Camilo Torres Tenorio

El letrado como figura

Antes de ser prócer, Torres fue lo que la Nueva Granada de finales del siglo XVIII producía con más eficacia que cualquier otro tipo humano: un abogado criollo formado en los colegios mayores, con dominio del latín, del derecho indiano y del vocabulario ilustrado que circulaba en las tertulias de Santafé. Ese perfil, hoy borroso, era entonces una posición social y política precisa. Los letrados criollos eran los intermediarios entre la Corona y los pueblos, los redactores de instrucciones y memoriales, los ocupantes previsibles de las escribanías, las asesorías y —cuando la fortuna era generosa— las oidorías subalternas. Constituían, además, una clase con un techo estructural: por más brillantes que fueran, la jerarquía virreinal reservaba los cargos altos para peninsulares, y los americanos sabían, con la clase de conocimiento amargo que se transmite en las casas, que el ascenso pleno les estaba vedado.

Torres es la expresión más lúcida de esa clase porque supo convertir su propia condición limitada en objeto de análisis jurídico. Cuando en 1809 redactó el Memorial de Agravios, no escribió como súbdito ofendido sino como jurista que examinaba las contradicciones internas del orden imperial y las devolvía, formuladas en lenguaje de derecho, al centro peninsular que las había producido. Esa operación —traducir el agravio en doctrina— es su hallazgo específico. Sin él, la biografía política de Torres se disolvería en la de tantos otros patricios de su generación; con él, adquiere una densidad que ni la derrota militar posterior ni la mitificación republicana lograron disolver.

Popayán, San Bartolomé y la Ilustración de las ciencias útiles

Nació Torres en Popayán en 1766, en una ciudad que por su Colegio-Seminario tenía en la Nueva Granada un lugar intelectual desproporcionado a su tamaño. De ese seminario salieron —o pasaron por él en años próximos— varias figuras que la República consagraría después como próceres y mártires: junto al propio Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Francisco Antonio Ulloa y Joaquín Mosquera, aunque sus trayectorias fueron muy distintas entre sí. Popayán no formaba una hermandad ideológica: formaba una capa letrada con el mismo utillaje conceptual y con el mismo horizonte político estrecho.

La orientación intelectual del Colegio-Seminario había sido reformada por José Félix Restrepo, quien tras enseñar filosofía moderna en el Colegio de San Bartolomé de Santafé entre 1778 y 1781 llevó a Popayán una filosofía de orientación científica, con el apoyo decidido del rector. No era un detalle menor: los estudiantes ya no absorbían solo la escolástica tradicional sino también nociones de física newtoniana, matemáticas y observación experimental. Popayán, en el sur del virreinato, se sincronizaba así con el proyecto ilustrado que desde Santafé promovían José Celestino Mutis y su cadena de discípulos —Felipe Vergara y Caycedo en los años sesenta, Eloy Valenzuela en los setenta—, que fueron introduciendo matemáticas y filosofía moderna en el Colegio del Rosario.

Esta modernización pedagógica no fue clandestina ni subversiva. Al contrario: correspondía al discurso oficial del propio virreinato. Bajo el virrey Manuel de Guirior y, sobre todo, bajo el arzobispo-virrey Antonio Caballero y Góngora, se propuso sustituir la orientación escolástica de la enseñanza por una dedicada a las ciencias útiles y a la explotación racional de los recursos naturales del reino. Un pueblo con tantas riquezas por explotar, argumentaba Caballero y Góngora, no podía perderse en sutilezas especulativas. La Ilustración que la Corona autorizaba en Nueva Granada era, así, una Ilustración de utilidad —minería, botánica, matemáticas aplicadas—, no una filosofía política crítica. Pero como toda formación intelectual, desbordó su encargo.

Torres completó su formación en Santafé, donde los colegios mayores —San Bartolomé, el Rosario— eran la vía obligada para que los criollos accedieran al estudio del derecho y, con él, a los cargos disponibles en la administración colonial. Se hizo jurista en ese circuito, y allí quedó vinculado a la red de tertulias, expedientes y despachos que constituía la vida pública del virreinato. La paradoja de su generación era exacta: se formaba gracias a las reformas borbónicas —expediciones científicas, sociedades económicas, tertulias, colegios reformados—, y esa misma formación le permitía advertir, primero, la discriminación estructural que padecía como americano, y luego, con más audacia, la posibilidad de concebir el autogobierno.

La Tertulia del Buen Gusto y la sociabilidad santafereña

En Santafé, Torres frecuentó la Tertulia del Buen Gusto, un círculo de jóvenes patricios cuyo fin declarado era la diversión literaria: discursos, certámenes, adivinanzas, chistes, versos improvisados, comentario de libros llegados de Francia. La ciudad la conocía con sarcasmo como la compañía de los sabios, y ese apodo dice mucho tanto de la vanidad de sus miembros como del recelo con que la sociedad santafereña miraba las poses ilustradas de sus hijos ricos.

Pero la tertulia mundana era también un canal serio. Allí se hablaba de ciencias naturales, de historia, de libros que en teoría no debían circular. La Ilustración francesa —incluidos textos del enciclopedismo— entraba a Santafé por esas puertas: leída en voz alta, comentada, glosada, integrada al léxico común de un puñado de jóvenes que iban a ser, en pocos años, los cuadros de la revolución. Varios miembros de la Tertulia del Buen Gusto, entre ellos el propio Torres, perdieron la vida durante la Reconquista de 1816. El vínculo entre la sociabilidad ilustrada y el patíbulo no es retórico: es la trayectoria concreta de una generación.

Santafé no era una ciudad universitaria en sentido pleno —la población estudiantil, aunque creció sostenidamente a lo largo del siglo XVIII y particularmente después de 1720, nunca fue proporcionalmente grande—, pero funcionaba como capital intelectual del virreinato precisamente por esa red densa de colegios, tertulias y despachos que se superponían. En ese pequeño mundo, todos se conocían; se recomendaban, se disputaban clientelas, se casaban entre sí. Torres estaba dentro. Y desde dentro, con las herramientas exactas del jurista formado en San Bartolomé y en las tertulias, escribió lo que la historia recordaría como su documento fundacional.

1809: el Memorial de Agravios

El año 1808 desmontó el edificio imperial español. Napoleón Bonaparte capturó a la familia real, entronizó a su hermano José y ocupó buena parte de la península. Al año siguiente, la conquista francesa era casi completa. Ante ese vacío, en España se organizó una Junta Central, luego un Consejo de Regencia, y se convocó a los territorios americanos a enviar representantes. La convocatoria era desigual: a las provincias americanas se les asignaba un número de diputados muy inferior al de las peninsulares, pese a que la población americana era comparable o mayor. Sobre esa desigualdad —trivial en apariencia, escandalosa en el fondo— trabajó Torres.

El cabildo de Santafé lo encargó de redactar la instrucción que debía llevar el delegado Antonio Narváez y La Torre a la Junta de Sevilla. Torres compuso entonces el texto que la historiografía posterior conocería como Memorial de Agravios, fechado hacia finales de 1809. No estuvo solo en el gesto: varios cabildos neogranadinos —Popayán, Socorro, Tunja, Loja, entre otros— proveyeron a Narváez de instrucciones propias, y junto al escrito de Torres viajó otro de Ignacio de Herrera y Vergara, fechado el 1 de septiembre de 1809 y titulado Reflexiones de un americano imparcial, que sostenía que el pueblo es la fuente de la autoridad absoluta. Los cabildos no se limitaban a quejarse: formulaban programas de gobierno en lenguaje ilustrado.

El aporte específico de Torres fue doctrinal. La idea cardinal del Memorial es el derecho de representación: si los americanos son vasallos de la Corona en las mismas condiciones que los peninsulares —y así lo han sostenido siempre las leyes de Indias—, entonces la representación política que se les concede en los órganos del imperio no puede ser inferior a la que se otorga a los españoles europeos. La operación consiste en tomar la doctrina jurídica de la propia monarquía —la de la incorporación de las Indias como reinos y no como colonias— y devolvérsela como reclamo: no piden un privilegio, exigen que se cumpla el pacto. En ese momento, hay que recordarlo, la exigencia se formula todavía dentro del cuerpo nacional hispano. Torres reclama igualdad de derechos como vasallo, no independencia. La distinción es capital para leer el documento en su contexto: 1809 fue el año en que los criollos más lúcidos apostaron por reformar el imperio desde dentro, aprovechando la crisis para renegociar los términos.

Ese registro cambió con rapidez. En una carta a su tío Ignacio Tenorio, oidor de Quito, fechada el 29 de mayo de 1810, Torres anunciaba que estaba próximo el día en que se reconociera que somos ciudadanos y formamos un pueblo soberano. La idea de la nación hispana igualitaria empezaba a ser desplazada por la de la república. En apenas nueve meses, el marco conceptual del Memorial —igualdad dentro del imperio— cedía ante otro, más radical, que hacía del pueblo americano la fuente de su propia soberanía. El debate imperial sobre si las Indias eran colonias o reinos —que se reabriría en las Cortes de Cádiz de 1812 y sería revertido tras la restauración de Fernando VII en 1814— quedaba, para Torres, agotado.

20 de julio y la Junta Suprema de Santafé

El movimiento juntista de 1810 no fue un acto único ni un plan concertado, sino una cadena de pronunciamientos que atravesaron el virreinato en pocas semanas. Cartagena se pronunció el 22 de mayo y el 14 de junio; Cali el 3 de julio; Pamplona el 4; el Socorro el 10. Cuando el 20 de julio de 1810 se creó la Junta Suprema de Gobierno de Santafé, la capital se sumaba a un proceso que ya estaba en marcha en las provincias.

La Junta santafereña se declaró leal a Fernando VII —Fernando el Amado—, presentando el movimiento como protesta contra la ocupación napoleónica, no como ruptura con la monarquía. Este ropaje monárquico no era cinismo puro. La lealtad a Fernando VII era, para la mayoría, sincera; la independencia absoluta solo estaba en la cabeza de algunos y, divulgarla, habría expuesto el proyecto al fracaso: el pueblo miraba en el rey a un semidios. Pero la Junta, casi de inmediato, ejecutó un movimiento decisivo: el 26 de julio declaró que no reconocía al Consejo Supremo de Regencia y estableció que ninguna corporación o individuo peninsular tendría autoridad sobre estas tierras excepto el rey mismo. Y el 29 de julio convocó a las veintidós provincias del reino a enviar cada una un representante para formar un gobierno interino, que a su vez debía convocar una asamblea general de todos los cabildos para regular la elección de diputados.

Aquí empezaron los problemas. Santafé, por ser capital del virreinato, asumió la conducción del movimiento, pero varias provincias —Cartagena de manera notoria— objetaron esa pretensión hegemónica. Cartagena calificó la propuesta santafereña de gobierno monstruoso, la comparó con la Junta Central española que se pretendía combatir y propuso, en cambio, un gobierno federal con poderes divididos. La disputa que iba a definir la Primera República —centralismo contra federalismo— estaba planteada desde las primeras semanas.

En ese debate Torres se ubicó, con la seguridad del jurista, del lado federalista. La opción no era caprichosa: se apoyaba en la lectura constitucional de los Estados Unidos, cuyo modelo circulaba entre los letrados criollos como referencia obligada, y respondía a la desconfianza que las provincias sentían frente a cualquier concentración de poder en Santafé, replicando la que habían sentido antes frente a Madrid.

Las Provincias Unidas: arquitectura constitucional del federalismo

En septiembre de 1811, un congreso reunido en Santa Fe con representantes de varias provincias liberadas del control realista adoptó el sistema federal y comisionó a Torres para redactar una constitución basada en la de los Estados Unidos de América. El encargo lo definió como el arquitecto letrado de la nueva forma política. El 27 de noviembre de 1811 se promulgó la constitución de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y las provincias firmantes se unieron en confederación bajo el llamado Acta de Federación.

Firmaron cinco provincias: Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja. Cundinamarca, bajo la influencia de Antonio Nariño, no se adhirió. El acta rechazaba cualquier autoridad emanada de España y asumía una posición de total autonomía, aunque sin renunciar formalmente a la soberanía de la Corona: la ambigüedad monárquica seguía cumpliendo su función táctica.

Torres fue elegido presidente del Congreso de las Provincias Unidas y ejerció durante 1812 un papel central en la dirección del gobierno federal. Era, en la práctica, el jefe civil del proyecto alternativo al centralismo de Cundinamarca. Los contemporáneos lo caracterizaron como el gran tribuno y jurisconsulto que dirigía la política federalista del Congreso, fórmula que sintetiza bien la doble función que cumplía: elocuencia pública para defender la doctrina, técnica jurídica para redactar los instrumentos que la encarnaban.

Frente a él, Nariño defendía desde Cundinamarca la tesis contraria: el gobierno central fuerte era la única condición para la defensa militar de la revolución frente a España. Los federalistas, sostenía Nariño, dispersaban recursos y voluntades cuando lo que se necesitaba era concentrarlos. Era un argumento pragmático y militar; el de Torres era doctrinal y constitucional. Ambos tenían razón desde su óptica, y por eso mismo el choque era irreducible.

La Patria Boba: guerra civil y colapso

Entre enero y agosto de 1812, la disputa se convirtió en guerra. Cundinamarca declaró la guerra a las Provincias Unidas, y por primera —y desastrosa— vez coexistieron en el mismo territorio dos soberanías patriotas con ejércitos propios: la de Cundinamarca centralista, la de las Provincias Unidas federalista. En ocasiones las fuerzas operaban de forma combinada contra los realistas; en otras se enfrentaban entre sí. El 2 de diciembre, en Ventaquemada, hubo un episodio armado que dejó una veintena de muertos y que en su primer momento favoreció a Nariño.

La secuencia siguiente fue larga y confusa. Nariño fue capturado por los realistas en 1814, lo que privó al centralismo de su cabeza más visible. En diciembre de ese año, Manuel Bernardo Álvarez, gobernador de Cundinamarca, clausuró las sesiones del Colegio Electoral que debía decidir sobre la vinculación de la provincia al Pacto Federal, y terminó renunciando el 12 de diciembre de 1814 ante el avance de las tropas federalistas. Simón Bolívar, que ya operaba en la región, intentó sin éxito evitar el enfrentamiento armado entre patriotas antes de esa caída. La fusión de las fuerzas centralistas y federalistas se produjo entonces a fines de 1814, con las Provincias Unidas imponiéndose sobre Cundinamarca.

Pero la victoria llegó demasiado tarde. La guerra civil interna había consumido dos años preciosos, había desgastado los cuadros, dispersado los recursos, envenenado la relación entre las provincias y creado un caudal de resentimientos que la República no alcanzó a saldar. Cuando en 1815 el general Pablo Morillo desembarcó con el ejército expedicionario que Fernando VII, restaurado en el trono en 1814, había enviado a reconquistar los territorios rebeldes, encontró un país fatigado. La reconquista se completó en los primeros días de octubre de 1816 con una campaña rápida que derrotó los principales reductos independentistas.

El fracaso de la Primera República no fue solamente obra de Morillo. Los años de conflicto interno facilitaron el triunfo de las tropas peninsulares. Y esa parte del desastre —la fractura entre centralistas y federalistas— fue, ineludiblemente, obra también de Torres. Su federalismo era doctrinalmente coherente, jurídicamente sofisticado y políticamente ruinoso en las condiciones concretas de 1811-1814. Grandeza intelectual y limitación política son en él inseparables: la misma lucidez jurídica que hizo posible el Memorial de Agravios y la constitución federal hizo imposible el compromiso con el centralismo de Nariño que quizás habría permitido una defensa unificada.

La captura, el juicio, el patíbulo

El asedio de Cartagena por Morillo se completó el 6 de diciembre de 1815, tras ciento dos días de sitio en los que aproximadamente la tercera parte de la población de la ciudad murió por hambre y epidemias. Con Cartagena tomada, la campaña sobre el interior fue rápida. En los primeros días de octubre de 1816 la reconquista estaba consumada, y la represión —con sus procedimientos rigurosamente establecidos— empezó a operar.

Morillo instaló un Consejo de Guerra Permanente que imponía la pena capital a los acusados de rebelión. La Junta de Secuestros confiscó bienes e inmuebles de los insurgentes para financiar el ejército expedicionario, replicando el mecanismo aplicado en Venezuela desde 1815, donde Morillo procedía sistemáticamente contra las propiedades de rebeldes definidos en términos amplios. El aparato de represión combinaba ejecución pública, confiscación patrimonial e intimidación general.

Torres fue capturado y fusilado en 1816. Con él cayeron muchos de los cuadros civiles y científicos del proyecto independentista: Francisco José de Caldas, el naturalista formado en el círculo de Mutis; Jorge Tadeo Lozano; José María Carbonell; Joaquín Camacho, fusilado el 31 de agosto de 1816. La ejecución de estos hombres de letras —civiles, juristas, científicos, más que militares— tenía una lógica precisa: Morillo apuntaba al cerebro del movimiento, a la capa letrada que había producido las doctrinas, redactado las constituciones y dirigido el gobierno civil.

Rafael María Baralt lo describió después como duro y cruel por sistema más que por inclinación, una fórmula que apunta a que la crueldad no era exceso sino cálculo institucional: se trataba de escarmentar a una clase entera. La represión alcanzó también, con el tiempo, a figuras como Policarpa Salavarrieta y Antonia Santos. Y las noticias de las tácticas sangrientas de Morillo —especialmente contra los hombres de letras de la Nueva Granada y sus esposas— se difundieron con rapidez a ambos lados del Atlántico, acomodándose a los tropos de la leyenda negra española que ya circulaban en Gran Bretaña y Estados Unidos. La represión, pensada para cerrar el ciclo revolucionario, contribuyó paradójicamente a internacionalizarlo: el apoyo monetario y logístico a la causa independentista llegó, en buena medida, gracias al horror que las ejecuciones de 1816 suscitaron en la opinión pública anglosajona.

La red

Torres no fue un solitario. Perteneció a una red densa de parentescos, alianzas letradas y complicidades políticas que hicieron posible su trayectoria. Su hermano Jerónimo Torres estuvo también involucrado en la vida política del período. Su matrimonio con Francisca Prieto y Ricaurte lo insertó en las redes de la élite santafereña por vía familiar, en un mundo donde los enlaces matrimoniales duplicaban las alianzas políticas. Su tío Ignacio Tenorio, oidor en Quito, lo conectaba con la administración colonial superior y le proporcionaba interlocución epistolar de primer nivel: la carta del 29 de mayo de 1810 sobre el pueblo soberano es una pieza clave para leer el tránsito ideológico del propio Torres.

En Santafé, su interlocución más productiva fue con los otros letrados de la generación: Frutos Joaquín Gutiérrez, Ignacio de Herrera —autor del escrito compañero al Memorial—, y el círculo de la Tertulia del Buen Gusto. Su antagonista principal, Antonio Nariño, no fue solo un contrincante político sino un espejo invertido: ambos criollos ilustrados, ambos convencidos de encarnar la mejor opción para la República, ambos derrotados por Morillo, aunque Nariño sobrevivió al primer ciclo represivo. Manuel Bernardo Álvarez, el gobernador de Cundinamarca cuya renuncia el 12 de diciembre de 1814 cerró el episodio central de la guerra civil, fue otro de los actores con los que la trayectoria de Torres se cruzó en el momento decisivo.

Del otro lado, Pablo Morillo y Juan Sámano, los oficiales de la reconquista, fueron los agentes de su muerte. Sámano, que asumiría después el mando del virreinato restaurado, encarnó la fase más dura de la represión en Santafé.

Los lugares tejen otra red: Popayán como origen y matriz intelectual; Santafé como escenario de la carrera pública, la tertulia, el Memorial y el patíbulo; Villa de Leyva y Tunja como sedes del Congreso federalista; Cartagena como aliada del proyecto y luego como epicentro del asedio; Cundinamarca como adversaria interior; el Cauca como región natal a la que la biografía sigue haciendo referencia. La geografía de Torres es la del virreinato entero, no la de una ciudad.

La memoria

La ejecución de 1816 convirtió a Torres, casi automáticamente, en material de mito. La historiografía colombiana del siglo XIX —ligada íntimamente a la política, participante activa en la construcción de la institucionalidad estatal— utilizó la noción de pasado para consagrar los orígenes de la República, y dio carácter fundacional a las acciones de los héroes epónimos de la Independencia. Torres entró en ese panteón temprano.

La escritura de esa memoria no fue neutral. Las militancias liberal y conservadora produjeron lecturas divergentes del pasado: José María Samper desde el liberalismo, José Manuel Groot desde el conservadurismo, ofrecieron interpretaciones orientadas a legitimar proyectos políticos distintos. La historiografía conservadora, con Groot como referencia principal, valoró positivamente el legado español —instituciones, religión, tradiciones—, mientras que la liberal enfatizó la ruptura republicana. En ambos casos, los próceres fueron exaltados por virtudes coincidentes: valentía, inteligencia, elocuencia, firmeza. Se los presentó como individuos excepcionales cuyas cualidades personales justificaban el lugar social que ocupaban.

La obra fundacional que fijó el corpus de hechos sobre la Independencia fue la de José Manuel Restrepo. Germán Colmenares la calificó después como una cárcel historiográfica: un repertorio de hechos que los autores posteriores reacomodaron en interpretaciones distintas sin cuestionar el corpus factual, cerrando los caminos de investigación hacia la infinitud de los hechos sociales. Sobre esa cárcel se construyó, entre otros, el Torres canónico: el jurista mártir, el tribuno del Memorial, el presidente del Congreso ejecutado por los realistas. La observación crítica de Colmenares no encontró suficiente eco en la comunidad de historiadores.

En las últimas décadas del siglo XIX, la figura de Simón Bolívar se consolidó como padre de la patria combinando imagen y texto, y en ese proceso los otros próceres —Torres entre ellos— quedaron en un segundo plano jerárquico. Pero la construcción visual del prócer-mártir siguió operando: Alberto Urdaneta pintó un óleo sobre Caldas que se conserva en el Museo Nacional, ejemplo del trabajo iconográfico que fijó los rostros de la Independencia. El género del retrato del prócer —severo, atento, ilustrado, con libro o pluma— definió la manera en que Torres iba a ser recordado: no como el guerrero, sino como el letrado.

Hubo también debates eruditos sobre detalles simbólicos. José María Quijano Otero, en un artículo de 1872 titulado Nuestros mártires, atribuyó a Joaquín Camacho —fusilado el 31 de agosto de 1816— la paternidad de un jeroglífico simbólico: la letra T como signo de condena a muerte. Antonio José Restrepo, en 1886, discutió la atribución señalando antecedentes en la Atenas clásica. Esos intercambios menores muestran que la memoria de la Independencia no se fijó de un solo golpe: fue objeto de una elaboración constante, con disputas específicas por atribuciones, símbolos y prioridades.

Torres se estabilizó en esa memoria como el prócer letrado: el jurista de Popayán que redactó el Memorial, presidió las Provincias Unidas y murió por su convicción federalista. La imagen simplifica lo que hubo. Deja fuera la corresponsabilidad en la guerra civil que debilitó la República; el tránsito ideológico entre la lealtad hispana de 1809 y la soberanía popular de 1810; el hecho de que su federalismo fue tan producto de la desconfianza mutua entre provincias como de una convicción constitucional pura. Pero fija, con exactitud, lo esencial: que la Independencia colombiana no fue solo obra de generales sino también, y quizás sobre todo, de letrados; y que el precio que la Reconquista impuso a esa clase letrada —el patíbulo sistemático de 1816— fue el que produjo, por reacción, la resistencia que finalmente triunfaría desde 1819.

En ese doble sentido —autor del argumento constitucional del criollismo y víctima ejemplar de su derrota temporal— Camilo Torres Tenorio ocupa el lugar que la historia le reservó: no el de padre de la patria, título que Bolívar monopolizó, sino el de padre jurídico de una patria que él pensó antes de que existiera y que, cuando estuvo a punto de existir, no supo defender contra sí misma.