Cesar

Geografía de un valle entre dos sierras

El Cesar se organiza en tres regiones nítidas: la vertiente oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, la serranía del Perijá y el valle amplio del río que le da nombre. Ese valle es el corazón del departamento: una franja fértil, bien irrigada y cargada de sedimentos que bajan de ambos flancos montañosos, y que se extiende hacia el sur hasta encontrarse con la región del Magdalena Medio. La fertilidad no es un accidente: es el producto geológico de estar situado entre dos grandes sistemas orográficos que le entregan agua y suelo desde hace milenios.

Al occidente se levanta la Sierra Nevada de Santa Marta, esa pirámide de tres caras cuyos picos Cristóbal Colón (5.770 m) y Simón Bolívar (5.775 m) son los más altos de Colombia. Desde Valledupar, en las mañanas claras, sus cumbres nevadas se recortan contra el cielo caribe. La cara septentrional del macizo corre paralela al Caribe, con pendientes muy pronunciadas por donde bajan ríos veloces a través de estrechas gargantas. Al oriente, la serranía del Perijá traza la línea fronteriza con Venezuela y alberga los últimos bosques no colonizados del departamento: apenas 43.350 hectáreas, a las que se suman 124.291 hectáreas de bosque ya intervenido en las laderas de ambas sierras.

El río Cesar recoge las aguas del valle y las conduce hacia el sur, hasta desembocar en el Magdalena en la depresión momposina, ese gran embudo donde confluyen también el Cauca y el San Jorge. Antes de perderse en el río grande, el Cesar forma la ciénaga de Zapatosa, la más grande del país, y su hermana menor, la ciénaga de Chilloa. Alrededor de la isla de Mompós, las ciénagas de Iguana, Morrocoyal, Punta de Blanco y otras completan un sistema de aguas lentas alimentado por los cuatro grandes ríos. Es un paisaje anfibio, de garzas y babillas, donde el agua manda tanto como la tierra y donde en verano el polvo levanta cortinas amarillas sobre los caminos que unen los caseríos ribereños.

El uso del suelo cuenta la historia económica del departamento: de 1.947.816 hectáreas dedicadas al agropecuario, 1.644.513 son potreros y apenas 105.371 sostienen cultivos. El Cesar es, ante todo, tierra de ganado.

Los primeros habitantes y la larga persistencia indígena

Antes de que llegara Hernando de Santana con su tropa, el territorio del actual Cesar estaba habitado por sociedades complejas cuya continuidad hasta el presente es uno de los rasgos más singulares del departamento. En las estribaciones de la Sierra Nevada vivían los antepasados de los pueblos que hoy conocemos como koguis, wiwas y arhuacos (ijkas), herederos directos de la civilización tairona que asombró a los primeros cronistas. La evidencia arqueológica y etnográfica es contundente: los koguis, por ejemplo, siguen organizando la vida social alrededor de los templos, en línea directa con la tradición tairona del siglo XVI.

En el Perijá y hacia la cuenca binacional del río Catatumbo habitaba —y habita— el pueblo motilón barí, que vive en grandes casas comunales de cerca de cincuenta personas y ocupa varias de esas casas de manera estacional, aprovechando distintas alturas ecológicas. Ese patrón —el poblamiento vertical, móvil entre pisos térmicos— es un rasgo compartido con los pueblos de la Sierra Nevada, aunque cada grupo lo practica a su modo. La lógica no es solo económica o ambiental: es una forma de ocupación del territorio que la conquista intentó romper y no logró del todo.

La resistencia indígena fue prolongada y coordinada. Taironas y chimilas hicieron alianzas militares contra los españoles, envenenaron fuentes de agua con barbasco y hostigaron durante décadas a las tropas venidas de Santa Marta. La respuesta colonial fue de una violencia extrema: el gobernador Juan Guiral Velón ordenó capturar, torturar, mutilar y desmembrar a los jefes indígenas, exhibiendo sus miembros en jaulas por las aldeas, mientras refuerzos de Cartagena, Valledupar, Sevilla y Córdoba destruían campos de maíz y aldeas enteras. Las tribus se dispersaron, se desorganizaron y se aislaron hasta perder la noción de haber sido poderosas. Pero no fueron aniquiladas: sus voces fueron silenciadas sin ser extinguidas, y hoy los cuatro pueblos serranos y los barí del Perijá siguen habitando su territorio ancestral. En 2018 el Estado colombiano reconoció formalmente la Línea Negra, la frontera imaginaria que demarca el territorio sagrado de los pueblos de la Sierra Nevada e impone restricciones a la actividad económica en tres resguardos. Una victoria simbólica y jurídica de una resistencia de casi cinco siglos.

De la conquista a la sociedad ganadera

La fecha fundacional del Cesar colonial es 1550, año en que Hernando de Santana y Juan Castellanos fundaron Valledupar en la llanura entre la Sierra y el Perijá. La fecha no es solo simbólica: marca el paso de una sociedad de conquista, basada en saqueo y botín, a una sociedad colonial organizada alrededor de la encomienda. El encomendero controlaba el trabajo del indio y, con él, la base de su poder político y económico. En el siglo XVI los encomenderos dominaron los cabildos municipales de la región, y desde ese dominio institucional repartieron las tierras de los alrededores y monopolizaron la mano de obra frente a otros españoles menos afortunados. Esa temprana concentración —el control simultáneo del trabajo, la tierra y el gobierno local— es el molde sobre el cual se fundió la sociedad regional de los siglos siguientes.

Sobre esas tierras planas y bien regadas se soltó el ganado, y el ganado hizo el paisaje. Hacia 1605 pastaban en el valle del Cesar unas 70.000 cabezas de ganado cimarrón: bestias sin dueño reconocido que pastaban en tierras sin cercar y que eran cazadas antes que criadas. La vaquería, en el sentido caribe del término, se parecía más a la caza que a la ganadería. Hacia 1770, los residentes de Mompox poseían entre 66.000 y 68.000 cabezas en el área que iba de Riohacha a Valledupar y Tamalameque, y la Provincia de Santa Marta habría tenido unas 85.000 cabezas adicionales.

Lo notable es cuánto duró ese régimen. En 1876 el ingeniero francés Luis Striffler todavía observaba en el Cesar "cimarroneras inmensas" cuyos animales "no reconocen dueños i generalmente son propiedad del primero que pueda apropiárselos". El cercamiento y la consolidación de la propiedad ganadera fueron procesos tardíos, y la apertura de pastizales operó por la vía de la llamada "ley de tres pasos": el colono tumbaba monte, sembraba una roza, y luego —a bajo precio o por obligación contractual— cedía la tierra habilitada al terrateniente, que la convertía en potrero. Así se levantó el latifundio ganadero costeño: sobre el trabajo del hachero pobre y la retirada, ordenada o forzada, de quien había abierto la selva. Todavía hoy, quien viaja de Valledupar a Bosconia atraviesa kilómetros de potrero interrumpidos por matas de campano y por corrales polvorientos donde el mayordomo cuenta reses al atardecer: una escena que se puede fechar lo mismo en 1770 que en 2020.

La creación del departamento: 1967 y sus significados

Durante casi cuatro siglos, el valle del Cesar fue un rincón del vasto departamento del Magdalena, gobernado desde Santa Marta con la distancia y la desatención habituales de las periferias. Eso cambió el 21 de diciembre de 1967, cuando el Congreso creó el departamento del Cesar segregándolo del Magdalena Grande. La operación se enmarcó en la modernización administrativa impulsada por el Frente Nacional, y no fue aislada: en 1965 se había creado La Guajira, en 1966 Sucre, y con el Cesar el Caribe colombiano pasó de cuatro a siete departamentos.

La reorganización tenía dos caras. Por un lado, respondía a un impulso técnico de descentralización que buscaba mejorar la administración de territorios olvidados. Por el otro, abría espacio para nuevos feudos políticos regionales que restaban poder a las viejas maquinarias departamentales y creaban clientelas frescas. En el Cesar, ese diseño coincidió con el ascenso de una figura decisiva: Alfonso López Michelsen, primer gobernador del departamento entre 1967 y 1968 y padrino político de una generación entera de vallenatos que llegarían al Congreso, a los ministerios y a la presidencia. La creación del departamento fue, simultáneamente, un acto de justicia administrativa y una inversión política de largo plazo por parte de la clase dirigente costeña.

El vallenato: identidad regional, proyecto nacional

Al mismo tiempo que se dibujaba el nuevo mapa institucional, el Cesar empezó a proyectar hacia el resto del país una identidad musical propia. El vallenato se originó en Valledupar y sus alrededores, con el acordeón —introducido en Colombia a finales de la década de 1880, posiblemente por inmigrantes alemanes— como instrumento central. Antes de los años sesenta era una música de clases trabajadoras y clase media baja, tanto rural como urbana, ligada a fiestas y a un tono frecuentemente melancólico. Se tocaba en parrandas, no en teatros. El acordeón, la caja y la guacharaca —tres instrumentos, tres manos, tres orígenes: Europa, África, América— sonaban en patios de tierra apisonada, bajo bombillos amarillos, mientras corría el ron blanco y se improvisaban versos sobre amores, deudas, muertes de compadres y viajes por trochas polvorientas.

La operación que lo convirtió en símbolo nacional fue deliberada. Rafael Escalona, compositor cuyas canciones novelaban la vida provinciana del Valle, se hizo amigo de escritores y políticos, entre ellos Gabriel García Márquez y López Michelsen. Consuelo Araújonoguera —"la Cacica"— fundó en 1968, apenas un año después de la creación del departamento, el Festival de la Leyenda Vallenata, un dispositivo cultural que consagraba a Valledupar como capital del género y como escenario donde la élite política nacional se mezclaba con acordeoneros y compositores. La coincidencia temporal no es casual: la clase dirigente cesarense necesitaba capital simbólico para legitimar el nuevo departamento, y encontró en el vallenato una lengua propia que podía exportarse.

Compositores como Calixto Ochoa, nacido en el corregimiento de Valencia de Jesús —hoy jurisdicción de Valledupar—, tendieron puentes entre el valle y las sabanas sucreñas, y enseñaron acordeón a nuevas generaciones dentro de un circuito que llevó la matriz vallenata más allá de su comarca. En 1993, el samario Carlos Vives grabó Clásicos de la Provincia, álbum que modernizó el género con un tempo más animado y lo convirtió en éxito inmediato en Colombia y América Latina. Para entonces, el vallenato ya no era música de provincia sino banda sonora de una idea de país. En 2015 la Unesco lo declararía Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, distinción que en Valledupar convive con debates que no se cierran: quién es el vallenato auténtico, cuál es el peso de la industria bogotana frente a las parrandas de patio, cómo se reparten regalías y prestigio entre los cuatro aires clásicos y las nuevas fusiones. Cada abril, en el Festival de la Leyenda, esas discusiones vuelven a ponerse sobre la tarima.

Las bonanzas y sus sombras

El vallenato no fue solo una banda sonora: fue también la voz con la que se cantaron —a veces celebrándolas, a veces llorándolas— las bonanzas que transformaron el paisaje agrario del Cesar en la segunda mitad del siglo XX. Compositores como Escalona pusieron nombre a hacendados, comerciantes de algodón y contrabandistas de la Guajira; el auge del acordeón y el auge del cultivo del oro blanco corrieron en paralelo por las mismas carreteras destapadas. La música registró, casi en directo, el vértigo económico que se apoderó del valle a partir de los años cincuenta.

Entre 1950 y 1980, aproximadamente, el Cesar vivió el auge del algodón. Las tierras planas del valle se llenaron de cultivos de fibra, y en torno a ellos se fortalecieron renglones enteros de la economía regional: transporte, agroquímicos, comercio, servicios financieros. El algodón fue el primer gran ciclo agroindustrial del departamento y le dio a Valledupar una modernización acelerada. Pero fue también un ciclo frágil, dependiente de precios internacionales, subsidios y crédito, y su declive se aceleró con la apertura económica impulsada durante la presidencia de César Gaviria (1990-1994), con Rudolf Hommes como ministro de Hacienda. El propio presidente de la SAC señaló la apertura como factor relevante en el abandono de la agricultura por parte de muchos productores. Entre 1991 y mediados de los 2000, el área en cultivos del Cesar cayó un 48%.

Antes y durante ese declive, otra bonanza había tomado por asalto las estribaciones de la Sierra Nevada: la marimbera. La Sierra fue uno de los territorios centrales del cultivo y exportación de marihuana, primera etapa histórica del narcotráfico colombiano. En las partes bajas, los cultivos de cannabis dominaron el paisaje agrícola hacia principios de los años ochenta; luego esos mismos suelos fueron ocupados por coca y, ya en el siglo XXI, por cafetales. La bonanza marimbera resultó efímera comparada con la cocaína posterior —producto voluminoso, más difícil de esconder, con un ciclo comercial breve—, pero dejó huellas profundas: una cultura del dinero rápido, una violencia armada nueva, y unas rutas ilegales que se incorporaron al metabolismo regional. Aguachica, en el sur del departamento, se consolidó como centro de tránsito y negocios, con ríos y pistas clandestinas que facilitaban el movimiento de mercancías ilícitas.

La tercera bonanza fue la del carbón, y a diferencia de las anteriores no ha terminado. Desde la década de 1980 comenzó la desnacionalización de la industria minera en el Magdalena Grande, y las grandes concesiones del carbón cesarense quedaron en manos de multinacionales: Drummond, el Grupo Glencore-Prodeco, Murray, CNR y Sloane, titulares también de la infraestructura portuaria y férrea para la exportación. El gobierno colombiano redujo las tasas de regalías a instancias del FMI y el Banco Mundial, permitiendo que las empresas extranjeras retuvieran una mayor proporción de la riqueza extraída. En paralelo, el Estado tendió el andamiaje logístico que hizo posible sacar el mineral hacia el mar: la Ruta del Sol —Santa Marta, Ciénaga, Bosconia, La Loma, San Alberto— quedó integrada como corredor prioritario, y la estrategia oficial de transporte se orientó a optimizar los puertos de Ciénaga y la bahía de Santa Marta. Sobre el papel eran documentos técnicos; sobre el terreno eran vagones de cien en cien atravesando el departamento de madrugada.

El carbón desplazó a las actividades agropecuarias como eje económico departamental. Entre 1991 y mediados de los 2000, mientras el área de cultivos caía 48%, el área de pastos aumentó apenas 3%, señal de que la mano de obra y el capital agrícolas no migraron principalmente al ganado sino a la minería y a los servicios ligados a ella. La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Becerril se convirtieron en pueblos-mina: municipios cuya economía, política y vida cotidiana giran alrededor de los volquetes, los turnos y las regalías. En la noche, desde la carretera, las minas a cielo abierto parecen ciudades encendidas en medio del monte; de día, los trenes de más de cien vagones cruzan el departamento en dirección al Caribe, dejando una fina lluvia negra sobre techos y patios.

El paramilitarismo y el corredor minero

Ese ciclo de bonanzas no ocurrió en paz. A mediados de los años setenta el ELN llegó al norte del país por el piedemonte del Perijá, ubicándose en lo que hoy corresponde a Curumaní, Chimichagua y Pailitas; venía desde Barrancabermeja siguiendo el curso del río Magdalena. Antes ya habían existido experiencias guerrilleras previas: entre 1963 y 1966, un foco insurreccional operó con epicentro en Agustín Codazzi, en la serranía del Perijá, en las primeras experiencias armadas del Caribe colombiano. Las FARC llegarían después, y el sur del Cesar y el corredor minero se convirtieron en zonas de disputa.

La respuesta paramilitar se organizó en el mismo periodo en que se consolidaba la industria carbonera. A finales de los años noventa, en La Loma —mina de Drummond—, se habría celebrado una reunión con representantes de Drummond, Prodeco, militares y las AUC, en la que se acordó apoyar a un grupo de doscientos hombres con armas, manutención, vehículos y combustible. En 1997 se habrían formalizado los envíos: un primer grupo de cien paramilitares en enero y un segundo grupo de cien en mayo, cuya llegada y estacionamiento habrían sido organizados por empleados de seguridad de Prodeco y Drummond junto con militares. La versión coincide con la cronología documentada de la violencia en el corredor minero.

Los resultados fueron devastadores. El Bloque Norte de las AUC, comandado por Rodrigo Tovar Pupo —alias Jorge 40— bajo la tutela ideológica de Carlos Castaño y la coordinación militar de Salvatore Mancuso, ejecutó en pocos años masacres decisivas: Media Luna, en San Diego, el 27 de octubre de 1996, con siete asesinados; La Victoria de San Isidro, en La Jagua de Ibirico, el 24 de marzo de 1997, con cuatro; Los Estados Unidos, en Becerril, el 16 de noviembre de 1998, con once. Cada masacre marcó un territorio: no eran actos aleatorios sino instrumentos de una estrategia de control sobre el corredor minero y las rutas de acceso al Perijá.

Entre 1997 y 2007 se registraron en el Cesar al menos 116.767 desplazados. Los municipios más golpeados fueron Valledupar (27.197), Agustín Codazzi (17.429) y El Copey (9.012), y a ellos se sumaron Chiriguaná, Bosconia, Astrea y los pueblos-mina. Miles de hectáreas fueron abandonadas. Dentro de la estructura del Bloque Norte, Jorge Gnecco actuó como jefe político de Jorge 40, encargado de traducir el control militar en control electoral y partidista. La estrategia paramilitar en el Gran Magdalena combinó la acción armada para "limpiar" zonas de influencia guerrillera con la consolidación posterior mediante elecciones y dominio de partidos, un ciclo que en el Cesar dejaría huella en la política departamental durante toda la primera década del siglo XXI. En 2002, además, el Bloque Norte cooptó a las Autodefensas Campesinas de Magdalena y La Guajira (ACMG), tras disputas por el control de la Sierra Nevada que implicaban la producción, procesamiento y exportación de drogas ilícitas.

Causa Común: la política que no fue

Antes de que el paramilitarismo cerrara el ciclo, hubo un intento de abrirlo por la vía civil. En los años ochenta, un grupo de jóvenes educados de Valledupar fundó el movimiento Causa Común con un propósito preciso: reemplazar a la dirigencia tradicional del Cesar por una más legítima y conectada con los sectores marginados del departamento. Sus integrantes venían de la universidad, del periodismo regional y de sectores profesionales urbanos que empezaban a mirar con distancia el orden de hacendados, comerciantes y clientelas heredado del siglo XIX. La iniciativa apuntaba a una renovación pacífica de una política departamental capturada por las viejas maquinarias y por los intereses de las élites algodoneras y ganaderas.

En paralelo, en el sur y en el piedemonte del Perijá se organizaban marchas campesinas que reclamaban tierra, vías, precios y presencia estatal. Ambos movimientos —el urbano y el rural— fueron percibidos como subversivos por políticos tradicionales, terratenientes y fuerza pública, en un momento en que la doctrina del enemigo interno permeaba las instituciones y en que empezaban a formarse los primeros núcleos de autodefensas en el Magdalena Grande. La respuesta fue el asesinato selectivo. Líderes de Causa Común y dirigentes de la marcha campesina fueron eliminados en una secuencia de crímenes que descabezó la alternativa política moderada antes de que alcanzara peso electoral.

El efecto fue paradójico. Cerrar la vía política a los jóvenes inconformes ensanchó el terreno de la insurgencia armada, que encontró en las nuevas generaciones cesarenses un caldo de reclutamiento y de simpatías tácitas, y endureció el ciclo posterior: más guerrilla en el corredor minero, más paramilitares para combatirla, más masacres para consolidar el control. La eliminación de la opción reformista no produjo estabilidad sino radicalización, y el vacío dejado por Causa Común lo ocuparon, en la década siguiente, actores armados de todos los signos. Cuando se clausura el centro, se ensanchan los extremos.

Hacia el fin del ciclo paramilitar, la gobernación del Cesar quedó en manos de Hernando Molina Araújo, elegido en 2003 con respaldo del Bloque Norte según investigaciones posteriores de la Corte Suprema de Justicia sobre la parapolítica. Molina —sobrino de Consuelo Araújonoguera, secuestrada y asesinada por las FARC en 2001— encarnó la superposición completa de las capas cesarenses: apellido de la élite vallenata tradicional, herencia cultural de la Cacica del festival, elección con votos comprados con violencia. El Cesar, en él, se miraba en el espejo entero de su historia reciente.

El presente: territorio en disputa

Hoy el Cesar es un departamento de contrastes que la geografía y la historia siguen produciendo. En el corredor minero central —La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Becerril, El Paso— la economía gira alrededor de las minas a cielo abierto y los trenes cargados que atraviesan el paisaje rumbo a los puertos de Ciénaga y Santa Marta. En Valledupar, capital de casi medio millón de habitantes, conviven la élite ganadera y musical con las comunas de desplazados llegados de las masacres de los noventa. En la Sierra Nevada, los koguis, arhuacos y wiwas administran sus resguardos bajo el amparo jurídico de la Línea Negra reconocida en 2018, con Pueblo Bello y Manaure Balcón del Cesar como puntos de contacto entre el mundo indígena y el mestizo. En el Perijá, los barí siguen habitando sus casas comunales estacionales. En Aguachica, al sur, persisten las economías de tránsito heredadas de la marimbera. En cada rincón se lee, si se sabe mirar, una capa distinta de la historia.

Del ganado cimarrón que Striffler vio en 1876 al carbón que las bandas transportadoras llevan hoy al Caribe, el patrón se repite con variaciones: sobre un territorio ancestralmente ocupado se monta un ciclo económico —encomienda, hato, algodón, marihuana, carbón— cuya riqueza se concentra en pocas manos y cuyo costo social se paga en tierras abandonadas, poblaciones desplazadas o subordinadas, y culturas locales presionadas hasta el límite. Ninguno de esos ciclos fue inevitable: cada uno requirió decisiones políticas concretas, alianzas específicas entre élites regionales, Estado central y capital externo, y complicidades armadas cuando el proyecto encontró resistencia. La violencia paramilitar de los noventa fue la forma más brutal de ese patrón, pero también el resultado de coyunturas contingentes —la apertura de Gaviria, la desnacionalización minera, la alianza específica de 1997— que pudieron haber sido otras.

El acordeón sonará en Valledupar el próximo abril, como sonó el anterior, y las nieves de la Sierra Nevada se dejarán ver en las mañanas claras desde la plaza Alfonso López. Río abajo, el Cesar seguirá buscando la ciénaga de Zapatosa. Mientras tanto, en los juzgados se sigue litigando la parapolítica, en los despachos se pelean predios por restituir, en los resguardos se defiende palmo a palmo la Línea Negra, y en los pueblos-mina se discute qué quedará cuando las multinacionales apaguen las retroexcavadoras y desmantelen los campamentos. El departamento entró en el siglo XXI cargando todas sus capas al mismo tiempo, y quizá esa acumulación —más que la promesa de una sola bonanza definitiva— sea lo que hoy define al Cesar como territorio del Caribe interior colombiano: un lugar donde ninguna época termina de irse, y donde el polvo que levantan los trenes de carbón cae, invariablemente, sobre los techos de casas que fueron primero de encomenderos, después de algodoneros, y siempre, en el fondo, de indios.