Francisco Caraballo

La semblanza: un cuadro maoísta en un partido de esclarecidos

Caraballo pertenece a la generación que se formó políticamente en la ruptura del comunismo colombiano a mediados de los sesenta. El 17 de julio de 1965, en pleno cisma internacional entre Moscú y Pekín, un grupo de disidentes del Partido Comunista de Colombia (PCC) fundó el PC-ML alineándose con las tesis del Partido Comunista de China y con la doctrina maoísta como columna vertebral de su proyecto. La estrategia era la guerra popular prolongada: partir del campo, construir bases de apoyo, liberar territorios, instaurar gobiernos revolucionarios y, en algún horizonte, cercar las ciudades. El EPL nació como brazo armado de ese partido, y el PC-ML se pensó a sí mismo como vanguardia de "esclarecidos" cuya misión era trazar los lineamientos para una revolución que el obrero raso, se asumía, aún no comprendía en su papel histórico.

En ese universo doctrinario y jerárquico, Caraballo hizo carrera. No fue de los fundadores más citados —Pedro Vásquez Rendón y Pedro León Arboleda pesan más en el mito de origen—, ni fue un vocero mediático como Óscar William Calvo o Jairo Calvo Ocampo. Su ascenso fue el del cuadro fiel a la ortodoxia maoísta, el que resiste las tentaciones socialdemócratas y las oleadas reformistas que sacuden al PC-ML en los años setenta, cuando de sus filas se desprendieron el PRT y el MIR-Patria Libre, drenando cuadros y debilitando la maquinaria. Cuando llegó la crisis del bloque socialista y la coyuntura constituyente colombiana, Caraballo estaba en la cúspide de un partido menguado pero doctrinariamente rígido, y esa rigidez, más que cualquier atributo personal, explica su papel posterior.

Los orígenes: el PC-ML, el maoísmo y el Alto Sinú

Para entender a Caraballo hay que entender el suelo en el que se plantó el EPL. La organización surgió y arraigó tempranamente en el Alto Sinú y el Alto San Jorge, en Córdoba, región de colonización campesina donde habían buscado refugio quienes huyeron de la violencia liberal-conservadora de los años cincuenta. Allí sobrevivía, desde finales de esa década, un reducto guerrillero liberal que no aceptó las amnistías, y la figura de Julio Guerra —exguerrillero liberal integrante del MRL— resultó decisiva: aportó armamento, hombres y conocimiento del terreno a los primeros núcleos armados del EPL.

El II Pleno del Comité Central del PC-ML, en 1966, definió con precisión geográfica el proyecto: intensificar el trabajo en zonas rurales para crear bases de apoyo guerrilleras y construir poder popular, priorizando el sur de Córdoba y el corredor Bajo Cauca–Norte antioqueño. En 1967 el EPL apareció formalmente en la región, y en diciembre de ese año declaró zona de guerra la hoya hidrográfica de los ríos Sinú, Manso y Tucurá. La infiltración fue meticulosa: militantes urbanos llegaron a la región como maestros de escuela, jornaleros, dirigentes de cooperativas y de Juntas de Acción Comunal, y organizaron a colonos y campesinos en Juntas Patrióticas que sirvieron de andamio para las estructuras armadas. El corredor estratégico se fue tejiendo desde Caucasia, Tarazá y Cáceres, pasando por Santa Rita, Ituango, Peque, Dabeiba, hasta Mutatá, conectando el Bajo Cauca con el norte antioqueño y con el Urabá bananero y chocoano.

Ese territorio —agrario, colono, marcado por el legado de La Violencia y por décadas de disputa por la tierra— fue la matriz del EPL, y esa territorialidad explica por qué, aun disminuido, el partido y su brazo armado tuvieron algo que defender cuando llegó la hora de decidir entre la desmovilización y la disidencia. La opción de Caraballo se sostiene, en buena parte, sobre esos corredores.

La trayectoria: el ascenso silencioso hasta 1990

Los años setenta y ochenta corren para Caraballo dentro de una organización que se debate entre golpes militares del Estado, disputas internas y la lenta pérdida de peso relativo frente a las FARC, al ELN y al M-19. El EPL había sido debilitado por las escisiones que dieron nacimiento al PRT y al MIR-Patria Libre, y su apuesta maoísta —cuando el maoísmo ya se retiraba como referente mundial tras la muerte de Mao Zedong y el giro chino— empezaba a resultar arqueológica. Aun así, la organización mantuvo presencia en sus territorios históricos: el Frente Francisco Garnica operó en el Bajo Cauca y sur de Córdoba, concentrando actividades políticas en Caucasia, apoyando luchas campesinas y tomas de fincas, y en octubre de 1988, en la vereda Coturro de El Bagre, hombres del EPL asesinaron a dos mineros cerca de la mina El Limón, un episodio que ilustra el tipo de presencia territorial —militar, coactiva, disputada— que sostenía la organización.

Caraballo, mientras tanto, había consolidado su posición en la conducción política del PC-ML. No aparece en las crónicas como un hombre de tribunas ni de columnas periodísticas; su nombre circulaba en los comunicados y en las decisiones internas, y en ese registro se fue haciendo indispensable. Cuando el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989 detonó la iniciativa de paz del gobierno de Virgilio Barco —el mismo proceso que culminaría con el desarme del M-19 y las conversaciones con el EPL y disidencias menores—, Caraballo formaba parte del núcleo dirigente que debía decidir qué hacer con la ofensiva estatal de diálogo.

1990: el año que partió al EPL

El año electoral de 1990 fue, para el país, una masacre política. En pocos meses fueron asesinados tres candidatos presidenciales: Luis Carlos Galán del Partido Liberal, Bernardo Jaramillo Ossa de la Unión Patriótica y Carlos Pizarro Leongómez del M-19, este último ya desmovilizado y en campaña. Contra toda lógica, el asesinato de Pizarro no frenó las negociaciones: fue precisamente en su entierro donde enviados del ala militar del EPL se acercaron al comandante desmovilizado del M-19, Antonio Navarro Wolff, y le expresaron la decisión de iniciar contactos con el gobierno. Navarro se ofreció como mediador. Fue el primer signo público de que dentro del EPL algo estaba cediendo.

Hasta ese momento, el EPL había mantenido la postura de no iniciar contactos de paz por separado. La ruptura de esa línea produjo la reacción de Caraballo: desmintió públicamente el anuncio de Navarro sobre la disposición del EPL a hacer la paz. El desmentido no detuvo el proceso; lo cristalizó como fractura. A comienzos de mayo de 1990 la fracción del EPL liderada por Bernardo Gutiérrez, comandante con asiento en el Estado Mayor y respaldo de miembros del Comité Central, manifestó junto al Movimiento Armado Quintín Lame sus anhelos de desmovilizarse. El 25 de mayo firmaron un primer comunicado conjunto. El PRT, aunque no aparece explícitamente como firmante de ese texto, se ubicó en el mismo bloque negociador.

La perspectiva de participar en una Asamblea Nacional Constituyente aceleró el proceso. La propuesta había sido desarrollada bajo Barco y fue César Gaviria quien la convocó, empujado además por la presión de un movimiento estudiantil que exigía la reforma constitucional. Para el EPL de Gutiérrez, para el Quintín Lame y para el PRT, la posibilidad de ingresar a la mesa donde se rediseñaría el país —donde se acabarían las restricciones a la competencia política heredadas del Frente Nacional, donde se ampliarían los mecanismos de participación ciudadana, donde nacería la Corte Constitucional— fue un incentivo poderoso, aunque no el único: pesaron también la posibilidad de extradición y la demanda de plena integración política.

Caraballo leyó la coyuntura al revés. Para él y para el sector que lo respaldó dentro del PC-ML, la Constituyente era una trampa institucional, un mecanismo del Estado para desactivar la revolución mediante concesiones reformistas. El maoísmo ortodoxo no ofrecía casilla para esa negociación: la guerra popular prolongada no se suspende porque el enemigo convoque una asamblea. La lógica interna del partido se impuso sobre la lectura política de la coyuntura, y esa lógica encontró en Caraballo su vocero orgánico.

El XII Pleno y la Tripartita

Los días 18, 19 y 20 de octubre de 1990, en el campamento de Labores, se realizó el XII Pleno del PC-ML. La decisión formal del partido fue respaldar la lista de "unidad nacional" del M-19 para la Asamblea Nacional Constituyente, encabezada por Antonio Navarro. Pero el respaldo llegó tarde y fracturado. Casi simultáneamente, Caraballo participó junto a Manuel Marulanda Vélez, de las FARC, y Manuel Pérez, del ELN, en una cumbre de comandantes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. La CGSB, que había sido el ensayo más ambicioso de coordinación insurgente en la historia reciente del país, se convertía en el techo bajo el cual la fracción disidente del EPL buscaría refugio.

En esa cumbre, Alfonso Cano, comandante de las FARC, planteó la necesidad de ampliar la participación de las FARC, el ELN y la disidencia del EPL —la fracción Caraballo— en la Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta buscaba ensanchar la mesa para incluir a los grupos que no habían firmado con Gaviria. Se frustró rápidamente. Poco después, la posibilidad de diálogo con la CGSB quedó prácticamente cerrada, y con ella el último puente institucional para el EPL disidente.

En febrero de 1991, más de 2.500 combatientes del EPL dejaron las armas bajo la conducción de Bernardo Gutiérrez y dieron origen al movimiento político Esperanza, Paz y Libertad. Los mandos medios y la gran mayoría de la base siguieron la línea de Gutiérrez. Un sector minoritario permaneció en armas bajo la conducción de Caraballo. La fractura estaba consumada.

La red: pares, adversarios y territorios

Caraballo no operó en solitario. La fracción disidente heredó frentes, cuadros y bases sociales del EPL histórico, y se mantuvo articulada al PC-ML en su versión reducida. Su interlocución externa se dio principalmente con las FARC de Marulanda y con el ELN de Manuel Pérez dentro de la Tripartita, una alianza que se sostuvo en la retórica de la unidad guerrillera pero que nunca produjo acuerdos orgánicos plenos. La CGSB, en la práctica, fue un espacio de coordinación política más que de mando unificado.

En el otro extremo del espectro, el adversario más doloroso de Caraballo no fue el Estado sino los excompañeros. La fracción de Bernardo Gutiérrez —los "esperanzados"— se convirtió en el enemigo simbólico y militar de la disidencia. Y en el norte de Urabá, tras la desmovilización de 1991, se reactivó una disidencia del EPL cuya presencia, junto a la de las FARC y a la de las autodefensas del norte de la región, precipitó una crisis humanitaria sin precedentes en el Eje Bananero. La persecución contra los desmovilizados fue indiscriminada: no se dirigió solo a los grandes dirigentes sino que se extendió a militantes menores, simpatizantes y pobladores de las áreas de influencia histórica del EPL. Las FARC leyeron la desmovilización como una traición pactada con sectores del paramilitarismo, y la disidencia del EPL vinculada a Caraballo compartió esa lectura y actuó en consecuencia.

En medio de esa violencia surgieron los Comandos Populares, formados por exintegrantes del EPL desmovilizados que respondieron al asedio armándose de nuevo. Su historia es la más sombría del ciclo: aunque nacieron como autodefensa de los "esperanzados" frente a las FARC y a la disidencia, terminaron organizados con los paramilitares, integraron las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad (Convivir) y fueron cruciales en la expansión del proyecto paramilitar a mediados de los noventa. Algunos desmovilizados del EPL fueron nombrados escoltas del DAS y trabajaron con la fuerza pública, lo que borró aún más las fronteras entre autodefensa comunitaria, contrainsurgencia estatal y paramilitarismo.

Caraballo, desde el otro bando, sostuvo públicamente que los enfrentamientos en Urabá y el sur de Córdoba eran entre Comandos Populares armados —vinculados o no al DAS— y organizaciones guerrilleras, no asesinatos de civiles que actuaban solo en el plano político. La defensa era retórica y militar a la vez: negar el carácter civil de las víctimas era justificar la guerra que la disidencia libraba contra ellas. Esa guerra —entre disidencia del EPL, FARC y Comandos Populares— produjo asesinatos y masacres en Urabá y el sur de Córdoba, muchos de ellos contra campesinos. Y sobre ese terreno de sangre se desplegaron, con el respaldo activo de hacendados y ganaderos resentidos con la vieja guerrilla, los grupos de los hermanos Castaño, cuyo avance en el sur de Córdoba y Urabá estuvo articulado a la ofensiva contra el EPL, a la expansión del negocio de la coca y al proyecto paramilitar de escala nacional que se cocinaba en la región.

La captura y la disidencia sin caudillo

En 1994 Caraballo fue capturado. Dirigía en ese momento la disidencia del EPL, y su detención marcó el fin de la conducción histórica de la fracción que había rechazado la Constituyente. Fue recluido en la cárcel de Itagüí, donde permanecía todavía hacia mediados de la década siguiente. Desde allí sostuvo, en las páginas del órgano de difusión del PC-ML, la línea política de la disidencia y las justificaciones ideológicas de la guerra contra los "esperanzados".

Tras su captura, la disidencia se reorganizó bajo una comandancia denominada Dirección Nacional Juan Montes. El nombre firmaba los comunicados; la sucesión concreta —cómo se pasó del liderazgo personal de Caraballo a esa firma colectiva— no quedó públicamente explicitada. Hacia 2006 la disidencia agrupaba menos de doscientos combatientes en tres frentes, concentrados en municipios de Norte de Santander como El Tarra y Hacarí. Del EPL de los años setenta, con sus miles de hombres y su corredor estratégico que iba de Caucasia a Mutatá, quedaba un remanente pequeño, replegado en la frontera oriental del país, sin peso militar significativo y sin proyecto político capaz de disputar nada.

La trayectoria de Caraballo en prisión es la de un dirigente que sobrevive a su causa. La caída del muro de Berlín ya había ocurrido cuando decidió no desmovilizarse; el desmoronamiento del socialismo real había dejado al maoísmo colombiano en una intemperie doctrinaria total. Su apuesta por permanecer en armas se sostuvo sobre una fidelidad ideológica anacrónica y sobre una lectura territorial —conservar corredores, no rendir espacios— que, con el paso de los años, se reveló como una prolongación agónica más que como una alternativa política.

La huella: qué queda de Caraballo

La huella de Caraballo es doble y contradictoria. Por un lado, encarnó una posición legítima dentro del debate estratégico de la izquierda armada colombiana: la desconfianza frente a un Estado que, en la misma década en que convocaba la Constituyente, dejaba morir a la Unión Patriótica y consentía la expansión paramilitar. Su sospecha sobre las intenciones institucionales tuvo, hay que decirlo, su cuota de razón: los desmovilizados del EPL fueron perseguidos y asesinados sistemáticamente, y Esperanza, Paz y Libertad enterró a decenas de sus militantes en menos de una década. La "paz incompleta" del 91 no fue una metáfora: fue una experiencia concreta de traición para quienes creyeron que dejar las armas alcanzaba para vivir en política.

Por otro lado, la decisión de Caraballo tuvo un costo humano que ninguna coherencia ideológica compensa. La guerra contra los desmovilizados y contra sus bases sociales en Urabá y el sur de Córdoba, librada por la disidencia junto con las FARC, produjo asesinatos indiscriminados de campesinos y militantes menores que no eran cuadros dirigentes ni traidores estratégicos: eran, en la mayor parte de los casos, gente pobre de las zonas donde el EPL había hecho política durante veinticinco años. El argumento de Caraballo —que las víctimas no eran civiles sino Comandos Populares armados— podía ser cierto en algunos casos y era manifiestamente falso en muchos otros. La disidencia terminó combatiendo, con las armas del maoísmo, contra la base social que el maoísmo había organizado.

Su lugar en la historia del país es, por eso, el de una figura funcional pero no intercambiable. La fractura del EPL respondía a condiciones estructurales: divisiones internas acumuladas desde los setenta, debilidad del PC-ML, territorialidades diferenciadas, incapacidad del maoísmo para procesar la Constituyente. Cualquier dirigente ubicado en su posición habría cumplido, probablemente, un papel similar. Pero fue Caraballo quien desmintió a Navarro, quien participó en la cumbre de la CGSB junto a Marulanda y a Pérez, quien firmó la línea del XII Pleno con el matiz que permitió sostener una disidencia, quien dio la cara pública de la no desmovilización. Esa concreción biográfica convirtió una tensión latente en una escisión irreversible, y esa escisión marcó los límites de la reforma del 91: la Constituyente cerró el ciclo del M-19 y del EPL mayoritario, pero dejó abierta —en Urabá, en el sur de Córdoba, en Norte de Santander— una violencia residual que se prolongaría durante años y que, entrelazada con la respuesta paramilitar, alimentaría el ciclo más brutal del conflicto colombiano en la segunda mitad de los noventa.

Hay una lectura alterna que conviene no soslayar: la escisión del EPL puede leerse también como un conflicto de élites internas —Caraballo contra Gutiérrez— en el que la base y los mandos medios siguieron mayoritariamente a quien ofrecía salida institucional. Que más de 2.500 combatientes optaran por la desmovilización y menos de 200 permanecieran en armas dice algo sobre el peso real de la línea Caraballo dentro del EPL: la disidencia fue una decisión de cúpula, no una emergencia colectiva. Caraballo no representó a una tendencia mayoritaria del EPL: representó a un núcleo dirigente que se resistió a aceptar lo que sus propios cuadros medios y militantes de base ya habían decidido en la práctica.

Y hay una segunda lectura, complementaria: la permanencia en armas fue menos una convicción maoísta coherente que una apuesta territorial. La disidencia sobrevivió porque conservó presencia en corredores estratégicos —Urabá, Norte de Santander— donde la desmovilización habría significado abandono físico del terreno, no solo rendición ideológica. Vista así, la coherencia doctrinaria de Caraballo es la superficie visible de una lógica más terrestre: quien no se desmoviliza es quien tiene algo que perder si abandona el territorio, o quien piensa que puede seguir sacando renta política y militar de él.

Ninguna de estas lecturas anula el papel histórico de Caraballo. Al contrario: lo precisa. Es la figura donde se cruzan la fidelidad ideológica anacrónica, el cálculo territorial, la fractura de una organización histórica del comunismo colombiano y la respuesta violenta contra los excompañeros. Encarnar todo eso simultáneamente —y hacerlo con nombre, apellido y firma pública— es lo que convierte a Francisco Caraballo en un personaje ineludible del tránsito colombiano hacia la Constitución de 1991, aun cuando su historia sea la del hombre que se quedó fuera de esa constitución por decisión propia y que sostuvo, hasta su captura, la guerra contra quienes sí entraron. Su lugar en el archivo no es el del vencedor ni el del vencido: es el del testigo forzoso de una paz que no supo, o no pudo, incluir a todos, y de una guerra que, incluso reducida a doscientos hombres en la frontera oriental del país, siguió cobrando vidas mucho después de que su nombre desapareciera de los titulares.