La discontinuidad entre 1781 y 1810

La discontinuidad entre 1781 y 1810: por qué la Independencia no fue heredera del comunerismo

En el arco que va de la insurrección comunera del Socorro (marzo de 1781) al Grito de Independencia en Santafé (20 de julio de 1810) y la Reconquista de Pablo Morillo (1816), la historia neogranadina exhibe una paradoja que ninguna narrativa cívica ha logrado disolver: la primera gran movilización que puso en jaque al poder colonial no fue el prólogo de la segunda, sino su contrafigura. Los treinta mil hombres que marcharon desde el Socorro hacia Zipaquirá bajo Juan Francisco Berbeo, la sangre de José Antonio Galán descuartizada en cinco pueblos de Santander, el edicto que Manuela Beltrán rompió en la plaza: toda esa energía insurreccional plebeya desapareció del horizonte político efectivo cuando, veintinueve años después, los abogados y letrados de Santafé instalaron una Junta Suprema. ¿Por qué la fuerza del 81 no produjo liderazgo popular en el 10, y qué dice esa discontinuidad sobre el proyecto emancipador criollo? La respuesta es incómoda: la Independencia no fue continuidad del comunerismo sino su clausura, y esa clausura fue a la vez estructuralmente inevitable y deliberadamente ejecutada.

Se juega en la pregunta la naturaleza misma de la fundación republicana colombiana. Si 1810 es continuación de 1781 —tesis implícita en buena parte del relato escolar del siglo XX, que colocó a Galán y a Nariño en el mismo panteón—, entonces la Independencia habría sido un proceso de acumulación popular con liderazgo criollo tardío, y sus limitaciones sociales serían accidentes corregibles. Si, por el contrario, entre ambos momentos hay una discontinuidad estructural —una fractura de sujeto histórico, de vocabulario político y de mando—, entonces el conservadurismo social del proyecto criollo no es un defecto sobrevenido sino su condición de origen, y las exclusiones raciales, regionales y de castas que atraviesan el siglo XIX republicano no son la traición de un ideal fundacional sino su cumplimiento.

La pregunta importa además porque las claves de la desactivación se juegan en episodios concretos y documentados. Las Capitulaciones de Zipaquirá del 5 de junio de 1781 y su anulación por la Real Audiencia el 18 de marzo de 1782. El descuartizamiento de Galán el 1 de febrero de 1782. El Memorial de Agravios de Camilo Torres de 1809. La guerra civil entre Antonio Nariño y Antonio Baraya en 1812. El silencio historiográfico de casi un siglo hasta Los comuneros de Manuel Briceño en 1880. Cada uno es una pieza de la operación por la cual el sujeto plebeyo comunero fue desalojado del proyecto nacional en construcción.

Los términos del debate

Hay varias tesis en pugna que conviene nombrar con sus mejores argumentos antes de pesarlas. La primera, la más frontal, sostiene que la Independencia fue una operación de élites letradas que desactivó el potencial subalterno comunero, prefigurando el orden republicano excluyente. Su apoyo empírico es sólido: los redactores del Acta del 20 de julio —José Acevedo y Gómez a la cabeza—, los diputados federalistas de Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja que firmaron el Acta de Federación de noviembre de 1811, y los líderes de la Confederación como Camilo Torres eran todos abogados, hacendados o funcionarios coloniales, es decir, la misma élite criolla que en 1781 había estado mayoritariamente del lado de la Corona.

Una segunda lectura afina la primera: la independencia criolla operó una clausura clasista que requería borrar el precedente comunero, lo que cuestiona cualquier lectura continuista entre 1781 y 1810. Se apoya en la ausencia sistemática de referencia a Zipaquirá en los documentos fundacionales de 1810 y 1811, y en el silencio historiográfico que sepultó a los comuneros hasta finales del siglo XIX.

Cerca de ella se sitúa la tesis de la invisibilidad iconográfica: la ausencia de los comuneros del panteón fundacional fue un acto activo de exclusión que prefiguró el patrón de coalición de élites contra la voluntad popular. El manual de Jesús María Henao y Gerardo Arrubla, adoptado como texto oficial en 1910 y matriz de los libros escolares hasta los años setenta, es la evidencia palpable: el panteón fue construido en torno a abogados, militares criollos y mártires letrados, no en torno a Galán ni a los treinta mil del Socorro.

Una cuarta lectura desplaza el énfasis del acto criollo hacia la estructura: la Independencia hereda una desconexión entre demandas populares y proyecto criollo que limita su carácter emancipador. Las masas rurales —llaneros movilizados por José Tomás Boves en favor de España, indígenas que rechazaron el movimiento, mulatos y mestizos cuyos intereses no coincidían con los de la élite criolla— no fueron excluidas por decisión de los letrados sino por la incompatibilidad de sus horizontes políticos.

Y hay una quinta, la más provocadora: la traición del pacto comunero habría inaugurado un patrón de descrédito de los acuerdos negociados que ha lastrado la política colombiana hasta hoy. La anulación de las Capitulaciones de Zipaquirá por parte del virrey Manuel Antonio Flórez, apenas los rebeldes se desmovilizaron y llegaron los refuerzos desde Cartagena, habría enseñado a las élites que se puede pactar sin ceder, y a los subalternos que ningún acuerdo es firme.

Las cinco no son equivalentes ni excluyentes. Se combinan con jerarquía: la clausura fue estructuralmente condicionada, deliberadamente ejecutada mediante un modelo de pacto-desmovilización-represión aprendido en 1781, recodificada en el vocabulario ilustrado de la representación, y consolidada retrospectivamente por la construcción del panteón en el siglo XIX largo.

La evidencia comunera: un sujeto plebeyo que ya venía

El levantamiento del 16 de marzo de 1781, cuando Manuela Beltrán rompió el edicto de nuevos impuestos en la plaza del Socorro, no fue una explosión súbita. Venía precedido de motines en 1752, 1764 y 1767, de una sublevación indígena de cerca de mil personas en 1779 y de un motín en Mogotes en 1780. La región del Socorro —junto con Pamplona— tenía una estructura social distinta de la del resto del virreinato: pequeñas parroquias rodeadas de agricultura de medianos propietarios blancos, artesanos numerosos, una división del trabajo más avanzada que la de las zonas de hacienda del valle del Cauca o de la minería esclavista del Pacífico. De sus telares salían algodones en rama, lienzos, paños de manos y colchas que llegaban a Santafé, Popayán, Cartagena, Antioquia, Santa Marta y Riohacha, una producción textil estimada hacia la época del levantamiento en un millón de pesos.

Sobre esa economía cayó el peso desproporcionado de las reformas borbónicas. Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, nombrado regente visitador en 1778, restableció el impuesto de la armada de Barlovento y extendió la alcabala. Los estancos de tabaco y aguardiente —el segundo formalizado por Real Cédula anterior a las reformas, ambos intensificados por los Borbones— llegarían a concentrar alrededor de un tercio de los ingresos totales de la Corona en Nueva Granada en la última década de dominación, y la presión fiscal sobre la economía se cuadruplicó en pocas décadas. Los recaudadores y guardias de rentas hostigaban sobre todo a mulatos pobres, mestizos y sectores de bajos estratos, y ese hostigamiento cotidiano explica por qué el movimiento del Socorro se extendió con rapidez a Pamplona, Vélez, Cúcuta y los llanos orientales.

La alianza que se armó era heterogénea: criollos notables como Berbeo, mestizos, indígenas, mulatos pobres. Frágil, transitoria, pero real. Marcharon sobre Santafé y forzaron a las autoridades a negociar. El arzobispo Antonio Caballero y Góngora recibió el encargo de componer. Las Capitulaciones firmadas el 5 de junio de 1781 en el campamento de Zipaquirá incluían la fijación del tributo indígena en cuatro pesos anuales, la regulación del precio del aguardiente y la exigencia de preferencia de criollos sobre españoles en los cargos. Nada allí proclamaba la independencia. El horizonte era el de la justicia distributiva: un rey justo restaurando el equilibrio roto por sus visitadores.

La operación de Zipaquirá: la escuela criolla

Aquí se produce el episodio que enseñará a las élites cómo se hace. Berbeo firma. Los comuneros comienzan a regresar a sus pueblos. Llegan los refuerzos militares desde Cartagena. El virrey Flórez improba las Capitulaciones alegando que fueron negociadas bajo amenaza. La Real Audiencia expide el acuerdo formal de anulación el 18 de marzo de 1782. Berbeo, principal negociador, es nombrado corregidor con sueldo anual de mil pesos.

José Antonio Galán rechaza el pacto por insuficiente y prepara una segunda marcha sobre Santafé para el 15 de octubre de 1781. Dos días antes es aprehendido cerca de Onzaga junto con nueve compañeros. Es conducido a Santafé, juzgado, y el 1 de febrero de 1782 ahorcado, decapitado y descuartizado. Su cabeza va a Guaduas; la mano derecha, al Socorro; la izquierda, a San Gil; el pie derecho, a Charalá; el pie izquierdo, a Mogotes. La sentencia declara infame su descendencia, confisca sus bienes, ordena asolar su casa y —detalle capital— dar olvido a su nombre. Junto a él son ejecutados Molina, Alcantuz y Ortiz. La coalición firmante incluye a auditores de Santafé, al propio Caballero y Góngora —quien poco después será nombrado virrey— y al corregidor Berbeo, el mismo que había negociado en Zipaquirá.

El modelo queda establecido: pactar bajo presión, desmovilizar al aliado plebeyo, romper el pacto cuando el balance de fuerzas cambia, reprimir con brutalidad ejemplar al ala radical y cooptar al ala moderada con cargos. Berbeo se retira a su corregimiento; los treinta mil regresan al Socorro con la sensación de haber vencido y descubren, meses después, que no vencieron.

Esta es la primera operación estructural que hereda la Independencia. Cuando en 1810 las juntas provinciales se instalan una tras otra —Cali el 3 de julio, Pamplona el 4, Socorro el 10, Santafé el 20— y los criollos negocian con las autoridades coloniales el paso del poder, lo hacen con la memoria de que se puede pactar sin ceder. Con la diferencia decisiva de que esta vez son ellos quienes están del lado del pacto ganador.

La sustitución del vocabulario

La segunda operación es de lenguaje. Las Capitulaciones de Zipaquirá se articularon en torno a la justicia distributiva: precios justos del aguardiente, tributos moderados, preferencia de criollos en los cargos. Su marco era antiabsolutista de raíz hispánica —una tradición de fueros y libertades locales que los Borbones habían intentado suprimir, prohibiendo durante el despotismo ilustrado las obras de Francisco Suárez y la enseñanza del derecho natural—. No apelaban al contrato social ni al derecho de representación. Su súbdito era el vasallo agraviado, no el ciudadano.

El Memorial de Agravios que Camilo Torres redactó en 1809 opera en otra clave. Su idea cardinal es el derecho de representación. Aunque el título alude a los agravios, el marco conceptual pertenece al vocabulario atlántico de la Ilustración: representación, ciudadanía, contrato. El tránsito no fue un desliz teórico. Fue el resultado de tres décadas de formación intelectual criolla en tertulias, sociedades económicas y expediciones científicas —notablemente la Expedición Botánica protegida por Caballero y Góngora—, del acceso de una minoría letrada a los textos ilustrados franceses (Antonio Nariño imprimió los Derechos del Hombre el 13 de diciembre de 1793 en su Imprenta Patriótica), y del Semanario del Nuevo Reino de Granada que Francisco José de Caldas editó entre 1808 y 1810.

El efecto político del cambio de vocabulario fue radical. En el lenguaje de la justicia distributiva, el sujeto legítimo del reclamo es la comunidad plural: campesinos, indígenas, mestizos, artesanos, criollos, todos vasallos agraviados por un mismo visitador. En el lenguaje de la representación ilustrada, el sujeto legítimo es el ciudadano capaz de deliberar, es decir, el propietario letrado. Los treinta mil de Zipaquirá cabían en el primer vocabulario; en el segundo no. La sustitución del lenguaje no fue una traducción: fue una expulsión.

Aquí la tesis de la inconmensurabilidad recobra fuerza: comunerismo e Independencia pertenecen a tradiciones políticas que apenas se tocan. No hay traición porque los criollos de 1810 nunca habitaron el lenguaje del 81. La paradoja borbónica que Juan Pablo Viscardo documentó —la Corona formó a los criollos con reformas ilustradas y esa misma formación los alejó de la Corona— produjo una élite que hablaba un idioma político distinto del que se había hablado en el Socorro.

Pero la inconmensurabilidad no es toda la historia. Porque los criollos de 1810 sí conocían el precedente, y su modo de gestionarlo fue el silencio.

La borradura: cabildos, juntas y la ausencia comunera

Cuando la Junta Central Suprema española fue reemplazada por el Consejo de Regencia y los americanos empezaron a discutir la legitimidad del nuevo cuerpo, Ignacio de Herrera y Vergara escribió en Santafé el 1 de septiembre de 1809 que "el pueblo es la fuente de la autoridad absoluta". La fórmula sonaba democrática. En la práctica, el pueblo así invocado era el cabildo: institución del Antiguo Régimen integrada por vecinos notables. Cuando en julio de 1810 se instalaron las juntas provinciales, el mecanismo fue casi siempre la invocación del cabildo abierto, combinado con la participación de algunos vecinos.

El Acta del 20 de julio, redactada por Acevedo y Gómez, dispuso que la autoridad quedara provisionalmente en la Junta Suprema, que las provincias enviaran representantes a un cuerpo deliberativo, que el gobierno se basara en la libertad de las provincias unidas por sistema federal, y que se reconociera a Fernando VII como monarca legítimo. La junta de Cartagena se constituyó por unión del cabildo con seis diputados de la ciudad y cinco de los cabildos subalternos; el 11 de noviembre de 1811 declaró su independencia absoluta.

En todo este proceso —el juntero de septiembre de 1809 a febrero de 1811, el Acta de Federación de noviembre de 1811 que creó la Confederación de las Provincias Unidas, la guerra civil de 1812 entre Nariño y Baraya, la parálisis militar frente a Morillo en 1816— el comunerismo está ausente como referente explícito. No se invoca Zipaquirá. No se nombra a Galán. Un cronista contemporáneo dejó constancia de que el plan de la revolución del 20 de julio estaba en manos de un grupo reducido de criollos, mientras la masa popular, que nada sospechaba, actuó dejando explotar sus antipatías contra algunos españoles.

La ausencia no es neutra. En el Socorro, provincia comunera por antonomasia, la junta se instaló el 10 de julio de 1810, diez días antes que la de Santafé. Los cuadros locales conocían el 81 en carne viva —muchos eran hijos o nietos de quienes habían marchado a Zipaquirá—. Pero el lenguaje con que la junta se articuló ya no era el de las Capitulaciones. Era el del federalismo ilustrado que Camilo Torres suscribiría poco después al presidir el Congreso de las Provincias Unidas.

La tensión estructural: por qué no hubo pacto posible

Contra la lectura de una operación puramente criolla debe pesarse la evidencia de que el sujeto plebeyo mismo era heterogéneo hasta la incompatibilidad. La rebelión comunera había sido una alianza estratégica y transitoria de criollos, mestizos, indígenas y mulatos pobres, unidos por el agravio fiscal pero divididos por posiciones sociales muy distintas. En 1810 esa alianza no se reeditó, y no solo porque las élites no la buscaran: los propios sectores populares tenían horizontes divergentes.

Los indígenas rechazaron con frecuencia el movimiento independentista. Los llaneros, que pelearían décadas después con Bolívar, en un principio siguieron a Boves y combatieron por la Corona: sus inquietudes no hallaban resonancia en el proyecto criollo. Las comunidades rurales afrodescendientes e indígenas del Caribe neogranadino, que habían resistido abusos coloniales, no tenían vínculos con la rebelión comunera ni concebían una nación independiente igualitaria. Entre la élite criolla y los sectores populares, la cuestión se planteaba en términos raciales, de etnias y de castas: cualquier acuerdo era aleatorio y estaba marcado por desconfianza mutua.

Esta desconexión estructural refuerza y matiza la tesis de la clausura. Los criollos no inventaron la exclusión plebeya: la heredaron de una sociedad de castas que había organizado tres siglos de vida colonial. Pero heredarla y consolidarla activamente son cosas distintas. La nueva élite criolla post-independentista no estaba interesada en romper los nexos culturales con Europa, precisamente porque esos nexos le servían para distanciarse de la masa de mestizos, indígenas y negros. La construcción de un sentido de igualdad con los europeos, basado en el acceso al conocimiento civilizatorio, funcionaba simultáneamente como distanciamiento de los europeos y como distanciamiento de los subalternos americanos. La clausura era doble.

La respuesta

La discontinuidad entre 1781 y 1810 admite una lectura precisa: la fuerza insurreccional comunera no se tradujo en liderazgo plebeyo porque nunca hubo un sujeto unificado que pudiera producir tal liderazgo, y porque la élite criolla —formada intelectualmente en las mismas reformas borbónicas que la alienaron de la Corona— construyó activamente un proyecto emancipador cuyo vocabulario, mecanismos y actores excluían por diseño a los sectores populares. La operación se apoyó en tres pilares: un modelo de pacto-desmovilización aprendido en Zipaquirá, un vocabulario ilustrado de la representación que sustituyó al vocabulario hispánico de la justicia distributiva, y una borradura simbólica del precedente comunero que se prolongó a lo largo del siglo XIX.

La tesis del pacto traicionado como origen de un patrón político colombiano tiene mérito pero debe matizarse: lo que Zipaquirá enseñó a las élites no fue tanto a descreer de los acuerdos como a instrumentalizarlos. Berbeo firmó y fue recompensado; Galán rechazó y fue descuartizado. La lección de la coalición ganadora —criollos moderados aliados con la autoridad colonial contra el ala radical plebeya— fue el molde operativo con que la élite letrada de Santafé abordaría luego su propia relación con la Corona y, más tarde, con los sectores populares que la acompañaron intermitentemente en las guerras de independencia.

La borradura iconográfica es la ratificación de esa clausura. La gesta comunera permaneció en la sombra durante casi un siglo. El primer texto importante sobre la insurrección, Los comuneros de Manuel Briceño, apareció en Bogotá en 1880. En 1910, cuando el manual de Henao y Arrubla se adoptó como texto oficial y ganó el premio de historia del Centenario en Bogotá, el panteón ya estaba fijado en abogados, militares y mártires letrados: Nariño, Torres, Caldas, Acevedo y Gómez, Policarpa Salavarrieta. Ese manual, matriz de los textos escolares hasta los años setenta, buscaba explícitamente la unidad cultural y espiritual del pueblo colombiano por encima de las diferencias políticas, dentro del proyecto de una "nación cultural" que la Regeneración terminó de tomar forma en la primera década del siglo XX.

La recuperación de la figura comunera en el siglo XX —el frente José Antonio Galán del ELN, la revisión historiográfica de los años treinta que buscó incorporar a las clases populares en el relato nacional, la advertencia de Orlando Fals Borda de que el esfuerzo de Galán fue sofocado en su cuna sin producir subversión fundamental— llegó como corrección tardía, no como recuperación de una tradición viva. Cuando el siglo XX necesitó un linaje insurreccional, tuvo que exhumar uno que la fundación republicana había enterrado en cinco pedazos.

El núcleo aguanta: la Independencia neogranadina no fue el cumplimiento del comunerismo, sino su clausura. Los treinta mil que marcharon a Zipaquirá no encontraron descendencia política en el 20 de julio de 1810. La encontraron, tarde y a medias, cuando la nación que ellos no fundaron necesitó, ya bien entrado el siglo XX, reconstruir el linaje que sus fundadores oficiales habían sembrado de sal.