dio la razón antes de lo previsto.

Galán intentó reactivar la insurrección. Convocó una nueva marcha sobre Santafé para el 15 de octubre. La convocatoria no cuajó: la mayoría de la élite socorrana ya se había desmovilizado y había recibido la seguridad —confirmada por Berbeo desde su nuevo cargo— de que no habría represalias si se retiraban. Dos días antes de la fecha prevista, Galán fue aprehendido cerca de Onzaga, en compañía de nueve de sus hombres. Fue conducido a Santafé y juzgado.

La sentencia dictada contra Galán, Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz se ejecutó el 1 de febrero de 1782. Galán fue arrastrado por el suelo, ahorcado, decapitado y su cuerpo dividido en cuatro partes. La cabeza fue enviada a Guaduas; la mano derecha, expuesta en El Socorro; la mano izquierda, en la Villa de San Gil; el pie derecho, en Charalá; el pie izquierdo, en Mogotes. Los otros tres condenados recibieron pena similar. La sentencia añadía la declaración de infamia de la descendencia de Galán, la confiscación de sus bienes en favor del fisco real, la destrucción de su casa y el sembrado de sal sobre sus cimientos. Y ordenaba, con esa mezcla de precisión burocrática y furia teológica que caracterizaba a la justicia colonial, el olvido de su nombre.

El descuartizamiento no fue un exceso: fue una declaración política. Al distribuir los pedazos del cuerpo por las mismas poblaciones que se habían levantado —Socorro, San Gil, Charalá, Mogotes— la Corona hablaba a cada comunidad en el idioma que entendería. El mensaje era doble: quien vuelva a alzarse terminará así, y —esto es lo decisivo— la Corona sabe distinguir entre los cabecillas que hay que borrar y los que puede convertir en corregidores.

Firmaron la sentencia, entre otros, el arzobispo-virrey Caballero y Góngora y el corregidor Juan Francisco Berbeo. Fue una coincidencia elocuente: el mediador que había garantizado las Capitulaciones y el jefe comunero que las había firmado suscribían juntos la ejecución del hombre que había insistido en cumplirlas. La foto de familia de la contrarrevolución neogranadina de 1782 estaba completa.

Las causas: fiscalidad borbónica, guerra atlántica y ciclo insurreccional

La causa inmediata del alzamiento fue fiscal. Los impuestos que detonaron la revuelta —el aumento de la alcabala, el precio duplicado del aguardiente y el tabaco, la reactivación de la Armada de Barlovento, los gravámenes sobre la sal, los textiles y el algodón— habían sido creados o incrementados para financiar la guerra de España contra Inglaterra. Gutiérrez de Piñeres fue el brazo ejecutor de una política pensada en Madrid dentro del programa reformador de Carlos III, y su labor consistió en aumentar la recaudación con métodos que asfixiaron a las regiones más productivas del virreinato.

Pero la causa estructural es más profunda. Las reformas borbónicas no solo cobraban más: rediseñaban la economía colonial en función de las necesidades imperiales, concentrando el cultivo del tabaco en unas pocas zonas autorizadas, expandiendo los monopolios estatales y expropiando a los criollos de espacios de poder local que consideraban suyos por costumbre. La visita general de 1776 aceleró ese proceso de expropiación de privilegios criollos. Cuando los edictos de Gutiérrez de Piñeres cayeron sobre el Socorro, encontraron una sociedad artesanal madura, con conciencia de su peso económico, y una élite criolla resentida por su pérdida de acceso a los cargos.

Había también una causa que no puede reducirse a lo fiscal: el ciclo. Antes de 1781 hubo motines en 1752, 1764, 1767 y una sublevación de mil indígenas en 1779. Los brotes de Mogotes, Simacota y Charalá en 1780 forman parte de la misma serie. El estallido de 1781 no es una explosión aislada sino la culminación de una acumulación de resistencia, que además coincidió —en el mismo año, con paralelismos que no escaparon a los contemporáneos— con la revuelta de Túpac Amaru en el Perú. Francisco Miranda utilizaría después el relato del Socorro como prueba, ante las potencias extranjeras, de que los suramericanos estaban listos para sacudirse la monarquía; los propios rebeldes, sin embargo, se veían más como súbditos ofendidos que como precursores de nada.

Las consecuencias: cooptación, memoria borrada y una fractura persistente

La consecuencia inmediata fue una combinación calibrada de represión y conciliación. Galán y sus compañeros fueron ejecutados de manera ejemplar; los jefes criollos fueron desmovilizados con cargos y sueldos; el pueblo llano recibió, al cabo de un tiempo, una amnistía general. Caballero y Góngora, el arzobispo mediador, fue nombrado virrey del Nuevo Reino de Granada y, ya en el cargo, decretó esa amnistía —gesto que sirvió también, tal vez, para tomar distancia de su propio papel como firmante de las Capitulaciones anuladas—. Viajó de Santafé a Cartagena y Turbaco a supervisar tareas costeras y militares, alejándose del centro político que la crisis comunera había convertido en incómodo.

Los impuestos volvieron. No con la brutalidad exacta de Gutiérrez de Piñeres, pero volvieron. La renta del aguardiente y la del tabaco siguieron siendo, hasta la década de 1790, las dos principales fuentes de recursos fiscales del virreinato. La presión tributaria general se mantuvo alta: hacia 1810, tras cierta atenuación, seguía rondando el 8,4% del PIB —muy por encima del 2,9% previo a las reformas—. La Corona había aprendido a cobrar sin edictos rotos, pero no había renunciado a cobrar.

La consecuencia de más largo aliento fue de otro orden. Los comuneros no proclamaron nunca la independencia. Muchos de quienes serían líderes de la Independencia estuvieron en 1781 del lado de la Corona; las Capitulaciones pedían mejor acomodo dentro del imperio, no salir de él. Pero el episodio dejó dos legados que el proceso independentista heredaría sin mencionarlos.

El primero es la médula misma de las Capitulaciones: la justicia distributiva, la idea de que los gravámenes debían recaer sobre quienes tuvieran mayor capacidad económica. Cuando Camilo Torres redactó en 1809 su Memorial de Agravios en torno al derecho de representación, se movía en un registro distinto —jurídico-político, no fiscal—, pero la línea de preocupación por el trato desigual que la metrópoli daba a los americanos venía de atrás y había tenido en Zipaquirá su formulación más nítida.

El segundo legado es más incómodo. La coalición comunera —criollos, mestizos, artesanos, indios— fue una alianza estratégica y transitoria fundada en una posición común frente al poder, no en un modo de vida compartido ni en un proyecto común. Los criollos socorranos que marcharon con Galán y con los caciques indios mantuvieron durante y después del movimiento una distancia social y cultural marcada respecto a mestizos, indígenas y negros, sirviéndose de sus vínculos con Europa para diferenciarse. Zipaquirá mostró, con crudeza, cuál era la jerarquía interna de la coalición: cuando llegó el momento del pacto, el capítulo que se cumpliría era el de los cargos para criollos; los que se olvidarían eran los del tributo indígena y los cobros eclesiásticos. Galán, mestizo, murió descuartizado; Berbeo, criollo, cobró mil pesos anuales. La represión fue diferenciada porque la coalición nunca había sido de iguales.

Esa fractura —entre un proyecto criollo capaz de negociar con la Corona y unas demandas plebeyas e indígenas que no encontraban quién las representara— no era todavía la fractura de 1810, pero era ya su borrador. La independencia repetiría, en otras claves y con otros actores, la misma operación: coalición amplia en el momento del enfrentamiento con el poder imperial, exclusión de los de abajo en el momento del reparto.

Por qué sigue importando

La memoria de los comuneros fue enterrada con eficiencia. La sentencia de Galán ordenaba el olvido de su nombre y durante casi un siglo la orden se cumplió: hubo que esperar hasta 1880 para que Manuel Briceño publicara en Bogotá Los comuneros, el primer texto importante sobre el episodio. Un siglo entero en el que la gesta permaneció en la sombra, mientras la historia oficial construía otro panteón —el de los próceres bolivarianos— y prefería no mirar atrás, hacia una insurrección que había puesto en escena, con demasiada claridad, las contradicciones internas del sujeto criollo.

Cuando el episodio volvió a la superficie, lo hizo cargado de usos políticos. La izquierda del siglo XX vio en Galán al mártir plebeyo y en Berbeo al traidor de clase; el ELN bautizaría uno de sus frentes con el nombre de Galán, invocando su descuartizamiento como emblema de la violencia que el orden colonial y sus continuadores ejercían contra los rebeldes populares. Otra lectura, más escéptica, subrayó lo contrario: que la rebelión no había constituido una subversión fundamental, porque el esfuerzo de Galán fue sofocado en su cuna sin lograr impacto duradero en la sociedad colonial.

Cada lectura captura una parte. La Revolución de los Comuneros no fue el primer grito de independencia, y quienes la han convertido en tal han tenido que forzar el material. Pero tampoco fue una simple asonada fiscal. Fue el momento en que una sociedad colonial se miró en el espejo de su propia protesta y descubrió que no cabía toda en la misma frase. El grito ¡Viva el rey, pero no queremos pagar la Armada de Barlovento! mantenía la fidelidad monárquica intacta; lo que quebraba era la ilusión de que el rey y sus súbditos americanos compartieran de veras el mismo cuerpo político. Cuando la Corona respondió duplicando el precio del tabaco y cuando, después del pacto de Zipaquirá, envió refuerzos desde Cartagena para anular lo firmado, dejó claro que la relación era otra: la de un poder imperial que gestionaba a sus colonias con la contabilidad de una guerra lejana.

Los comuneros dieron su respuesta y perdieron. Los pedazos del cuerpo de Galán, distribuidos por los caminos de Santander, hablaban un idioma que aquellas poblaciones aprendieron a leer. Tres décadas después, cuando el mismo altiplano volvió a agitarse, ya no lo haría en nombre del rey. Pero eso —el paso de la fidelidad ofendida a la ruptura— es otra historia, que no habría sido posible sin la lección amarga que dejó, en el suelo salado donde había estado la casa de Galán, la primavera insurrecta de 1781.