Urabá

La región y sus umbrales

La geografía manda en Urabá más que en casi ninguna otra región del país. El golfo se abre como fondo de saco entre la Serranía del Darién, al occidente, y las estribaciones de la cordillera Occidental colombiana, al oriente. Al sur desemboca el río Atrato tras descender por un valle aluvial húmedo y caluroso que conforma un extenso pantano antes de vaciarse al mar; ese mismo río, navegable durante siglos, vincula la región aurífera del Chocó con el Caribe y ha sido, desde el siglo XVII, arteria de comercio y de contrabando. Entre Cartagena y el golfo se extienden las ciénagas, sabanas y lomeríos del Caribe colombiano, surcados por los ríos Cauca, San Jorge, Sinú y Atrato: una llanura de aguas donde ninguna frontera terrestre se dibuja con nitidez. Sobre el litoral se alternan manglares y bahías pedregosas, playas de arena parda y riscos que interrumpen la planicie aluvial.

Al otro lado del Darién comienza la costa Pacífica, que las lluvias más intensas del continente cubren de selva pluvial: más de siete mil milímetros de precipitación anual sostienen un tapiz vegetal que se extiende por más de mil trescientos kilómetros entre Panamá y Ecuador, atravesado por los ríos San Juan, Atrato y Baudó. Esa doble condición —una región que casi toca dos océanos, con un istmo apenas de selva de por medio— es la clave de todo lo que ha pasado en Urabá. Aquí el mapa físico produce el destino histórico.

El ordenamiento territorial suele dividir la región en tres subzonas de temperamento distinto. El eje bananero o zona centro, integrado por Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá, concentra el dinamismo económico y las plantaciones agroindustriales. El norte, con Arboletes, San Pedro, San Juan de Urabá y Necoclí, es de tradición ganadera y de conexión terrestre hacia Córdoba. El sur o Atrato Medio, con Murindó y Vigía del Fuerte, prolonga la región hacia el mundo anfibio del Chocó. Sobre esa geografía se han superpuesto, desde mediados del siglo XX, proyecciones nunca cumplidas: la culminación de la carretera Panamericana, un puerto de aguas profundas y un corredor interoceánico —el llamado canal seco— que uniría por ferrocarril el golfo de Urabá con Cupica o Buenaventura sobre el Pacífico. Ninguna se ha construido; todas han bastado, sin embargo, para inflar el valor estratégico y económico de la tierra.

Los primeros dueños y el arribo español

Cuando llegaron las primeras naves europeas, el territorio no estaba vacío. Lo habitaban los Wounaan, los Gunadule —conocidos comúnmente como Kuna— y los Emberá, pueblos con presencia ancestral en las selvas del Atrato, el litoral y la Serranía del Darién. Su organización territorial dejó marcas que aún hoy pueden leerse: el nombre de Bojayá, por ejemplo, proviene del vocablo emberá mõ jaya, la marca hecha con machete sobre el árbol de bonga que señalaba a los caminantes el camino para poblar el territorio. Antes de la llegada de las cartas y las capitulaciones, los ríos y los árboles ya estaban firmados.

La costa entró en el circuito europeo con velocidad. Alonso de Ojeda, acompañado de Juan de la Cosa y Américo Vespucio, llegó al cabo de la Vela en 1499. Al año siguiente Rodrigo de Bastidas obtuvo capitulación para reconocer la costa atlántica desde ese cabo hasta el golfo de Urabá; zarpó en 1500 con Juan de la Cosa y prolongó el viaje hasta 1501, dedicado sobre todo al trueque con las poblaciones costeras. Bastidas y La Cosa fueron los primeros conquistadores en pisar suelo antioqueño, entre 1500 y 1501, sobre las orillas del golfo. En 1508 la Corona dividió el litoral en dos gobernaciones: la de Ojeda, desde Urabá hasta el cabo de la Vela, y la de Veraguas, asignada a Diego de Nicuesa, al occidente del golfo. Juan de la Cosa moriría en 1510 en Turbaco a manos indígenas, aviso temprano de que la conquista de esta costa no sería un desembarco pacífico.

Ese mismo año, en la banda occidental del golfo —territorio en principio asignado a Nicuesa— se fundó Santa María la Antigua del Darién con la participación de Vasco Núñez de Balboa y, según algunas versiones, de Martín Fernández de Enciso. Fue una de las primeras ciudades españolas de Tierra Firme y, durante un breve pero intenso lapso, el corazón administrativo del Nuevo Mundo continental. Balboa pasó su ejército al otro lado del Atrato, se apropió del enclave, y cuando Nicuesa protestó por la usurpación lo embarcó a la fuerza rumbo a Santo Domingo; el gobernador desplazado se ahogó en la travesía. La violencia entre españoles inauguraba lo que sería costumbre en Urabá: la ley se dictaba en la costa antes que en la corte.

Desde Santa María salió, el 1 de septiembre de 1513, la expedición decisiva. Balboa desembarcó con ciento ochenta hombres en Acla, puerto atlántico al norte del Darién, cruzó la selva istmeña y el 25 de septiembre avistó el océano Pacífico. Ese acto —el descubrimiento europeo del Mar del Sur— convirtió al golfo en umbral entre dos mundos y, en teoría, en el punto obvio para cualquier futuro proyecto de comunicación interoceánica. Santa María recibió título de ciudad y fue promovida en 1513 a capital de la gobernación de Castilla del Oro. En 1514 arribó Pedrarias Dávila con miles de españoles: médicos, artesanos, mujeres, un obispo —el primero de Tierra Firme—, la maquinaria completa de una capital. Duraría poco. Pronto el centro de gravedad se desplazaría a Panamá, sobre la vertiente pacífica, y Santa María quedaría en ruinas. Urabá había sido, por un instante, el centro; volvería a ser periferia por más de cuatro siglos.

La frontera que no se dejó tomar

El proyecto colonial español no logró consolidarse en Urabá. La causa mayor tuvo nombre: los Gunadule. Dueños ancestrales del Darién y las tierras que bordean el bajo Atrato, opusieron a la Corona una resistencia armada de larga duración. Se hicieron con armamento de piratas ingleses y corsarios franceses desde etapas tempranas del contacto y lo usaron sistemáticamente contra los españoles. En 1779 incendiaron Montería. Bloquearon durante décadas el paso por San Bernardo del Viento, obligando a la Corona a organizar escuadras de piraguas armadas para poder navegar el río Sinú. El río Atrato, durante todo el período colonial, fluyó por territorio kuna, y sus embarcaciones y viajeros fueron atacados con tal continuidad que la navegación regular se volvió empresa incierta.

A esa resistencia se sumó una economía paralela imposible de suprimir. Desde el siglo XVII, el Atrato se convirtió en eje de contrabando: el oro colombiano descendía por sus aguas y se vendía a los británicos burlando las leyes mercantilistas de la Corona. Urabá quedó configurada, ya en época temprana, como una zona de frontera nunca integrada efectivamente al Nuevo Reino de Granada, articulada por fuera de la ley oficial más que por dentro. A la vez, el territorio se volvió refugio: esclavos fugitivos —cimarrones— y comunidades indígenas replegadas hallaban en las selvas y pantanos un espacio donde el poder colonial no alcanzaba a llegar.

Sobre ese fondo aparece, hacia 1690, una figura curiosa: Francisca Baptista de Bohórquez, que habría obtenido del rey el título de Conquistadora y Pacificadora de la Provincia de Urabá, con jurisdicción del Sinú al Darién. La historiografía la ha caracterizado como una suerte de encomendera y redentora de gentiles, rango que no volvió a concederse. El propio nombramiento, más que una realidad de dominio, expresa el desasosiego imperial: la Corona seguía distribuyendo títulos sobre territorios que en la práctica no controlaba.

Con el correr del siglo XVIII y el XIX, la estructura de la región se moldeó por gravitación entre dos polos externos: el puerto caribeño de Cartagena, hacia el norte, y los centros económicos antioqueños —primero Santa Fe de Antioquia, luego Medellín—, hacia el suroriente. Urabá quedó tironeada entre ambos sin pertenecer del todo a ninguno. Las comunidades negras del bajo Atrato, ya libres o cimarronas, se convirtieron en redistribuidoras de objetos manufacturados hacia los Emberá, mediando el contacto de estos con el mundo exterior. Se configuró así una región articulada por debajo —por ríos, por caminos indígenas, por redes de trueque y contrabando— mientras por encima seguía siendo un espacio de titulaciones difusas y jurisdicciones en disputa.

Colonos, banano y trabajo

Desde finales del siglo XIX, y con mayor intensidad en el XX, oleadas colonizadoras descendieron sobre Urabá. Venían campesinos antioqueños, cordobeses y chocoanos hacia una región que los mapas del Estado y la retórica del progreso presentaban como vacía. No lo estaba, y ese equívoco fundacional generaría todos los conflictos posteriores. Los colonos ocuparon selvas, ciénagas y planicies de manera fragmentada, no planificada y frecuentemente violenta, chocando con los pueblos indígenas asentados desde tiempo inmemorial y con comunidades afrodescendientes que habían hecho del Atrato su patria. Se instalaron sobre un viejo conflicto jurídico de titulaciones sucesivas —cédulas coloniales, adjudicaciones republicanas, baldíos nacionales— que hacía prácticamente imposible legalizar las formas tradicionales de apropiación y dejaba a los recién llegados en una situación siempre precaria.

El cambio decisivo llegó a comienzos de los años sesenta. La Compañía Frutera de Sevilla, subsidiaria de la United Fruit Company —la misma multinacional que sería más tarde conocida como Chiquita—, había ocupado durante décadas cincuenta mil hectáreas en la zona bananera del Magdalena. Hacia 1964 abandonó esas plantaciones buscando mayor productividad y menores salarios, y trasladó su operación al golfo de Urabá. La salida del Magdalena dejó tras de sí un largo conflicto por títulos poco claros y demarcación de tierras, con un patrón continuo de invasiones y desalojos que se prolongó hasta finales de la década. Simultáneamente, el arribo de la compañía al eje entre Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó reconfiguró el mapa económico, demográfico y político de Urabá.

El banano de exportación es un cultivo de enclave. Requiere plantaciones extensas, infraestructura portuaria, financiación externa y una fuerza laboral abundante y barata. La región se llenó de trabajadores migrantes: campesinos desplazados, indígenas, mulatos y afrodescendientes provenientes del Chocó, Córdoba y el interior antioqueño se convirtieron en la mano de obra de las fincas. La frontera agrícola, que los colonos habían intentado abrir a machete, chocó ahora con el poder de la agroindustria: la tierra ya no se poblaba, se plantaba. Y el Estado, incapaz de resolver la maraña jurídica de la propiedad, dejó que el modelo se instalara sobre ese suelo movedizo.

El auge bananero trajo consigo, casi de inmediato, un movimiento sindical fuerte. Los obreros de las plantaciones se organizaron en sindicatos que en pocos años se convirtieron en actores políticos regionales. Ese sindicalismo se tejió con las corrientes de la izquierda colombiana —el Partido Comunista y sus vertientes, las herencias del EPL y de las FARC— y con las organizaciones campesinas que reclamaban tierras. La combinación produjo, en los años setenta y ochenta, una densidad organizativa poco frecuente en el país. También produjo el pretexto para su destrucción.

Los años del desastre

A mediados de los años ochenta, Urabá entró en la peor década de su historia moderna. El fondo estructural era la lucha por la tierra: colonos contra terratenientes, comunidades afro e indígenas contra adjudicatarios formales, sindicatos contra empresarios bananeros. Sobre esa tensión estallaron dos violencias entrelazadas: la de la insurgencia y la de la contrainsurgencia paramilitar.

Las FARC-EP y el EPL se disputaban la influencia sobre el trabajo bananero y las zonas de colonización. Al mismo tiempo, los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil, que desde comienzos de los ochenta habían ido copando el sur de Córdoba, empezaron a insertar sus estructuras en el norte antioqueño. Su motivación mezclaba la agenda antisubversiva con la apropiación de tierras para lavar dinero del narcotráfico y asegurar territorios estratégicos para la cadena productiva de la cocaína. Fundaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá —las ACCU—, columna vertebral de la expansión paramilitar hacia Urabá, Córdoba, Chocó y otras regiones, y matriz de lo que en 1997 se convertiría en las Autodefensas Unidas de Colombia.

En 1988 llegaron las primeras grandes masacres. En marzo, en las fincas Honduras, La Negra y Punta Coquitos del eje bananero, hombres armados asesinaron a decenas de trabajadores señalados como bases sociales de la guerrilla. Fueron las primeras acciones de envergadura del clan Castaño en la región y establecieron el patrón: coordinación con la fuerza pública, inteligencia previa, participación de oficiales del Ejército —entre ellos el capitán Luis Felipe Becerra— y uso de desertores del EPL como guías para identificar a las víctimas. El paramilitarismo no llegó a Urabá contra el Estado sino con parte de él.

El objetivo político era desmontar el sindicalismo y liquidar a la Unión Patriótica. La UP, fundada en 1985 como frente amplio que integraba al Partido Comunista, a las FARC y a sectores del liberalismo, del conservatismo, del campesinado y del sindicalismo, había hecho de Urabá uno de sus territorios fuertes junto con el Magdalena Medio, el Meta, el Tolima y el Caquetá. El exterminio sistemático que sufrieron sus militantes —calificado como genocidio político por la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica— tuvo aquí una de sus concentraciones más brutales. El 41% de las víctimas de la UP sobre las que se registró ocupación eran campesinos, trabajadores o administradores de finca. En marzo de 1993 fue asesinado Oliverio Molina, presidente de Sintrainagro, el sindicato bananero. La estrategia era estigmatizar a los sindicalistas como guerrilleros para justificar su eliminación, en connivencia con grandes propietarios de la zona bananera.

La violencia no vino solo desde la derecha. El 23 de enero de 1994, en el barrio obrero de La Chinita, en Apartadó, una estructura miliciana de las FARC-EP asesinó a treinta y cinco miembros de Esperanza, Paz y Libertad, el movimiento surgido de la desmovilización parcial del EPL. La masacre —que las FARC reconocerían como crimen de guerra el 30 de septiembre de 2016, cuando Iván Márquez admitió la autoría atribuyéndola a un error de mando medio— marcó la lógica del período: la desmovilización de una guerrilla, lejos de traer paz, había abierto un vacío que las otras se disputaban a sangre. Los antiguos combatientes del EPL, ya convertidos en dirigentes políticos legales, se convirtieron en blanco de sus antiguos aliados y de los paramilitares. Nadie estaba seguro.

Entre 1988 y finales de los noventa, Urabá vivió una crisis humanitaria sin precedentes. Cuerpos aparecían en las carreteras, en los ríos, en las trochas. Fincas enteras se despoblaron. Barrios obreros de Apartadó, Turbo y Carepa se convirtieron en zonas de exterminio selectivo. Los desplazamientos masivos, primero hacia los cascos urbanos y luego hacia otros departamentos, transformaron la demografía y liberaron tierras que fueron reapropiadas por actores armados y sus testaferros. La proyección de la carretera Panamericana —cuyo último tramo en el Chocó debía financiarse según el artículo 63 de la Ley 70 de 1993— incrementó el valor estratégico y económico de las tierras: líderes reclamantes de restitución señalarían años después ese factor como uno de los motivos del despojo. La infraestructura no se construyó; el despojo, sí.

San José de Apartadó y las comunidades de paz

En medio del desastre surgió, desde abajo, una respuesta. En el corregimiento de San José de Apartadó, un asentamiento campesino de la Serranía de Abibe, la población venía padeciendo desde los años setenta la presencia violenta del Ejército y, después, la llegada de grupos paramilitares y la disputa con la guerrilla. La ausencia de institucionalidad civil obligó a los habitantes a organizarse por su cuenta. En septiembre de 1996 se produjo la primera masacre en el casco urbano del corregimiento: paramilitares asesinaron al líder de la cooperativa y a otras tres personas; testigos campesinos identificaron a algunos de los perpetradores como soldados.

El 23 de marzo de 1997, aproximadamente quinientos habitantes firmaron una declaración de principios y proclamaron la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, invocando el principio humanitario de distinción entre combatientes y población civil. Se comprometieron a no participar en la guerra, a no portar armas, a no colaborar con ninguno de los actores armados. La comunidad se convirtió en símbolo internacional de la resistencia civil no violenta y, a la vez, en blanco recurrente. Con el respaldo de organizaciones sociales, religiosas y de derechos humanos, el modelo se replicó en otras zonas del país como forma de autoprotección frente a las agresiones de todos los actores armados. San José de Apartadó demostró que, en la periferia donde el Estado central se hace presente solo mediante la fuerza pública o mediante los grupos que se aprovechan de su ausencia, la política puede reinventarse desde la comunidad.

El corredor eterno

Cuando la intensidad de la violencia empezó a decrecer, tras las desmovilizaciones paramilitares de 2003-2006 y los golpes a la insurgencia en los años siguientes, Urabá no volvió al silencio. La región es demasiado importante para eso. Su valor de corredor persiste: el eje Urabá-Darién sigue siendo uno de los principales corredores de movilidad del país, disputado sucesivamente por herederos del paramilitarismo, disidencias y grupos armados organizados para el abastecimiento de armas y estupefacientes, y para el tráfico de personas hacia Panamá.

Las rutas se han vuelto tradicionales. La trocha Paya-Tubún, que une Sautatá en Colombia con Paya en Panamá, y el río Cacarica, con salida desde Riosucio, funcionan como corredores clandestinos empleados tanto por migrantes que aspiran a llegar a Estados Unidos como por traficantes. Desde 2012, el Sistema de Alertas Tempranas reportaba que el tráfico de personas por el corredor Darién-Caribe estaría regulado por Los Urabeños —herederos armados del proyecto paramilitar—, que confinan a los migrantes en Apartadó, Turbo y Necoclí antes de transportarlos hacia Capurganá y hacia los poblados panameños de La Miel y Puerto Obaldía. El contrabando aurífero del siglo XVII y el tráfico contemporáneo comparten rutas, comparten lógica y comparten la misma explicación estructural: una geografía privilegiada al servicio de economías que el Estado no controla.

Sobre esa realidad se han seguido dibujando, década tras década, los planes de integración que nunca se ejecutan. El corredor interoceánico —el canal seco—, contemplado como ruta ferroviaria entre Urabá y el Pacífico colombiano, se ha ilustrado en estudios de mercados e inversiones como alternativa al Canal de Panamá. La Frutera de Sevilla, ya convertida en Chiquita a través de su filial Banadex, y la Promotora Bananera S.A., que opera como C.I. Uniban, siguen enviando desde el golfo cientos de miles de toneladas al año a Europa y Norteamérica. La región produce, exporta, mueve personas y mercancías —legales e ilegales— con una intensidad notable. Lo que no ha logrado, en cinco siglos, es que ese dinamismo se traduzca en instituciones públicas robustas capaces de proteger derechos, garantizar propiedad, arbitrar conflictos y redistribuir la riqueza que la región produce.

La huella y la disputa

Cinco momentos, superpuestos, hacen a Urabá lo que es. El primero: la conquista temprana, cuando Santa María la Antigua del Darién fue capital y desde sus playas partió el descubrimiento del Pacífico. El segundo: los siglos coloniales de resistencia gunadule y de contrabando por el Atrato, que definieron a la región como frontera indómita. El tercero: la colonización antioqueña, cordobesa y chocoana desde finales del siglo XIX, que superpuso capas de propiedad sobre un territorio ya poblado. El cuarto: la instalación del enclave bananero en los años sesenta, con su sindicalismo y su vulnerabilidad estructural. El quinto: los años del desastre, entre 1988 y comienzos del siglo XXI, cuando la violencia paramilitar, guerrillera y estatal convirtió a Urabá en símbolo del horror colombiano.

Cada momento dejó su geología. Las lenguas emberá persisten en la toponimia y en las comunidades del Atrato. Las ruinas de Santa María la Antigua duermen bajo la vegetación en la banda occidental del golfo. La huella cimarrona se ha inscrito en las comunidades afrodescendientes que titulan hoy sus territorios colectivos al amparo de la Ley 70 de 1993. Las plantaciones de banano siguen desplegándose entre Turbo y Chigorodó, atravesadas por la memoria del sindicalismo asesinado. Los nombres de las masacres —Honduras, La Negra, Punta Coquitos, La Chinita, San José— habitan la conversación pública y los expedientes de la justicia transicional. La Unión Patriótica volvió a competir electoralmente tras décadas de exterminio; sus sobrevivientes en Urabá saben lo que costó cada silla que hoy ocupan.

Sobre esa acumulación se disputa el futuro. Los proyectos de puerto de aguas profundas —algunos ya en fase de construcción sobre el golfo—, la promesa recurrente del corredor interoceánico y la expansión de la agroindustria conviven con procesos de restitución de tierras, con la organización política de comunidades étnicas, con las comunidades de paz y con la persistencia de economías ilegales que reclaman las mismas rutas que reclamaron los cimarrones, los mineros contrabandistas del oro y los primeros conquistadores. Urabá sigue siendo, como en 1510, la puerta que Colombia abre y no termina de cruzar.

La lección de esa historia larga es incómoda. La marginalidad de Urabá no ha sido descuido: ha sido método. Cada proyecto nacional —la conquista de Tierra Firme, la exportación aurífera colonial, la colonización agraria republicana, el enclave bananero, la promesa canalera— ha extraído valor de la región sin construir en ella la institucionalidad pública que la integre. Y a cada uno de esos proyectos se le ha impuesto, desde el propio territorio, una resistencia obstinada: los Gunadule que no se dejaron someter, los cimarrones que hicieron del Atrato refugio, los colonos que abrieron a machete tierras que luego les fueron arrebatadas, los obreros bananeros que se sindicalizaron a costa de sus vidas, la Unión Patriótica que resistió su propio exterminio, las comunidades de paz que declararon su neutralidad frente a todos los fusiles. Urabá no es la periferia olvidada de Colombia. Es la frontera que Colombia necesita, y que nunca ha querido dejar de ser frontera.