Manuel Guirior

El navarro de Aoiz

Guirior nació en 1708 en Aoiz, villa del valle pirenaico navarro, en una familia de la pequeña nobleza local vinculada por costumbre a los servicios del rey. Su trayectoria posterior traza el itinerario común de los segundones navarros del siglo XVIII: formación en letras y matemáticas suficiente para entrar joven en la Real Armada, ascenso por antigüedad y mérito en las guerras marítimas de Carlos III, y salto a la administración colonial como recompensa a servicios navales prolongados. Se casó con María Ventura de Aoiz y Zabalza, también navarra, en un matrimonio que reforzó los vínculos con la red de paisanaje que sostenía a los navarros en la corte y en América, una red densa que en la segunda mitad del siglo XVIII proporcionó al imperio una proporción desmesurada de sus altos funcionarios ultramarinos.

Su carrera naval lo llevó por el Mediterráneo y el Atlántico durante décadas. Combatió contra los ingleses en varios episodios de las guerras dinásticas del siglo XVIII y alcanzó el grado de jefe de escuadra. En 1766 fue nombrado gobernador y capitán general de Puerto Rico, donde permaneció hasta 1770. Fue en San Juan donde aprendió a gobernar tierra firme: reforzó las defensas de la plaza, atendió la administración fiscal de una isla estratégica en el Caribe borbónico y ejerció una autoridad territorial que hasta entonces sólo había conocido en la cubierta de un navío. Ese aprendizaje puertorriqueño fue decisivo: cuando Carlos III y su ministro José de Gálvez lo nombraron virrey de la Nueva Granada, no enviaban a un burócrata metropolitano sino a un hombre que llevaba cuatro años ejerciendo autoridad colonial en un enclave del mismo Caribe al que confluían los caminos de Cartagena.

Un virreinato joven y frágil

La Nueva Granada que Guirior recibió en 1772 era un virreinato apenas consolidado. Creado en 1717 como primera manifestación borbónica para fortalecer la administración colonial, había sido suprimido pocos años después por recomendación del visitador Antonio de la Pedrosa y Guerrero y de su sucesor Villalonga, quien había aducido la escasa infraestructura de la región, considerada entonces la colonia más pobre del imperio español. La amenaza inglesa en el Caribe —el asedio a Cartagena en 1741 fue el episodio decisivo— convenció a la Corona de restaurar la figura virreinal y de enviar autoridad permanente a Santafé de Bogotá. Cuando Guirior tomó posesión, el Virreinato del Nuevo Reino de Granada llevaba apenas tres décadas de existencia efectiva y su jurisdicción cubría el occidente colombiano y gran parte de los territorios que hoy son Ecuador, Venezuela y Panamá, con una geografía que hacía del gobierno una cadena de despachos por correo lento.

La institución que heredaba era, además, políticamente inestable en su núcleo. La Audiencia de Santafé, órgano judicial y consultivo del virrey, era un foco de conflictos internos donde cada oidor veía a sus colegas como rivales y se apoyaba en su propia facción clientelar. Gobernar Santafé exigía moverse entre camarillas, arbitrar rivalidades y no comprometerse en exceso con ninguna. Guirior llegó con esa disposición: la de un marino disciplinado que había aprendido a comandar sin necesidad de amistades. Sucedía a Pedro Messía de la Cerda, quien había presentado su relación de gobierno ese mismo año de 1772, dejando un balance que Guirior leyó con atención —y que citaría, casi palabra por palabra, en la suya cuatro años después.

El plan de Moreno y Escandón

El primer gran frente del virreinato fue la reforma de la educación superior. La expulsión de los jesuitas en 1767, decretada por Carlos III, había desmontado de golpe la principal red educativa del virreinato y abierto una disputa larga por sus propiedades y sus cátedras. En ese vacío se movió Francisco Antonio Moreno y Escandón, criollo, defensor de indios y asesor del virrey entre 1764 y 1780, uno de los mayores promotores del cambio ilustrado en la Nueva Granada. Concibió un plan de estudios que buscaba alejar la educación colonial de la escolástica —el aristotelismo tomista que dominaba las aulas dominicas— y acercarla a las ciencias modernas: matemáticas, física experimental, astronomía copernicana, derecho natural.

Guirior respaldó el plan. Lo hizo con la actitud favorable propia del despotismo ilustrado borbónico —fomentar las ciencias útiles, racionalizar la administración, disminuir el peso del clero regular en asuntos que la Corona quería para sí— y con el pragmatismo de un funcionario que veía en Moreno y Escandón a un asesor eficaz. El proyecto avanzó bajo su mandato y quedó como el precedente al que Antonio Caballero y Góngora, virrey una década después, remitiría explícitamente su propio plan de estudios en 1789, ese sí ya con química, botánica, mineralogía y dos cátedras de medicina como asignaturas oficiales. Guirior no llegó a ver la consolidación de la reforma: los frailes dominicos, que dominaban la Universidad Tomística y veían el plan como una amputación de su influencia, resistieron desde el primer momento, y la reforma sería suspendida años más tarde, en circunstancias que ya no le pertenecían.

Vinculado a este frente educativo estuvo el episodio más recordado de su gobierno: la disputa copernicana de 1774. José Celestino Mutis, gaditano llegado a Santafé en 1761 como médico del virrey Messía de la Cerda, había venido enseñando a sus discípulos la astronomía moderna, incluida la doctrina heliocéntrica que la Iglesia católica seguía considerando problemática. En 1774 la orden dominicana de Bogotá anunció una disputación pública para atacar las doctrinas copernicanas como contrarias a las Sagradas Escrituras y a las prohibiciones de la Inquisición. Era una declaración de guerra intelectual y, a la vez, una jugada institucional: los dominicos denunciaron a Mutis ante el Tribunal de la Inquisición.

Mutis acudió al virrey. Guirior recibió la queja y respaldó al científico. La protección posterior de Mutis frente a los dominicos tendría continuidad, en el arco largo, con el arzobispo-virrey Caballero y Góngora, pero el episodio de 1774 pertenece inequívocamente a la administración de Guirior. Su intervención permitió que Mutis continuara su labor sin ser silenciado por la Inquisición ni desplazado de la vida académica santafereña. Fue, en su modestia, un acto de gobierno con consecuencias largas: sin la protección virreinal en ese momento crítico, la trayectoria posterior de Mutis —y, con ella, la Expedición Botánica que arrancaría en la década de 1780— habría tenido un punto de partida mucho más precario.

La Real Hacienda y el diagnóstico económico

El segundo gran frente del gobierno fue la Hacienda Real. El reformismo borbónico había impulsado desde comienzos del siglo XVIII una racionalización administrativa que abarcaba censos de población, escrutinio de las riquezas naturales, modernización de sistemas productivos y, sobre todo, un mayor control sobre los recursos y las actividades de la vida social. En el terreno fiscal esa racionalización se traducía en el fortalecimiento de los estancos —tabaco, aguardiente, sal—, en la afinación de la alcabala y en la búsqueda constante de fuentes de ingreso para financiar las guerras europeas de la monarquía. Los estancos de tabaco y aguardiente llegarían a convertirse, hacia el final del período colonial, en cerca de un tercio de los ingresos totales de la Corona en la Nueva Granada, con recaudaciones que en la última década del dominio se contaban por millones de pesos anuales.

Guirior administró esa maquinaria con mano firme pero sin excesos extractivos. No hay en su gobierno equivalentes a las medidas radicales que aplicaría Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres pocos años después. Su gestión fiscal se movió dentro de los cauces existentes, atendiendo a la renta de salinas —en la que Moreno y Escandón intervino como asesor—, cuidando el estanco del aguardiente y sosteniendo la recaudación de alcabalas sin ampliaciones bruscas. Esa moderación distinguiría retrospectivamente su virreinato del que seguiría a partir de 1778, cuando Gutiérrez de Piñeres, nombrado regente visitador con instrucciones secretas y facultades extraordinarias, reorganizó el estanco del tabaco concentrando el cultivo en unas pocas zonas y un puñado de administraciones de distribución, excluyendo a numerosos pueblos que antes cultivaban libremente, reduciendo los precios de compra a los campesinos y aumentando los de venta.

La parte más notable del gobierno hacendístico de Guirior no fue lo que hizo, sino lo que escribió. Al término de su mandato, en 1776, presentó su Relación de Mando, uno de los documentos más lúcidos del gobierno colonial neogranadino. En ella describió con precisión el problema estructural del virreinato: la decadencia del reino se debía a que no producía frutos en cambio de lo que recibía para su consumo, lo que provocaba que el poco oro extraído de las minas saliera casi sin circular hacia la costa para pagar los efectos y géneros de Europa. Guirior identificó dos perjuicios simultáneos derivados del desequilibrio: uno para el comercio de Cádiz y sus particulares, que se veían obligados a vender con pérdida o al fiado y quebraban por no poder cobrar; y otro para el común de la población neogranadina, que compraba lo que no necesitaba —introduciéndose un lujo perjudicial— y quedaba exhausto de dinero con cada registro comercial que llegaba al puerto.

El análisis era estructural y ninguna medida virreinal podía revertirlo desde Santafé. Guirior lo sabía y no fingió tener la solución. Escribió un balance, no un manifiesto reformador. La misma Relación repetía casi literalmente una expresión de su predecesor Messía de la Cerda sobre la importancia de la renta del aguardiente —expresión que reaparecería, con mínimas variaciones, en la Relación de Caballero y Góngora de 1789—, lo que revela hasta qué punto las relaciones de mando funcionaban como un género de gobierno con su propia retórica heredada: los virreyes se leían entre sí, copiaban formulaciones exitosas y transmitían diagnósticos que iban acumulándose sin producir la transformación que enunciaban. La serie de relaciones —Eslava (1751), Solís (1760), Messía de la Cerda (1772), Guirior (1776), Caballero y Góngora (1789), Ezpeleta (1796), Mendinueta (1803) y Montalvo (1818)— documenta esa continuidad retórica que se parece peligrosamente a una impotencia compartida.

Las tensiones que ya estaban ahí

Uno de los rasgos más incómodos del virreinato de Guirior es que las condiciones que estallarían en 1781 con la rebelión de los Comuneros ya existían durante su gobierno, y él las conocía. Los motines fiscales y sociales previos se habían sucedido con regularidad: hubo levantamientos en 1752, 1764, 1767 y, ya después de su partida, en 1779 con la sublevación de unos mil indígenas, y en Mogotes en 1780. La conflictividad no era una novedad del ciclo de Gutiérrez de Piñeres. Era una condición permanente del virreinato, alimentada por la presión tributaria acumulada, el peso de los estancos y la debilidad de los circuitos monetarios internos que Guirior mismo había descrito.

Lo que Gutiérrez de Piñeres añadió a partir de 1778 fue una vuelta de tuerca en la extracción: restablecimiento del impuesto de la armada de Barlovento, extensión de la alcabala a nuevos productos, aumento de gravámenes sobre la sal, el tabaco, los textiles y el algodón, todo ello para financiar la guerra de España contra Inglaterra. Y añadió también un estilo de gobierno que el propio cronista Francisco Silvestre criticaría con dureza: instrucciones secretas, facultades extraordinarias, aumento excesivo de empleos, vejaciones y fraudes cometidos por funcionarios de la Real Hacienda que desatendían las quejas. Cuando el 16 de marzo de 1781 Manuela Beltrán arrancó el bando de los nuevos tributos en la oficina de impuestos de Socorro, la revuelta que siguió —extendida a Pamplona, Vélez, Cúcuta, los llanos orientales— tenía tras de sí no solo la gestión inmediata del visitador, sino décadas de acumulación estructural que Guirior había descrito sin poder resolver.

El contraste habitual entre la moderación de Guirior y la brutalidad de Gutiérrez de Piñeres es, por eso, menos nítido de lo que parece. La diferencia entre ambos momentos fue de método y velocidad, no de contradicción con el programa borbónico. Los dos hombres ejecutaban la misma política imperial de fortalecimiento del Estado y ampliación de sus funciones fiscales; solo que Guirior lo hizo dentro de los límites que la economía real del virreinato permitía, y Gutiérrez de Piñeres los forzó más allá. La moderación de Guirior fue, en parte, virtud administrativa —un marino disciplinado que evitaba la torpeza política— y en parte simple reconocimiento de límites que la Relación de 1776 dejó por escrito: no se puede exprimir más un reino que ya no produce frutos.

La red navarra y el aparato borbónico

El gobierno de Guirior no puede entenderse fuera de la infraestructura política que lo sostenía: la red de navarros y vascongados que ocupaba los puestos claves de la administración imperial borbónica, articulada desde la corte por José de Gálvez, cuya visión ilustrada centralizadora orientaba la política americana. Bajo el virrey operaban asesores, oidores, gobernadores de provincia y funcionarios de Hacienda, cada uno con su propio radio de influencia. Moreno y Escandón —criollo, no navarro, pero perfectamente integrado en la red asesora— fue el interlocutor local decisivo. Mutis, gaditano, operaba como agente científico con protección virreinal. Los dominicos representaban el polo eclesiástico resistente. Los oidores de la Audiencia se movían en sus propias facciones. La Nueva Granada de esos años era una alfombra de camarillas superpuestas, y Guirior aprendió a caminar sobre ella sin dejarse enredar.

En 1776, al terminar su mandato, Carlos III lo trasladó al Virreinato del Perú, en un ascenso que reconocía la eficacia de su gestión santafereña. Lima era, en la jerarquía imperial, el destino de mayor prestigio: virreinato más antiguo, más rico, con la Casa de Moneda y los circuitos de plata potosinos que seguían siendo la joya fiscal del imperio. Guirior recibió el mando en Lima como sucesor de Manuel de Amat y Juniet, en un momento en que la política de Gálvez estaba profundizando las reformas administrativas —incluida la creación del Virreinato del Río de la Plata en ese mismo 1776, que amputó a Perú los territorios altoperuanos.

El virreinato peruano y la caída

En Lima, Guirior gobernó entre 1776 y 1780. Su período peruano fue más breve y más difícil que el neogranadino, y en cierto modo constituye el reverso doloroso del santafereño: allí donde en Nueva Granada había podido moderar el ritmo de la extracción borbónica, en Perú se encontró con un dispositivo paralelo al que él mismo representaba, sólo que empujado por un visitador con más poder y más apoyo cortesano. Debió aplicar las visitas y reformas fiscales impulsadas por el visitador general José Antonio de Areche, enviado por Gálvez con facultades extraordinarias equivalentes a las que Gutiérrez de Piñeres tendría en Santafé dos años después. Areche llegaba con la misión de aumentar la recaudación por todos los medios disponibles: reorganización de los repartos de mercancías a los indios, endurecimiento del cobro del tributo indígena, reforma de las aduanas, revisión de los estancos, extensión de la alcabala. Era la misma partitura que empezaría a sonar en Santafé desde 1778, ejecutada dos años antes en un escenario mucho más grande.

La colisión entre virrey y visitador fue frontal, y su lógica reproducía la que ya había marcado el estilo de Guirior en Nueva Granada. Se opuso a la dureza de las medidas de Areche, temiendo —con el mismo instinto administrativo que había mostrado en Santafé— que forzaran una explosión social entre las poblaciones andinas, cuya conflictividad reciente se había manifestado en motines y levantamientos locales que llevaban años acumulándose. La disputa se prolongó en despachos cruzados a la corte, en informes contradictorios y en un pulso administrativo en el que virrey y visitador se acusaban mutuamente de desobediencia y de poner en riesgo la estabilidad del reino. Areche lo denunció ante la corte por obstruir las reformas fiscales; Gálvez, que confiaba más en su visitador que en el virrey, lo destituyó en 1780. La destitución fue una humillación política inusual para un virrey en ejercicio: en la práctica, Guirior fue relevado por defender el criterio moderado que había caracterizado toda su carrera colonial.

El tiempo dio la razón a Guirior antes de que él pudiera saborearla. Meses después de su salida de Lima, en noviembre de 1780, estalló en el Cuzco la rebelión de Túpac Amaru II, la mayor insurrección indígena de la América colonial, alimentada precisamente por las presiones fiscales que Areche había forzado: el aumento de la alcabala, la extensión de las aduanas interiores y los abusos en el cobro del tributo indígena estaban entre las causas directas del levantamiento. La represión posterior, brutal, incluyó la ejecución de Túpac Amaru en la plaza del Cuzco en mayo de 1781 y una campaña militar prolongada por el altiplano. Guirior había advertido el riesgo y su advertencia se cumplió al pie de la letra. Poco después, en la Nueva Granada, estallarían los Comuneros por razones análogas. Los dos virreinatos donde había ejercido autoridad se levantaron, uno tras otro, contra la política que él había intentado moderar. Fue una vindicación tardía y también un veredicto sobre sus límites: sus advertencias no impidieron nada, y las estructuras que había descrito en la Relación de 1776 —y las que conocía de primera mano en Perú— siguieron operando sin que su moderación hubiera alterado su curso.

Regresó a España sometido al juicio de residencia, el mecanismo de control colonial que examinaba la gestión de los altos funcionarios al final de su mandato. Los juicios de residencia podían terminar con multas, destituciones y hasta la pena de muerte, con confirmación del Consejo de Indias en los casos de virreyes y oidores; pero en la práctica un virrey rico, astuto y con apoyos podía eludir sus consecuencias. Muchos juicios no concluían con sentencia, otros se prolongaban indefinidamente, y no era excepcional que los altos funcionarios quedaran exentos por influencias. Guirior, con su red navarra y con la vindicación implícita que le daba el estallido peruano, sobrevivió al proceso y fue rehabilitado. Carlos III le concedió el título de marqués de Guirior. Murió en Madrid en 1788.

Balance

El virreinato de Guirior ocupa en la historia colombiana un lugar singular: es la última administración plenamente reformista antes del ciclo represivo de Gutiérrez de Piñeres y Flórez, y en ella se concentra una densidad de proyectos ilustrados —reforma universitaria, protección de la ciencia moderna, análisis económico de largo alcance— que no volverían a coincidir hasta el virreinato de Caballero y Góngora en la década siguiente. El plan de Moreno y Escandón, aun con su suspensión posterior, dejó instalada en Santafé la idea de que la educación superior podía y debía modernizarse; la protección a Mutis permitió la continuidad de una línea científica que desembocaría en la Expedición Botánica y en la generación de criollos ilustrados que protagonizaría la crisis de comienzos del siglo XIX; la Relación de Mando de 1776 dejó por escrito una radiografía que ninguna administración posterior pudo desmentir.

Las reformas borbónicas, entendidas como programa de conjunto, terminaron creando las condiciones que derivaron indirectamente en el proceso de Independencia: al desarrollar la conciencia territorial, las ciencias útiles y una ideología distinta al absolutismo puro, formaron a los criollos que en 1810 romperían con la metrópoli. Guirior no fue causa directa de esa deriva, pero contribuyó a ella en el frente que le tocó: dio cobertura política al plan de Moreno y Escandón, protegió a Mutis en el momento en que la Inquisición podía haberlo silenciado, dejó una Relación que sería leída y citada durante décadas. Fue un marino navarro convertido en administrador imperial, que gobernó con eficacia, describió con lucidez y fue destituido por negarse a forzar los límites que él mismo había cartografiado. Su Relación de Mando de 1776 sigue siendo, dos siglos y medio después, el mejor retrato interno que dejó el virreinato de sí mismo antes de la tormenta.