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Historia Colombiana
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Idea transversal

Narcoparamilitarismo

El narcoparamilitarismo nombra la fusión, ocurrida en Colombia entre 1981 y comienzos del siglo XXI, de la contrainsurgencia, el narcotráfico y la protección armada de élites agrarias, políticas y militares, que produjo masacres, despojo masivo de tierras, captura del Estado y una economía criminal de escala nacional.

4.435 palabras84 documentos117 fragmentos citados
Narcoparamilitarismo

Trayectoria de una idea

  1. 1981

    Creación del MAS y origen del narcoparamilitarismo

  2. 1983

    Denuncia del procurador Jiménez Gómez ante el Congreso

  3. 1984

    Alianza narco-paramilitar en Puerto Boyacá

  4. 1995

    Legalización de las Convivir y delegación de la violencia

  5. 1997

    Fundación de las AUC, expansión nacional y sistema de gramaje

  6. 2001

    Pacto de Ralito y captura política del Estado

  7. 2003

    Desmovilización de las AUC y surgimiento de estructuras sucesoras

03

La lectura

El narcoparamilitarismo no fue una alianza coyuntural entre actores separados sino una arquitectura de poder que se consolidó cuando la contrainsurgencia, el narcotráfico y la protección de élites agrarias comenzaron a necesitarse mutuamente para sostenerse. Su genealogía arranca en el MAS de 1981 —donde narcotraficantes, militares y gremios ganaderos se fundieron por primera vez en una misma tropa— y alcanza su expresión más compleja en las AUC de los años noventa y dos mil, cuando el control simultáneo de cultivos de coca, laboratorios, rutas de exportación y activos legales se convirtió en el núcleo del proyecto. La violencia no fue solo un instrumento contrainsurgente: fue también el mecanismo para despojar tierras, transformar usos del suelo, lavar dinero y capturar instituciones del Estado desde los municipios hasta el Congreso. El escándalo de la parapolítica reveló la dimensión política de ese proceso, pero sus consecuencias judiciales fueron estructuralmente limitadas. Tras la desmovilización de 2003-2006, las estructuras sucesoras demostraron que el fenómeno no era reducible a sus jefes visibles, sino que respondía a economías territoriales y redes de poder cuya lógica sobrevivió al proceso de paz parcial.

El narcoparamilitarismo colombiano nombra la fusión, ocurrida entre 1981 y comienzos del siglo XXI, de tres lógicas que en otros países operan por separado: la contrainsurgencia contra las guerrillas de izquierda, la acumulación económica del narcotráfico y la protección armada de élites agrarias, políticas y militares regionales. No fue un pacto entre actores externos que un día decidieron colaborar, sino una arquitectura de poder que se consolidó cuando cada una de esas lógicas empezó a necesitar a las otras para sostenerse: los ganaderos requerían tropas privadas contra la extorsión y el secuestro, los narcotraficantes buscaban tierras para lavar dinero y defender sus rutas, y sectores del Estado encontraron en esas tropas un delegado útil para hacer lo que la fuerza pública no podía hacer sin someterse al imperio de la ley. De esa convergencia nacieron el MAS en 1981, las Autodefensas del Magdalena Medio, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las Autodefensas Unidas de Colombia y, tras la desmovilización de 2003-2006, las estructuras que el gobierno llamó bandas criminales emergentes y que las víctimas y buena parte de la academia leyeron como una reingeniería del mismo aparato. Ese arco —del panfleto lanzado sobre los estadios de fútbol en diciembre de 1981 al Clan del Golfo contemporáneo— es la historia que este artículo relata.

El sujeto y por qué pesa

Nombrar el fenómeno como narcoparamilitarismo y no como paramilitarismo a secas no es un capricho terminológico. La palabra recoge una constatación histórica: desde muy pronto, y de forma cada vez más determinante, el paramilitarismo colombiano dejó de sostenerse con la ganadería extensiva de las regiones donde nació y pasó a depender del narcotráfico como fuente de financiación, como fin económico y como criterio para decidir dónde expandirse. A finales de los años ochenta, los costos del aparato militar superaron lo que la ganadería podía aportar; los narcotraficantes, que ya venían comprando tierras masivamente como forma de lavar dinero y escalar socialmente, se convirtieron en terratenientes y ganaderos, y en ese mismo movimiento se hicieron indispensables para el sostenimiento de las autodefensas. Nació así un sector social nuevo, el de los narco-ganaderos, que no fue accesorio del proyecto paramilitar sino uno de sus núcleos.

El peso histórico del narcoparamilitarismo se mide en tres registros. En el humano: masacres, desplazamiento forzado de millones de personas y despojo de tierras a escala nacional —de los 6,6 millones de hectáreas perdidas o abandonadas entre 1980 y 2010, el 79,3% corresponde al periodo 1998-2008, coincidente con la expansión y desmovilización de las AUC—. En el político: la captura de porciones sustanciales del Congreso, de gobernaciones y de aparatos judiciales regionales, escándalo que se conoció como la parapolítica. Y en el económico: el control simultáneo de cultivos de coca, laboratorios, rutas de exportación y activos legales —tierras, ganado, agroindustria, minería— comprados con dinero del narcotráfico y protegidos con violencia. Un solo aparato armado hilvanó los tres registros.

Los orígenes: MAS, Magdalena Medio y el Decreto 3398

El punto de partida convencional es noviembre de 1981, cuando el M-19 secuestró a Marta Nieves Ochoa, hermana de los narcotraficantes del clan Ochoa del Cartel de Medellín. La respuesta fue el anuncio, en diciembre de ese año, de un grupo llamado MAS —Muerte a Secuestradores—, que hizo pública su existencia lanzando panfletos desde avionetas sobre estadios de fútbol durante los partidos. La imagen es reveladora: no un aparato clandestino que se anuncia con discreción, sino uno que reclama de entrada un espacio público y una legitimidad social.

En febrero de 1983, el procurador Carlos Jiménez Gómez denunció ante el Congreso que en la creación del MAS habían participado 163 personas, de las cuales 59 eran militares en servicio activo, además de representantes de gremios ganaderos e industriales, con actividades vinculadas al Magdalena Medio. La denuncia dibujó, quince años antes de las AUC, la composición exacta de lo que iba a venir: narcotraficantes, militares, gremios agrarios y sectores industriales alrededor de una misma tropa. El desenlace judicial fue igualmente diciente: todos los procesos contra los militares acusados de pertenecer al MAS fueron trasladados a la Jurisdicción Penal Militar por decisión del Tribunal Disciplinario. La justicia ordinaria quedó fuera. La denominación masetos se popularizó como sinónimo de paramilitares en el Magdalena Medio y otras regiones, y sobrevivió al grupo original.

En paralelo, en Puerto Boyacá —el epicentro que iba a bautizar la primera generación paramilitar—, el coronel Jaime Sánchez Arteaga, del Batallón Bárbula, convocó junto con Gonzalo Pérez y sus hijos Henry y Marcelo Pérez a los ganaderos locales para estructurar un grupo de autodefensas contra la influencia guerrillera. La sociedad era formalmente entre militares y ganaderos; el narcotráfico iba a entrar poco después. En diciembre de 1984, fuerzas paramilitares bajo el mando de Henry Pérez interceptaron un cargamento de cocaína de Gonzalo Rodríguez Gacha —el Mexicano— cerca de Puerto Boyacá. El episodio, lejos de una ruptura, selló una alianza: Rodríguez Gacha adquirió tierras, organizó ejércitos privados y articuló propiedad rural, coerción armada y control territorial dentro del mismo esquema que ya operaban los ganaderos.

La cobertura legal venía de más atrás. El Decreto 3398 de 1965, dictado bajo la doctrina de seguridad nacional de la Guerra Fría, estableció el marco que permitía armar a civiles y crear juntas de autodefensa. Desde los años setenta, el Ejército lo utilizó para involucrar a ganaderos y terratenientes en la guerra contrainsurgente. Sobre ese decreto se apoyaron, a partir de 1982, los patrullajes conjuntos entre unidades militares y grupos paramilitares, y la capacitación de civiles en escuelas de entrenamiento dirigidas por oficiales y exoficiales del Ejército. En el Magdalena Medio, la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio —Acdegam— canalizó recursos para acondicionar centros de entrenamiento, pagar sueldos, comprar armas y municiones, con participación de políticos regionales y de organismos de seguridad e inteligencia. El diseño no era clandestino: era institucional.

La trayectoria: de las autodefensas regionales a las AUC

La primera generación paramilitar fue regional y estuvo anclada en el Magdalena Medio, con Puerto Boyacá como capital simbólica y con Henry Pérez, Gonzalo Pérez y, más tarde, Ramón Isaza como referentes armados. Durante los años ochenta, ese aparato desarrolló una estrategia de tierra arrasada que consistía en despoblar el campo mediante asesinatos y amenazas, no solo por razones antisubversivas sino para arrebatar las propiedades a los campesinos. Mandos militares, dirigentes políticos del bipartidismo, líderes paramilitares, narcotraficantes y grandes empresas nacionales y extranjeras se apropiaron de las tierras fértiles de la región. Ese fue, en toda la extensión de la palabra, el laboratorio.

En los años noventa la iniciativa se desplazó al norte, al sur de Córdoba y al Urabá antioqueño, con la aparición de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá —ACCU—, fundadas por los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil, con Fidel como figura inicial predominante. Los Castaño no eran ganaderos tradicionales: se habían insertado en el sur de Córdoba desde comienzos de los ochenta con una doble agenda —antisubversiva y de apropiación de tierras para lavar dinero y asegurar territorios funcionales a la cadena productiva del narcotráfico—. Con ellos, la fusión narcoparamilitar dejó de ser una alianza entre sectores diferenciados y se volvió una identidad única en el mismo mando.

Hacia 1996, las ACCU iniciaron una expansión sin precedentes. En 1997, Vicente Castaño convocó en el Alto Sinú a los líderes de grupos paramilitares del Bajo Cauca para integrarlos formalmente a las ACCU, delimitando territorios y reorganizando estructuras bajo las órdenes de Carlos Castaño. Ese mismo año, Vicente Castaño implementó un sistema de cobro de gramaje, un impuesto por kilo de cocaína exportada, inicialmente en Buenaventura y luego extendido, tal como lo describió más tarde el comandante Hebert Veloza —alias HH— en las audiencias de Justicia y Paz. El sistema convertía el paso mismo de la droga por territorio paramilitar en fuente estable de financiación, sin necesidad de que la estructura poseyera todos los eslabones del negocio.

En abril de 1997 nacieron formalmente las Autodefensas Unidas de Colombia. Carlos Castaño buscaba organizar su situación jurídica —tenía órdenes de captura— y generar una propuesta de negociación con el gobierno nacional; un interlocutor le condicionó el apoyo político a la unificación de las organizaciones paramilitares regionales, entonces descritas como balcanizadas. La consigna de unificación coexistió con otras motivaciones —la oposición explícita de las AUC a los diálogos de paz de El Caguán con las FARC entre 1998 y 2002— pero produjo el resultado buscado: una marca nacional bajo la cual se agruparon los bloques regionales.

La expansión desde Córdoba, Urabá y el Magdalena Medio hacia el resto del país fue vertiginosa. Las masacres de Mapiripán, el 14 de julio de 1997, y de Puerto Alvira, el 4 de mayo de 1998, ambas en el Meta, fueron ejecutadas por las ACCU con el fin de controlar el cultivo de coca y el tráfico de narcóticos por el río Meta, hecho establecido judicialmente por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. Hacia 1999, las AUC entraron a Norte de Santander —La Gabarra, Tibú— para apoderarse del negocio de producción y tráfico de cocaína en la frontera con Venezuela, y para hacerlo tuvieron que desalojar a la guerrilla que controlaba el territorio. Entre 1997 y 1999, Salvatore Mancuso dirigió el Bloque Catatumbo con ese objetivo. El Bloque Norte, bajo Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo —alias Jorge 40—, extendió el control paramilitar sobre Magdalena, Cesar, La Guajira y Norte de Santander. En la Sierra Nevada de Santa Marta, las ACCU se apropiaron del control de cultivos, laboratorios y rutas mediante alianzas, asesinatos de socios y la derrota militar del grupo de Hernán Giraldo, que había gobernado esas economías ilegales durante más de tres décadas. El sur de Bolívar —descrito internamente como un océano de coca— fue disputado con doble lógica: para Carlos Castaño, una derrota estratégica al ELN; para Vicente Castaño, la transferencia hacia las autodefensas de las rentas del narcotráfico que hasta entonces habían pasado por las guerrillas.

La red: Convivir, parapolítica y Ralito

Ningún aparato armado de esa escala se sostiene sin una malla institucional que lo cubra. En el narcoparamilitarismo esa malla tuvo dos capas: una legal-administrativa y otra electoral-política.

La capa legal fueron las Convivir. El Decreto 356 de 1994, expedido al final del gobierno de César Gaviria, creó un marco de servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada. La Resolución 368 del 27 de abril de 1995 de la Superintendencia de Vigilancia —ya bajo el gobierno de Ernesto Samper— unificó ese marco bajo la denominación Convivir e integró servicios especiales y comunitarios. El texto permitía a los asociados portar armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y por esa rendija algunos grupos accedieron a armamento más allá de las armas de defensa personal. En los primeros años se legalizaron más de cuatrocientas, con especial intensidad en Antioquia y Santander, departamento cuya gobernación entonces ejercía Álvaro Uribe Vélez, uno de sus principales impulsores y defensores. La consecuencia estructural fue clara: las Convivir sirvieron a las estructuras paramilitares para superar sus problemas de acción colectiva y coordinación, y para dotar su accionar de un fundamento legal. Fue una violencia por delegación, en la que los grupos paramilitares ejecutaban lo que la fuerza pública no podía hacer sometida al imperio de la ley. En términos históricos, fue la relegalización del paramilitarismo pocos años después de que se hubiera derogado el marco anterior.

La capa política fue la parapolítica. El 23 de julio de 2001, en Santa Fe de Ralito, corregimiento del municipio de Tierralta en Córdoba, se reunieron jefes paramilitares con gobernadores, congresistas, concejales, alcaldes y ganaderos de Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena, conformando una alianza para refundar al país y construir una nueva Colombia. Entre 2000 y 2002 se firmaron acuerdos regionales similares en Chivolo y Pivijay, ambos en Magdalena, y en Barranco de Loba; en 2002 se suscribió el Pacto del Magdalena con alcaldes y diputados. Jorge 40, como comandante del Bloque Norte, promovió los pactos del Magdalena y la sectorización electoral de municipios en favor de candidatos al Congreso en 2002. Las AUC aprovecharon la proliferación de partidos y movimientos habilitada por la Constitución de 1991 —una constelación de siglas menores como Colombia Democrática, Convergencia Ciudadana o Equipo Colombia, entre otras— para construir una bancada extensa por la vía del avaladeo disperso.

La captura del Estado no se limitó al legislativo. La sentencia contra alias el Iguano estableció que en Cúcuta todas las instituciones estuvieron al servicio de los paramilitares; la Corte Suprema de Justicia condenó a la directora seccional de Fiscalías, Ana María Flórez, por sus vínculos con el Bloque Catatumbo. En septiembre de 2006, la Revista Semana reveló parcialmente el contenido del computador incautado a Jorge 40, con contactos con decenas de políticos, empresarios y militares —especialmente del Caribe— relacionados con pagos, apoyos electorales y contratos. El escándalo político nacional que siguió tuvo, sin embargo, límites judiciales estructurales: hasta mayo de 2013 ningún congresista condenado había pagado las multas impuestas; varios firmantes del Pacto de Ralito fueron absueltos por falta de prueba adicional a la firma; muchas condenas se cumplieron con detención domiciliaria o quedaron por debajo de los siete años.

El circuito quedó así completo. Las Convivir legalizaron la coerción sobre el terreno y los pactos de Ralito, Chivolo y el Magdalena legalizaron el reparto del poder político que esa coerción producía. Los recursos que financiaban toda la maquinaria, sin embargo, no salían de la ganadería ni de las alcaldías capturadas: salían de una economía ilegal específica, articulada con la tenencia de la tierra y con circuitos empresariales legales que la reciclaban. A esa economía hay que entrar ahora.

La economía: tierra, coca y lavado

La sustancia económica del narcoparamilitarismo se lee en tres movimientos concatenados.

El primero fue la compra masiva de tierras rurales por narcotraficantes durante los años ochenta como mecanismo de lavado y de ascenso social. Al convertirse en terratenientes y ganaderos, los narcotraficantes se volvieron demandantes de protección paramilitar frente a las guerrillas, lo que aceleró la fusión con los ganaderos tradicionales sin eliminarlos. El resultado fue un actor social híbrido, el narco-ganadero, que iba a jugar un papel esencial tanto en la expansión del paramilitarismo como en el carácter extremo de su violencia.

El segundo fue la apropiación paramilitar directa de eslabones enteros del negocio de la cocaína: cultivos, centros de producción, rutas de exportación, cobro de gramaje. Las ACCU/AUC pasaron de proteger narcotraficantes ajenos a operar ellas mismas la cadena en el Gran Magdalena, la Sierra Nevada, el Catatumbo, el sur de Bolívar y el Meta. El Nudo de Paramillo, por su condición de nodo entre Antioquia, Córdoba, Chocó y Bolívar, concentró economías ilegales y corredores fluviales y terrestres que permitieron financiar bloques enteros. El control paramilitar sobre Buenaventura y partes del Chocó respondió a la lógica de dominar corredores de exportación al Pacífico: quien regulaba la sociedad en un territorio podía cobrar impuestos al narcotráfico y condicionar el negocio.

El tercero fue el lavado y la reinversión. Las utilidades del narcotráfico se blanquearon mediante testaferros, empresas de fachada, compra de predios e inversiones en ganadería, agroindustria y minería; en el Gran Magdalena, uno de los mecanismos fue la compra de tierras y minas para revenderlas a compañías mineras. El Bloque Elmer Cárdenas asoció su control territorial entre 2002 y 2006 a proyectos económicos en territorios étnicos del Urabá chocoano y antioqueño: explotación maderera, agronegocios de palma, banano y plátano, ganadería extensiva y concesiones mineras, financiados con rentas del narcotráfico. La violencia del Bloque Mineros y de estructuras afines sirvió para desplazar al campesinado, transformar los usos del suelo y expandir circuitos económicos ilegales.

El despojo de tierras siguió las rutas del desplazamiento forzado y de las compras masivas. Se concentró primero en el sur de Córdoba, Urabá y el Magdalena Medio, y desde la segunda mitad de los años noventa se expandió al resto del país. La coincidencia entre los picos del despojo y las fases de expansión y negociación de las AUC no es casual: el aparato armado y la economía de la tierra funcionaban como un mismo sistema.

La violencia: masacres, desplazamiento, terror

Ese sistema económico exigía, en el terreno, una tecnología de terror capaz de vaciar los predios que iban a comprarse y de disciplinar a la población que quedara. Las masacres fueron el instrumento característico del narcoparamilitarismo, no un exceso ni una desviación. Su función era doble: someter a la población civil considerada base social o simpatizante de las guerrillas, y provocar desplazamientos masivos que liberaran tierras para la compra posterior por narcotraficantes y paramilitares.

La masacre de La Mejor Esquina, el 3 de abril de 1988 en el sur de Córdoba, dejó 28 víctimas, en su mayoría campesinos, de las cuales seis pertenecían al Frente Popular, organización política de izquierda que los paramilitares consideraban brazo del EPL. Fue parte de una oleada que ese año sumó al menos 88 personas muertas en diversas masacres en Córdoba. Las masacres de Segovia y la región de Remedios, en el Nordeste antioqueño, fueron un mecanismo de terror expedicionario contra militantes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, hitos de la violencia contra esas organizaciones en la región. Mapiripán y Puerto Alvira, en el Meta, se ejecutaron para controlar el cultivo de coca y el tráfico por el río Meta. La masacre de Bahía Portete, el 18 de abril de 2004 en La Guajira, fue perpetrada contra la comunidad wayuu con violencia deliberada dirigida contra las mujeres como sostén cultural y de autonomía, y en el contexto del control paramilitar sobre rutas de narcotráfico y contrabando en la Alta Guajira; el mando operativo se atribuyó a alias Pablo.

Estas violencias no solo tuvieron propósito contrainsurgente. En regiones como Urabá, el Magdalena Medio y el Meta, el desplazamiento coincidió geográficamente con la expansión de cultivos agroindustriales como la palma. El terror, además, tuvo un componente político deliberado: fue central en el exterminio de la UP y en el achicamiento del espacio para cualquier expresión de izquierda social o partidaria en regiones enteras.

La desmovilización y su continuidad

El 15 de julio de 2003, el Gobierno nacional y las AUC firmaron el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, que comprometía a estas últimas a desmovilizar la totalidad de sus miembros antes del 31 de diciembre de 2005. El proceso se extendió entre noviembre de 2003 y agosto —según otras fuentes, noviembre— de 2006, con 38 actos de desmovilización y cifras que oscilan, según la fuente, entre 31.521 y 31.689 combatientes. La primera desmovilización fue la del Bloque Cacique Nutibara en noviembre de 2003 en Medellín; la última, la del Bloque Elmer Cárdenas.

El cese de hostilidades declarado por las AUC no se cumplió. Los grupos siguieron cometiendo crímenes contra la población civil durante toda la negociación, tal como lo constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo denunciaron las organizaciones de víctimas. Los análisis académicos y los informes de derechos humanos documentaron además irregularidades en las ceremonias mismas: personas que no pertenecían realmente a los grupos aparecían en las filas de la desmovilización, y las armas entregadas eran menos de las que las estructuras poseían, aunque las verificaciones institucionales oficiales no siempre confirmaron esas denuncias.

La Ley de Justicia y Paz de 2005, marco jurídico de la desmovilización, recibió críticas duras por su leniencia hacia los paramilitares y por la insuficiente atención a la justicia y reparación para las víctimas. En junio de 2006, la Corte Constitucional la reformó: si los líderes no cooperaban plenamente con la verdad y no restituían lo suficiente, quedarían sometidos a la ley penal ordinaria y podrían ser extraditados.

Mientras tanto, los líderes paramilitares concentrados en La Ceja, Antioquia, siguieron manejando estructuras de narcotráfico y disputándose su control desde ese lugar de reclusión, lo que motivó su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. En la madrugada del 13 de mayo de 2008, el presidente Álvaro Uribe ordenó la extradición masiva a Estados Unidos de varios de los jefes paramilitares más prominentes —entre ellos Salvatore Mancuso y Diego Fernando Murillo, Don Berna—, alegando que continuaban delinquiendo desde la cárcel. La consecuencia inmediata fue procesal: entre mayo y noviembre de 2008 no se realizó ninguna audiencia de versión libre desde Estados Unidos, y entre noviembre de 2008 y octubre de 2009 solo se llevaron a cabo unos 22 días de versión libre. Las audiencias por teleconferencia enfrentaron serios problemas logísticos —incluida la negación de visas a defensoras y fiscales— que dificultaron gravemente el acceso de las víctimas a la verdad. La extradición liquidó el poder territorial de los extraditados en Estados Unidos, pero clausuró en la práctica la posibilidad de una verdad judicial completa sobre lo que había ocurrido en Colombia.

Después: BACRIM, GAO y la reingeniería

Tras las desmovilizaciones surgieron grupos armados integrados por excombatientes, mandos medios rearmados y estructuras nuevas que continuaron actividades de narcotráfico, extorsión y violencia contra civiles. En 2008, la Corporación Nuevo Arco Iris identificó aproximadamente cien bandas criminales con veintiún nombres distintos y cerca de ocho mil miembros, presentes en 246 de los 1.102 municipios del país, con mayor concentración en la costa Atlántica —40% de los miembros—. Los grupos se localizaron en las mismas zonas donde habían operado las antiguas autodefensas y quedaron bajo control de narcotraficantes parientes o segundones de los jefes que habían negociado con el primer gobierno de Uribe. La continuidad de personal, territorio y negocio era demasiado nítida para ser accidental, y demasiado incómoda para el relato oficial de la desmovilización.

El gobierno los llamó bandas criminales emergentes —BACRIM— y las definió como agrupaciones vinculadas al narcotráfico. Uribe declaró que el paramilitarismo en Colombia ha sido extinguido y sus líderes están en la cárcel, y el vicepresidente Francisco Santos descalificó los informes de organizaciones de derechos humanos que documentaban continuidad, calificándolos de no basados en datos y sesgados. Iván Cepeda, entonces vocero del MOVICE y luego representante a la Cámara, sostuvo en abril de 2011 que el término bacrim había sido creado para ocultar la reingeniería paramilitar y persuadir a la opinión pública de que el paramilitarismo había sido derrotado. ONG, sectores académicos, organizaciones de víctimas y organismos de derechos humanos rechazaron la denominación oficial y sostuvieron que los grupos posdesmovilización constituían una continuación o reestructuración del paramilitarismo. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, bajo la coordinación académica de Mauricio Romero, propuso en 2007 una tipología que distinguía entre grupos disidentes, rearmados y emergentes, reconociendo la heterogeneidad del fenómeno sin diluir su continuidad de fondo.

Los propios grupos se autonombraron de otra manera. Las Águilas Negras rechazaron en mayo de 2009 la denominación gubernamental de bandas emergentes y reivindicaron su carácter político, autodenominándose el ejército de la Restauración Nacional. Los Urabeños —Autodefensas Gaitanistas de Colombia, hoy conocidos como Clan del Golfo— se consolidaron como actor central del poder político y económico regional en el Urabá y Córdoba, con las mismas prácticas de gobernanza político-territorial de sus antecesoras: definición de candidaturas locales, financiación de campañas y acuerdos con gobernantes para captura de rentas mediante contratación pública. La parapolítica no desapareció con la desmovilización de las AUC; se rehizo en escala local y silenciosa. En Norte de Santander, Los Rastrojos aparecieron en escena en 2007 procedentes del occidente del país. La Oficina de Envigado y Los Rastrojos disputaron las rutas del norte del Chocó tras la desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas; en 2007, Don Berna asesinó a Pacho Cifuentes por oponerse a ceder el control de esas rutas a la Oficina de Envigado.

Su huella

El narcoparamilitarismo dejó tres huellas duraderas en la historia colombiana. La primera es demográfica y territorial. Millones de desplazados, decenas de miles de asesinatos y masacres reconfiguraron el mapa social del país, y la propiedad rural quedó redistribuida a favor de narcotraficantes, ganaderos y empresarios agroindustriales en regiones enteras del Caribe, el nordeste antioqueño, Urabá, el Magdalena Medio y los Llanos. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011 y los procesos posteriores han avanzado en la identificación de predios despojados y en fallos de restitución, pero los reclamantes enfrentan amenazas, asesinatos y una arquitectura de testaferros y compradores sucesivos que dificulta revertir el despojo. Regiones donde la coca, la palma, el banano, la minería y la ganadería se superpusieron con el aparato paramilitar siguen mostrando concentración de la tierra en niveles anteriores a cualquier reforma agraria pendiente.

La segunda huella es institucional. La parapolítica reveló que la captura del Estado por actores armados no se limitaba a alcaldías rurales sino que alcanzaba al Congreso, a fiscalías seccionales, a órganos de inteligencia como el extinto DAS y a tribunales regionales. La respuesta judicial, protagonizada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, produjo decenas de condenas contra congresistas, pero la extradición de 2008 fragmentó la verdad sobre los pactos regionales, y la debilidad estructural de las penas —domiciliarias, muchas veces inferiores a siete años, con multas incumplidas— dejó abierta la percepción de una justicia incompleta. La reingeniería posterior, con el Clan del Golfo y otros grupos financiando campañas locales y capturando rentas de contratación pública, mostró que el circuito armado-electoral que se había armado en los años noventa no se desmontó con las desmovilizaciones.

La tercera huella es conceptual. La disputa por el nombre —¿paramilitarismo, narcoparamilitarismo, delincuencia común, bandas criminales, grupos armados organizados?— no es semántica. Detrás de cada rótulo hay una lectura distinta de qué fue lo que ocurrió, qué pesa más en la explicación y qué obligaciones se derivan para el Estado y para la sociedad. Hablar de bandas criminales recorta la historia a un problema de orden público y desconoce la continuidad con las estructuras negociadas en Ralito; hablar de paramilitarismo sin el prefijo narco subestima la centralidad del negocio de la cocaína en la financiación, la expansión geográfica y las alianzas del aparato; hablar de narcotráfico a secas oculta la función contrainsurgente y de protección de élites. El término narcoparamilitarismo condensa la fusión que otros nombres disuelven.

Lo que hoy se llama Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas opera en muchos de los mismos territorios donde estuvieron las ACCU, con muchas de las mismas rutas, con parte del mismo personal reciclado y con las mismas redes de captura política local. No es la reencarnación exacta de las AUC —los tiempos, las escalas y los liderazgos han cambiado— pero tampoco es un fenómeno distinto en su naturaleza. La convergencia de contrainsurgencia, acumulación narcotraficante y protección de élites regionales, que se anunció en 1981 con panfletos lanzados sobre estadios de fútbol, sigue siendo el andamiaje del poder armado en amplias regiones del país: no un episodio cerrado del pasado, sino una arquitectura estable de poder cuya reingeniería está aún en curso.

04

En el archivo

78 apariciones públicas, ordenadas por período y año.

01Frente Nacional1958–19741
  1. 1965Decreto 3398 de 1965 y Ley 48 de 1968: andamiaje jurídico de la autodefensa armadaHecho
02Crisis y narcotráfico1974–199016
  1. 1974Crisis y narcotráfico (1974–1990)Época
  2. 1983Carlos Jiménez GómezFicha
  3. 1984Génesis del paramilitarismo en el Magdalena Medio (1984–1989)Hecho
  4. 1984NarcotráficoFicha
  5. 1984Pablo Emilio Guarín VeraFicha
  6. 1985Puerto BoyacáFicha
  7. 1986Gonzalo Rodríguez GachaFicha
  8. 1986Guerra suciaFicha
  9. 1986Henry PérezFicha
  10. 1987Jaime Pardo LealFicha
  11. 1987Mercenarios extranjeros y consolidación paramilitar (1987–1989)Hecho
  12. 1988Yair KleinFicha
  13. 1989La guerra contra la justicia en Colombia (1984–1991)Pregunta
  14. 1989La RochelaFicha
  15. 1990Narcotráfico y tierra en Colombia (1980-2000)Pregunta
  16. 1991TrujilloFicha
03Constitución de 19911991–200220
  1. 1988El paramilitarismo del Magdalena Medio (1982-1992)Pregunta
  2. 1989Muerte de Pablo Escobar y reconfiguración del narcotráfico (1993)Hecho
  3. 1991Funpazcor y el despojo legalizado mediante filantropía armadaHecho
  4. 1993Pedagogías paramilitares de adoctrinamiento y giro bolivariano de las FARC (1993–2002)Hecho
  5. 1994Gobierno Samper, Proceso 8.000 y las Convivir (1994–1998)Hecho
  6. 1994Vicente CastañoFicha
  7. 1995Cooperativas de Trabajo Asociado y desmantelamiento del sindicalismo palmero (1995–2005)Hecho
  8. 1995Fundación y expansión de las AUC (1995–2000)Hecho
  9. 1995Limpieza social y orden moral paramilitar en ciudades colombianas (1995–2002)Hecho
  10. 1996Asimetría mediática: hipervisibilidad de las FARC e invisibilización paramilitar (1996–2002)Hecho
  11. 1997AutodefensasFicha
  12. 1997Carlos Castaño GilFicha
  13. 1997El despojo narco-paramilitar y la contrarreforma agraria en Colombia (1980-2006)Pregunta
  14. 1997Operación Génesis y desplazamiento masivo en el Bajo AtratoHecho
  15. 1997Sevicia ritual paramilitar y violencia sexual escenificada en masacres (1997–2002)Hecho
  16. 1998Hernán Giraldo SernaFicha
  17. 1998Jesús María Valle JaramilloFicha
  18. 1999Monumento a la Paz de MonteríaHecho
  19. 2001Palma aceitera y despojo paramilitar en Colombia (1996–2013)Pregunta
  20. 2005Captura del EstadoFicha
04Seguridad Democrática2002–201624
  1. 1997Salvatore Mancuso GómezFicha
  2. 2002El Bloque Centauros y la guerra intra-paramilitar en el Casanare (2002–2005)Hecho
  3. 2002El DAS bajo Jorge Noguera y la captura paramilitar del aparato de inteligencia (2002–2005)Hecho
  4. 2003Carlos Mario Jiménez NaranjoFicha
  5. 2003Don Berna (Diego Fernando Murillo Bejarano)Ficha
  6. 2003Éver Veloza GarcíaFicha
  7. 2003Falsificación de cifras y ocultamiento de menores en la desmovilización paramilitar (2003–2006)Hecho
  8. 2003Negociación de Santa Fe de Ralito y desmovilización paramilitar (2003–2006)Hecho
  9. 2003Santa Fe de RalitoFicha
  10. 2005Continuidad paramilitarFicha
  11. 2005Iván Roberto Duque GaviriaFicha
  12. 2005Luis Carlos RestrepoFicha
  13. 2006Álvaro García RomeroFicha
  14. 2006Álvaro Uribe VélezFicha
  15. 2006Bandas criminales (Bacrim)Ficha
  16. 2006Bandas criminales y rearme posdesmovilización (2006–2014)Hecho
  17. 2006El escándalo de la parapolíticaHecho
  18. 2006La desmovilización de las AUC y las bacrim/AGC (2003-2006)Pregunta
  19. 2006La parapolíticaPregunta
  20. 2007Daniel Rendón HerreraFicha
  21. 2007Mario IguaránFicha
  22. 2007Yolanda Izquierdo BerríoFicha
  23. 2008Iván Velásquez GómezFicha
  24. 2010Casas de pique y violencia urbana afrocolombiana en Buenaventura (2010–2015)Hecho
05Posconflicto2016–presente2
  1. 2016Asesinato sistemático de líderes sociales y excombatientes en el posacuerdo (2016–2022)Hecho
  2. 2016Dairo Antonio Úsuga David, alias OtonielFicha
06Transversal—14
  1. 1952Chulavitas, pájaros y el origen del paramilitarismo colombianoPregunta
  2. 1965Privatización de la seguridadFicha
  3. 1980EnvigadoFicha
  4. 1985Del país del café al país de la cocaínaPregunta
  5. 1985Puerto TriunfoFicha
  6. 1990SicariatoFicha
  7. 1990Víctor CarranzaFicha
  8. 1994El viraje del paramilitarismo colombianoPregunta
  9. 1995Lavado de activosFicha
  10. 1997Paramilitarismo en ColombiaFicha
  11. 1998El despojo agrario en Colombia, 1985-2010Pregunta
  12. 1999El PlacerFicha
  13. 2000Estado paraleloFicha
  14. 2003Cultura popular y narco-violencia en ColombiaPregunta
05

Relaciones

Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.

Relaciones editoriales

  1. 01Carlos Castaño Gil — cofundador de las ACCU y principal articulador de la unificación paramilitar en las AUC; encarnó la fusión de agenda antisubversiva y control narcoterritorial
  2. 02Gonzalo Rodríguez Gacha ('el Mexicano') — narcotraficante que articuló propiedad rural, ejércitos privados y control territorial en el Magdalena Medio, consolidando la alianza narco-paramilitar en los años ochenta
  3. 03Salvatore Mancuso — comandante del Bloque Catatumbo y del Bloque Norte de las AUC; expandió el control paramilitar hacia Magdalena, Cesar, La Guajira y Norte de Santander con financiación del narcotráfico
  4. 04Magdalena Medio — laboratorio histórico del narcoparamilitarismo; epicentro de la primera generación paramilitar, la alianza con el narcotráfico y la estrategia de despojo de tierras
  5. 05Convivir — figura jurídica estatal utilizada por las estructuras paramilitares para ganar cobertura legal, superar problemas de coordinación y expandirse nacionalmente en los años noventa
  6. 06Parapolítica — escándalo político derivado de la captura de porciones del Congreso, gobernaciones y aparatos judiciales regionales por parte de las AUC, expresión máxima de la dimensión política del narcoparamilitarismo
  7. 07Álvaro Uribe Vélez — gobernador de Antioquia e impulsor de las Convivir, figura cuya gestión estuvo entretejida con la expansión paramilitar en ese departamento durante los años noventa

Personas

  1. Carlos Castaño53 piezas compartidas
  2. Salvatore Mancuso48 piezas compartidas
  3. Álvaro Uribe Vélez43 piezas compartidas
  4. Pablo Escobar36 piezas compartidas
  5. Gonzalo Rodríguez Gacha34 piezas compartidas
  6. Vicente Castaño29 piezas compartidas

Lugares

  1. Urabá52 piezas compartidas
  2. Córdoba42 piezas compartidas
  3. Magdalena Medio40 piezas compartidas
  4. Puerto Boyacá28 piezas compartidas

Ideas

  1. Paramilitarismo74 piezas compartidas
  2. Captura del Estado38 piezas compartidas
  3. Desmovilización36 piezas compartidas
  4. Contrainsurgencia32 piezas compartidas
  5. Justicia y Paz32 piezas compartidas
  6. Desplazamiento forzado30 piezas compartidas
06

Documentos y fragmentos citados

84 documentos · 117 fragmentos

01Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo I. De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUCCentro Nacional de Memoria Histórica · 2021 · p. 64, 1182 citas
[1]

de Puerto Boyacá, así como con figuras de la historia del paramilitarismo como Henry Pérez y Gon- zalo Rodríguez Gacha (CNMH, 2019), que con el grupo identificado por la sigla MAS o Muerte a Secuestradores, creado en 1981 por miembros de las mafias del narcotráfico. 16 La contribución realizada por un exintegrante del…

p. 64
[42]

De acuerdo con el CNMH (2018) la inserción de la familia Castaño a comienzos de los ochenta en el sur de Cór- doba no se interpreta únicamente a razón de objetivos antisubversivos, sino como parte de una etapa de la larga colonización empresarial antioqueña, con la diferencia de que “a los tradicionales hacendados…

p. 118
02Isaza, el clan paramilitar. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 49, 522 citas
[2]

yo entiendo, este señor Gacha, Pablo Escobar se unieron con los señores estos del Magdalena Medio, formaron las autodefensas en la hacienda Nápoles. Empezó como el ejército privado de ellos. El ejército privado de ellos, pa’ que los cuidaran. En ese momento que tenían un enemigo en común, que era la guerrilla. Ellos…

p. 52
[16]

protección de bienes y tierras de los ganaderos, entre los cuales resaltan Evelio Monsalve, Alberto Villegas, John Yepes, Ignacio López y Carlos Salazar (Fiscalía Dossier ACMM, s. f.). Otros de los ganaderos reconocidos en la región que vivían entre La Estación Cocorná y Las Mercedes eran Gabriel Echeverry, Misael…

p. 49
03Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 262, 3442 citas
[3]

organismos de seguridad e inteligencia tenían como objetivo la contrainsurgencia, en un espectro difuso entre lo «militar» y aquello que consideraban como «quitarle el agua al pez». Por su parte, los políticos regionales tenían el interés de eliminar a los actores que amenazaban con arrebatarles el poder que…

p. 262
[76]

Clan del Golfo). La búsqueda de representación política a nivel nacional por parte de los narcotra - ficantes es uno de los factores de persistencia que ha causado el cruce del narcotráfico con el conflicto armado. La parapolítica fue una expresión de ello y, hasta la actuali - dad, algunos casos relacionados con ella…

p. 344
04No es un mal menor. Niñas, niños y adolescentes en el conflicto armadoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 441 cita
[4]

34. Los primeros recuerdos de Olga María son confusos; sin embargo, no olvida que tenía cinco años cuando vio a su tío muerto, y seis cuando desaparecieron a su padre. Como ella, cientos de niñas, niños y adolescentes vivieron de cerca la violencia del conflicto cuando esta les arrebató a sus seres queridos. En 1988,…

p. 44
05Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 871 cita
[5]

y fincas ganaderas. El surgimiento del movimiento Muerte a Secuestradores (MAS) en 1981 marca un hito en la evolución del con- flicto en Colombia, llevando el antagonisn1o social a mayores niveles de violencia. En noviembre 1981, el M-19 (una organización guerrillera des- movilizada en 1990) secuestró a Marta Nieves…

p. 87
06Narcotráfico en Colombia: Economía y ViolenciaGustavo Duncan, Ricardo Vargas, Ricardo Rocha, Andrés López · 2005 · p. 1971 cita
[6]

las inmensas riquezas genera- das por el narcotráfico estaban produciendo una profunda trans- formación de la sociedad colombiana, la cual aún continúa. Las jerarquías sociales, el destino de las inversiones, el régimen polí- tico, todo esto fue afectado completamente por el narcotráfico. Fue en el terreno político…

p. 197
07Mi vida y mi cárcel con Pablo EscobarVictoria Eugenia Henao · 2018 · p. 2761 cita
[7]

bien, pero noté una extraña actitud en mi marido. En efecto, dejó de ir a la casa y de un momento a otro y sin previo aviso nos vimos rodeados por hombres armados que según me dijeron, habían recibido la orden de cuidarnos. Al mismo tiempo, Pasquín llegó con instrucciones de mi marido, quien mandaba decir que no…

p. 276
08En medio del Magdalena MedioAlfredo Molano Bravo · 2009 · p. 501 cita
[8]

convertiría en el principal acu- sador del general F aruk Yanine Díaz, absuelto en su momento por la Justicia Penal Militar y llamado, en junio de 2008, a inda- gatoria al reabrir la Fiscalía el caso. Hay que anotar dos hechos 52 EN MEDIO DEL MAGDALENA MEDIO significativos en esta historia. El primero es el nombre…

p. 50
09The Colombia Reader: History, Culture, PoliticsAnn Farnsworth-Alvear, Marco Palacios, Ana María Gómez López · 2017 · p. 4171 cita
[9]

cocaine was flown to the United States.... S ENATOR ROTH. My time is up. Thank you, Mr. Chairman. S ENATOR NUNN. Thank you, Senator Roth. Mr. Viáfara, I just have a few questions. You were originally a member of the M -19 organization, the leftist group, is that right? M R. VI á FARA. I was a sympathizer of M -19 and…

p. 417
10More Terrible Than Death: Drugs, Violence, and America's War in ColombiaRobin Kirk · 2003 · p. 1341 cita
[10]

everything we had. This was all the money. And they also put at our service about a hundred cars and motorcycles and airplanes and people. And even a submarine, do you believe that? And we paid law enforcement 80 million pesos for the information they had at this mo- ment about [M-19] members and the next day-and this…

p. 134
11Una vida, muchas vidasGustavo Petro Urrego · 2021 · p. 1951 cita
[11]

mafia había tocado nuestro movimiento en varias ocasiones y esta, aunque implícitamente, fue una de esas veces. Otro encuentro con la mafia ocurrió tras la retención de Marta Nieves Ochoa, miembro del clan mafioso de los Ochoa. El episodio de Marta Nieves desató una violencia que nosotros no habíamos siquiera…

p. 195
12Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 1081 cita
[12]

Estado central y bandas criminales con el objetivo aparente de "civilizar” la activi dad criminal; es decir, el "cero tolerancia” a la violencia desembozada, en el sentido del mencionado "proceso civilizatorio". A comienzos de la década de 1980 nuevos vocablos como cartel de Medellín, narco-guerrilla, extraditable…

p. 108
13Memoria de la infamia. Desaparición forzada en el Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Liz Yasmit Arévalo Naranjo, Andrés Prieto Ruiz · 2017 · p. 3361 cita
[13]

servicios de vigilancia para los ganaderos y los hacendados. Esto, que minó la base social de los paramilitares de Henry Pérez, sumado al enfrentamiento del cartel de Medellín con el Estado, llevó finalmente a la ruptura y enfrentamiento entre los paramilitares del Magdalena Medio con Pablo Escobar (Gutiérrez y Ba-…

p. 336
14Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010)Federico Andreu-Guzmán (relator); Carlos Miguel Ortiz (coordinador); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2014 · p. 59, 632 citas
[14]

paramilitares contra los miembros de las Fuerzas Ar- madas y la Policía Nacional señalados en el Informe de la Procura- duría General de la Nación. Poco después, todos los procesos con- tra los uniformados pasarían a la Jurisdicción Penal Militar, por decisión del Tribunal Disciplinario, el órgano judicial encargado…

p. 59
[23]

y de control de población de los grupos paramilitares se daría simultáneamente con una intensi fi cación de las operaciones militares del Ejército en el Magdalena Medio. El Grupo de Me- moria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Recon- ciliación (CNRR) constataría que, en el Magdalena Medio, A partir de…

p. 63
15La Rochela: Memorias de un crimen contra la justiciaGrupo de Memoria Histórica, Iván Orozco Abad (Relator), Gonzalo Sánchez G. (Coordinador) · 2010 · p. 2761 cita
[15]

hijos, Henry y Marcelo Pérez, convocaron, junto con altos mandos del Batallón Bárbula, a los ganaderos para que colaboraran en la estructuración de un grupo de autodefensas en Puerto Boyacá. Su objetivo inicial era eli- minar cualquier influencia guerrillera de la región, comenzando por los cabecillas de la guerrilla…

p. 276
16Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 144, 2724 citas
[17]

Carranza y Molina quienes lo presentaron al grupo de traficantes de Medellín. Para mediados de los años ochenta, Rodríguez Gacha actuaba como una espe- cie de intermediario entre el cartel de Medellín y la mafia de las esmeraldas. 77 Esto resultó importante para Rodríguez Gacha cuando sus instalaciones de producción…

p. 144
[18]

Carranza y Molina quienes lo presentaron al grupo de traficantes de Medellín. Para mediados de los años ochenta, Rodríguez Gacha actuaba como una espe- cie de intermediario entre el cartel de Medellín y la mafia de las esmeraldas. 77 Esto resultó importante para Rodríguez Gacha cuando sus instalaciones de producción…

p. 144
[43]

Pontificia Universitaria Javeriana, 2009), 423-466. 272 James D. Henderson campañas, el BCB estableció asimismo un bloque en el extremo sur del país, en Putumayo, donde, con extrema brutalidad, sus fuerzas acabaron con el dominio que tenían las FARC sobre 15 000 hectáreas de cultivos de coca del departamento. Esto…

p. 272
[44]

Pontificia Universitaria Javeriana, 2009), 423-466. 272 James D. Henderson campañas, el BCB estableció asimismo un bloque en el extremo sur del país, en Putumayo, donde, con extrema brutalidad, sus fuerzas acabaron con el dominio que tenían las FARC sobre 15 000 hectáreas de cultivos de coca del departamento. Esto…

p. 272
17Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 555, 9122 citas
[19]

con que paramilitares, en connivencia con miembros de la fuerza pública, perpetraron masacres en el nordeste y en el Urabá antioqueño en los años ochenta; 3) el trabajo manco- munado de agentes del Estado, narcotraficantes y paramilitares para lograr la muerte de Pablo Escobar en 1993; 4) el tránsito que…

p. 912
[39]

organización y el 30 % restante se destinaba al sostenimiento del grupo armado» 1744. Desde esta región del Magdalena Medio y del sur de Córdoba y el Urabá, hacia mediados de los años noventa, se inició la mayor expansión del paramilitarismo, uno de cuyos fines estuvo relacionado con la proyección del narcotráfico.…

p. 555
18A las puertas de El UbérrimoIván Cepeda, Jorge Rojas · 2008 · p. 591 cita
[20]

de la organización paramilitar. "Es más, el 26 de febrero de 1996, cuando, según su propio testimonio, ya había consumado más de 10 masacres, Mancuso recibió una revista de inspección de la Superin- tendencia de Vigilancia que encontró todo en regla, según consta en un acta firmada por un funcionario de esta…

p. 59
19Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)Alfonso Insuasty Rodríguez, José Fernando Valencia Grajales, Janeth Restrepo Marín · 2016 · p. 172 citas
[21]

los actores en confrontación van modificándose a medida que el con - flicto armado evoluciona y se prolonga su duración. En consecuencia con lo anterior, Mauricio Romero advierte sobre la com- plejidad de poder mantener diferencias claras en la caracterización de los pa- ramilitares y las autodefensas, proponiendo que…

p. 17
[22]

los actores en confrontación van modificándose a medida que el con - flicto armado evoluciona y se prolonga su duración. En consecuencia con lo anterior, Mauricio Romero advierte sobre la com- plejidad de poder mantener diferencias claras en la caracterización de los pa- ramilitares y las autodefensas, proponiendo que…

p. 17
20Grupos Armados Posdesmovilización (2006 - 2015). Trayectorias, rupturas y continuidadesTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera Ramírez, Carlos Andrés Hoyos, Javier Benavides Torres, Jefferson Corredor Uyaban, Mateo Morales · 2016 · p. 38, 882 citas
[24]

los grupos armados en un complejo rela- cionamiento con los poderes locales y regionales (Pécaut, Daniel, 1987, 2006 y 2013; Palacios, Marco, 2012; González, Fernán, 2014). La primera generación paramilitar 19 fue una combinación de grupos sicariales al servicio de los narcotra fi cantes y autodefensas locales, que…

p. 38
[97]

en escenarios urbanos. Es decir, la violencia derivaría de una lógica de disputa por el con- 89 1 El fenómeno paramilitar y la actual etapa de los GAPD. Una aproximación cualitativa fl icto armado (fuerza pública-guerrilla y paramilitares-guerrilla) a la violencia librada por las disputas históricas entre las…

p. 88
21Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 1291 cita
[25]

conglomerados empresariales, así como otras estructuras criminales. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, uno de los grandes hitos para el nuevo auge del paramilitarismo no se entiende sin la creación de las conocidas como Convivir. Las Convivir, creadas al final de la presidencia de César Gaviria —Decreto 356 de…

p. 129
22El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)Francisco Gutiérrez Sanín · 2014 · p. 311, 3782 citas
[26]

no solo dio vida, sino que apoyó políticamente a las Convivir (ver por ejemplo las declaraciones en este sentido de Carlos Holmes Trujillo en: E l Tiempo, 27 de agosto de 1997b; y E l Tiempo, 29 de octubre de 1997c). 365 C a p í t u l o i o “una organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado…

p. 378
[53]

temprano como en la célula inicial del Magdalena Medio. Pero solo se convirtió en un factor dominante a finales de la década de 1980, cuando los eos tos de mantener el aparato militar subieron de manera prohibitiva, Una economía tan ineficiente como la ganadería extensiva no podía ya sostener el esfuerzo. El…

p. 311
23Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, CatatumboYamile Salinas Abdala, María Fernanda Pérez Trujillo, Juan Pablo Luque, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 901 cita
[27]

entorno, se consolidó el propósito criminal de “erra- dicar: “ la subversión, caracterizada no solo como acciones gue- rrilleras, sino también como toda forma de actividad popular o comportamiento contestatario y muchas veces social”, y de elimi- nar “toda forma de sociedad política populista ”. En esa línea, sindi-…

p. 90
24De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC). Informe No. 1Centro Nacional de Memoria Histórica, Álvaro Villarraga Sarmiento, Anascas Del Río Moncada, Mauricio Barón Villa, Andrea García Hernández, José Alirio Duque Orrego, Edith Garzón Quintero · 2017 · p. 911 cita
[28]

marco legal a la defensa que hacían los campesinos de sus propias tierras ante la amenaza de los grupos guerrille- ros, permitiéndoles el porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas a los particulares que hicieran parte como asociados de dichas Cooperativas” (Tribunal Superior del 92 DE LOS GRUPOS…

p. 91
25El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 154, 2394 citas
[29]

Según el informe de labores de la estatal Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada del año 1996, Mancuso se dotó de abundante y poderoso armamento de uso privativo de las Fuerzas Militares creando cooperativas. El entonces gobernador del departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, fue de los principales…

p. 239
[30]

Según el informe de labores de la estatal Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada del año 1996, Mancuso se dotó de abundante y poderoso armamento de uso privativo de las Fuerzas Militares creando cooperativas. El entonces gobernador del departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, fue de los principales…

p. 239
[59]

y su posición anticomunista. El padre veía a la guerrilla y le decía a la gente: “¡Ojo, que son ateos! Un comunista es un aliado del diablo, del mismo Satanás”. 13 Así, durante los años ochenta, tras la estela de muerte que dejaba la cruzada anticomunista, mandos militares, dirigentes polí- ticos del bipartidismo,…

p. 154
[60]

y su posición anticomunista. El padre veía a la guerrilla y le decía a la gente: “¡Ojo, que son ateos! Un comunista es un aliado del diablo, del mismo Satanás”. 13 Así, durante los años ochenta, tras la estela de muerte que dejaba la cruzada anticomunista, mandos militares, dirigentes polí- ticos del bipartidismo,…

p. 154
26Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera · 2018 · p. 73, 1172 citas
[31]

Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares (CNMH, 2012c), Romero (1995 y 2003), Dun- can (2006) y Ronderos (2104) resaltan cómo la denominada Casa Castaño fue central en la transición entre la primera generación y la segunda generación paramilitar, mediante la conformación de las ACCU, a mediados de…

p. 73
[98]

la desmovilización (caso BN en el Caribe). - La persistencia de grupos que no se desmovilizaron, porque no participaron en las negociaciones (caso de Martín Llanos y Vicente Castaño). - La “fusión” de exparamilitares con organizaciones criminales en torno al narcotráfico. En ocasiones comandado por exlíderes de rango…

p. 117
27Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombianoGrupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación · 2011 · p. 31, 352 citas
[32]

aspectos, el ca- pítulo ofrece los antecedentes de formación de los paramilitares y brinda elementos para comprender la manera como a partir de 1997 aplicaron un plan que buscaba constituirlos en un actor polí- tico de orden nacional y convertirlos en autoridades indisputadas en regiones de su interés. 1. La…

p. 31
[112]

que no empezó ni acabó en el corregimiento El Salado (municipio de El Carmen de Bolívar) sino que se extendió a los corregimientos Canutal, Canutalito y Flor del Monte (municipio de Ovejas, en Sucre) y la vereda La Sierra (municipio de Córdoba, en Bolívar); masacre de Mampuján, acontecida en el corregimiento Mampuján…

p. 35
28La maldita tierra. Guerrilla, paramilitares, mineras y conflicto armado en el departamento de CesarCésar Molinares Dueñas, Nathan Jaccard · 2016 · p. 431 cita
[33]

enviados a Cesar por el ganadero cordobés Sal- vatore Mancuso, cumplían órdenes de René Ríos, alias Santiago Tobón y del exguerrillero Baltazar Mesa Durango (Verdadabier- ta.com, 22 de agosto de 2013, “La historia del “Juan Andrés Ál- varez””). En 1996 el paramilitarismo iniciaba una expansión sin precedentes bajo la…

p. 43
29Tierras. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoAlejandro Reyes Posada · 2018 · p. 571 cita
[34]

cultivos de coca en el Guaviare, el sur del Meta y Caquetá. Más tarde llegaron al Valle del Cauca, el Cauca y otras áreas del Tolima, así como a algunas 58 Tierras Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico regiones de la costa Caribe, como los alrededores de la Sierra Ne- vada de Santa Marta y…

p. 57
30Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 1471 cita
[35]

liderado por Pablo Escobar, y orientado a forzar al Gobierno a suspender la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. El sucesor de Barco, César Gaviria, ofreció como alternativa a la confrontación terrorista la política de sometimiento a la justicia y aceptó prohibir la extradición en la reforma…

p. 147
31Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo ILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · 2022 · p. 1951 cita
[36]

¿de cuáles? están las suyas, están las del oriente, están las del centro del país, están las de... de Paramillo... [Y entonces él me dice:] no, por ahora serían las de las ACCU. Y le manifesté mi rechazo, le dije: yo le asumiría la dirección política de todas las autode- fensas. Para generar una propuesta de…

p. 195
32Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander. Tomo I. Bloque Central Bolívar: origen y consolidaciónCentro Nacional de Memoria Histórica, Alberto Santos Peñuela · 2021 · p. 152, 1562 citas
[37]

informó a los asistentes, entre los cuales se encontraba Javier Montañéz, que en virtud de la ordenada vinculación a las ACCU, a partir de ese momento quedábamos bajo las órdenes de Carlos Castaño Gil. (FGN, 2007b, p. 11) A principios del año 1997, el señor VICENTE CASTAÑO citó a los líderes y comandantes de estas…

p. 152
[46]

reconocía la necesidad de articularse con estructuras narcotraficantes y apropiarse de las rentas ilegales. Algunos identifican una facción paramilitar de naturaleza narcotraficante —como las tan mentadas franquicias— que representaba solo intereses económicos usufructuando el discurso antisubversivo. La conquista de…

p. 156
33Colombia: las razones de la guerraJorge Orlando Melo González · 2021 · p. 1831 cita
[38]

fuertes de influencia eran Urabá, el Sinú, Cesar, los Llanos Orientales, el Catatumbo y el Magdalena Medio. Desde el arranque de las gestiones de negociación (1997) que dieron lugar a los diálogos de paz en El Caguán (1998-2001), la postura general de las autodefensas, encabezadas por los hermanos Castaño, fue de…

p. 183
34Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 138, 1412 citas
[40]

el mapa 9 se pueden apreciar, por ejemplo, los municipios que presentan expansión de cultivos de palma en el periodo 2001-2013, en relación con los que registran fenómenos de desplazamiento forzado entre 2001 y 2004. Se evidencia allí una correspondencia en algunas regiones del Urabá, el Magdalena Medio o el Meta. La…

p. 138
[47]

Gráfica 1. Desplazamiento forzado en Colombia Fuente: Elaboración propia, con base en el Registro Único de Víctimas. En el mapa 10 se puede observar el comportamiento regional del desplazamiento en la población rural no étnica, como una aproximación a lo campesino, por periodos, dividido por quinquenios a partir de…

p. 141
35La guerra vino de afuera. El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierraCentro Nacional de Memoria Histórica, Laura Bibiana Escobar García, Laura Catalina Tovar Bohórquez, Esteban de Jesús Caviedes Alfonso · 2022 · p. 68, 1372 citas
[41]

ya entrada la década de los noventa, sirvieron como plataforma para el posicionamiento, a nivel nacional, de los hermanos Castaño, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); y en la dimensión regional, de los grupos paramilitares en el sur del Chocó y su costa…

p. 68
[55]

gráfica para salir la ruta al Pacífico, la posición geográfica para los cultivos 40 Para profundizar sobre el accionar de este grupo consultar el capítulo 6. 41 Para profundizar sobre el accionar de este grupo consultar el capítulo 7. Narcotráfico Extorsión - cobro de vacunas o impuestos (contratistas de recursos del…

p. 137
36Tierra y carbón en la vorágine del Gran Magdalena. Los casos de las parcelaciones de El Toco, El Platanal y Santa FeYamile Salinas Abdala, María Paula Hoyos, Ana María Cristancho · 2018 · p. 851 cita
[45]

vorágine del Gran Magdalena El negocio de las drogas ilícitas En la lógica mafiosa de los hermanos Castaño Gil, las ACCU se apropiaron del control de los cultivos de coca, los centros de pro- ducción de la cocaína y las rutas del narcotráfico en el Magdalena Grande. Esto lo hicieron con alianzas, asesinatos de viejos…

p. 85
37Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 155, 1632 citas
[48]

Granada (204 personas), Argelia (202 personas) y Cocorná (190 personas). 163 Éxodo rentista: disputas por la tierra y el territorio con alto potencial de explotación económica. En una época carac- terizada por el boom del narcotráfico, la población fue expulsada principalmente de regiones ubicadas en el norte del…

p. 163
[52]

región del Magdalena Medio fueron: San Vicente de Chucurí (1.026 personas), El Carmen de Chucurí (904 personas), Cimitarra (818 personas), Barrancabermeja (489 personas), Yacopí (473 personas), y Puerto Boyacá (395 personas). 155 Éxodo rentista: disputas por la tierra y el territorio Así también lo reconoció el propio…

p. 155
38Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUC. Región Caribe, Departamento de Antioquia, Departamento de ChocóÁlvaro Villarraga Sarmiento, Alberto Santos Peñuela, Priscila Zúñiga Jiménez, Margarita Jaimes Velásquez, Lukas Rodríguez Lizcano, Gisela Andrea Aguirre García, Camilo Villamizar Hernández · 2014 · p. 24, 682 citas
[49]

por Fidel Castaño en el sur de Córdoba y Urabá, en los últimos años ochenta, de manera que su despliegue se relaciona con la compra de tierras e instalación de infraestructura del nego - cio ilegal de la coca por parte de reconocidos miembros del Car - tel de Medellín y por los propios Castaño, con la fuerte ofensiva…

p. 24
[73]

adicionalmente, los medios de comunicación van “tras el gran escándalo”, restándole importancia a la investigación regional y local. - Se registran procesos judiciales que si bien existieron y tuvieron efectos serios sobre los responsables, en especial aquellos que fueron juzgados en la Corte Suprema de Justi - cia,…

p. 68
39Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoanoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1751 cita
[50]

pública 480, detuvo y asesinó a una familia de campesinos que se dirigía a cosechar cacao en la vereda Mulatos. Al medio día, en la vereda La Resbalosa, municipio de Tierralta, Córdoba, asesinaron a otra familia en su propia casa. Las víctimas fueron torturadas y asesinadas sin usar armas de fuego, de las ocho…

p. 175
40Carne es guerra. Veganismo y conflicto armado en ColombiaColectiva Dostristestigres, La Calderita Vegana · 2021 · p. 311 cita
[51]

hasta entonces empiezan a coordinarse alrededor del Clan Castaño en el sur de Córdoba, norte de Urabá y nordeste antioqueño, con intención de expandir el fenómeno a nivel nacional. Así, pasar del control mi - litar al control político, social y económico, intentan - do configurarse como un tercer actor 55 armado del…

p. 31
41Buenaventura: un puerto sin comunidadConstanza Millán Echeverría, Ludivia Serrato Martínez, Oscar Pérez, Clara Castro, Danelly Estupiñán, Adriel Ruiz · 2015 · p. 951 cita
[54]

mina y los medios logísticos del bloque en otros departamentos” (VerdadAbierta.com, 2011, 11 de julio “Las ‘escuelas’ y las ‘finan- zas’ del Bloque Calima”). Al respecto HH planteó en sus versiones libres que “(…) una de las formas de financiamiento de los grupos de Autodefensa fue el cobro del gramaje al narcotráfico…

p. 95
42Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo IILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · p. 1411 cita
[56]

los intereses que lo alentaron (empresarios, ganaderos, narcotrafi- cantes, palmeros, militares, jefes paramilitares, etc.) e implementar mecanis- mos de control y despliegue militar con el objetivo no solo de apropiarse de los territorios, sino de ordenarlos de acuerdo a sus voluntades. Esto no implica, sin embargo,…

p. 141
43La economía de los paramilitares: Redes de corrupción, negocios y políticaMauricio Romero Vidal (coordinador y editor), Ariel Fernando Ávila Martínez, Vilma Liliana Franco R., Ángela Olaya, Hernán Pedraza Saravia, Bernardo Pérez Salazar, Juan Diego Restrepo E., Diana Torres · 2011 · p. 95, 972 citas
[57]

la guerrilla las rutas y zonas de cultivo del narcotráfico en la frontera con Venezuela; "lo importante es el control de los territorios y si son de cultivos de coca mejor", dice Carlos Castaño en su biografía. Esta 191 REGALÍAS, COOPERATIVAS Y FINANZAS PARAMILITARES EN LA COSTA CARIBE Odontólogo, activista social e…

p. 95
[58]

través del cual circu- laba ese dinero en combinación con la dinámica de consolidación del núcleo matriz de las ACCU y la posterior expansión de las AUC desde su "cabeza de 194 2. 3. 4. 5. 6. Nelson Cotes fue asesinado en junio de 2004. Tomás Serge fue asesinado en 2005. Luis Torres y Santiago de Anthoc cayeron…

p. 97
44Walking Ghosts: Murder and Guerrilla Politics in ColombiaSteven Dudley · 2004 · p. 781 cita
[61]

For less than a penny, locals could see rhinos, deer, zebras, giraffes, gazelles, buffalo, and antelope roaming the light green pastures. They could watch pelicans, herons, and hippopotamuses splash around in the hacienda’s sixteen artificial lakes. Visitors were also constantly reminded who the patrón was: The…

p. 78
45Más que plata o plomo. El poder político del narcotráfico en Colombia y MéxicoGustavo Duncan · 2014 · p. 2681 cita
[62]

de la droga, el ejercicio de la coerción privada era un mecanismo ideal para producir poder y para controlar el negocio. En el largo plazo, quienes hacían la guerra en el terreno se encontraron con que tenían los medios para imponer sus condiciones a quienes se dedicaban exclusivamente a la producción y el transporte…

p. 268
46El Bloque Mineros de las AUC. Violencia contrainsurgente, economías criminales y depredación sexualJuan Esteban Jaramillo Giraldo, José Manuel Hernández, Dairo Correa Gutiérrez · 2022 · p. 2931 cita
[63]

izquierda o alternativos que ame- nazan el control del Estado, tanto en lo nacional, como en lo regional y lo local. La participación del Grupo y el Bloque Mineros en los conflictos por la tierra y el territorio fue determinante y definitiva para consolidar el modo de producción económico de la región. Los repertorios…

p. 293
47Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 72, 762 citas
[64]

rentas de la economía del narco- tráfico 90. Entre 2002 y 2006, el control territorial ejercido por el Bloque Elmer Cárdenas de las AUC estuvo asociado a la consolidación de diferentes proyectos económicos en territorios étnicos, como la explotación maderera; agronegocios de palma, banano y plátano, y ganadería…

p. 76
[116]

con los bloques Héroes de Tolová, Córdoba o Sinú, Mineros y Bananero. El nudo de paramillo fue clave para la estabilización del paramilitarismo debido a la presencia de economías ilegales en la zona y a las ventajas para su comer- cialización entre Antioquia, Córdoba, Chocó y Bolívar, lo que permitió la financiación…

p. 72
48No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 490, 5082 citas
[65]

decenas de políticos, empresarios, militares, especialmente de la región Caribe, relacionados con pagos, apoyos electorales y contratos. El contenido se conoció parcialmente a través de la Revista Semana en septiembre de ese año y se convirtió en un escándalo político nacional. Esta era la tercera vez que la justicia…

p. 508
[87]

se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios». 491 fifl pr esflnnr tatrp r pr cri ódladlpsfr (ommo-omThffi) penas…

p. 490
49Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 2271 cita
[66]

violencia. 675 Entrevista 762 - VI - 00002. Lideresa social, mujer afrodescendiente, víctima d e desplazamiento forzado. 676 Entrevista 109 - VI - 00017. Periodista, testigo de homicidio. 677 Entrevista 811 - VI - 00004. Defensor de Derechos Humanos, víctima de amenaza y atentado al derecho a la vida. 227 El 23 de…

p. 227
50Caminos de guerra, utopías de paz (Colombia: 1948-2020)Gonzalo Sánchez Gómez · 2021 · p. 1321 cita
[67]

parecían tareas convergentes. Se politizaba la criminalidad de los paramilitares, asociándola al delito de sedición, y por consiguiente se la hacía negociable; mientras se criminalizaba a la insurgencia como “amenaza terrorista”, y su agenda se convertía en no negociable. En suma, se pueden destacar los siguientes…

p. 132
51Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. CaribeComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1171 cita
[68]

en este entramado de corrupción. Una pista para develar dicho entramado son los pactos electorales entre políticos regionales y jefes paramilitares en los municipios magdalenenses de Chivolo y Pivijay. En 2000 se suscribió el Pacto de Chivolo, que le dio vida el movimiento político de Jorge 40. El movimiento fue…

p. 117
52La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010)Absalón Machado, Donny Meertens · 2010 · p. 89, 1022 citas
[69]

una gran bancada en el Congreso que les permitiera ventilar sus intereses en los órganos de decisión de la Nación. Para tal efecto, les fue útil la proliferación de partidos políticos promovida por la Constitución de 1991. De hecho, para el momento en que las AUC estaban unificadas, ya existían varios movimientos…

p. 89
[115]

en 1988 murieron 88 personas en diversas masacres. En ese año se destacan la masacre de la Mejor Esquina efectuada el 3 de abril y en la que murieron 28 personas, en su ma- yoría campesinos; 6 de las víctimas pertenecían al Frente Popular, organización política de izquierda nacida en 1986 y considerada 82 Programa…

p. 102
53Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1371 cita
[70]

Con el diablo adentro. Pandillas, tiempo paralelo y poder, 289. 439 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. 2/12/2010. MP: Uldi Teresa Jiménez López. Sentencia en contra de Jorge Iván Laverde Zapata. Radicado: 110016000253200680281. 440 Ibíd. 441 Ibíd. 138 fiflćflThxiff fffl.…

p. 137
54Justicia. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoFrancisco Barbosa Delgado · 2018 · p. 321 cita
[71]

de las AUC en el Congreso colombiano. Para 2001, “las AUC quizá alcanzaron a tener treinta mil hombres armados a su disposición en distintos bloques” (Acemoglu, Daron y Robinson, James, 2012, página 444). Estos mismos autores relatan un hecho relevante en los términos del fenómeno que posteriormente se conocería como…

p. 32
55Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander. Tomo II. Bloque Central Bolívar: violencia pública y resistencias no violentasAlberto Santos Peñuela (coordinador del informe y correlator), Luis Miguel Buitrago Roa, Juan Guillermo Jaramillo Acuña, Nicolás Otero González, Rodrigo Torrejano Jiménez · 2021 · p. 2551 cita
[72]

influencia que el BCB llegó a tener en la esfe- ra del Congreso de la República no fue marginal, todo lo contrario, muestra el importante número de políticos relacionados con esta estructura paramilitar (y de paso con algunas otras que hacían presencia en estos departamentos). Se trata de la concreción del plan…

p. 255
56Nos matan y no es noticia. Parapolítica de Estado en ColombiaRicardo Ferrer Espinosa, Nelson J. Restrepo A. · 2010 · p. 821 cita
[74]

Iglesia Católica, le preguntó a Ernes- to Samper si no había visto todo el dinero que los narcotrafican- tes habían invertido en su campaña. A la pregunta retórica, el sa- cerdote respondía irónicamente a Samper que es imposible no ver un elefante cuando entra a tu casa y se pasea en la sala, frente a tu televisor.…

p. 82
57Los retos de la justicia transicional en Colombia. Percepciones, opiniones y experiencias 2008. Panorama cualitativo y cuantitativo nacional, con énfasis en cuatro regionesIris Marín Ortiz · 2009 · p. 721 cita
[75]

del Es- tado, en la rama judicial y en los organis- mos de control. También han influido en la elección de cargos públicos en el nivel regional. De esta manera, la corrupción lo- cal que les sirvió de base para su llegada al Congreso ha podido, en algunos casos, re- troalimentar el poder y el control local. Al mismo…

p. 72
58Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo II. El Frente Capital y el declive del Bloque Centauros de las AUCDaniel Ricardo Martínez Bernal (coordinador), Lorena Camacho Muete, Esteban Caviedes Alfonso, Laura Bibiana Escobar García, José María Gutiérrez Sierra, Daniela Moreno Arriola, Daniel Augusto Serrano Corredor, Juan Manuel Villarraga Beltrán · 2021 · p. 1691 cita
[77]

a la paz de Colombia”, que firmaron el Gobierno nacional y las AUC el 15 de julio de 2003. En este documento quedó de manifiesto que las AUC se comprometían a desmovilizar la totalidad de sus filas, fijaban fechas para un cese de hostilidades con el Gobierno y coordinaban todo lo necesario para su desarme,…

p. 169
59Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 7801 cita
[78]

a partir del 1° de diciembre, solicitaron el reconocimiento político, la suspensión de acciones judiciales en contra de sus voceros y seguridad para las regiones donde ejercían sus actividades. Para ese momento, herencia del gobierno de Pastrana, ya estaban en conversaciones confidenciales con Restrepo, a quienes sus…

p. 780
60Colombia, así en la guerra como en la pazJorge Giraldo Ramírez · 2018 · p. 411 cita
[79]

los derechos humanos y los crímenes de guerra, y la desmovilización se demuestre con los hechos y no solo sobre el papel» (20 de junio de 2003). Después de una fase exploratoria, el 15 de julio de 2003, se firmó un acuerdo que tenía como objetivo «el logro de la paz nacional a través del fortalecimiento de la…

p. 41
61La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1001 cita
[80]

confron- tación con grupos armados ilegales, el despliegue de operativos militares en contra del secretariado de las FARC-EP, la puesta en marcha de la ley de justicia y paz y del proceso de desarme, desmovilización y reintegración de miembros de las antiguas AUC principalmente. Las desmovilizaciones de las…

p. 100
62Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 3371 cita
[81]

Nutibara, que dejó muchas dudas en relación con el número de desmovilizados y su vinculación real con este grupo armado ilegal, el proceso sufrió una grave parálisis. Después se produjo la desmovilización del Bloque Ba nanero liderado por Ever Veloza, pero, según el relato de monseñor Vidal, fue gracias a la decisión…

p. 337
63El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 1092 citas
[82]

paramilitares) que iniciaron con la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en noviembre de 2003 y terminaron con la del Blo- que Élmer Cárdenas en noviembre de 2006, arrojaron la ci- fra de 31. 521 paramilitares desmovilizados (O fi cina del Alto Comisionado para la Paz, 2006). Sin embargo, tanto el cese de…

p. 109
[83]

paramilitares) que iniciaron con la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en noviembre de 2003 y terminaron con la del Blo- que Élmer Cárdenas en noviembre de 2006, arrojaron la ci- fra de 31. 521 paramilitares desmovilizados (O fi cina del Alto Comisionado para la Paz, 2006). Sin embargo, tanto el cese de…

p. 109
64Los procesos de paz en Colombia, 1982-2014 (documento resumen)Álvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 1941 cita
[84]

comprometieron a cesar las hostilidades, continuaron los actos de violencia contra la población civil. A la vez, llamó la atención sobre la reparación de las víctimas. 342 …las víctimas que han sido despojadas de sus tierras o propiedades por medio de la violencia ejercida por los actores del conflicto armado tienen…

p. 194
65Paramilitarism and Neoliberalism: Violent Systems of Capital Accumulation in Colombia and BeyondJasmin Hristov · 2014 · p. 1341 cita
[85]

of those who participated in the demobilization ceremonies were in reality not paramilitary combatants but hired sicarios who pretended to be AUC fighters; 3) the quantity of weapons turned over was much less than what the paramilitary were known to possess; 4) the subsequent activities of those who laid down their…

p. 134
66Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 368, 4302 citas
[86]

de la fuerza pública fueron necesarios para el traslado de los 58 paramilitares» detenidos en La Ceja a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. El ministro del Interior, Carlos Holguín, dijo que se iban a fugar y por eso la súbita movida. Además explicó que seguían delinquiendo desde la cárcel. No obstante, y aunque…

p. 430
[108]

está, por ser Norte de Santander un departamento fronterizo donde los criminales comunes se habían disputado desde siempre el control de los contrabandos varios, las tasas de homicidios doblaban las del promedio nacional. 60 Por esa frontera salía cocaína colombiana a Europa vía Venezuela y también entraban…

p. 368
67Colombia: A Country StudyRex A. Hudson (editor) · 2010 · p. 3551 cita
[88]

terms of this process, formal talks began in May 2004. The government set up a zone consisting of 368 square kilometers in Santa Fe de Ralito, Cordoba, to relocate demobilized paramilitaries 261 Colombia: A Country Study and conduct the talks, and an Organization of American States (OAS) mission came to verify this…

p. 355
68Guerras, paces y vidas entrelazadas: coexistencia y relaciones locales entre víctimas, excombatientes y comunidades en ColombiaJuan Diego Prieto Sanabria · 2012 · p. 261 cita
[89]

para quienes formulan e implementan políticas al respecto. 1.2.2. La justicia transicional y la hora de las víctimas En segundo lugar, las negociaciones con las auc iniciaron una especie de pro- ceso de justicia transicional en el marco de la Ley de Justicia y Paz (véase Res- trepo y Bagley 2011). La justicia…

p. 26
69Colombia Elites and Organized CrimeHannah Stone · p. 621 cita
[90]

as well. In June 2006, t he Peace and Justice Law of 2005, introduced by President Álvaro Uribe and approved by Congress as a way to facilitate demobilization of the AUC, was modified: the Constitutional Court ruled that if paramilitary leaders did not fully cooperate in telling t he truth about their criminal…

p. 62
70Justicia y Paz ¿Verdad judicial o verdad histórica?Iván Orozco Abad, María Victoria Uribe, Gina Cabarcas, Luis Carlos Sánchez Díaz · 2012 · p. 267, 2732 citas
[91]

excomandan- te del Bloque Élmer Cárdenas. Para dar cuenta del impacto que tuvieron las extradiciones en el cubrimiento del proceso de Justicia y Paz, a continuación daremos cuenta de cómo el énfasis que le dieron los medios a la voz del victimario determinó lo que se decía sobre el proceso y su &'* Verdad Abierta,…

p. 267
[92]

canceló la visa de turista a su defensora y no se le concedió la visa al fi s- cal encargado de la versión. La audiencia, entonces, no se pudo realizar, porque el postulado que se veía desde una pantalla no podía tener acceso directo a su defensora ni al fi scal. Fue así como durante el ())' y el ()&) las noticias de…

p. 273
71Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 289, 2934 citas
[93]

del paramilitaris - mo, pues ante la desaparición de las AUC y el surgimiento de los nuevos grupos referidos argumentaron que la única diferencia apreciable era que la labor antisubversiva se hacía en nuevas con - diciones, de forma más secundaria, pero que los demás objetivos y mecanismos eran básicamente los mismos.…

p. 289
[94]

del paramilitaris - mo, pues ante la desaparición de las AUC y el surgimiento de los nuevos grupos referidos argumentaron que la única diferencia apreciable era que la labor antisubversiva se hacía en nuevas con - diciones, de forma más secundaria, pero que los demás objetivos y mecanismos eran básicamente los mismos.…

p. 289
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293 CAPÍTULO III. CARACTERÍSTICAS Y DINÁMICAS DE LOS GRUPOS POSDESMOVILIZACIÓN grupo por quienes participaron y se marginaron en el proceso de desmovilización convenido con el gobierno: Pese a que las bandas que relevan a las autodefensas se pre - sentan como una nueva expresión criminal, se puede reco - nocer la…

p. 293
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293 CAPÍTULO III. CARACTERÍSTICAS Y DINÁMICAS DE LOS GRUPOS POSDESMOVILIZACIÓN grupo por quienes participaron y se marginaron en el proceso de desmovilización convenido con el gobierno: Pese a que las bandas que relevan a las autodefensas se pre - sentan como una nueva expresión criminal, se puede reco - nocer la…

p. 293
72Fighting Monsters in the Abyss: The Second Administration of Colombian President Álvaro Uribe Vélez, 2006–2010Harvey F. Kline · 2015 · p. 1592 citas
[95]

replied that “paramilitarism in Colombia has been extinguished and its leaders are in jail. What is seen today is the appearance of bandas criminales emergentes based on drug trade.” Vice President Francisco Santos added that the report of the human rights group was not based on data and was biased. 47 The important…

p. 159
[96]

replied that “paramilitarism in Colombia has been extinguished and its leaders are in jail. What is seen today is the appearance of bandas criminales emergentes based on drug trade.” Vice President Francisco Santos added that the report of the human rights group was not based on data and was biased. 47 The important…

p. 159
73Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte · 2009 · p. 4741 cita
[99]

Esta clasificación se debe a quien, entonces, ejercía las labores de coordinador del área de ddr de la cnrr, el profesor Mauricio Romero, hoy catedrático de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Neoparamilitarismo en Colombia 473 ducto del Bloque Héroes de…

p. 474
74Medellín: memorias de una guerra urbanaMarta Inés Villa Martínez, Ana María Jaramillo Arbeláez, Jorge Giraldo Ramírez, Manuel Alberto Alonso Espinal, Sandra Arenas Grisales, Pablo Bedoya Molina, Luz María Londoño Fernández · 2017 · p. 1581 cita
[100]

cia de la Alcaldía de Medellín, quien actuó de manera independiente. Esta comisión logró un cese de los enfrentamientos entre estos bandos, pero esto no significó el fin de las acciones armadas de la disputa. Pocos meses después se reiniciaron los enfrentamientos, con el agravante del ingreso de un actor armado…

p. 158
75Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Frontera nororientalComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1691 cita
[101]

de Derechos Humanos Noche y Niebla, CINEP, «Base de datos de Ejecuciones extrajudiciales en Colombia: 1990-2015». 579 Centro Nacional de Memoria Histórica, Catatumbo: Memorias de vida y dignidad, 553. 170 fiflćflThff fl. fl flflć «Desde el 2005 hay una anarquía en el tema del conflicto armado. Aquí entra el que quiera…

p. 169
76La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo IICentro Nacional de Memoria Histórica · 2022 · p. 20, 5252 citas
[104]

y Paz, por lo que reco- bró su libertad en 2016. Al salir de la cárcel habría conformado una orga- nización armada en el corregimiento El Palmor del municipio de Ciéna- ga, Magdalena. Esta organización ha sido reconocida por las autoridades como una de las que comanda el negocio del narcotráfico en esa región. Resulta…

p. 525
[110]

sobre tenencia de la tierra, entre 2002 y 2009 hubo un incremento del 2,5 por ciento, especialmente en 2005, en el 57 por ciento del territorio nacional (Ibañez y Muñoz, 2009, s.p.). Temporalmente estos datos coinciden con la consolidación de estructuras como el Bloque Norte, así como la fase de negociación y…

p. 20
77Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 711 cita
[105]

pieza clave en las estrategias –sobre todo las que ejercieron la violencia física– utilizadas para despojar y promover el abandono de tierras y bienes en el país. Las historias territoriales compi- ladas en este tomo dan cuenta de la utilización de diferentes modalidades de violencia para arrebatarle la tierra y los…

p. 71
78Alvaro Uribe Velez El Narcotraficante # 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 601 cita
[106]

GUAJIRA Bahia Portete: 18/04/04 Un comando paramilitar bajo las órdenes de alias 'Pablo' entro al pueblo indígena y asesino a 12 personas de la etnia wayuu, y desapareciendo a o tras 30. Entre los muertos hubo 4 niños que fueron carbonizados y 8 mujeres, una de ellas cruelmente decapitada. El ejército no hizo nada.…

p. 60
79Álvaro Uribe Vélez: El Narcotraficante Nº 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 601 cita
[107]

GUAJIRA Bahia Portete: 18/04/04 Un comando paramilitar bajo las órdenes de alias 'Pablo' entro al pueblo indígena y asesino a 12 personas de la etnia wayuu, y desapareciendo a o tras 30. Entre los muertos hubo 4 niños que fueron carbonizados y 8 mujeres, una de ellas cruelmente decapitada. El ejército no hizo nada.…

p. 60
80Regiones y conflicto armado. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoClara Inés García · 2018 · p. 1811 cita
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ilegal y de fractura urbana y sus violencias. Guerrilla hace secuestros y extorsiones. Solicitud élites empresa- riales y narcotraficantes locales y regionales de crear un bloque AUC. Arremetida AUC en territorios FARC Toma de control territorios estratégi- cos tráfico droga y ne- gocios ilegales varios…

p. 181
81La masacre de Bahía Portete: Mujeres Wayuu en la miraGrupo de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez G. (Coordinador), Pilar Riaño A. (Relatora), Jesús Abad Colorado L., María Luisa Moreno R., María Emma Wills O. · 2010 · p. 11 cita
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La masacre de Bahía Portete Mujeres Wayuu en la mira Informe del grupo de memoria histórica de la comisión nacional de reparación y reconciliación La masacre de Bahía Portete FUNDACIóN 9 789587 580235 ISBN: 978-958-758-023-5 Las mujeres no se tocan. No van a la guerra, no se violan, no se les expulsa de la tierra. Eso…

p. 1
82¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 191 cita
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2012), 150. 44. Sobre el surgimiento de estas organizaciones veáse capítulo 2. 51 Una guerra prolongada y degradada. Dimensiones y modalidades de violencia Entre los casos emblemáticos de masacres perpetradas contra territorios y militantes de la izquierda se cuentan: las masacres de Honduras y La Negra (Urabá,…

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83Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia 1982-1997Centro Nacional de Memoria Histórica; Ronald Edward Villamil Carvajal, Vladimir Melo Moreno (relatores); Tatiana Rincón Covelli, Andrés Fernando Suárez (correlatores) · 2014 · p. 1511 cita
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víctimas y de los territorios que fueron atacados, razón por la cual se convirtieron en hitos del proceso de violencia contra la izquierda social y política en la región. Pero también observaron características recurrentes tanto en su modus operandi como en la conformación de las redes de victimarios, lo que permite…

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84Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. PacíficoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1571 cita
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Bloque Elmer Cárdenas. Miembros de la Oficina de Envigado –antigua ala sicarial del Cartel de Medellín– buscaron apropiarse de las salidas y rutas en Juradó y Bahía Solano controladas por antiguos socios de Pablo Escobar. Pacho Cifuentes consolidó desde el 2003 alianzas con el Cartel de Sinaloa para enviar aviones con…

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