Francisco Santos Calderón

Un apellido antes que un hombre

Nació en 1961 en el seno de una de las dinastías más influyentes del siglo XX colombiano. Su tío abuelo fue Eduardo Santos, director y propietario de El Tiempo, que había usado el periódico para catapultar la campaña de Enrique Olaya Herrera en 1930 y que él mismo llegó a la presidencia sin cumplir los cincuenta años, en una trayectoria en la que la muerte de su amigo Olaya en Roma, en febrero de 1937, marcó un punto de inflexión. Su abuelo fue Enrique Santos Montejo, el legendario Calibán de la columna La Danza de las Horas, uno de los articulistas más leídos del país durante décadas. Su padre, Enrique Santos Castillo, ejerció como jefe de redacción y editor general del periódico por cerca de sesenta años, alternando con su hermano Hernando Santos Castillo —Hersan, columnista de Detrás de las Noticias— hasta que este asumió la dirección el 17 de julio de 1981. Ese mismo día, Enrique Santos Castillo quedó como editor, y sus sobrinos e hijos entraron al núcleo directivo: Rafael Santos Calderón como jefe de redacción y Juan Manuel Santos Calderón —futuro presidente de la República— entre los principales artífices del matutino.

Francisco, hermano menor de Juan Manuel y de Enrique Santos Calderón —autor de la columna Contraescape, considerada precursora del pluralismo de opinión en la gran prensa colombiana junto con Reloj de Daniel Samper Pizano—, creció en un hogar donde el periódico y la política eran la misma conversación. No era una familia liberal que además tenía un diario, ni un diario que además apoyaba al liberalismo: era la misma cosa. Desde que en 1921 Eduardo Santos, siendo editor, había retornado al Partido Liberal abandonando la Unión Republicana, la identidad del periódico y la del partido habían quedado trenzadas. Francisco heredó por igual el oficio y la militancia: se formó como periodista, se vinculó a El Tiempo como columnista y accionista de la casa editorial, y desde muy joven aprendió que en Colombia una firma en el editorial pesaba tanto como un discurso en el Congreso.

El secuestro que lo cambió todo

El 19 de septiembre de 1990, Francisco Santos fue secuestrado en Bogotá por orden de Pablo Escobar. Tenía 29 años y era jefe de redacción del diario. Su plagio se inscribía en la ofensiva final de los Extraditables contra el Estado colombiano, una campaña de secuestros de periodistas y familiares de la élite política diseñada para forzar la prohibición de la extradición a Estados Unidos. Con él fueron secuestrados, en distintas fechas de esos meses, Diana Turbay, Maruja Pachón de Villamizar, Beatriz Villamizar de Guerrero, Marina Montoya —hermana de Germán Montoya, exsecretario general de la Presidencia de Virgilio Barco—, Juan Vitta, Hero Buss, Azucena Liévano, Orlando Acevedo y otros comunicadores.

Los desenlaces fueron desiguales y marcaron a fuego a Santos. Entre noviembre y diciembre de 1990 salieron Juan Vitta, Hero Buss y Azucena Liévano; el 17 de enero de 1991 fue liberado Orlando Acevedo; Beatriz Villamizar recuperó la libertad en febrero; ese mismo mes, Diana Turbay —hija del expresidente Julio César Turbay— murió durante una operación de rescate. El grupo llamado Los Notables —el cardenal Mario Revollo Bravo, los expresidentes Misael Pastrana Borrero y Alfonso López Michelsen y Diego Montaña Cuéllar— se ofreció como mediador. Francisco Santos y Maruja Pachón fueron los últimos rehenes en salir con vida, en mayo de 1991, después de que todos los demás cautivos hubieran sido liberados o muerto. Escobar los retuvo, en la práctica, hasta el final de la negociación que precedió a su sometimiento a la justicia.

Ocho meses de cautiverio en manos del cartel de Medellín transformaron a Santos de periodista de familia en figura pública de la lucha contra el secuestro. Con Maruja Pachón y otros allegados a las víctimas, impulsó la Fundación País Libre, la ONG que durante los años noventa y dos mil se consolidó como fuente de información y referencia sobre el fenómeno, complementando las estadísticas oficiales de la Fiscalía, la Policía y el GAULA con los casos que la burocracia no capturaba. País Libre nació en la misma coyuntura en la que, en julio de 1991, apareció el Comité Nacional de Víctimas de la Delincuencia Antidemocrática, o Comité Vida, y reflejó el creciente protagonismo de las víctimas de la guerrilla y del narcotráfico en el debate público de la década.

Ese capital simbólico —periodista, víctima, activista, sobreviviente— acompañaría a Francisco Santos durante el resto de su vida pública. Lo situaba en un lugar difícil de atacar: quien había estado ocho meses encadenado a la voluntad de Pablo Escobar tenía licencia moral para hablar de seguridad, de terror y de Estado.

De la columna al despacho vicepresidencial

Durante los años noventa combinó el trabajo periodístico con la militancia por la causa antisecuestro. Escribía columna en El Tiempo, era accionista de la casa editorial y aparecía con frecuencia como voz autorizada en temas de orden público. Su tránsito hacia la política electoral ocurrió sobre el colapso del proceso de paz del Caguán entre el gobierno de Andrés Pastrana Arango y las FARC, que dejó a un amplio sector de la opinión pública convencido de que la solución negociada al conflicto había fracasado.

El día de las elecciones legislativas del 28 de marzo de 2002, Santos publicó una columna en El Tiempo en la que advertía que el nuevo Congreso sería "aún peor" que el saliente. El texto se leyó, en su momento, como una advertencia sobre la paramilitarización del legislativo que años después estallaría en el escándalo de la parapolítica. Con el tiempo, algunos analistas —Hernando Calvo Ospina entre ellos— apuntaron una lectura menos halagüeña: la columna no habría sido tanto profecía como constancia de un conocimiento previo del que disponía el establecimiento. La diferencia anticipa la ambigüedad que perseguiría a Santos en los años siguientes.

Dos meses después, el 26 de mayo de 2002, Álvaro Uribe Vélez ganó la presidencia en primera vuelta con una plataforma de cien puntos y el respaldo mayoritario de quienes se oponían al Caguán. Francisco Santos fue su fórmula vicepresidencial. La elección tenía una lógica precisa: Uribe traía la promesa de derrota militar de las guerrillas; Santos aportaba la legitimidad de la víctima, el apellido, el periódico y una red internacional que ningún antiguo alcalde de Medellín podía construir por sí solo. Uribe era el país que exigía mano dura; Santos, el país que exigía respeto por las víctimas. Juntos cubrían el espectro que la Seguridad Democrática necesitaba para presentarse como algo más que una política de guerra.

La Seguridad Democrática y el papel del vicepresidente

Al día siguiente de su posesión, el gobierno lanzó desde Valledupar el Plan Meteoro, con el propósito de recuperar la movilidad en las vías principales e involucrar a un millón de ciudadanos como informantes voluntarios. Cuatro días después, Uribe declaró el estado de conmoción interior conforme al artículo 213 de la Constitución. Colombia entraba en un régimen distinto al que había conocido durante los años del Caguán.

La Seguridad Democrática no fue una política de derechos humanos ni una política de paz. Subsumió ambas dimensiones bajo el paraguas de la "defensa y seguridad democrática", produciendo un viraje de fondo respecto a la búsqueda de solución política negociada al conflicto. Su innovación consistió en involucrar a todo el aparato estatal —no solo a la fuerza pública— en el combate a los grupos armados ilegales, apoyándose en un proceso de modernización militar iniciado en 1999, antes del gobierno Uribe. Washington ya había incluido a las FARC, las AUC y el ELN en su lista de organizaciones terroristas, y la campaña se articuló en torno a su derrota militar, tratándolas como enemigos por eliminar y no como actores políticos por negociar.

En este esquema, la vicepresidencia de Francisco Santos se especializó en dos frentes que respondían perfectamente a su perfil: los derechos humanos, dentro del programa presidencial que la vicepresidencia lideraba históricamente, y la interlocución internacional, particularmente con Estados Unidos y Europa, donde su inglés impecable, su condición de exsecuestrado y su fluidez para el debate lo hacían un embajador eficaz de una política que en el exterior generaba constantes reservas.

Los resultados de la Seguridad Democrática, en cifras oficiales, fueron considerables: entre 2002 y el fin del segundo mandato de Uribe se contabilizaron 50.464 guerrilleros dados de baja, capturados o desmovilizados, y los efectivos sumados de las FARC y el ELN pasaron de 20.600 en 2002 a cerca de 12.499 en 2007, aunque por cada 100 subversivos retirados la guerrilla lograba reclutar 84 nuevos. En el Pacífico colombiano, la política y el Plan Patriota forzaron el repliegue de las FARC-EP y el ELN hacia zonas de frontera y territorios económicamente estratégicos, redistribuyendo el mapa del control armado.

Esas cifras arrastraban, sin embargo, una distorsión que terminó por definir la memoria del período: los llamados falsos positivos. La expresión —una de las más siniestras del vocabulario político colombiano reciente— designa el asesinato de civiles inocentes por parte de militares, principalmente del Ejército, que luego los vestían como guerrilleros para inflar el conteo de bajas enemigas. Una estimación sitúa el fenómeno en cerca de 1.300 operaciones y unas 2.000 víctimas. A esto se sumó otra estadística demoledora: durante el gobierno Uribe, Colombia concentró el 60 % de los sindicalistas asesinados en el mundo en 2010, y desde 1986 fueron asesinados cerca de 3.000 sindicalistas colombianos, a razón de uno cada tres días.

La vicepresidencia encargada de los derechos humanos operaba, entonces, en un país donde el propio Estado producía cadáveres para el conteo y donde la violencia antisindical era la peor del planeta. Santos defendió internacionalmente la política, matizó cifras, sostuvo interlocuciones con ONG y gobiernos, pero no rompió con el gobierno del que era segundo.

Ralito, Mancuso y las visitas que precedieron al cargo

La faceta más difícil de la biografía política de Francisco Santos no está en su gestión vicepresidencial, sino en un episodio anterior a ella, que solo se conocería años después. En sus versiones libres ante la jurisdicción de Justicia y Paz, Salvatore Mancuso —comandante de las AUC— declaró que había visitado las instalaciones del periódico El Tiempo en Bogotá, aproximadamente una semana después de que Francisco Santos Calderón hubiera estado en Córdoba. Mancuso fue recogido en el aeropuerto El Dorado por el conductor del periódico y trasladado a las oficinas del diario. En su testimonio, identificó a Santos como "reconocido columnista y accionista de la casa editorial El Tiempo", y ubicó estas reuniones en el marco de una estrategia del comandante Carlos Castaño Gil para encontrar aliados en los medios y dar a conocer a la sociedad colombiana la razón de ser de las autodefensas.

El episodio es delicado. Se trata de una declaración de un jefe paramilitar en sede judicial, no de una verdad procesalmente acreditada en todos sus alcances. Pero fija un hecho que Santos nunca desmintió con contundencia: la existencia de contactos entre miembros de la familia propietaria de El Tiempo y la comandancia de las AUC en años previos a la Seguridad Democrática. La inversión temporal es lo que hace incómoda la escena. No se trata de un vicepresidente que, ya en el cargo, tuvo que dialogar con paramilitares en desmovilización: se trata de un periodista y accionista de un gran diario que —según Mancuso— habría sostenido contactos con Castaño antes de llegar al gobierno, en el marco de una estrategia mediática de las autodefensas.

La secuencia arroja luz sobre la posición de Santos frente al proceso de desmovilización que estaba por venir, y sobre las lecturas críticas de su columna del 28 de marzo de 2002. La advertencia sobre un Congreso "aún peor" adquiere, a la luz de esos contactos, una dimensión distinta a la profética: la de una constatación desde adentro.

El proceso de las AUC: entre Ralito y las extradiciones de 2008

El proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia fue una de las tareas centrales del primer mandato de Uribe y una prueba de fuego para la vicepresidencia. El cese de hostilidades de las AUC se declaró en noviembre de 2002. En julio de 2003, en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, en Córdoba, las AUC se comprometieron a desmovilizar la totalidad de sus miembros. Las desmovilizaciones colectivas comenzaron el 25 de noviembre de 2003 con el Bloque Cacique Nutibara en Medellín y concluyeron en 2006 con el Bloque Élmer Cárdenas, con un total que osciló entre 31.521 y 31.689 personas.

El marco jurídico llegó tarde, con la Ley 975 de 2005 —Ley de Justicia y Paz—, sancionada por Uribe, que ofrecía penas alternativas a los miembros de grupos armados que contribuyeran a la reconstrucción de la verdad sobre sus crímenes y a la reparación de las víctimas. La ley fue criticada desde el inicio por su generosidad. En junio de 2006, la Corte Constitucional intervino: si los jefes paramilitares no cooperaban plenamente con la verdad ni realizaban restitución suficiente, serían juzgados bajo la ley penal ordinaria y podrían enfrentar extradición. La sentencia dotó de rigor a una legislación que hasta entonces había sido extremadamente laxa.

Las denuncias sobre el incumplimiento del cese de hostilidades no tardaron. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató que algunas comunas de Medellín seguían teniendo fuerte presencia y control paramilitar pese a la supuesta desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, y el CINEP documentó la continuidad de crímenes contra la población civil durante el propio proceso de negociación. Al mismo tiempo, se comprobó que narcotraficantes ajenos a la estructura paramilitar habían ingresado al proceso: la Fiscalía estableció, por ejemplo, que Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordolindo, no reunía las condiciones para participar y fue excluido de la desmovilización del Bloque Pacífico.

En mayo de 2008, el gobierno Uribe extraditó a Estados Unidos a 14 jefes paramilitares, entre ellos Diego Fernando Murillo alias Don Berna y Salvatore Mancuso. La decisión se tomó en un momento en que las versiones libres estaban empezando a revelar los vínculos institucionales y políticos del paramilitarismo. Para sectores de víctimas y organizaciones humanitarias, la extradición fue un golpe al esclarecimiento de la verdad: los principales narradores del entramado paramilitar quedaban fuera del alcance de la justicia colombiana. Para el gobierno, era una demostración de cumplimiento con Washington en materia de narcotráfico.

Santos, como vicepresidente, no fue el arquitecto del proceso de Justicia y Paz —eso correspondió al Ministerio del Interior, la Alta Consejería para la Reintegración y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz—, pero sí fue una de las voces del gobierno en foros internacionales donde el proceso era escrutado, y su historia previa con Mancuso lo situaba en una posición particular. La contradicción es estructural: el mismo hombre que había sido víctima del narcoterrorismo, que había fundado País Libre, que sostenía interlocución con la comunidad internacional en materia de derechos humanos, era también el segundo de un gobierno que extraditó a los jefes paramilitares antes de que confesaran plenamente y era, según testimonio de Mancuso, alguien que había sostenido contactos previos con Castaño.

Parapolítica, DAS y el ruido de fondo del segundo mandato

Uribe fue reelegido en 2006 y Santos permaneció como vicepresidente. Tres escándalos definieron la memoria de ese período: la parapolítica, los falsos positivos y las interceptaciones ilegales del DAS. Los tres se movían por debajo del discurso oficial de la Seguridad Democrática y, a medida que estallaban, iban dejando al descubierto que la coalición que sostenía el gobierno tenía un reverso judicial.

La parapolítica fue el primero en explotar. Desde 2006 salió a la luz un entramado que unía a paramilitares con congresistas y que terminó por comprometer a más de un centenar de legisladores, con condenas para una veintena de ellos y con gobernadores y funcionarios locales igualmente enredados en los expedientes. El grueso del daño se concentró en los partidos uribistas, con decenas de congresistas de la coalición de gobierno salpicados. La política de alianzas que sostenía la Seguridad Democrática exhibía, en tribunales, de qué estaba hecha.

Los falsos positivos, aunque anteriores como fenómeno, se hicieron públicos en su verdadera dimensión en 2008 con el caso de los jóvenes de Soacha reclutados con engaños y asesinados en el Norte de Santander. Un año después, los medios revelaron que el DAS había realizado interceptaciones ilegales y vigilancia contra periodistas, magistrados y opositores del gobierno. Jorge Noguera Cotes, director del DAS con rango de ministro de Estado, sería condenado en 2011 por concierto para delinquir agravado —integrar empresa criminal con paramilitares— y como autor mediato del homicidio del sociólogo Alfredo Correa de Andreis, en un caso en el que había participado Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, jefe del Bloque Norte de las AUC. Correa había enviado dos cartas al presidente Uribe pidiendo garantías constitucionales; no le valieron. El DAS sería reemplazado por una nueva agencia de inteligencia a comienzos de 2012, ya bajo el sucesor de Uribe.

En este entramado, la posición de Francisco Santos era estructuralmente frágil. Fuentes críticas al gobierno Uribe señalaron que dos de sus colaboradores más cercanos eran propietarios de El Tiempo, el principal diario de circulación nacional. La observación —dirigida sin nombrar explícitamente, pero apuntando con claridad al vicepresidente Francisco y al entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos— cuestionaba una situación inédita: dos miembros de la familia propietaria del periódico más influyente del país ocupaban los cargos ejecutivos más importantes después de la presidencia, mientras el propio diario sostenía editorialmente al gobierno del que ambos eran figuras centrales.

Las fricciones internas y la contradicción no resuelta

Sería un error convertir a Francisco Santos en un simple ventrílocuo de Uribe. Su trayectoria dentro del gobierno estuvo cruzada por fricciones que se hicieron notorias, aunque nunca alcanzaron el punto de la ruptura pública. Como responsable del programa presidencial de derechos humanos, tuvo que sostener interlocuciones con organizaciones internacionales que denunciaban precisamente las prácticas de la fuerza pública que la Seguridad Democrática protegía. Como periodista de vocación, no era ajeno a las revelaciones que su propio diario publicaba. Como víctima de secuestro, tenía una sensibilidad frente al terror que la retórica más dura del uribismo no siempre compartía.

Pero esas fricciones nunca fueron ruptura. Santos completó los dos mandatos, defendió la política en el exterior, sostuvo la línea del gobierno en materia de guerrillas y de proceso paramilitar, y solo tras dejar el cargo empezaría a marcar distancia crítica en algunos aspectos. Ahí operaba la contradicción productiva del uribismo civil: figuras con credenciales democráticas, humanitarias y liberales aportaban legitimidad a un proyecto cuyas prácticas concretas atentaban contra los principios que ellas mismas encarnaban en abstracto. El sistema funcionaba porque nadie del círculo civil rompía a tiempo.

Después de la vicepresidencia: la ruptura Uribe-Santos y su lugar en ella

En 2010, Juan Manuel Santos —primo de Francisco, hijo mayor de Enrique Santos Castillo— ganó las elecciones presidenciales con un amplio mandato, tras haber sido ministro de Defensa de Uribe y aparecer como su sucesor natural en materia de seguridad. Muy pronto, sin embargo, la relación entre Uribe y Santos se rompió: Juan Manuel abrió negociaciones con las FARC, giró hacia una política de solución negociada al conflicto, y Uribe se sintió traicionado. La ruptura se convirtió en la fractura política más importante de la década. Uribe pasó a ser el crítico más vocal de la presidencia de Santos, atacándolo por redes sociales, acusándolo de ceder ante terroristas y liderando desde el Centro Democrático la oposición que en 2014 presentó a Óscar Iván Zuluaga como candidato presidencial. En primera vuelta, Zuluaga derrotó a Santos con 29,3 % frente a 25,7 %; en segunda, Santos remontó con 51 % frente a 45 %. El eje del debate fue el proceso de paz, planteado por Santos como dicotomía guerra/paz y por Zuluaga como oposición justicia/impunidad.

Francisco Santos quedó, en esta división que partió a la élite política colombiana en dos bandos, del lado uribista. En 2018, con la llegada de Iván Duque Márquez a la presidencia bajo el paraguas del Centro Democrático, fue nombrado embajador de Colombia en Washington, cargo que ejerció hasta 2020. El nombramiento cerraba, en cierto modo, un círculo: la vicepresidencia lo había vuelto el rostro internacional del uribismo en materia de seguridad, y la embajada lo devolvía a esa función en el momento en que el uribismo intentaba resistir la implementación del Acuerdo de La Habana firmado por su primo. En algún momento intermedio, se lanzó como precandidato a la alcaldía de Bogotá sin lograr consolidar una candidatura ganadora.

Huella

Existen sobre Francisco Santos dos lecturas irreconciliables en la memoria pública colombiana, y ninguna es plenamente satisfactoria. La primera lo recuerda como víctima ejemplar del narcoterrorismo, fundador de País Libre, defensor de causas humanitarias, vicepresidente que le dio cara humana a una política de seguridad que el país necesitaba para salir de la parálisis del Caguán, y funcionario decente en un gobierno complicado. La segunda lo ve como copropietario de un diario que sostuvo al uribismo mientras dos miembros de su familia ocupaban la vicepresidencia y el Ministerio de Defensa, como beneficiario del capital simbólico de víctima que le permitió legitimar internacionalmente prácticas indefendibles, y como interlocutor previo del proyecto paramilitar según el testimonio de Mancuso.

Ninguna de las dos alcanza para explicarlo. La primera olvida que Santos no fue un ciudadano cualquiera catapultado a la política por circunstancias trágicas, sino un heredero de un poder mediático-político centenario que operó como tal desde el primer día. La segunda olvida que su historia con el secuestro y la Fundación País Libre no fue construida a posteriori: es anterior al uribismo y tiene su propia densidad. Santos encarnó, más bien, un patrón de larga duración de la élite política colombiana, en el que la propiedad periodística, la militancia partidista y el ejercicio del poder ejecutivo se entrelazan hasta hacerse difíciles de distinguir. Es la versión reciente de un fenómeno viejo.

Y hay un costo en esa continuidad. La Seguridad Democrática produjo resultados militares que su vicepresidencia contribuyó a vender al mundo; también produjo falsos positivos, parapolítica, extradiciones apresuradas y espionaje ilegal que el mismo esquema institucional impidió corregir a tiempo. La desmovilización de las AUC dejó sobre el terreno grupos que la CIDH pudo documentar en las comunas de Medellín antes de que se secara la tinta de los acuerdos. Los sindicalistas siguieron muriendo. Y en el centro de esa estructura, la vicepresidencia encargada de derechos humanos operó como legitimadora simbólica sin capacidad —o sin voluntad, o sin ambas— de ejercer un veto efectivo.

Los debates entre Uribe y Santos —entre los dos Santos, primo contra primo, después de 2010— fueron discusiones intraélite sobre cómo terminar el conflicto, mientras las víctimas del Pacífico, de Soacha, de las comunas y de los sindicatos seguían pagando el costo real de una guerra en la que su voz apenas se registraba. En esa asimetría, más que en la enemistad entre Uribe y Juan Manuel Santos que dominó los titulares de la década de 2010, se juega el peso histórico de la figura de Francisco: el hombre que tuvo todas las credenciales para haber ejercido una vicepresidencia crítica desde adentro, y que optó, en cambio, por completar el mandato.