Palma africana

La palma africana en Colombia

La Elaeis guineensis, palma originaria de la franja tropical africana que corre entre Senegal y Angola, llegó a Colombia como semillero experimental en 1960 y terminó, seis décadas después, convertida en el cultivo permanente más extendido del país, en el emblema de la política de biocombustibles y en la pieza central de uno de los mayores escándalos de despojo territorial de la historia reciente. El país pasó, entre mediados del siglo XX y comienzos del XXI, de importar oleaginosas a producir más aceite de palma que cualquier otra nación de América Latina y a ocupar el quinto lugar en el escalafón mundial. Ese salto productivo, presentado en la retórica gremial y estatal como modelo de desarrollo rural, alternativa a la coca y motor de la economía del posconflicto, coincidió geográfica y temporalmente con la expansión paramilitar en Urabá, el Bajo Atrato, el norte del Magdalena y el Cesar. La palma africana en Colombia es, por eso, dos cosas a la vez: un sector agroindustrial legítimo con más de sesenta años de historia y un dispositivo que, en zonas y momentos precisos, sirvió para blanquear despojo, absorber créditos públicos hacia manos indebidas y consolidar el control territorial de actores armados.

Qué es este cultivo y por qué pesa

La palma africana es una especie de rendimiento tardío y compromiso largo. Sembrada la semilla, no da frutos hasta el tercer o cuarto año, y una vez en producción se comporta como cultivo permanente durante décadas. Esta lentitud inicial define casi todo lo demás: el pequeño productor pasa tres años sin ingresos mientras prepara el terreno, y para sostenerse toma crédito. El fruto, además, tiene una particularidad implacable: la extracción del aceite debe hacerse en las primeras doce horas tras la recolección, lo que obliga a instalar plantas extractoras junto a los cultivos y encadena geográficamente la parcela a la industria. El rendimiento promedio ronda las 3,3 toneladas de aceite por hectárea, pero Fedepalma ha estimado que la rentabilidad mínima solo aparece a partir de las 3.000 hectáreas. Ese umbral, sencillo de enunciar y difícil de alcanzar, es el hecho económico decisivo: la palma castiga la pequeña propiedad y premia la escala.

Del aceite crudo se derivan aceites de cocina, margarinas, jabones, detergentes, cosméticos, pinturas, velas, betunes y, desde 2008, biodiésel. Esa versatilidad industrial explica su atractivo como sustituto de importaciones y luego como bandera de la política energética. Hacia finales del siglo XX Colombia había cerrado el ciclo de dependencia externa en oleaginosas y comenzaba a exportar; con la política de biocombustibles adoptada en 2008, más del 40 por ciento de la producción se orientó a ese destino. La palma se volvió, en el discurso oficial, cultivo del futuro.

Pero la misma estructura agronómica que hace atractivo el cultivo lo vuelve un instrumento de concentración. Cuando el pequeño productor entra en un esquema de alianzas productivas —el modelo que Fedepalma y sucesivos gobiernos promovieron desde los años noventa— firma un crédito solidario en el que la tierra opera como prenda real. Si no puede pagar durante los años de espera productiva, la asociación se queda con el predio. La extractora, generalmente controlada por la gran compañía, fija el precio de compra del fruto. Y como los campesinos suelen carecer de títulos perfectos, los bancos pignoran la fruta a través de esas mismas extractoras. El resultado es un circuito cerrado: quien siembra depende, para sobrevivir tres años sin ingresos, del mismo actor que le compra la cosecha y le cobra la deuda. Esta arquitectura contractual, defendida como modelo de inclusión, produce estructuralmente la salida del pequeño propietario incluso donde no hay violencia. Donde sí la hay, la salida es directa.

Del semillero de Tumaco a la agroindustria nacional

El cultivo comercial de palma africana en Colombia arrancó en los años cincuenta. En 1960 el Instituto de Fomento Algodonero instaló el primer semillero en la finca El Mira, en Tumaco, e introdujo la especie en el Pacífico colombiano. La decisión no fue aislada: el general Gustavo Rojas Pinilla, durante su gobierno de 1953 a 1957, había declarado el río Mira zona de colonización, y esa apertura formal preparó el terreno para que miles de hectáreas de bosque de la cuenca se transformaran en pastos, banano y palma aceitera. Tumaco se convertiría en el nodo original del cultivo: hacia 1999 aportaba el 11 por ciento de la producción nacional y el 13,3 por ciento del área sembrada, con rendimientos altos de dieciséis toneladas por hectárea al año.

Durante las tres décadas siguientes, la palma se instaló en cuatro grandes zonas: la costa norte (Magdalena, Cesar, Atlántico), el Magdalena Medio (Puerto Wilches, San Alberto, Sabana de Torres), la Orinoquia (Meta, Casanare) y el Pacífico nariñense. En cada una el cultivo adoptó una forma distinta según el tipo de tenencia previa, la presencia estatal y el peso del conflicto armado. En el Cesar y Santander se consolidaron grandes plantaciones empresariales, con Indupalma como referente laboral desde los años setenta. En el Magdalena Medio se ensayaron modelos de palma campesina en asociación con empresas y programas de desarrollo. En Urabá, el Bajo Atrato y el norte del Magdalena, la expansión coincidiría, ya en los años dos mil, con el control paramilitar del territorio.

El salto verdaderamente significativo ocurrió al cierre del siglo XX y en la primera década del XXI. Colombia dejó de ser importador neto de oleaginosas y se convirtió, según los cálculos de Salomón Kalmanovitz y Enrique López, en el quinto productor mundial de aceite de palma. Fedepalma, más generosa con sus propios registros, llegó a situar al país en el cuarto lugar. El sector se organizó rápidamente en un gremio de los más disciplinados del país, comparable en su capacidad de interlocución con el Estado a Asocaña, Fedearroz o la Federación Nacional de Cafeteros. Desde el final de la administración Gaviria se les asignó a esos gremios un papel activo en la política sectorial, con recursos parafiscales para investigación y asistencia técnica, en un modelo inspirado en el cafetero.

Los años decisivos: 2002-2018

Los quince años que van del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez al final del segundo mandato de Juan Manuel Santos marcan el auge del cultivo y, simultáneamente, su judicialización. La Seguridad Democrática ofreció la retórica —palma como cultivo lícito, como alternativa a la coca, como consolidación territorial— y el Proceso de Paz ofreció el marco jurídico —restitución de tierras, justicia transicional— para empezar a examinar lo que había pasado bajo esa retórica.

Dos instrumentos concentraron el impulso oficial. El primero fue el Programa Agro Ingreso Seguro, creado en 2007 bajo el Ministerio de Agricultura de Andrés Felipe Arias, cuya distribución de subsidios terminó beneficiando a parapolíticos y terratenientes vinculados al sector palmero. Entre los nombres que aparecieron figuran Eduardo Vives Lacouture y Silvestre Dangond Lacouture, propietario de Palmas Oleaginosas del Casacará. Arias fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en julio de 2014 y previamente destituido e inhabilitado por la Procuraduría en 2011. El segundo instrumento fue la política de biocombustibles adoptada en 2008, que estableció objetivos de seguridad energética, protección ambiental y desarrollo rural, y canalizó incentivos y expectativas de mercado hacia los cultivos de palma y caña. Entre 2008 y 2012, solo en Norte de Santander, Finagro aprobó créditos para palma por 77.918 millones de pesos.

En el discurso oficial, la palma cumplía tres funciones simultáneas: sustituía coca, sustituía combustibles fósiles y consolidaba el control efectivo del territorio. Los tres verbos se sostenían mutuamente. El modelo de alianzas productivas fue definido explícitamente como un esquema para sustituir cultivos ilícitos y afianzar la presencia estatal en zonas periféricas. En Tumaco, proyectos financiados con recursos del Plan Colombia sembraron cerca de 1.500 hectáreas. En Urabá, ante las dificultades del banano por la revaluación del peso, la palma se presentó como cultivo de reemplazo. Sobre el papel, se articulaba con la política de seguridad y con la política de drogas.

Pero por debajo de ese ensamblaje ocurría algo distinto. Un empresario palmero admitió que había recurrido al modelo de alianzas con pequeños productores porque con el negocio del lavado de activos no podía permitirse comprar tierras costosas para sembrarlas con palma. La confesión, aunque anónima, condensa el problema: el diseño mismo de las alianzas —crédito solidario, tierra en prenda, extractora fijando precios— servía tanto para incluir campesinos como para colocar capital de origen dudoso sobre superficies enormes sin adquirirlas directamente.

Vicente Castaño y el laboratorio del Bajo Atrato

El caso que define la relación entre paramilitarismo y palma es el del Bajo Atrato chocoano. En el año 2000 el Incora tituló como territorios colectivos las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó a favor de sus consejos comunitarios afrocolombianos. Ese mismo año, según registros posteriores del Incoder, ya existían dentro de esos territorios cerca de 4.183 hectáreas de palma africana: 3.636 en Curvaradó y 198 en Jiguamiandó, además de áreas adicionales no plenamente inventariadas. La cronología cuenta: la palma llegó al mismo tiempo que el título colectivo, o antes.

El comandante paramilitar Rodrigo Zapata, alias Ricardo, declaró en el proceso judicial que desde 1997 había estado adquiriendo tierras en las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó, y que sabía perfectamente que había zonas no aptas para ser adquiridas porque estaban en trámite de adjudicación como territorios colectivos. Sabía y compraba. El motor de esas adquisiciones fue el desplazamiento forzado: entre finales de los noventa y comienzos de los dos mil, paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas y la fuerza pública provocaron, mediante amenazas y asesinatos, la salida de las comunidades afrocolombianas de Jiguamiandó, Curvaradó y Cacarica. Una vez vaciado el territorio, se sembró palma.

El articulador político y económico del proyecto fue Vicente Castaño Gil, jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. En entrevista publicada por Semana en junio de 2005 reconoció, sin eufemismos, que en Urabá tenían cultivos de palma y que él mismo había conseguido a los empresarios para invertir. La idea, dijo, era llevar a los ricos a invertir en distintas zonas del país. El contacto entre Castaño y el sector empresarial de la costa lo facilitó Hernán Gómez Hernández, alias el Sibarita. Del otro lado apareció la familia Zúñiga Caballero, con experiencia previa en procesamiento de aceite, que se convirtió en socia mayoritaria de Urapalma y Palmura a través de Construcciones Unidas Ltda. El conglomerado empresarial resultante —Urapalma, Extractora Bajirá y Palmura como núcleo, conectado con Aceites S.A. y con la procesadora Gradesa S.A. mediante el solapamiento de juntas directivas— fue el vehículo formal de la operación.

Al lado del proyecto directamente empresarial operó otro circuito, el de las asociaciones campesinas de fachada. Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Castaño, figuró como representante legal de la Asociación Asoprobeba, creada junto con Ignacio Roldán, alias Monoleche, para adquirir predios en Belén de Bajirá y Curvaradó destinados a palma. La estructura combinaba dos niveles: sociedades anónimas con inversionistas de la costa y asociaciones campesinas controladas por operadores del paramilitarismo.

El esquema no se limitó al Bajo Atrato. El Bloque Norte de las AUC, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, articuló relaciones con empresas palmeras en tres focos simultáneos: el norte del Cesar (El Copey), el norte del Magdalena (Ciénaga, Algarrobo, Fundación, Zona Bananera) y Atlántico. La expansión paramilitar y la expansión de cultivos coincidieron en el Magdalena de manera tan estrecha que la superposición de mapas resulta casi didáctica. En 2011, el entonces senador Gustavo Petro denunció que la Fiscalía había hallado pruebas de nexos entre el paramilitarismo y al menos trece empresas palmeras que despojaron tierras a comunidades campesinas y afrodescendientes en Urabá, y señaló que el grupo posdesmovilización Águilas Negras seguía colaborando con palmeros bajo tolerancia militar.

Una carta atribuida al proyecto palmero de las AUC describía la ambición sin escatimar cifras: un emporio de entre setenta y cien mil hectáreas que en su momento se negociaría con el establecimiento económico colombiano e internacional como parte de los acuerdos del fin del conflicto. La palma, en esa lectura, no era negocio subordinado a la guerra: era la manera de convertir la guerra en propiedad legítima.

El Estado como legalizador

El acaparamiento violento de tierras para la agroindustria palmera no ocurrió al margen del Estado. Ocurrió con el Estado. Instituciones como el Banco Agrario, Finagro y el Incora —después Incoder— facilitaron la legalización de títulos sobre tierras despojadas donde ya se cultivaba palma, otorgando créditos y subsidios a empresas cuya adquisición de predios había sido denunciada por los desplazados. Al transformar tierras despojadas en propiedad legítima con papel bancario y sello notarial, la autoridad formal de las instituciones quedó paradójicamente reforzada. El despojo terminaba de consumarse cuando el Estado le ponía la firma. El acaparamiento no operó en un vacío institucional: operó gracias a que las instituciones orientaron el derecho a favor de los usurpadores.

El Programa Agro Ingreso Seguro fue la manifestación más visible, y por ello más escandalosa, de ese mecanismo. Pero el flujo cotidiano de créditos de Finagro, de titulaciones del Incoder y de aprobaciones bancarias era la infraestructura permanente. Los subsidios y créditos otorgados en el marco del Plan Colombia y de los sucesivos programas de sustitución añadieron una capa adicional: dinero público destinado a fortalecer la lucha antinarcóticos irrigó, en la práctica, cultivos sembrados sobre tierras robadas a comunidades afrocolombianas.

La respuesta institucional llegaría tarde y de manera parcial. La Corte Constitucional intervino a finales de 2009 en relación con los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó, y ordenó medidas de restitución material. La Fiscalía General de la Nación logró, en los años siguientes, treinta y nueve condenas contra palmicultores por apropiación ilegal de tierras. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, impulsada en 2011 por el gobierno Santos, diseñó un procedimiento con fase administrativa de registro en la Unidad de Restitución de Tierras y fase judicial ante jueces especializados. El proceso se planeó gradual, focalizado geográficamente en coordinación con el Ministerio de Defensa. A diferencia de la experiencia sudafricana, en la que la restitución se inició tras la firma de los acuerdos de paz, Colombia empezó a restituir mientras el conflicto seguía activo. Para 2021, sin embargo, la URT documentaba 117 casos de comunidades étnicas, de los cuales solo 30 habían llegado a jueces de restitución; los 87 restantes no presentaban avances y la mayoría de esas poblaciones seguía desplazada en cabeceras municipales y regiones distintas de sus territorios de origen.

Las otras palmas

Reducir el sector a la operación paramilitar del Bajo Atrato sería, sin embargo, un error simétrico al de la apología. La palma africana tuvo, y tiene, otras vidas.

En San Pablo, sur de Bolívar, la comunidad de La Floresta desarrolló un programa de palma campesina que a comienzos de 2009 reunía a diecisiete familias. El proyecto fue posible gracias al Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, a Fundepalma, al Incoder —que compró la hacienda— y al Fondo de Inversiones para la Paz. Los campesinos, sin títulos perfectos, dependían de la pignoración de la fruta a través de las extractoras, lo que los obligaba a vender al precio fijado por estas. La experiencia mostró tanto la viabilidad del modelo como su fragilidad estructural: incluso en el mejor de los casos, la asimetría con la industria seguía siendo la regla. En Puerto Carreño, campesinos vecinos de Indupalma solicitaron la presencia de la Defensoría del Pueblo y del Incoder para negociar la titulación de sus predios, en un contexto en que la Procuraduría había determinado que algunas superficies en poder de la empresa tenían falsa tradición, con títulos sobre mejoras no perfeccionados.

La historia laboral del sector añade otra dimensión. Indupalma, la gran empresa palmera del Cesar, protagonizó en 1977 una de las huelgas más conocidas del sindicalismo colombiano de la segunda mitad del siglo XX. El conflicto, en el que la empresa era acusada de violar la ley laboral en materia de derechos y prestaciones, culminó con el secuestro del gerente Ferreira Neira por el M-19. Jaime Bateman Cayón describiría después que, antes del operativo, los trabajadores se habían acostumbrado a que los conflictos laborales se resolvían cuando la empresa invadía con tractores los predios sindicales. El secuestro terminó sin víctimas mortales y con la aceptación del ciento por ciento del pliego. Décadas más tarde, el Centro Nacional de Memoria Histórica reconstruyó esa historia laboral, que ha corrido paralela y a veces enfrentada a la historia empresarial.

Investigadores como García y Calderón han advertido que la relación entre presencia de cultivos de palma y desplazamiento forzado no puede generalizarse como característica inherente al sector palmicultor colombiano. La advertencia es correcta y necesaria: hay palma sin despojo, hay palma campesina, hay palma sindicalizada, hay palma exportadora que participa en mercados internacionales con sellos de sostenibilidad. Lo que la evidencia sostiene con firmeza es más preciso y más incómodo: donde el paramilitarismo tuvo control territorial —Urabá, Bajo Atrato, norte del Magdalena, franjas del Cesar—, la palma fue vehículo de despojo. La coexistencia de las dos formas es el hecho, no su alternativa.

Lo que la palma hace al territorio

Más allá de la cuestión de la propiedad, el monocultivo transforma los ecosistemas en los que se instala. La Elaeis guineensis, aunque especie doméstica sujeta a mejoramiento genético para aumentar su producción de aceite, es planta introducida en América. Su expansión sobre coberturas vegetales naturales tiene consecuencias sobre la diversidad de especies endémicas. Los sistemas de drenaje que la plantación exige modifican los cursos hídricos y las cuencas naturales, desviando quebradas y creando zanjas de evacuación que trasladan el problema aguas abajo sin resolverlo. En el Magdalena Medio, expertos en recuperación de ciénagas han descrito cómo el monocultivo reemplaza el ambiente existente y elimina las especies incompatibles con él. En Tibú, en el Catatumbo, pobladores han expresado preocupaciones sobre el agua y sobre la seguridad alimentaria: un habitante recogió, en un taller de memoria de 2012, la observación de que la palma es un cultivo que a medida que crece desplaza a todos los demás. Donde entra la palma, salen la yuca, el plátano, el maíz de pancoger.

La política de biocombustibles añadió una paradoja. El sector palmero proyectaba, para determinadas instalaciones, dejar de emitir más de 500.000 toneladas de metano anuales desde el primer año de operación, con Certificados de Reducción de Emisiones cotizables en mercados de carbono en Europa, Japón y Estados Unidos. El cultivo que reemplazaba bosque húmedo tropical —y que en algunas de sus versiones más violentas talaba selva del Chocó biogeográfico— aparecía en las cuentas internacionales como parte de la solución climática. Empresas como Maderas del Darién, que aportó al Bloque Elmer Cárdenas entre veinte y treinta millones de pesos anuales desde el año 2000 y le permitió usar las frecuencias de sus antenas repetidoras, prepararon el terreno de esa transición aparentemente virtuosa mediante la tala previa.

La huella

La palma africana quedó, al cierre de este período, como el cultivo más ilustrativo de la ambigüedad estructural del sector agropecuario colombiano. Es el gremio más organizado, con Fedepalma como uno de los interlocutores privilegiados del Estado. Es el producto que llevó al país de importador a exportador y lo puso entre los primeros productores del mundo. Es la bandera de la política de biocombustibles y la promesa recurrente de sustitución de coca. Y es, simultáneamente, el nombre asociado a Curvaradó y Jiguamiandó, a las trece empresas señaladas en Urabá, al escándalo de Agro Ingreso Seguro, a la condena de un exministro de Agricultura, a treinta y nueve palmicultores condenados por apropiación ilegal de tierras.

El diseño mismo del cultivo —tres años sin ingresos, escala mínima de 3.000 hectáreas, extracción encadenada a la extractora, alianzas productivas con tierra en prenda— produce concentración incluso sin violencia; allí donde la violencia estuvo, esa concentración se hizo despojo; y el Estado, por acción y por omisión, legalizó lo despojado. La palma africana no es en Colombia un cultivo con problemas: es un cultivo cuyo problema es constitutivo, porque su lógica económica y su historia política se han entretejido de manera que separar las dos vetas requiere un trabajo de restitución que apenas comienza. Los 117 casos étnicos con solo 30 en juicio miden bien esa distancia.

Colombia siembra hoy palma en más regiones que nunca, exporta aceite y biodiésel, y discute en foros internacionales sobre sostenibilidad. En los mapas de restitución, sin embargo, siguen apareciendo los mismos nombres —Curvaradó, Jiguamiandó, Bajirá, Chivolo, María La Baja— con familias que no han vuelto. Los dos mapas se superponen sin cancelarse.