Óscar Naranjo Trujillo

La semblanza

Naranjo no es un general de tropa ni un jefe de operaciones al estilo de los oficiales visibles en el fragor del combate. Su territorio siempre fue la inteligencia: los archivos, las escuchas, los mapas de vínculos, la paciente construcción de casos que terminan en operaciones ejecutadas por otros. Esa vocación por el trabajo silencioso, unida a un manejo público mesurado y a un dominio del vocabulario técnico de la cooperación internacional, lo convirtió en interlocutor natural para la DEA y la CIA en los años del Bloque de Búsqueda, y más tarde en asesor requerido por gobiernos centroamericanos y mexicanos que buscaban replicar el llamado "modelo colombiano" de lucha contra el narcotráfico.

Su peso histórico se explica menos por victorias individuales que por su función de bisagra. Cuando Uribe llegó al poder en 2002, Naranjo era ya el hombre de la inteligencia policial; cuando Santos lo relevó en la dirección general de la Policía en 2012, lo hizo con la elegancia de quien traslada a un activo estratégico a una nueva misión. Ese activo terminó sentado en La Habana, dando fe ante las FARC y ante los escépticos internos de que el Estado que negociaba era el mismo que las había arrinconado militarmente. Pocas trayectorias colombianas condensan con tanta nitidez la continuidad estructural del Estado por encima de las alternancias de gobierno.

Los orígenes

Nació en Bogotá el 16 de mayo de 1956, en una familia atravesada por el uniforme: su padre, Francisco Naranjo Franco, fue oficial de la Policía Nacional, y esa herencia marcó desde temprano su elección de carrera. Ingresó a la Escuela General Santander, institución formadora de oficiales de la Policía, en un momento en que el cuerpo estaba lejos de la centralidad que adquiriría dos décadas más tarde. En los años setenta, la Policía colombiana era la hermana menor del Ejército: sin la doctrina antisubversiva articulada de las Fuerzas Militares, sin recursos ni prestigio comparables, y con una identidad institucional aún borrosa entre el orden público urbano y las tareas rurales de vigilancia.

Esa condición subalterna cambió en 1981, cuando las Fuerzas Armadas consiguieron que fuera la Policía Nacional —y no el Ejército— la fuerza encargada de combatir el narcotráfico. La decisión, tomada en apariencia por razones doctrinarias (el narcotráfico como criminalidad, no como insurgencia), abrió a la Policía un espacio de crecimiento inédito. Naranjo, joven oficial en aquel momento, hizo carrera precisamente en el filón que iba a explotar: la inteligencia antinarcóticos. En 1987, el cuerpo antinarcóticos que operaba dentro de la División Operativa se elevó al rango de Dirección Nacional de Antinarcóticos, primera gran estructura especializada dentro de la Policía. Los oficiales de esa cohorte —Rosso José Serrano entre ellos, mentor y referente de Naranjo— construyeron, sobre la marcha y bajo presión estadounidense, la doctrina antinarcóticos colombiana.

Los años posteriores fueron un aprendizaje acelerado y sangriento. Tras el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989, el gobierno de Virgilio Barco creó un Cuerpo Especial Armado para desmantelar las redes de sicarios del Cartel de Medellín; la unidad fue infiltrada por los propios narcotraficantes y sirvió como lección amarga sobre la porosidad institucional. El 14 de agosto de ese mismo año, la Operación Apocalipsis —870 criminales capturados en 80 allanamientos, incautaciones de cinco mil millones de pesos en efectivo y lingotes de oro pertenecientes a Gonzalo Rodríguez Gacha, el Mexicano, y a Leonidas Vargas— mostró el otro lado del proceso: cuando la inteligencia funcionaba, sus resultados eran espectaculares. Naranjo se formó en ese vaivén entre la infiltración y el golpe, entre la desconfianza sistémica y la eficacia puntual.

La trayectoria

El Bloque de Búsqueda, creado a finales de 1992 sobre la base del anterior Grupo Élite de la Policía, fue la matriz operacional donde Naranjo consolidó su perfil. Integrado por hombres de la Policía Nacional —el contingente mayoritario—, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el DAS, con entrenamiento y apoyo directo de la CIA, la DEA y unidades del Ejército y la Fuerza Aérea estadounidenses, el Bloque tenía una misión única: dar caza a Pablo Escobar. La operación se desarrolló en paralelo a la actuación de Los Pepes —Perseguidos por Pablo Escobar—, alianza integrada por los hermanos Castaño Gil, el Cartel de Cali y Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. La convergencia de intereses entre el Bloque de Búsqueda, sus asesores estadounidenses y la red criminal de Los Pepes es una de las zonas grises fundacionales del aparato antinarcóticos moderno: sin haberse establecido nunca una membresía formal cruzada, la colaboración operativa contra Escobar borró fronteras que después serían difíciles de reconstruir.

Escobar fue abatido en diciembre de 1993. La desarticulación del Cartel de Medellín dio paso a la expansión del Cartel de Cali, que a su vez fue desmantelado en la segunda mitad de los noventa bajo la dirección de Serrano en la Policía Nacional. Naranjo, en ascenso constante, participó en esa cadena de operaciones desde la inteligencia. Para el cambio de siglo era ya uno de los oficiales indispensables del cuerpo antinarcóticos, con vínculos estrechos con las agencias estadounidenses y un capital de información acumulado sobre las estructuras criminales del país que muy pocos podían igualar.

Cuando Álvaro Uribe asumió la presidencia en agosto de 2002, con la Política de Defensa y Seguridad Democrática como carta programática, la inteligencia policial se convirtió en pieza estratégica. La doctrina uribista exigía involucrar a todo el aparato estatal —no solo la fuerza pública— en el combate a los grupos armados ilegales, y se negaba a reconocer carácter político a las guerrillas, tratadas como organizaciones terroristas cuya negociación quedaba condicionada a un cese unilateral del fuego. En ese marco, Uribe designó a Naranjo en la dirección de inteligencia antidrogas de la Policía Nacional, cargo distinto al de director general —ocupado entonces por el general Jorge Daniel Castro Castro—. La designación se inscribió en una serie de nombramientos que, con el tiempo, sedimentarían un aparato de seguridad afín al proyecto presidencial: los generales Mario Montoya Uribe, Martín Orlando Carreño, Iván Ramírez y Alfonso Manosalva ocuparon posiciones clave; Jorge Aurelio Noguera Cotes, jefe de campaña de Uribe en el Magdalena, fue puesto al frente del DAS entre 2002 y 2005.

El período coincidió con una expansión sin precedentes del pie de fuerza: entre 2002 y 2010, la Policía Nacional pasó de 110.000 a 160.000 miembros, y las Fuerzas Militares de 203.000 a 270.000 efectivos. Ese crecimiento fue el sustrato material que hizo posibles los éxitos operacionales de la década. La inteligencia dirigida por Naranjo se especializó, en paralelo, en dos frentes: la reducción de los grandes capos del narcotráfico de segunda generación —Diego Montoya, alias Don Diego, del Cartel del Norte del Valle, cayó en 2007; Wilber Varela, alias Jabón, fue asesinado en Venezuela en enero de 2008— y el hostigamiento sistemático a las FARC. Desde 2003, la Dijín y la Sipol actuaron también contra estructuras paramilitares como el Bloque Centauros, obligándolo a reforzar sus sistemas de inteligencia y comunicaciones.

En 2007, Naranjo asumió la dirección general de la Policía Nacional. Fue durante sus años al frente del cuerpo cuando se produjeron los golpes que sumieron a las FARC en su crisis terminal. En mayo de 2008 murió por causas naturales Manuel Marulanda Vélez, fundador histórico y comandante en jefe; en septiembre de 2010, la Operación Sodoma abatió a Víctor Julio Suárez, alias Mono Jojoy, en el Meta; en noviembre de 2011, otra operación conjunta liquidó en el Cauca a Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, sucesor de Marulanda. Para 2012, las FARC habían visto reducidos sus efectivos a unos 8.000 hombres, replegados hacia zonas fronterizas y de retaguardia. La inteligencia policial, junto con la militar, había hecho posible una degradación militar del enemigo sin precedentes desde el nacimiento de la guerrilla en 1964. En simultáneo, la tasa de secuestros —bandera de la crisis de los años noventa y comienzos del dos mil— cayó de 3.550 en el año 2000 a 1.500 en 2010.

Naranjo se retiró de la Policía en junio de 2012, con Santos ya en la Casa de Nariño y las conversaciones exploratorias con las FARC iniciándose discretamente. La transición fue orgánica: el mismo mes de su retiro se anunciaba en agosto el acuerdo general para la terminación del conflicto, y en octubre comenzaba formalmente la fase pública de las negociaciones en La Habana, tras el paso inicial por Noruega. Naranjo se integró al equipo negociador del gobierno como plenipotenciario, aportando el capital simbólico de haber sido el jefe policial de los golpes militares definitivos: su presencia en la mesa era una garantía frente al establecimiento, y una señal frente a las FARC de que el Estado no negociaba desde la debilidad.

Entre 2013 y 2016 combinó la negociación en Cuba con una intensa actividad internacional. Ya como consultor privado antes de La Habana, había asesorado al gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad, y su nombre circulaba en foros latinoamericanos sobre reforma policial y lucha contra el narcotráfico. Colombia firmó un acuerdo de cooperación estratégica con la OTAN el 25 de junio de 2013 y anunció, en agosto de 2014, apoyo y trabajo conjunto para enfrentar el narcotráfico en Centroamérica y el Caribe. El Centro Regional de Entrenamiento de Helicópteros, evaluado por la GAO estadounidense en julio de 2013, era otra pieza de esa red. Naranjo fue el rostro más reconocible de ese esfuerzo de proyección: el policía cuyo currículum operacional lo hacía creíble ante interlocutores externos, y cuyo tono técnico permitía traducir la experiencia colombiana a un lenguaje exportable.

En marzo de 2017, tras la renuncia de Germán Vargas Lleras, Santos lo nombró vicepresidente de la República. El cargo llegó cuando el Acuerdo Final ya había sido firmado en noviembre de 2016 —después del rechazo del plebiscito de octubre y su renegociación—, y su misión principal fue coordinar la implementación temprana del acuerdo, en particular la sustitución de cultivos ilícitos y la seguridad en los territorios de posconflicto. La tasa de secuestros había caído a 188 en 2016, cifra que Santos exhibía como dividendo tangible del proceso. Naranjo ejerció la vicepresidencia hasta el fin del mandato de Santos, en agosto de 2018, cuando Iván Duque asumió con una agenda explícita de "modificar" el acuerdo. Con la salida del gobierno santista, Naranjo se retiró de la primera línea política, aunque su nombre siguió apareciendo en foros internacionales y en polémicas periódicas sobre política de drogas y seguridad.

Su red

La trayectoria de Naranjo es inseparable de un tejido de relaciones institucionales y personales que la explican mejor que cualquier atributo individual. El primero de esos vínculos fue con Rosso José Serrano, el general que dirigió la Policía Nacional en la segunda mitad de los noventa y que desmanteló el Cartel de Cali. Serrano configuró el molde del oficial antinarcóticos exitoso —cercano a las agencias estadounidenses, hábil con la prensa, capaz de sostener una narrativa de institucionalidad frente a la sospecha permanente— y Naranjo lo heredó y perfeccionó.

Sus interlocutores estadounidenses fueron determinantes. La DEA y la CIA, presentes en Colombia desde los años setenta pero con protagonismo creciente desde el Bloque de Búsqueda, encontraron en Naranjo una contraparte confiable durante más de dos décadas. Esa relación explica en buena medida su proyección internacional posterior: cuando Estados Unidos buscó exportar el "modelo colombiano" a México y Centroamérica después de 2008, Naranjo era el policía latinoamericano con mayor credibilidad en Washington.

Dentro del país, su red se cruzó con la de Álvaro Uribe durante ocho años y con la de Juan Manuel Santos durante otros ocho. La transición de una a otra —de un presidente que ganó las elecciones prometiendo derrotar militarmente a las FARC a uno que las ganó, en 2010, con la misma promesa pero terminó negociándolas— pasó por la conservación de operadores como él. En La Habana coincidió con Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador, y con Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz. La química entre esos perfiles —el político liberal de vieja escuela, el filósofo de la seguridad y el policía de inteligencia— sostuvo cuatro años de conversaciones bajo presión constante.

Su relación con Uribe se fracturó públicamente después de 2012. El expresidente, convertido en principal opositor del proceso de paz, atacó reiteradamente al equipo negociador, y Naranjo pasó de ser uno de los generales insignia de la Seguridad Democrática a ser señalado como traidor por sectores del uribismo. La ruptura ilustra una paradoja instructiva: los mismos oficiales que ejecutaron los golpes militares que llevaron a las FARC a la mesa fueron, para el uribismo, insuficientemente leales al proyecto original cuando aceptaron negociar la salida.

En el otro extremo del espectro, Naranjo no dejó de ser objeto de acusaciones desde sectores críticos. El libro El Narcotraficante Nº 82, de Sergio Camargo, lo describió como "cómplice del narcotráfico" en el mismo pasaje en que reseñaba su nombramiento por Uribe en la dirección de inteligencia antidrogas, incluyéndolo en una lista de altos oficiales señalados por vínculos con el narcoparamilitarismo. La acusación proviene de una fuente abiertamente política, no encuentra corroboración institucional ni ha derivado en imputaciones judiciales. Pero su existencia forma parte del expediente que cualquier semblanza rigurosa debe consignar, sobre todo porque el aparato en el que Naranjo hizo carrera produjo, en su período de mayor eficacia, escándalos judicialmente establecidos: la sentencia de la Corte Suprema contra Jorge Noguera —cuyas actuaciones al frente del DAS fueron declaradas ilegales y dirigidas a favorecer a los paramilitares—, la revelación en 2009 de las chuzadas del DAS contra periodistas, jueces y opositores, la parapolítica destapada en 2006, y los falsos positivos —ejecuciones de civiles inocentes presentados como guerrilleros muertos en combate— destapados durante la segunda administración Uribe.

Naranjo dirigió la Policía, no el DAS ni el Ejército, y las responsabilidades institucionales están claramente delimitadas. Pero la coincidencia temporal entre los éxitos de la inteligencia policial que él comandaba y las patologías documentadas de otras ramas del aparato de seguridad —el DAS de Noguera, brigadas del Ejército responsables de ejecuciones extrajudiciales, unidades policiales periféricas señaladas de complicidad con paramilitares como en el caso del general Marco Antonio Pedreros Rivera, que renunció en 2008 a petición de Uribe tras ser acusado de colaborar con Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, o el coronel Mauricio Alfonso Santoyo, jefe de seguridad presidencial sancionado por la Procuraduría por interceptaciones ilegales— pertenecen al mismo ecosistema institucional. Ese ecosistema es la biografía de la que Naranjo también es hijo.

Su huella

La huella de Naranjo tiene tres capas que conviene distinguir. La primera es operacional. Los golpes militares que dirigió o coordinó desde la inteligencia policial —contra los remanentes del Cartel del Norte del Valle, contra las estructuras urbanas del narcotráfico, contra la cúpula de las FARC— configuran el capítulo más concluyente de éxito militar del Estado colombiano en cuatro décadas. La caída de Mono Jojoy en 2010 y la de Alfonso Cano en 2011, ejecutadas con inteligencia técnica sofisticada, penetración de comunicaciones y años de trabajo previo, fueron puntos de inflexión reales. Ese aparato de seguridad, que Naranjo ayudó a construir y dirigió en su fase de mayor rendimiento, cambió la correlación de fuerzas de la guerra.

La segunda capa es política. Al aceptar sentarse en La Habana, Naranjo puso su capital simbólico al servicio de una salida negociada que su antiguo jefe combatía frontalmente. Esa decisión —tomada por un oficial de carrera formado en la doctrina de la seguridad, no por un intelectual civil de la paz— fue una de las condiciones que hicieron políticamente viable el acuerdo. La sola presencia de generales retirados en la delegación gubernamental funcionaba como aval institucional frente a un país escéptico. Su vicepresidencia entre 2017 y 2018 fue el desenlace natural de ese giro: la implementación del acuerdo requería un operador con credibilidad ante la fuerza pública, y Naranjo era el candidato obvio.

La tercera capa es la más ambigua. Naranjo es también el rostro colombiano de una internacionalización del aparato de seguridad que convirtió la experiencia represiva del país en mercancía diplomática. Sus asesorías a México, la cooperación con Centroamérica anunciada en 2014, el acuerdo con la OTAN de 2013, la participación en misiones de paz de la ONU proyectada desde 2015: todo eso configura una política de exportación de expertise que se apoyaba en su figura. Ese proyecto tenía una tensión no resuelta. Colombia solicitó, en mayo de 2015, autonomía en política de drogas en el ámbito internacional, insinuando fatiga con el paradigma prohibicionista; pero el modelo que exportaba era precisamente el de una guerra contra las drogas que, según sus propios diagnósticos internos, no había logrado eliminar el narcotráfico —solo desplazarlo, fragmentarlo y transnacionalizarlo—. Naranjo fue el vocero técnicamente solvente de esa contradicción, sin haberla resuelto nunca públicamente.

La memoria pública sobre él está partida. Para una parte del país, es el mejor policía de su generación, el hombre que hizo posibles los golpes que llevaron a las FARC a negociar y que después contribuyó a cerrar el ciclo desde la mesa. Para otra, es un símbolo de la continuidad estatal que sobrevive a los cambios de gobierno sin rendir cuentas plenas por los excesos del aparato en el que hizo carrera. Para los sectores uribistas más duros, es un tránsfuga que traicionó la doctrina de la Seguridad Democrática. Para los críticos radicales del establecimiento, es la cara amable de un aparato represivo cuya eficacia técnica no cancela sus responsabilidades históricas.

Ninguna de esas lecturas es completamente equivocada, y ese es el problema. Naranjo es un policía profesional formado en cuatro décadas de guerra irregular; es, también, el operador que aceptó girar de la guerra a la negociación cuando el poder ejecutivo lo pidió; y es, finalmente, un producto del mismo ecosistema institucional que produjo el DAS de Noguera, las chuzadas, los falsos positivos y la parapolítica. Su biografía muestra, con inusual claridad, que el Estado colombiano administró el tránsito de la guerra a la posdesmovilización manteniendo intactos a sus operadores principales de la seguridad. Esa continuidad fue, probablemente, una condición práctica del acuerdo de paz: sin cuadros con credibilidad interna y externa, la negociación habría sido inviable. Pero fue también la razón por la que el posacuerdo llegó sin una revisión estructural del aparato de seguridad, y por la que las patologías documentadas de ese aparato —espionaje ilegal, connivencia con paramilitares, ejecuciones extrajudiciales— no han encontrado, aún hoy, un procesamiento institucional a la altura de lo que exponen las sentencias y los archivos disponibles.

La figura de Naranjo funciona, por eso, como un espejo. En él se ve el Estado colombiano como quiere verse a sí mismo —profesional, técnico, moderno, capaz de reconvertir la guerra en política— y también como sus críticos lo denuncian: un aparato que perpetúa sus operadores por encima de los cambios ideológicos de la superficie, y que exporta como modelo lo que internamente sigue siendo un problema no resuelto. La calidad de una biografía histórica no consiste en optar entre esas dos imágenes, sino en sostenerlas juntas. Óscar Naranjo Trujillo es el policía que le ganó batallas decisivas al narcotráfico y a la guerrilla, y es el operador tecnocrático de un Estado cuyas zonas grises él conoció mejor que casi nadie. Ambas cosas son parte del mismo hombre, y ambas explican por qué su nombre seguirá apareciendo, durante décadas, en cualquier intento serio de escribir la historia reciente de Colombia.