Antonio Baraya

La semblanza de un criollo en armas

Baraya pertenece a esa capa de oficiales criollos que hicieron su carrera bajo el orden colonial y terminaron desmontándolo. Nacido hacia 1770 en Santafé de Bogotá, se formó en el ejército del virreinato en las décadas finales del siglo XVIII, cuando el escalafón permitía a los hijos de familias principales del reino ascender sin tocar los peldaños superiores reservados a los peninsulares. Esa condición —criollo instruido, militar profesional, con mando de tropa pero sin acceso pleno al poder— define su generación entera: la de quienes en 1810 tenían la disciplina castrense necesaria para sostener una revolución y, a la vez, los agravios acumulados para justificarla.

Su relieve histórico no descansa en una sola batalla ni en un discurso fundacional. Baraya pesa porque fue bisagra: participó en la jornada del 20 de julio, sirvió al gobierno de Cundinamarca en 1811 y comienzos de 1812, desertó a mitad de ese año con parte del ejército bogotano, se puso a la cabeza de las fuerzas del Congreso federal, venció a los centralistas en Ventaquemada, fracasó ante Santafé y sobrevivió al desastre para morir fusilado en la reconquista. Cada uno de esos actos lo colocó en un lado distinto de la línea, y ninguno permite reducirlo a mártir ni a traidor. Ningún relato lo resuelve del todo: cabe con incomodidad en la nómina de próceres y con la misma incomodidad en la de renegados, aunque la memoria pública lo haya reducido al busto que le hizo Bernardo Vieco en 1942 y al lienzo en el que su rostro se mira con la severidad ecuestre de los retratos de época.

Los orígenes: Santafé y la carrera de las armas

De la infancia y adolescencia de Baraya queda menos de lo que se quisiera. Los datos firmes son de origen tardío: la ficha del monumento inaugurado el 9 de agosto de 1942 en el separador de la calle 39 con carrera 13 fija su nacimiento en 1770, aunque ese dato viene de la conmemoración misma y no de una partida documentada. Su cuna santafereña, en cambio, no admite duda, y explica su ubicación posterior en el mundo político y militar de la capital.

La Santafé en que se crió era la sede administrativa del virreinato del Nuevo Reino de Granada, una ciudad de altura donde las jerarquías del orden colonial se manifestaban con una nitidez que la prensa ilustrada de fines del siglo XVIII —la Expedición Botánica, el círculo de Mutis, los periódicos de Nariño y Caldas— ya empezaba a incomodar. Baraya entró al servicio de las armas del rey en ese ambiente cruzado: fidelidad institucional a la Corona, pero con lecturas que iban carcomiendo el cimiento de esa fidelidad.

Como oficial, aprendió el oficio en un ejército pequeño, mal pagado, disperso entre las guarniciones de Cartagena, Panamá, Popayán y la capital, y con más experiencia en el patrullaje interno que en la guerra abierta. Esa formación explica algunas cosas de su desempeño posterior: sabía maniobrar batallones en el altiplano, conocía a sus pares del cuerpo de oficiales —Joaquín Ricaurte, el joven Francisco de Paula Santander, Rafael Urdaneta— y disponía de la autoridad natural que da el grado sobre hombres acostumbrados a obedecer.

La trayectoria: del 20 de julio al patíbulo

El estallido de 1810

Cuando en la tarde del 20 de julio de 1810 Santafé entró en efervescencia, Baraya era ya un oficial reconocido de la guarnición. Los días anteriores habían corrido rumores graves: el 18 de julio circuló por la ciudad la noticia de que el chapetón Llorente y otros españoles conspiraban para asesinar a criollos principales, y esa versión —cierta o inventada— envenenó los ánimos hasta hacer inevitable la jornada del viernes. El virrey Antonio José Amar y Borbón, pusilánime, no se atrevió a dar la orden de reprimir al pueblo ni a hacerse responsable de la sangre que pudiera correr; su esposa, según los testimonios de la época, le reprochaba a gritos esa cobardía.

En medio del vacío de mando, el pueblo confirió al propio virrey el cargo de presidente de la Junta que se instaló esa noche, en un gesto que revela la naturaleza aparentemente monárquica del movimiento: el rumbo real solo estaba claro en la mente de unos pocos, y la masa nada sospechaba del proyecto de fondo.

Al amanecer del 21 de julio se firmó el acta redactada por José Acevedo y Gómez, que reconocía a Fernando VII como rey legítimo y declaraba que, en su ausencia, toda autoridad residiría provisionalmente en la Junta Suprema hasta que se dictara una constitución. Baraya se sumó al nuevo orden con la naturalidad del oficial que cambia de superior sin cambiar de plaza: al fin y al cabo, seguía sirviendo a la misma ciudad bajo un mando reconfigurado. El 26 de julio, presionada por los "chisperos" —el sector radical del cabildo—, la Junta declaró que no reconocía al Consejo Supremo de Regencia, y estableció que ninguna corporación o individuo peninsular tendría autoridad sobre estas tierras, salvo el rey. Ese paso, todavía envuelto en formalismo monárquico, movía en los hechos la soberanía a las provincias americanas. La independencia absoluta solo se proclamaría en 1813, cuando el pueblo hubiera dejado de mirar al rey como un semidiós, y para entonces Baraya ya estaría en el bando perdedor de la primera guerra civil.

El servicio al gobierno de Cundinamarca

Entre 1810 y comienzos de 1812, Baraya sirvió al gobierno de Santafé —convertido en provincia y luego en Estado de Cundinamarca bajo la égida centralista de Antonio Nariño— con la disciplina del oficial de carrera. Fue nombrado inspector general de las tropas bogotanas, cargo que lo colocaba en la cúspide operativa del ejército más importante del interior del reino. En marzo de 1812, el gobierno lo envió al norte, contra la rebelde provincia del Socorro, que se resistía a la autoridad de Cundinamarca y se inclinaba hacia el proyecto federal en gestación.

Esa comisión resultó ser el punto de quiebre. Lo que Baraya vio en el camino —o lo que decidió antes de partir— sigue siendo materia de conjetura, pero el resultado no se discute: en el curso de esa campaña, y en el marco de la creciente tensión entre el centralismo bogotano y las provincias que exigían soberanía propia, desertó con parte del ejército y se pasó al bando federalista.

No lo hizo solo. Con él cambiaron de lado Joaquín Ricaurte, Francisco de Paula Santander y Rafael Urdaneta. La deserción simultánea de esos cuatro oficiales desnudó al gobierno de Cundinamarca de buena parte de su cuadro de mando. La historiografía centralista de entonces —y buena parte de la posterior— calificaría el episodio de traición y lo señalaría como origen de la guerra civil. La lectura, sin embargo, admite matices: Baraya no rompió con un proyecto revolucionario para regresar a la Corona, sino que se movió de un modelo republicano a otro, en un momento en que la disputa entre centralistas y federalistas era todavía una discusión constitucional legítima antes de ser un conflicto armado.

Las Provincias Unidas y la campaña contra Nariño

El bando al que se pasó Baraya se estaba organizando en esos mismos meses. En noviembre de 1811, los diputados de Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja habían firmado el acta que constituyó las Provincias Unidas de Nueva Granada, desconociendo a las autoridades españolas y sentando las bases de una federación con vocación pluriprovincial. Camilo Torres Tenorio, el jurista popayanejo autor del célebre Memorial de agravios de 1809, presidió el Congreso y encarnó la doctrina federalista: los cabildos autónomos eran la fuente de la legitimidad, y ninguna provincia debía subordinarse a otra. Frente a él, Nariño sostenía desde Santafé que Cundinamarca debía comprender los antiguos corregimientos de Mariquita, Neiva, Tunja, Socorro y Pamplona, y que la revolución requería un centro fuerte capaz de imponerse a las inercias provinciales.

Nariño respondió con energía. El 23 de junio de 1812 marchó furiosamente contra las operaciones confederadas, y el 30 de julio de ese año firmó con el Congreso el tratado de Santa Rosa, por el cual aceptó que las fuerzas de Baraya continuaran hacia el norte —hacia los focos realistas que aún quedaban en pie— en lugar de emplearse contra Cundinamarca. Era una tregua precaria, y no duró.

El Congreso de las Provincias Unidas se instaló formalmente en Villa de Leiva el 4 de octubre de 1812, con diputados de Antioquia, Cartagena, Casanare, Pamplona y Popayán, entre otras provincias. Baraya, ya al mando de las tropas federales, se convirtió en el brazo militar de esa asamblea. Desde su cuartel avanzó hacia el sur, formuló al pueblo y gobierno de Bogotá una solicitud de rendición, y con ese gesto abrió la crisis final. Entre el 20 de agosto y el 12 de septiembre de 1812, mientras Nariño se había retirado del mando en un intento de contribuir a la paz, gobernó Cundinamarca Manuel Benito de Castro; fue durante su breve administración que llegó la exigencia de Baraya. Una parte de la representación popular resolvió entonces que Nariño volviera a asumir la dirección del gobierno, en la convicción de que solo él podía enfrentar la amenaza federal.

Restablecido Nariño hacia el 12 de septiembre, la guerra fue inevitable. Las columnas se buscaron en el altiplano, entre Tunja y Bogotá, a alturas de 2.500 a 3.000 metros donde la logística castigaba tanto como el fuego enemigo. El 2 de diciembre de 1812, en Ventaquemada, las tropas de Baraya y las de Cundinamarca chocaron con un saldo de veinte muertos. La jornada terminó favorable al bando federal, y los soldados de Nariño se retiraron hacia Santafé. Fue el momento de mayor gloria militar de Baraya: había derrotado en campo abierto al gobierno del que había desertado nueve meses antes.

Nariño, entonces, optó por rendirse. Baraya no aceptó. La decisión —que la tradición centralista cargaría siempre en su cuenta— convirtió una victoria política en un asalto militar. Baraya intentó tomar Santafé por la fuerza. El 8 de enero de 1813 la descubierta federal apareció más allá del Puente Aranda; al día siguiente, 9 de enero, se descubrieron inmensas montoneras de sus fuerzas rodeando la ciudad en todas direcciones. Nariño, restituido en el mando, popular entre los santafereños por su afabilidad, su valor y la alianza que había tejido con el clero, resistió el ataque y lo revirtió. Baraya fue derrotado.

La primera guerra civil neogranadina la ganó Nariño, pero fue una victoria estéril. No unificó al Congreso con Cundinamarca ni estableció un gobierno único para la república. La fractura territorial quedó intacta: Girón, Vélez, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leiva, Muzo y Mariquita habían cambiado de bando o se habían separado de sus provincias originales durante el conflicto, y los realistas mantenían bolsones de resistencia en el noreste y el suroeste. La Patria Boba conservaría ese nombre precisamente porque los insurgentes no lograron ponerse de acuerdo mientras el enemigo común se reorganizaba al otro lado del Atlántico.

Los años intermedios y el regreso al servicio

Entre 1813 y 1815, Baraya sobrevivió a la derrota y volvió a ocupar puestos de mando en el ejército de las Provincias Unidas. Su actuación militar cubrió también teatros de operaciones al sur del altiplano, en la órbita de la batalla del Bajo Palacé librada en marzo de 1811 en el valle del Cauca. En esos años, mientras Nariño emprendía su propia campaña hacia el sur —que terminaría con su captura y traslado a Cádiz—, la Nueva Granada intentaba consolidar una arquitectura federal que la restauración fernandina en España venía a estrangular.

El regreso de Fernando VII al trono en 1814 cambió el escenario radicalmente. Con la monarquía restablecida y las potencias europeas comprometidas con el orden anterior, Madrid pudo destinar recursos a la reconquista americana. El ejército expedicionario de Pablo Morillo zarpó con la misión de someter a Venezuela y la Nueva Granada, y en ese punto la fragmentación republicana que Baraya había contribuido a producir mostró sus consecuencias más severas.

El asedio de Cartagena y la caída de la república

Morillo puso sitio a Cartagena y la tomó el 6 de diciembre de 1815, tras un asedio de ciento dos días en el que se calcula que murió aproximadamente la tercera parte de la población por hambre y epidemias. La caída del puerto abrió el camino al interior. Al año siguiente, en 1816, Morillo avanzó hacia Santafé y desmontó, provincia por provincia, la organización patriota. Baraya fue capturado en algún momento de ese avance.

El régimen del Terror que instauró Morillo tenía una lógica que sus propios contemporáneos —el venezolano Rafael María Baralt, el chileno Diego Barros Arana— caracterizaron como crueldad por sistema más que por inclinación. En Mompós, en marcha hacia la capital, Morillo hizo ahorcar a varios patriotas y ordenó decapitar el cadáver del teniente coronel Fernando Carabaño, colocando su cabeza en un palo, según consta en escrito del propio general. Nariño, desde su prisión, había advertido en las Noticias muy gordas que los reconquistadores "segarán las dos hierbas sin detenerse a examinar y apartar la buena de la mala". Fue una profecía exacta.

En 1816 cayeron, ante los pelotones de fusilamiento realistas, los principales líderes de la Independencia neogranadina: Camilo Torres Tenorio, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, José María Carbonell, entre muchos otros. Antonio Baraya fue uno de ellos. El sistema no distinguió entre federalistas y centralistas, entre partidarios de Nariño y partidarios del Congreso: bajo la mirada del ejército expedicionario, todos eran insurgentes, y todos merecían el mismo castigo. La represión, difundida rápidamente a ambos lados del Atlántico, alimentó la leyenda negra española que ya circulaba por Gran Bretaña y Estados Unidos, y contribuyó a que fluyera apoyo monetario y logístico para la causa independentista que Bolívar recompondría desde Angostura.

Baraya murió, así, como parte del bloque republicano que Morillo homogeneizó a golpe de plomo. La ironía histórica es evidente: el rebelde de 1812 recuperó, en el patíbulo, la unidad con sus antiguos enemigos que en vida nunca había alcanzado.

Su red: pares, adversarios, escenarios

La biografía de Baraya se entiende mejor si se atiende a la red de nombres y lugares que la enmarcan. Sus adversarios directos —Antonio Nariño en primer término, y con él el aparato militar y político de Cundinamarca— son inseparables de su figura: cada movimiento de Baraya se explica por respuesta o desafío a lo que Nariño hacía o proyectaba. Nariño era el ídolo del pueblo de Santafé; combatirlo en su propia ciudad, como intentó Baraya el 9 de enero de 1813, era pelear contra viento y marea.

Del lado federal, sus compañeros de armas y de causa incluyeron a Camilo Torres Tenorio, presidente del Congreso y voz doctrinal del bando, a Custodio García Rovira, oficial pamplonés que representaba la vertiente santandereana del federalismo, a José María Cabal y a Antonio Villavicencio, quienes junto con él integrarían la extensa lista de fusilados de 1816.

Con Ricaurte, Santander y Urdaneta compartió el gesto fundacional de la deserción de 1812. Aquellos cuatro nombres formaron una promoción de oficiales criollos que, sumada la que sobrevivió a Morillo, pasaría a integrar el núcleo militar de la Independencia definitiva. Baraya no alcanzó ese segundo tiempo: se quedó en la primera guerra, la que se libró entre patriotas.

Los escenarios geográficos de su vida militar dibujan un triángulo alrededor del altiplano cundiboyacense. Santafé, sede del gobierno centralista y objetivo estratégico; Tunja y Villa de Leiva, sedes del Congreso federal; Ventaquemada, entre ambas, el punto donde chocaron las armas el 2 de diciembre de 1812. Al norte, la Provincia del Socorro, cuya rebeldía en marzo de 1812 lo puso en el camino de la deserción. Más lejos, los teatros secundarios: Cartago, Ibagué, el Bajo Palacé en el Cauca, Popayán y, ya fuera de su alcance vital, Cachirí en Santander, donde en febrero de 1816 se libraría la batalla que terminó de romper la resistencia patriota en el nororiente.

Detrás de esa red humana y territorial había una idea en disputa: dónde residía la soberanía. Torres y el Congreso sostenían que en las provincias, herederas del pacto de los cabildos autónomos; Nariño insistía en que en un centro capaz de proyectar orden sobre el conjunto del reino. Baraya, con las armas, terminó defendiendo la primera opción. No fue un teórico político —no dejó textos doctrinales de peso—, pero al pasarse en 1812 al bando federal tomó partido en una discusión que definiría el siglo XIX colombiano entero, desde la Constitución de Cúcuta hasta la Regeneración.

Su huella: memoria, monumento y disputa

Baraya llegó a la posteridad por dos vías distintas y en tensión. Por un lado, el fusilamiento de 1816 lo canonizó como mártir: el patíbulo de Morillo borró retrospectivamente su condición de rebelde contra Cundinamarca y lo integró al panteón indiferenciado de las víctimas del Terror. La República liberal del siglo XIX y, después, la nación consolidada del siglo XX, prefirieron esa imagen limpia. El busto que Bernardo Vieco esculpió y que se inauguró el 9 de agosto de 1942 en el separador de la calle 39 con carrera 13 de Bogotá corresponde exactamente a esa operación de memoria: un homenaje sin acto jurídico formal que lo ordenara, más bien un gesto de la ciudad que reconocía a uno de sus hijos entre los mártires de 1816. El lienzo que preserva su rostro —severo, con el uniforme de oficial— refuerza esa versión.

Por otro lado, la historiografía profesional del siglo XX y del XXI ha ido devolviendo a Baraya su espesor incómodo. Estudiar a Baraya en esta clave es estudiar la Patria Boba desde adentro: sus tensiones militares, la lógica territorial de las lealtades provinciales, la genealogía de la primera guerra civil, la forma en que la fragmentación republicana debilitó la capacidad de resistencia frente a la Reconquista.

Esa segunda lectura no niega la primera, pero la complica. La memoria oficial prefiere al mártir; el análisis histórico devuelve al hombre que, en diciembre de 1812, tenía a Nariño derrotado y podía haber pactado la paz de la república, y que optó por avanzar sobre Santafé y perderlo todo. Los dos Barayas son ciertos. El primero murió el mismo día de 1816 en que cayeron Torres y Caldas, y su muerte fue una injusticia que no admite atenuantes ni escalas de gris. El segundo, el que rechazó la rendición ofrecida en Ventaquemada, cargó con un tramo de la fractura que Morillo vino a aprovechar.

La incomodidad de esta doble condición explica por qué la memoria colombiana ha tratado a Baraya con menos ceremonia que a otros próceres de su generación. No tiene una plaza mayor a su nombre en el centro histórico de Bogotá; su busto está en un separador vial, no en un pedestal solemne. Su fecha de nacimiento se conmemora sin exactitud documental. Su retrato circula, pero no ocupa el mismo espacio simbólico que los de Nariño, Torres o Caldas. En cambio, cuando se estudia la Patria Boba con seriedad, su nombre reaparece una y otra vez, porque sin él no se entiende la deserción de 1812, ni Ventaquemada, ni el asalto fallido a Santafé de enero de 1813, ni la cadena de causas que llevó al reino desde la autonomía triunfante de 1810 hasta el desastre de 1816.

Baraya obliga a mirar de frente el hecho de que la Independencia neogranadina no se decidió únicamente entre patriotas y realistas, sino también, y con la misma ferocidad, entre patriotas y patriotas. Las armas que habían echado al virrey se volvieron contra Santafé antes de que Morillo entrara al reino. El proyecto republicano se partió en dos —federalistas y centralistas— por una disputa constitucional legítima que se convirtió, por decisiones específicas de hombres específicos, en guerra civil. Y la Reconquista, con su violencia indiscriminada, produjo la única unidad que la Patria Boba no había sabido construir: la unidad de los muertos. En ese mapa de fidelidades cambiantes y traiciones recíprocas, Baraya no es héroe ni villano: es el testigo que la memoria oficial preferiría más limpio y la historia entrega tal como fue.

El 20 de julio de 1810, en Santafé, servía al orden que se acababa de romper. En marzo de 1812 marchó contra el Socorro y desertó en el camino. El 2 de diciembre de 1812 derrotó a Nariño en Ventaquemada. El 9 de enero de 1813 fue derrotado ante Santafé. En 1816 lo fusiló Morillo. Cinco fechas para una vida que resume, mejor que muchas, la ambigüedad de un tiempo en el que la libertad se ganaba y se perdía en el mismo movimiento, y en el que los mismos hombres que la habían proclamado tuvieron que morir juntos antes de merecer, colectivamente, el nombre de próceres.