Kimy Pernía Domicó

El hijo del Kuranzadó

Los emberá katío del Alto Sinú habitan un territorio de ríos y bosques en el entorno del Nudo de Paramillo. En la entrevista autobiográfica preservada por IWGIA, Kimy nombró esos cursos de agua en emberabédea: Kuranzadó para el río Esmeralda, Iwagadó para el Verde y Keradó para el Sinú. Su vínculo político con el territorio partía de relaciones concretas de alimentación, transporte, parentesco y autoridad. Las descripciones de viajeros del siglo XIX pueden iluminar la mirada externa sobre la región, pero no sustituyen la voz de Kimy ni permiten reconstruir su infancia como si hubiera sido una escena etnográfica invariable.

La información biográfica verificable es más concreta y también más cauta. Kimy contó que nació en la comunidad de Begidó y que su padre, Manuelito, heredó conocimientos de su abuelo Yarí, autoridad y jaibaná recordado por las comunidades. Fue inscrito como Juan Domicó, conservó el nombre Kimy que le daba su abuelo y más tarde adoptó en su documento el apellido de su madre, Pernía. También relató una niñez sin escuela formal, ligada al trabajo, la pesca y el aprendizaje familiar. Las fuentes revisadas no permiten afirmar que determinados rituales de nacimiento se practicaran específicamente con él; presentarlos como parte comprobada de su biografía confundía contexto cultural general con experiencia personal.

No se ha localizado un registro civil que permita fijar el día exacto de su nacimiento. Una semblanza escrita cuando tenía 51 años, poco antes de su desaparición, y la biografía institucional de la Comisión de la Verdad sitúan su nacimiento hacia 1950. Desde comienzos de la década de 1990 aparece como uno de los dirigentes que intentaron reunir a comunidades divididas por disputas internas, explotación maderera y la llegada del proyecto hidroeléctrico. Su liderazgo no surgió únicamente de la Constitución de 1991: combinó autoridad comunitaria, memoria territorial, organización indígena y aprendizaje de instrumentos jurídicos nuevos.

El Cabildo y el aprendizaje del derecho

La organización política del Alto Sinú se reconfiguró durante la resistencia a Urrá. El Do Wambura —la despedida colectiva del río— ayudó a reunir comunidades, fortaleció el trabajo con la ONIC y abrió negociaciones con la empresa y el Gobierno. Kimy fue uno de los promotores del Cabildo Mayor, una forma de interlocución reconocible para el Estado que coexistió con autoridades y procedimientos propios. El proceso no tuvo una fecha única ni una arquitectura inmóvil: las fuentes describen divisiones posteriores entre cabildos mayores y alianzas de cabildos menores. Por ello, la lista de cargos formalizada en documentos posteriores no debe proyectarse sin matices sobre 1995 ni presentarse como reemplazo súbito de la autoridad tradicional.

Kimy aprendió a intervenir en audiencias, tutelas, reuniones ministeriales y foros internacionales sin abandonar el lenguaje político de su pueblo. El 16 de noviembre de 1999 compareció como testigo ante el Comité Permanente de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de la Cámara de los Comunes de Canadá. Allí explicó los efectos sobre la pesca y los cultivos, denunció que la obra se había construido sin consulta directa y cuestionó la financiación de Export Development Corporation. Su papel fue el de un vocero y traductor político: explicaba ante instituciones externas una relación con el río que no cabía en la contabilidad ordinaria de costos y compensaciones.

La Constitución de 1991 y el Convenio 169 de la OIT ofrecieron herramientas nuevas para defender la integridad cultural, el territorio y la participación. En 1998 la Sentencia T-652 convirtió el caso Urrá en un precedente central: la Corte Constitucional encontró vulnerados derechos fundamentales del pueblo emberá katío, revocó decisiones inferiores y ordenó consulta, unificación territorial, medidas de etnodesarrollo e indemnización. El precedente mostró la capacidad del derecho para reconocer el daño, pero también sus límites: la construcción había avanzado y varias transformaciones del río eran ya irreversibles.

La represa como amenaza y como escuela

La licencia para construir Urrá I fue otorgada en 1993 y las obras avanzaron durante esa década. La central tiene una capacidad instalada de 340 MW y su embalse ocupa alrededor de 7.400 hectáreas en total. Esa cifra no equivale a 7.400 hectáreas de resguardo emberá: la resolución ambiental de 1999 y el plan de manejo posterior identifican unas 417 hectáreas del resguardo afectadas directamente por la inundación, mientras la Comisión de la Verdad registra además veintiocho hectáreas de sitios sagrados y cementerios. El impacto territorial desbordó esas superficies porque la presa alteró pesca, transporte, cultivos, movilidad y relaciones entre comunidades a lo largo de la cuenca.

La resistencia combinó movilización, negociación y litigio. Kimy y Lucindo Domicó participaron en el Do Wambura, una travesía masiva en balsas hasta Lorica; la propia Comisión de la Verdad advierte que las fuentes la ubican entre octubre o noviembre de 1994 y 1995, de modo que no existe una fecha única segura. A esa acción siguieron la ocupación pacífica de la embajada de Suecia en 1996, la tutela resuelta en 1998, la comparecencia canadiense de 1999 y una marcha desde el Alto Sinú hasta Bogotá que permaneció frente al Ministerio del Medio Ambiente entre finales de 1999 y abril de 2000. Las fuentes verificadas documentan un acuerdo al cierre de esa movilización, pero no sostienen con suficiente claridad la fecha del 23 de abril ni una suspensión definitiva de Urrá II como logro personal de Kimy.

Urrá I entró gradualmente en operación comercial durante 2000 y fue inaugurada el 1 de julio. El trámite de consulta siguió siendo controvertido: la administración ambiental consideró agotadas determinadas reuniones y acuerdos, mientras sectores emberá cuestionaron la división de la representación y la suficiencia del proceso. Pero la rama judicial no avaló simplemente la falta de consulta. La Sentencia T-652 declaró la vulneración, ordenó consultar antes del llenado y dispuso una indemnización porque parte del daño alimentario y de transporte era irreversible; a falta de acuerdo, previó un subsidio por persona durante años. Las fuentes comunitarias han descrito efectos fragmentadores de esos pagos individuales. Esa crítica es relevante, pero el mecanismo nació como remedio judicial frente al daño, no como negación judicial del derecho.

La victoria constitucional fue real y, al mismo tiempo, insuficiente para restaurar el río o deshacer una obra ya avanzada. Las órdenes de consulta, ampliación territorial, etnodesarrollo e indemnización convivieron con incumplimientos, disputas internas y presión armada. Esa distancia entre reconocimiento jurídico y protección efectiva ayuda a entender el liderazgo de Kimy. No hay base, sin embargo, para afirmar que el derecho derrotó primero a la comunidad ni que su eficacia explique por sí sola el homicidio. La Comisión de la Verdad sí relaciona la estigmatización y la violencia contra dirigentes con su oposición a Urrá; la causalidad individual del crimen debe formularse dentro de esa conclusión institucional y de los testimonios disponibles.

La sombra paramilitar sobre Córdoba

Durante la resistencia a Urrá, Córdoba y Urabá atravesaron una expansión paramilitar de gran escala. Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá precedieron a las AUC, constituidas en 1997 bajo el liderazgo de la casa Castaño y otros jefes regionales. Salvatore Mancuso llegó a dirigir estructuras con amplia influencia en Córdoba y el norte del país. Ese contexto político y armado es pertinente para el caso; las alianzas matrimoniales y detalles sociales de su familia, en cambio, no explican el crimen de Kimy ni aportan evidencia sobre responsabilidad.

Carlos Castaño y Salvatore Mancuso ocuparon posiciones de mando dentro de esa expansión. Investigaciones judiciales y de esclarecimiento han documentado relaciones entre estructuras paramilitares, miembros de la fuerza pública, autoridades políticas y sectores económicos en Córdoba, aunque su alcance varía según el hecho y la persona. Mancuso declaró ante la Comisión de la Verdad que recibió de Castaño la orden de matar a Kimy y que hubo solicitudes provenientes de agentes estatales. El valor de esa declaración es central, pero exige atribución: describe la versión de un responsable confeso y una línea de investigación, no reemplaza la determinación judicial individual de cada partícipe.

La población del Alto Sinú quedó expuesta a varios actores armados. La Comisión de la Verdad documentó homicidios, desapariciones, secuestros, bloqueos, desplazamientos y estigmatización cometidos principalmente por estructuras paramilitares contra autoridades y comunidades emberá; también registró asesinatos y reclutamientos atribuidos a las FARC. En otros episodios regionales existen pruebas de cooperación o tolerancia estatal con paramilitares, pero no todas las agresiones del periodo fueron operaciones conjuntas. Nombrar autores, fechas y tipos de evidencia evita convertir un patrón complejo en una sola acción indistinta.

La estigmatización de los opositores a Urrá como guerrilleros aparece de forma reiterada en testimonios comunitarios y en el informe de la Comisión de la Verdad. Mancuso añadió que integrantes de la fuerza pública entregaron información y censos y que desde sectores estatales se pidió actuar contra dirigentes. Es incorrecto transformar esa declaración, sin atribución, en la afirmación de que «el Estado» como un todo entregó los datos para matar. La evidencia revisada permite describir el señalamiento, las redes regionales de colaboración y la versión del jefe paramilitar; identificar responsabilidades institucionales e individuales adicionales sigue siendo una cuestión judicial y de esclarecimiento.

Los asesinatos anteriores y la construcción del cerco

La desaparición de Kimy cerró una secuencia visible de ataques. El investigador Alberto Álzate Patiño, quien había trabajado sobre los impactos de Urrá, fue asesinado el 11 de julio de 1996, no en 1997. El jaibaná y vocero Alonso Domicó Jarupia fue asesinado por paramilitares el 25 de agosto de 1998, después de diligencias relacionadas con la tutela. Lucindo Domicó Cabrera, secretario del Cabildo, promotor de salud y negociador ante el Estado y la empresa, fue asesinado el 24 de abril de 1999. La Comisión de la Verdad sitúa estos hechos dentro de la violencia y la estigmatización contra quienes defendían derechos territoriales, pero no afirma que cada homicidio haya sido ordenado por la empresa ni que todos tuvieran idéntico móvil probado.

El repertorio contra las comunidades incluyó asesinatos selectivos, desapariciones, amenazas, restricciones a alimentos y medicinas, quema o retención de embarcaciones y desplazamiento. La acusación de colaborar con la guerrilla funcionó como estigma contra autoridades visibles, incluso cuando las asambleas emberá habían declarado su neutralidad y exigido a todos los actores armados salir del territorio. La Comisión de la Verdad concluyó que la presión paramilitar atravesó los espacios de concertación sobre Urrá y favoreció intereses políticos y económicos regionales. Esa conclusión permite establecer una relación estructural; no autoriza a presentar cada ataque como una operación directamente coordinada por la empresa hidroeléctrica.

En sus últimos años Kimy habló en universidades colombianas, viajó a Canadá y Estados Unidos y participó en redes indígenas, ambientales y de derechos humanos. Su comparecencia parlamentaria dejó una advertencia explícita sobre el riesgo que corría por oponerse a Urrá II. Después de su desaparición, organizaciones internacionales y parlamentarios canadienses mantuvieron el caso en la agenda pública. Esa visibilidad amplió la capacidad de denuncia y coexistió con las amenazas; las fuentes no permiten medir si lo protegió, lo expuso o produjo ambas cosas en una relación causal verificable.

La desaparición

El 2 de junio de 2001, en Tierralta, tres hombres armados abordaron a Kimy cerca de las sedes de la Fiscalía y de los cabildos, lo golpearon y lo obligaron a subir a una motocicleta. Las denuncias contemporáneas lo registraron primero como secuestrado y desaparecido. Investigaciones posteriores de memoria y las confesiones paramilitares establecieron que fue asesinado por miembros de las AUC. Mancuso reconoció responsabilidad y señaló una orden de Carlos Castaño; la Comisión de la Verdad vinculó el crimen con la estigmatización y con el riesgo que su liderazgo representaba para intereses alrededor de Urrá. No se ha localizado una decisión que permita describirlo como ejecutado bajo el «mando directo» de Mancuso en el lugar de los hechos.

Mancuso admitió el homicidio en el proceso de Justicia y Paz y volvió sobre él ante la Comisión de la Verdad. Lo calificó como crimen de Estado, atribuyó la orden a Carlos Castaño y afirmó haber recibido una llamada o solicitud desde la fuerza pública. La Comisión incorporó esa declaración a su explicación de la violencia contra el pueblo emberá y de la convergencia de intereses en el Alto Sinú. La confesión constituye evidencia de gran relevancia sobre la estructura paramilitar; por sí sola no equivale a una condena de las personas o instituciones estatales aludidas ni prueba cada detalle de su versión.

La obstrucción inicial de la búsqueda sí tiene un rastro administrativo preciso. Jesús María López Gómez, entonces gobernador de Córdoba, expidió el Decreto 00472 del 13 de junio de 2001, que restringió la navegación durante una feria ganadera y bloqueó la comisión humanitaria indígena que buscaba a Kimy. La Comisión de la Verdad señala que López Gómez fue condenado posteriormente por promover grupos paramilitares. También recoge la versión de Mancuso según la cual el gobernador alertó a las AUC sobre la búsqueda, tras lo cual el cuerpo habría sido trasladado y arrojado al río. Conviene mantener separadas esas tres piezas: el decreto documentado, la condena posterior y la acusación testimonial de Mancuso.

Los restos de Kimy no han sido hallados ni entregados. Mancuso declaró que el cuerpo fue enterrado inicialmente y, cuando se aproximaba una diligencia de búsqueda, trasladado y arrojado al río Sinú. Fuentes comunitarias e institucionales registran la imposibilidad de realizar plenamente los rituales funerarios y el daño que produce la incertidumbre. Una crónica de febrero de 2026 muestra que la familia continuaba elaborando el duelo mediante actos simbólicos, no porque la búsqueda hubiera concluido. La condición de desaparecido persiste y debe distinguirse del hecho, reconocido por los responsables, de que fue asesinado.

El resguardo, la red y el fin de siglo

Kimy tejió relaciones entre los cabildos del Alto Sinú, la ONIC, organizaciones de apoyo, iglesias y redes internacionales de ríos y derechos humanos. En noviembre de 1999 llevó el caso al Parlamento canadiense; a comienzos de 2000 visitó Estados Unidos y también participó en intercambios indígenas internacionales. Su trabajo ayudó a convertir una disputa presentada localmente como obstáculo al progreso en un caso sobre consulta, supervivencia cultural y responsabilidad de financiadores externos. Esa red fue plural y cambiante; no hay base para atribuirle una alianza política uniforme con todos los movimientos indígenas, ecologistas o partidos de la región.

En los meses anteriores a su desaparición volvió a Canadá y participó en la Cumbre de los Pueblos de las Américas en Quebec. Las fuentes contemporáneas muestran que conocía las amenazas y que su seguridad preocupaba a organizaciones nacionales e internacionales. No se encontró evidencia de que hubiera sido seleccionado para una pasantía anual de Amnistía, de que se le hubiera ofrecido exilio por ese mecanismo ni de una decisión expresa de «quedarse» en Colombia frente a esa alternativa. Su regreso a Tierralta está documentado; la escena moral de haber rechazado una salida no lo está.

La secuencia institucional atravesó varios gobiernos. En 1993, durante la presidencia de César Gaviria, se otorgó la licencia de construcción; en 1998, bajo Ernesto Samper, la Corte Constitucional profirió la Sentencia T-652; y en octubre de 1999, bajo Andrés Pastrana, el Ministerio del Medio Ambiente autorizó el llenado y la operación mediante la Resolución 0838, después de un proceso de consulta disputado. La rama judicial no acompañó de forma uniforme al Ejecutivo: la Corte protegió derechos y ordenó reparaciones, aunque su cumplimiento fue parcial y controvertido. Cuando Álvaro Uribe llegó a la presidencia en 2002, la central operaba y Kimy llevaba más de un año desaparecido; la Ley 975 de 2005 abrió después el escenario en que Mancuso confesó el crimen.

Justicia y Paz: el balance judicial

El caso pasó por varios escenarios de verdad y justicia. Mancuso reconoció en 2007, dentro de Justicia y Paz, que Kimy había sido asesinado y que sus restos fueron arrojados al Sinú. En julio de 2009 la Fiscalía informó una medida de aseguramiento contra él por presunta responsabilidad; ese acto no equivale a una condena definitiva. En 2020, ante la Comisión de la Verdad, Mancuso reiteró el reconocimiento y amplió su versión sobre la orden y los actores estatales que, según él, la solicitaron. Esta cronología específica es más útil que cifras generales de postulados y condenas cerradas en 2012, que no establecían por sí mismas el resultado judicial del caso Kimy.

La confesión de Mancuso fue decisiva para reconocer el homicidio y orientar la búsqueda del cuerpo. También abrió preguntas sobre Carlos Castaño, miembros de la fuerza pública y autoridades políticas regionales. Pero no «estableció» judicialmente por sí sola todo el nexo entre Urrá, empresa, paramilitares y Estado: parte de esa relación procede de su relato, otra de decisiones sobre parapolítica y colaboración regional, y otra de las conclusiones de la Comisión de la Verdad sobre patrones y beneficiarios. La precisión no debilita la gravedad del caso; permite saber qué está confesado, qué está probado en decisiones y qué continúa por esclarecer.

Para la familia y las comunidades el balance sigue abierto. Existe un responsable paramilitar que admitió el crimen, una reconstrucción pública de sus circunstancias y un precedente constitucional sobre el daño de Urrá. No existe, en las fuentes revisadas, una condena que cierre toda la cadena de responsabilidades señalada por Mancuso; tampoco se han recuperado los restos ni puede revertirse la transformación del río. Las indemnizaciones y medidas colectivas ordenadas por la Corte tuvieron alcances y efectos discutidos, por lo que no deben resumirse como reparación plena ni como simple instrumento deliberado de destrucción comunitaria.

La huella

La central Urrá I continúa operando y su embalse ocupa alrededor de 7.400 hectáreas, de las cuales unas 417 correspondieron a afectación directa del resguardo según el expediente ambiental. Los documentos técnicos y de memoria registran cambios en la dinámica del río, la migración y reproducción de peces, el transporte, los cultivos y la seguridad alimentaria. También consignan programas de repoblamiento, monitoreo y compensación, cuya existencia no elimina la controversia sobre suficiencia o cumplimiento. Comparar literalmente el daño ecológico con la destrucción de «una civilización» borra la capacidad de acción y continuidad del pueblo emberá; es más preciso hablar de afectaciones profundas a un sistema territorial que continúa resistiendo y transformándose.

La huella de Kimy es jurídica, política y comunitaria. La Sentencia T-652 sigue siendo un referente sobre consulta previa, integridad cultural y supervivencia de pueblos indígenas afectados por proyectos de infraestructura. Su testimonio de 1999 permanece en el archivo parlamentario canadiense y su entrevista autobiográfica conserva su propia explicación del territorio y del Do Wambura. El CNMH, la ONIC, la Comisión de la Verdad y su comunidad han mantenido su nombre en informes, conmemoraciones y procesos pedagógicos. Ese legado no depende de presentar como resueltas todas las disputas internas ni de usar experiencias de otras personas emberá como si fueran evidencia directa sobre él.

La búsqueda de Kimy es también una disputa por el duelo y la memoria. La comisión humanitaria indígena de junio de 2001 fue obstaculizada y no encontró el cuerpo; las versiones posteriores sobre su traslado al río tampoco han permitido recuperarlo. La familia y las comunidades han realizado actos simbólicos para nombrarlo y despedirlo, mientras reclaman verdad sobre autores, beneficiarios y encubrimientos. Hablar de derecho al duelo es pertinente en este caso concreto, pero no requiere extender sin evidencia cada práctica de ocultamiento documentada en otros territorios ni presentar actividades generales de memoria como búsquedas forenses de sus restos.

Kimy Pernía permite leer el fin del siglo XX colombiano sin convertir una historia compleja en una conspiración lineal. La construcción de Urrá avanzó sin consulta previa adecuada, la Corte Constitucional reconoció la vulneración y ordenó remedios, y las comunidades siguieron disputando el territorio en medio de presión armada. La Comisión de la Verdad concluyó que la violencia paramilitar contra el pueblo emberá estuvo atravesada por la estigmatización de sus dirigentes y por intereses políticos y económicos alrededor de la represa. Mancuso confesó el homicidio y señaló órdenes y solicitudes de otros actores; la individualización completa de esas responsabilidades no está cerrada. La vigencia de Kimy reside precisamente en esa tensión: los derechos pudieron ser invocados y producir una sentencia protectora, pero las instituciones no garantizaron su vida, el cumplimiento integral ni la verdad completa sobre su desaparición.