Parapolítica

La parapolítica es el nombre con que se conoce en Colombia la alianza estructural entre políticos electos —congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales— y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), documentada judicialmente a partir de 2006 y con epicentro cronológico entre 2001 y 2010. No fue una infiltración periférica ni un accidente episódico: fue la formalización, en pactos escritos y acuerdos regionales, de un intercambio en el que las AUC aportaban coerción territorial y votos cautivos, y los políticos entregaban tolerancia, contratación pública y una bancada en el Congreso capaz de defender los intereses del proyecto paramilitar. El destape en la Revista Semana en septiembre de 2006 marcó el punto de inflexión: el escándalo terminó comprometiendo a cerca del 30% del Congreso elegido ese año, produjo procesos contra 107 congresistas y condenas contra tres gobernadores, y sacudió las bases de legitimidad de los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. Su huella no se limitó a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia: reconfiguró la representación política de regiones enteras, dejó una geografía de "herederos" que capitalizaron el caudal electoral de los condenados y planteó, sin resolverla, la pregunta sobre hasta dónde llegaba la responsabilidad del Estado central en el ensamblaje de la alianza.

La semblanza de un fenómeno

Llamar "parapolítica" a este proceso es ya tomar una posición. El término, popularizado por el periodismo y adoptado por la academia y los tribunales, condensa dos ideas inseparables: hubo política hecha con paramilitares, y hubo paramilitares haciendo política. Las AUC, unificadas bajo el mando de Carlos Castaño desde 1997, aprovecharon la proliferación de partidos habilitada por la Constitución de 1991 para construir una representación legislativa que ventilara sus intereses en los órganos de decisión nacionales. No se trataba solamente de sobornar o intimidar a políticos existentes: se trataba de fabricar una clase política afín, elegida en zonas donde los bloques paramilitares controlaban el territorio, y articularla en un proyecto que aspiraba —al menos en su formulación retórica— a "refundar el país".

El fenómeno tuvo una arquitectura reconocible. En el nivel local, alcaldes y concejales avalados por los bloques operaban como intendentes de la burocracia municipal, entregando contratos y tolerando la presencia armada. En el nivel regional, gobernadores y diputados garantizaban el acceso a las regalías y a los recursos de salud y educación. En el nivel nacional, una bancada de senadores y representantes —dispersa entre Colombia Democrática, Colombia Viva, Convergencia Ciudadana, Apertura Liberal, Alas, Cambio Radical y sectores del liberalismo y el conservatismo tradicionales— defendía la agenda paramilitar en debates cruciales, incluido el trámite de la Ley de Justicia y Paz que regularía su desmovilización. El clientelismo armado que se venía tejiendo desde finales de los años ochenta cristalizó, entre 2001 y 2006, en un sistema.

Lo que hace de la parapolítica un caso singular en América Latina es que la justicia colombiana llegó a nombrarlo. En el resto del continente, con las excepciones significativas de las condenas al peruano Alberto Fujimori y al uruguayo Juan María Bordaberry en contextos de dictadura militar, la clase política asociada a grupos criminales de extrema derecha o a regímenes autoritarios escapó al escarnio penal. En Colombia, en cambio, la Sala Penal de la Corte Suprema terminó procesando a más de un centenar de congresistas, condenando a decenas y produciendo lo que algunos observadores llamaron una "muerte política": la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos.

Los orígenes: del clientelismo armado al pacto escrito

La parapolítica no nació en 2001. Su prehistoria se extiende entre 1988 y 2006, período en el que los grupos paramilitares —primero dispersos, luego federados en las AUC— consolidaron alianzas con élites regionales, ganaderos, comerciantes, contratistas y políticos tradicionales en zonas donde disputaban el territorio a las guerrillas. En Antioquia, desde finales de los años noventa, empezó a registrarse un comportamiento electoral atípico: municipios con fuerte presencia paramilitar producían candidatos sin historia previa en el distrito que obtenían más del 70% de los votos. El fenómeno, inicialmente inadvertido o silenciado, se consolidó en los primeros años de la década de 2000 y se replicó en el Caribe, en el Magdalena Medio, en el Catatumbo y en la Orinoquía.

Lo que cambió el 23 de julio de 2001 fue el paso del acuerdo tácito al pacto formal. Ese día, en el corregimiento de Santa Fe de Ralito, en Tierralta, Córdoba, se reunieron jefes de las AUC —entre ellos Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40"— con gobernadores, congresistas, alcaldes, concejales y ganaderos de Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena. Firmaron un documento cuyo texto proclamaba el objetivo de "refundar la patria" y "construir una nueva Colombia". El proyecto —financiado en parte desde el narcotráfico— aspiraba a iniciarse en la región Caribe y expandirse al conjunto del Estado colombiano. La Corte Suprema, en una sentencia posterior, interpretaría ese acuerdo como una estrategia de captura del poder público: una alianza entre jefes paramilitares y clase dirigente orientada a rediseñar el país desde los territorios hacia el centro.

Ralito fue el más visible pero no el único. En 2001 se firmó también el Pacto de Pivijay y en 2002 el Pacto del Magdalena, ambos con alcaldes y diputados, en los que se sectorizaron electoralmente los municipios en favor de candidatos al Congreso. El senador Dieb Maloof, en Magdalena, ilustró el funcionamiento del esquema. En el Chocó, el Bloque Élites del Caribe (BEC) bajo mando de Freddy Rendón, alias "El Alemán", aportó financiación directa a candidaturas: 100 millones de pesos al representante Edgar Ulises Torres, 150 millones al senador y gobernador Julio Ibargüen, 50 millones al representante Odín Sánchez. En Magdalena se firmó también el Pacto de Chivolo, cuya expresión judicial más nítida fue la condena a José Domingo Dávila Armenta, alias "Chelo", gobernador del departamento en 2000, a siete años y seis meses de prisión por concierto para delinquir agravado, en vínculos con el paramilitar Hernán Giraldo.

La fragmentación por bloques y regiones fue característica. No hubo un pacto único ni un proyecto perfectamente unitario: hubo una constelación de acuerdos territoriales con lógica común —coerción, votos y contratos— cuya coherencia fue más funcional que orgánica. Esa dispersión explica también las fisuras internas. Ralito contradijo abiertamente los intereses de Carlos Castaño, quien ya se había distanciado de los dirigentes del Bloque Norte, para entonces empoderados y alejados del propósito paramilitar original que Castaño decía defender.

La trayectoria: destape, escándalo y procesos

Durante casi cinco años, el sistema funcionó en la penumbra. Las elecciones de 2002 y las locales de 2003 produjeron una cosecha de alcaldes, gobernadores y congresistas cuyos vínculos con los bloques circulaban como rumor sin adquirir consecuencia judicial. Rafael García Torres, exjefe de informática del DAS, denunció que los paramilitares habrían usado bases de datos electorales del registro civil para planificar fraude en las elecciones de 2002, y que el DAS mismo habría sido infiltrado para borrar antecedentes de narcoparamilitares y elaborar listas de ciudadanos señalados como aliados de la guerrilla.

El desbloqueo ocurrió por dos vías que se cruzaron en 2006. La primera fue política: desde su llegada al Senado ese año, en representación del Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro organizó debates parlamentarios sobre los nexos del paramilitarismo, en el marco de las discusiones sobre la Ley de Justicia y Paz. Petro, exguerrillero del M-19, investigó especialmente el caso antioqueño y describió su labor como una tarea de meses de preparación, ejecutada bajo riesgo personal por la sensibilidad política del asunto. La segunda vía fue judicial y periodística: la Fiscalía incautó el computador de alias "Don Antonio", subordinado de "Jorge 40", que contenía información detallada sobre contactos con políticos del Caribe, incluyendo pagos, apoyos electorales y contratos. En septiembre de 2006, la Revista Semana publicó parte del contenido de ese archivo. El escándalo estalló.

Lo que siguió fue una avalancha. Las versiones libres que los jefes paramilitares empezaron a rendir dentro del proceso de Justicia y Paz, sumadas a la información del computador y a las denuncias del Polo, desataron investigaciones contra concejales, alcaldes, gobernadores y una proporción significativa del Congreso. Hacia 2007, el escándalo alcanzó su punto máximo: comprometía a políticos, empresarios y militares, y amenazaba con generar una crisis institucional sin precedentes. Desde junio de 2007, la Corte Suprema fue emitiendo órdenes de captura: 65 congresistas elegidos en 2006 llegaron a encontrarse bajo arresto, entre ellos Dilian Francisca Toro, expresidenta del Senado, detenida en julio de 2008.

Cuarenta y tres congresistas renunciaron a sus cargos calculando que la Fiscalía —competente si perdían el fuero— sería más severa que la Corte, o que las penas negociables serían más leves. El cálculo funcionó sólo parcialmente. Al cabo de los años, se iniciaron procesos contra 107 congresistas, de los cuales 21 habían sido condenados al momento en que se hizo el balance más citado; tres gobernadores fueron condenados y otros dieciséis quedaron procesados. Hacia 2014, sesenta investigados habían recibido sentencia condenatoria. Entre las condenas emblemáticas figura la del exsenador Álvaro Araújo Castro, sentenciado en marzo de 2010 a nueve años y tres meses de prisión por haber conspirado con "Jorge 40" para ganar escaños; y la del exsenador Álvaro Alfonso García Romero, en la que la justicia constató participación activa en la estrategia paramilitar. En Santander, el exgobernador Hugo Aguilar fue enviado a prisión en 2011 y sentenciado en 2013 a nueve años por alianzas con autodefensas para respaldar su candidatura de 2003; salió en libertad en 2015 tras rebajas de pena, con inhabilitación impuesta por la Procuraduría.

Los partidos uribistas fueron los más contaminados: 84 congresistas salpicados. El dato importa porque el fenómeno no se explica sin la coalición parlamentaria que sostuvo entre 2002 y 2010 el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El Partido de la U, creado como coalición de disidentes de los partidos tradicionales —principalmente liberales— para respaldar al presidente, articuló buena parte del caudal electoral que la parapolítica ayudó a producir.

La red: pactos, familias, bloques

La geografía humana de la parapolítica dibuja un mapa preciso. En el Cesar, la familia Araújo —con Álvaro Araújo Castro como figura política, vínculos familiares con el Inspector General Edgardo Maya y con un magistrado de la Corte Constitucional— encarnó el tipo de patrón político tradicional que la alianza con "Jorge 40" y el Bloque Norte convirtió en máquina electoral. En Córdoba, la familia López Cabrales, cabezada por Juan Manuel López Cabrales, negoció con Salvatore Mancuso el manejo de la burocracia pública; López Cabrales terminó encarcelado por sus relaciones con el jefe paramilitar. En Magangué, Bolívar, el clan Alfonso López, liderado por Enilce López Romero —"La Gata"—, combinó negocios de apuestas con poder político, articulando concesiones en Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena con relaciones con la clase política regional. Enilce López fue procesada judicialmente en el marco de la parapolítica.

El patrón se repite. Élites regionales con arraigo clientelar previo, muchas veces con generaciones de trayectoria política, encontraron en los bloques paramilitares un socio capaz de resolver a sangre las disputas internas por el control local, eliminar la competencia electoral y garantizar mayorías. Los bloques, a su vez, encontraron en esas élites el vehículo de legitimación que necesitaban para saltar del territorio al Congreso. Fue una convergencia oportunista de poderes preexistentes antes que la creación desde cero de un proyecto político. En Casanare, por ejemplo, el Bloque Centauros no lideró directamente las redes políticas: adhirió al liderazgo de una alcaldesa local para influir regionalmente y participar en el saqueo de las regalías petroleras.

El mecanismo operativo fue documentado con nitidez por la prensa de la época: los paramilitares procuraban que los candidatos avalados no tuvieran competencia en sus jurisdicciones y que la población votara por ellos; a cambio, los elegidos toleraban las actividades paramilitares y, en algunos casos, les adjudicaban contratos públicos. La coerción sobre la población civil fue parte constitutiva del sistema: se cometieron infracciones al derecho internacional humanitario contra quienes tenían opciones políticas contrarias —militantes de partidos de izquierda, integrantes de juntas de acción comunal, candidatos independientes—, eliminando así la competencia y produciendo los resultados atípicos que el análisis electoral empezó a detectar en Antioquia y en el Caribe.

La lista de movimientos políticos que canalizaron esa influencia cuando las AUC estaban unificadas incluye a Colombia Democrática, Colombia Viva, Convergencia Ciudadana, Convergencia Popular Cívica, Moral, Mipol, Equipo Colombia, Apertura Liberal, Sí Colombia, Integración Regional, Alas, Cambio Radical, Movimiento Nacional Conservador, Movimiento Nacional Progresista y Dejen Jugar al Moreno, además de sectores del liberalismo y del conservatismo tradicionales. La proliferación no fue accidente: fue aprovechamiento deliberado de la apertura constitucional de 1991.

La captura del Estado: DAS, Fiscalía, subsidios

La parapolítica no habría alcanzado su escala sin la penetración simultánea de las instituciones. El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, operó bajo el gobierno Uribe una red de inteligencia ilegal, jerárquica e interinstitucional que ejecutó operaciones —Europa, Extranjeros, Canela, Imprenta, Transmilenio— de espionaje contra periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, con presupuesto y medios del Estado. Jorge Aurelio Noguera Cotes, director del DAS nombrado por el presidente Uribe, fue investigado judicialmente por presunta participación en el homicidio del sociólogo Alfredo Correa de Andréis; se le atribuyeron además vínculos con "Jorge 40" y la entrega de información sobre sindicalistas y opositores.

En el aparato judicial regional, la infiltración fue documentada con nombres propios. En Cúcuta, la directora seccional de Fiscalías Ana María Flórez —conocida dentro del Bloque Catatumbo como "Batichica"— fue condenada por la Corte Suprema por sus vínculos con los paramilitares, en el marco de la sentencia contra Jorge Iván Laverde Zapata, alias "El Iguano". En Norte de Santander se conformó un cogobierno paramilitar con la élite política y económica regional en el que prácticamente todas las instituciones del Estado quedaron al servicio de los paramilitares. El uso de ataques selectivos contra funcionarios judiciales fue una herramienta sistemática de producción de impunidad, especialmente activa en el Magdalena Medio, Urabá, Montes de María y Catatumbo.

La captura llegó también a la política pública. El Programa Agro Ingreso Seguro, diseñado por el Ministerio de Agricultura bajo Andrés Felipe Arias, terminó entregando subsidios a parapolíticos y terratenientes: entre los beneficiarios figuraron Eduardo Vives Lacouture —condenado por parapolítica— y Silvestre Dangond Lacouture. El propio Arias fue condenado por la Corte Suprema en 2014, en el radicado 37.462, y destituido e inhabilitado por la Procuraduría en 2011. El exdirector del Incoder, Rodolfo Campo Soto, fue destituido e inhabilitado por trece años en el mismo contexto. Recursos del Estado, subsidios, tierras adjudicadas: la maquinaria estatal fue puesta al servicio, o cuando menos al beneficio, de la red que la parapolítica había tejido.

El desenlace institucional del DAS ilustra el patrón. Cuando se divulgaron las interceptaciones ilegales contra el magistrado auxiliar Iván Velásquez —quien lideraba desde la Corte Suprema la investigación de la parapolítica—, el gobierno intentó inicialmente presentar los hechos como acciones aisladas de "manzanas podridas". Luego, el presidente Uribe anunció la liquidación del organismo. La Fiscalía llegó a caracterizar al DAS como una red criminal en el interior de la institución. Iván Velásquez, años después, encabezaría desde Guatemala la Comisión Internacional contra la Impunidad, en un giro que dice algo sobre las trayectorias que este proceso produjo.

El contraataque: Farcpolítica y silla vacía

La respuesta política del uribismo al destape fue doble. Por un lado, el presidente Uribe contraatacó con la acusación de "Farcpolítica" contra líderes del Polo Democrático Alternativo, basándose en hallazgos atribuidos al computador de un comandante de las FARC. La operación retórica buscaba equiparar simétricamente los dos fenómenos y neutralizar, mediante el ruido, a los principales denunciantes. Petro, Iván Cepeda, Clara López Obregón y otros líderes del Polo se convirtieron en blanco de una campaña de estigmatización pública que se combinaba, en el plano operativo, con los seguimientos ilegales del DAS a magistrados, periodistas, opositores y académicos.

Por otro lado, el gobierno bloqueó las reformas que habrían amputado políticamente al fenómeno. La reforma política que incluía la "silla vacía" —la pérdida de curul para congresistas detenidos por parapolítica— fue derrotada en el séptimo debate parlamentario. Su aprobación habría significado la reducción sustancial de la coalición uribista en el Congreso, precisamente cuando el gobierno buscaba los votos necesarios para abrir la puerta a un tercer período presidencial. Uribe argumentó públicamente que la reforma iba en contra de los logros de la seguridad democrática. El cálculo político era transparente: los votos contaminados eran, en parte, los votos que sostenían al proyecto de gobierno.

Esa dependencia estructural es la que hace insuficiente cualquier lectura que reduzca la parapolítica a un problema regional ajeno al centro. La coalición parlamentaria que aprobó la reelección presidencial en 2005, tramitó la Ley de Justicia y Paz y bloqueó la silla vacía era la misma coalición que albergaba a 84 congresistas señalados. El gobierno central no fue un espectador desconcertado del fenómeno: fue su beneficiario político directo, y en la práctica un obstáculo para su desmantelamiento pleno. El coronel Prieto declaró ante el Centro Nacional de Memoria Histórica que un general le comunicó que el presidente Uribe había ordenado en al menos tres ocasiones durante 2004 su relevo, en un contexto en que Prieto documentaba la situación regional en relación con los paramilitares.

El analista Juan Manuel López Caballero llevó el argumento hasta su consecuencia lógica: si los votos obtenidos bajo coacción paramilitar sostuvieron la coalición uribista en el Congreso, esos votos también participaron —por transitividad— del respaldo a la elección presidencial. La cuestión, más allá de la validez de esa inferencia, quedó planteada como una herida no cerrada del período.

Los límites de la justicia

El proceso judicial contra la parapolítica es, simultáneamente, uno de los más ambiciosos de la historia latinoamericana y uno de los más incompletos. La Sala Penal de la Corte Suprema —presionada, vigilada e interceptada— sostuvo la investigación durante años y produjo un cuerpo de sentencias sin precedente. Hasta diciembre de 2012, la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz había compulsado 12.869 copias a la justicia ordinaria en el marco de la Ley 975. Sesenta investigados habían sido condenados por parapolítica hacia 2014. Doscientos cincuenta y siete políticos, entre ellos 58 senadores y representantes, recibirían con el tiempo penas efectivas de prisión e inhabilitación política de por vida, según el balance que Eduardo Pizarro Leongómez ha defendido frente a quienes hablan de un "altar a la impunidad".

Y sin embargo, los límites son severos. La mayoría de las investigaciones permaneció en etapa preliminar. Varios firmantes del Pacto de Ralito fueron absueltos porque la sola firma del documento no fue considerada prueba suficiente de responsabilidad penal. Hasta mayo de 2013, ninguno de los congresistas condenados había pagado las multas judiciales impuestas. Los procesos no avanzaron en esclarecer la participación de excongresistas y exgobernadores en crímenes de lesa humanidad —desplazamiento forzado, masacres, homicidios selectivos—, especialmente en los casos de quienes fungían como voceros de partidos y hacían parte, en la práctica, del directorio de mando que diseñaba la estrategia de la empresa criminal.

La extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos en mayo de 2008 fue el golpe decisivo. Diego Fernando Murillo, alias "Don Berna", Salvatore Mancuso, "Jorge 40" y otros comandantes fueron enviados a responder por narcotráfico ante tribunales estadounidenses, dejando trunco su aporte a los procesos colombianos de Justicia y Paz. Don Berna y Mancuso manifestaron su intención de dejar de colaborar, alegando falta de garantías para sus familias; Don Berna llegó a proponer la colaboración a cambio de rebajas de pena ante la justicia estadounidense. La verdad que podía comprometer a políticos de más alto nivel se fue con ellos.

Hubo, además, una estrategia deliberada de continuidad. Los parapolíticos —a diferencia de los paramilitares, que en su mayoría se acogieron formalmente a la desmovilización— no se desmovilizaron: confiaron en poder eludir su responsabilidad judicial y, cuando fueron capturados, apoyaron a familiares o allegados en las elecciones siguientes. Los partidos y movimientos creados con bases delictivas desaparecieron o mutaron tras el escándalo, transfiriendo su caudal político a "herederos": primos, esposas, esposos, cuñados, hijos. El poder territorial cambió de nombre, no de dueño.

La huella

La parapolítica dejó una herencia doble, difícil de conciliar. Por un lado, produjo un precedente jurídico de largo alcance: la afirmación de que la clase política puede ser sometida a la ley por sus vínculos con actores armados ilegales, aun cuando esos vínculos hayan sido productivos electoralmente y toleraran cargos gubernamentales del más alto nivel. Ese precedente, con todas sus limitaciones, es lo que distingue el caso colombiano en el panorama latinoamericano y lo que dio a la Sala Penal de la Corte Suprema una autoridad moral —y una hostilidad política— que marcó los años siguientes.

Por el otro, dejó un fenómeno de captura territorial no resuelto. El clientelismo armado que se desarrolló entre 1988 y 2006 se transformó, pero no se disolvió. Las redes locales que habían sostenido a los parapolíticos migraron hacia nuevas estructuras: bandas criminales emergentes, grupos herederos del paramilitarismo, alianzas con actores del narcotráfico. Los "herederos" políticos conservaron curules y alcaldías. La reforma política que habría desmontado el mecanismo —la silla vacía— fue derrotada. Los subsidios de programas como Agro Ingreso Seguro documentaron cómo los recursos públicos siguieron fluyendo hacia beneficiarios vinculados a la red, aun después de las condenas. La geografía electoral del Caribe, de Antioquia, del Casanare y del piedemonte llanero quedó marcada por décadas.

El fenómeno reconfiguró también el debate público colombiano. Instaló en el vocabulario político nacional la sospecha permanente sobre la legitimidad de las mayorías parlamentarias, y en particular sobre la naturaleza de la coalición uribista. Convirtió a Iván Cepeda, Gustavo Petro y otros denunciantes en figuras protagónicas de la política electoral posterior, con consecuencias que se extienden hasta las elecciones presidenciales de 2022. Alimentó la desconfianza de sectores rurales y regionales hacia un Estado central percibido —con razones documentadas— como cómplice o incapaz frente a los poderes armados que gobernaban sus municipios.

Queda, finalmente, la pregunta sobre la responsabilidad no judicializada. Los procesos avanzaron sobre los eslabones más visibles: congresistas capturables, gobernadores identificables, alcaldes locales. No alcanzaron con la misma profundidad a los empresarios que financiaron los bloques, a los mandos militares que compartieron información y territorio, a los funcionarios de segundo nivel que tramitaron los contratos, a los medios que naturalizaron la violencia. La parapolítica, entendida en sentido estricto, se refiere a los políticos; pero el ensamblaje que hizo posible su despliegue involucró a sectores mucho más amplios de la sociedad colombiana. Nombrarlos ha sido, y sigue siendo, la tarea que la justicia dejó abierta.

Ese es el peso del fenómeno en la historia reciente del país. No fue un episodio de corrupción, ni una serie de acuerdos aislados, ni una infiltración accidental. Fue el momento en que una alianza estructural entre coerción armada, élites regionales y proyecto político nacional se hizo visible en su arquitectura completa —pactos escritos, computadores incautados, sentencias firmes— y en que la sociedad colombiana descubrió cuánto de lo que había sido llamado gobierno se sostenía sobre esa alianza. El escándalo de la parapolítica es, en ese sentido, menos un capítulo cerrado que la fotografía de un régimen. La legibilidad de esa fotografía es lo que el proceso judicial, con todas sus insuficiencias, hizo posible. Su desmantelamiento sigue pendiente.