Gobierno Samper, Proceso 8.000 y las Convivir (1994–1998)
El gobierno de Ernesto Samper (1994–1998) quedó atrapado desde su inicio por el escándalo de la financiación de su campaña con seis millones de dólares del Cartel de Cali —el Proceso 8.000—, lo que paralizó su capacidad de gobernar y deterioró las relaciones con Washington. En paralelo, el Estado legalizó la delegación de la guerra contrainsurgente en cooperativas privadas llamadas Convivir, que fueron infiltradas y utilizadas por estructuras paramilitares como plataforma para la expansión que culminó en la creación de las AUC.
Ficha del acontecimiento
Síntesis
- Cuándo
- 7 de agosto de 1994 – 7 de agosto de 1998
- Protagonistas
- Ernesto Samper Pizano (presidente de Colombia 1994–1998), Fernando Botero Zea (ministro de Defensa y gerente de campaña de Samper), Santiago Medina Serna (extesorero de la campaña de Samper), Gilberto Rodríguez Orejuela (jefe del Cartel de Cali), Miguel Rodríguez Orejuela (jefe del Cartel de Cali), Andrés Pastrana Arango (candidato presidencial opositor, entregó los narcocasetes), César Gaviria Trujillo (presidente saliente; expidió el Decreto 356 de 1994), Álvaro Uribe Vélez (gobernador de Antioquia 1995–1997, principal impulsor de las Convivir), Carlos Castaño Gil (jefe de las ACCU y artífice de la expansión paramilitar), Salvatore Mancuso (comandante paramilitar; declaró sobre el rol de las Convivir en Justicia y Paz), Bill Clinton (presidente de EE. UU.; descertificó a Colombia en 1996 y 1997), Joe Toft (director de la DEA en Colombia; calificó al país de 'narcodemocracia')
Lectura causal
Causas, hecho y consecuencias
Causas
- El Cartel de Cali aportó aproximadamente seis millones de dólares a la campaña presidencial de Samper en 1994, infiltrando desde el origen la legitimidad del gobierno electo.
- La entrega de los narcocasetes por Andrés Pastrana al presidente Gaviria en junio de 1994 —grabaciones de los hermanos Rodríguez Orejuela discutiendo la financiación de la campaña— hizo inevitable el estallido del escándalo.
- El Decreto 356 del 11 de febrero de 1994, expedido por el gobierno Gaviria, creó los servicios especiales y comunitarios de vigilancia y seguridad privada con un diseño ambiguo que permitía su uso en zonas de conflicto, sentando la base legal de las Convivir.
- La expansión territorial de las FARC-EP y la incapacidad del Estado central —agravada por la parálisis política del Proceso 8.000— para mantener presencia en zonas rurales generaron demanda de esquemas de seguridad privada y contrainsurgente.
- La estrategia de Carlos Castaño y las ACCU de usar figuras legales como plataforma de expansión paramilitar encontró en las Convivir un vehículo idóneo, respaldado por sectores del Ejército y de las élites regionales.
Consecuencias
- El Proceso 8.000 investigó a alrededor de cien políticos nacionales, condenó a dos contralores generales (David Turbay y Manuel Francisco Becerra) y al procurador Orlando Vásquez por vínculos con el Cartel de Cali, devastando la institucionalidad de control del Estado.
- Estados Unidos descertificó a Colombia en 1996 y 1997 y retiró la visa al presidente Samper, deteriorando gravemente la relación bilateral y erosionando la autoridad del presidente como comandante en jefe frente a sectores militares con interlocución directa con Washington.
- La reincorporación de la extradición al ordenamiento constitucional en noviembre de 1997 fue el precio que Samper pagó para recuperar interlocución con Washington, revirtiendo una de las conquistas políticas del narcotráfico de la década anterior.
- Las Convivir superaron las 400 en todo el país con supervisión prácticamente nula: ninguna de las que llevaban más de dos años operando había renovado su permiso, solo existían 15 visitas de verificación y únicamente al 9% de sus integrantes se les examinaron antecedentes penales.
- Jefes paramilitares —Arnulfo Peñuela, José María Barrera Ortiz alias Chepe Barrera, Rodrigo Pérez Álzate alias Julián Bolívar— dirigieron Convivir específicas, usando la figura legal como fachada y plataforma de reclutamiento, financiación y armamento.
- Las Convivir sirvieron como 'bisagra' entre la institucionalidad y el paramilitarismo ilegal, según declaró Mancuso en Justicia y Paz, y fueron determinantes para superar el estancamiento paramilitar y preparar la transición hacia las AUC, federación nacional creada en 1997.
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que la creación de las Convivir sin mecanismos de control comprometía la responsabilidad del Estado colombiano en las violaciones cometidas bajo su amparo.
- El crecimiento económico promedio del cuatrienio fue de solo 2,8% anual, afectado por el escándalo y por excesos de gasto público que generaron déficits fiscal y externo.
La clave interpretativa
Por qué importa
El cuatrienio Samper es el eslabón estructural entre el narcoparamilitarismo de los años ochenta y la federación paramilitar de las AUC: la crisis de legitimidad del Proceso 8.000 paralizó al Estado central justo cuando el paramilitarismo necesitaba cobertura legal para expandirse, y las Convivir proporcionaron esa cobertura con respaldo institucional documentado. La secuencia —un presidente capturado por el narcotráfico, un Estado que delega la guerra en privados, unas cooperativas sin supervisión que se convierten en cantera paramilitar— explica por qué la segunda mitad de los noventa fue el pórtico de la etapa más violenta del conflicto armado colombiano y por qué las responsabilidades de ese período siguen siendo objeto de disputa política décadas después.
Desarrollo histórico
La historia completa
El cuatrienio Samper: Proceso 8.000, Convivir y la antesala de las AUC (1994-1998)
Entre agosto de 1994 y agosto de 1998, Colombia vivió un gobierno atrapado en su propia legitimidad. Ernesto Samper Pizano llegó a la Casa de Nariño con seis millones de dólares del Cartel de Cali corriendo por las cuentas de su campaña, y la revelación pública de ese hecho —el llamado Proceso 8.000— consumió su capacidad de gobernar durante cuatro años. En paralelo, y en parte como consecuencia de esa parálisis, el Estado colombiano delegó en particulares una porción sustantiva de la guerra contrainsurgente: las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, conocidas como Convivir, fueron el vehículo legal de esa delegación. Cuando el cuatrienio terminó, el Cartel de Cali estaba desmantelado, las FARC ejecutaban ofensivas de escala continental, Washington había retirado la visa al presidente colombiano y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) existían como federación nacional. La secuencia no es casual: entender el hilo que enlaza estos hechos es entender por qué la segunda mitad de los noventa fue el pórtico de la peor década del conflicto armado colombiano.
El escándalo que llegó antes de la posesión
El origen del Proceso 8.000 se remonta a junio de 1994, en plena segunda vuelta presidencial. Andrés Pastrana Arango, candidato derrotado, entregó al presidente saliente César Gaviria una serie de grabaciones —los narcocasetes— en las que aparecían los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali, discutiendo lo que parecía ser el ingreso de dineros de la organización a la campaña samperista. La decisión de Gaviria de no hacer públicas las cintas antes del balotaje del 19 de junio permitió que Samper ganara la elección, pero no evitó que el escándalo estallara meses después. En septiembre, cuando el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Joe Toft, abandonó Colombia, calificó públicamente al país como una narcodemocracia: la frase, dicha por el jefe de la agencia antinarcóticos estadounidense en Bogotá, marcó el tono con que Washington leería al gobierno recién posesionado.
El Cartel de Cali, a diferencia de su rival de Medellín, había construido su fuerza sobre la infiltración silenciosa del Estado: donde Pablo Escobar había optado por las bombas, los Rodríguez Orejuela optaron por los cheques. La financiación de la campaña de Samper no fue una anomalía sino la culminación de una estrategia. Pero esa estrategia se dio de bruces con el desmantelamiento simultáneo del cartel: entre 1994 y 1995, la fuerza pública colombiana, con presión y cooperación estadounidenses, capturó a la cúpula caleña. El cartel cayó justo cuando su inversión política más ambiciosa —un presidente— tomaba posesión, y esa contradicción hizo inevitable que la historia saliera a la luz.
El proceso judicial arrancó formalmente el 17 de julio de 1995, cuando la Fiscalía citó a indagatoria libre a Santiago Medina Serna, extesorero de la campaña. El 12 de septiembre, Medina reconoció el ingreso de dineros ilícitos. La confesión abrió una puerta que ya no se cerraría: en las semanas siguientes cayó Fernando Botero Zea, primer ministro de Defensa de Samper y gerente de la campaña, quien también admitió la infiltración. Botero pasó de despachar con generales a declarar contra su presidente. La expresión "yo no sabía" —la defensa que Samper sostuvo durante todo el cuatrienio— se convirtió en su firma política.
En junio de 1996, el Comité de Acusaciones de la Cámara de Representantes absolvió definitivamente a Samper. La absolución fue, más que una vindicación, un pacto de supervivencia: el presidente sobrevivió porque una mayoría parlamentaria calculó que hundirlo era más costoso que sostenerlo. El Proceso 8.000 siguió su curso judicial y terminó con alrededor de cien políticos investigados en el ámbito nacional, muchos de ellos condenados. Cayeron dos contralores generales de la República —David Turbay y Manuel Francisco Becerra— y el procurador Orlando Vásquez, todos por vínculos con el Cartel de Cali. La institucionalidad de control quedó, literalmente, en el banquillo.
Washington descertifica
La reacción estadounidense fue quirúrgica. En 1996 y 1997, el gobierno de Bill Clinton descertificó a Colombia bajo el mecanismo establecido por la Ley contra el Abuso de Drogas de 1986, que obligaba al presidente estadounidense a enviar cada año al Congreso una lista de países cooperantes en la lucha antinarcóticos. La descertificación acarreaba sanciones bilaterales, comerciales y financieras, y era, sobre todo, una humillación pública. En 1996 se sumó el retiro de la visa estadounidense a Samper: un presidente en ejercicio no podía entrar a Estados Unidos. Ningún gobernante colombiano había sufrido nunca un desaire semejante.
La lógica de fondo no era, sin embargo, romper con Colombia. Era usar la crisis de legitimidad de Samper como palanca. El embajador Myles Frechette y funcionarios del Departamento de Estado —entre ellos Denise Malczewsky y Robert Gelbard— convirtieron la presión pública en instrumento de negociación bilateral. Malczewsky lo dijo a Samper con claridad en 1996: Washington quería mantener la presión del escándalo como arma para obtener mayores resultados en la guerra contra las drogas. La designación del director de la Policía Nacional fue el primer trofeo: Estados Unidos vetó al general Octavio Vargas Silva, primera opción de Samper, e impuso al general Rosso José Serrano, a quien consideraba menos permeable al narcotráfico. Serrano fue el jefe policial durante casi todo el cuatrienio y el rostro visible de la caída del Cartel de Cali.
La segunda gran concesión llegó al final del gobierno. En noviembre de 1997, tras años de resistencia parlamentaria heredada del cartel de Medellín, la extradición de nacionales fue reincorporada al ordenamiento constitucional colombiano. Samper había cedido en el símbolo mismo por el cual Pablo Escobar había puesto bombas: entregar colombianos a la justicia norteamericana. La cesión fue el precio de recuperar algo parecido a una interlocución con Washington.
Pero la descertificación no significó ruptura total. La cooperación militar estadounidense continuó por canales alternativos: el programa International Narcotics Control (INC) del Departamento de Estado siguió financiando unidades específicas de la Policía y del Ejército colombianos. Frechette fue explícito en que la ayuda no se destinaría a combatir guerrillas —citó las preocupaciones de derechos humanos y la experiencia centroamericana como razones—, y a partir de 1997 se introdujo el escrutinio previo de unidades receptoras. Esta arquitectura tuvo una consecuencia estructural: sectores del Ejército colombiano mantuvieron una interlocución operativa directa con Washington al margen del presidente Samper, cuya autoridad como comandante en jefe quedó erosionada tanto hacia adentro como hacia afuera.
El decreto que ya estaba escrito
Mientras Bogotá se hundía en el escándalo, en las regiones ocurría algo que no dependía del Palacio de Nariño. El Decreto 356 del 11 de febrero de 1994 —el "Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada", expedido en los meses finales del gobierno Gaviria— había creado una figura jurídica llamada a hacer historia: los "servicios especiales" y los "servicios comunitarios" de vigilancia y seguridad privada. Los servicios comunitarios podían constituirse como cooperativas, juntas de acción comunal o empresas comunitarias, para proveer seguridad a sus miembros dentro del área de asiento de la comunidad. El diseño era ambiguo por vocación: en la Colombia rural de comienzos de los noventa, con las FARC en plena expansión territorial, "proveer seguridad" era una expresión con muchas traducciones posibles.
El decreto no usaba aún el nombre "Convivir". Ese nombre lo aportó la Resolución 368 del 27 de abril de 1995, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada bajo el gobierno Samper, siendo ministro de Defensa Fernando Botero Zea. La resolución unificó bajo esa denominación los servicios especiales y comunitarios previstos en el decreto y amplió sus prerrogativas para operar en territorios específicos en colaboración con el Ejército. El diseño legal fue de Gaviria; la operacionalización fue de Samper: Convivir es, técnicamente, el nombre comercial que la administración Samper le dio a un instrumento heredado.
La figura enfrentó pronto un debate constitucional. En 1995, la Sentencia C-296 de la Corte Constitucional declaró inconstitucional la posibilidad de autorizar la conformación de grupos de fuerza pública distintos a las Fuerzas Militares y a la Policía. La sentencia acotaba el terreno pero no eliminaba las cooperativas. En 1997, una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 356 y las Convivir llegó a decisión: la Corte declaró constitucional su existencia, aunque impuso restricciones significativas, entre ellas límites al tipo de armamento que podían portar. La sentencia llegó cuando el número de cooperativas ya superaba las cuatrocientas en todo el país, y cuando muchas de ellas eran, en la práctica, otra cosa.
Antioquia como laboratorio
El impulso político decisivo a las Convivir vino desde Antioquia. Álvaro Uribe Vélez asumió la gobernación en 1995 y, desde 1996, convirtió la promoción de las cooperativas en bandera de su administración. Su departamento autorizó la creación de sesenta y siete Convivir, cifra que hizo de Antioquia —junto con la región Caribe y el Meta— uno de los tres focos nacionales de la figura. Uribe defendió públicamente el modelo con una firmeza que le dio, por primera vez, proyección nacional: era el gobernador que se atrevía a decir, en medio del descrédito del Estado central, que la seguridad podía —y debía— organizarse desde abajo, en cooperativas de campesinos y ganaderos que respaldaran al Ejército contra las guerrillas. Esa reputación de partidario de la mano dura sería, seis años después, la plataforma de su candidatura presidencial de 2002.
La lectura de Uribe sobre las Convivir tenía una lógica coherente con el momento: las FARC-EP crecían aceleradamente en Antioquia, el Estado central estaba paralizado y la fuerza pública era incapaz de sostener presencia en veredas y corregimientos alejados. Las cooperativas serían, en su versión ideal, ojos y oídos de la fuerza pública, retenes locales, brazos de inteligencia rural. La ambición del gobernador iba más allá: transformar las Convivir en unidades estratégicas de contrainsurgencia, capaces de operaciones ofensivas contra las FARC. Bajo su administración, la Gobernación facilitó armamento largo a estas cooperativas, en una operación que superaba con creces el diseño original de vigilancia comunitaria.
Lo que sí quedó documentado es el resultado. Bajo la figura Convivir operaron, en Antioquia y en otros departamentos, hombres con historial paramilitar. Arnulfo Peñuela, jefe paramilitar, dirigía la Convivir Papagayo. José María Barrera Ortiz, alias Chepe Barrera, dirigía la Convivir Siete Cueros en el municipio de La Ceja. Rodrigo Pérez Álzate, alias Julián Bolívar —futuro comandante del Bloque Central Bolívar de las AUC—, era uno de los principales miembros de la Convivir Deyavan en Yarumal. No fueron casos marginales: eran cuadros de las estructuras armadas ilegales operando bajo licencia estatal.
La bisagra: cómo Convivir pavimentó a las AUC
El testimonio central sobre lo que ocurrió con las Convivir lo dio, años más tarde, Salvatore Mancuso. En sus versiones libres en el marco de Justicia y Paz, el excomandante paramilitar describió las cooperativas con una expresión que hizo carrera: fueron la bisagra o el engranaje entre la institucionalidad y la autodefensa ilegal. Una "autodefensa legal amparada por el Estado, con fusiles del Estado", operando con el respaldo, según Mancuso, de comandantes de Brigada, División, Batallón, Policía, DAS y Fiscalía afectos a las autodefensas. La descripción tiene el interés del testigo interesado, pero coincide con la evidencia estructural.
Carlos Castaño Gil encomendó a Mancuso, en su papel de comisario político de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), la tarea de crear el Bloque Norte de las AUC. Para ejecutarla, Mancuso viajó al Cesar y sostuvo reuniones con élites regionales —entre ellas Jorge Gnecco Cechar, José Pepe Castro y Hernando Molina— en las que explicó cómo crear una Convivir, qué armamento se entregaba, qué trámites debían seguirse. En ese contexto, Gnecco Cechar constituyó la Convivir Guaymaral Ltda. y Hugues Rodríguez la Convivir Salguero Ltda., y ambos se comprometieron a aportar recursos para la compra de armas y el financiamiento de las ACCU. Las Convivir no eran solo fachada: eran mecanismo de financiación y de armamento del proyecto paramilitar en expansión.
La complicidad institucional fue documentada. La XVII Brigada del Ejército, con jurisdicción en Urabá, participó en la capacitación de civiles asociados a las Convivir, en la aprobación y entrega de material bélico, y en la obtención de licencias de funcionamiento. En algunos casos, la Brigada persuadió activamente a grupos armados de conformar cooperativas —la cooperativa Punta de Piedra fue uno de esos casos—. La lógica era transparente: convertir en legal lo que ya operaba de hecho, dar cobertura jurídica al paramilitarismo activo.
El fracaso de la supervisión estatal fue absoluto y está numéricamente demostrado. Ya en septiembre de 1997 había quedado establecido que, de las más de cuatrocientas Convivir existentes, ninguna de las que llevaban más de dos años operando había renovado su permiso. Solo existían quince visitas de verificación para todo el país. No se encontró una sola solicitud denegada ni una sola sanción impuesta. Únicamente al nueve por ciento de sus integrantes se les habían examinado antecedentes penales. El Estado había creado una figura armada, la había multiplicado por cuatrocientas, y no la vigilaba. La combinación —licencia jurídica, armamento legal, cero supervisión— era exactamente el ambiente que las estructuras paramilitares necesitaban para consolidarse.
La federación paramilitar toma forma
El proyecto paramilitar de los hermanos Castaño —Fidel, Carlos y Vicente— tenía su base en las ACCU, con centro operativo en Córdoba y Urabá. Desde 1996, las ACCU emprendieron una expansión nacional deliberada, buscando integrar bajo una franquicia común a los distintos grupos regionales de autodefensa que operaban en Colombia. Las Convivir fueron el mecanismo que hizo posible esa expansión: proporcionaban a los emisarios de los Castaño un motivo legal para desplazarse, reunirse con élites regionales, entregar armas, capacitar hombres.
El punto culminante llegó el 18 de abril de 1997, cuando una Primera Conferencia celebrada en Urabá dio origen formal a las Autodefensas Unidas de Colombia. La nueva estructura aglutinó a las ACCU, las Autodefensas de los Llanos Orientales, las Autodefensas de Ramón Isaza y las Autodefensas de Puerto Boyacá. No era un mando único centralizado sino una federación: los grupos regionales conservaron autonomía operativa, pero aceptaron un liderazgo político compartido en el que la Casa Castaño ocupaba la posición dominante. El nacimiento de las AUC ocurrió el mismo año en que la Corte Constitucional restringió las Convivir. La coincidencia es también causalidad: cuando la fachada legal empezó a estrecharse, el proyecto paramilitar ya estaba lo suficientemente consolidado como para prescindir de ella.
La expansión que siguió fue la más violenta del conflicto colombiano hasta ese momento. Entre noviembre y diciembre de 1996, en apenas diecinueve días, se contabilizaron setenta muertos en Antioquia, Bolívar, Cesar, Magdalena, Sucre y Norte de Santander. La masacre de Mapiripán, en el departamento del Meta, en julio de 1997 —ejecutada por hombres de las AUC llegados en aviones que aterrizaron con la complacencia de guarniciones locales— marcó un giro estratégico. Ya no se trataba de incursiones expedicionarias que castigaban y se retiraban: se trataba de emplazamiento y control territorial. Junto con las posteriores masacres de El Aro y La Granja en Ituango (Antioquia), El Salado, La Gabarra y El Naya, Mapiripán constituyó un hito fundacional del dominio paramilitar sobre vastas regiones del país. Entre 1997 y 2000, los paramilitares cometerían más de doscientas cincuenta masacres, con un saldo aproximado de mil setecientos muertos.
FARC en ofensiva, Estado sin doctrina
Mientras esto ocurría, las FARC-EP ejecutaban la ofensiva militar más ambiciosa de su historia. La organización guerrillera había pasado, hacia mediados de los noventa, de la guerra de guerrillas a lo que sus documentos internos llamaron guerra de movimientos: operaciones de gran escala contra guarniciones militares fijas. El 30 de agosto de 1996 —el año había comenzado con Samper defendiéndose ante el Congreso— las FARC arrasaron la base militar de Las Delicias, en el Putumayo, y capturaron a decenas de soldados. El 21 de diciembre de 1997 tomaron el cerro de Patascoy, en Nariño. El 4 de noviembre de 1998, ya bajo el gobierno Pastrana pero como parte del mismo ciclo ofensivo, atacaron Mitú, capital del Vaupés, y llegaron a controlar la ciudad por horas antes de la reacción militar.
La ofensiva de las FARC coincidió, y no por azar, con la parálisis de Samper. La organización guerrillera leyó correctamente la debilidad presidencial: un gobierno absorbido en su supervivencia política, con una fuerza pública mal equipada y una interlocución rota con Washington, era una oportunidad estratégica. La expansión paramilitar respondió en espejo a esa lectura. Se instaló entonces la ecuación que definiría la Colombia de finales de los noventa: una guerrilla en su punto militar más alto, unos paramilitares en expansión federal acelerada, un Estado central sin capacidad de arbitrio, unas Fuerzas Armadas con vínculos propios con las autodefensas y con Washington, y un presidente que dedicaba su tiempo a no ser derrocado.
El costo humanitario del cuatrienio fue devastador. Solo en 1995, cada día se desplazaron ciento noventa y cinco personas en promedio, en su mayoría mujeres y niños del campo, expulsados por acciones de grupos paramilitares, guerrilleros y fuerza pública. En la región que abarca Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato, entre 1991 y 2002 se registraron más de un millón de víctimas: 1.035.510 personas desplazadas, 53.296 asesinadas, 5.977 despojadas de tierras y 2.415 víctimas de violencia sexual. La Ley 387 de 1997 —que ordenó el registro oficial de la población desplazada— fue el reconocimiento tardío de un fenómeno que llevaba años ocurriendo sin que el Estado lo contara.
El economista atrapado
Samper era, antes que político, economista. Había prometido en campaña un programa social ambicioso —"El Salto Social"— financiado por un crecimiento económico sostenido. El resultado del cuatrienio fue una expansión promedio anual de apenas 2,8 por ciento, la más baja de una administración colombiana en décadas, con déficits fiscal y externo agravados por excesos de gasto público. El escándalo no solo consumió tiempo político: consumió también la capacidad de conducción económica. Los rumores de renuncia o de golpe de Estado acompañaron al presidente durante todo su mandato, y la incertidumbre política se tradujo en salida de capitales y contracción de la inversión.
La política exterior siguió la misma curva. El canciller Rodrigo Pardo García-Peña primero, y María Emma Mejía después, intentaron construir una diplomacia alternativa —diversificación hacia América Latina y Europa, énfasis en el Movimiento de Países No Alineados que Samper presidió— para compensar la ruptura con Washington. El esfuerzo tuvo méritos simbólicos pero no cambió lo esencial: en la relación bilateral con Estados Unidos, que era la relación estratégica de Colombia, Bogotá había dejado de tener voz propia. La consecuencia fue doble: por un lado, unas Fuerzas Militares que aprendieron a negociar directamente con la embajada estadounidense y con el Comando Sur, saltándose a un presidente vetado; por otro, un país que llegó al fin del siglo XX sin un marco estratégico compartido con su principal socio, un vacío que el Plan Colombia intentaría llenar apenas después de la salida de Samper.
Lo que quedó
El 7 de agosto de 1998, Samper entregó el poder a Andrés Pastrana, el mismo hombre que cuatro años antes había entregado los narcocasetes a Gaviria. Pastrana llegó con un mandato de reconciliación con Washington —viajaría a la Casa Blanca a reunirse con Clinton semanas antes de posesionarse— y con una apuesta de diálogo con las FARC que se materializaría en la zona de despeje del Caguán. Pero heredaba también, y sobre todo, el estado del país al cierre del cuatrienio Samper: unas AUC federadas, un narcotráfico atomizado con el Cartel del Norte del Valle en ascenso, unas FARC militarmente en su cénit y una sociedad rural en fuga por millones.
Las Convivir fueron formalmente desmontadas tras la sentencia de la Corte Constitucional de 1997, pero sus dirigentes continuaron activos bajo figuras jurídicas de menor escrutinio público, algunas de las cuales siguieron participando en acciones armadas contra la población civil. La transición institucional no fue una ruptura: fue un cambio de razón social. Las mismas personas, en muchos casos, siguieron al frente de estructuras análogas, ahora sin ni siquiera la fachada cooperativa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, años después, señalaría con precisión el nudo del problema: la creación de las Convivir sin mecanismos adecuados de control permitió que grupos paramilitares las utilizaran como escudo para sus actividades violentas, y ello comprometió la responsabilidad del Estado colombiano en las violaciones de derechos humanos cometidas en ese contexto. Las sentencias de Justicia y Paz llegarían a una conclusión aún más categórica: las Convivir fueron fuente o cantera de los grupos paramilitares y un mecanismo para encubrir su actividad, con participación de amplios sectores del Estado y la sociedad civil, y con la complacencia o tolerancia del gobierno nacional.
El cuatrienio Samper importa hoy por una razón que trasciende la anécdota del presidente que sobrevivió al escándalo. Importa porque ilustra, con precisión de manual, el mecanismo por el cual un Estado políticamente débil termina delegando su función más esencial —el monopolio legítimo de la fuerza— en particulares armados que operan con lógicas propias. La debilidad de Samper no inventó el paramilitarismo, que venía tejiéndose desde los años ochenta, ni diseñó las Convivir, que fueron herramienta heredada de Gaviria. Pero sí produjo el entorno específico —parálisis supervisora, ruptura con Washington, ofensiva guerrillera creciente, cúpula militar autonomizada, tolerancia política amplia hacia las autodefensas— que convirtió un instrumento ambiguo en la palanca de la federalización paramilitar. Cuando en abril de 1997 las AUC nacieron formalmente en Urabá, no lo hicieron contra el Estado colombiano: lo hicieron desde adentro de una zona gris que el Estado, con su decreto de 1994, su resolución de 1995 y su omisión sostenida, había habilitado.
La factura la pagó el país durante la década siguiente. Se pagó en las masacres de Mapiripán y El Salado, en el millón de desplazados de las regiones donde las Convivir se multiplicaron sin control, en el fortalecimiento de un actor armado que el Estado colombiano tardaría hasta 2006 en desmovilizar. La lección del cuatrienio 1994-1998 no es que un presidente débil pierde el poder: es que, cuando lo pierde, otros lo ocupan, y no siempre son quienes deberían.
La época alrededor
Este hecho no ocurrió solo
Archivo documental
Documentos y fragmentos citados
01Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en ColombiaFrancisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills, Gonzalo Sánchez Gómez · 2006 · p. 24, 2482 citas
[1]aprovechada por el cartel de Cali. Esta organización evitó siempre enfrentarse directamente con el Estado; por el contrario, prefirió el dinero y la corrupción para impulsar sus intereses. En 1994, el cartel de Cali entregó seis millones de dólares a la campaña del liberal Ernesto Samper, quien fue electo presidente.…p. 248
[57]al lado de los grandes carteles de Medellín y de Cali. De hecho, en la última década, los grupos armados incrementaron su presencia en casi todas las áreas de cultivo de coca en el país, al monopolizar el comercio de la pasta de coca en los territorios bajo su control (International Crisis Group, 2005). 2 Esta…p. 24
02Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 181 cita
[2]extradición y al día siguiente se entregó a la justicia Pablo Escobar Gaviria, cabeza del cartel de Medellín y autor de innumerables asesinatos y varios atentados terroristas en lugares públicos. Su fuga de la cárcel de lujo que había acondicionado con sus propios recursos, seguida por su persecución y muerte a manos…p. 18
03Colombia: A Concise Contemporary HistoryMichael J. LaRosa, Germán R. Mejía · 2017 · p. 2251 cita
[3]for troops to move toward the Colombian border, but Colombia’s president Álvaro Uribe refused to take the bait, and the tensions diminished over time without what many feared might become a three-country war in northern South America. The 1990s were certainly hectic for Colombia. It was a decade that saw the demise of…p. 225
04Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 4291 cita
[4]preliminar que, en poco tiempo, podría determinar su absolución. El Departamento de Estado de Estados Unidos y la propia fiscal Janet Reno, colocaron en cuestión el pro- cedimiento. En una misiva fechada el 10 de mayo de 1994, Reno denunció la “negativa” del fiscal general de Colombia, Gustavo De Greiff, “a afirmar la…p. 429
05Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 2162 citas
[5]López Michelsen. 98 El director de la DEA, Toft, sabía todo esto y, a mediados de 1994, se aseguró de que todos lo supieran. Cuando se marchó de Colombia, unos pocos meses después de la posesión de Samper, calificó al país de “narcodemocracia”. 99 95 Cinep, Deuda, 359-361. 96 Semana, 6 de diciembre de 1994, 50. 97…p. 216
[6]López Michelsen. 98 El director de la DEA, Toft, sabía todo esto y, a mediados de 1994, se aseguró de que todos lo supieran. Cuando se marchó de Colombia, unos pocos meses después de la posesión de Samper, calificó al país de “narcodemocracia”. 99 95 Cinep, Deuda, 359-361. 96 Semana, 6 de diciembre de 1994, 50. 97…p. 216
06Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 233, 2372 citas
[7]de nacionalidad chilena, Guillermo Pallomari, vinculado al cartel de esta ciudad. Pallomari terminó en el programa de protección a testigos (“mtnessprotectionprogram ”) de los Estados Unidos. En los documentos se encontraron evidencias de recursos destinados a financiar distintas campañas electorales, incluida la de…p. 233
[48]Escobar, Inform es ¿ e l D epartam ento de E stado de E stados U nidos sobre la si tuación de los derechos hum anos en C olom bia, tesis de grado, Bogotá, Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana, 2005. 309 El Proceso de Certificación de las Drogas fue establecido mediante la Ley contra el…p. 237
07Democracia feroz. ¿Por qué la sociedad en Colombia no es capaz de controlar a su clase política?Gustavo Duncan · 2018 · p. 184, 1892 citas
[8]las elecciones sino también la violencia. 139 En este capítulo y el siguiente participó Manuela Pantoja recolectando datos para la investigación. 140 Cargo en ese entonces denominado “ministro de Gobierno”. 141 Ver en el Diario El Tiempo el artículo “Horacio, el escudero de Samper”, publicado el 17 de marzo de 1996.…p. 189
[9]del Estado se centraban en neutralizar a Escobar, mientras que desde Estados Unidos y la sociedad colombiana se prefería pasar por alta la evidente infiltración de autoridades civiles y políticas. La depuración del sistema tendría que esperar al final de la guerra contra Escobar. A lo largo del proceso 8000 la…p. 184
08Colombia: A Country StudyRex A. Hudson (editor) · 2010 · p. 1521 cita
[10]down arms and pursue their objectives peacefully under its framework. Alas, no such thing happened. Neither did the drug problem go away; on the contrary, it returned to center stage when narco-traffickers made massive contributions to the campaign chest of Gaviria's successor, Ernesto Samper Pizano (president,…p. 152
09Trujillo: Una tragedia que no cesaGrupo de Memoria Histórica; Álvaro Camacho Guizado (relator); Gonzalo Sánchez G. (coordinador) · 2008 · p. 3321 cita
[11]proceso. En primer lugar, es ese trípode de voluntades en el que con- fluyen de manera atípica actores institucionales (e individuos) comprometi dos con la vigencia de los derechos humanos, actores internacionales legítimos y con capacidad jurisdiccional, como la CIDH, y actores de la sociedad civil organizados…p. 332
10Breve historia económica de ColombiaSalomón Kalmanovitz · 2017 · p. 3631 cita
[12]importacio- nes, aunque la apertura de capitales con sus entradas, pero sobre todo salidas, aumentó los riesgos macroeconómicos que se concretaron más adelante. La administración Samper estuvo plagada de proble- mas que comenzaron con la denuncia de que su campaña había recibido financiación del Cartel de Cali y…p. 363
11Detrás de la guerra en ColombiaAriel Ávila · 2019 · p. 80, 1442 citas
[13]las masacres, los desplazamientos se convirtieron en una de las características de este grupo de paramilitares. Con la crisis de legitimidad y legalidad que vivió el gobierno del entonces presidente Samper, las Fuerzas Militares y gran parte de clase económica regional presionaron por la formación de grupos de…p. 144
[72]para ver el crecimiento. En 1997, con la ilegalización de las Convivir, y el nacimiento de las AUC como una federación arrancó la segunda expansión paramilitar. Tal vez fue la más violenta que se hubiera realizado en el país. Desde finales de 1996 comenzó una arremetida simultánea en varias zonas del país. Por…p. 80
12Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica; Germán Lozano Villegas; Luz Janeth Forero M. · 2014 · p. 1191 cita
[14]las víctimas de desaparición forzada, Plaza de Bolívar – Bogotá. Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013. 121 Evolución de la normatividad internacional y colombiana sobre la desaparición forzada 3. Periodo 3: 1995-2002 3.1. Derecho interno 3.1.1. Las Convivir, las medidas contra el secuestro y la tipi fi cación…p. 119
13De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC). Informe No. 1Centro Nacional de Memoria Histórica, Álvaro Villarraga Sarmiento, Anascas Del Río Moncada, Mauricio Barón Villa, Andrea García Hernández, José Alirio Duque Orrego, Edith Garzón Quintero · 2017 · p. 911 cita
[15]marco legal a la defensa que hacían los campesinos de sus propias tierras ante la amenaza de los grupos guerrille- ros, permitiéndoles el porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas a los particulares que hicieran parte como asociados de dichas Cooperativas” (Tribunal Superior del 92 DE LOS GRUPOS…p. 91
14No es un mal menor. Niñas, niños y adolescentes en el conflicto armadoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1071 cita
[16]33). Posteriormente, bajo la presidencia de César Gaviria, se auspiciaron y legalizaron las Convivir, mediante el Decreto 356 de 1994: «Se entiende por servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada, la organización de la comunidad en forma de cooperativa, junta de acción comunal o empresa comunitaria, con el…p. 107
15Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 521 cita
[17]de control directo de las élites políticas locales y regionales. El general Rojas Pinilla dio el primer paso para desestimular a los grupos armados civiles y despolitizar a la Policía y acabar con sus expresiones subnacionales (el Decreto 1814 del 13 de junio de 1953 la trasladó al Ministerio de Defensa y la convirtió…p. 52
16Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo I. De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUCCentro Nacional de Memoria Histórica · 2021 · p. 841 cita
[18]Gaviria, cuando se crearon los “servicios especiales de vigilancia y seguridad privada” bautizados luego como Convivir. Según explicó entonces el Gobierno, “estos servicios buscaban frenar el aumento del paramilitarismo con la oferta de una alternativa legal y vigilada por el Estado” (GMH, 2013, p. 241). A nivel…p. 84
17¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 105, 1722 citas
[19]que violaba el Artículo 48 de la Constitución de 1886, según el cual únicamente el Gobierno podía introducir, fabricar y poseer armas y mu- niciones de guerra. Y aunque declaró constitucional el Artículo 25 del mismo decreto, en el que se establecía la posibilidad de crear juntas de autodefensa, aclaró que la…p. 172
[53]fin del narcoterro- rismo. La prohibición constitucional de la extradición abrió el camino para la salida a la guerra del narcotráfico contra el Estado y viabilizó la implementación de la figura jurídica del sometimiento a la justicia como ruta para el desmantelamiento del Cartel de Medellín. Este aspecto será…p. 105
18Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 267, 3242 citas
[20]la autoridad competente, civiles pudieran usar algunas armas de uso privativo de la fuerza pública para defenderse. Este análisis proviene de la Comisión Colombiana de Juristas que en varios documentos se ha referido al tema en detalle. 9 Hay quienes argumentan que desde que aprobó este decreto 356, el gobierno…p. 324
[38]al senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda, en agosto de 1994, justo en aquella época en que a Carlos Castaño le estaban dando el curso acelerado para hacerse político. Aprendió rápido. A comienzos de 1997 ya estaba dándole declaraciones a la prensa sobre la urgencia de encontrarle una salida negociada al…p. 267
19Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 1291 cita
[21]conglomerados empresariales, así como otras estructuras criminales. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, uno de los grandes hitos para el nuevo auge del paramilitarismo no se entiende sin la creación de las conocidas como Convivir. Las Convivir, creadas al final de la presidencia de César Gaviria —Decreto 356 de…p. 129
20Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, CatatumboYamile Salinas Abdala, María Fernanda Pérez Trujillo, Juan Pablo Luque, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 85, 902 citas
[22]entorno, se consolidó el propósito criminal de “erra- dicar: “ la subversión, caracterizada no solo como acciones gue- rrilleras, sino también como toda forma de actividad popular o comportamiento contestatario y muchas veces social”, y de elimi- nar “toda forma de sociedad política populista ”. En esa línea, sindi-…p. 90
[68]reclama gestionar acuerdos de paz con los Frentes Libardo Mora Toro y Ramón Gilberto Barbosa Zambrano, disidentes del proceso de paz con el EPL, en 1991 67. 67 Ver: Bluradio.com, 2015, Iniciar diálogos con disidencia del EPL, piden personeros del Catatumbo y Verdad Abierta.com, 2014, En Catatumbo reclaman mesa con…p. 85
21Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 1701 cita
[23]de la lucha contra el trá fi co de drogas. Hijo del célebre artista homónimo, Botero era miembro de la élite social de Bogotá; había sido el jefe de campaña del nuevo presidente y había obtenido el apoyo fi nanciero y político de los más ricos y poderosos contribuyentes del Partido Liberal. El presidente terminó por…p. 170
22A las puertas de El UbérrimoIván Cepeda, Jorge Rojas · 2008 · p. 59, 632 citas
[24]de la organización paramilitar. "Es más, el 26 de febrero de 1996, cuando, según su propio testimonio, ya había consumado más de 10 masacres, Mancuso recibió una revista de inspección de la Superin- tendencia de Vigilancia que encontró todo en regla, según consta en un acta firmada por un funcionario de esta…p. 59
[32]hasta el 2001; el desmovilizado Aurelio Antonio Quintero, fue representante de la Convi- vir California, con sede en Puerto Triunfo; el jefe paramilitar Arnulfo Pe- ñuela dirigía la Convivir Papagayo; el jefe paramilitar José María Barrera Ortiz, alias 'Chepe Barrera' también dirigía una Convivir. Luis Alberto…p. 63
23Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo IILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · p. 93, 962 citas
[25]esas organizaciones de la facultad de utilizar armas y les quitó bue- na parte de las funciones de control y vigilancia que habían ejercido debido a la extrema laxitud en su regulación; no fueron debidamente supervisadas ni reguladas por el Estado durante su vigencia a pesar de los fuertes indicios de relación e…p. 96
[35]el Tribunal Superior del Distrito, la Décima Séptima Brigada participó además en la capacitación de ci- viles que se asociaban a las convivir, la aprobación y entrega del material bélico y la obtención de las licencias de funcionamiento para las cooperativas (las cuales requerían la aprobación tanto de la brigada como…p. 93
24Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 2591 cita
[26]cometidas en articulación con la fuerza pública y grupos paramilitares. De acuerdo con sentencias de Justicia y Paz, las Convivir «fueron una fuente o cantera de los grupos paramilitares y un mecanismo para encubrir su actividad […], [donde] participaron amplios sectores del Estado y la sociedad civil, con la…p. 259
25Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1251 cita
[27]estuvie- ron al servicio de las ACCU, y postula: «Las asociaciones de seguridad privadas, tanto los servicios comunitarios como los servicios especiales de seguridad privada contemplados en el decreto-ley 356 de 1994, creadas por particulares, especialmente entre 1995 y 1998, con el auspicio o el visto bueno de…p. 125
26Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. CaribeComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1041 cita
[28]de Córdoba y Urabá (ACCU). Las masacres reaparecieron con una matanza en San Pelayo, subregión del bajo Sinú, el 19 mayo de 1997. Para entonces, las Convivir y las masacres se habían extendido a otros departamentos del Caribe, auspiciadas por las ACCU. El encargado de esta tarea fue Salvatore Mancuso Gómez. En su…p. 104
27Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera · 2018 · p. 731 cita
[29]Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares (CNMH, 2012c), Romero (1995 y 2003), Dun- can (2006) y Ronderos (2104) resaltan cómo la denominada Casa Castaño fue central en la transición entre la primera generación y la segunda generación paramilitar, mediante la conformación de las ACCU, a mediados de…p. 73
28Revolutionary Social Change in Colombia: The Origin and Direction of the FARC-EPJames J. Brittain · 2010 · p. 1341 cita
[30]ments and ‘social cleansing’ operations.” Resembling methods used by other Latin American governments, the CONVIVIR became an explicit example of the state supporting a civilian- based counterinsurgency force to combat the growing support and power of the guerrillas (Sánchez, 2003: 22; see also Hylton, 2006: 93). 8…p. 134
29Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 8951 cita
[31]otras personas. Por su parte, el Decreto Legislativo 2790 de 1990 amplió los tipos de información conducentes a la obtención de recompensas. De esta manera, la participación de civiles continuó siendo un elemento central en la política de defensa y seguridad del Estado. 3199 Con las que el gobierno tenía una relación…p. 895
30Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoanoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 118, 1222 citas
[33]primera vez por partidarios de una organización de Convivir en la región del Urabá. Buitrago describió su adminis- tración de La Tagua y los pagos de las autodefensas desde que su predecesor, Juan Manuel Alvarado, se fue en octubre de 1999 313. En el caso de la Convivir Siete Cueros, en La Ceja, Antioquia, quien…p. 122
[74]en Córdoba. 296 Entrevista 077-PR-00130. Coronel (r) del Ejército y catedrático universitario.; «Urabá: laboratorio de guerra y paz.», 19 de marzo de 2021. entre la violencia masiva y la resistencia (1991-2002) 119 Antioquia, el sur de Córdoba y el Bajo Atrato: entre 1991 y 2002, esta cifra ascendió a 1.103.385…p. 118
31Tierra y carbón en la vorágine del Gran Magdalena. Los casos de las parcelaciones de El Toco, El Platanal y Santa FeYamile Salinas Abdala, María Paula Hoyos, Ana María Cristancho · 2018 · p. 751 cita
[34]Rodrigo Tovar Pupo, y personalidades públicas como José Pepe Castro, exgober- nador del Cesar, y Hernando Nando Molina 111. En las reuniones Mancuso Gómez les explicó (…) cómo era la creación de las Convivir, cómo operaban las Convivir, cuál era la legalidad de las Convivir, qué armas les en- tregaban a las Convivir,…p. 75
32El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 2392 citas
[36]Según el informe de labores de la estatal Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada del año 1996, Mancuso se dotó de abundante y poderoso armamento de uso privativo de las Fuerzas Militares creando cooperativas. El entonces gobernador del departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, fue de los principales…p. 239
[37]Según el informe de labores de la estatal Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada del año 1996, Mancuso se dotó de abundante y poderoso armamento de uso privativo de las Fuerzas Militares creando cooperativas. El entonces gobernador del departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, fue de los principales…p. 239
33El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)Francisco Gutiérrez Sanín · 2014 · p. 378, 3832 citas
[39]no solo dio vida, sino que apoyó políticamente a las Convivir (ver por ejemplo las declaraciones en este sentido de Carlos Holmes Trujillo en: E l Tiempo, 27 de agosto de 1997b; y E l Tiempo, 29 de octubre de 1997c). 365 C a p í t u l o i o “una organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado…p. 378
[44]paz con las FARC y más sensible a las presio nes internacionales que sus predecesores— que «e desmontaron las Convivir. Pero eso no acabó con los emprendimientos de se guridad legales dirigidos por paramilitares, y orientados a coortli nar a su coalición de apoyos sociales. Las Convivir desaparecieron, pero quedó…p. 383
34Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Eje CafeteroComisión de la Verdad · 2022 · p. 1051 cita
[40]políticos clandestinos en las ciudades a través de milicias urbanas y acciones de incidencia social y comunitaria desde el Movimiento Bolivariano, proyecto político que las FARC-EP presentaron el 29 de abril de 2000 desde la zona de distensión del Caguán. Alianzas entre narcotraficantes, paramilitares y políticos El…p. 105
35Enciclopedia de Colombia - Volumen 2Camilo Calderón Schrader · 2001 · p. 2681 cita
[41]Ca- cica», forzó al presidente Pastrana a suspender el proceso y a ordenar la recuperación de la zona de despeje por parte del ejército en febrero de 2002, tres meses antes de la celebración de las eleccio- nes presidenciales. 12 veia” pi ro de 2003, ocasionó treinta y nueve muertos y cerca de ciento setenta heridos.…p. 268
36Una vida, muchas vidasGustavo Petro Urrego · 2021 · p. 2451 cita
[42]ni al Ejército, pero que tenían más · poder que esas dos instituciones juntas. Estos hombres se dedi- caron a la destrucción de todos aquellos que se asociaban con 249 la izquierda y con el progresismo antioqueño. También trans- formaron en instrumentos del narcofascismo la cultura, las uni- versidades y los centros…p. 245
37Grupos Armados Posdesmovilización (2006 - 2015). Trayectorias, rupturas y continuidadesTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera Ramírez, Carlos Andrés Hoyos, Javier Benavides Torres, Jefferson Corredor Uyaban, Mateo Morales · 2016 · p. 461 cita
[43]seguridad (CONVIVIR) y el proceso de recon fi guración interna, fortalecieron al paramilitarismo que logró superar el relativo estancamiento que habían padecido en los años anteriores. En este período se aunaron esfuerzos para la organización federada de lo que se denominó Autodefensas Uni- das de Colombia (AUC), que…p. 46
38No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 2941 cita
[45]en la lucha contra el narcotráfico, sino que le retiró la visa a Samper en 1996. Los años del gobierno de Samper (1994-1998) coinciden con un incremento de las formas de violencia y con una disputa por el territorio y el poder local entre dife- rentes actores que usaron la violencia y la coacción. Los Castaño, que…p. 294
39America's Other War: Terrorizing ColombiaDoug Stokes · 2005 · p. 1102 citas
[46]taking ‘3000 casualties in this real war against these guerrillas and their drug trafficking allies’. The paper continued that the guerrillas have ‘shot down 5 Huey helicopters and some eradica- tion airplanes, as well’. 26 A more plausible explanation for the decertification is that when the USA was presented with…p. 110
[47]taking ‘3000 casualties in this real war against these guerrillas and their drug trafficking allies’. The paper continued that the guerrillas have ‘shot down 5 Huey helicopters and some eradica- tion airplanes, as well’. 26 A more plausible explanation for the decertification is that when the USA was presented with…p. 110
40Global Capitalism, Democracy, and Civil-Military Relations in ColombiaWilliam Avilés · 2006 · p. 83, 932 citas
[49]Reform and Oversight, Washington, DC, February 14, 1997). The use of “decertification” as leverage was known by Samper, as the Colombian desk officer in the U.S. embassy in Colombia, Denise Malczewsky, informed Samper in 1996 that the U.S. “wanted to maintain the pressure of the scandal as a weapon... in order to…p. 93
[52]CONT INUI T Y OF THE TRANSNAT IONAL POLI T ICAL ELI TE IN THE SAMP ER ADMINISTRAT ION The government’s priorities represented a continuation and expansion of the civil-military policies of the previous government. The Samper government maintained the same military command that had supported the Gaviria govern- ment.…p. 83
41Narcotráfico en Colombia: Economía y ViolenciaGustavo Duncan, Ricardo Vargas, Ricardo Rocha, Andrés López · 2005 · p. 2101 cita
[50]cual fue redactada pensando en los narcotraficantes pero la cual tiene una aplicación mucho más amplia, permitiéndole al Estado hacerse a las propiedades en relación con las cuales sus tenedores no puedan demostrar que las adquirieron con recursos legales. Adicionalmente, debió enfrentar presiones muy fuertes…p. 210
42More Terrible Than Death: Drugs, Violence, and America's War in ColombiaRobin Kirk · 2003 · p. 2821 cita
[51]was where guerrillas walked, not portly drug kingpins. Washington remained reluctant to commit to direct counterinsur- gency. Only the Colombian military and some Beltway hotheads claimed that the FARC was a "cartel." Both Frechette and Colombian police chief Rosso Jose Serrano routinely iced down these allegations as…p. 282
43Buenaventura: un puerto sin comunidadConstanza Millán Echeverría, Ludivia Serrato Martínez, Oscar Pérez, Clara Castro, Danelly Estupiñán, Adriel Ruiz · 2015 · p. 871 cita
[54]droga pertenecientes al Cartel de Medellín y al de Cali. Esta terce- ra generación 29 conformó el proceso de atomización de la mafia. En la tercera etapa del narcotráfico es reconocido el fortaleci- miento del Cartel del Norte del Valle, el cual para 1995 tomó el control del negocio en zonas que quedaron a su…p. 87
44Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Valle y norte del CaucaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 971 cita
[55]personas incluso de los Llanos Orientales que vinieron a comprar tierras por acá» 204. El acaparamiento de tierras por parte de los narcotraficantes trajo profundas transformaciones sobre la posesión y usufructo de la tierra en el Valle. La expansión de los cultivos de uso ilícito en algunos puntos del Valle y el…p. 97
45La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestraGrupo de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez G. (Coordinador), Andrés Fernando Suárez (Relator) · 2009 · p. 2401 cita
[56]la crisis de gobernabilidad de la administración Samper había transformado la perspectiva de acceso al poder de las Farc, lo que derivó en una ofensiva militar fuerte y continuada por par- te de estas: entre 1996 y 1998, infligieron duros golpes militares a las fuerzas armadas en distintas partes del territorio…p. 240
46Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)Alfonso Insuasty Rodríguez, José Fernando Valencia Grajales, Janeth Restrepo Marín · 2016 · p. 1282 citas
[58]varios frentes y columnas de dicha agrupación, que determinan una escalada mayor de la guerra y una nueva forma de ataque de este grupo que pretende la toma del poder por la vía militar, pasando de la guerra de guerrillas a la guerra frontal estratégica y de columnas con gran cantidad de hombres en acción enfrentando…p. 128
[59]varios frentes y columnas de dicha agrupación, que determinan una escalada mayor de la guerra y una nueva forma de ataque de este grupo que pretende la toma del poder por la vía militar, pasando de la guerra de guerrillas a la guerra frontal estratégica y de columnas con gran cantidad de hombres en acción enfrentando…p. 128
47Desterrados: Crónicas del desarraigoAlfredo Molano · 2001 · p. 81 cita
[60]Fue una pelea desigual que, debo reconocer, fue posible dar gracias a que el gobierno nunca me impidio opinar libremente, inclusive contra muchas de sus tesis. POI' su parte, El Espectador no suprimio de III, IH II I':,Il I' I': II II i\ II II N mis columnas ni siquiera una coma; antes bien, me enseii6 a ponerlas. En…p. 8
48Plan Colombia: U.S. Ally Atrocities and Community ActivismJohn Lindsay-Poland · 2018 · p. 611 cita
[61]to growers at the time. The farc, for its part, harassed competing banana growers. The payments to farc, often made by a former U.S. military pi lot who was a Chiquita man ag er in Colom - bia, continued through at least 1997. 26 These changes on the armed Left coincided with the growth of paramili - tary death squads…p. 61
49La maldita tierra. Guerrilla, paramilitares, mineras y conflicto armado en el departamento de CesarCésar Molinares Dueñas, Nathan Jaccard · 2016 · p. 431 cita
[62]enviados a Cesar por el ganadero cordobés Sal- vatore Mancuso, cumplían órdenes de René Ríos, alias Santiago Tobón y del exguerrillero Baltazar Mesa Durango (Verdadabier- ta.com, 22 de agosto de 2013, “La historia del “Juan Andrés Ál- varez””). En 1996 el paramilitarismo iniciaba una expansión sin precedentes bajo la…p. 43
50Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombianoGrupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación · 2011 · p. 311 cita
[63]aspectos, el ca- pítulo ofrece los antecedentes de formación de los paramilitares y brinda elementos para comprender la manera como a partir de 1997 aplicaron un plan que buscaba constituirlos en un actor polí- tico de orden nacional y convertirlos en autoridades indisputadas en regiones de su interés. 1. La…p. 31
51Una guerra sin edad. Informe nacional de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombianoCentro Nacional de Memoria Histórica; Katherine López Rojas (coord.); Andrés Felipe Aponte; Carolina Lozano Rodríguez; Linda Lorena Sánchez Avendaño · 2017 · p. 1171 cita
[64]en el cual cada grupo involucró a sus bases. Además, le permitió a la Casa Castaño, de la mano de las élites económicas y políticas de la zona (Carroll, 2011), terciar en ese escenario con- troversial y convertirse en un actor central, lo que aprovechó para moldear las percepciones de algunas personas desmovilizadas e…p. 117
52Violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y VichadaÁlvaro Villarraga Sarmiento (Director general); Centro Nacional de Memoria Histórica · p. 104, 1082 citas
[65]grupos armados bien constituidos 24. Sin embargo, el alcance de estas acciones se limitaba a sus zonas de influencia. Esta característica cambió con la aparición de las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) en la región de los Llanos Orientales. En 1996 las ACCU, surgidas en 1994, emprendieron la ins-…p. 104
[73]Teresa Ronderos se refiere a la negociación entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC en el marco de los “diálogos del Caguán”, en medio de los cuales se otorgó la zona de distensión al grupo guerrillero. El despeje de fuerza pública se dio en cinco municipios de los Llanos Orientales. 109 2.…p. 108
53El Estado suplantado. Las Autodefensas de Puerto BoyacáCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque · 2019 · p. 3782 citas
[66]paramilitar. Para el CNMH dado que Botalón ha reconocido que fue el creador y financiador de la Convivir, debe aceptar por la línea de mando cualquier crimen que esta haya cometido. La licencia de la Convivir fue cancelada el 12 de febrero de 2001 mediante resolución 1369. (Fiscalía Dossier BPB) 380 EL ESTADO…p. 378
[67]paramilitar. Para el CNMH dado que Botalón ha reconocido que fue el creador y financiador de la Convivir, debe aceptar por la línea de mando cualquier crimen que esta haya cometido. La licencia de la Convivir fue cancelada el 12 de febrero de 2001 mediante resolución 1369. (Fiscalía Dossier BPB) 380 EL ESTADO…p. 378
54Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander. Tomo I. Bloque Central Bolívar: origen y consolidaciónCentro Nacional de Memoria Histórica, Alberto Santos Peñuela · 2021 · p. 1521 cita
[69]informó a los asistentes, entre los cuales se encontraba Javier Montañéz, que en virtud de la ordenada vinculación a las ACCU, a partir de ese momento quedábamos bajo las órdenes de Carlos Castaño Gil. (FGN, 2007b, p. 11) A principios del año 1997, el señor VICENTE CASTAÑO citó a los líderes y comandantes de estas…p. 152
55La guerra vino de afuera. El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierraCentro Nacional de Memoria Histórica, Laura Bibiana Escobar García, Laura Catalina Tovar Bohórquez, Esteban de Jesús Caviedes Alfonso · 2022 · p. 681 cita
[70]ya entrada la década de los noventa, sirvieron como plataforma para el posicionamiento, a nivel nacional, de los hermanos Castaño, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); y en la dimensión regional, de los grupos paramilitares en el sur del Chocó y su costa…p. 68
56Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte · 2009 · p. 481 cita
[71]estatales 14. En relación con la expansión territorial de las auc, esta tuvo su princi- pal epicentro en el norte del país, donde se empeñaron en la construcción de un corredor “antisubversivo, que va de la frontera con Panamá (selva del Darién) hasta los límites con Venezuela, y pasa por el norte de Antioquia,…p. 48
57Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 821 cita
[75]partir de 1995, año en el que se expiden los primeros instrumentos que habrían de articular una política pública para atender y registrar a la población desplaza- da. Lo anterior evidencia cómo a partir de esta fecha el éxodo se vuelve un problema de orden nacional que exige respuesta del Estado y comienza a…p. 82
58Diez propuestas para el estudio de la historia reciente de Colombia con énfasis en el conflicto armadoFrancisco Acevedo, Mauricio Bello, Blanca Cepeda, Wencith Guzmán, Jacqueline Mendoza, Nixon Mora, Roque Moreno, William Peña, Jorge Ramírez, Maira Soto, María Cristina Téllez · 2022 · p. 4511 cita
[76]civil en la nueva Constitución, estaban bajo la mirada de los organismos de derechos humanos que ahora empezaban a tener un lugar importante en la agenda política global. Hacia mediados de la década de los 90 la violencia persistía en las zonas rurales y las guerrillas estaban desarrollando una ofensiva sin…p. 451
59Tierras. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoAlejandro Reyes Posada · 2018 · p. 901 cita
[77]cuando empezó el registro oficial. Una nación desplazada periodiza el desplazamiento contemporá- neo en cuatro periodos: • 1980-1988: desplazamiento silencioso en el escalamiento del con- flicto armado. • 1989-1996: continuidad del desplazamiento en el nuevo pacto social. • 1997-2004: gran éxodo forzado en la Colombia…p. 90
60Nos matan y no es noticia. Parapolítica de Estado en ColombiaRicardo Ferrer Espinosa, Nelson J. Restrepo A. · 2010 · p. 771 cita
[78]al resto del país. Se reproducía en cada localidad, con la disciplina militar de verdaderos psicópatas organizados. Hecho el ensayo y vistos sus resultados, el modelo de arrasamiento se aplicó luego a otras regiones y goza del silen- cio de la prensa oficial en Colombia. Y del silencio de la prensa en los países con…p. 77