Agroindustria

La agroindustria colombiana es, antes que un sector económico, un instrumento histórico de ordenamiento territorial. Desde el ingenio azucarero que James Eder puso en marcha en el valle geográfico del río Cauca a fines del siglo XIX hasta las plantaciones de palma aceitera que el Estado subsidió durante la Seguridad Democrática, ha definido quién ocupa la tierra fértil, quién queda relegado a las laderas y los baldíos, qué cultivos merecen crédito público y cuáles son abandonados al mercado. En su versión reciente —la que corre entre 2002 y 2010— alcanzó una articulación inédita entre violencia paramilitar, legalización institucional del despojo y subsidio estatal a la palma, con una modernización productiva real cuyo costo territorial y humano se externalizó sobre comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. Entenderla exige remontarse a las haciendas del Cauca del siglo XIX, seguirla por la zona bananera del Magdalena de los años veinte, por la reforma agraria frustrada del Frente Nacional, por la apertura de los noventa, y llegar a los ingenios, palmares y agronegocios que hoy estructuran el mapa productivo del país.

La semblanza: qué es y por qué pesa

Por agroindustria en Colombia se entiende el conjunto de cadenas productivas que integran cultivo a gran escala, procesamiento industrial y comercialización nacional o exportadora: café, caña de azúcar, banano, palma aceitera, algodón, arroz y, en menor medida, flores y hortalizas. Cada una tiene su geografía —el Eje Cafetero, el Valle del Cauca, Urabá y la Zona Bananera del Magdalena, el Caribe palmero, la altillanura— y su gremio: la Federación Nacional de Cafeteros, Asocaña, Augura, Fedepalma, Fedearroz, Fedealgodón. Ese entramado gremial, tejido a lo largo del siglo XX, es la infraestructura política del sector: parafiscales para investigación, interlocución permanente con el Ministerio de Agricultura, capacidad de moldear leyes y planes de desarrollo.

Pesa por tres razones. Primero, porque explicó la inserción de Colombia en la economía mundial: el café financió al Estado del siglo XIX y buena parte del XX, permitió superar las crisis fiscales crónicas y capitalizó a las élites que después diversificaron hacia comercio, banca e industria. Segundo, porque configuró la estructura agraria del país —dual, polarizada entre latifundio productivo y minifundio de subsistencia— y bloqueó sistemáticamente los intentos de reforma. Tercero, porque, desde los años noventa y sobre todo bajo la Seguridad Democrática, se convirtió en la interfaz donde se encuentran capital privado, política pública y violencia armada: el lugar donde el despojo se transforma en propiedad y la propiedad en proyecto productivo con respaldo estatal.

Los orígenes: hacienda, exportación y clase empresarial (1860-1930)

El punto de partida es el valle geográfico del río Cauca a mediados del siglo XIX. A partir de 1860 comenzó a conformarse allí una clase empresarial ascendente que apostó por una economía de importación y exportación —comprar productos a campesinos para venderlos afuera— en lugar de reproducir la vieja hacienda esclavista de plantación. En esa élite modernizante encajó James Eder, llamado coloquialmente Don Santiago, que en 1864 adquirió la hacienda La Manuelita e inició un proceso de modernización agroindustrial que sería referente de la agroindustria azucarera del Valle. La Manuelita marcó el patrón: capital extranjero o binacional, integración de cultivo y procesamiento, orientación exportadora.

En paralelo, el café empezó su ascenso. En 1874 la producción colombiana rondaba los 114.000 sacos, de los cuales el 90% provenía de Santander. En las décadas siguientes el centro de gravedad se desplazó hacia Antioquia y Caldas, con el sistema de finca familiar cafetera que sostendría la exportación por más de un siglo. El café hizo algo que ningún otro producto había hecho: le dio al Estado colombiano recursos estables para superar las crisis fiscales que lo habían acompañado desde la Independencia, y permitió a los sectores ligados a producción, comercialización y exportación diversificar inversiones hacia la industria y el comercio nacientes.

En el Caribe, la agroindustria tomó forma de enclave. La United Fruit Company creó en la zona de Ciénaga, Magdalena, un enclave agrícola bananero que en 1921 ya controlaba el 59% de la tierra productiva e improductiva de la región. La consolidación de ese enclave se apoyó en una línea de ferrocarril y en un sistema de contratistas que enganchaban trabajadores, permitiendo el uso de mano de obra campesina de la zona. En 1928, la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena presentó un pliego de peticiones a la compañía; ante la negativa, los trabajadores declararon la huelga que desembocaría en la masacre de las bananeras, primer emblema del choque entre agroindustria de exportación y trabajo organizado en Colombia.

La caña, mientras tanto, se tecnificaba. En 1922, quien impulsaría la modernización del trapiche panelero de Riopaila viajó a Cuba por motivos de salud y aprovechó para visitar cultivos y factorías azucareras en plena bonanza, y de allí trajo la idea de modernizar el trapiche. En los años siguientes se consolidaron los grandes ingenios del Valle, con La Manuelita como matriz simbólica y técnica.

La institucionalidad frustrada: reforma agraria y sesgo agroindustrial (1936-1980)

La Ley 200 de 1936, en el marco de la República Liberal, creó los jueces agrarios y buscó regular la propiedad rural. Su aplicación fue incompleta: en vez de redistribuir tierras, los gobiernos sucesivos optaron por adjudicar baldíos y promover colonización periférica. La Ley 100 de 1944, impulsada por la Sociedad de Agricultores de Colombia y la Federación de Cafeteros, respondió a las presiones de los propietarios frente a arrendatarios y aparceros que intentaban asumir la posición de colonos, y buscó resolver la escasez de mano de obra: fue, en la práctica, la reacción terrateniente al reformismo del 36.

Dos décadas después llegaría el intento más ambicioso, y también el más domesticado. La Ley 135 de 1961, conocida como Ley de Reforma Agraria Social, creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) con el mandato de redistribuir tierras, apoyar movimientos de colonización, mejorar la productividad mediante asistencia técnica, promover cooperativas campesinas y establecer procuradores agrarios y corporaciones regionales de desarrollo. Fue el resultado de una negociación larga en la que la clase terrateniente logró suavizar los criterios de expropiación y asegurar indemnizaciones con términos de pago aceptables. El resultado, medido en hectáreas efectivamente redistribuidas, fue magro: para 1971, menos del 1% de las tierras sujetas a expropiación se había distribuido, y la mayoría eran baldíos. Entre 1962 y 1978, menos del 1% de la superficie total del país fue afectada por la reforma.

Los datos de concentración son elocuentes. Entre 1960 y 1970, el grado de concentración de la propiedad de la tierra aumentó pese a la legislación agraria: las explotaciones menores de 10 hectáreas disminuyeron en número y superficie, las unidades medias perdieron importancia relativa, y crecieron los estratos de 20 a 50 hectáreas y, sobre todo, los de más de 50. Las explotaciones de más de 500 hectáreas pasaron de controlar el 40,4% de la superficie en 1960 al 40,9% en 1970. El coeficiente de concentración varió apenas 0,024 puntos en la década: los esfuerzos reformistas del Frente Nacional tuvieron efecto prácticamente nulo sobre la estructura agraria.

Mientras la redistribución se estancaba, el gasto público agropecuario se disparaba. En pesos constantes de 1958, pasó de 48,7 millones en 1950 a 2.467,6 millones en 1972: se multiplicó por cincuenta. La participación del sector en el presupuesto nacional subió del 4,9% en 1950 al 18% promedio entre 1970 y 1972. Y hacia 1972, los institutos descentralizados —encabezados por el IDEMA, el INCORA y el ICA— distribuían el 70% de ese gasto. El Estado gastaba mucho en el campo, pero lo gastaba con un sesgo claro: restrictivo frente a los latifundios improductivos, cuidadoso de no comprometer las explotaciones agroindustriales ni las tierras de alta calidad, como las del valle geográfico del río Cauca.

Detrás del diseño estaban las misiones internacionales, y una figura por encima de las demás: Lauchlin Currie. La misión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que Currie lideró en 1949 fue la primera misión general de país que hizo el BIRF en el mundo en desarrollo, y su informe de 1950 fijó el diagnóstico —severa subutilización de tierras productivas— que marcaría dos décadas de política agraria. Currie regresaría en 1971 bajo Misael Pastrana para formular un plan de desarrollo que adaptaba su Operación Colombia de 1960. Entre uno y otro momento se acumularon la Fundación Rockefeller con su Programa Agrícola Colombiano (1950), la Misión Lilienthal —que recomendó crear la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca—, una misión de la FAO a mediados de los cincuenta, otra del BIRF en 1956 y la Misión del padre Lebret en 1958. La influencia extranjera sobre el diseño institucional agrícola creó lazos de dependencia que se acrecentarían con el tiempo.

El sesgo se completó por la vía gremial. Desde 1948 con el Instituto de Fomento Algodonero, y luego con Asocaña, Fedearroz y Fedepalma, los cultivos agroindustriales contaron con soporte institucional para investigación, precios, crédito y política pública. Los productos típicos del minifundio —maíz, trigo, frijol, frutas— se comercializaban directamente por el campesino o a través de intermediarios, sin ese respaldo. Dos economías rurales convivían en el mismo país, pero solo una tenía representación política organizada.

La expansión cañera: modernización, conflicto laboral y frontera de ladera

En el Valle del Cauca, la caña se convirtió en el emblema del modelo. En 1977 se crearon Cenicaña, el Fondo Nacional del Azúcar y la Comisión Nacional de Azúcar, órganos que integraron el complejo cañero como sector maduro con institucionalidad propia. La modernización tecnológica y laboral de los ingenios trajo despidos y agudos conflictos entre trabajadores y propietarios. Los corteros de caña, articulados en sindicatos como Sinalcorteros, Sintraicañazucol y Sinaltrainal, desarrollaron sus organizaciones en un marco represivo particularmente estrecho de relaciones laborales, resultado de condiciones de explotación sistemática impuestas por el empresariado.

A mediados de la década de 2000, el área cultivada en caña en la zona azucarera era de 138.068 hectáreas. Para 2009, la producción de etanol con base en caña contaba con 193.423 hectáreas cultivadas: la política de biocombustibles estaba desplazando el balance de destino hacia el combustible. La expansión del monocultivo cañero incidió en el desplazamiento de cultivos transitorios y permanentes en el Valle, generando preocupaciones sobre soberanía alimentaria y diversificación. La agroindustria cañera gozó del apoyo del Estado y las corporaciones privadas, mientras la economía campesina y étnica de las planicies, y el café y la hortofruticultura de las montañas, quedaron descuidadas, agudizando la crisis económica y los conflictos interculturales alrededor de la tierra.

La expansión hacia tierras de ladera en el sur y norte del Valle y el norte del Cauca agudizó los conflictos socioambientales con campesinos, afrocolombianos e indígenas. En 2003, Daniel Aguirre fundó Sinalcorteros; el 27 de abril de 2012 lo asesinaron en Florencia, Valle, sujetos armados no identificados, tras una década de acompañamiento a luchas de corteros. Poco antes, los corteros habían articulado sus movilizaciones con la Minga indígena, convergiendo con más de 80.000 campesinos, indígenas, mestizos y afrodescendientes en Bogotá.

Urabá bananero: enclave, sindicato y paramilitarismo

Después de la Segunda Guerra Mundial, la United Fruit perdió su monopolio en la región de Santa Marta, se retiró de la producción directa y vendió o arrendó sus tierras a cultivadores colombianos; a comienzos de los sesenta abandonó totalmente la zona. La retirada socavó la unidad del movimiento obrero: los sindicatos se fraccionaron, la membresía cayó y las condiciones de vida de los obreros declinaron. El eje bananero se desplazó entonces hacia Urabá, donde empresarios nacionales impulsaron el cultivo en los mismos años en que los ingenios azucareros modernizaban el Valle.

El auge bananero de Urabá en los años setenta produjo una concentración acelerada de las tierras más fértiles en el eje proyectado para la expansión del cultivo. El INCORA inició adjudicaciones de baldíos, pero en algunos casos desconoció a poseedores previos —campesinos y colonos—, lo que generó despojo. Al mismo tiempo, inversionistas privados implementaron maniobras especulativas y de acaparamiento que les permitieron comprar suelos a bajo costo. Sobre ese sustrato se armó, en los años noventa y dos mil, la ecuación entre banano, sindicato y paramilitarismo. Los paramilitares del Frente William Rivas recaudaban de los empresarios bananeros 70.000 pesos anuales por hectárea cultivada; a cambio proveían seguridad a las fincas mediante patrullas de vigilancia por perímetros, y actuaron en ocasiones contra trabajadores vinculados a protestas laborales. El paramilitarismo en Urabá operó en beneficio de fincas bananeras y grandes hacendados, atacando sindicatos y reclamantes de tierras.

La apertura y el giro palmero (1990-2002)

La apertura económica de la administración Gaviria transformó las condiciones del sector. Desde finales de esa administración comenzó a gestarse una política de competitividad agrícola estructurada en torno a cadenas productivas, con papel más activo para los gremios, orientación que continuó bajo Ernesto Samper. Se adoptó un modelo con recursos parafiscales para investigación y asistencia tecnológica. Pero los efectos de estos instrumentos fueron modestos frente al triple choque de la apertura, las fases periódicas de revaluación del peso y la caída de los precios internacionales agropecuarios en los ochenta y noventa. La agricultura creció poco, presionada además por el bajo incremento del consumo interno; los precios agrícolas mejoraban estacionalmente, pero los de los insumos crecían de manera fuerte y desordenada.

Entre 1994 y 2005, la superficie cosechada de los cultivos tradicionales se derrumbó. El sorgo perdió el 69,20% de su área; el trigo, el 64,17%; la soya, el 30,34%; el maíz, el 25,31%; el algodón, apenas un 1,55%. Las hortalizas crecieron 40,30%. Y la palma africana se convirtió en uno de los cultivos permanentes de mayor expansión del país. Al final del siglo XX, Colombia había pasado de ser importador neto de oleaginosas a ubicarse entre los principales productores mundiales de aceite de palma —cuarto o quinto— y a exportar parte de su producción. En 1999 era ya el primer productor de palma de aceite en América Latina.

La Ley 160 de 1994, aprobada bajo el gobierno de César Gaviria, propuso redistribuir la propiedad vía mercado de tierras en un contexto de apertura de mercados. El resultado contradijo el propósito: la tierra se convirtió en bien especulativo y la propiedad rural se concentró, sin que ello implicara mayor producción. La reforma agraria, en sus versiones sucesivas desde 1961, había favorecido la titulación de baldíos, afectado marginalmente las tierras dentro de la frontera agrícola consolidada y mantenido el modelo dual latifundio-minifundio. El escenario estaba servido para lo que vendría.

La Seguridad Democrática y la agroindustria como proyecto de país (2002-2010)

Con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la Presidencia en 2002, la agroindustria pasó de ser un sector con apoyos sectoriales a convertirse en pieza central del proyecto de gobierno. La Seguridad Democrática articuló tres movimientos que hasta entonces habían corrido por carriles paralelos: la consolidación militar del territorio, el subsidio masivo a cultivos agroindustriales estratégicos —en particular la palma aceitera— y la legalización institucional de tierras despojadas por el paramilitarismo. El Ministerio de Agricultura, primero bajo Carlos Gustavo Cano y luego bajo Andrés Felipe Arias, alineó los instrumentos financieros del Estado —Finagro, el Fondo Agropecuario de Garantías, el Incentivo a la Capitalización Rural, el Certificado de Incentivo Forestal— con la expansión del cultivo. Fedepalma, presidida por Jens Mesa Dishington, y empresarios como Carlos Murgas Guerrero —conocido como el zar de la palma— lideraron el modelo de alianzas productivas estratégicas, contratos de asociatividad entre pequeños, medianos y grandes productores bajo la tutela de empresarios experimentados.

El modelo de alianzas tenía una asimetría en su base: los pequeños y medianos cultivadores debían asumir durante tres años la preparación del terreno y el mantenimiento de la siembra sin recibir ingresos del cultivo, y en la mayoría de los casos adquirían créditos para financiar esa etapa. Zonas como María La Baja, en Bolívar, o Tumaco, en Nariño, se llenaron de pequeños productores endeudados atados al gran capital palmero. El Plan Colombia financió proyectos productivos de palma africana como parte del componente de desarrollo alternativo en Tumaco, con extensión de cultivos por 1.500 hectáreas. Entre 2008 y 2012, Finagro aprobó recursos para financiar palma en Norte de Santander por 77.918 millones de pesos. La política de biocombustibles quedó formalizada en el Conpes 3510 de 2008, con tres objetivos: seguridad energética, protección del medio ambiente, y desarrollo rural junto con el posicionamiento del país como exportador. Se estimaba que más del 40% de la producción de palma se destinaría a biocombustibles.

Para 2009, Colombia contaba con 360.537 hectáreas cultivadas de palma aceitera. El crecimiento era real, medible, celebrado. Pero su geografía coincidía sistemáticamente con las zonas donde el paramilitarismo había despejado la tierra mediante desplazamiento forzado en los años anteriores.

Palma, paramilitarismo y despojo: el nudo del Bajo Atrato

El caso más documentado es el del Bajo Atrato, en el Chocó. En territorios colectivos de comunidades negras, tierras fueron apropiadas para cultivos de palma con participación de grupos narcoparamilitares. Vicente Castaño Gil reconoció públicamente, en entrevista a la revista Semana, que él mismo consiguió a los empresarios para invertir en cultivos de palma en Urabá, articulando de manera explícita capital privado y proyecto paramilitar. En el año 2000 existían dentro del territorio colectivo de Curvaradó 3.636 hectáreas de cultivos de palma africana, y 198 hectáreas en la cuenca del Jiguamiandó: un total de 4.183 hectáreas sembradas en territorios colectivos afrocolombianos.

El conglomerado empresarial palmero del Bajo Atrato se estructuró mediante solapamiento de equipos directivos entre varias empresas, y tuvo como agente organizador para la apropiación de tierras a Vicente Castaño, con la familia Zúñiga Caballero como socio mayoritario a través de Construcciones Unidas Ltda. Sor Teresa Gómez, representante legal de Asoprobeba, compró 1.000 hectáreas en Caño Manso, Curvaradó, junto con Ignacio Roldán, alias Monoleche, para instalar cultivos de palma aceitera, en el marco del despojo de tierras a agricultores por parte de las Autodefensas en Belén de Bajirá.

Instituciones estatales jugaron un papel activo en la legalización de tierras despojadas. INCORA e INCODER, el Banco Agrario y Finagro otorgaron créditos y subsidios a empresas palmeras; notarías y registros públicos incurrieron en irregularidades en la transferencia de títulos. En 2005, el Incoder reconoció el derecho de 1.125 familias de la región del Urabá chocoano a tierras colectivas, pero decisiones subsiguientes de la misma entidad beneficiaron a empresas de palma aceitera en la región. El acaparamiento violento de tierras no operó en un vacío institucional: orientó las instituciones a favor de los paramilitares. Al transformar tierras despojadas en propiedad legítima mediante titulación formal, la autoridad institucional salió paradójicamente reforzada, y el Estado se convirtió en arena central del despojo antes que en su obstáculo.

Montes de María, Magdalena, Catatumbo y altillanura: geografías del reordenamiento

Lo que en el Bajo Atrato se documentó con detalle judicial se repitió, con variaciones locales, en el resto del mapa agroindustrial. En los Montes de María, el desplazamiento forzado de aproximadamente 460.000 familias campesinas abrió paso a compraventas masivas irregulares que concentraron tierras en pocos propietarios, con intervención posterior de la Superintendencia de Notariado y Registro ante las irregularidades detectadas. Las redes de intercambio estratégico entre grupos paramilitares, élites agroindustriales y ganaderas, y la maquinaria electoral de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, resultaron sustanciales para imponer un nuevo ordenamiento territorial funcional a los agronegocios y la minería a gran escala, revirtiendo los avances de la reforma agraria en los Montes de María y el Magdalena Grande.

En el departamento del Magdalena, la Zona Bananera fue foco de articulación entre el Bloque Norte de las AUC y los cultivos de palma de aceite, con plantaciones en municipios como Ciénaga, Algarrobo, Fundación y Zona Bananera. La expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia creó condiciones para la colonización empresarial y la consolidación de la agroindustria, combinando control territorial con narcotráfico, explotación maderera y cultivos de palma, especialmente en Urabá y el Atrato.

En el Catatumbo, empresas con sede en Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá compraron grandes extensiones de tierra sin arraigo local, orientadas al lucro y no a la sostenibilidad del territorio. En la altillanura, la multinacional Cargill, mediante el fondo Black River, creó 40 sociedades por acciones simplificadas y compró 43 parcelas de tierra en Vichada que representan 61.000 hectáreas, en operaciones que eludieron los límites legales a la acumulación de baldíos previamente adjudicados.

Los números finales no dejan margen a la interpretación benigna. La guerra interna acrecentó la concentración de tierra y les arrebató a los campesinos 8 millones de hectáreas, forzándolos a huir a las ciudades o a abrir frontera agrícola. De 7.098 sentencias de restitución de tierras proferidas hasta febrero de 2021, el 53% —3.761 casos— atribuye la responsabilidad del despojo a grupos paramilitares, principal victimario identificado en los procesos de restitución.

Su red: cómo se encaja el poder

La arquitectura de poder de la agroindustria colombiana no se explica por la suma de sus actores sino por su encaje. Los gremios funcionan como coadministradores de política pública, no como grupos de presión externos: Federación de Cafeteros, Asocaña, Augura, Fedepalma manejan parafiscales, centros de investigación —Cenicafé, Cenicaña, Cenipalma— y una interlocución permanente con el Ministerio de Agricultura que les permite escribir buena parte de la política sectorial. Sobre ese piso gremial se monta el ministerial, con nombres —Cano, Arias— que bajo la Seguridad Democrática convirtieron la agenda de Fedepalma en agenda de Estado. Y sobre el ministerial, el empresarial y familiar: los Eder, Caicedo y Cabal en el complejo cañero del Valle; Carlos Murgas Guerrero replicando el modelo de alianzas palmeras; los bananeros de Urabá agrupados en Augura y, en algunos territorios, comprometidos con estructuras paramilitares que Justicia y Paz terminaría acreditando.

Ese andamiaje se sostiene también sobre un origen internacional que rara vez se nombra. El marco institucional agrario colombiano es hijo directo del Banco Mundial —desde Currie en 1949—, de la Fundación Rockefeller y de la doctrina técnica que la FAO y la banca multilateral difundieron a lo largo del siglo XX. Los centros de investigación gremial tradujeron esa doctrina a lenguaje productivo y la revistieron de neutralidad científica.

En la orilla opuesta, actores mucho menos capitalizados. Los sindicatos agrarios —Sinalcorteros, Sintraicañazucol, Sinaltrainal, Sintrainagro— pagaron la construcción organizativa con vidas: el asesinato de Daniel Aguirre en 2012 es apenas un caso emblemático dentro de una serie más larga. Las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas del Cauca, el Bajo Atrato, los Montes de María y el Catatumbo resistieron el despojo por la vía de la Minga, de los procesos de restitución de la Ley 1448 y de las denuncias ante la CIDH y la Corte Constitucional, cuya sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento —el 005 sobre comunidades afrodescendientes, el 004 sobre pueblos indígenas— siguen siendo la principal herramienta jurídica contra la connivencia entre agroindustria y despojo. Entre el piso alto de gremios, ministros y misiones y el piso bajo de sindicatos y comunidades se juega, todavía hoy, el equilibrio político del campo colombiano.

Su huella: modernización productiva, despojo territorial

La huella que deja la agroindustria colombiana es doble y disputada. En la columna del haber, la modernización productiva es innegable: Colombia dejó de ser importador neto de oleaginosas y se convirtió en potencia palmera latinoamericana; el sector agroindustrial de alimentos fue el más exitoso del aparato manufacturero durante la apertura; el complejo azucarero del Valle se consolidó como referente tecnológico regional; los cafés especiales alcanzaron prestigio mundial. Ese avance capturó inversión, generó divisas y empleó a millones de personas.

En la columna del debe, la externalización del costo. La estructura agraria dual no se disolvió: se recompuso bajo formas más modernas. Las tres grandes reformas —Ley 200 de 1936, Ley 135 de 1961, Ley 160 de 1994— fracasaron una tras otra en alterar la frontera agrícola consolidada, redistribuyendo baldíos periféricos mientras el latifundio productivo permanecía intacto. La crisis de la economía rural derivada del sesgo agroindustrial arrojó cientos de miles de hectáreas al narcotráfico y contribuyó a que personas se incorporaran a grupos armados. La expansión de cultivos para biocombustibles generó despojo, concentración y deterioro ambiental, y afectó la soberanía alimentaria de comunidades rurales.

Bajo la Seguridad Democrática, la articulación alcanzó su punto más denso. El Estado canalizó subsidios, créditos y consolidación militar hacia zonas donde el paramilitarismo había despejado previamente la tierra mediante desplazamiento forzado. El despojo violento se transformó en propiedad legítima. La propiedad legítima se convirtió en proyecto productivo financiado con recursos públicos. Con ese sedimento debe negociar la Colombia posterior a los Acuerdos de Paz: comunidades que siguen esperando la implementación de la reforma rural integral acordada en La Habana, procesos de restitución que enfrentan serias dificultades en un contexto de impunidad y transformaciones territoriales, y una estructura agraria heredada que sigue siendo, con toda su modernidad técnica y toda su violencia acumulada, el terreno donde se decide si Colombia es capaz o no de romper con su propio siglo XX.