Manuel Antonio Flórez

El marino sevillano que llegó al virreinato

Sevilla, hacia 1723, seguía viviendo del rescoldo de la Carrera de Indias aunque el sistema atlántico ya se resquebrajaba: en ese decorado nació Manuel Antonio Flórez, y en él aprendió que el mar era también un oficio de Estado. Su carrera fue la de los oficiales de la Real Armada que los Borbones cultivaron con esmero tras el desastre de la Guerra de Sucesión: hombres formados en la navegación oceánica, en el arte del corso y en la defensa de puertos, familiarizados con Cádiz, con La Habana, con el ir y venir de convoyes escoltados y de guerras intermitentes con Inglaterra. En esa Armada reformada, Flórez ascendió por escalafón durante los años centrales del siglo, en operaciones que lo prepararon para las tareas de gobierno colonial que la Corona empezó a confiar a marinos experimentados. Las promociones no le llegaron por brillo cortesano ni por servicios científicos, sino por la paciente acumulación de mando en cubierta y de conocimiento del Caribe insular, esa geografía anfibia donde se decidía cada vez más el pulso imperial.

La elección de un oficial de marina para virrey no era casual en 1776. Carlos III y su ministro José de Gálvez rediseñaban el mapa administrativo del Imperio con lógica geopolítica: el Río de la Plata acababa de ser erigido en virreinato ese mismo año, y las provincias venezolanas quedaban reorganizadas primero como Intendencia de Ejército y Real Hacienda en diciembre de 1776 y al año siguiente bajo la nueva Capitanía General de Caracas, con jurisdicción de la Audiencia de Santo Domingo. El eje atlántico se estaba fortificando frente a la amenaza inglesa, y para gobernar Nueva Granada —cuya costa caribeña era la más vulnerable del dominio español en el norte de Sudamérica— la Corona quería a alguien que entendiera el mar. Flórez era ese hombre.

Una Nueva Granada entre reformas

La Nueva Granada que Flórez encontró al llegar en 1776 era una construcción institucional relativamente reciente y todavía inestable. El virreinato había sido erigido por primera vez en 1717 —las noticias llegaron a Cartagena en septiembre de 1719, y el Cabildo de la ciudad se apresuró a reclamar para sí la sede—, con Jorge de Villalonga como primer virrey nombrado en 1719. Aquella primera fundación resultó efímera: suprimida en 1724 tras el informe del propio Villalonga, que describió a Nueva Granada como la colonia más pobre del Imperio, sin la infraestructura para sostener el aparato virreinal. Antonio Manso Maldonado quedó como presidente. El virreinato fue restaurado décadas después y ya no volvió a suprimirse, pero la duda fundacional —si valía la pena, dónde debía tener su cabeza, quién debía mandar allí— seguía latente cuando Flórez tomó posesión.

Los cartageneros habían argumentado desde 1719 que la sede natural del virreinato era su ciudad, y no Santa Fe. El razonamiento del Cabildo de Cartagena era geopolítico: proponía incluir las provincias de Caracas, Cumaná, Margarita, Trinidad, La Española, Tierra Firme, Panamá y Veraguas, y sostenía que la primacía de Santa Fe respondía a razones demográficas de la Conquista que ya no eran las relevantes. El eje del nuevo virreinato, insistían, debía ser caribeño, porque era en el Caribe donde el Imperio se defendía o se perdía. La Corona no aceptó la propuesta, pero el argumento cartagenero era certero, y la práctica del gobierno virreinal terminaría dándole la razón parcial: sucesivos virreyes pasarían largos períodos en Cartagena, y Flórez llevaría esa costumbre al extremo.

Sobre esa estructura territorial, la maquinaria borbónica venía introduciendo cambios profundos desde mediados de siglo. En lugar del sistema de intendencias que se implantó en otros virreinatos, en Nueva Granada Carlos III creó la Regencia, una institución destinada a producir los mismos resultados fiscales y administrativos. El primer regente fue Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, nombrado regente visitador en 1778, en pleno gobierno de Flórez. La convivencia entre virrey y regente definiría todo lo que vino después.

Las reformas borbónicas habían aumentado la presencia de peninsulares en los cargos militares y de gobierno: hacia 1794 los gobernadores eran casi todos españoles, aunque los cabildos, cuyas regidurías se compraban, seguían mayoritariamente en manos criollas. La carga tributaria se había triplicado en pocas décadas, pasando del 2,9% del producto en el período previo a las reformas a rondar el 8,4% hacia 1800. En la última década colonial los ingresos de la Corona alcanzarían un promedio anual de 2,4 millones de pesos, y de esa cifra casi un tercio —unos 770.000— brotaría de los estancos de tabaco y aguardiente. Ese giro fiscal, más que cualquier otro rasgo, es la firma del reformismo borbónico en Nueva Granada, y Flórez lo administró en su fase de mayor intensidad.

El gobierno virreinal (1776-1781)

Flórez asumió el virreinato sucediendo a Manuel Guirior, cuyo gobierno había tenido rasgos ilustrados: había recibido, por ejemplo, la queja de José Celestino Mutis contra la ofensiva dominica que en 1774 anunciaba una disputa pública para atacar las doctrinas copernicanas y había denunciado al médico gaditano ante la Inquisición. La transición no fue de ruptura, pero sí de énfasis: donde Guirior había mostrado una sensibilidad universitaria y científica, Flórez volcó su atención hacia la fiscalidad, las rentas y la defensa. Era el perfil que Gálvez buscaba.

Los años centrales de su gobierno estuvieron dominados por la guerra con Inglaterra. España entró en el conflicto en 1779, aliada con Francia y con las Trece Colonias americanas en rebelión, y toda la costa caribeña de la Nueva Granada se convirtió de la noche a la mañana en frente potencial. Cartagena era la joya defensiva del Imperio en el continente sur, la plaza fortificada por excelencia, y protegerla se volvió obsesión virreinal. La razón por la que Flórez terminaría instalado en la ciudad durante meses enteros —incluida la crisis comunera de 1781— fue prevenir un ataque de corsarios ingleses. No era negligencia ni fuga de la capital: era la lógica militar de un virrey-marino que sabía dónde estaba el peligro real desde su formación en la Armada.

En materia de gobierno civil y económico, Flórez respaldó la política que llegaba desde Madrid a través de la Visita Regia. Gutiérrez de Piñeres fue nombrado regente visitador en 1778 con el encargo explícito de aumentar la recaudación. El regente actuó con celo administrativo notable y con escasa sensibilidad política: restableció el impuesto de la armada de Barlovento, extendió la alcabala a productos hasta entonces exentos y reorganizó el estanco del tabaco con minuciosa arquitectura. La reorganización siguió una lógica de embudo: se acotó la producción legal a cuatro zonas de cultivo autorizadas —Ambalema, Girón, Pore-Nunchía y Palmira—, se canalizó la distribución por seis administraciones y factorías, y se fijaron normas técnicas de elaboración y empaque hasta el último detalle. Un sistema de resguardos policiales vigilaba la comercialización, mientras que numerosos pueblos que antes cultivaban tabaco quedaron excluidos de la producción legal. La administración real, con la misma mano, bajó los precios de compra al campesino, subió los de venta al consumidor y persiguió como ilegales las siembras no autorizadas. El resultado combinado era previsible y, para las cuentas de la Corona, deseable: más ingresos, más rencor.

El estanco del aguardiente de caña venía de más lejos. Establecido por Real Cédula del 23 de septiembre de 1700, había pasado por una reorganización que permitió un aumento continuo de la recaudación entre 1760 y la década de 1790. La administración del estanco del tabaco había dado un salto decisivo en 1774, durante el gobierno de José Solís, cuando pasó del arrendamiento privado —el primer rematador había sido José Mesa Armero, comerciante de Honda que pagaba cincuenta mil pesos anuales— a la administración directa por las autoridades virreinales. En tiempos de Flórez, esa máquina fiscal directa alcanzó su punto más agresivo. En sentido contrario operaba el impuesto a la minería, reducido del quinto real inicial (20%) al 3% para fomentar la actividad, en la esperanza de que la prosperidad minera arrastrara al resto de la economía.

Flórez no fue el ideólogo de estas medidas, pero fue el marco institucional que las hizo posibles. El regente ejecutaba con autonomía operativa notable, pero lo hacía bajo la autoridad del virrey, y con el respaldo político que solo el virrey podía otorgar. Cuando el patriciado criollo protestó —cuando los curas doctrineros alertaron sobre la ruina de los pueblos tabacaleros, cuando los comerciantes se quejaron del asfixio del monopolio—, la respuesta virreinal fue de continuidad. La lógica de la guerra imperial contra Inglaterra pesaba más que las tensiones locales. En medio de ese esfuerzo recaudatorio, la política científica ocupaba también la mesa del virrey: cuando Sebastián López Ruiz, encargado por Real Orden de 1778 de recorrer las montañas del virreinato para estudiar los sitios donde crecían las quinas y la canela de los Andaquíes, solicitó el título de descubridor de las quinas del Nuevo Reino, Flórez resolvió el pleito a favor de Mutis, en línea con la política de la Corona que su sucesor Caballero y Góngora coronaría con la Expedición Botánica el 1 de abril de 1783.

La rebelión y las Capitulaciones

El 16 de marzo de 1781, la comerciante Manuela Beltrán arrancó en la oficina de impuestos de Socorro un bando que informaba sobre los nuevos tributos. Aquel gesto, hecho por una mujer en una villa del oriente neogranadino, es la fecha canónica del inicio de la Rebelión de los Comuneros. La chispa era el impuesto, pero el combustible se había ido acumulando durante años de reformas: aumento de alcabalas, restablecimiento de la armada de Barlovento, expropiación de las siembras de tabaco, arbitrariedad de los recaudadores, todo agravado por la coyuntura de la guerra con Inglaterra que obligaba a exprimir aún más al virreinato.

La rebelión se extendió con rapidez por Pamplona, Vélez, Cúcuta y decenas de pueblos del oriente y los llanos. Criollos, mestizos e indígenas convergieron en un ejército del Común que, hacia mayo, marchaba hacia Santa Fe. El 8 de mayo de 1781, unos 500 hombres comuneros derrotaron al norte de Tunja a las tropas gubernamentales enviadas a contenerlos. El pánico se apoderó de Bogotá. Gutiérrez de Piñeres, el regente cuyas medidas habían encendido el fuego, huyó de la capital rumbo a Cartagena, donde se encontraba el virrey Flórez.

Que el virrey estuviera en Cartagena y no en Bogotá cuando la rebelión estalló ha sido leído a veces como una anomalía o como una fuga. No lo era. Flórez estaba en la plaza fuerte del Caribe cumpliendo la tarea que la Corona esperaba de él: prevenir un ataque de corsarios ingleses en el contexto de la guerra internacional. La capital administrativa de la Nueva Granada era Santa Fe; la capital estratégica y militar era Cartagena. Un virrey-marino en tiempos de guerra imperial hacía lo que Flórez hizo. Que esa distancia lo dejara fuera del teatro central de la crisis interna fue la paradoja del cargo, no un descuido personal.

Ante el avance comunero, se organizó en la capital una comisión encabezada por el arzobispo de Santafé, Antonio Caballero y Góngora, que había ocupado la sede metropolitana desde 1779. La comisión negoció con los rebeldes en Zipaquirá y firmó unas capitulaciones que aceptaban las principales demandas: reducción de tributos, participación criolla, freno al celo de los recaudadores. Juan Francisco Berbeo, líder principal del movimiento en las negociaciones, aceptó los términos y desmovilizó al ejército del Común, que se dispersó satisfecho. Berbeo fue posteriormente nombrado corregidor con un sueldo anual de mil pesos: la cooptación de las cabezas moderadas de la rebelión estaba pactada desde el mismo texto de las capitulaciones.

El texto llegó a Cartagena. Flórez lo leyó y lo improbó. Su argumento fue jurídico y contundente: las Capitulaciones tenían un defecto incorregible, haber sido negociadas bajo amenaza de violencia. Un pacto extraído por la fuerza carece de validez. La doctrina era impecable en términos formales; la maniobra, también. El ejército comunero ya se había disuelto. Cuando la desautorización virreinal se hizo pública, el movimiento carecía de la fuerza militar para responder. Solo José Antonio Galán, que había rechazado las Capitulaciones desde el principio y había continuado la lucha armada por su cuenta, seguía en pie. Fue apresado y ejecutado en Santafé el 1 de febrero de 1782. Su cuerpo fue descuartizado y sus partes expuestas en Guaduas, El Socorro, Villa de San Gil, Charalá y Mogotes. La sentencia fue firmada, entre otros, por los auditores de Santa Fe, por el propio Berbeo en calidad de corregidor y por el arzobispo Caballero y Góngora, ya no como componedor sino como parte del aparato represivo.

La decisión de improbar las Capitulaciones fue de Flórez. La ejecución del reformismo fiscal había sido de Gutiérrez de Piñeres; la negociación y la posterior represión política, de Caballero y Góngora; pero el pivote de la crisis, el momento en que se decidió que no habría concesiones reales, fue la carta virreinal desde Cartagena. La distancia que aparentaba marginarlo en realidad lo protegía: Flórez podía anular unas capitulaciones firmadas a 800 kilómetros sin haber estado sujeto a la presión física de los rebeldes. Su ausencia del altiplano fue, en ese sentido, funcional al desenlace.

La sucesión y el legado neogranadino

Caballero y Góngora heredó el gobierno tras la salida de Flórez. La transición se produjo en el marco de la reordenación posterior a la crisis comunera: el arzobispo, que había firmado las Capitulaciones en un papel descrito como ingrato y de componedor, fue nombrado virrey por el rey de España. Su virreinato, prolongado durante buena parte de la década de 1780, estuvo marcado por el peso del legado que le dejó Flórez —la represión de la rebelión y sus consecuencias sociales— y por un impulso ilustrado que, entre otras iniciativas, puso en marcha la Expedición Botánica bajo dirección de Mutis el 1 de abril de 1783 y formuló un Plan de Estudios que promovía las ciencias útiles —química, botánica, mineralogía, medicina— sobre las materias especulativas. El plan no llegó a implementarse plenamente. Caballero y Góngora también viajó a Cartagena y Turbaco para vigilar tareas costeras y militares en el Darién, alejándose por momentos de Santa Fe, en un patrón que replicaba —quizá inevitablemente— el de su predecesor.

La huella neogranadina de Flórez es la de un virrey que no cambió el rumbo de la política imperial pero sí lo administró en su fase más crítica. Instaló la Regencia con Gutiérrez de Piñeres al frente, respaldó la reorganización del estanco del tabaco, mantuvo la extensión de las alcabalas, reforzó la plaza de Cartagena en tiempos de guerra y, cuando la presión acumulada estalló en rebelión, tomó la decisión de invalidar la negociación que hubiera aliviado la crisis. Que la memoria colombiana lo recuerde poco —su nombre no ha cristalizado como los de Solís o Caballero y Góngora, y comparece apenas en los márgenes de la gran historiografía costeña— habla más de las convenciones de un relato nacional que privilegia a los virreyes ilustrados y a los mártires populares que del peso real de su gobierno.

De Bogotá a México: el segundo virreinato

Flórez dejó la Nueva Granada tras el desenlace comunero. Su carrera no terminó ahí. Carlos III lo nombró años después virrey de Nueva España, el más rico y complejo de los dominios americanos, cargo que asumió en 1787 tras un período de virreyes de corta duración y que ejerció desde Ciudad de México hasta 1789. Aquel segundo virreinato coincidió con los últimos meses del reinado de Carlos III y los primeros del de Carlos IV, un momento de transición dinástica en el que la política reformista empezaba a perder su motor. Flórez gobernó una Nueva España que era, por sí sola, más rica que todos los demás dominios americanos juntos, con un aparato administrativo mucho más consolidado que el neogranadino y con una tradición virreinal de doscientos cincuenta años. En ese teatro, la impronta del sevillano fue moderada: continuó las políticas fiscales heredadas, atendió la defensa costera del Golfo y del Pacífico novohispano —tarea para la que su formación de marino lo predisponía— y no emprendió reformas de envergadura.

El escenario que le tocó administrar era, sin embargo, de una densidad institucional que el altiplano neogranadino no había conocido. La Ciudad de México reunía tribunales, gremios, universidad, consulado de comercio, colegios mineros y una burocracia fiscal ya rodada por el ciclo reformista de Gálvez y Revillagigedo padre. El virrey heredaba un aparato en marcha más que uno por construir, y su papel se acercaba al de un administrador que engrasa piezas ajenas. Flórez atendió las cuentas del real erario, mantuvo la vigilancia sobre las provincias internas del norte —un frente militar que en Nueva España se prolongaba tierra adentro más que hacia el mar—, ordenó despachos de armas hacia La Habana y sostuvo el ritmo de la Real Armada en Veracruz y San Blas. No hubo censo general, ni gran obra pública, ni política científica que llevara su nombre. Hubo continuidad, que era, en aquel momento de tránsito dinástico, la instrucción implícita de Madrid.

Su sucesor, Juan Vicente de Güemes, segundo conde de Revillagigedo, es una de las figuras señeras de la administración novohispana ilustrada, recordado por su padrón general de población, sus obras de urbanismo en la capital y su decidido impulso a las ciencias útiles. El contraste con el saliente es elocuente: donde Revillagigedo dejó censo, obra pública y política científica, Flórez dejó cuentas ordenadas y costas vigiladas. Que la Corona lo colocara en el virreinato más importante del Imperio confirma el aprecio madrileño por sus servicios en Nueva Granada; que su gestión novohispana haya dejado escasa huella marca también los límites de ese aprecio.

Regresó a España tras su gobierno mexicano y murió en 1799. Vivió lo suficiente para ver la crisis del sistema imperial que había servido —la Revolución Francesa, las guerras revolucionarias, el desmoronamiento del pacto colonial— pero no la explosión final de las independencias que sus propias políticas habían ayudado a preparar. Murió como uno más de los servidores del Imperio: honores, cargos, sin gloria propia.

La red y el sistema

La biografía de Flórez es inseparable de la red de figuras con las que compartió proyecto. Carlos III y su secretario de Indias José de Gálvez diseñaron desde Madrid la política que él ejecutó en Bogotá y en México; Gutiérrez de Piñeres fue su instrumento fiscal más filoso y también su mayor problema político; Caballero y Góngora, el arzobispo con quien colaboró durante la crisis comunera y el sucesor que heredó su legado. Mutis, protegido primero por Messía de la Cerda —quien lo había traído a la Nueva Granada como su médico en 1761—, mantuvo con Flórez la relación mesurada de un científico que sabe que su labor depende del favor virreinal. López Ruiz, en cambio, encontró en Flórez a un juez que no le dio la razón, en una rivalidad larga y ácida que llegó a poner en duda la legitimidad de los títulos médicos de su adversario ante la sospecha de que el Real Colegio de Cirugía de Cádiz formaba cirujanos latinos pero no médicos.

Alrededor de estos nombres se movía la trama densa de la administración colonial. Los oidores de la Audiencia de Santa Fe mantenían conflictos de competencia constantes con los virreyes, y su facción interna era proverbial: cada oidor veía en sus colegas rivales y se apoyaba en su propia clientela. Los cabildos criollos compraban regidurías y sostenían un poder local no institucionalizado. Los comerciantes de Honda y de Cartagena se disputaban los remates de rentas. Los curas doctrineros mediaban entre pueblos y burocracia. En los cuerpos militares de los puertos el número de oficiales criollos superaba, antes de 1800, al de los peninsulares, aunque en los grados superiores —el 80% en Venezuela hacia 1800— los españoles seguían dominando. Sobre ese tejido se superponía la política de ordenamiento territorial que Antonio de la Torre y Miranda, antiguo oficial naval español, había ejecutado entre 1774 y 1778 en la provincia de Cartagena, fundando y organizando comunidades para concentrar a los llamados arrochelados y consolidar el orden social y el control estatal. Flórez heredó esa política y la profundizó.

En Cartagena y en los puertos del virreinato existía una armonía relativa entre el ejército y el cuerpo civil, a diferencia de las tensiones que se registraban en Popayán y en Santa Fe. Esa habitabilidad caribeña del mando militar es también parte del contexto que hizo que Flórez se sintiera más cómodo en Cartagena que en el altiplano.

Balance: la bisagra invisible

Manuel Antonio Flórez no fue un virrey brillante. No dejó un plan de estudios, no impulsó una expedición científica con su nombre, no promulgó un cuerpo de ordenanzas memorable. Fue algo distinto y quizá más decisivo: el gozne sobre el que se articuló la fase de máxima presión del reformismo borbónico en la Nueva Granada. Instaló la Regencia, sostuvo al regente cuando sus medidas incendiaron el oriente, reforzó Cartagena en tiempos de guerra imperial y, desde esa plaza, tomó la decisión que clausuró la vía negociada con los comuneros y encaminó al movimiento hacia su desenlace represivo.

Es tentador reducir su papel a la ejecución obediente de órdenes venidas de Madrid, o distribuir la responsabilidad de la crisis entre Gutiérrez de Piñeres —el técnico impopular— y Caballero y Góngora —el negociador que después reprimió—. La distribución es correcta en lo operativo, pero deja fuera lo esencial: sin la cobertura virreinal, ninguno de los dos podría haber hecho lo que hizo. Flórez fue el marco, y el marco importa.

La otra lectura, la que reduciría la crisis comunera a fuerzas estructurales impersonales —la triplicación de la carga tributaria, la exclusión criolla de los cargos superiores, los monopolios que ahogaban a los campesinos—, también toca algo verdadero. Ningún virrey individual podía haber evitado la tensión de fondo entre las exigencias fiscales del Imperio en guerra y la capacidad tributaria real de una colonia que Villalonga, sesenta años antes, había descrito como la más pobre del dominio español. Flórez heredó una contradicción que lo excedía. Pero heredarla no lo eximió de decidir dentro de ella, y sus decisiones —respaldar al regente, permanecer en Cartagena, invalidar las Capitulaciones— fueron suyas.

Si la memoria colombiana lo ha relegado, ha sido en parte por buenas razones: hubo virreyes más ilustrados, más creativos, más simpáticos al relato nacional. Y en parte por una convención que privilegia a los protagonistas visibles —los mártires como Galán, los arquitectos culturales como Caballero y Góngora, los técnicos polémicos como Gutiérrez de Piñeres— sobre las figuras del engranaje. Ese desequilibrio ha ocultado hasta qué punto la maquinaria imperial de la década de 1770 fue conducida por hombres como Flórez: marinos borbónicos formados en la Armada, sin proyecto propio, plenamente identificados con la política de Madrid, capaces de administrar la crisis sin resolverla. Su virreinato es el laboratorio donde se ensayó y agotó la fórmula borbónica en Nueva Granada. Lo que vino después —la Expedición Botánica, la formación intelectual de la élite criolla que a las tres décadas encendería la independencia, el desgaste creciente del pacto colonial— tuvo en el gobierno de Flórez su antesala silenciosa.