Norte de Santander

La semblanza de un departamento en dos mitades

El departamento limita al norte y al oriente con la República Bolivariana de Venezuela, al sur con Boyacá y Santander, y al occidente con Santander y Cesar. Diez de sus cuarenta municipios tocan directamente la frontera, y por ellos pasa el que ha sido, durante buena parte del siglo XX y lo corrido del XXI, el flujo comercial y migratorio más intenso del país. Además de los municipios, la administración territorial se ordena en 114 corregimientos y 160 inspecciones de policía, una malla fina que refleja tanto la dispersión rural como la dificultad histórica de gobernar los intersticios.

La población departamental se aproxima al millón y medio de habitantes. Una referencia consolidada la sitúa en 1.243.975, con 971.832 personas en cabeceras urbanas —el 76,82%— y 293.174 en zonas rurales, el 23,18%; otras estimaciones más recientes elevan la cifra rural por encima de los 317.000. Menos del 1% se reconoce como indígena, el 0,64%, un dato que concentra la memoria del pueblo Barí en el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí y en los resguardos que se traslapan con los municipios selváticos del norte.

Ese conjunto contiene, en realidad, dos geografías morales. Una es la cordillera oriental que baja de Pamplona hacia Cúcuta, tierra de fundaciones coloniales tempranas, ciudades intermedias, agricultura andina y una economía integrada históricamente al comercio cafetero por el Golfo de Maracaibo. La otra es el Catatumbo —Convención, El Tarra, Hacarí, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú—, una subregión bisagra entre los Andes y la selva, marcada por el petróleo desde inicios del siglo XX, por la coca desde finales del mismo siglo, y por una violencia armada casi ininterrumpida. El departamento no se entiende sin sostener las dos mitades a la vez.

Los orígenes: Pamplona, Cúcuta y la separación de Santander

El poblamiento europeo del territorio arranca en el altiplano frío del norte. Los primeros conquistadores de Pamplona, Ursúa y Velasco, sometieron la comarca; el régimen de encomiendas practicado por sus sucesores destruyó la población indígena a tal punto que, hacia 1761, quedaban apenas treinta indios registrados en la jurisdicción. La cifra es un epitafio: sobre esa devastación temprana se levantó la Pamplona de iglesias y patios coloniales que después sería semillero de la élite regional.

Al oriente, en el valle bajo del Pamplonita, la ocupación fue más tardía. La tradición local recuerda que la comarca estuvo dominada por un cacique poderoso llamado Cúcuta, cuyo nombre habría quedado en el bautizo del lugar. Los primeros colonos europeos llegaron hacia 1623 bajo el mando del capitán Juan de San Martín, y la ciudad se fundó formalmente en 1773 con el nombre de San José de Cúcuta. Villa del Rosario, entre Cúcuta y San Antonio del Táchira, sería después el escenario donde en 1821 el Congreso reunido allí, con delegados de la Nueva Granada y Venezuela, aprobó la Constitución de la República de Colombia y dio forma al proyecto grancolombiano bajo la tutela del Libertador. En esa misma villa había nacido Francisco de Paula Santander, cuyo nombre acabaría bautizando primero un estado soberano y después el departamento del que se desprendería el actual Norte de Santander.

El siglo XIX moldeó ese territorio con dos golpes decisivos. Uno fue político: el 12 de abril de 1861 el Estado de Santander se convirtió en Estado Soberano bajo el radicalismo, con la capital trasladada de Bucaramanga a El Socorro durante veinticinco años; solo el decreto del 7 de septiembre de 1886, al adoptarse la Constitución centralista de la Regeneración, devolvió la capital a Bucaramanga. El otro fue telúrico: el terremoto de 1875 destruyó casi por completo a Cúcuta, que hubo de reconstruirse desde los cimientos en el mismo emplazamiento del valle. La ciudad reconstruida mantuvo la dirección comercial que ya la caracterizaba: desde mediados del siglo XIX, Cúcuta y Salazar de las Palmas eran comercialmente dependientes del Golfo de Maracaibo, y su prosperidad cafetera del último tercio del XIX se apoyó en esa salida atlántica venezolana más que en las rutas hacia el interior colombiano.

La Ley 25 de 1910 formalizó una separación que la geografía y la economía ya habían decidido. Norte de Santander nació entonces como departamento autónomo, con Cúcuta por capital y con dos rasgos que definirían todo su siglo XX: una integración estructural con Venezuela y una periferia interna —el Catatumbo— sobre la cual el Estado central apenas alcanzaba a proyectar su sombra.

El petróleo y el Catatumbo: la primera economía de enclave

Pocos años después de la creación del departamento, la selva del Catatumbo entró en la agenda global. La concesión Barco, que abarcaba una vasta extensión en esa subregión, había sido declarada caduca por razones de política internacional, y su suerte se convirtió en pieza de una negociación mayor: las decisiones sobre las concesiones petroleras colombianas quedaron condicionadas por la necesidad de lograr la aprobación del Tratado Urrutia-Thompson en el Congreso de Estados Unidos, un instrumento con el que Colombia buscaba compensación por la separación de Panamá. El presidente José Vicente Concha validó el traspaso de la concesión a la Compañía Colombiana de Petróleos, entre cuyos accionistas figuraban tres nombres norteamericanos —Wilson Griffiths, Carl McFadden y Jorge Du Bois— que después consolidarían los derechos a través de la Colombian Petroleum Company, constituida en Delaware.

La arquitectura jurídica de esa explotación se cerró con la Ley 80 de 1931. En su Cláusula XIX, la ley obligaba al Estado colombiano a prestar protección armada a las compañías concesionarias para prevenir o repeler la hostilidad de las tribus a las que llamaba "motilones o salvajes", los Barí. Fue una decisión que armó al Estado no contra la depredación empresarial sino contra los ocupantes originarios del territorio. El resultado, para el pueblo Barí, fue devastador: la ocupación del territorio indígena por trabajadores, ingenieros y fuerza pública estuvo acompañada del asesinato de muchos de sus miembros, un proceso que sobrevivientes describieron como exterminio físico y cultural. La "pacificación" contó con el respaldo simultáneo de empresas militares de élites regionales, intereses comerciales y políticas misionales de la Iglesia empeñadas en "civilizarlos". Los resguardos Barí solo se constituirían muchas décadas más tarde, mediante las resoluciones 105 del 15 de diciembre de 1981 y 102 del 28 de noviembre de 1988, sobre un territorio ya reducido y traslapado con los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, San Calixto, Teorama y Tibú.

La misma bonanza petrolera atrajo, hacia Tibú y El Tarra, oleadas de colonos venidos de otras partes de Colombia en busca de trabajo: fue una de las colonizaciones más grandes de la región. Sobre un territorio del que ya se había expulsado a sus dueños originales, se levantó un enclave con lógica propia. Las empresas operaban en un contexto de ausencia estatal casi absoluta y, en los nacientes municipios, cubrieron necesidades básicas de la población: funcionaron, de facto, como sustitutos del Estado en salud, educación y suministros, con el correlato inevitable de una dependencia total del ciclo del crudo.

El régimen jurídico del petróleo cambió con la Ley 20 de 1969, que abolió la propiedad privada del subsuelo como sistema de contratación y creó las condiciones para que Ecopetrol asumiera zonas de exploración y explotación mediante contratos de asociación; el régimen de concesión desapareció definitivamente en 1974. Pero el cambio de modelo no alteró la naturaleza de enclave del Catatumbo. La infraestructura del oleoducto, los campos de Tibú, la presencia contradictoria de una empresa estatal en un territorio sin Estado, se convertirían en la escena sobre la cual se montaría la siguiente violencia.

La guerrilla se instala: ELN, FARC y EPL

Las condiciones que hicieron posible la inserción guerrillera en el Catatumbo estaban dadas desde antes: una región periférica, ciclos de colonización espontánea, economías extractivas concentradas y ausencia estatal en todas las dimensiones que no fueran la militar. El ELN, el EPL y las FARC se consolidaron allí a lo largo de las décadas de 1970 y 1980, aprovechando el terreno selvático, la frontera y, sobre todo, la infraestructura petrolera.

El vínculo del ELN con el crudo fue explícito. El Frente Armando Cacua Guerrero surgió como estructura vinculada a la presencia del oleoducto en Norte de Santander, y más al sur, entre 1985 y 1989, el Frente Efraín Pabón Pabón se conformó gracias a los recursos extraídos de la construcción de oleoductos. El petróleo, que había sido la palanca del despojo Barí, se convirtió también en la fuente material de la insurgencia que decía combatir el enclave. En el Catatumbo confluyeron, además, frentes de las FARC y reductos del EPL. El control del narcotráfico, cuando llegó, se asoció principalmente al ELN, aunque las tres organizaciones tuvieron participación en distintos eslabones de una economía cocalera que hacia los años noventa ya definía la vida de la región.

Sobre este entramado se superpuso una segunda característica: Norte de Santander era, y sigue siendo, un departamento fronterizo con disputa histórica del control de contrabandos. Sus tasas de homicidio doblaban el promedio nacional antes incluso de la llegada masiva del narcotráfico. Cuando la coca y el paramilitarismo entraron en la ecuación, esa cifra base ya era alta.

La coca, La Gabarra y la arremetida paramilitar

La bonanza cocalera transformó al Catatumbo en la última década del siglo XX. La Gabarra, corregimiento de Tibú, se convirtió en un importante centro de producción y comercialización de cocaína que salía hacia Europa por rutas venezolanas. La propia Gobernación de Norte de Santander reconoció, con el tiempo, que fue la ausencia de respuestas estatales a las necesidades básicas y la falta de programas alternativos ante la pérdida de cultivos agrícolas lo que llevó al campesinado y a los colonos a adoptar la coca como economía. La rentabilidad era mayor que la de cualquier cultivo lícito, pero la decisión no se explicaba solo por precios: se explicaba por el vacío que la coca vino a llenar. El boom modificó las costumbres y los hábitos de la población rural, inició su estigmatización y comenzó una desestructuración social que se prolongaría durante décadas.

La guerrilla —FARC, ELN y EPL— fue la primera en aprovechar la bonanza. Las AUC llegaron después. Hacia fines de 1998, la organización comandada por Carlos Castaño decidió expandirse al Catatumbo con el objetivo declarado de disputar el negocio cocalero de La Gabarra, aunque la justificación pública fue la confrontación con el ELN. La llegada de los paramilitares a Norte de Santander fue solicitada por comerciantes, empresarios y políticos regionales, según reconocieron después los propios excombatientes de las AUC. El punto de inflexión fue la masacre de La Gabarra, el 21 de agosto de 1999, que marcó la entrada formal del proyecto paramilitar en la subregión.

El modelo desplegado por el Bloque Catatumbo fue intensivo en violencia y orientado por una lógica militar que exigía una estructura de comando y control jerárquica. La consolidación paramilitar contó con el apoyo de sectores de las fuerzas militares, instancias civiles y sectores económicos. Sin embargo, la geografía física y humana del Catatumbo y la capacidad militar de las guerrillas —que operaban allí desde hacía décadas— impidieron que el proyecto lograra implantarse con pleno éxito. Los paramilitares controlaron corredores estratégicos y cabeceras, pero no toda la región; su presencia fue devastadora sin llegar a ser hegemónica.

La imbricación con estructuras legales quedó documentada en la jurisdicción de Justicia y Paz. Exparamilitares del Bloque Catatumbo declararon que algunos contratistas y trabajadores de Ecopetrol habrían brindado apoyo logístico a los grupos armados ilegales, incluyendo suministro de información y movilización de armas y equipos. Uno de los casos que emergió con nombre y apellido fue el de William Marino Wallens Villafañe, vigilante de Ecopetrol en la Superintendencia del Catatumbo con sede en Tibú, desaparecido y asesinado el 29 de mayo de 2001 por el Bloque Catatumbo, en un episodio asociado a la circulación de información desde el interior de la petrolera hacia los paramilitares.

Tras la desmovilización de las AUC, la disputa territorial no cesó. Grupos herederos —Águilas Negras, Los Paisas, Los Rastrojos— integraron desmovilizados no reintegrados, paramilitares que nunca se sometieron y otras agrupaciones ilegales, y compitieron con el ELN y las FARC por el control del narcotráfico al menos hasta mediados de la década de 2010, en nuevos ciclos de asesinatos y desplazamientos individuales.

La frontera con Venezuela: bisagra, contrabando y crisis

Ninguna dimensión del departamento se puede pensar sin Venezuela. La frontera colombo-venezolana tiene una extensión aproximada de 2.219 kilómetros, y Norte de Santander concentra una porción central de ese trazado. La subregión andina que tiene a Cúcuta por eje se configura enteramente a partir de la dinámica interfronteriza: intercambios económicos, sociales y culturales que determinan las formas de vida cotidiana y que constituyen un imperativo permanente en la agenda pública de los gobiernos nacionales y regionales.

Por esa frontera salió, durante décadas, cocaína colombiana con destino a Europa a través de rutas venezolanas. En sentido inverso, entraban clandestinamente ganado, café, cigarrillos y gasolina venezolana que, en el país petrolero vecino, llegó a costar hasta once veces menos que en Colombia. Ese diferencial de precios creó una economía de contrabando estructural, con actores locales, redes armadas y complicidades múltiples. En puntos específicos de la línea, como Santa Cruz, no había presencia efectiva de autoridades colombianas, y por esos boquetes circulaban personas y mercancías sin control.

La magnitud del entramado narco quedó expuesta en los años noventa con la captura, en San Cristóbal, Venezuela, de Justo Pastor Perafán, exsuboficial del Ejército y jefe del Cartel del Cauca y de Cali. La tradición oral del conflicto recuerda que el primer narcotraficante en llegar al Catatumbo habría sido Pablo Escobar, aunque el dato pertenece más a la leyenda regional que al archivo verificado. La frontera, por su condición estructural, era el complemento ideal de la producción cocalera catatumbera: no había manera de separar una cosa de la otra.

La dimensión migratoria alcanzó su pico con la crisis venezolana. El puente internacional Simón Bolívar, que une Villa del Rosario con San Antonio del Táchira, se convirtió en escenario del paso diario de miles de venezolanos sin pasaporte ni derecho a trabajar formalmente, lo que produjo en Cúcuta un crecimiento descontrolado y tensiones con la población local por inseguridad, saturación hospitalaria y competencia en el mercado laboral informal. En julio de 2015, el gobierno de Nicolás Maduro atribuyó los problemas de seguridad y desabastecimiento venezolano a "fuerzas colombianas de ultraderecha que quieren implantar el modelo paramilitar", implementó el Plan de Seguridad N.° 25 y desplegó desde el 13 de julio de ese año la Operación de Liberación del Pueblo. Las deportaciones y expulsiones de población colombiana que siguieron —acompañadas por testimonios sobre allanamientos, detenciones y destrucción de viviendas— constituyeron una de las crisis humanitarias fronterizas más graves en la memoria reciente de la relación bilateral, con Cúcuta y Villa del Rosario como epicentros del retorno forzado. El discurso estigmatizador que señalaba a colombianos como agentes del paramilitarismo coincidió con esas expulsiones, agravando la vulnerabilidad de una población transfronteriza que llevaba generaciones moviéndose entre los dos países.

La red humana y territorial

El departamento fue tierra de figuras que dejaron huella en el país entero. Ramón González Valencia, oriundo de Chinácota, llegó a la Presidencia de la República entre 1909 y 1910, justo en el momento en que se creaba el departamento del que sería nativo emblemático. Virgilio Barco Vargas, nacido en Cúcuta, presidió Colombia entre 1986 y 1990, en años decisivos del conflicto con Pablo Escobar y de las primeras negociaciones con el M-19. Camilo Daza, cucuteño, fue pionero de la aviación colombiana. Eustorgio Colmenares Baptista, director del diario La Opinión, fue asesinado en Cúcuta en 1993, en un episodio que se inscribió en la larga cadena de violencia contra la prensa regional. Y sobre todos ellos, como sombra tutelar y punto de partida, la figura de Francisco de Paula Santander, nacido en Villa del Rosario, cuyo nombre bautiza el departamento y ancla a Cúcuta en la mitología fundacional de la República.

En el territorio, la geografía humana se organiza en escalas concéntricas. Cúcuta es la capital y el eje de la subregión central, ciudad interfronteriza, comercial y de servicios. Pamplona conserva su carácter de ciudad colonial y universitaria de altura. Ocaña, en el noroccidente, articula la salida hacia el Cesar y el bajo Magdalena. Villa del Rosario cumple una doble función simbólica y práctica: cuna de la Constitución de 1821 y hoy puerta de entrada del puente Simón Bolívar. Puerto Santander, sobre el río Zulia, y Chinácota, hacia el sur andino, completan el mapa de nodos intermedios. En el Catatumbo, Tibú es capital petrolera y epicentro cocalero al mismo tiempo; El Tarra, Convención, Teorama, Hacarí, San Calixto y El Carmen forman el perímetro de una subregión donde cada nombre remite a una historia de violencia y resistencia.

La red hidrográfica ordena buena parte de esa geografía. El río Catatumbo drena la selva hacia el lago de Maracaibo, uniendo por agua lo que la política separa por línea. El río Zulia baja de la cordillera hacia el mismo destino. El Pamplonita atraviesa Cúcuta y le da nombre al valle. La Serranía del Perijá dibuja el límite occidental con Cesar y prolonga hacia el sur, en territorio venezolano, hábitats compartidos por comunidades indígenas y por los caminos históricos del contrabando.

La huella y las memorias en disputa

Norte de Santander figura entre los departamentos con mayor número de personas desplazadas del país. Sobre las áreas de expulsión se superponen los títulos otorgados para explotación de recursos naturales —petróleo, oro—, en una coincidencia espacial que ha alimentado un debate largo sobre la relación entre economías extractivas y despojo. El Catatumbo aparece allí como uno de los territorios donde esa superposición es más nítida.

El desplazamiento tuvo formas específicas. Comunidades enteras del Catatumbo se movieron hacia cabeceras municipales, hacia Cúcuta o cruzaron la frontera hacia centros urbanos venezolanos como Encontrados, Casigua el Cubo y El Cruce, en el estado Zulia; otras quedaron atrapadas en la Serranía del Perijá venezolana o siguieron trayectos más largos hacia otros destinos. El Bloque Catatumbo de las AUC rompió el tejido social de la región con una arremetida cuya intensidad marcó a una generación entera, y las organizaciones campesinas que después trabajaron en reconstruir ese tejido lo hicieron en un entorno donde la represión no era solo paramilitar: los procesos organizativos fueron reprimidos también bajo el "paraguas legal" de la Defensa Nacional.

La memoria del pueblo Barí es el hilo más largo y menos escuchado de esa historia. Del sometimiento colonial en Pamplona al exterminio petrolero del siglo XX, de la Cláusula XIX de la Ley 80 de 1931 al reconocimiento tardío de sus resguardos en 1981 y 1988, la trayectoria Barí muestra cómo cada ciclo económico del departamento —encomienda, quina, petróleo, coca— se levantó sobre la reducción del mismo pueblo. Su presencia en el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí es, hoy, tanto un hecho demográfico como una reivindicación política sobre un territorio que fue suyo antes de que existiera Colombia.

Cúcuta, entretanto, sigue siendo el termómetro de la relación con Venezuela. Cuando la frontera se abre, la ciudad respira comercio; cuando se cierra, sus tiendas quiebran y sus hospitales colapsan. La condición binacional, que en el siglo XIX exportaba café por Maracaibo y en el XX importaba gasolina de contrabando, en el XXI recibe migrantes que atraviesan el continente. Cada ciclo cambia el signo del intercambio, pero no su intensidad.

Lo que el departamento ofrece a la historia de Colombia es una lección incómoda sobre las periferias. Norte de Santander no fue una tierra olvidada por el Estado: fue una tierra donde el Estado eligió estar de forma selectiva, para proteger concesiones petroleras, para respaldar arremetidas paramilitares, para reprimir organizaciones campesinas, y donde eligió estar ausente para todo lo demás —titulación indígena, sustitución de cultivos, control fronterizo efectivo, garantías a la vida. Esa presencia selectiva, combinada con la geografía de frontera y con la sucesión de economías de enclave, produjo el departamento que hoy existe: uno donde la Constitución de 1821 se firmó en el mismo territorio en que, siglo y medio después, se firmaría con sangre la entrada del paramilitarismo al Catatumbo. Entender Norte de Santander exige no colapsar esas dos escenas en una sola narrativa, sino sostener juntas la del país que nació allí y la del país que allí, todavía, no termina de llegar.