La impresión y persecución de los Derechos del Hombre en la Nueva Granada (1793-1794)

La recepción de la Declaración de los Derechos del Hombre en la Nueva Granada (1789-1795)

Entre el verano de 1789, cuando la Asamblea Constituyente francesa proclamó los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y el otoño de 1794, cuando el oidor Joaquín de Mosquera y Figueroa dictó la condena que envió a Antonio Nariño a los calabozos de Cádiz, el Virreinato de la Nueva Granada vivió un episodio singular de contrabando intelectual. La Declaración francesa llegó a Santafé de Bogotá filtrada por una obra realista y contrarrevolucionaria, fue traducida por un funcionario colonial que ejercía como alcalde ordinario y tesorero de diezmos, se imprimió en un taller privado atendido por el hijo del director de la Imprenta Real, y desencadenó una alarma virreinal que se propagó hasta Quito y Caracas. En ese trayecto —paradójico en cada uno de sus tramos— una élite criolla formada en la Ilustración borbónica se apropió del lenguaje de los derechos naturales, dejó fuera su radicalidad social y antimonárquica, y produjo un vocabulario político cuyos efectos tardarían veinte años en madurar. La pieza es breve en su cronología pero densa en su significado: no la Independencia todavía, pero sí el momento en que las palabras con las que la Independencia se pensaría empezaron a circular en Santafé, impresas en español y perseguidas por bando virreinal.

Un virreinato ilustrado bajo tutela borbónica

El Nuevo Reino de Granada de las últimas dos décadas del siglo XVIII era el resultado de un experimento reformista que la Corona misma había puesto en marcha. Los Borbones ilustrados —los "déspotas ilustrados" que buscaban simultáneamente formar intelectualmente a los criollos y estrechar el control imperial sobre las colonias— habían fomentado un aparato de saber útil: la Expedición Botánica dirigida por José Celestino Mutis, instalado en el virreinato desde 1761; la enseñanza de matemáticas y ciencias naturales según los moldes iluministas europeos; las bibliotecas públicas armadas en parte con los fondos jesuitas expropiados; las tertulias donde la élite letrada discutía botánica, mineralogía y economía política. El objetivo era doble: aprovechar los recursos del territorio y afianzar la lealtad de sus habitantes ilustrados. El resultado fue paradójico. Al enseñarles a los criollos a mirar la Nueva Granada como un espacio de recursos aprovechables mediante el conocimiento, los Borbones les dieron también las herramientas para pensarla como una entidad distinta de la metrópoli.

Esa "España ilustrada" que llegaba a Santafé no era la Francia enciclopedista. Era Feijóo antes que Rousseau, era la ciencia útil de Jovellanos antes que la soberanía popular de Locke o Montesquieu, era el rechazo a la escolástica y el entusiasmo por las matemáticas antes que el republicanismo. La Corte de Madrid había atraído a sabios franceses, ingleses e italianos para que enseñaran medicina, cirugía, botánica y mineralogía; ese modelo español mediado —esa Ilustración pasada por el filtro peninsular— fue el que formó, en distintas dosis, a Mutis, a Francisco José de Caldas, al propio Antonio Nariño. Cuando José Manuel Restrepo escribió años después su Autobiografía y citó a Feijóo, no hacía una elección erudita: nombraba la puerta por la que la modernidad había entrado a Santafé.

Sobre ese suelo intelectual se levantó, en los años finales del siglo, la infraestructura de la ilustración criolla. La Gaceta de Santafé, primer periódico bogotano, había aparecido en 1785 pero no había pasado del tercer número. La empresa duradera llegó el 9 de febrero de 1791, cuando Manuel del Socorro Rodríguez —cubano nacido en La Habana, llegado a la Nueva Granada como amigo personal y asistente del virrey José de Ezpeleta, que lo nombró bibliotecario real— publicó el primer número del Papel Periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá. El periódico duraría hasta el 6 de enero de 1797, casi exactamente el tiempo del mandato de Ezpeleta, en una coincidencia demasiado precisa para ser casual. Sus colaboradores fueron lo mejor de la ilustración neogranadina: Mutis, Francisco Antonio Zea, Francisco Javier Matiz, Caldas, Ulloa. En sus páginas se publicaron los escritos literarios producidos en la Tertulia Eutropélica, señal de que la prensa y la sociabilidad letrada eran caras de un mismo circuito. La Nueva Granada tenía, por primera vez, un espacio impreso donde una comunidad de lectores criollos podía reconocerse como tal.

Estas redes —periódicos, tertulias, colegios de Santafé que reunían estudiantes de provincias diversas, correspondencia privada entre elites criollas de distintas regiones— empezaron a tejer, casi sin proponérselo, un sentimiento de comunidad compartida. No era todavía identidad nacional; era algo más tenue y más eficaz: la conciencia de habitar un mismo horizonte de lectura, de saber, de conversación. Sobre ese tejido cayó, en 1789, la noticia de París.

Vías paradójicas: cómo llegó la Declaración a Santafé

Las obras de los filósofos ilustrados franceses penetraban en el Nuevo Reino de Granada lentamente y a menudo de contrabando. Locke, Montesquieu, Rousseau, la Enciclopedia: sus ideas —soberanía popular, división de poderes, derechos naturales del individuo— eran percibidas como amenaza al orden establecido, pues chocaban de frente con el absolutismo y el orden señorial. Circulaban entre la minoría letrada de las tertulias, pero su influencia decisiva no fue en la generación de los años 1790: fue en la siguiente, la que haría la Independencia. En el Caribe neogranadino la ruta era más porosa: los barcos procedentes de Jamaica, Curazao y los Estados Unidos llevaban impresos que se reproducían en la prensa cartagenera con relativa rapidez. En Santafé, más lejos de los puertos y más cerca del oidor, el camino era otro.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada por la Asamblea Constituyente francesa en agosto de 1789, no llegó a Santafé como panfleto revolucionario ni como texto autónomo. Llegó embebida en un libro de Christophe Félix de la Touloubre, conocido como Galart de Montjoie, cuyo título aparece consignado de dos modos —Historia de la Asamblea Constituyente en una versión, Las causas y comienzo de la Revolución en otra— y que era, en cualquier caso, obra de un realista. Montjoie no era entusiasta de la caída de la Bastilla; publicaría después panegíricos de Luis XVI y de María Antonieta. Pero su libro reproducía, en una hoja suelta contenida en uno de los tomos, la transcripción íntegra de los diecisiete artículos de la Declaración de 1789. La paradoja es completa: el mensaje que las autoridades coloniales terminarían persiguiendo como sedición había entrado al virreinato en el equipaje de un contrarrevolucionario francés.

La transmisión al interior de Santafé fue igualmente sinuosa. El libro llegó a manos del virrey Ezpeleta, quien lo facilitó a Nariño. No hay aquí clandestinidad heroica: hay favor virreinal, préstamo entre hombres del mismo círculo ilustrado, circulación autorizada de una obra formalmente inofensiva. Que en ese tomo viajara escondida —en una hoja suelta— la Declaración parece haber sido, para todos los implicados en ese momento, un detalle antes que un peligro. Nariño la tradujo del francés al español, cotejando artículo por artículo los diecisiete puntos de la versión de 1789. Es la versión más contenida de la Declaración: la que precede a la radicalización de 1793, la que aún convive con la monarquía constitucional francesa, la que no incluye los treinta y cinco artículos de la Constitución jacobina que años después circularían en la conspiración de Gual y España en Venezuela. Nariño tradujo, en otras palabras, la Declaración menos incendiaria de las disponibles. Que aun así resultara intolerable dice más del régimen colonial que del texto.

El 13 de diciembre de 1793, en la Imprenta Patriótica —taller de propiedad del propio Nariño, ubicado en la Plazuela de la Iglesia de San Carlos—, se imprimió el folleto. El impresor operativo era Diego Espinosa de los Monteros, hijo del director de la Imprenta Real. También aquí la escena resiste toda lectura conspirativa: el hijo del funcionario tipográfico del rey imprime, sin licencia, la traducción del texto fundacional de la Revolución francesa en la imprenta de un alcalde ordinario y tesorero de diezmos. No es un cuarto oscuro de revolucionarios; es la maquinaria de la élite colonial ilustrada operando en el filo de sus propias reglas.

El traductor y su biblioteca

Antonio Nariño encarnaba de modo casi perfecto al criollo ilustrado producido por el sistema borbónico. Formado en el Colegio de San Bartolomé, institución de élite en Santafé, había ocupado desde 1789 los cargos de alcalde ordinario y tesorero de diezmos. En noviembre de 1779 —diez años antes de la Revolución francesa— había presentado al virrey un plan de nueva administración para el virreinato en el que criticaba el estado económico colonial, señalando el comercio lánguido y la pobreza generalizada de los habitantes. Era, entonces, un funcionario reformista, un hombre que pensaba desde dentro del sistema y le proponía mejoras al rey. Nada en su trayectoria hasta 1793 sugería un revolucionario.

Lo que la confiscación de sus bienes reveló, sin embargo, fue otra cosa. Como parte de la condena, las autoridades inventariaron su biblioteca —introducida clandestinamente— y encontraron una colección que dejaba en evidencia la doble vida intelectual de la élite santafereña. Había clásicos griegos y latinos, obras de historia, de filosofía, de teología, de matemáticas, de medicina, de ciencias naturales, tratados de leyes y de derecho, y escritos de los enciclopedistas franceses del siglo XVIII. No era la biblioteca de un fanático francófilo: era el catálogo del saber ilustrado europeo tal como se lo podía coleccionar en Santafé al margen —y a veces con la complicidad tácita— de los controles imperiales. Nariño no había leído solo a Rousseau; había leído todo, y la Declaración de los Derechos del Hombre era una pieza más en un mosaico intelectual mucho más amplio.

Ese perfil explica varias cosas. Explica que la traducción de la Declaración no fuera un acto insurreccional sino una prolongación natural del oficio ilustrado: verter al español un documento que se juzgaba importante, imprimirlo, hacerlo circular entre pares. Explica también que la defensa de Nariño ante el tribunal —a cargo del criollo José Antonio Ricaurte— apelara a su nacimiento en Santafé, ciudad de reconocida lealtad al rey, y a su educación y conducta pública como refutación de los cargos. Nariño no se presentaba como un sedicioso: se presentaba como un súbdito ilustrado incomprendido. Y en un sentido literal, eso era.

La ambigüedad del personaje sobrevivió al proceso. La historiografía posterior lo tironeó en direcciones opuestas: liberal por haber publicado los Derechos del Hombre, conservador por su centralismo durante la Patria Boba, sin que ninguna etiqueta le calzara del todo. Esa incomodidad clasificatoria no es un defecto de los historiadores; es la marca de un momento en que las categorías políticas modernas aún no habían cristalizado, y en que traducir la Declaración francesa era compatible con haber presentado planes de administración al virrey.

El proceso: pánico y desproporción

La reacción de las autoridades coloniales fue inmediata y desmesurada. En 1794, poco después de que empezaran a circular los ejemplares, Nariño y Diego Espinosa de los Monteros fueron arrestados. El juicio quedó en manos del oidor Joaquín de Mosquera y Figueroa, de origen payanés —detalle que importa: el aparato judicial que reprimía a los criollos ilustrados de Santafé lo operaban también criollos, integrados a la maquinaria imperial—. El cargo formal era estrecho y preciso: "impresión, sin licencia, de un papel intitulado Los Derechos del Hombre". Bastaba con eso. No había necesidad de probar sedición: la ausencia de licencia era suficiente para articular un proceso que apuntaba, en realidad, a mucho más.

La red se extendió. Entre los comprometidos en la causa figuraron Francisco Antonio Zea —catedrático de ciencias naturales en San Bartolomé, miembro de la Expedición Botánica, uno de los colaboradores del Papel Periódico— y el doctor Manuel Ignacio Fróes de Carvalho, Visitador de Boticas, entre otros ciudadanos. Las autoridades no perseguían solamente al impresor: perseguían a la élite ilustrada como conjunto, sospechando que detrás del folleto había una conspiración anti-hispánica más amplia. La sospecha era en parte proyección —el pánico virreinal veía conjuras donde había tertulias— y en parte lectura correcta de que las redes que producían el periódico, las tertulias y las traducciones eran una sola red.

La condena para Nariño fue devastadora: diez años de cárcel, extrañamiento perpetuo de América y confiscación de todos sus bienes. Empezó a cumplirla en los calabozos de Cádiz en 1796, aunque logró fugarse al año siguiente y viajar a Inglaterra y Francia en busca de apoyo para la independencia americana —trayectoria que ya pertenece a otra historia—. Espinosa de los Monteros también fue apresado; varios de los procesados fueron remitidos a España, donde terminaron absueltos, resolución tardía que no compensaba los años de proceso ni el destierro.

El aspecto más revelador de la represión fue su alcance geográfico. El virrey Ezpeleta no se limitó a informar a los gobernadores de la Nueva Granada. Alertó también a Quito, a Caracas y a otras ciudades del Imperio, advirtiéndoles sobre la circulación en Santafé de pasquines sediciosos y del papel impreso titulado Derechos del Hombre. La alerta viajó por los canales oficiales de la administración colonial, llegando a jurisdicciones donde el folleto no había circulado y donde su nombre, ahora, quedaba grabado en la memoria burocrática como amenaza. Difícil no ver aquí una ironía: la persecución dio al texto una publicidad imperial que Nariño, con su tirada limitada y su circulación de mano en mano, jamás habría podido alcanzar. El régimen que quería suprimir la Declaración terminó nombrándola en despachos oficiales enviados a media América del Sur.

Los pasquines —esas hojas manuscritas o impresas que aparecían pegadas en muros de las ciudades coloniales— añadieron otra dimensión al pánico. Su lógica era desestabilizadora en cualquier caso: si eran ficticios, revelaban la fragilidad del orden que temía a un papel; si eran ciertos, mostraban rebeldías latentes; y el miedo mismo al rumor perturbaba más que cualquier contenido específico. La conjunción de pasquines y Derechos del Hombre en las alertas virreinales no era casual: las autoridades veían en ambos el mismo enemigo, la palabra impresa o escrita que circulaba fuera de su control.

Por qué reaccionaron así: el fondo de la alarma

Para entender la desproporción de la respuesta hay que salir del expediente y mirar el mundo de los años 1790 desde el escritorio de un virrey. La Revolución francesa había desbordado su marco de 1789: para 1793 Luis XVI había sido guillotinado, la Convención jacobina imponía el Terror, y las noticias que llegaban a Madrid y de allí a las Indias eran cada vez más alarmantes. El establecimiento de la república en los Estados Unidos había sido otro golpe, aunque menor: las autoridades coloniales restringían su difusión y sus efectos en Sudamérica fueron más tenues que los de la Revolución francesa, cuya carga emocional y política resultó mucho mayor. Y en el Caribe cercano, en Saint Domingue, la insurrección esclava de 1791 estaba produciendo una violencia que aterraba a las élites criollas de toda la región: la palabra "Haití" no era todavía la que sería, pero el temor a una guerra de castas —inflamada por la doctrina revolucionaria francesa y el ejemplo de la insurrección negra— era ya un factor central en la lectura política de cualquier texto que hablara de derechos y de igualdad.

Añádase a esto un antecedente doméstico que no se había olvidado: la rebelión de los Comuneros de 1781, apenas trece años atrás, había sacudido al virreinato y estaba muy presente en la memoria tanto del pueblo neogranadino como de sus gobernantes españoles. Los ecos de aquella insurrección resonaron con fuerza en la crisis de 1794-1797. Cuando Ezpeleta veía circular en Santafé un folleto que hablaba de derechos naturales del hombre, no leía el texto en abstracto: lo leía sobre el fondo de los Comuneros, de Saint Domingue, del Terror en París. Reaccionaba a lo que temía que el texto pudiera desatar, no a lo que el texto literalmente decía.

Había además un cambio de época en el propio absolutismo español. Los primeros Borbones habían fomentado los aspectos científicos y útiles de la Ilustración; el virrey Guirior había escrito sobre las "ciencias útiles" como programa deseable. Pero hacia 1790, con las revoluciones norteamericana y francesa a la vista, las autoridades coloniales empezaron a distinguir con creciente nitidez entre una Ilustración aceptable —la de la botánica y la mineralogía— y una Ilustración peligrosa —la de la soberanía popular y los derechos naturales—. La misma Corona que había importado sabios europeos y expropiado colegios jesuitas para modernizar la enseñanza se descubría ahora combatiendo las consecuencias políticas de esa modernización. El proceso contra Nariño fue, en ese sentido, un síntoma del desconcierto imperial: no sabían ya qué parte de la Ilustración podían seguir tolerando.

Lo que la Declaración significó y lo que dejó fuera

La versión que Nariño tradujo e imprimió —los diecisiete artículos de 1789— era la más contenida. Proclamaba la igualdad de los hombres en derechos, la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión; establecía que la soberanía reside esencialmente en la nación, que la ley es expresión de la voluntad general, que ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni detenido sino en los casos determinados por la ley. Era un documento fundacional, pero no era todavía el más radical. La versión de 1793, que precedió a la Constitución jacobina y que contenía treinta y cinco artículos, sería la que circularía años después en la conspiración de Gual y España en Venezuela. Aquella versión afirmaba el derecho a la insurrección con una nitidez que la de 1789 solo insinuaba, y desplegaba una concepción de igualdad social mucho más radical.

Que Nariño tradujera la versión de 1789 y no la de 1793 puede haber sido cuestión de disponibilidad —era la que Montjoie transcribía en su libro—, pero también encaja con el perfil de una recepción criolla selectiva. La élite ilustrada de Santafé se apropió del lenguaje de los derechos naturales, útil para pensar la relación entre el individuo y el poder, pero no incorporó el vocabulario de la insurrección jacobina ni el de la abolición del orden señorial. La igualdad de los diecisiete artículos era una igualdad ante la ley, no una igualación social; era compatible, en su formulación de 1789, con la monarquía constitucional; podía leerse como reforma antes que como ruptura. La radicalidad que las autoridades vieron en el folleto no estaba tanto en su letra como en el hecho mismo de su circulación impresa en español, sin licencia, en la capital del virreinato.

Esa poda —esa reducción del corpus revolucionario francés a un núcleo de derechos naturales legibles dentro del vocabulario ilustrado disponible— fue el rasgo característico de la recepción neogranadina. Los criollos adherían a las ideas de los enciclopedistas y a los principios de 1789, pero esa adhesión coexistía con el rechazo a la insolencia de los funcionarios coloniales concretos y al desprestigio de Carlos IV; no era todavía, en los años 1790, un programa articulado de independencia. Era más bien un lenguaje disponible, un stock de conceptos que la élite letrada iba acumulando y que, en la crisis imperial de 1808-1810, encontraría al fin condiciones para articularse en proyecto político.

Herencia: el vocabulario que quedó

Cuando Nariño fue enviado a Cádiz y el Papel Periódico siguió apareciendo hasta enero de 1797, cuando la Imprenta Patriótica quedó silenciada y las alertas virreinales se archivaron en despachos que hoy nadie relee, podría haber parecido que el episodio se cerraba en derrota. En cierto sentido lo hizo: el impresor fue apresado, la biblioteca confiscada, los procesados dispersos, y la Declaración no volvió a imprimirse en Santafé por décadas. Y sin embargo el episodio dejó dos herencias que resultarían decisivas.

La primera fue el vocabulario mismo. Las palabras "derechos del hombre", "soberanía", "nación", "ciudadano", "voluntad general" quedaron incorporadas al léxico político disponible para la élite letrada neogranadina. No estaban todavía en boca de muchos, no fundaban aún un movimiento; estaban depositadas, como semillas en un almacén, esperando condiciones. Cuando la crisis de 1808 —la invasión napoleónica de España, la abdicación de los Borbones en Bayona, el colapso de la legitimidad monárquica— destruyó el marco político dentro del cual esas palabras habían sido apenas ideas de tertulia, la élite criolla encontró un vocabulario esperándola. Los Comuneros de 1781 habían dejado la memoria de la rebeldía; Nariño en 1793 dejó el lenguaje con el que esa rebeldía podría ahora nombrarse.

La segunda herencia fue la propia paradoja del sistema. Las reformas borbónicas habían buscado formar criollos útiles al imperio y habían terminado formando criollos capaces de traducir la Declaración de los Derechos del Hombre. Los mismos colegios que enseñaban ciencia útil enseñaron a leer en francés; las mismas bibliotecas armadas con fondos jesuitas albergaron enciclopedistas de contrabando; el mismo virrey ilustrado que patrocinaba el Papel Periódico facilitó a Nariño el libro de Montjoie. La conciencia criolla de habitar un territorio distinto de la metrópoli, forjada a través del ejercicio de las ciencias útiles y de la lenta apropiación de una ideología diferente al absolutismo, convirtió la Independencia en un resultado indirecto e inesperado de las propias reformas de la Corona. No fue un guion escrito en Francia y ejecutado en América: fue una deriva interna del reformismo borbónico, precipitada por las circunstancias imperiales de 1808 y armada con el léxico que Nariño y sus contemporáneos habían empezado a construir en los años 1790.

Por eso la escena del 13 de diciembre de 1793 en la Plazuela de San Carlos —Espinosa operando la prensa, los pliegos apilándose, la traducción de los diecisiete artículos volviéndose por fin objeto material en español— sigue importando. No porque en ella empezara la Independencia, que empezaría por otras razones y en otro momento. Importa porque en ella se cristalizó, en un gesto concreto, la forma paradójica en que una revolución europea entra en una sociedad colonial: filtrada por un autor contrarrevolucionario, facilitada por un virrey, traducida por un funcionario, impresa por el hijo del impresor del rey, perseguida por una administración que al perseguirla la difunde. La Revolución francesa no llegó a Nueva Granada. Fue traída, cortada, traducida y guardada; y algunas de las palabras que Nariño puso en español aquella tarde de diciembre esperarían dos décadas en las bibliotecas y las cabezas de los criollos hasta encontrar, en la crisis del imperio, la ocasión de significar lo que en 1793 apenas sugerían.