Rudolf Hommes

Rudolf Hommes Rodríguez

Rudolf Hommes Rodríguez es el economista que, desde el Ministerio de Hacienda de César Gaviria entre 1990 y 1994, tradujo al lenguaje colombiano el programa de liberalización comercial y financiera que hoy se identifica con la apertura económica. Su nombre está atado al desmonte del proteccionismo arancelario, al diseño de un nuevo régimen laboral y de servicios públicos, a la incorporación de principios de mercado en la Constitución de 1991 y, más tarde, a una segunda carrera como rector de la Universidad de los Andes y como columnista de referencia del establecimiento reformista. Pocos funcionarios del siglo XX colombiano han encarnado con tanta nitidez la figura del tecnócrata-intelectual: doctorado en el exterior, paso por la academia y por Fedesarrollo, capacidad para moverse entre el consejo de ministros y la tribuna de opinión, y con los años intérprete autorizado —y disputado— de casi cuatro décadas de política económica.

La semblanza

Hommes pertenece a la generación de economistas colombianos que, entre los setenta y los noventa, hizo del conocimiento técnico una forma de poder. Bogotano de origen, se movió con soltura entre los Estados Unidos y Colombia, entre la cátedra universitaria y la gestión pública, entre las oficinas del Ministerio de Hacienda y las columnas de prensa. Su rasgo distintivo no fue la militancia partidista —nunca fue jefe de partido ni candidato—, sino la combinación de tres credenciales que, en el país, abren todas las puertas: posgrado en el exterior, vínculo con la Universidad de los Andes y participación en las redes técnicas de Fedesarrollo y los organismos multilaterales.

Su cargo más decisivo, el de Ministro de Hacienda del gobierno de César Gaviria Trujillo, coincidió con uno de los cuatrienios más densos de la historia republicana reciente: la Asamblea Nacional Constituyente, la promulgación de la Constitución de 1991, la desmovilización del M-19 y de otras guerrillas menores, el desmonte del régimen arancelario proteccionista y la apertura simultánea del sistema laboral, de salud y de pensiones al capital privado. Hommes no fue en ese momento un ministro más; fue el operador central del programa económico y, en la práctica, uno de los articuladores del pacto entre la nueva Constitución y el nuevo modelo económico.

La siguiente pieza de su trayectoria —columnista permanente, académico, presencia constante en el debate público— prolongó ese papel mucho más allá de agosto de 1994. Durante tres décadas, sus intervenciones han seguido operando como una suerte de voz oficial del reformismo ortodoxo colombiano: crítico con lo que percibe como retrocesos populistas, defensor de la disciplina fiscal, comentarista de sucesivos gobiernos, desde Ernesto Samper hasta las administraciones más recientes.

Los orígenes: formación e ingreso a la red tecnocrática

Rudolf Hommes se formó en el momento exacto en que Colombia empezaba a construir su propia tecnocracia económica. Ese proceso, iniciado en los setenta, comenzó como una necesidad práctica —había que administrar una deuda externa multilateral cada vez más pesada— y terminó convertido en una forma de acción de las élites. El economista con posgrado se volvió un tipo social nuevo, con lugar reservado en el Estado y con lenguaje propio, distante del que hablaban las clases medias y populares.

En esa Colombia, el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978) marcó un giro temprano hacia la ortodoxia económica. López se rodeó de posgraduados que traducían al país las recomendaciones de los organismos internacionales, y perfiló así un tipo de funcionario nuevo: el economista con doctorado del exterior, cátedra en Los Andes y despacho en el Palacio de San Carlos o en el edificio del Banco de la República. La Universidad de los Andes se volvió la fábrica principal de esos cuadros. Una generación después, en el gobierno de Virgilio Barco, la red ocupaba ya las oficinas decisivas: María Mercedes Cuéllar, Fernando Cepeda, Rafael Pardo —economista con posgrado en los Países Bajos y profesor de Los Andes— eran nombres típicos de un patrón que combinaba formación uniandina, posgrados en el exterior y militancia intelectual en centros como Fedesarrollo.

Hommes venía de esa misma matriz. Su producción intelectual temprana lo muestra ya instalado en el campo: en mayo de 1981 publicó en la revista Estrategia Económica y Financiera, de Bogotá, el artículo "La sociedad anónima en Colombia: un análisis histórico". El texto, de enfoque histórico, apareció en un momento de transformación profunda de las estructuras financieras del país —la relación pasivo total sobre activo total de las empresas inscritas en la Bolsa de Bogotá había pasado del 28,3% en 1960 al 56,8% en 1978— y en un ambiente donde el encarecimiento del crédito estaba fortaleciendo a los grandes consorcios industrial-financieros. El artículo circuló como referencia académica en la literatura económica del período, lo que sugiere que Hommes ya era, a comienzos de los ochenta, un interlocutor reconocido del debate.

El giro decisivo llegó con la Misión Chenery del Banco Mundial, en 1985. Aquella misión —dirigida por Hollis Chenery, uno de los economistas del desarrollo más influyentes del siglo— recomendó al país la flexibilización económica y la reducción de aranceles. Sus tesis fueron el molde donde se coció el reformismo que, cinco años después, Hommes ejecutaría desde Hacienda. Bajo Barco ya se perfilaban las reformas: liberalización de mercados, apertura gradual al exterior, ajustes fiscales. Cuando Gaviria heredó el proyecto, heredó también su equipo técnico y sus recomendaciones internacionales. Hommes no fue, en rigor, el arquitecto individual del programa; fue el nodo institucional donde ese programa se ejecutó con autoridad ministerial.

Esa red no era un partido, no tenía estatutos ni afiliación formal, y sin embargo funcionaba con una cohesión notable. Los mismos economistas se cruzaban en los seminarios de Fedesarrollo, en los consejos directivos de las universidades, en los almuerzos con misiones del Banco Mundial y en las juntas de los grandes bancos privados. Compartían un vocabulario, una bibliografía, una manera de plantear los problemas. Y compartían, sobre todo, una certeza de época: que el país había agotado el modelo de sustitución de importaciones y que la salida pasaba por abrirse al mundo, disciplinar las finanzas públicas y reducir la presencia estatal en la economía. Hommes se movía en ese consenso con la comodidad de quien lo había ayudado a formular.

La trayectoria: el Ministerio de Hacienda, 1990-1994

El gobierno de César Gaviria comenzó el 7 de agosto de 1990, en circunstancias excepcionales. Gaviria había sido ungido candidato del liberalismo tras el asesinato, en agosto de 1989, del precandidato Luis Carlos Galán, y llegó al poder en una elección atravesada por la violencia narcoterrorista, la crisis del régimen político y la promesa de una asamblea constituyente. Hommes fue designado Ministro de Hacienda para todo el cuatrienio y ocupó, desde el primer día, la posición donde convergían las dos grandes transformaciones simultáneas del período: la apertura económica y la nueva Constitución.

El desmonte del proteccionismo

El programa económico consistió, en esencia, en desmantelar el sistema proteccionista de aranceles heredado de la industrialización por sustitución de importaciones. Ese desmantelamiento no vino solo. La Ley 50 de 1990 rehízo el régimen laboral —incluidos algunos elementos favorables a los trabajadores, junto a la transformación de fondo de las cesantías y de la contratación—, y el terreno quedó preparado para que la Ley 100, ya en el gobierno siguiente, abriera plenamente los sistemas de salud y pensiones al capital privado. En paralelo, el Estado empezó a vender empresas públicas y a replegarse de sectores considerados no estratégicos. Reforma laboral, reforma pensional, apertura comercial y privatizaciones eran piezas de un mismo mecanismo, y Hommes fue quien ajustó la maquinaria desde Hacienda.

Los resultados agregados fueron, en apariencia, favorables: entre 1990 y 1994 el PIB creció en promedio 4,26% anual. La cifra, sin embargo, esconde la fisura fundamental del período. El agro creció apenas la mitad de ese ritmo, con un promedio del 2,52% que descendió del 5,9% en 1990 hasta una contracción del -2,0% en 1992, año en que el campo colombiano atravesó lo que se describió como la peor recesión rural en muchos años. El crecimiento del conjunto de la economía se explicó, en buena parte, por el consumo suntuario —automóviles importados, bienes durables—, la construcción y el sector financiero, no por la expansión industrial ni por la modernización del campo. La apertura no generó, en el corto plazo, la competitividad exportadora prometida.

Al contrario. Entre 1984 y finales de los ochenta Colombia había vivido una bonanza exportadora sostenida, apoyada en una tasa de cambio real recuperada gracias a un ritmo acelerado de devaluación y a un cálculo referido a una canasta de monedas. Las exportaciones menores habían crecido a un ritmo promedio del 16,2% anual entre 1985 y 1990, y tocaron un pico del 40,7% en 1991. Un año más tarde, ese crecimiento se había desplomado al 6,9%. No fue el gradualismo previsto lo que abortó la bonanza; fueron errores de política macroeconómica —de manejo cambiario, de coordinación con la política monetaria— los que sacrificaron tanto la gradualidad como la política cambiaria que habían inspirado las primeras fases del programa. El propio equipo económico del que Hommes era jefe terminó, en la práctica, contradiciendo la lógica que lo había sustentado.

La revaluación del peso, alimentada por la entrada de capitales y por la propia apertura financiera, encareció al exportador colombiano justo cuando la reforma le pedía competir sin arancel de protección. La combinación resultó devastadora para los cultivos transables —cereales, oleaginosas, algodón— que hasta entonces habían sostenido buena parte de la economía rural, y que ahora enfrentaban a la vez importaciones más baratas y peso caro. La política cambiaria, que en los ochenta había sido pieza clave del éxito exportador, quedó subordinada a la lucha contra la inflación y a la estabilización de precios internos. Se ganó en un frente y se perdió en otro, y el frente que se perdió era, paradójicamente, el que la apertura había prometido consolidar.

Cierto alivio externo llegó desde afuera: en 1992 los Estados Unidos relajaron sus restricciones de importación sobre textiles colombianos, en el marco de las negociaciones comerciales del período. Pero el sector agropecuario y buena parte de la industria no encontraron cómo insertarse en los mercados globales al ritmo que la reforma había prometido, y la infraestructura rural —abandonada en la agenda tecnocrática— agravó el desamparo del campo. El diagnóstico que empezó a circular entre los propios economistas ortodoxos, ya avanzado el cuatrienio, era que la secuencia había fallado: se había abierto la economía antes de dotarla de las condiciones —carreteras, puertos, formación técnica, crédito de largo plazo— que permitirían competir. Ese diagnóstico, sin embargo, no derivó en una rectificación de fondo.

La Constituyente y la disciplina fiscal

Mientras tanto, la Asamblea Nacional Constituyente redactaba, entre febrero y julio de 1991, la nueva Carta. Aquella Constituyente había sido convocada primero por los ciudadanos —a través de la llamada Séptima Papeleta— y formalizada luego por dos decretos de Estado de Sitio, uno bajo Barco y otro bajo Gaviria, ambos avalados por la Corte Suprema. Aunque la idea nació en el gobierno Barco, fue Gaviria quien la convocó y quien negoció con ella.

Hommes fue uno de los ministros más presentes en esa negociación. Sostuvo fuertes debates con miembros de la Asamblea sobre dos asuntos que tocaban el corazón del pacto fiscal: el porcentaje del IVA asignado a los municipios —entonces del 50%— y la base sobre la cual se calcularían las transferencias intergubernamentales del futuro. La discusión enfrentaba dos lógicas. La descentralista, encabezada en la Segunda Comisión por Carlos Rodado, quería atar las transferencias a los ingresos corrientes del gobierno central, en una fórmula que garantizara mayores recursos a departamentos y municipios. La ortodoxa, encarnada por Hommes desde Hacienda, veía en esa fórmula un riesgo permanente para la disciplina fiscal del centro. Se impuso la primera. La Constitución de 1991 fijó las transferencias sobre los ingresos corrientes de la Nación, y con ello dejó instalado en el orden jurídico un motor de gasto territorial que marcaría, con efectos disputados, las finanzas públicas de los siguientes veinte años.

En cambio, la Constitución sí adoptó buena parte del programa liberalizador. Consagró la autonomía del Banco de la República —sujeta a coordinación con la política económica general, un matiz extraño a la tradición internacional—, permitió la participación privada en la prestación de servicios públicos domiciliarios y sociales, y contempló la enajenación o liquidación de empresas monopolísticas del Estado. La nueva estructura del Banco Central incluyó cinco directores de dedicación exclusiva con períodos de cuatro años, un gerente designado por la junta y al Ministro de Hacienda como presidente de esa junta. Es decir: Hommes, además de operar la apertura desde su despacho, ocupó desde ese cargo la presidencia del órgano rector de la política monetaria y cambiaria del país. Esa concentración de funciones —conducir la política fiscal y presidir a la vez la junta que definía la política monetaria— sería, andando el tiempo, uno de los rasgos más discutidos del nuevo diseño institucional.

Al mismo tiempo, la Carta amplió los principios de intervención del Estado, promovió el acceso a la propiedad y las formas solidarias y asociativas, creó un sistema complejo de planeación nacional y regional, e introdujo mecanismos —acción de tutela, Corte Constitucional en la práctica, Fiscalía General, Defensoría del Pueblo, Consejo Superior de la Judicatura— que iban a redefinir la relación entre el Estado y los ciudadanos. La Constitución fue así una construcción híbrida: liberal en lo económico, garantista y participativa en lo social. Esa dualidad, que ningún actor controló plenamente, se convirtió en la gran tensión constitucional del cuatrienio y de los que le siguieron. Hommes operó dentro de esa tensión, defendió el capítulo económico y aceptó, no siempre convencido, las cláusulas que ampliaban derechos y descentralizaban recursos.

El ministro por dentro

De la gestión cotidiana de Hommes en Hacienda quedan retazos que iluminan su estilo de mando. Ejercía la autoridad ministerial en el sentido literal del término: tomaba decisiones de personal de manera directa, comunicaba los despidos con una mezcla de familiaridad y frialdad que desconcertaba a los afectados, y no coordinaba necesariamente con el resto del equipo presidencial las salidas de asesores de su despacho. Uno de esos episodios, ocurrido hacia diciembre de 1991, terminó con la desvinculación de una joven asesora del ministerio; la noticia circuló antes por rumor que por comunicación formal, y el propio ministro la selló con una chanza —le reclamó, medio en broma, a la afectada que lo estuviera dejando "colgado de la brocha"— que contradecía el hecho mismo del despido. Semanas después, todos coincidieron en la Casa de Huéspedes de Cartagena durante las fiestas navideñas, con el presidente y otros miembros del gabinete.

El detalle vale por lo que revela del modo en que se ejercía el poder en Hacienda. La cartera funcionaba como un círculo reducido y personalizado, donde el ministro decidía a solas, los canales formales llegaban tarde, y la sanción laboral podía convivir con el trato social sin fisuras aparentes. Esa manera de mandar es coherente con el estilo del cuatrienio entero: decisiones estratégicas tomadas en núcleos pequeños, poca deliberación pública, mucha confianza en el criterio individual del funcionario técnico. Cuando la maquinaria funcionaba, esa concentración daba velocidad; cuando fallaba —como en el manejo cambiario— dejaba pocos contrapesos para corregir a tiempo.

En el mismo circuito trabajaba Armando Montenegro, entonces Director del Departamento Nacional de Planeación, con quien Hommes compartió el debate sobre las transferencias constitucionales y sobre el diseño del sistema de planeación. La relación de Hacienda con el DNP —los dos vértices de la política económica— definió el pulso técnico del cuatrienio. Montenegro y Hommes representaban la misma matriz —posgrados en el exterior, formación ortodoxa, cercanía con los multilaterales— y sus discusiones internas rara vez tocaban los supuestos del modelo; se movían dentro de él.

La red y sus márgenes

La lógica interna de esa red explica el margen real de decisión de un ministro como Hommes. La red no imponía consignas; producía un marco de sentido común. Cuando un economista formado en Los Andes, con doctorado en una universidad norteamericana y paso por Fedesarrollo, llegaba a un despacho público, no necesitaba que nadie le indicara qué hacer: lo sabía, porque lo había discutido durante años con sus pares. Esa homogeneidad de origen intelectual daba fluidez a la gestión pero cerraba el debate. Las alternativas —una apertura más gradual, una protección selectiva de sectores sensibles, una inversión previa en infraestructura rural— circulaban en los márgenes, en las voces de economistas heterodoxos, gremios agrarios o industriales, sin encontrar acomodo en la conversación central.

El tercer vértice de la red, el mundo multilateral —el Banco Mundial, el FMI, el BID—, operaba como el garante externo del consenso. La Misión Chenery de 1985 marcó el momento en que las recomendaciones de esos organismos —flexibilización, reducción de aranceles, ajuste fiscal— se tradujeron en un programa concreto para Colombia. En esa red se movieron figuras como Miguel Urrutia, gerente del Banco de la República por varios años bajo el nuevo marco constitucional; José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda del gobierno de Ernesto Samper y luego funcionario internacional; y Luis Alberto Moreno, presidente del BID durante quince años. Un mismo elenco, con reemplazos y variaciones, alimentaba las carteras económicas, las juntas de los organismos internacionales y los consejos directivos de las universidades. Hommes fue un intérprete brillante de ese lenguaje compartido y, a la vez, un guardián del círculo que lo hablaba.

El efecto de esa cohesión era doble. Por un lado, dotaba al Estado colombiano de una capacidad técnica poco común en la región: los diagnósticos eran serios, los datos estaban trabajados, los equipos sabían negociar con los multilaterales. Por otro, restringía el pluralismo del debate: los sindicatos, las asociaciones campesinas, los industriales medianos, los partidos de oposición, quedaban en gran medida marginados de la conversación técnica. El país tenía tecnócratas de primer nivel y, al mismo tiempo, un déficit crónico de mediaciones democráticas en la política económica.

La huella: rector, columnista, voz permanente

Cuando terminó el gobierno Gaviria, en agosto de 1994, Hommes no salió de la vida pública; cambió de plataforma. El rectorado de la Universidad de los Andes cerró el circuito clásico del tecnócrata colombiano: del ministerio a la cátedra, y de la cátedra al rectorado de la misma institución que había producido a la mayoría de sus colegas de gabinete. La Universidad, bajo su gestión, siguió consolidándose como el centro de formación de las élites técnicas del país. El ciclo se cerraba sobre sí mismo: quien había sido formado por la red, y quien la había representado en el Estado, terminaba dirigiendo la institución que la producía. Desde ese vértice académico, Hommes prolongó también su vínculo con el mundo multilateral y con los consejos técnicos que aconsejaban a los sucesivos gobiernos, sin volver a ocupar una cartera pero manteniendo la interlocución con quienes sí lo hacían.

En paralelo, su columna de opinión, sostenida durante décadas en la prensa nacional, se convirtió en un observatorio ininterrumpido del debate. Allí comentó las sucesivas administraciones, desde el gobierno de Ernesto Samper Pizano —marcado por el proceso 8.000— hasta las de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro. La columna prolongó su papel de intérprete autorizado del reformismo ortodoxo: defensor de la disciplina fiscal, crítico de lo que percibía como derivas populistas, comentarista de la política monetaria y de las tensiones entre gobierno y Banco de la República. Leída en secuencia, esa producción semanal funciona como un mapa del reformismo colombiano visto desde adentro: registra los entusiasmos con los que Hommes acompañó determinadas reformas —tributarias, financieras, comerciales—, las reservas con las que miró otras, y la incomodidad creciente ante los momentos en los que la política económica se apartaba del guion ortodoxo. También registra sus autocorrecciones, más frecuentes de lo que suele admitirse en un columnista de larga duración, y los ajustes de énfasis que lo llevaron, con los años, a matizar el optimismo de los primeros noventa con reconocimientos sobre los costos sectoriales de la apertura.

La reelección presidencial de 2004 y la reforma constitucional que la hizo posible generaron uno de los debates a los que Hommes volvió con insistencia: el diseño original del Banco de la República, aprobado en 1991, limitaba los nombramientos presidenciales a dos miembros por período de cuatro años; con la reelección, un mismo presidente pudo acumular más nombramientos de los previstos, y varios analistas —Hommes entre ellos— advirtieron que aquello debilitaba la separación de poderes prevista en la Carta. Era una advertencia con biografía: el marco institucional que ahora se cuestionaba era, en parte, el que él mismo había ayudado a construir desde Hacienda. Esa tensión —haber diseñado la arquitectura y verla luego alterada por decisiones políticas que la desbordaban— atraviesa buena parte de sus intervenciones posteriores, y explica el tono, entre profético y resignado, con el que en más de una ocasión describió el desgaste institucional del país.

Un balance en tensión

Situar a Hommes en la historia de Colombia es difícil sin sostener dos cosas a la vez. Fue, primero, el ministro de Hacienda del gobierno que reordenó en simultáneo el régimen económico y el régimen político del país. Ejecutó la apertura, participó en la escritura de la Constitución en su capítulo económico, presidió la junta del Banco Central en su nuevo diseño y estableció, con Armando Montenegro y el resto del equipo económico, la arquitectura de política pública que —con retoques— siguió operando durante décadas. Pocos funcionarios pueden reclamar una huella institucional tan amplia.

Al mismo tiempo, los resultados de esa arquitectura fueron ambiguos, y en algunos frentes decididamente adversos. La apertura no cumplió sus propias promesas declaradas. La bonanza exportadora colombiana, que venía creciendo con fuerza desde 1985, se frenó bajo el nuevo régimen. El PIB agropecuario colapsó en 1992. La infraestructura rural quedó desatendida. El crecimiento agregado se explicó menos por competitividad industrial que por consumo suntuario, construcción y expansión financiera. Y errores de manejo macroeconómico —cambiario, sobre todo— terminaron sacrificando la gradualidad que el propio diseño había previsto. El tecnócrata eficaz, símbolo del nuevo modelo, presidió también los momentos en los que ese modelo mostró sus fallas estructurales.

Reducir esa ambigüedad al eslogan de "el hombre del neoliberalismo colombiano" es una tentación fácil que aclara poco. La apertura no fue una imposición de un ministro sobre un país; fue el punto de llegada de un ciclo largo que arrancó en los setenta con la construcción de la red tecnocrática, se consolidó en 1985 con la Misión Chenery, avanzó bajo Barco y se ejecutó bajo Gaviria. Hommes fue el operador de una fase decisiva de ese ciclo, no su inventor. Su gestión ilustra tanto la capacidad de esa red para transformar el Estado como sus límites: la ortodoxia técnica no supo prever ni corregir el impacto sectorial de la reforma, y el círculo cerrado del debate económico dejó poco espacio para incorporar las voces —campesinas, industriales, regionales— que anunciaban el problema desde el terreno.

Quizá la mejor manera de fijar la figura sea esta: Hommes fue, más que el autor de un modelo, la firma reconocible de un consenso. Firmó los decretos, presidió la junta, defendió las leyes, escribió las columnas. Pero lo que firmaba había sido pensado en muchos escritorios, alentado por muchos organismos y aceptado como evidente por una generación entera de economistas colombianos. Cuando ese consenso empezó a mostrar sus grietas —en el campo primero, en la desigualdad después, en el descrédito de la disciplina fiscal cuando se la percibió como coartada para la desprotección social—, la firma quedó a la vista, expuesta a lecturas que su portador no siempre había querido convocar. Su columna de treinta años puede leerse, en ese sentido, como el intento sostenido de recuperar el control de una historia que había dejado de ser sólo suya: una crónica en tiempo real del reformismo colombiano y de sus desengaños, escrita por uno de sus operadores centrales. Cuando se estudie la formación del Estado colombiano contemporáneo, el nombre de Rudolf Hommes Rodríguez aparecerá entre los pocos actores individuales cuya huella se puede rastrear a la vez en la Constitución, en la política económica, en la academia y en la conversación pública.