Acumulación por desposesión

Acumulación por desposesión es el nombre con el que David Harvey rebautizó, a comienzos de los años dos mil, un viejo mecanismo del capitalismo: la apropiación de bienes, tierras y recursos que estaban por fuera del mercado —o cuya circulación era comunitaria, estatal o consuetudinaria— para incorporarlos, por la fuerza o por la ley, al circuito de la ganancia privada. En la lectura clásica de Karl Marx esa violencia fundacional pertenecía a la "prehistoria del capital" y se agotaba en los siglos previos a la manufactura moderna. Harvey sostuvo lo contrario: la desposesión no es un episodio superado sino un dispositivo permanente que el capital reactiva cada vez que necesita nuevas fronteras de valorización.

En Colombia el concepto ha resultado especialmente productivo porque nombra con precisión lo que la historia agraria del país exhibe de manera casi didáctica: una concentración de la tierra que crece por ciclos, atravesada por leyes que se anuncian reformistas y terminan legalizando el despojo, por violencias que reordenan la propiedad y por un Estado que a veces administra, a veces consiente y a veces ejecuta la privatización de lo común. El coeficiente de Gini de la propiedad rural, que ya era altísimo en 1970 con 0,86, alcanzó 0,905 en 2014. En ese lapso el 0,2% de los predios pasó de controlar el 30,4% del área agropecuaria a controlar el 61,2%. En 44 años, mientras se hablaba de reforma agraria, restitución y modernización, la tierra se concentró más que en ningún ciclo previo.

De Marx a Harvey: la genealogía del concepto

En el primer tomo de El Capital (1867), Marx llamó "acumulación originaria" al proceso mediante el cual poblaciones enteras fueron reducidas violentamente a la condición de desposeídas, empujadas hacia las primeras ciudades y convertidas en fuerza de trabajo disponible para el capital naciente. La imagen es célebre: el capital viene al mundo "manando sangre por todos los poros". Marx distinguió allí entre capital variable —los salarios— y capital constante —maquinaria y materias primas— para sostener su tesis central: solo el trabajo humano crea valor nuevo. La acumulación originaria era el requisito histórico de esa maquinaria; sin desposesión previa no había proletariado, y sin proletariado no había plusvalor.

La lectura ortodoxa entendió esa fase como pretérita: una vez consolidado el capitalismo, las leyes del mercado bastarían para reproducir la separación entre trabajadores y medios de producción. Rosa Luxemburg fue la primera en cuestionar seriamente esa clausura al insistir en que el capital necesita permanentemente un afuera no capitalista del cual extraer recursos, mercados y tierra. David Harvey retomó y sistematizó esa intuición en The New Imperialism (2003) y en El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión (2004). Su gesto fue doble: renombró el proceso para desprenderlo de la connotación temporal —ya no es "originario" sino contemporáneo— y amplió su alcance para incluir las privatizaciones neoliberales, el cercamiento de bienes comunes, la financiarización, los desalojos por megaproyectos y la mercantilización de recursos naturales antes fuera del mercado. La acumulación por desposesión nombra, en Harvey, la manera en que el capital resuelve sus crisis de sobreacumulación abriendo nuevos frentes de mercantilización sobre lo que aún no era mercancía.

En la literatura colombiana el concepto encontró terreno fértil. Autores como Darío Fajardo, Absalón Machado y Héctor Mondragón han utilizado el marco marxista de la renta del suelo —desarrollado en el tomo III de El Capital— junto con las categorías leninistas de las vías de desarrollo capitalista —la "vía prusiana" desde arriba, con terratenientes reconvertidos en burgueses agrarios, frente a la "vía democrática" desde abajo, con campesinos propietarios— para leer el agro colombiano. La tesis compartida es contundente: Colombia nunca tuvo propiamente una revolución burguesa en el campo, y solo a partir de los años cincuenta del siglo XX empezó a transitar, de manera parcial y truncada, algo parecido al "camino junker". La imagen marxista del capital naciendo entre sangre ha sido retomada por la historiografía nacional para caracterizar el proceso de acumulación originaria local, asociado al surgimiento de una clase liberal-conservadora que instauró violencia y polarización social como método de gobierno del territorio.

La estructura agraria: concentración como punto de partida

La adjudicación de baldíos, columna vertebral del ordenamiento territorial republicano, se movió desde el siglo XIX entre dos tendencias contradictorias que jamás se equilibraron. De un lado, fomentar la colonización distribuyendo tierra a cultivadores efectivos; del otro, financiar al Estado central mediante la venta de títulos sobre grandes extensiones incultas. La segunda tendencia prevaleció casi siempre, y el resultado fue un complejo latifundio-minifundio que se convirtió en la matriz duradera de la estructura agraria colombiana.

El caso del Caquetá es paradigmático. Durante la época de formación de la gran hacienda caqueteña, las adjudicaciones en rangos de 501 a 1.000 y de 1.001 a 2.500 hectáreas concentraron la casi totalidad de la superficie asignada: apenas una cuarta parte del total de adjudicaciones se llevó más del noventa por ciento del área. En el otro extremo, los predios pequeños eran mayoría abrumadora —cerca de siete de cada diez adjudicaciones— pero se repartían una franja marginal del suelo, poco más del cuatro por ciento. Colonizar la frontera significó, en la práctica, adjudicar baldíos concentradamente a quienes tenían capacidad de gestionar el trámite en Bogotá, no a quienes desmontaban la selva con hacha y machete. La política de poblamiento de "tierras sin hombres" —expresión que ya venía del proyecto borbónico del siglo XVIII para las regiones santandereana y caribeña— produjo así lo contrario de una democratización: consolidó un patrón donde el "hombre sin tierra" resolvía su condición migrando a fronteras cada vez más lejanas, mientras la gran propiedad se anticipaba a su llegada.

La resistencia a este patrón tuvo focos específicos. En Popayán y Pasto, el aislamiento geográfico —cordilleras, cañones, ríos difíciles— permitió que los resguardos indígenas opusieran una defensa más eficaz frente a las leyes de desamortización decimonónicas. Los paeces, aliados del liberalismo regional, combinaron protestas, dilaciones legales, resistencia pasiva y negociación para conservar sus tierras comunitarias. Fue excepción, no regla. Como ha sostenido Salomón Kalmanovitz, en los años treinta el latifundio ganadero encabezó la resistencia contra las reformas sociales y agrarias, y la alianza entre terratenientes y Estado sobrevivió intacta a los cambios iniciados desde los años cincuenta.

Los datos censales confirman el diagnóstico. De 1.209.672 explotaciones registradas, 410.155 correspondían al rango de 5 a 100 hectáreas y poseían casi el 30% de las tierras. El resto se repartía entre una miríada de minifundios y un puñado de grandes propiedades que concentraban proporciones desmedidas del suelo agrícola. En los años ochenta, aproximadamente el 3% de la élite terrateniente poseía más del 71% de la tierra cultivable, mientras el 57% de los agricultores más pobres subsistía en menos del 3% del suelo. La colonización operó siempre como válvula de escape. Hubo dos oleadas principales: campesinos sin tierra que huían de las haciendas entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX, y campesinos que escapaban de La Violencia en los años cincuenta desde El Pato, Riochiquito y Marquetalia hacia Guaviare, Caquetá y Norte de Santander. Ambas mostraron que el Estado prefería exportar la conflictividad a las fronteras antes que redistribuir en el centro.

Los ciclos de reforma frustrada

La historia colombiana del siglo XX puede leerse como una sucesión de reformas agrarias anunciadas y desmontadas. La Ley 200 de 1936, promulgada durante el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, ordenó la reversión al Estado de tierras no explotadas económicamente. La disposición, considerada revolucionaria por sus adversarios, nunca se cumplió en la práctica: el latifundio ganadero encabezó la resistencia y las reacciones que suscitó contribuyeron al ambiente de polarización que desembocó en La Violencia.

Un cuarto de siglo después, la Ley 135 de 1961, aprobada bajo Alberto Lleras Camargo en el marco del Frente Nacional y las presiones reformistas de la Alianza para el Progreso, fue una reforma legal sin aplicación real. Entre 1960 y 1970 la concentración de la propiedad aumentó, las explotaciones menores de diez hectáreas disminuyeron en número y superficie, y el estrato de grandes propiedades —más de cincuenta hectáreas— creció simultáneamente en cantidad y área. La ley se aplicó donde no importaba y se archivó donde sí.

El intento más ambicioso vino con Carlos Lleras Restrepo. Su legislación enfatizó la dotación de tierras a arrendatarios y aparceros y apostó por la organización campesina como palanca de la reforma. De ahí surgió la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), creada por el propio Estado como respuesta al ascenso de movimientos insurgentes y al populismo de la ANAPO, y que muy pronto desbordó sus términos originales para poner en marcha la mayor movilización rural de la segunda mitad del siglo XX. La respuesta del establecimiento no se hizo esperar. El 9 de enero de 1972, en Chicoral, Tolima, durante la presidencia de Misael Pastrana Borrero, se firmó un pacto entre el gobierno y los gremios terratenientes que frenó el proceso reformista.

La Ley 6.ª de 1975, resultado directo del Pacto de Chicoral, se contrapuso en la práctica a los avances de 1936 y 1968: adjudicó la propiedad al aparcero o arrendatario solo después de diez años de trabajo continuo, un plazo diseñado para evitar la redistribución. La aparcería que se mantenía —con obligación de prestar servicios personales y pagar rentas en trabajo y en especie— fue caracterizada por Guillermo Perry en 1983 como de "rancia estirpe feudal". El efecto general del pacto fue duradero: dejó intacta la concentración de la tierra en las zonas agrícolas centrales, desplazó a los campesinos hacia colonizaciones periféricas e informales y empujó a los excedentes rurales hacia los barrios subnormales de las ciudades o hacia parcelas de pancoger insuficientes.

El patrón es tan constante que se convirtió en ley de la política agraria colombiana. La Ley 200 de 1936 generó reacciones que contribuyeron a La Violencia; la reforma de los años sesenta fue revertida por Chicoral; el punto 1 del Acuerdo de Paz de 2016 sobre Reforma Rural Integral —que contempla, entre otras cosas, un Fondo de Tierras para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y el cierre de la brecha campo-ciudad— resultó igualmente intolerable para sectores poderosos que se organizaron en la campaña del No. Cada vez que la reforma amenaza con volverse real, la contrarreforma la desactiva. Esa recurrencia es lo que impide leer la desposesión colombiana como episodio: es estructura.

Narcotráfico, paramilitarismo y despojo violento

Si el siglo XIX y buena parte del XX produjeron concentración por vía jurídico-administrativa, el ciclo que va de 1980 a 2010 la produjo por vía violenta y en una escala sin precedentes. Entre 1985 y 2013, más de 537.503 familias fueron despojadas de sus tierras o forzadas a abandonarlas. Entre 1995 y 2004, más de ocho millones de hectáreas fueron despojadas o abandonadas: una superficie equivalente al tamaño de Austria o a cincuenta veces la de Bogotá. De los 6,6 millones de hectáreas perdidas o abandonadas entre 1980 y 2010, el 79,3% corresponde al periodo 1998-2008, coincidente con la consolidación y desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El proceso combinó violencia física con uso ilegal o fraudulento de figuras jurídicas y administrativas: notarías, actos administrativos, sentencias, adjudicaciones y readjudicaciones. Esta articulación entre fuego y papel es la marca distintiva del despojo paramilitar. Las AUC contaron con la complicidad de servidores públicos —notarios y funcionarios del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) y su sucesor, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER)— para legalizar tierras usurpadas mediante documentos falsos y readjudicaciones irregulares a familiares y testaferros de comandantes paramilitares.

La geografía del despojo dibuja el mapa de la reconfiguración territorial colombiana. Los primeros focos —Urabá, sur de Córdoba, Magdalena Medio, zonas esmeralderas de Boyacá— estuvieron vinculados a las compras masivas de tierra por narcotraficantes en los años ochenta. Solo en Córdoba, los narcotraficantes compraron tierras en los 22 municipios del departamento, con presencia antioqueña sobre todo en Montería, Canaleté, Planeta Rica, Tierralta y Valencia, y presencia caleña en Ayapel, Buenavista, Montelíbano y Pueblo Nuevo. Desde la segunda mitad de los años noventa, la dinámica se expandió al resto del Caribe, particularmente a los Montes de María y al corredor minero del Cesar.

Los casos judicializados permiten ver la maquinaria en detalle. En el Cesar, parcelas de reforma agraria adjudicadas por el INCORA en 1997 —entre ellas las parcelas 6, 9, 1, 45 y 48 del predio El Prado— fueron traspasadas por el INCODER a familiares de David Hernández, alias Treintainueve, comandante del Frente Mártires del Cesar de las AUC, y a otros testaferros de comandantes paramilitares; esas parcelas fueron después vendidas a empresas multinacionales. En el Magdalena, la Fiscalía abrió investigaciones contra funcionarios del INCORA/INCODER —incluyendo al exgerente regional José Fernando Mercado Polo y al jefe de Cartera Francisco Solano Díaz— por al menos 36 casos de readjudicaciones irregulares en las veredas Bejuco Prieto y El Encanto del municipio de Chivolo, en un contexto en el que los grupos paramilitares expulsaron a campesinos para "legalizar y englobar terrenos". En Tibú, Catatumbo, un campesino desplazado testificó haber sido amenazado con armas, golpeado y obligado a presentarse al INCORA a firmar documentos cuyo contenido no pudo verificar.

Los beneficiarios del despojo fueron heterogéneos: hacendados y ganaderos tradicionales, narcotraficantes en proceso de "lavado territorial", empresarios e inversionistas agroindustriales y minero-energéticos. Salvatore Mancuso, comandante paramilitar, reconoció que el objetivo de la recuperación de tierras por parte de las AUC era "devolvérsela a los empresarios" —fórmula que ha servido para señalar la existencia de intereses económicos privados ajenos a los grupos armados como beneficiarios estructurales del proceso—. El paramilitarismo, además, adquirió participación directa en el sistema político precisamente en su rol de despojador: la parapolítica es la cara institucional de esa conexión orgánica entre violencia exterminadora, competencia electoral y especificación de derechos sobre la tierra.

Los datos del Gini municipal permiten cuantificar el efecto. En los municipios con presencia de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) el promedio de concentración predial fue de 0,69; en los de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá (ACPB), de 0,64. Veintidós de los 39 municipios con presencia de las ACMM registraron un Gini superior a 0,70. Entre 2002 y 2009 hubo un incremento del 2,5% en la concentración de la tenencia en el 57% del territorio nacional. Uno de cada cien predios controla hoy más del 80% del área agropecuaria del país; el 99% restante se reparte el 20%. En 2016, Oxfam ubicó a Colombia en el primer lugar de desigualdad en la distribución de la tierra en América Latina, por encima de Perú, Chile y Paraguay. En 2021, el Banco Mundial lo situó entre los cinco países más desiguales del mundo en concentración de tierras.

Agroindustria, extractivismo y desposesión contemporánea

El despojo violento no fue un fin en sí mismo. En muchas regiones funcionó como fase preparatoria de una reconfiguración productiva. La acción paramilitar coincidió territorialmente con la expansión del latifundio ganadero y con la instalación de proyectos agroindustriales y minero-energéticos. En Urabá, Córdoba, Montes de María y Magdalena, el desplazamiento forzado precedió o acompañó la siembra de palma africana, acacia, teca y banano, y la apertura de infraestructura minera. En el Bajo Atrato y el Pacífico, la imposición de la palma sobre territorios de comunidades afrodescendientes e indígenas estuvo acompañada de masacres, desapariciones, asesinatos selectivos, tortura y desplazamientos atribuidos a narcoparamilitares y a miembros de la fuerza pública.

La lógica económica que sostiene esa expansión es medible. Según Fedepalma, la industria palmera colombiana requiere una escala mínima de 3.000 hectáreas para alcanzar rentabilidad, umbral que empuja estructuralmente hacia la concentración. Las alianzas productivas entre grandes compañías y pequeños cultivadores, presentadas como esquemas de inclusión, trasladan a estos últimos los riesgos: deben asumir durante tres años la preparación del terreno y el mantenimiento sin recibir ingresos, recurriendo casi siempre a créditos que los atan a la empresa ancla.

El extractivismo minero-energético opera con dispositivos análogos. El gobierno colombiano redujo las regalías del carbón a instancias del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, lo que permitió que las empresas extranjeras retuvieran una mayor proporción de la riqueza extraída sin que las comunidades rurales locales percibieran contraprestaciones equivalentes. En Putumayo, las nuevas empresas petroleras que operaron tras la salida de Texaco desconocieron los derechos territoriales de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas bajo los mismos parámetros de apropiación de su predecesora.

En este ciclo, el discurso administrativo cumple una función precisa: la clasificación de tierras como "marginales", "vacías", "baldías" o "frontera agraria" opera como mecanismo de legitimación para desposeer a comunidades que carecen de títulos formales pero ejercen posesión efectiva y ancestral. La palabra técnica hace lo que antes hizo la palabra jurídica: convertir en disponibles territorios que estaban ocupados.

El despojo de los territorios étnicos

Sobre los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, la acumulación por desposesión operó con una violencia diferencial. La Ley 55 de 1905 despojó legalmente a comunidades indígenas mediante la adjudicación de "baldíos" a terceros sobre territorios de posesión ancestral. La Ley Segunda de 1959, sobre economía forestal, declaró zonas de reserva los terrenos baldíos en un contexto en el que buena parte de los territorios indígenas ya había sido afectada por titulaciones previas a favor de particulares. El derecho republicano, en materia étnica, avanzó durante casi un siglo por sustracción: cada nueva figura administrativa consolidaba un despojo ya consumado.

El reconocimiento constitucional llegó tarde y limitado. El artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993 consagraron la propiedad colectiva de los territorios de las comunidades negras como derecho inalienable, inembargable e imprescriptible, en figura análoga a la de los resguardos indígenas. Pero el reconocimiento formal no detuvo el despojo; en muchas regiones lo aceleró, al volver más urgente para actores armados y agroindustriales apropiarse del suelo antes de que fuera titulado colectivamente. El plazo entre la ley y su aplicación se convirtió, así, en ventana de oportunidad para el despojador.

Al pueblo nasa, el Estado prometió tierras como reparación por la masacre del Nilo en 1991; para 2012 se habían adquirido 13.906 hectáreas en dieciséis predios, pero ninguna había sido legalizada bajo título de resguardo, lo que dejó esas tierras fuera de la protección constitucional indígena. La reparación, sin la figura jurídica adecuada, quedó a mitad de camino: hectáreas entregadas pero desprotegidas, disponibles para ser disputadas de nuevo.

En el Pacífico nariñense, la lideresa afrodescendiente de la Asociación Campesina del Patía (ACAPA), acompañada por la hermana Yolanda Cerón, logró la titulación colectiva de 95.000 hectáreas en Tumaco, Francisco Pizarro y Mosquera. Yolanda Cerón fue posteriormente asesinada por grupos paramilitares. La secuencia condensa el patrón regional: la titulación colectiva se conquistó al precio de la vida de quienes la lideraron, y la protección jurídica del territorio convivió con la eliminación física del liderazgo que la había impulsado. El 63,24% de las mujeres afrocolombianas en situación de desplazamiento encuestadas en Cartagena, Cali, Quibdó, Tumaco y Bogotá recibieron amenazas de muerte bajo la condición explícita de desocupar las tierras que habitaban. La amenaza, aquí, es también un instrumento de política agraria.

El despojo de los territorios étnicos revela con especial claridad la convergencia entre conflicto armado y proyectos agroindustriales y mineros. La propiedad comunitaria, jurídicamente inalienable, no fue barrera suficiente frente a la coalición de intereses que empujaba en dirección contraria. Y, sin embargo, esos mismos marcos jurídicos —el artículo transitorio 55, la Ley 70— se convirtieron en herramientas de resistencia: en la región Caribe se han constituido 42 consejos comunitarios negros que han fortalecido los procesos organizativos frente a intereses económicos y armados. La misma ley que llegó tarde y produjo ventanas de despojo abrió también, allí donde las comunidades pudieron apropiársela, un piso mínimo desde el cual resistir.

El derecho como instrumento del despojo

Uno de los aportes más nítidos del enfoque de la acumulación por desposesión aplicado a Colombia es el reconocimiento del papel activo del aparato jurídico-institucional en la producción del despojo. No se trata solo de que el Estado no proteja: en muchos episodios documentados, funcionarios públicos operan como parte de la maquinaria despojadora.

La complicidad de servidores del INCORA/INCODER en readjudicaciones irregulares del Cesar y del Magdalena; los notarios que registraron miles de hectáreas usurpadas facilitando la creación de empresas para explotarlas en agroindustria, minería e infraestructura; las firmas obtenidas bajo amenaza y coacción física en oficinas públicas, como testificó el campesino de Tibú; las órdenes de "legalizar y englobar terrenos" reportadas por desmovilizados en el Magdalena: todo compone un patrón donde el papel sellado consuma lo que las armas empezaron.

La Ley 1182 permitió a poseedores con títulos registrados como "falsa tradición" sanear sus derechos ante jueces civiles y, aunque prohibió su aplicación en casos de éxodo forzado, en la práctica las víctimas del despojo no pueden acreditar sus derechos por carecer de títulos inscritos en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. El derecho asume una asimetría probatoria que favorece al despojador. Bajo la Ley de Justicia y Paz de 2005, los líderes paramilitares confesaron miles de homicidios a cambio de reducción de penas, pero las limitaciones de esas confesiones dejaron amplias zonas oscuras sobre los mecanismos precisos del despojo de tierras.

La definición institucional colombiana del despojo lo describe como la acción por la cual una persona es privada de su propiedad, posesión u ocupación mediante proceso judicial, acto administrativo o circunstancias relacionadas con el conflicto armado, con la intención de apropiarse del bien. La fórmula es reveladora: pone en el mismo plano al juez, al funcionario y al hombre armado. Los tres pueden hacer lo mismo.

Resistencias y restituciones

La contracara de la desposesión es una tradición de resistencia enraizada en la sobreposición histórica de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes con formas diversas de apropiación y control del espacio. La ANUC —creada por el Estado en el gobierno Lleras Restrepo y desbordada por sus bases hacia la acción directa en los años setenta— es su expresión más conocida. Del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), fundado en 1971, salió una escuela política que inspiró la creación de organizaciones análogas en Caldas y Risaralda —Cridec y CRIR— ante las diferencias entre la visión indígena del territorio y la visión predominantemente agrarista de la ANUC. La distancia entre ambas concepciones no fue menor: mientras la ANUC pensaba la tierra como medio de producción a redistribuir, el CRIC introdujo la categoría de territorio como sustrato de autonomía política, cosmovisión y jurisdicción propia.

Ante situaciones extremas de reconfiguración territorial, las comunidades han creado espacios propios: Comunidades de Paz, Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad. Son figuras autoprotectivas que buscan preservar arraigos y recomponer lazos donde el Estado no llega o llega mal. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Urabá, y las Zonas Humanitarias del Curvaradó y Jiguamiandó, en el Chocó, muestran hasta qué punto la resistencia territorial ha tenido que inventar sus propias categorías cuando las estatales fallan.

En el paro nacional agrario de 2013, campesinos, indígenas y afrodescendientes articularon reivindicaciones que reiteraban las del paro de 1977 y las de las marchas cocaleras de 1996: sustitución de cultivos de uso ilícito con garantías de productividad y comercialización de alternativas legales. La repetición del pliego a lo largo de cuatro décadas es en sí misma un dato sobre la duración de los problemas y la sordera de las respuestas. En el resguardo de López Adentro, en el Valle del Cauca, la recuperación conjunta de tierras históricamente ocupadas por la agroindustria cañera dio lugar a una convivencia entre comunidades con concepciones distintas sobre la tenencia y el uso del suelo. Son ensayos de coordinación entre sujetos históricamente separados por la propia geografía del despojo, y prefiguran, en escala local, la política agraria que las reformas nacionales han fracasado en construir.

El Acuerdo Final de 2016 entre el Estado y las FARC-EP incluyó en su punto 1 una Reforma Rural Integral que contempla un Fondo de Tierras para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y la erradicación de la pobreza rural extrema. La reacción que suscitó replicó los patrones de resistencia terrateniente que habían bloqueado la Ley 200 de 1936 y la reforma de Lleras Restrepo. La derrota del plebiscito de 2016 y la subsiguiente renegociación del acuerdo dejaron el punto 1 vivo en el papel pero anémico en la implementación. Entre 2000 y 2015, el coeficiente de Gini de tierras aumentó en 21 de 31 departamentos: mientras se negociaba y se firmaba el mayor acuerdo agrario de la historia reciente, la concentración seguía creciendo en dos tercios del país.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011 estableció un procedimiento administrativo y judicial para devolver predios despojados o abandonados forzadamente a partir de 1991. Su implementación tropezó desde el inicio con la persistencia de los intereses que produjeron el despojo: líderes reclamantes asesinados, opositores administrativos que retrasan los fallos, jueces sobrecargados, presencia de nuevos actores armados en los territorios a restituir. La distancia entre las hectáreas solicitadas y las efectivamente restituidas mide, mejor que cualquier discurso, la asimetría entre la promesa reparadora y la maquinaria que la resiste.

Concepto y proceso: qué revela y qué no

La utilidad analítica de la acumulación por desposesión para leer a Colombia es evidente: nombra con precisión la continuidad entre la privatización colonial de baldíos, la contrarreforma agraria del siglo XX y el despojo armado-agroindustrial contemporáneo. Muestra que el capitalismo colombiano no dejó atrás la acumulación originaria: la reactivó cíclicamente. Y ofrece un vocabulario común para entender fenómenos que la historiografía tradicional separaba —el latifundio decimonónico, el conflicto armado interno, las privatizaciones neoliberales, el extractivismo— como partes de un mismo mecanismo estructural.

Pero el concepto tiene sus límites, y la evidencia colombiana obliga a nombrarlos. El despojo no siguió una lógica capitalista coherente y planificada desde arriba. La colonización periférica funcionó también como válvula de escape que el propio Estado promovió para descomprimir conflictos agrarios sin redistribuir. Los beneficiarios del despojo paramilitar fueron heterogéneos, con motivaciones contrainsurgentes entrelazadas con las económicas y sin un sujeto capitalista unitario que dirigiera la operación. Las élites terratenientes, un Estado débil o cooptado y actores violentos con agendas dispares coincidieron una y otra vez sobre los mismos territorios sin que nadie estuviera moviendo desde afuera todas las piezas. Esa recurrencia sin dirección única es lo que conviene llamar convergencia contingente antes que plan: la continuidad del despojo colombiano se explica menos por la lógica pura del capital que por esa coincidencia repetida de intereses y actores que no necesitaba coordinarse para producir el mismo resultado.

Y el resultado acumulativo es inequívoco. La reconcentración producida entre 1998 y 2008, cuando el 0,2% de los predios pasó a controlar más del 60% del área agropecuaria, constituye una ruptura cualitativa respecto a la concentración colonial-republicana. La articulación orgánica entre paramilitarismo, narcotráfico, funcionarios del INCORA/INCODER y agroindustria transnacional logró en una década lo que ningún ciclo anterior había alcanzado. El periodo neoliberal colombiano no es una simple repetición del patrón histórico: es un momento distinto, más denso, de acumulación por desposesión.

Leer a Colombia con este concepto obliga a mirar el capitalismo del país no como un modelo que aún no se ha modernizado sino como uno cuya modernidad consiste precisamente en la reactivación permanente de la desposesión. La tierra, aquí, no es un mercado consolidado con reglas estables: es una frontera abierta que las élites vuelven a cercar cada generación, con las herramientas de cada época —la ley republicana, el pacto contrarreformista, la resolución administrativa, el proyecto extractivo—. Colombia no es un país inacabado que aún deba hacer su reforma agraria, sino un país cuyo régimen de propiedad se ha reproducido, ciclo tras ciclo, mediante un mecanismo específico y documentable. Ese diagnóstico —y no la metáfora del atraso— fija el terreno donde cualquier política redistributiva tendrá que dar la pelea: contra la maquinaria concreta que ha convertido cada intento de reforma en ocasión para una nueva contrarreforma.