Tierralta

Un municipio de frontera en el Alto Sinú

El río Sinú nace en las estribaciones del cerro de Paramillo, dentro del parque natural que lleva su nombre; su curso principal brota en el cerro de León, a 3.200 metros, en la hoya montañosa que encierran las serranías de Abibe, al occidente, y San Jerónimo, al oriente. Ese anfiteatro es el Alto Sinú: una unidad geográfica diferenciada, húmeda, boscosa, articulada por tres corrientes —el curso principal, el Verde y el Esmeralda— que confluyen antes de la Cerrazón de Urrá. Allí, en ese estrangulamiento entre serranías, termina el Sinú montañoso y comienza el Sinú de planicie, con sus haciendas ganaderas, sus pueblos de vida lacustre y su complejo de ciénagas —Betancí, Ciénaga Grande, Tinajones— aguas abajo.

Tierralta ocupa el centro de ese Alto Sinú. Su cabecera se asienta sobre el río, a las puertas de la montaña, y su jurisdicción se prolonga hacia el sur cubriendo corregimientos como Frasquillo, Crucito, Batata y Saiza, en dirección al Nudo de Paramillo. El Nudo mismo, articulación de la cordillera con la llanura caribe, es la clave geográfica del municipio: de él bajan las aguas que fertilizan el valle, y por él pasan las rutas que comunican el bajo Cauca antioqueño y partes del Chocó con las salidas al mar por el Golfo de Urabá y la costa cordobesa. Esa doble condición —santuario ecológico y encrucijada de caminos— explica por qué el territorio ha sido, a la vez, reserva biológica y corredor estratégico, hogar de tigrillos y cabecera de guerras.

Sin el río no se comprende nada de Tierralta. Es su arteria, su frontera, su historia de largo aliento y también su recurso disputado. El río explica el poblamiento zenú prehispánico, el asentamiento colonial, la ganadería moderna y, en el último medio siglo, la decisión estatal de represarlo.

Los zenúes y los tres reinos

Antes de la conquista, la región del Sinú albergó una de las sociedades más densas y organizadas del norte del actual territorio colombiano. Los zenúes ocuparon la cuenca del río y sus afluentes con una economía basada en la ingeniería hidráulica: sus obras de riego, todavía legibles en el paisaje del bajo Sinú, evidencian la presión de una población numerosa y una notable capacidad de gestión colectiva del agua. El geógrafo Gordon estimó, con base en argumentos económicos, ecológicos y geográficos, que la población zenú pudo aproximarse al millón de habitantes antes del contacto europeo: una estimación, no un dato firme, pero suficiente para calibrar el orden de magnitud de aquella sociedad.

Los cronistas hablaban de tres reinos o provincias; entre ellas se mencionan con claridad el Finzenú y el Panzenú, articulados por relaciones de comercio y especialización regional. Los zenúes eran orfebres refinados: Fernández de Enciso registró que mezclaban oro con plata, y de sus cámaras funerarias proceden anillos para la nariz, collares y filigranas trenzadas en espiral. Para ellos, el oro no era moneda sino fuente de poder numinoso, símbolo de eternidad vinculado a la energía solar; por eso lo enterraban con sus muertos.

Cuando Pedro de Heredia entró a conquistarlos en 1534, encontró una población ya diezmada por epidemias, probablemente propagadas por contactos indirectos previos con los españoles. La consecuencia inmediata de esa entrada no fue solo el pillaje de combate, sino algo distinto y de más largo aliento: el saqueo sistemático de las sepulturas indígenas. Aquella explotación —la primera empresa económica española en la región que no dependía del enfrentamiento militar— fue, en escala modesta, el preludio de la futura economía minera colonial. El oro ritual de los zenúes se convirtió en el primer capital extraído del Sinú.

La conquista no exterminó a la población. Todavía hoy sobreviven descendientes zenúes en la región, y en las montañas del Alto Sinú se consolidó, o se preservó, la presencia del pueblo emberá katío. A mediados del siglo XIX, el residente francés Luis Striffler, en uno de sus recorridos por el río, registró que Montería era todavía "el último pueblo civilizado" antes de entrar en territorio emberá: la frontera indígena empezaba, entonces, justo donde comienza el actual municipio de Tierralta.

De colonos, madereros y antioqueños: la formación del latifundio

La colonización moderna del Alto Sinú se produjo en oleadas superpuestas durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Antes que los grandes hacendados llegaron las compañías extranjeras, atraídas por los bosques de maderas finas y los aluviones auríferos: fue esa incursión empresarial la que abrió trochas, montó infraestructuras rudimentarias y produjo los primeros títulos de tierra en zonas hasta entonces indígenas o baldías.

Sobre esa base, y no en un vacío, se montó la colonización antioqueña. La familia Ospina, de linaje empresarial paisa, compró en 1913 la hacienda Marta Magdalena a los franceses; en 1920, los Ospina Vásquez extendieron su presencia sobre las haciendas Santa Helena y Cañaflecha. Cada una de esas operaciones —modestas si se leen aisladas, decisivas si se leen en serie— trastocó las relaciones sociales tradicionales del valle e introdujo una lógica hacendataria moderna, más orientada al pasto y al ganado que a la agricultura de subsistencia. Otras familias antioqueñas, enriquecidas por la minería y el comercio, siguieron esa ruta, y algunos observadores han querido leer en ese movimiento una de las condiciones que hicieron pensable, en 1951, la creación del departamento de Córdoba como entidad separada de Bolívar, aunque la relación entre ambos procesos es de afinidad más que de causa directa.

El resultado, hacia mediados del siglo XX, fue una configuración sociodemográfica particular: Córdoba, y con él Tierralta, recibió flujos tanto de colonizadores antioqueños como de la costa Caribe, y quedó marcado por una mezcla que lo diferencia de sus vecinos Sucre y Bolívar. Esa mezcla se expresó, sobre todo, en la ganadería. Entre 1950 y 1976, la zona norte del país —Urabá, valles del San Jorge, del Atrato, del Sinú y del Bajo Cauca— pasó de 6,8 millones a 12 millones de cabezas de ganado, con una tasa de crecimiento anual del 2,8 %, la mayor del país. En el valle del Sinú, cerca del 75 % de las praderas terminaron sembradas en pastos Pangola y Pará. Tierralta, con sus tierras de piedemonte y sus corredores hacia la montaña, participó activamente de esa expansión.

Pero la expansión no fue pacífica. Ya en 1932, grupos organizados de entre cien y trescientos campesinos invadieron latifundios en varios municipios del Sinú, y el alcalde de Montería alertó al gobernador de que "el problema de dominio y posesión de la tierra" se presentaba "con caracteres alarmantes". Esa frase, escrita décadas antes de las guerras contemporáneas, resume una tensión estructural del municipio: la coexistencia, en el mismo suelo, del latifundio ganadero, del colono sin título y de comunidades indígenas cuya presencia el derecho apenas empezaba a reconocer.

El río represado: Urrá y los emberá katío

En la Cerrazón de Urrá, ese punto donde el río se estrecha entre las últimas estribaciones montañosas, la geografía ofrece una condición óptima para levantar una gran represa: un embudo natural, un caudal robusto alimentado por tres corrientes, laderas firmes en los flancos. Esa evidencia técnica fue la matriz del proyecto hidroeléctrico Urrá, concebido en dos fases —Urrá I y Urrá II— para aprovechar íntegramente el caudal del Sinú.

Las obras civiles de Urrá I comenzaron en 1993. El propietario fue la Empresa Multipropósito Urrá S.A. ESP, sociedad anónima de servicios públicos, y la construcción quedó a cargo del consorcio sueco-colombiano SKANSKA-CONCIVILES. El costo final ascendió a 800 millones de dólares —frente a los 600 millones inicialmente proyectados—, con una estructura de financiación mixta en la que el Estado aportó el 52 % y el resto quedó en manos privadas. El precio por kilovatio instalado terminó en 2.350 dólares, muy por encima del rango eficiente internacional de 1.100 a 1.350. La represa fue inaugurada el 1 de julio del 2000, con una altura de presa de 73 metros, capacidad instalada de 340 megavatios y un área inundada de 7.400 hectáreas.

Detrás de esas cifras había un pueblo. Desde 1993, año en que arrancaron las obras, los emberá katío del Alto Sinú manifestaron su oposición al proyecto. Su cultura y su organización social no admitían separar el territorio del ecosistema: afectar una parte del río era afectar el equilibrio de toda la comunidad, y una represa que interrumpía cursos, inundaba selvas y cortaba rutas migratorias de peces —el bocachico entre ellos— no era, para ellos, un dato técnico sino una herida ontológica. La resistencia combinó demandas, tutelas, audiencias públicas y una internacionalización del caso: organizaciones como Global Response, Amnistía Internacional y Survival International sumaron a los emberá a una red de denuncia junto a otras luchas indígenas latinoamericanas.

Esa lucha tuvo victorias. El 23 de abril del 2000, semanas antes de la inauguración de Urrá I, los emberá katío lograron dos conquistas jurídicas nada menores: la inclusión de nuevos territorios en su resguardo y la suspensión del proyecto Urrá II. La represa mayor ya estaba hecha; la segunda quedó frenada. Fue, en la escala de lo posible, un triunfo real: la frontera no se cerró de una sola vez ni sin fisuras.

Pero el costo fue devastador. El Estado, por vía ejecutiva y judicial, avaló el desconocimiento de los derechos territoriales colectivos del pueblo emberá katío e impuso, en su lugar, una figura de resarcimiento monetario por familias. La Ley 99 de 1993, en su artículo 76, protege la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas frente a la explotación de recursos naturales; en el caso de Urrá, esa protección fue sustituida por una lógica individualizante que ignoró el sistema colectivo del pueblo. La consecuencia, medida en el largo plazo, ha sido profunda: la indemnización por familias erosionó la cohesión política y cultural de los emberá, y las nuevas generaciones —beneficiarias directas del dinero y no del territorio— han tendido a desconocer los sistemas de propiedad y producción colectivos que definían a su pueblo. Ese proceso, si no se revierte, apunta hacia la extinción cultural.

En el río, los daños fueron igualmente medibles. El proyecto interrumpió por completo la ruta migratoria del bocachico (Prochilodus), aislando poblaciones aguas arriba y aguas abajo del frente de presa. Aguas abajo se detectó un empobrecimiento genético de las poblaciones naturales y la aparición de variantes atribuibles a los programas de repoblamiento: linajes exógenos que, con la mejor intención, alteraron la base biológica del río. Lo que en el mapa aparece como un embalse de 7.400 hectáreas fue, para el ecosistema, una amputación.

El asesinato de Kimy Pernía y la maquinaria del despojo

El símbolo más pesado de aquella resistencia y de su costo fue Kimy Pernía Domicó. Líder emberá katío, cabeza visible de la oposición organizada contra Urrá, Pernía articuló la denuncia jurídica con la protesta pública y con la interlocución internacional. Su desaparición forzada y posterior homicidio, ejecutados por estructuras paramilitares, no fueron un episodio aislado sino la consecuencia previsible de un patrón deliberado.

Años después, ante Justicia y Paz, Salvatore Mancuso reconoció la responsabilidad de las AUC en la desaparición y muerte de Kimy Pernía. En su testimonio explicó, además, la lógica del ataque: los golpes contra las comunidades indígenas estuvieron orientados a debilitar sus procesos organizativos y a facilitar los espacios de negociación y consulta previa con la empresa Urrá y con el Estado. La violencia paramilitar operó, en este caso, como servicio auxiliar del megaproyecto: eliminar interlocutores para reducir el costo político de la obra.

El testimonio de Mancuso reveló otro nivel del engranaje. Según él, el Ejército Nacional acusaba a las víctimas indígenas de ser guerrilleras y, en el intercambio de información establecido con las AUC en Córdoba, se compartieron censos poblacionales de las comunidades. Ese detalle desmiente cualquier lectura del asesinato de Kimy Pernía como acto de un actor privado autónomo: la información fluía entre agentes estatales y estructuras paramilitares, y el señalamiento —"guerrillero"— era la fórmula burocrática que autorizaba el crimen. Consulta previa, censos militares e indemnización individual formaron, así, un mismo dispositivo.

El Nudo de Paramillo, corredor de guerras

Nada de lo anterior puede explicarse sin la geografía. El Nudo de Paramillo es, según lo reconoció un excomandante de las AUC, una "estrella" de corredores fluviales y terrestres que conecta Antioquia, Córdoba, Chocó y Bolívar. La ausencia de vías internas transitables por la fuerza pública convirtió esa condición de nodo en ventaja estratégica para los grupos armados ilegales: quien controlaba el Nudo controlaba las rutas.

Sobre esa base geográfica se montó el paramilitarismo del sur de Córdoba. Desde finales de los años ochenta, en el sur del departamento y en Urabá, se articuló una alianza entre la compra de tierras e infraestructura del negocio de la coca —impulsada por el Cartel de Medellín y por los hermanos Castaño Gil, Fidel y Carlos—, una fuerte ofensiva contraguerrillera de las fuerzas militares dirigida especialmente contra el EPL, y el apoyo activo de élites locales, hacendados y ganaderos resentidos por la extorsión de las guerrillas. Los grupos paramilitares que emergieron en Córdoba, Sucre y Bolívar —región marcada por un agudo conflicto entre campesinos sin tierra y grandes ganaderos— fueron dirigidos inicialmente por Fidel Castaño Gil.

En la segunda mitad de los años noventa, los enfrentamientos entre paramilitares y FARC se intensificaron en la Serranía del Abibe, dentro del Nudo de Paramillo, en las zonas montañosas de Valencia, Montelíbano y Tierralta. Los objetivos paramilitares eran precisos: arrebatar a la guerrilla el control del cultivo de coca y consolidar un corredor estratégico que comunicara el bajo Cauca, parte del Magdalena Medio e incluso el Catatumbo con las salidas al mar por el Golfo de Urabá y la costa cordobesa. Sobre el terreno operaron los bloques Héroes de Tolová, Córdoba —también conocido como Sinú—, Mineros y Bananero.

La estrategia estaba escrita. Un documento político de las AUC de 1997 planteaba con crudeza el método: "limpiar" zonas rurales mediante matanzas ejemplares e indiscriminadas para sembrar terror y desplazar a la población que simpatizara con las guerrillas. La estabilización del paramilitarismo en el Nudo de Paramillo se financió, así, por la doble vía del control de economías ilegales y del desplazamiento forzado, con el corolario predecible de la apropiación de tierras.

Santa Fe de Ralito y la ambición de refundar el Estado

El poder acumulado por las AUC en el Nudo de Paramillo tenía que traducirse, tarde o temprano, en política. El escenario elegido para esa traducción fue Santa Fe de Ralito, un corregimiento del propio municipio de Tierralta.

Allí, en julio de 2001, se firmó el llamado Pacto de Ralito. El documento reunió a jefes paramilitares de las AUC con más de cincuenta políticos entre senadores, congresistas, alcaldes y gobernadores. Su propósito declarado era "refundar el Estado": construir un proyecto político financiado desde el narcotráfico que, partiendo de la región Caribe y del Bloque Norte, se expandiría al conjunto del Estado colombiano. La traducción del poder territorial paramilitar en influencia legislativa y ejecutiva era la etapa lógica que seguía al control militar del territorio.

Entre los firmantes locales figuraron el alcalde de Tierralta, Sigifredo Senior, y su secretario de Planeación, Marciano Argel, junto con otros alcaldes y funcionarios de Córdoba. La sede misma del pacto —un corregimiento del municipio— no fue casualidad: en Tierralta el paramilitarismo tenía retaguardia, protección y tejido político local. El pacto contravino, sin embargo, los intereses de Carlos Castaño, quien ya se había distanciado de los propósitos del Bloque Norte, un bloque fuertemente empoderado y alejado del propósito paramilitar original.

Dos años después, el mismo lugar cambió de función. En julio de 2003, el Gobierno nacional, representado por el alto comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, suscribió con los jefes de las AUC el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, mediante el cual las autodefensas se comprometieron a desmovilizar la totalidad de sus miembros y ratificaron el cese de hostilidades. Los acercamientos previos habían pasado por reuniones exploratorias en la hacienda Jaraquiel, en los límites entre Córdoba y el Urabá antioqueño, con participación de Salvatore Mancuso, Carlos Castaño, Freddy Rendón y la mediación de obispos católicos.

Para operativizar el proceso, el gobierno colombiano estableció en Santa Fe de Ralito una zona de concentración de 368 kilómetros cuadrados donde reubicar a los paramilitares desmovilizados y adelantar las negociaciones formales, que iniciaron en mayo de 2004. La Organización de Estados Americanos fue designada para verificar la desmovilización. Entre noviembre de 2004 y diciembre de 2005, más de veinte grupos de las AUC —más de trece mil combatientes— se desmovilizaron en el marco del proceso. Fue un desarme masivo, pero también controvertido: los paramilitares eran responsables de aproximadamente el 70 % de las violaciones de derechos humanos documentadas en Colombia y estaban directamente involucrados en el narcotráfico.

Tierralta fue, así, dos veces sede: primero del pacto que pretendía capturar el Estado, después del acuerdo que buscaba desmovilizar a sus firmantes. Entre 2001 y 2005, el municipio concentró en sus corregimientos —Ralito, Jaraquiel en el borde— las dos caras del mismo proyecto paramilitar: su ambición de convertirse en poder político y su repliegue negociado bajo custodia estatal e internacional.

Después de la desmovilización: nuevos actores, viejos corredores

La desmovilización no cerró el ciclo. El paramilitarismo mutó en estructuras herederas —las llamadas bandas criminales o grupos armados organizados, entre ellas las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)— que retomaron corredores, economías ilegales y capacidades de coerción sobre el territorio. En octubre de 2008, las AGC decretaron un paro armado con repercusión en Puerto Libertador y Tierralta, varios municipios de Urabá, el bajo Cauca antioqueño y la Costa Caribe: la señal de que los flujos geográficos que las AUC habían controlado seguían siendo, para las estructuras sucesoras, tan valiosos como antes.

Los corregimientos altos del municipio —Crucito, Batata, Saiza, la línea que sube hacia el Paramillo— siguen siendo, todavía hoy, zonas de disputa. La coca, el oro, las rutas hacia Urabá y hacia el bajo Cauca alimentan una economía ilegal cuya lógica sigue la traza geográfica que describió, con claridad casi cartográfica, aquel excomandante paramilitar: donde no hay vías, no hay Estado; donde no hay Estado, hay renta armada.

Memoria de un municipio bisagra

Tierralta condensa, en un solo territorio, una historia larga y coherente. La primera empresa económica española en el Sinú fue el saqueo de las sepulturas zenúes; cinco siglos después, el Estado colombiano avaló el desconocimiento de los derechos colectivos emberá y sustituyó el territorio por indemnizaciones individuales. Entre uno y otro extremo se despliega un patrón: la conversión sistemática de bienes colectivos indígenas y campesinos en recursos apropiables por actores externos —conquistadores, compañías extranjeras, familias antioqueñas, empresas hidroeléctricas, redes narcoparamilitares—, con el Estado como garante jurídico de cada ciclo.

Ese patrón, sin embargo, nunca fue lineal. Los zenúes no fueron exterminados: sus descendientes viven todavía en la región. Los emberá katío no fueron derrotados por completo: forzaron la suspensión de Urrá II, ampliaron sus resguardos, internacionalizaron su lucha, dejaron en Kimy Pernía Domicó un nombre que ninguna desmovilización puede borrar. Los campesinos del Sinú han disputado la tierra desde 1932 hasta hoy, y el municipio conserva memorias de resistencia que sobreviven a las masacres. La frontera de Tierralta no se cerró de una sola vez ni sin fisuras: se cerró a golpes, con costo, con concesiones parciales, con daños culturales irreversibles y con derrotas jurídicas que también fueron, en su momento, victorias reales.

Comprender a Tierralta es aceptar que el modelo colombiano de frontera interna del siglo XX no operó por un solo instrumento sino por tres, complementarios y superpuestos: el megaproyecto estatal, que redefinió el paisaje y el derecho de aguas; la violencia paramilitar organizada, que eliminó interlocutores y disciplinó territorios; la colonización agraria del capital, que rehizo la estructura de la propiedad. Los tres operaron sobre un mismo sustrato indígena y campesino, y los tres necesitaron —o produjeron— la captura política del Estado local. El corregimiento donde se firmó el Pacto de Ralito no está en el centro del país: está en el borde. Pero es en los bordes donde se decide, siempre, qué clase de Estado hay en el centro.

Tierralta no es un municipio periférico. Es el municipio donde, en el mismo territorio y en el mismo medio siglo, se represó un río, se firmó un pacto para refundar el Estado, se asesinó al líder indígena que resistía la represa, se desmovilizaron trece mil hombres armados y se prolongaron los corredores de la economía ilegal. Cada uno de esos hechos ocurrió a menos de dos horas de camino de los demás. La historia de Colombia del siglo XX y de lo que va del XXI cabe entera en ese mapa breve.