Derechos del Hombre

Los Derechos del Hombre en la Nueva Granada

En el invierno de 1793, en una imprenta modesta detrás de la iglesia de San Carlos en Santafé de Bogotá, un criollo de treinta y ocho años llamado Antonio Nariño imprimió unas pocas hojas con la traducción castellana de un texto francés de diecisiete artículos. La operación duró horas; el efecto duró décadas. Aquellas hojas —la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789— entraron en la historia del virreinato no como doctrina filosófica sino como cuerpo del delito: papel confiscable, motivo de arresto, prueba de conspiración. La Nueva Granada no conoció los derechos del hombre en un salón, los conoció en un juicio. Esa condición de contrabando político —texto que se traduce a escondidas, se distribuye entre iniciados, se persigue de virreinato en virreinato y termina en la primera constitución republicana— explica por qué un panfleto de tirada mínima se convirtió en uno de los detonantes simbólicos de la independencia y en el vínculo intelectual más duradero entre Colombia y la tradición revolucionaria atlántica.

Un texto convertido en artefacto

La Declaración francesa aprobada por la Asamblea Nacional el 26 de agosto de 1789 era, en su formulación original, un documento de diecisiete artículos que sintetizaba los principios del constitucionalismo revolucionario: libertad, igualdad ante la ley, soberanía nacional, separación de poderes, propiedad como derecho inviolable. En Europa circuló pronto en múltiples lenguas y ediciones; en el Atlántico hispánico su tránsito fue distinto, porque España, tras la ejecución de Luis XVI en enero de 1793, ingresó a la coalición europea contra la Revolución francesa. Desde ese momento, cualquier cosa asociada al vocabulario francés —libros, grabados, fórmulas políticas, incluso modas— se volvió objeto de sospecha administrativa en las colonias americanas.

Es en ese clima donde la traducción de Nariño adquiere su peso. No se trataba solo de importar una idea, sino de imprimir en Santafé, en castellano, un texto que el propio Estado que gobernaba el virreinato había declarado enemigo. El acto de traducir se confundió con el acto de conspirar, y esa confusión —fabricada en parte por las autoridades, en parte por las circunstancias, en parte por el propio Nariño— convirtió los diecisiete artículos en un artefacto: algo que se manipula, se esconde, se decomisa. La materialidad importa aquí más que la teoría. Los Derechos del Hombre entraron a la Nueva Granada no como concepto sino como objeto físico, y ese objeto fue perseguido con una energía que amplificó su alcance mucho más allá del círculo íntimo al que Nariño lo había destinado.

El caldo ilustrado: cómo se preparó el terreno

Cuando Nariño imprimió su traducción, el virreinato llevaba tres décadas absorbiendo, a cuentagotas y por vías oficiales, el vocabulario de la Ilustración. José Celestino Mutis había llegado en 1761 y al año siguiente comenzaba a sentar las bases de una revolución científica que, con el respaldo de la Corona, se prolongaría en la Expedición Botánica y en la formación de una generación entera de naturalistas criollos. La intelligentsia neogranadina entre 1760 y 1800 compartía con la Ilustración española del reinado de Carlos III el rechazo a la escolástica, el entusiasmo por la ciencia moderna y la convicción de que el conocimiento útil podía remediar males sociales. En ese sentido no había ruptura entre metrópoli y colonia: había un proyecto ilustrado común.

La ruptura estaba en otra parte. Las obras de los enciclopedistas franceses —Voltaire, Rousseau, Raynal, Diderot— penetraban lentamente y de contrabando, y su influencia decisiva recaería sobre la generación que haría la independencia. Entre el ilustrado moderado formado en la Universidad y el lector clandestino de Rousseau había apenas un paso, y ese paso lo daban tertulias, correspondencias privadas, bibliotecas particulares y publicaciones como el Papel Periódico de la ciudad de Santafé de Bogotá, dirigido por el cubano Manuel del Socorro Rodríguez entre 1791 y 1797. Los 270 números del Papel Periódico —donde colaboraron Mutis, Francisco Antonio Zea, Francisco José de Caldas y otros— constituyeron el primer espacio impreso de importancia en la capital virreinal y el tejido letrado sobre el cual la traducción de Nariño encontraría lectores capaces de descifrarla.

Aquí opera una paradoja que las reformas borbónicas no supieron controlar. La Corona impulsó expediciones científicas, sociedades económicas, cátedras renovadas —el virrey Manuel Antonio Flórez y su antecesor Manuel de Guirior promovieron reformas educativas contra el método escolástico— con la intención de robustecer la autoridad real mediante el saber útil. Pero la misma élite criolla formada en esas instituciones adquirió las herramientas conceptuales para cuestionar el orden que la había educado. El ilustrado que aprendía a clasificar plantas también aprendía a clasificar formas de gobierno. Cuando llegó una traducción de la Declaración francesa, ese lector estaba preparado.

A esa maduración intelectual se sumaba una tensión material. Las reformas borbónicas habían multiplicado por más de tres la carga fiscal de la Nueva Granada: el impuesto sobre el producto pasó de cerca del 2,9% antes de las reformas a alrededor del 10,4% hacia 1800. Los estancos de tabaco y aguardiente aportaban el 32% de los ingresos de la Corona en la última década colonial. La política sobre el tabaco —reducción del precio de compra al campesino, alza del precio de venta, represión de siembras no autorizadas— había desencadenado en 1781 la revuelta de los Comuneros, que casi se toma Santafé antes de ser desmantelada por represión. A ese malestar fiscal se sumaba el resentimiento criollo por la reserva de los cargos coloniales importantes a peninsulares. El terreno estaba fértil, y lo estaba doblemente: por saber y por agravio.

El acto de 1793: imprenta, discreción, delito

La escena precisa del hallazgo del texto se cuenta de maneras discordantes, pero un núcleo se sostiene. Nariño accedió a la Declaración a través de un libro sobre la Revolución francesa escrito por Christophe Félix de la Touloubre —conocido como Galart de Montjoie—, un autor realista que más tarde publicaría el panegírico de Luis XVI y María Antonieta. La ironía es notable: el texto que encendería la sospecha revolucionaria en Santafé llegó envuelto en la prosa de un contrarrevolucionario que se limitaba a transcribir la Declaración como documento histórico. El libro habría entrado a la casa virreinal —al parecer al despacho o al entorno inmediato del virrey José de Ezpeleta— y de allí, por vías nunca del todo claras, pasó a manos de Nariño.

La impresión ocurrió el 13 de diciembre de 1793, aunque alguna versión la desplaza a los primeros meses de 1794. El taller —la Imprenta Patriótica— funcionaba en la Plazuela de la Iglesia de San Carlos, y quien manejó las cajas fue Diego Espinosa de los Monteros, hijo del director de la Imprenta Real. Este detalle importa: la maquinaria clandestina se sostenía sobre lazos familiares con la maquinaria oficial. La tirada fue corta y Nariño la distribuyó con cautela entre conocidos: un puñado de ejemplares, un círculo íntimo, la conversación privada como vehículo. La versión que tradujo era la de 1789, la de los diecisiete artículos, la moderada. No la de 1793, más radical, con treinta y cinco artículos, que años después difundirían los conspiradores Manuel Gual y José María España en Venezuela mediante la traducción atribuida a Juan Bautista Picornell. Esa diferencia entre versiones tiene consecuencias historiográficas: lo que Nariño puso en circulación no era el republicanismo jacobino sino el liberalismo constitucional de la primera hora revolucionaria.

Y sin embargo bastó. Bastó porque el acto —no el contenido— era el delito. La denuncia se produjo con rapidez y la reacción de la Real Audiencia fue desproporcionada respecto del tamaño de la tirada, pero exactamente proporcional al miedo geopolítico del momento. Nariño fue arrestado. Espinosa de los Monteros también. El cargo formal fue "impresión sin licencia de un papel intitulado Los Derechos del Hombre". La imprenta —esa institución que la Corona borbónica había fomentado como instrumento de administración— se revelaba de pronto como el instrumento capaz de desestabilizarla, y las autoridades reaccionaron como si hubieran descubierto un depósito de armas.

El juicio y la fabricación del símbolo

El proceso lo dirigió el oidor Joaquín de Mosquera y Figueroa, payanés, formado dentro del propio aparato judicial que ahora se ocupaba de un crimen inédito. La defensa recayó en José Antonio Ricaurte, abogado y cuñado del acusado, quien articuló un argumento hoy célebre por su astucia: los principios de soberanía popular que la Declaración enunciaba ya habían sido publicados en periódicos españoles, e incluso —afirmó Nariño en su defensa— por uno de los propios oidores de la Audiencia que ahora lo juzgaba. Si el contenido ya circulaba con permiso en la metrópoli, ¿en qué consistía el delito? La pregunta era certera y por eso mismo peligrosa. Cuando los oidores se enteraron de que el escrito de defensa de Ricaurte estaba siendo copiado y circulaba entre la élite criolla como un texto propio —una segunda publicación clandestina, esta vez sobre el propio juicio—, el defensor fue enviado a prisión sin proceso previo. El aparato judicial había producido, sin quererlo, un segundo panfleto.

La sentencia contra Nariño fue severa: diez años de cárcel, extrañamiento perpetuo de América y confiscación de bienes. Cumpliría su pena en los calabozos de Cádiz a partir de 1796, de donde se fugaría al año siguiente para iniciar el itinerario europeo —Madrid, París, Londres— que lo pondría en contacto con Francisco de Miranda y otros conspiradores hispanoamericanos. Francisco Antonio Zea, catedrático de ciencias naturales en el Colegio Mayor de San Bartolomé y miembro de la Expedición Botánica, fue comprometido en la causa por sedición y remitido preso a España, donde finalmente resultó absuelto. La represión, así, alcanzó no solo al impresor y su editor sino a figuras centrales de la ciencia oficial patrocinada por la Corona: el borde entre ilustración autorizada y sedición se había vuelto poroso, y la Audiencia lo notó tarde.

Lo decisivo del proceso, sin embargo, fue lo que ocurrió más allá de Santafé. El virrey Ezpeleta alertó a Quito, a Caracas, a Cartagena y a otras ciudades del virreinato y virreinatos vecinos sobre la aparición del impreso, describiéndolo como pieza de una conspiración anti-hispánica en marcha. Lo que había sido una circulación discreta entre veinte o treinta conocidos se convirtió, por virtud de la propia alarma oficial, en un rumor continental. Gobernadores, oidores y comisionados de puntos distantes se enteraron de que existía en Santafé un traductor de los derechos del hombre y de que ese acto era, por definición administrativa, un delito. La represión fabricó el símbolo. Antes del juicio, Nariño era un criollo con ambiciones intelectuales y una imprenta; después del juicio, era el hombre que había impreso el texto prohibido en América. Esa identidad —"traductor de los Derechos del Hombre"— quedaría adherida a su nombre para siempre, y por extensión al lugar donde había ocurrido el hecho.

Hay una dimensión que la administración colonial temía especialmente y que raramente se enunciaba en voz alta: el efecto de las "ideas sediciosas" sobre esclavos y personas de color. La Revolución de Saint-Domingue, en curso desde 1791 y que culminaría con la independencia de Haití en 1804, funcionaba como advertencia constante en el Caribe. Cuando las autoridades españolas alertaban sobre los Derechos del Hombre no imaginaban solo salones criollos discutiendo Rousseau: imaginaban también las plantaciones y los astilleros, los muelles de Cartagena, la costa venezolana. La conspiración de Gual y España, descubierta en La Guaira en 1797, confirmaría esa aprensión. Sus textos —incluida una traducción más radical de la Declaración— circularon en Guadalupe, llegaron a la costa venezolana como propaganda, y las noticias del complot alcanzaron Cartagena en menos de un mes por barco mercante. Fragmentos de aquel corpus habrían llegado también a la ciudad. La cuestión de los derechos, en el Caribe hispánico, era simultáneamente asunto de tinta y de piel.

Red de personas, lugares e ideas

La traducción de Nariño no fue el gesto solitario de un precursor. Fue la manifestación visible de una red mucho más amplia, y entender esa red corrige la tentación biográfica de la historiografía tradicional. En Santafé actuaban, en paralelo o en concurrencia, varias figuras: Nariño con su imprenta y su tertulia, Manuel del Socorro Rodríguez con el Papel Periódico, Mutis con la Expedición Botánica, Zea con la cátedra de ciencias naturales, Camilo Torres Tenorio —futuro presidente del Congreso de las Provincias Unidas— formándose en la Universidad, Pedro Fermín de Vargas con su itinerario clandestino hacia Europa. El Diego Espinosa que operaba la Imprenta Patriótica era hijo del director de la Imprenta Real, y ese detalle familiar es una metáfora de todo el tejido: los sediciosos y los administradores compartían apellidos, colegios, misas, tertulias. La ruptura política vendría de dentro del cuerpo colonial mismo, no de una minoría exterior.

Fuera del virreinato, la red conectaba con figuras de referencia atlántica. El marqués de Lafayette había redactado el borrador inicial de la Declaración en 1789 con asesoría de Thomas Jefferson, y el hecho circulaba como pedigrí prestigioso en las bibliotecas ilustradas. Francisco de Miranda operaba en Londres como articulador de conspiraciones hispanoamericanas y recibiría a Nariño tras la fuga de Cádiz. Los conspiradores Gual y España, en La Guaira, y Picornell, en su traducción radical, componían el frente venezolano del mismo movimiento. Los lugares —París, Madrid, Cádiz, Londres, Filadelfia, La Guaira, Cartagena, Santafé, Quito— formaban una geografía política interconectada por barcos, cartas y libros de contrabando. El texto de 1789 era el punto de referencia común en un archipiélago de intentos aún inconexos.

Dentro del virreinato, los lugares también contaban su historia. La Plazuela de San Carlos, donde estaba la imprenta, era terreno vecino al poder eclesiástico y político; la casa de Nariño, sede de tertulias; la Cárcel Real y luego los calabozos de Cádiz, escenarios del castigo; Cartagena de Indias, ciudad-puerto donde se cruzaban las noticias caribeñas; Popayán, cuna del oidor Mosquera y también de Camilo Torres, prueba de que el mismo territorio producía a la vez jueces del orden colonial y arquitectos de su ruptura. La geografía de los Derechos del Hombre en la Nueva Granada es tan importante como su cronología: es una geografía de imprentas, cárceles, puertos y colegios.

De 1810 a 1811: los derechos se hacen constitución

El proceso de Nariño no clausuró la circulación del texto; la sembró. Cuando en 1808 la crisis dinástica española —la prisión de Carlos IV y Fernando VII por Napoleón, la imposición de José Bonaparte— dejó al imperio sin cabeza legítima, las juntas americanas y los procesos de autogobierno criollo dispusieron de un vocabulario político que ya había circulado clandestinamente durante quince años. La independencia no se hizo con ideas improvisadas: se hizo con ideas que habían sido criminalizadas, y esa memoria de la criminalización daba peso a su reivindicación pública.

El 20 de julio de 1810 en Santafé abrió un ciclo de configuración política acelerada. Antonio Villavicencio, comisionado regio cuya llegada precipitó los acontecimientos capitalinos, encarnaba la última posibilidad de una salida negociada dentro del imperio; su fracaso condujo a la ruta de las juntas locales y, en pocos meses, a las constituciones provinciales. Entre 1811 y 1815 se proclamaron nueve constituciones en el territorio neogranadino, ante la imposibilidad de acordar una constitución general que unificara el reino. Cada una de ellas —Cundinamarca, Tunja, Antioquia, Cartagena, entre otras— asumió como propio el lenguaje de los derechos del hombre. Lo que Nariño había impreso a escondidas en 1793 era ahora fundamento legal explícito.

La Constitución de Cundinamarca de 1811 —a menudo llamada la primera Constitución de Colombia— estableció una monarquía limitada, la separación de poderes y los derechos del hombre y del ciudadano, y consagró el principio de que la soberanía reside esencialmente en la totalidad de los ciudadanos. La Constitución de Tunja de diciembre de 1811, más precisa en su definición, fijó los derechos esenciales del hombre en cuatro —libertad, igualdad legal, seguridad y propiedad— e incorporó en sus artículos 21 y 23 principios de soberanía popular directamente derivados del constitucionalismo francés: la soberanía como capacidad de hacer leyes, la prohibición de que una parte de la nación domine a otra, la exigencia de que las elecciones sean libres, el derecho de reunión ciudadana. La Constitución del Estado Soberano de Antioquia declaró que ningún hombre, clase, corporación o asociación podía ser más gravada por la ley que el resto de los ciudadanos, y el reglamento provisional para las elecciones del Colegio Electoral Constituyente antioqueño convocó a todos los hombres libres, incluidos los indios, eliminando la pertenencia a una casta como impedimento.

El contraste con los documentos preconstitucionales es revelador. Las capitulaciones de Zipaquirá de 1781, redactadas por los Comuneros, tenían como núcleo la idea de justicia distributiva; treinta años después, los constituyentes antioqueños hablaban el lenguaje de la igualdad abstracta propia de la Ilustración y de la Revolución francesa. El súbdito quejumbroso ante el rey injusto había sido reemplazado por el ciudadano portador de derechos. Esa mutación conceptual —del reclamo particular al principio universal— es la marca profunda que la traducción de Nariño y su recepción dejaron en el constitucionalismo neogranadino.

Ese momento constituyente fue también el de la propia trayectoria política de Nariño. El 14 de junio de 1811 lanzó el periódico La Bagatela, órgano de intervención en la naciente política capitalina. El 19 de septiembre de 1811 asumió la presidencia de Cundinamarca tras la deposición de Jorge Tadeo Lozano. Desde ese cargo defendió la posición centralista frente al federalismo del Congreso de las Provincias Unidas, presidido por Camilo Torres, en el conflicto que dividió a los patriotas durante la Primera República —la que la historiografía tradicional bautizaría, con más melancolía que rigor, como la Patria Boba. En 1812 renunció temporalmente para facilitar la paz entre facciones, pero fue llamado de vuelta al poder por representación popular para enfrentar a Antonio Baraya, a quien derrotó en la primera guerra civil entre Cundinamarca y las Provincias Unidas. El traductor de 1793 se había convertido en jefe de Estado; el precursor era ahora gobernante, con las contradicciones que ese tránsito implica. En sus Noticias muy gordas, con lucidez sombría, advirtió al público neogranadino sobre el peligro inminente de la reconquista española y las represalias que sufriría la población, señalando que los enviados de la Corona no vendrían a disputar con palabras sino a castigar sin distinción a todos los complicados en la insurrección. La advertencia se cumpliría.

Huella y disputa

La derrota de la Primera República entre 1815 y 1816, con la reconquista dirigida por Pablo Morillo, no borró el texto que Nariño había traducido; lo ratificó como referencia obligatoria de la generación siguiente. Después de la victoria patriota en Boyacá en 1819 y la instalación de la República de Colombia, el lenguaje de los derechos del hombre se incorporó al vocabulario constitucional del nuevo Estado y seguiría vertebrando, con transformaciones y traiciones, el pensamiento liberal colombiano del siglo XIX. La Constitución de Cúcuta de 1821, la de Rionegro de 1863, la de 1886, hasta la de 1991 con su generosa carta de derechos, componen una genealogía en la que el gesto de 1793 opera como origen mítico.

Pero el símbolo tuvo también vidas menos rectas. La estatua de Nariño en Bogotá conoció desplazamientos y desatenciones: en 1926 surgió la iniciativa de reubicarla en la plaza principal del barrio de Las Cruces, y entre 1945 y 1948 el Concejo de Bogotá dispuso adquirir predios para ampliar la Plaza de Nariño, aunque la escultura no se trasladó en esa ocasión. Con motivo del sesquicentenario de la independencia, la estatua fue removida de una plaza que para entonces se había convertido en parqueadero público y espacio de ventas populares. El destino urbano del monumento —olvidado entre carros y toldos— es una alegoría involuntaria del destino de muchas de las promesas de 1811.

En un registro completamente distinto y con signo político opuesto, el nombre reapareció en 1985. La toma del Palacio de Justicia por el M-19, dirigida por Luis Otero Cifuentes, con Andrés Almarales, Alfonso Jacquin, Elvecio Ruiz, Ariel Sánchez, José Domingo Gómez y una treintena más de integrantes del movimiento, se denominó "Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre" y se inició a las 11:30 de la mañana del miércoles 6 de noviembre. La elección del nombre —Nariño más derechos del hombre— evocaba de manera deliberada la figura del precursor asociada al ideario que había traducido en 1793, aunque la operación que la invocó terminaría convertida en una de las tragedias mayores de la historia reciente colombiana, con más de un centenar de muertos y once magistrados asesinados. Que la memoria del panfleto de 1793 pudiera servir de bautismo a una acción armada es prueba, incómoda pero real, de la plasticidad política del símbolo: los mismos derechos que fundaron una república también pueden ser invocados, dos siglos después, en operaciones que los violan.

La proyección internacional del nombre es más apacible. En 2002 se inauguró en la Universidad de París III–Sorbonne Nouvelle, en el marco del IHEAL, la Cátedra de Estudios Colombianos "Antonio Nariño". En su lección inaugural, el historiador Gonzalo Sánchez Gómez abordó los derechos del hombre en el contexto del conflicto colombiano, ligando explícitamente el gesto de 1793 con la pregunta contemporánea por los límites de la violencia política. Que sea en París donde una cátedra colombiana lleve el nombre de Nariño no es fortuito: los derechos del hombre son, en la retórica cultural franco-colombiana, el vínculo primordial entre los dos países, una lengua compartida a través del Atlántico.

La lectura definitiva del episodio de 1793 debería resistir dos simplificaciones. La primera, la hagiográfica, que hace de Nariño un genio solitario que introdujo con su valor personal las ideas modernas en un virreinato atrasado. Esa versión ignora la red criolla ilustrada —Mutis, Zea, Rodríguez, Espinosa, Ricaurte, Torres— sin la cual la traducción habría sido papel inerte, y desconoce que la propia Corona borbónica había formado esa red al fomentar la Expedición Botánica y las cátedras renovadas. La segunda simplificación, la desmitificadora, sostiene que el acto de Nariño fue menor —una tirada corta, una traducción de la versión menos radical, un texto tomado de un autor realista— y que su fama debe más al mito nacional que a los hechos. Esa versión olvida que la fuerza histórica de un acto no se mide por su tamaño material sino por su efecto en cadena: fueron el juicio, la alarma continental, la circulación del escrito de defensa de Ricaurte, la conexión posterior con las conspiraciones venezolanas y con las constituciones provinciales, lo que convirtió aquella impresión modesta en el punto de referencia obligado.

Los Derechos del Hombre llegaron a la Nueva Granada como contrabando y salieron como constitución. Entre esos dos estados —el papel escondido y el artículo publicado— cabe la historia entera de la crisis colonial: la formación de una élite letrada por las propias instituciones del imperio, la fricción fiscal de las reformas borbónicas, la crisis geopolítica de 1793 y la de 1808, el juicio como fábrica de símbolos, la red criolla como sujeto colectivo. Que un texto de diecisiete artículos, traducido de un libro realista por un criollo con una imprenta pequeña detrás de una iglesia, haya podido articular todo eso es la razón por la que aún se estudia. No es la historia de una idea; es la historia de un objeto peligroso que se hizo república.