Campañas de poblamiento forzado de Antonio de la Torre y Miranda (1774–1780)

Campañas de poblamiento forzado de Antonio de la Torre y Miranda (1774–1780)

Entre 1774 y 1780, un antiguo oficial de la Real Armada española llamado Antonio de la Torre y Miranda recorrió los ríos, las ciénagas y las sabanas del Caribe interior neogranadino con una comisión precisa: obligar a decenas de miles de campesinos dispersos —indios, negros libres, mestizos y mulatos que las autoridades llamaban arrochelados— a abandonar sus rancherías del monte y agruparse en pueblos de planta rectilínea, con plaza, iglesia y calles medidas a cordel. En cuatro años fundó, refundó o confirmó más de una veintena de asentamientos en la provincia de Cartagena, entre ellos los núcleos que hoy son Montería, Sincelejo, Corozal y San Benito Abad. El resultado fue una de las intervenciones territoriales más ambiciosas del reformismo borbónico en la Nueva Granada: una operación de nucleamiento forzoso que convirtió a poblaciones invisibles al fisco y al cura en contribuyentes y feligreses, abrió caminos y rutas fluviales hacia el Chocó aurífero, y dejó dibujado el mapa rural del Caribe colombiano que persistiría hasta el siglo XX. Su importancia no reside solo en las fundaciones —muchas heredaban asentamientos previos— sino en la lógica que las ordenó: hacer legible el territorio para el Estado, la Iglesia y la hacienda sabanera que despuntaba.

El Caribe ilegible: rochelas, ríos y una jurisdicción a medias

Hacia 1770, buena parte del Caribe neogranadino escapaba materialmente al gobierno colonial. Cerca de 60.000 personas vivían en rochelas: asentamientos ilegales dispersos por los bosques, las colinas y los pantanos, a lo largo de los ríos, o en chozas aisladas donde se refugiaban familias nucleares fuera del alcance del cura, del alcabalero y del hacendado. La palabra misma —de raíz náutica, un desorden— condensaba la mirada estatal: allí donde no había plaza, iglesia, padrón ni doctrina, había arrochelamiento.

La geografía reforzaba la ilegibilidad. Ni Cartagena ni Santa Marta, las dos grandes ciudades portuarias, tenían acceso directo al río Magdalena, principal arteria del virreinato. El Cauca desembocaba en el Caribe al norte de Lorica. El Atrato conectaba el Chocó productor de oro con el golfo de Urabá, pero atravesaba territorios kuna, cuyos ataques a embarcaciones y viajeros eran continuos. Las pocas veredas que enlazaban pueblos coloniales se anegaban con las lluvias y solían cruzar tierras de naciones indígenas no sometidas. En ese sistema embrionario de comunicaciones, la supervisión de las instituciones coloniales se detenía prácticamente en los límites de las ciudades, los pueblos formales y las grandes haciendas.

En el mismo espacio coexistían resguardos indígenas con títulos coloniales muy antiguos. El de San Andrés-Mexión, combinado con Chinú y Chima (Pinchorroy), había sido concedido por el visitador Juan de Villabona y Zubiaurre en 1611, confirmado por Jacinto de Vargas Campuzano en 1675 y ratificado por el gobernador Roque de Quiroga en 1773, apenas un año antes de que comenzaran las campañas de La Torre. Para tres caseríos se calculaban entre 56.000 y 85.000 hectáreas: extensiones considerables que, sobre el papel, blindaban a las comunidades zenúes de la Sabana. Los resguardos de Morroa, San Andrés de Sotavento, Chinú y Sampués formaban una malla que las nuevas fundaciones tendrían inevitablemente que atravesar, bordear o comprimir.

Sobre esa malla avanzaba, además, una ocupación privada. Hacia 1728, Tomás Lorenzo de Pinedo y su mujer Mercedes Chamorro se establecieron con una merced de tierras en un paraje llamado Corozal de Morroa, colindante con el resguardo indígena de Morroa; la propia merced exigía la presencia del capitán indígena Juan Tomás Salcedo como testigo del deslinde. Otras familias hacían lo mismo: se instalaban en los márgenes del resguardo, criaban ganado, sembraban y esperaban que el tiempo y la costumbre convirtieran la vecindad en propiedad. Cuando La Torre llegó, medio siglo después, el paisaje que iba a "nuclear" ya estaba tensionado por resguardos con títulos, hacendados con mercedes y arrochelados sin papeles.

El ensayo del Bajo Magdalena: Mier y Guerra

La operación borbónica del Caribe no empezó con La Torre. Entre 1744 y 1770, un rico hacendado y comandante de las milicias urbanas de la provincia de Santa Marta, José Fernando de Mier y Guerra, había fundado alrededor de veintidós pueblos en el Bajo Magdalena, muchos de ellos sobre la margen oriental del río. La lista documentada incluye Cascajal, Chimichagua, Chiriguaná (1749), Menchiquejo, San Ángel, San Zenón, San Fernando de Oriente, Santa Ana, Pinto, Pijiño y Cerro de San Antonio (1750). La tradición local le atribuye además Sitionuevo, Plato, Salamina, Guáimaro, Remolino y El Piñón, aunque estas fundaciones no siempre están acreditadas con la misma solidez.

La campaña de Mier y Guerra fue alentada desde el virreinato y tenía un objetivo explícito: acabar con los ataques de indígenas contra las haciendas y las embarcaciones que subían y bajaban el Magdalena. Esos ataques, generalmente atribuidos a los chimilas, obstruían la única gran ruta que unía el interior con el Caribe. Nuclear a los dispersos, fundar pueblos con curas y milicias, deslindar tierras: era la fórmula que el propio Mier y Guerra ensayó, y que además utilizó para constituir mayorazgos, resolver conflictos de herencia y consolidar a su familia dentro de la clase dominante costeña. Fundar pueblos y fundar linajes eran, en su caso, dos caras de la misma operación.

Cuando La Torre y Miranda recibió su comisión en la provincia de Cartagena, tres décadas de nucleamiento en el Bajo Magdalena habían mostrado ya lo que podía hacerse. No era todavía un modelo estatal codificado, pero sí una experiencia disponible: un antecedente de método, de justificaciones y de beneficiarios.

La razón borbónica: legibilidad, fisco y ciencia

El Caribe no se reorganizaba en el vacío. Entre 1750 y 1800 se fundó cerca del veinte por ciento de los municipios colombianos, muchos en tierras de clima medio y con población predominantemente mestiza.

Ese ciclo fundacional expresaba una convicción que los Borbones ilustrados repetían: el imperio habsburgo había sido laxo en el control de indígenas, negros cimarrones y criollos. Los ingresos fiscales estaban por debajo del potencial del territorio. Una población dispersa y sin doctrina —viviendo, se decía, "sin Dios ni ley"— era a la vez un fracaso religioso y una pérdida tributaria. Erigir centros urbanos donde el Estado y la Iglesia pudieran vigilar, cobrar y catequizar era la respuesta natural.

La lógica se expresaba en varios frentes al mismo tiempo. En 1767, la Corona expulsó a la Compañía de Jesús, considerada díscola por su independencia, por depender de autoridades internacionales, por sostener reducciones difíciles de vigilar y por enseñar doctrinas jurídicas juzgadas subversivas. Antonio Caballero y Góngora, nombrado arzobispo de Santafé en 1779 y más tarde virrey, concebiría poco después la Expedición Botánica como parte de un plan de explotación racional de las riquezas del reino y como palanca para reemplazar en la enseñanza las ciencias especulativas por la botánica, la química, la metalurgia y las ciencias exactas. Conocer el territorio, contar a sus habitantes, catalogar sus plantas: variaciones de un mismo gesto ilustrado.

El frente fiscal marchaba en paralelo. En 1778 —justo cuando La Torre estaba en plena campaña— Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres llegó como regente visitador de Nueva Granada, restableció el impuesto de la armada de Barlovento y extendió la alcabala a nuevos productos. Ese mismo año, Carlos III promulgó el Reglamento y aranceles reales para el comercio de España y las Indias. Nucleamiento en el Caribe, visita fiscal en el interior y reforma comercial en la metrópoli formaban parte de un mismo ciclo, no siempre coordinado pero convergente: hacer del imperio una máquina más productiva.

Sobre ese trasfondo debe leerse la comisión encargada a La Torre y Miranda. No era una empresa personal ni una excentricidad local, sino la aplicación caribeña de un programa mayor.

La campaña: método, itinerario, pueblos

Antonio de la Torre y Miranda desembarcó en la provincia de Cartagena como antiguo oficial de la Real Armada, con instrucciones para adentrarse en las sabanas de Tolú, el valle del Sinú, la depresión del San Jorge y las ciénagas del interior. Entre 1774 y 1778 —con actuaciones documentadas hasta 1780— reorganizó, según la contabilidad que él mismo llevaría después ante el rey, cinco regiones. La más importante fue el valle del Sinú.

El método era reconocible. Se localizaban las rochelas, se disponía por bando la reunión de los dispersos en un sitio elegido, se trazaba a cordel el damero de calles, se señalaba solar para la iglesia y la casa del cura, se repartían parcelas de labor y se establecía el padrón. Los arrochelados —indios, negros libres, mulatos, mestizos y zambos, en proporciones variables— eran obligados a construir sus casas en el nuevo emplazamiento y a permanecer allí bajo pena de castigo. La justificación oficial articulaba tres motivos: reducir a "vida política y cristiana" a los dispersos, abrir vías seguras para el comercio y liberar tierras para el fomento agrícola y ganadero.

En el Sinú, La Torre reasentó indios, negros y mestizos racialmente mixtos en nuevos pueblos, entre los cuales quedaría el que hoy es Montería. En las Sabanas, el 21 de noviembre de 1775 —la fecha canónica de la tradición local, aunque el testimonio firme se limita al año— confirmó el sitio de Sincelejo, donde ya existían siete conjuntos de casas y una iglesia parroquial. Sincelejo no era, en rigor, una fundación ex nihilo: en 1729 sus habitantes tenían una iglesia de paja, probablemente en el mismo lugar; hacia 1740, cinco mujeres jefas de familia habían logrado convertir esa iglesia en parroquia. La comunidad se describía en 1729 como un grupo endógamo birracial que, a comienzos del siglo XVIII, se había reforzado con la llegada de mujeres del estado llano, algunas con esclavos negros. Lo que La Torre hizo en 1775 fue darle a esa historia un sello administrativo: confirmar el sitio, formalizar la traza, incorporar el pueblo al registro fiscal y eclesiástico.

En Corozal, en el mismo año 1775, la operación tenía otro sabor. Allí, sobre el paraje que desde 1728 se conocía como Corozal de Morroa —el de la merced de los Pinedo y los Chamorro, colindante con el resguardo indígena—, La Torre inscribió un nuevo pueblo. La fundación no ocurrió en tierra virgen: se superpuso a medio siglo de ocupación hacendataria en los bordes de un resguardo. Ese tipo de coincidencia —fundar donde el hacendado ya había avanzado— se repetiría a lo largo de la campaña.

La Torre abrió también un camino de Corozal a San Benito Abad, articulando la Sabana con la depresión del San Jorge y sus ciénagas. San Benito, viejo asentamiento de la ribera del San Jorge, se convirtió en nodo terrestre y fluvial. En el conjunto, las cinco regiones que La Torre reclamó haber transformado dibujaban un arco: las sabanas de Tolú, el valle del Sinú, la ribera del San Jorge, los pueblos ligados al camino que bordeaba la ciénaga de Ayapel y las tierras interiores que conectaban con Mompox y el Bajo Magdalena. Un arco que, precisamente, cerraba el hueco entre Cartagena y las rutas del oro.

Lo que dijo el memorial: cosechas, hamacas, oro

Terminada la campaña, La Torre y Miranda elevó al rey una relación de méritos en la que solicitaba recompensa proporcional a sus logros. Ese memorial es la fuente principal —y la más elocuente— sobre los efectos económicos inmediatos que se atribuyeron al nucleamiento. Una cosa es lo que el funcionario proclamó; otra, lo que ocurrió en el terreno.

Según su propio texto, en los nuevos pueblos del Sinú los habitantes habían recibido parcelas donde producían anualmente tres cosechas de frutas, cereales y verduras, cultivaban algodón para hamacas y ropa, y criaban cerdos y aves de corral. La reubicación de los arrochelados habría convertido, además, al río Sinú en una vía segura para el transporte de esclavos hacia el Chocó y para la exportación de oro a España. Y la región, aseguraba, producía ya alimentos suficientes para abastecer a las minas del Chocó, que dependían de un flujo continuo de víveres desde afuera.

Esa cadena de afirmaciones dibujaba un sistema perfecto: nuclear a los dispersos generaba agricultura, la agricultura alimentaba las minas, los ríos pacificados permitían mover esclavos y sacar oro, y el oro llegaba a la metrópoli. Ingeniería territorial pensada como ingeniería económica.

El texto era, sin embargo, una autopresentación interesada. La Torre escribía ante el rey para solicitar recompensa y describía, por tanto, un país reformado a la medida de su carrera. Las tres cosechas, el abastecimiento del Chocó, la seguridad del Sinú, la exportación fluida de oro: nada de eso se sostiene con independencia de su propia pluma. Lo comprobable es más modesto y también más real: hubo nucleamiento efectivo, hubo apertura de un camino de Corozal a San Benito Abad, hubo pueblos donde antes había rochelas, y hubo un intento sostenido de encauzar la circulación por el Sinú y el San Jorge hacia el circuito Cartagena–Chocó. El paso del proyecto a los resultados exactos —cuánta agricultura, cuánto abastecimiento, cuánta seguridad— quedó siempre del lado del alegato.

Los reducidos: quiénes eran los arrochelados

La palabra arrochelado tapaba una diversidad muy grande. En el Caribe interior de los años 1770 vivían fuera de pueblo indios que habían huido de resguardos y encomiendas, negros libres descendientes de esclavos manumitidos o fugados, cimarrones establecidos hacía generaciones, mulatos y zambos nacidos en la mezcla de haciendas y palenques, mestizos empobrecidos, blancos pobres —muchas veces prófugos de la justicia— y familias enteras cuyo linaje se había perdido para el registro. La estimación de 60.000 personas dispersas en la región los recogía a todos.

Lo que los unía no era una identidad común sino una posición: vivir fuera del pueblo formal, y por tanto fuera del alcance del cura para el bautizo y el matrimonio, fuera del alcance del corregidor para el tributo, fuera del alcance del comerciante para la deuda. En chozas aisladas, en rancherías de tres o cuatro familias, en pequeños caseríos junto a un caño, cultivaban parcelas, criaban puercos, pescaban en las ciénagas y comerciaban por trueque en circuitos que la administración apenas alcanzaba a intuir.

Nuclearlos era, en la teoría oficial, integrarlos: darles doctrina, casa numerada, párroco, tribunal cercano. En la práctica era imponerles una vida sedentaria, urbana y vigilada, obligarlos a trabajar de un modo compatible con el tributo y el diezmo, y exponerlos a las exigencias del cura, del alcalde y del hacendado vecino. La resistencia fue continua: fuga de vuelta al monte, incumplimiento del bando, retornos silenciosos a las rochelas apenas se marchaba el funcionario. Joseph Palacios de la Vega, que años más tarde recorrió la región del San Jorge en una misión análoga, dejó constancia de cuán frágil era el pueblo nuevo cuando la autoridad se retiraba. Nuclear no era un acto único: era una operación que había que rehacer.

Sobre resguardos y mercedes: el terreno disputado

La campaña de La Torre operó sobre un paisaje donde los derechos territoriales estaban lejos de ser un lienzo en blanco. Los resguardos indígenas del Sinú y las Sabanas —San Andrés-Mexión, Chinú, Chima, Morroa, Sampués, San Andrés de Sotavento— tenían títulos que se remontaban a 1611 y habían sido confirmados en 1675 y aún en 1773. Frente a ellos, familias hacendatarias como los Pinedo-Chamorro se habían asentado desde 1728 en los márgenes, con mercedes reales que exigían el reconocimiento del capitán indígena colindante pero que, con el tiempo, tendían a comerse el borde.

Fundar pueblos nuevos en ese contexto no era jurídicamente neutro. Cada plaza trazada, cada parcela repartida a un arrochelado, cada padrón levantado redefinía relaciones. Los indios reducidos en un pueblo mixto —donde compartían calle con negros libres, mulatos y mestizos— dejaban de ser miembros claramente identificables de un resguardo protegido y pasaban a integrarse en una vecindad polícroma sometida al mismo cura y al mismo alcalde. Al mismo tiempo, las tierras "vacías" que rodeaban el nuevo pueblo, o que quedaban entre él y el resguardo antiguo, se prestaban a ser incorporadas a las haciendas vecinas por vía de merced, compra o simple ocupación.

Trazar una relación mecánica y explícita entre las fundaciones de La Torre y la extinción formal de resguardos sería excesivo —esa liquidación se completaría en el siglo XIX, con la República—, pero las campañas se desplegaron sobre un terreno tensionado y sus efectos prácticos favorecieron a los actores mejor situados. Los hacendados sabaneros vieron legitimadas sus mercedes por la proximidad de un pueblo formal. El fisco ganó contribuyentes sin arriesgar demasiado en la defensa de los resguardos. Los perdedores fueron los propios reducidos, obligados a una vida nueva, y las comunidades indígenas cuyos títulos —aun formalmente vigentes— quedaban rodeados por un orden hostil.

En esa clave la campaña se lee mejor. No como un proyecto puro de racionalización estatal ni como una simple pantalla del avance hacendatario, sino como el punto donde los dos vectores se ajustaban. La Corona borbónica ganaba legibilidad y tributarios; la aristocracia local, tierra y mano de obra; el cura, feligreses; el arrochelado perdía la posibilidad del monte.

Dos maneras de apretar el imperio

En 1778, mientras La Torre y Miranda terminaba las fundaciones más intensas de su ciclo, Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres asumía como regente visitador de la Nueva Granada. La coincidencia temporal ilumina un contraste de método. Ambos oficiales encarnaban el mismo programa —fortalecer el control borbónico— pero por vías opuestas. La Torre trabajaba en el Caribe rural sobre poblaciones ilegibles: las hacía visibles concentrándolas. Gutiérrez de Piñeres actuaba en el interior sobre poblaciones ya visibles: las apretaba fiscalmente.

Las respuestas divergieron en consecuencia. El nucleamiento provocó fugas silenciosas, retornos al monte, resistencias localizadas; la política de La Torre exigía repetirse, pueblo por pueblo, funcionario por funcionario. La visita fiscal, al gravar de golpe a poblaciones ya insertas en el circuito monetario, produjo el efecto opuesto: una explosión pública. En 1781 estalló la Revolución de los Comuneros, y su fuerza obligó a la Corona a negociar en el altiplano lo que en el Caribe no había necesitado negociar. Que el arzobispo Caballero y Góngora firmara las Capitulaciones de Zipaquirá, que el virrey refugiado en Cartagena las rechazara una vez reforzada la capital, que José Antonio Galán terminara apresado y ejecutado: todo eso pertenece a la lógica ruidosa de la fiscalidad. La otra lógica —la de La Torre— no dejó actas de negociación ni cabecillas ejecutados. Dejó pueblos.

Cuando poco después Caballero y Góngora fue nombrado virrey y llevó el programa ilustrado a su formulación más ambiciosa, la campaña del Sinú y las Sabanas quedó, vista desde arriba, como el trabajo silencioso y de largo aliento que la Corona necesitaba. Nuclear pueblo por pueblo en el Caribe hacía menos ruido que gravar el aguardiente en Socorro, y su efecto sobre la textura del territorio resultó más duradero.

Las causas: entre lo estructural y lo inmediato

Vistas de conjunto, las causas de la campaña se ordenan en dos planos.

En el estructural, la política borbónica de fortalecimiento del control territorial exigía terminar con los archipiélagos de ilegibilidad que las autoridades habsburgas habían tolerado. La existencia de 60.000 arrochelados en el Caribe interior era una anomalía intolerable para un imperio que quería contar a sus súbditos, cobrarles y evangelizarlos. La Torre no inventó nada. Aplicó a la provincia de Cartagena lo que Mier y Guerra había ensayado en el Bajo Magdalena y lo que otros oficiales estaban haciendo en otras regiones del virreinato.

En el plano inmediato pesaron circunstancias más concretas. La necesidad de asegurar rutas hacia el Chocó era acuciante: el oro chocoano dependía de un flujo constante de víveres y esclavos desde el norte, y los ríos Atrato, Sinú y San Jorge eran corredores mal controlados, expuestos a ataques kuna y a la incertidumbre de las rochelas. La rivalidad imperial con Inglaterra —en cuyo marco el virrey se refugiaría en Cartagena en 1781— hacía deseable un Caribe más poblado, más cristiano y más leal. Y la presión de la aristocracia local, cuyas haciendas necesitaban mano de obra estable y linderos claros, encontraba en el nucleamiento una herramienta útil para ordenar el campo a su favor.

La coyuntura personal de La Torre completaba el cuadro. Antiguo oficial de la Armada, formado en la disciplina de la reforma naval borbónica, disponía del temperamento y del método para ejecutar la comisión. Su memorial final, con el que reclamaría recompensa al rey, muestra a un funcionario perfectamente consciente de estar aplicando un programa y perfectamente dispuesto a capitalizarlo.

Las consecuencias: la sabana y sus herederos

Los efectos inmediatos de la campaña —los que pueden documentarse sin descansar en el propio memorial— fueron tres. Primero, la aparición o consolidación de una veintena larga de pueblos entre el Sinú, las Sabanas y el San Jorge, muchos de los cuales sobrevivirían. Segundo, la apertura de al menos un camino terrestre significativo, el de Corozal a San Benito Abad, que articulaba la Sabana con el San Jorge. Tercero, la integración administrativa —a través de padrones, parroquias y visitas— de miles de personas que hasta entonces habían escapado al registro.

Los efectos de largo plazo fueron más profundos, aunque no todos imputables solo a La Torre. La estructura urbana del Caribe interior quedó marcada por su campaña: los actuales departamentos de Córdoba y Sucre reconocen en los pueblos de esa década algunos de sus núcleos formativos. Montería, hoy ciudad principal de Córdoba, hunde una parte de su historia en aquel reasentamiento de arrochelados en el valle del Sinú. Sincelejo, capital contemporánea de Sucre, muestra continuidad poblacional desde el siglo XVIII, con barrios que se remontan a los conjuntos de casas que La Torre encontró al confirmar el sitio en 1775. Corozal, San Benito Abad, Chinú, Sampués: pueblos con vida propia que arrastran, en su plano y en su historia, la marca de la campaña.

Sobre la propiedad rural, el efecto fue oblicuo pero decisivo. Al concentrar poblaciones dispersas en pueblos, la campaña liberó de facto extensiones considerables de sabana para el uso ganadero y agrícola, y facilitó a las familias hacendatarias la consolidación de latifundios cuyos linderos comenzaban en el nuevo pueblo y se extendían hacia el monte. La propiedad sabanera que estructuraría el Caribe colombiano hasta el siglo XX —con sus grandes hatos, sus dinastías locales, sus asimetrías profundas entre el pueblo y la hacienda— tuvo aquí uno de sus momentos formativos. La liquidación republicana de los resguardos, en el siglo XIX, encontraría el terreno preparado.

Sobre los reducidos, el efecto fue ambivalente y duro. Ganaron acceso a parroquia y a mercado, y sus descendientes se integraron a la vida urbana de los nuevos pueblos. Perdieron la autonomía del monte, la maleabilidad del arrochelamiento, la relativa invisibilidad al tributo. En los pueblos fundados, indios, negros libres, mulatos y mestizos compartieron calle, cura y padrón. La convivencia forzada aceleró el mestizaje y erosionó, con el tiempo, las fronteras jurídicas que separaban al "indio de resguardo" del resto. Para los resguardos, ese borramiento fue una amenaza directa.

Por qué importa

La campaña de Antonio de la Torre y Miranda entre 1774 y 1780 marca uno de los momentos en que el Estado colonial dejó de aspirar a controlar el Caribe neogranadino y empezó a hacerlo. No la ejecutaba una orden religiosa sobre poblaciones indígenas identificables, como en la reducción misionera del siglo XVI, sino un oficial civil de la Armada sobre una masa racialmente mixta a la que se llamaba, con desdén, arrochelada. Y no era un capricho: era la aplicación regional de un programa borbónico contemporáneo de la visita de Gutiérrez de Piñeres, de la expulsión jesuítica, de la Expedición Botánica y del reglamento de comercio de 1778.

Ahí está su interés hoy. El mapa de Córdoba y Sucre —la forma de sus pueblos, la traza de sus plazas, la geometría de la propiedad sabanera— se lee todavía, en buena parte, como el residuo material de aquella comisión borbónica. Un antiguo oficial naval español, en cuatro años, cambió la manera en que el Estado veía y organizaba una región entera. Y la técnica misma —hacer legible un espacio, contar a sus habitantes, trazarles calles a cordel, ligarlos a una parroquia y una plaza, obligarlos a construir su casa donde el bando lo ordenaba— tiene una continuidad incómoda. No es una comparación caprichosa: es la misma familia de operaciones que, con otros nombres y otras justificaciones, reaparecería en las colonizaciones dirigidas del siglo XX y en los reasentamientos forzados por la guerra colombiana reciente. La distancia entre el bando del oficial borbónico y el desplazamiento contemporáneo es enorme en sus causas y en sus víctimas, pero la lógica de fondo —concentrar para vigilar, trazar para gobernar, mover para ordenar— tiene una historia larga en el país, y este fue uno de sus capítulos fundadores. Su memorial exagera los efectos económicos; la operación, no.