Harold Bedoya Pizarro

Un oficial de la doctrina del enemigo interno

Bedoya pertenece a una generación de oficiales colombianos formados en un momento de mutación doctrinaria. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el Ejército colombiano había estado aliado con la clase conservadora terrateniente y entrenado bajo doctrina prusiana de guerra convencional, transmitida por instructores alemanes. Durante los años cuarenta y cincuenta, en línea con el resto de ejércitos latinoamericanos, su doctrina se centró en la defensa hemisférica frente a enemigos externos. El viraje decisivo llegó después: la Doctrina de Seguridad Nacional, cuya esencia era combatir al enemigo interno para contener la expansión del comunismo internacional, se instaló como marco ideológico de las fuerzas armadas del continente, con la Escuela de las Américas —primero en Panamá, luego en Fort Benning, Georgia— como su emblema formativo.

La huella estadounidense en el cuerpo de oficiales colombianos fue profunda y temprana. Un documento clasificado del Departamento de Estado, fechado en diciembre de 1970, registraba que de 31 oficiales colombianos con el grado de brigadier general, 22 habían estudiado en Estados Unidos y otros 4 en Panamá. Más de cuatro de cada cinco oficiales de una estrella habían pasado por instrucción militar norteamericana. Esa formación no cuestionaba la proporcionalidad entre medios y fines en el combate al enemigo interno: la lógica contrainsurgente admitía —y en algunos manuales prescribía— el trabajo con civiles armados, la inteligencia sobre poblaciones enteras y la equiparación entre subversión política y delincuencia común. Bedoya, oficial de carrera desde comienzos de los años sesenta, se formó dentro de ese marco y ascendió dentro de él.

Su hoja de servicios muestra el itinerario típico del oficial destinado a los altos mandos: comandos de brigada, agregadurías militares, cursos en el exterior. Entre julio de 1985 y julio de 1986 comandó la IV Brigada, con sede en Medellín, en un momento en que Antioquia era ya el epicentro del cruce entre narcotráfico, paramilitarismo naciente y guerrilla urbana. A finales de los ochenta cumplió funciones en Washington: desde el 1 de agosto de 1989 hasta el 31 de agosto de 1991 fue asesor principal de la delegación colombiana ante la Junta Interamericana de Defensa, y en ese mismo período ejerció como Agregado Militar de la Embajada de Colombia en Estados Unidos y Canadá, además de Jefe de Estudios del Colegio Interamericano de Defensa. Esos dos años son claves para entender su formación: fueron los meses en que Colombia estrenaba una nueva Constitución y Bedoya observaba la política nacional desde el corazón institucional del sistema de defensa hemisférica.

Magdalena Medio, 1985: la sombra que no se disipa

Sobre el Bedoya oficial subalterno recae la acusación más grave y menos judicializada de su trayectoria. Textos de denuncia de derechos humanos, en particular El Terrorismo de Estado en Colombia, sostienen que en 1985, siendo teniente coronel, Bedoya colaboró con los escuadrones de la muerte del Magdalena Medio brindándoles protección y apoyo logístico, y que participó desde Medellín en el traslado de un cargamento de ametralladoras MP5 con destino a los grupos paramilitares de Puerto Boyacá. No son cargos probados en tribunal, sino acusaciones que nunca prosperaron judicialmente. Pero encajan con un patrón regional bien establecido: en el Magdalena Medio de mediados de los ochenta, unidades militares colaboraban con el Muerte a Secuestradores (MAS) y con los primeros embriones paramilitares que Henry Pérez y luego Carlos Castaño convertirían en aparato.

Lo que sí es incontrovertible es que años más tarde, como Comandante del Ejército y luego de las Fuerzas Militares, Bedoya señalaba constantemente el Magdalena Medio como modelo de cooperación ideal entre el ejército y la población civil. En sus declaraciones distinguía entre "delincuentes" o "terroristas" —categoría que aplicaba indistintamente a guerrilleros y narcotraficantes— y la población civil que debía cooperar con la fuerza pública. No presentaba al MAS ni a los grupos de Puerto Boyacá como modelos explícitos, pero elogiaba una zona cuya "cooperación cívico-militar" había sido en la práctica indisociable de la expansión paramilitar. Esa ambigüedad —celebrar el resultado sin reconocer los medios— sería marca de su discurso hasta el retiro.

Durante su mando en la IV Brigada, entre 1985 y 1986, fue asesinado en cercanías de Medellín el Procurador General Carlos Mauro Hoyos, retenido cuando se dirigía al aeropuerto de Rionegro y ultimado en una finca cercana; el crimen fue atribuido a Los Extraditables, bajo mando de Pablo Escobar. La cronología presenta problemas —el asesinato de Hoyos ocurrió en enero de 1988, fuera del período de mando registrado— y aquí simplemente se deja anotada la coincidencia entre el nombre del brigadier y el episodio.

La Constitución de 1991 y una institución que no la digirió

Bedoya asciende a los altos mandos en un país que había cambiado de reglas. La Constitución de 1991 introdujo la subordinación explícita de las fuerzas armadas al poder civil, la primacía de los derechos fundamentales, la tutela como mecanismo de protección inmediata y un lenguaje sobre paz y derecho internacional humanitario que era ajeno a la formación doctrinaria de la mayoría de los oficiales en actividad. La nueva Carta no vino acompañada de una reforma militar profunda: el mismo Ejército, con la misma doctrina, quedó operando bajo un marco jurídico que le exigía cosas que su formación no le había enseñado.

Esa desincronización explica buena parte de las tensiones de los años noventa. Mientras la Constitución hablaba de distinción entre combatientes y no combatientes, en el terreno las brigadas del Ejército compartían áreas de operación con grupos paramilitares que expandían territorio, ejecutaban campesinos y desplazaban poblaciones enteras. Mientras el nuevo marco exigía control civil, sectores del Ejecutivo —empezando por el propio Ministerio de Defensa, todavía en manos civiles pero débiles— tenían escaso margen para intervenir en la conducción operativa de la guerra. Bedoya fue nombrado Comandante del Ejército y luego Comandante General de las Fuerzas Militares durante el gobierno de Ernesto Samper (1994–1998), un presidente cuya autoridad estaba desde el inicio erosionada por el Proceso 8.000 y la sospecha de dineros del cartel de Cali en su campaña. Un mandatario debilitado frente a un cuerpo militar formado para no reconocer autoridad política débil: la ecuación estaba servida.

Las incoherencias se hicieron visibles pronto. El decreto 0871 del 13 de mayo de 1996 declaró zona especial de orden público los departamentos de Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada y Caquetá, en respuesta a las grandes marchas campesinas del sur del país —protestas por la erradicación forzada de cultivos de coca que las Fuerzas Militares tendieron a leer como movilizaciones dirigidas por las FARC—. En simultáneo, las FARC-EP habían iniciado el tránsito de la guerra de guerrillas clásica a lo que llamaron "guerra de movimientos": columnas grandes que enfrentaban al Ejército en sus propias posiciones, buscando expulsar al Estado de zonas enteras. Las Delicias, Patascoy, El Billar, Miraflores, Mitú: entre 1996 y 1998, las Fuerzas Militares encajaron una serie de golpes que dejaron decenas de soldados muertos y más de un centenar en poder de la guerrilla. Bedoya presidió, como Comandante General, ese ciclo humillante.

1997: la Operación Génesis y la desmilitarización

Dos episodios de 1997 marcan el año decisivo de Bedoya al frente de las Fuerzas Militares. El primero, entre el 24 y el 27 de febrero, fue la Operación Génesis, atribuida a su mando y ejecutada por la Brigada XVII —al mando del general Rito Alejo del Río entre 1995 y 1998— en las cuencas de los ríos Cacarica, Salaqui y Truandó, en el Bajo Atrato chocoano. La operación se anunció como acción contra el frente 57 de las FARC. Su resultado real fue el desplazamiento forzado de aproximadamente 4.000 afrocolombianos, 85 personas torturadas y otros desaparecidos, en un contexto en que no se registraron combates significativos con la guerrilla. La operación fue conjunta con grupos armados civiles —los mismos que meses después se organizarían formalmente bajo la sigla AUC— y forma parte del inventario de casos que años más tarde llevarían a condenas contra oficiales del Ejército, incluido Del Río, por su vínculo con el paramilitarismo urabeño.

El segundo episodio se produjo pocos meses después. En el verano de 1997, el gobierno Samper aceptó desmilitarizar una zona para permitir la liberación de soldados en poder de las FARC. La medida fue leída por buena parte del cuerpo de oficiales como una concesión inaceptable a la insurgencia, y las Fuerzas Militares protestaron internamente. Bedoya se convirtió en la voz institucional de ese malestar. Aproximadamente un mes después de la desmilitarización y la liberación, Samper lo removió del cargo aduciendo "razones de Estado".

La reacción fue inmediata y sin precedentes: cientos de oficiales del Ejército se concentraron frente al Ministerio de Defensa exigiendo que Bedoya desobedeciera la orden del presidente. Nunca antes en la historia reciente de las fuerzas armadas colombianas se había producido una manifestación semejante contra una decisión presidencial. El gabinete de Samper —con Rodrigo Lloreda Caicedo entonces cerca de asumir la cartera de Defensa, aunque su ministerio comenzaría formalmente con Pastrana, y Guillermo Alberto González Mosquera saliente— tomó precauciones especiales de seguridad esa noche ante el temor real de un golpe. Fernando Botero Zea, exministro de Defensa de Samper, estaba ya fuera del gobierno tras el Proceso 8.000, pero el clima de asedio al Ejecutivo se había prolongado durante meses.

Bedoya, sin embargo, acató. Se retiró del cargo, dejó el mando a su sucesor —el general Manuel José Bonett—, y la crisis se disolvió sin ruptura constitucional. Ese acatamiento merece leerse con cuidado. Los manifestantes frente al Ministerio de Defensa no contaban con el apoyo de todos los altos mandos del Ejército: otros generales acataron la decisión civil, y la protesta reveló una división interna que Bedoya no había orquestado. La fractura no fue entre un general rebelde y un Estado constitucional, sino dentro de las propias fuerzas armadas, entre un cuerpo de oficiales subalternos y medios que reclamaban al general no ceder y una parte de la cúpula que reconocía la primacía civil. Bedoya, en última instancia, se puso del lado de la disciplina jerárquica. Su disidencia, a partir de ese momento, sería retórica y política, no institucional.

De comandante a candidato

Retirado el uniforme, Bedoya se convirtió con rapidez en actor político. Rechazó el Mandato Ciudadano por la Paz de octubre de 1997 —la consulta popular que movilizó a más de diez millones de colombianos alrededor de un mandato contra la violencia—, coincidiendo en el rechazo con Manuel Marulanda Vélez, comandante de las FARC. La coincidencia fue registrada con ironía por la revista Alternativa en su número 15 de octubre–noviembre de 1997, en un artículo titulado "La guerra entre halcones y palomas". El Mandato había servido para tender puentes entre la tradición pacifista de izquierda encarnada en Redepaz y la vertiente que representaban Francisco Santos y su fundación País Libre; Bedoya y Marulanda, cada uno por su lado, se restaban de esa convergencia.

El 7 de agosto de 1998, ya como excomandante y a las puertas del gobierno Pastrana, Bedoya acusó públicamente al gobierno saliente de no haber respaldado grandes operaciones contra las FARC-EP, mencionando específicamente la denominada "Conquista". Atribuyó la situación de orden público al "mal gobierno" y a la "falta de voluntad de tomar las decisiones políticas de liquidar el problema del narcotráfico". En su lectura, guerrilla y narcotráfico eran caras de un mismo problema, y la falla no era militar sino política. Esa equivalencia —que él no formulaba en términos teóricos, pero que sus declaraciones sugerían con claridad— era exactamente la homologación que la Doctrina de Seguridad Nacional prescribía y que el marco de derecho internacional humanitario impugnaba. Bedoya no citaba doctrinas; hablaba en el lenguaje directo del general frustrado. Pero lo que decía era la traducción práctica de todo su itinerario formativo.

Entre 1998 y 2002 se consolidó como voz pública del sector duro. Fundó el movimiento Fuerza Colombia y se lanzó a la carrera presidencial para las elecciones de 2002, con un discurso centrado en la mano dura contra la guerrilla, la crítica al proceso de paz del Caguán y el rechazo a cualquier concesión territorial o política a las FARC. Su candidatura no despegó en las encuestas —el capital electoral del sector se volcó hacia Álvaro Uribe Vélez, disidente liberal y exgobernador de Antioquia—, pero su discurso circulaba y encontraba eco. Bedoya fue, en cierto modo, el precursor incómodo de una posición que Uribe articularía con mayor astucia política: la guerra total como única salida.

El Caguán como espejo

Los años del proceso de paz del Caguán (enero de 1999 – 20 de febrero de 2002) fueron el escenario en el que las tesis de Bedoya se validaron a los ojos de una porción creciente del electorado. Pastrana había sido elegido en 1998 en parte porque las FARC respondieron con gestos favorables a sus insinuaciones de diálogo, lo que le permitió derrotar al liberal Horacio Serpa Uribe. La zona de distensión —un territorio del tamaño de Suiza en San Vicente del Caguán y municipios aledaños— se despejó de fuerza pública para facilitar las negociaciones. La agenda común, firmada el 6 de mayo de 1999, ponía en discusión el marco normativo del país entero, incluidas sus estructuras socioeconómicas.

Las FARC utilizaron la zona como fuerte militar, centro de entrenamiento, área de acumulación de recursos y espacio de experimentación de nuevas formas de poder local. Pastrana, por su parte, aprovechó el período para modernizar y tecnificar el Ejército con el apoyo del Plan Colombia. Ninguno de los dos bandos se preparó realmente para la paz; ambos se prepararon para una guerra mejor. En simultáneo, en 1997 se habían fundado las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), agrupando a nueve organizaciones paramilitares bajo dirección única y estado mayor conjunto, y desde ese año iniciaron una expansión territorial que las llevó al Meta, Guaviare, Urabá, Sinú, Cesar, Llanos Orientales, Catatumbo y Magdalena Medio. Una de las exigencias centrales de las FARC en el Caguán era que el gobierno desarticulara las AUC y destituyera a los mandos militares que habían colaborado con ellas. La exigencia no prosperó, y las AUC —que en general se opusieron al proceso, aunque solicitaron participar en la mesa— consolidaron su control local durante los años de negociación.

Bedoya observaba desde fuera. Cada golpe de las FARC en la zona de distensión, cada revelación sobre entrenamiento de reclutas dentro del despeje, cada ejecución de rehenes o civiles le daba la razón retrospectiva. Cuando el 20 de febrero de 2002 Pastrana anunció el cierre definitivo del proceso, tras el secuestro por las FARC de un avión comercial con el senador Jorge Eduardo Gechem Turbay a bordo, la impopularidad del Caguán ya se había traducido en el ascenso electoral de Uribe. En enero de 2002 sus cifras rondaban el 39%; en febrero, tras el rompimiento, subían hacia el 59,5%. Uribe ganó la presidencia en primera vuelta con aproximadamente el 54% de los votos, convirtiéndose en el primer presidente colombiano en lograrlo. El país no votó tanto a favor de Uribe como en contra de las FARC, cuyo comportamiento en el Caguán había hecho por Uribe más que cualquier campaña. Del mismo modo, cuatro años antes, el gesto de las FARC hacia Pastrana había contribuido a su victoria. La misma insurgencia, en dos coyunturas sucesivas, fabricó a sus dos peores enemigos electorales.

En ese giro, Bedoya quedó en un lugar ambiguo. Sus tesis se habían impuesto —la seguridad reemplazó a la paz como prioridad del Estado, la guerra total se planteó como única salida—, pero el rédito político no fue suyo sino de Uribe. La Política de Seguridad Democrática desplegada entre 2002 y 2010 recogía muchos de los énfasis que Bedoya había defendido desde su retiro: prioridad absoluta a la lucha contrainsurgente, homologación operativa entre guerrilla y narcotráfico, énfasis en la colaboración de la población civil con la fuerza pública, escepticismo hacia los procesos de negociación. Uribe, a diferencia de Bedoya, supo traducir esas convicciones en un lenguaje civil, en una campaña electoral y en una gestión de gobierno; Bedoya se quedó en el papel del general que había tenido razón antes de tiempo.

La red y el trasfondo

Nombrar a Bedoya implica nombrar un ecosistema. Su generación de oficiales incluía a hombres como Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada XVII durante los años más oscuros de Urabá; Iván Ramírez, jefe de inteligencia militar señalado por sus vínculos con el paramilitarismo; y, más adelante, Mario Montoya, comandante del Ejército durante los años de las llamadas ejecuciones extrajudiciales bajo el gobierno Uribe. Bedoya no era el único ni el más comprometido en las prácticas grises del Ejército colombiano de los años noventa; era, sí, el más público, el más locuaz y el que asumió con mayor claridad el papel de portavoz político de una postura institucional.

Del lado civil, sus interlocutores y adversarios fueron Ernesto Samper Pizano, el presidente que lo removió, y su gabinete de crisis; Andrés Pastrana Arango, cuyo proceso de paz Bedoya combatió; Horacio Serpa Uribe, el liberal derrotado en 1998 al que Bedoya representaba como negativo; y Álvaro Uribe Vélez, el candidato que capitalizó electoralmente lo que Bedoya solo pudo predicar. Manuel Marulanda Vélez, comandante histórico de las FARC, fue su contraparte simétrica: dos hombres que rechazaron el Mandato por la Paz de 1997, cada uno por razones opuestas, y que encarnaban las posiciones extremas de un país agotado. Carlos Castaño Gil, comandante de las AUC, operaba en un plano distinto —el de la ilegalidad organizada—, pero compartía con Bedoya un lenguaje sobre el "enemigo interno" que las fuerzas convencionales del Estado no querían o no podían combatir con suficiente contundencia.

En el trasfondo doctrinario están los nombres académicos que estudiaron a su generación: Francisco Leal Buitrago, cuya obra sobre la Doctrina de Seguridad Nacional en Colombia sigue siendo referencia; Eduardo Pizarro Leongómez, historiador de la profesionalización militar; Andrés Dávila Ladrón de Guevara y César Torres del Río, entre otros. Ninguno escribió específicamente sobre Bedoya, pero todos escribieron sobre el marco en el que Bedoya se movió: el paso de un ejército de defensa hemisférica a un ejército contrainsurgente, la relación estructural con Estados Unidos, y las dificultades del control civil sobre unas fuerzas armadas que nunca habían sido pensadas desde la primacía del poder político democrático.

La huella y la disputa

Bedoya murió en 2022 sin haber sido condenado judicialmente por ninguno de los hechos graves que se le imputaron a lo largo de su carrera. Las acusaciones sobre su papel en el Magdalena Medio en 1985 no prosperaron. Sobre la Operación Génesis, las condenas judiciales alcanzaron a Rito Alejo del Río —capturado en 2001 y condenado en 2012 por el homicidio del campesino Marino López durante la operación—, pero no a Bedoya como responsable de mando. Los debates ante la Justicia Especial para la Paz, creada por el Acuerdo Final con las FARC en 2016, abordaron el macrocaso de los llamados "falsos positivos" y otros patrones de violaciones, pero Bedoya —retirado desde 1997— quedó fuera de los ciclos más intensos de responsabilidad de mando que la JEP examinó.

Su legado, entonces, no es judicial sino político y doctrinario. Es la figura del militar que encarnó, con la mayor visibilidad pública posible, la tensión estructural entre una institución armada formada durante décadas en la lógica del enemigo interno y un marco constitucional que le exigía transformaciones que ella no estaba dispuesta ni preparada a hacer. La grandeza cívica del episodio de 1997 —cuando Bedoya, presionado por sus subalternos a desafiar al presidente, acató— no debe pasarse por alto: preservó la forma del control civil en un momento en que esa forma pendía de un hilo. Pero la persistencia del fondo doctrinario, expresada en sus declaraciones desde el retiro y en la continuidad de las prácticas que se le atribuyeron a lo largo de su carrera, muestra que el acatamiento formal no equivalió a transformación institucional.

La lectura más fértil de Bedoya no es la del disidente coherente ni la del criminal impune, sino la del síntoma. Cientos de oficiales protestaron frente al Ministerio de Defensa en julio de 1997 no porque Bedoya los liderara con carisma, sino porque él encarnaba una posición que ellos ya sostenían; la agencia venía desde abajo tanto como desde arriba, y el cuerpo institucional presionaba al general al menos con la misma fuerza con que el general representaba al cuerpo. Sin el desprestigio del Caguán y el fracaso de Pastrana, las tesis de Bedoya habrían quedado como opinión marginal de un exmilitar resentido; fue la coyuntura de 1999–2002 la que las convirtió retroactivamente en profecía cumplida y en capital político para el uribismo.

Bedoya no fue el arquitecto de una rebelión militar. Fue el nombre que se le puso, en un momento particular, a una tensión que el país no ha terminado de resolver: la de un Ejército con doctrina propia, formación externa y prácticas grises que la Constitución de 1991 exigía transformar sin que nadie —ni Samper, ni Pastrana, ni siquiera Uribe— haya emprendido a fondo esa reforma. En ese sentido, su biografía es también un espejo del país: la modernización constitucional que no se acompañó de reforma militar, la subordinación civil sostenida por acatamiento individual antes que por rediseño institucional, y una guerra que se prolongó dos décadas más porque las categorías con las que se libraba nunca se sometieron a discusión pública seria. El general que acató en 1997 y luego criticó desde afuera hasta su muerte fue el testigo incómodo de todo eso.