Asimetría mediática: hipervisibilidad de las FARC e invisibilización paramilitar (1996–2002)

Asimetría mediática: hipervisibilidad de las FARC e invisibilización paramilitar (1996-2002)

Entre 1996 y 2002, el conflicto armado colombiano alcanzó su punto más letal. En esos mismos años, los tres grandes conglomerados de información del país —el diario El Tiempo, Caracol Radio y RCN, con sus derivas televisivas— construyeron una representación de la guerra que privilegió sistemáticamente una amenaza sobre otra. Las FARC ocuparon el centro de la agenda pública: los secuestros masivos, las tomas de poblaciones, el fracaso escenográfico del Caguán. Los paramilitares, en cambio, pasaron de tener presencia en 109 municipios en 1994 a 722 en 2002 sin recibir una cobertura proporcional a su expansión, a sus masacres ni a sus nexos con el Estado.

Esa asimetría no fue un accidente editorial. Fue el producto conjunto de la agencia comunicacional de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de la estructura de propiedad de los medios, de la coacción letal contra el periodismo regional y del propio ruido escénico de la guerrilla. Y fue el suelo discursivo sobre el que se asentaron el Plan Colombia y, en 2002, la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez.

El mundo del que brota la asimetría: propiedad de élite, ejército débil y guerra escalada

La estructura sobre la que se levantó el sesgo mediático de fines de los noventa no era nueva. La prensa, la radio y la televisión colombianas habían estado durante décadas en manos de las familias nucleares de los partidos Liberal y Conservador. Eduardo Santos y Carlos Lleras Restrepo dirigieron El Tiempo; Alberto Lleras dirigió El Liberal y Semana; Enrique Olaya Herrera, Laureano Gómez y Alfonso López Michelsen combinaron el ejercicio periodístico con la aspiración presidencial. Entre 1910 y 1990, ser dueño o director de un diario y ser candidato a la presidencia fueron trayectorias muchas veces intercambiables. Esa endogamia entre élite política y propiedad mediática se diluyó en la última década del siglo XX, cuando las familias vendieron sus participaciones a grandes consorcios corporativos, pero el desplazamiento no democratizó el sistema: sustituyó un sesgo familiar por otro, el de los grupos económicos, que reprodujo con mayor eficacia la estructura de clases del país en la práctica editorial.

Esa arquitectura de propiedad se expresó en un tratamiento particular de los temas sociales sensibles. La pobreza, la salud precaria y la educación de las clases trabajadoras, cuando aparecían, tendían a hacerlo bajo el registro que los cineastas Luis Ospina y Carlos Mayolo bautizaron como pornomiseria: la miseria vista desde afuera, exhibida sin política. El Estado, además, no era pasivo: intentó manipular la información e influir en los reportajes a través de relaciones familiares, personales o políticas con directores y propietarios, complementando el condicionamiento estructural con presión coyuntural.

Sobre ese terreno cayó, a mediados de los noventa, un salto cualitativo del conflicto. Las Fuerzas Militares, castigadas en Las Delicias (1996), El Billar (1998) y Miraflores (1998), quedaron expuestas como un ejército incapaz de contener a una guerrilla que había institucionalizado el secuestro desde su Cuarta Reunión Plenaria de agosto de 1969 —cuando recomendó tomar "importantes personalidades del enemigo, o ricos industriales"— y que en los ochenta y noventa lo había convertido en su principal fuente de financiación y presión política. En paralelo, los grupos de autodefensa, hasta entonces dispersos regionalmente, se unificaron en 1997 bajo la sigla AUC, con la vocería política de Carlos Castaño Gil. La confluencia era explosiva: una guerrilla en expansión, un Estado militarmente rebasado, unos paramilitares recién federados y un sistema de medios de propiedad corporativa preparado para amplificar aquello que se acomodara al sentido común de sus dueños.

La agencia comunicacional de las AUC: cómo se fabricó una vocería

Ninguna asimetría mediática se sostiene solo por lo que los medios hacen; también por lo que los actores externos les ofrecen. Y las AUC ofrecieron algo que las FARC, encerradas en un lenguaje marxista-leninista fosilizado, no supieron construir: una operación deliberada de legitimación pública.

Carlos Castaño asumió esa vocería con una precocidad tecnológica notable. Abrió una página electrónica de las AUC, concedió entrevistas a la revista Cambio en 1997, a El Meridiano de Córdoba en enero de 1998 y, sobre todo, aceptó una entrevista televisada en el programa La Noche de RCN, conducido por Claudia Gurisatti, y otra que copó la atención pública con Darío Arizmendi en Caracol. Recibió delegaciones políticas, gremiales y académicas en sus zonas de control para explicar sus objetivos y justificar sus acciones contra las guerrillas. En 2001, el periodista Mauricio Aranguren publicó Mi confesión, un libro construido a partir de largas entrevistas con Castaño que enlazaba la historia personal del jefe paramilitar —el asesinato de su padre a manos de las FARC en 1981— con una narrativa mayor del conflicto colombiano, mezclando verdades comprobables con mentiras estratégicas en un dispositivo propagandístico de manual.

El discurso de esa operación se organizó alrededor de tres piezas. Primera, la definición de las AUC como "un Movimiento Político-Militar de carácter antisubversivo en ejercicio del derecho a la legítima defensa": la insistencia en el término autodefensas, no paramilitares, buscaba desacoplar al grupo del estigma de fuerza encubierta del Ejército y anclarlo en un derecho supuestamente natural, anterior al Estado, a armarse frente a la incapacidad de la fuerza pública. Segunda, la construcción personal de Castaño como interlocutor razonable: en Cambio negó ser "un monstruo" y afirmó que solo mataba "guerrilleros fuera de combate, que no son campesinos sino guerrilleros vestidos de civil"; en El Meridiano se autodefinió como "un hombre sensible que nunca ha utilizado las tácticas crueles" y parte del "ala moderada" de las autodefensas, mientras sus estructuras conducían masacres de conquista territorial. Tercera, el reencuadre sistemático de los hechos violentos: cuando en febrero de 2000 los paramilitares asesinaron a decenas de personas en El Salado (Montes de María), las AUC negaron que se tratara de una masacre y presentaron los muertos como bajas en combate y a las víctimas como colaboradoras de las FARC —una versión que los grandes medios recogieron con niveles variables de escepticismo y que solo investigaciones posteriores, ya en el marco de Justicia y Paz, contribuirían a desmontar.

Esta estrategia coincidió, no por azar, con la mayor expansión territorial paramilitar de la historia del país. A partir de 1997, las AUC se proyectaron hacia todos los puntos cardinales: Urabá, Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, Norte de Santander, Meta, Casanare, Putumayo. Los 109 municipios con presencia paramilitar de 1994 se multiplicaron hasta los 722 de 2002. La operación mediática de Castaño no ocultó esa expansión: la acompañó, la explicó, la volvió inteligible bajo la clave del derecho a la legítima defensa. Entre 1997 y 2000, en paralelo, los paramilitares cometieron más de 250 masacres que dejaron alrededor de 1.700 muertos en Mapiripán, El Aro, La Granja, El Salado, Chengue y decenas de localidades menos nombradas.

La escenografía de las FARC y la apertura del Caguán

Del otro lado, las FARC ofrecieron a los medios exactamente lo que necesitaban para sostener la narrativa de la amenaza principal: escenas, cifras y símbolos.

El 3 de agosto de 1998 tomaron la base de Miraflores, en Guaviare, y se llevaron a 132 miembros de la fuerza pública, la mayor cifra de retenidos en una sola acción guerrillera del conflicto. La toma de Mitú, ese mismo año, dejó 62 policías secuestrados. Solo en 1998, 310 personas fueron sacadas de poblados tras tomas o ataques guerrilleros y obligadas a subir a las montañas. En abril de 1999 el ELN secuestró a los pasajeros de un avión de Avianca; en mayo, a 143 feligreses en la iglesia La María de Cali, en la operación bautizada como pesca milagrosa. Cada uno de esos hechos fue, para los medios, una oferta de cobertura irresistible: nombres propios, familias en vilo, imágenes de campamentos que se filtraban meses después, condiciones de retención que testimonios comparaban con "campos de concentración" —una expresión que circuló y contribuyó al descrédito de las FARC-EP más que cualquier análisis editorial.

Sobre esa acumulación de agravios se abrió el proceso del Caguán. El 7 de enero de 1999, en San Vicente del Caguán, el presidente Andrés Pastrana Arango se sentó en la tarima inaugural junto a una silla vacía: Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, no se presentó. La imagen —el jefe de Estado esperando al jefe guerrillero que no llega— condensó, en un solo plano, una narrativa completa: la del gobierno humillado, la de la guerrilla arrogante, la de un proceso viciado desde su origen. Los medios amplificaron el gesto sin que los diálogos hubieran comenzado siquiera a sustantivarse.

Las negociaciones se abrieron a la prensa con el argumento de la transparencia. El efecto fue el contrario del previsto: al someter cada gesto a escrutinio inmediato, se instaló una presión de opinión pública que las FARC alimentaron con creces. En la zona de distensión —los 42.000 kilómetros cuadrados de despeje militar— la guerrilla no solo dialogó: entrenó personal, adquirió armamento, consolidó su estructura de mando y llegó a duplicar sus efectivos en ese lapso. El Espectador llegó a describir las escenas del despeje como "teatro del absurdo o comedia barata". El proceso avanzó envuelto en una euforia inicial y terminó, en febrero de 2002, sumergido en el descrédito.

La cobertura asimétrica: qué se amplificó y qué se opacó

Del lado de las FARC, todo era escena mediática: la silla vacía, las jaulas de los soldados retenidos, las declaraciones altisonantes de Raúl Reyes, las cifras crecientes del secuestro extorsivo —que entre 1996 y 2003 se convirtió en la principal fuente de recursos criminales del país, con las FARC como beneficiaria principal—, la interrupción reiterada de los diálogos. La agenda pública se organizó alrededor de una pregunta única: ¿qué van a hacer las FARC?

Del lado paramilitar, en cambio, se combinó una visibilidad muy administrada por Castaño con una invisibilización sistemática de tres capas de información. Primera, la escala real de la expansión territorial: la triplicación municipal entre 1994 y 2002 nunca fue objeto de un tratamiento editorial equivalente al que recibió cada avance guerrillero. Segunda, la naturaleza de las masacres: negadas como tales por las AUC y presentadas como bajas en combate, con frecuencia fueron consignadas en las páginas interiores, sin la insistencia de portada que sí recibieron los secuestros. Tercera, y decisiva, los nexos entre agentes estatales y estructuras paramilitares.

Esa tercera capa contaba con documentación disponible desde antes de 1996. Human Rights Watch publicó ese año un informe sobre los vínculos militares-paramilitares en Colombia; el ministro de Defensa Juan Carlos Esguerra lo desacreditó públicamente en El Tiempo alegando que se basaba en información desactualizada. El comandante de las Fuerzas Militares, general Harold Bedoya, contribuyó al rechazo institucional del señalamiento. Antes de 1995 no existían cifras oficiales de paramilitares dados de baja en combate o encarcelados, pese a su actividad simultáneamente violenta y pública: el Estado había dirigido su acción represiva casi exclusivamente contra la guerrilla, con un sesgo benevolente hacia las autodefensas tan pronunciado que la probabilidad estadística de una respuesta equivalente contra ambos actores era prácticamente nula.

En años posteriores, la Corte Interamericana de Derechos Humanos probaría la responsabilidad estatal en el favorecimiento del paramilitarismo en las sentencias sobre las masacres de los 19 comerciantes, La Rochela, El Aro, La Granja y Mapiripán. Salvatore Mancuso reconocería su participación en El Aro y La Granja, señalando que en la operación intervino un helicóptero de la Gobernación de Antioquia y que el secretario de Gobierno departamental Pedro Juan Moreno estuvo enterado. Los informes sobre la Comuna 13 de Medellín documentarían la actuación premeditada y sistemática de agentes de la fuerza pública en la consolidación paramilitar, con el general Mauricio Santoyo como facilitador de comunicaciones. Pero entre 1996 y 2002, en el momento en que esos hechos ocurrían, la cobertura mediática dominante no los tematizó con la intensidad que sí dedicó a cada movimiento de las FARC.

En ese mismo período, el término autodefensas se instaló progresivamente en la prosa editorial de los grandes medios y el encuadre dominante de la guerrilla como narcoterrorismo se consolidó en paralelo, sin un tratamiento equivalente del vínculo orgánico entre paramilitarismo y narcotráfico.

Por qué se produjo la asimetría: causas estructurales, coyunturales y coactivas

La asimetría de cobertura no se explica por un solo factor y no fue una conspiración planificada. Fue el resultado convergente de tres órdenes causales que operaron simultáneamente.

En el orden estructural, la propiedad corporativa de los medios reproducía un sesgo de clase que predisponía sus encuadres. Los grupos económicos que habían adquirido las participaciones de las viejas familias liberales y conservadoras compartían con las élites regionales y con parte del establecimiento militar un diagnóstico de fondo: la guerrilla era la amenaza sistémica al orden social y económico, y las autodefensas —cualesquiera fueran sus excesos— cumplían una función que el Estado no lograba cumplir. Ese diagnóstico no requería instrucciones editoriales: bastaba con la selección natural de temas, ángulos, fuentes y jerarquías informativas.

En el orden coyuntural, el fracaso ostensible del Caguán, la duplicación de las FARC en la zona de distensión, la seguidilla de secuestros masivos y las tomas guerrilleras generaron un flujo de acontecimientos que las FARC misma alimentó y que ningún medio podía razonablemente dejar de cubrir. La guerrilla, en su propia lógica, ofreció los materiales sobre los que se construyó la narrativa que la desprestigió. Simultáneamente, las AUC ejecutaron una operación comunicacional consciente y sofisticada —Castaño en televisión, Mi confesión en librerías, la insistencia terminológica en las autodefensas, la explotación del hartazgo social frente a las FARC— que colonizó activamente el espacio editorial y que, en algunos casos, encontró en los medios interlocutores dispuestos a acomodar el discurso legitimador sin escrutinio.

El tercer orden, el coactivo, suele olvidarse cuando se habla de la responsabilidad de los medios, y sin él no se entiende por qué las regiones donde más se expandió el paramilitarismo fueron también las que padecieron mayor silencio informativo. Entre diciembre de 1977 y agosto de 2015, cerca de 152 periodistas fueron asesinados en Colombia. El período 1996-2005 concentra uno de los picos más altos de esa serie histórica, con los comunicadores de radio como principal grupo victimizado —24 casos en ese decenio, 15 de ellos entre 2001 y 2005— y con el período 1986-1995 registrando 29 asesinatos de periodistas de prensa escrita, la mayor concentración en ese formato. La distribución geográfica es reveladora: Cesar concentró todos sus asesinatos de periodistas en el período 1996-2005, sin víctimas antes ni después; Sucre replicó ese patrón. Norte de Santander, Huila, Cauca, Nariño, Putumayo y Bolívar acumularon víctimas en un mapa que se sobrepone, con precisión inquietante, al de la expansión paramilitar y guerrillera.

El asesinato de José Emeterio Rivas en Barrancabermeja —periodista que había entrevistado en vivo a Carlos Castaño en el año 2000 y que fue asesinado en el contexto de una alianza documentada entre paramilitares y la administración municipal, por la cual el alcalde Julio César Ardila Torres fue condenado a 29 años de prisión— condensa la complejidad de ese régimen coactivo: los periodistas regionales operaban en zonas donde nombrar al paramilitarismo era una decisión de vida o muerte, y donde los propios comunicadores mantenían a veces vínculos ambivalentes con los actores armados que los rodeaban. La autocensura no fue una elección editorial: fue la respuesta racional a una amenaza sistemática. Los grandes medios nacionales, al replicar o citar la información regional, heredaron ese silencio.

Consecuencias inmediatas: del descrédito del Caguán al Plan Colombia y a Uribe

Los efectos políticos de la asimetría fueron acumulativos y decisivos.

En el corto plazo, la cobertura contribuyó a desprestigiar los diálogos del Caguán ante una opinión pública que había abierto el proceso con expectativas desmesuradas y que fue quedándose, semana tras semana, sin argumentos para defenderlo. El teatro del absurdo editorializado por El Espectador se convirtió en sentido común. Cuando las AUC frenaron, hacia el sur de Bolívar, la propuesta paralela del ELN de despejar una zona para negociar —movilizando pobladores y advirtiendo que sería "otro Caguán"—, ese veto encontró eco en unos medios que ya habían aceptado la equivalencia entre despeje y fracaso. El gobierno fue incapaz de superar la presión y se perdió una oportunidad de negociación con la segunda guerrilla del país.

En febrero de 2002, tras el secuestro por las FARC del avión en que viajaba el senador Jorge Eduardo Gechem y a la sombra internacional de los atentados del 11 de septiembre de 2001 —que permitían recalificar a las FARC como "organización criminal de la droga" y potencial "plataforma del terrorismo mundial"—, Pastrana canceló los diálogos. En mayo, Álvaro Uribe Vélez, quien como gobernador de Antioquia había impulsado desde 1997 el aumento de fuerza pública en Urabá durante la expansión de las AUC, ganó la presidencia en primera vuelta con una plataforma de mano dura contra las FARC. El giro electoral no fue automático ni monocausal: se apoyó en la capacidad caudillista del candidato, en la reorganización de las Fuerzas Militares que Washington había exigido a Pastrana como condición del Plan Colombia y en la acumulación de agravios reales que las FARC habían cometido. Pero se asentó sobre un suelo discursivo que los medios habían contribuido a fabricar: un país donde la amenaza tenía un solo nombre y una sola dirección.

El Plan Colombia, negociado desde 1999 y desplegado con creciente involucramiento militar estadounidense —la propia participación de Fuerzas Especiales en la operación de retoma de la zona del Caguán apenas fue mencionada por los grandes medios y no tuvo consecuencias políticas—, encontró en esa asimetría el suelo que lo hizo viable. La opinión pública colombiana llegaría a atribuir a la guerrilla la mayor responsabilidad en la violencia del país; a los paramilitares les asignaría el segundo lugar entre los actores menos responsables, por debajo incluso de la delincuencia común y el Gobierno. Esa huella cuantitativa es la más nítida de lo que ocurrió entre 1996 y 2002.

Consecuencias de largo plazo: retorno de las víctimas y déficit de memoria

La Seguridad Democrática consolidó, entre 2002 y 2010, la reorganización militar que Washington había pedido y logró indicadores de reducción de la violencia que fueron atribuidos, en buena parte, a la reinserción de los paramilitares —la fuerza más letal contra la población civil en el conflicto—. La condescendencia con esa reinserción dejó huellas institucionales profundas, entre ellas la persistencia de estructuras armadas herederas y la infiltración del Congreso por la parapolítica.

Las víctimas del paramilitarismo tuvieron que esperar a la Ley de Justicia y Paz, aprobada en 2005, para que sus testimonios accedieran con alguna sistematicidad al espacio público. Las versiones libres de Mancuso, Jorge 40 (Rodrigo Tovar Pupo) y otros comandantes desmovilizados abrieron, tardíamente, la caja de lo que había estado ocurriendo mientras la cobertura editorial dominante miraba hacia el Caguán.

La Comisión de la Verdad, en su informe final de 2022, situaría la responsabilidad mediática dentro de un cuadro más amplio de omisiones institucionales, sin transformarla en tesis exculpatoria del resto del sistema. Los grandes medios no fueron los únicos actores de la asimetría —el sistema judicial, las fuerzas de seguridad, el Congreso, sectores del empresariado y de la política regional operaron en la misma dirección—, pero fueron el canal por el cual esa asimetría se hizo sentido común, se volvió respirable, dejó de parecer una decisión política para parecer una descripción de la realidad.

Por qué este proceso sigue importando

La asimetría mediática de 1996-2002 no fue un episodio cerrado con la desmovilización de las AUC ni con el fin del gobierno Uribe. Dejó dos legados que atraviesan la política colombiana contemporánea.

El primero es una asimetría persistente en la memoria pública. Los nombres de los comandantes de las FARC —Marulanda, Reyes, Alfonso Cano, Mono Jojoy, Iván Márquez, Timochenko— son parte del vocabulario nacional; los de los comandantes paramilitares regionales, salvo un puñado, no lo son. Las masacres de El Salado, El Aro, La Granja, Mapiripán y Chengue han ganado visibilidad en los años recientes, pero el trabajo de instalarlas en la memoria pública ha requerido décadas de reparación simbólica y jurídica, contra la corriente de un archivo mediático que en su momento no las jerarquizó.

El segundo es la persistencia del encuadre. La ecuación guerrilla igual amenaza principal, paramilitarismo igual efecto colateral se sedimentó como marco interpretativo por defecto de amplios sectores de la opinión pública. Cada crisis posterior —la ruptura del proceso de paz de La Habana, el rearme de disidencias, la persistencia del ELN— tiende a leerse desde ese marco antes que reconstruir el mapa completo de actores armados que produjeron y siguen produciendo la violencia colombiana.

Comprender esa convergencia —propiedad de élite, estrategia comunicacional paramilitar, violencia contra el periodismo regional, guerrilla que abastecía su propio desprestigio— es indispensable para entender por qué el país transitó, entre el fracaso del Caguán y el amanecer del uribismo, no solo hacia una política diferente sino hacia una descripción distinta de sí mismo. Los medios no fueron espectadores de ese tránsito: fueron coproductores. El país que emergió de la década no se entiende sin el país que, durante seis años, se le contó cada mañana en la primera plana y cada noche en el noticiero de las siete.