Bernardo Jaramillo Ossa

Un abogado de Urabá

Jaramillo pertenecía a la generación que llegó a la política adulta con el país ya atravesado por el Frente Nacional y por el auge de las guerrillas de los setenta. Estudió Derecho y militó desde temprano: durante sus años universitarios integró la Juventud Comunista, cantera formativa del Partido Comunista Colombiano, y de ahí pasó al partido mismo. Ese itinerario —Juco, PCC, profesión liberal— era el clásico del cuadro comunista colombiano de su época, pero en su caso se combinó con una inserción laboral que marcaría su perfil político para siempre: fue asesor del Sindicato de Trabajadores del Banano en Urabá.

Urabá no era un destino cualquiera. Entre finales de los setenta y los ochenta, la región bananera de Antioquia se convirtió en uno de los territorios más disputados del país: allí convivían las plantaciones de exportación, un sindicalismo agrario en expansión —Sintagro entre los más fuertes—, la presencia guerrillera de las FARC y del EPL, y el creciente aparato paramilitar que los hermanos Castaño Gil comenzaban a montar desde el sur de Córdoba. Asesorar jurídicamente al sindicato bananero en esos años equivalía a trabajar en un frente caliente de la lucha de clases colombiana. En ese cruce —el derecho laboral, la organización campesina, la violencia patronal— Jaramillo se hizo dirigente antes de saltar a la escena nacional.

Cuando la Unión Patriótica lo escogió como presidente, no llegaba desde el aparato central del partido en Bogotá sino desde la militancia regional, con un pie en el sindicalismo y otro en la periferia agraria más golpeada por la violencia. Esa procedencia explica muchas de sus posiciones posteriores: la insistencia en la paz, la crítica a las prácticas de secuestro y boleteo de las FARC, la sensibilidad hacia los muertos que ponía la base del partido en Urabá y en el Magdalena Medio.

La UP que heredó

Para entender lo que Jaramillo intentó hacer al frente de la Unión Patriótica hay que recordar de dónde venía ese movimiento. El 28 de marzo de 1984, en La Uribe, Caquetá, las FARC y el gobierno de Belisario Betancur firmaron el Acuerdo de Cese al Fuego, Tregua y Paz, once puntos que contemplaban el cese de hostilidades, una Comisión de Verificación y el compromiso de la guerrilla de desmovilizar paulatinamente su estructura militar para transitar a un movimiento político legal. De ese compromiso salió la UP, que recibió vida jurídica y política a comienzos de 1985 y se lanzó públicamente ese mismo año como plataforma amplia, democrática y de oposición a los partidos tradicionales.

La UP no era el brazo electoral de las FARC ni fue concebida como tal, aunque durante sus dos primeros años mantuvo con la guerrilla un vínculo estrecho: era, en teoría, el vehículo del tránsito de las armas a la política. Se le sumaron organizaciones campesinas de Tolima, Sumapaz, Cundinamarca, Huila, el Caribe, el Magdalena Medio, Meta, Guaviare y Caquetá; sectores independientes de los partidos Liberal y Conservador; grupos como el Nuevo Liberalismo Independiente y la Convergencia Liberal; movimientos regionales como el Camilo Torres y el Causa Común. El primer congreso terminó el 16 de noviembre de 1985 con 3.245 delegados; para esa fecha ya habían asesinado a 70 de sus militantes.

En su irrupción electoral —las legislativas y presidenciales de 1986— la UP obtuvo 328.752 votos para la Presidencia, seis senadores (dos propios y cuatro en coalición), 29 diputados en once departamentos y más de trescientos concejales. El gobierno de Virgilio Barco nombró 23 alcaldes de la UP en los municipios donde el partido había obtenido las mayores votaciones, adelantándose a la elección popular de alcaldes de 1988. Fue el mejor desempeño electoral de una izquierda colombiana desde la fundación de la República.

Ese éxito fue la sentencia. La violencia contra el partido escaló a la par de sus votos: para septiembre de 1986 ya se contaban unas 300 víctimas, entre ellas el senador Pedro Nel Jiménez y el representante Leonardo Posada. En octubre de 1987, en un episodio que precede directamente a Jaramillo, fue asesinado Jaime Pardo Leal, primer presidente de la UP y su candidato presidencial en 1986. Cuando Jaramillo asumió la conducción del movimiento, lo hacía sobre un partido que ya sangraba sistemáticamente.

La apuesta reformista

La presidencia de Jaramillo coincidió con el momento en que las certezas ideológicas del comunismo colombiano —la Unión Soviética como referencia, la doctrina de la vanguardia, la combinación de todas las formas de lucha como línea del PCC— empezaron a agrietarse. La perestroika de Gorbachov ofrecía en Moscú un lenguaje nuevo, y Jaramillo lo tomó con entusiasmo. A Marta Harnecker le dijo una frase que resume su programa personal: "Hay que apropiarse de la perestroika". Interpretaba las reformas soviéticas como una batalla contra el estalinismo, y ese diagnóstico —que en el PCC colombiano sonaba a herejía— orientó sus movimientos siguientes.

Junto con Álvaro Salazar, Guillermo Banguero, Jaime Corena y Henry Millán, encabezó una delegación de la UP que recorrió tanto el este como el oeste de Europa: la Unión Soviética, Polonia, Rumania, Checoslovaquia y la República Democrática Alemana por un lado; Austria, la Alemania occidental, Suecia, Bélgica y España por el otro. El itinerario era deliberado: no ir solo a los países hermanos del bloque, sino visitar las socialdemocracias europeas, ver de cerca los partidos socialistas que gobernaban en Madrid, Estocolmo o Bonn. La lectura de Jaramillo y de quienes lo acompañaron apuntaba a que el futuro de la izquierda colombiana pasaba por acercarse a esas experiencias antes que por reiterar el modelo soviético.

El II Congreso de la UP, en septiembre de 1989, recogió parte de este giro: reconoció explícitamente la crisis del socialismo realmente existente, aceptó el pluralismo como principio y valoró el clima favorable a la paz mundial que traía la distensión entre las dos superpotencias. Fue el marco doctrinario para lo que Jaramillo dijo con creciente insistencia en los meses siguientes.

Sus intervenciones públicas empezaron a nombrar lo innombrable dentro del PCC. Cuestionó la táctica de la combinación de todas las formas de lucha —la doctrina que permitía al partido tener simultáneamente una expresión legal, la UP, y una expresión armada, las FARC—. Impugnó el papel del PCC como "vanguardia de la revolución", una de las columnas del marxismo ortodoxo colombiano. Señaló con nombre propio prácticas de las FARC —el secuestro, la extorsión, el boleteo— y advirtió que se estaban convirtiendo en el pretexto que la derecha armada usaba para seguir asesinando militantes de la UP. Reiteró la pluralidad del movimiento y su autonomía frente a la guerrilla y frente a los partidos tradicionales.

Ese doble movimiento —crítica al sovietismo hacia adentro del PCC, crítica a la lucha armada hacia las FARC— definía una posición inédita en la izquierda colombiana de entonces: la de un dirigente que buscaba desanclar a la UP de sus dos tutelas simultáneas para convertirla en un partido de socialismo democrático capaz de competir electoralmente en igualdad de condiciones. Todo indicaba que se inclinaba hacia una variante socialdemócrata o socialista para el propio PCC.

La resistencia interna

La apuesta reformista chocó con el aparato. El sector ortodoxo del Partido Comunista, atrincherado en el Comité Regional de Bogotá y encabezado por un joven secretario general regional de línea estalinista, pidió la expulsión de Jaramillo. Hubo al menos una reunión del Comité Regional convocada para tramitar esa demanda. El desenlace formal es difuso, pero la sola circulación de esa exigencia en el organismo capitalino del partido revela hasta qué punto la conducción nacional de la UP estaba en tensión con su cuadro histórico.

Era una de las contradicciones estructurales del proyecto de Jaramillo. La UP no era orgánicamente independiente del PCC, y el PCC no era orgánicamente independiente de las FARC. Reformar los tres andamios al tiempo —romper con el estalinismo, con la subordinación a la guerrilla y con la doctrina de la vanguardia— requería un margen de maniobra que Jaramillo no alcanzó a construir en el poco tiempo que tuvo. La renovación era genuina pero frágil: se sostenía sobre la voluntad del presidente del movimiento y de un pequeño círculo, no sobre una mayoría consolidada de los organismos de dirección.

El desacuerdo no era solo doctrinario. Estaba también la cuestión práctica de a quién obedecía la UP en el terreno. En zonas como Urabá, el Magdalena Medio o los Llanos, los militantes de la UP convivían físicamente con frentes de las FARC que ejercían control armado sobre esas mismas veredas y municipios. Un discurso presidencial que denunciara el secuestro o el boleteo tenía consecuencias inmediatas sobre esos militantes: podía leerse como una traición desde el mando guerrillero y aumentar su vulnerabilidad frente a un aparato paramilitar que ya los cazaba. La ortodoxia del PCC utilizaba ese argumento —el riesgo para la base— para frenar la crítica pública de Jaramillo a las FARC, aunque el resultado neto de la doctrina de la combinación de todas las formas de lucha fuera, precisamente, ese mismo blanco sobre los militantes.

También pesaba la geografía interna del partido. El PCC tenía cuadros históricos que habían atravesado décadas de clandestinidad, persecución y guerra fría, con lealtades formadas en el vínculo con Moscú y con las autodefensas comunistas de los años cincuenta y sesenta. Para esos cuadros, aceptar que la perestroika era una batalla contra el estalinismo equivalía a aceptar que buena parte de su propia biografía política había sido un error. La conducción reformista de Jaramillo se leía, desde ese ángulo, como un intento de saldar de un plumazo cuatro décadas de línea partidaria.

Aun así, hacia finales de 1989 el proyecto avanzaba. En diciembre, la Dirección de la UP ratificó la candidatura presidencial de Jaramillo para las elecciones del 27 de mayo de 1990. Él anunció públicamente que apoyaría una eventual convergencia con otras fuerzas para definir un candidato único de izquierda, siempre sobre la base de la pluralidad de la UP y de su autonomía política.

El país que se caía a pedazos

Jaramillo caminaba por un país en descomposición. El narcotráfico había pasado de negocio marginal a poder armado con capacidad de guerra abierta: el cartel de Medellín, comandado por Pablo Escobar, libraba contra el Estado la ofensiva de los Extraditables, mientras Gonzalo Rodríguez Gacha, "el Mexicano", y los hermanos Ochoa aportaban recursos y tropa. Fidel Castaño y su hermano Carlos consolidaban desde Córdoba y Urabá un ejército paramilitar que se autopresentaba como fuerza contrainsurgente y operaba con tolerancia —a veces con auxilio directo— de las Fuerzas Armadas.

La guerra del cartel de Medellín contra el Estado marcaba el ritmo de los titulares. Entre 1989 y 1990 estallaron bombas en Bogotá, Medellín y Cali; volaron un avión de Avianca en pleno vuelo con 107 personas a bordo; asesinaron ministros, magistrados, jueces, policías y periodistas. Los Extraditables habían declarado abiertamente la guerra al Estado para impedir la extradición a Estados Unidos y forzaban al gobierno de Barco a una operación militar sostenida. En ese ruido de fondo, el asesinato reiterado de militantes de la UP en la periferia rural producía menos noticia que un carro bomba en la capital, aunque respondiera a una lógica emparentada: el uso de la violencia como herramienta de veto sobre la política.

El 18 de agosto de 1989 fue asesinado en Soacha Luis Carlos Galán Sarmiento, precandidato liberal que lideraba las encuestas. Meses antes, alrededor del 3 o 4 de marzo de 1989, había caído en el aeropuerto El Dorado José Antequera, dirigente de la UP, mientras saludaba al precandidato liberal Ernesto Samper Pizano, quien resultó gravemente herido. La reunión de paz entre el gobierno y el M-19 en Ciudad de México debió interrumpirse cuando llegó la noticia. Ese atentado —en el mismo aeropuerto donde un año después caería Jaramillo— fue, retrospectivamente, un ensayo.

Pablo Escobar, en una conversación que quedaría en los registros posteriores del narcotráfico, sostuvo que el verdadero problema de la UP no era Rodríguez Gacha sino Fidel Castaño, a quien apodaba "Dos Mil" por el número de militantes del partido que calculaba había matado. Escobar reconocía además que tenía poca capacidad de influir sobre Castaño. Era una declaración inquietante viniendo del narcotraficante más buscado del país: incluso él consideraba que la máquina de exterminio de la UP escapaba a su control.

En paralelo, el M-19 negociaba su desmovilización con el gobierno de Barco y se preparaba para convertirse en fuerza política legal bajo el liderazgo de Carlos Pizarro Leongómez. Esa negociación culminaría el 9 de marzo de 1990, apenas semanas antes del asesinato de Jaramillo, con la entrega de armas y el paso del M-19 a la Alianza Democrática M-19. La coincidencia de calendario era significativa: dos experimentos de tránsito de la lucha armada a la política —el ya viejo de la UP, el nuevo del M-19— caminaban al mismo tiempo hacia las urnas de mayo. Los dos candidatos que encarnaban ese tránsito serían asesinados con pocas semanas de diferencia.

Los cuadros de la UP lo sabían. Jaramillo lo sabía. Antes del atentado final había salido del país bajo amenaza y solo aceptó regresar cuando el Gobierno le prometió garantías de seguridad. Declaró en más de una ocasión que volvería a Colombia cuando esas garantías le fueran dadas. Volvió.

El atentado

Jaramillo fue asesinado en un aeropuerto, en marzo de 1990, en plena campaña presidencial. Los detalles operativos son elocuentes. El DAS, avisado esa misma mañana, envió dos agentes al aeropuerto a verificar si había algo sospechoso. Los agentes no reportaron nada anormal. Qué hicieron exactamente durante esas horas nunca quedó claro. El propio aeropuerto tenía, según reportaría después El Tiempo, al menos treinta y siete puertas sin vigilancia que daban acceso a sus instalaciones. Un candidato presidencial amenazado se movía por un edificio con treinta y siete entradas descontroladas y una escolta que, cuando el ataque se produjo, no alcanzó a impedirlo.

El asesinato no fue un accidente ni una improvisación. Se inscribía en la lógica de una alianza operativa entre los aparatos paramilitares de los Castaño, sectores del narcotráfico y complicidades del propio Estado. Los líderes paramilitares de Córdoba percibían las candidaturas de Jaramillo y del M-19, encarnada la segunda en Carlos Pizarro Leongómez, como catastróficas para el país, y actuaron en consecuencia. Semanas después, Pizarro también sería asesinado. Colombia perdió, en un mismo ciclo electoral, a tres candidatos presidenciales: Galán, Jaramillo y Pizarro.

El genocidio que enmarca la muerte

El magnicidio de Jaramillo solo se entiende dentro del proceso mayor del que era una pieza. Entre 1984 y 2002, la Unión Patriótica sufrió una violencia sistemática, generalizada y planificada que la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica han caracterizado como genocidio político. Las cifras son abrumadoras: al menos 4.153 personas asesinadas o desaparecidas —un exmilitante, alias Omar Gadafi, llegó a estimar más de 6.000 víctimas si se contaba a la base—; 2.722 desplazados forzados; 811 amenazados; 379 víctimas de atentado; 248 detenciones arbitrarias; 229 torturas; 90 secuestros.

La violencia se concentró en las zonas de mayor implantación electoral y organizativa del partido: Urabá, Tolima, Meta, Caquetá y Magdalena Medio. El 41 % de las víctimas eran campesinos, trabajadores o administradores de finca. En diciembre de 1985 ya se contaban 70 muertos; en septiembre de 1986, 300. La lógica era clara: allí donde la UP amenazaba mayorías electorales locales, los paramilitares —en alianza con la clase política tradicional y bajo el paraguas del narcotráfico— aniquilaban la competencia. En Puerto Boyacá, Cimitarra y Puerto Berrío se ensayó el modelo que luego se replicó en Urabá, los Llanos Orientales y el Nordeste Antioqueño.

Los hermanos Castaño Gil fueron los principales perpetradores. Justificaban los asesinatos con la fórmula de que los militantes de la UP eran agentes de las FARC "disfrazados de civiles" y, por tanto, blancos legítimos en su guerra. La fórmula habilitaba el exterminio de campesinos organizados, sindicalistas, concejales, alcaldes, diputados, congresistas y candidatos. En Currulao, el 4 de marzo de 1988, fueron asesinados 28 trabajadores de Sintagro; el DAS investigó la masacre y sus hallazgos apuntaron a la connivencia entre el aparato narcoparamilitar, el Ejército y los propietarios de plantaciones bananeras. En propiedades de Fidel Castaño en Urabá se descubrieron fosas comunes, y un desertor reportó haber presenciado noventa y cinco ejecuciones entre enero de 1989 y abril de 1990. Es decir: mientras Jaramillo hacía campaña, el mismo aparato que lo mataría enterraba a sus bases.

La responsabilidad del Estado no era pasiva. En septiembre de 2016, el presidente Juan Manuel Santos reconoció públicamente que el Estado colombiano no tomó las medidas necesarias para impedir los asesinatos y atentados contra la UP. Antes, en diciembre de 2012, en el proceso de Justicia y Paz contra Éver Veloza, alias HH, los jueces habían reconocido formalmente que lo ocurrido con la UP constituyó un genocidio político. Las víctimas habían luchado por ese reconocimiento durante veinticinco años.

La red

Jaramillo pertenece a un mapa denso de figuras que se cruzaron en su vida y en su muerte. Su antecesor Jaime Pardo Leal, asesinado en 1987, había marcado con su magnicidio el paso de la violencia contra la UP de la base al liderazgo nacional; con él cayó el primer presidente del movimiento y quedó el precedente que la muerte de Jaramillo confirmaría. José Antequera, caído un año antes en el mismo aeropuerto, en el mismo tipo de operación, prefigura ya la mecánica del atentado que lo mataría a él: un dirigente visible, un espacio público insuficientemente vigilado, un sicariato que actúa a la vista. Manuel Cepeda Vargas, senador comunista sobreviviente de aquellos años, sería asesinado en 1994, cerrando prácticamente la primera línea de la UP; e Iván Márquez, entonces cuadro de las FARC, aparecía en los debates internos de la izquierda como uno de los interlocutores del ala guerrillera con el partido legal.

En la orilla opuesta, la constelación de sus verdugos se dibuja con precisión operativa. Fidel y Carlos Castaño mandaban desde Córdoba el aparato paramilitar que ejecutaba la mayor parte de los asesinatos de la UP en Urabá y el Magdalena Medio. Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, en el cartel de Medellín, aportaban recursos, sicarios y logística; los hermanos Ochoa, la infraestructura del narcotráfico. Los cuatro se reunían periódicamente y conformaron el núcleo de los Extraditables. Entre ellos había diferencias sobre la persecución antiinsurgente —Escobar mismo admitía que Castaño le resultaba incontrolable en ese terreno— pero coincidían en una guerra que incluía como blanco a la izquierda legal.

El sistema político con el que compartió escena completa el cuadro. Virgilio Barco fue presidente durante casi todo su liderazgo en la UP y bajo su gobierno se produjeron tanto los magnicidios de Pardo Leal, Galán, Antequera y del propio Jaramillo como la desmovilización del M-19. César Gaviria ganaría las elecciones del 27 de mayo de 1990 que Jaramillo no alcanzó a disputar y convocaría en 1991 la Asamblea Constituyente. Álvaro Gómez Hurtado, líder conservador, sería asesinado en 1995 en otro magnicidio no resuelto; Andrés Pastrana Arango encabezaba entonces el ascenso conservador; Luis Carlos Galán había caído siete meses antes; Carlos Pizarro caería semanas después. Alrededor, figuras como Virginia Vallejo o Andrés Arturo Gutiérrez Maya, ligados a los círculos del narcotráfico y del poder local, completan la escenografía de un país donde las líneas entre política, negocio y violencia se habían borrado.

Los lugares repiten la trama: Manizales y Caldas, el eje cafetero al que estaba vinculado familiarmente; Medellín, capital del cartel; Urabá y Apartadó, la geografía del sindicalismo bananero y de la ofensiva paramilitar; Bogotá y el aeropuerto El Dorado, donde el poder se concentra y donde el poder mata.

Lo que su muerte cerró y lo que abrió

Su asesinato eliminó al dirigente que había avanzado más lejos en el intento de convertir a la UP en un partido de socialismo democrático, autónomo de la guerrilla y capaz de competir electoralmente sin la tutela ortodoxa del PCC. Con él cayó el experimento más avanzado de reforma de la izquierda colombiana en ese ciclo. La UP, ya desangrada, perdería su personería jurídica bajo la Ley 130 de 1994 por no alcanzar los umbrales electorales exigidos, sin que las autoridades consideraran que esa falta de votos era la consecuencia directa del exterminio de sus candidatos y dirigentes. Muchos de sus militantes sobrevivientes, sobre todo en el ámbito rural, terminaron ingresando a las FARC-EP: el propio alias Omar Gadafi contó que la sensación de un partido exterminado no dejaba muchas opciones. El genocidio produjo así un efecto de retroalimentación con la guerra que era exactamente lo contrario del propósito fundacional de La Uribe.

En el imaginario político de regiones como Urabá quedó instalada la convicción de que ya no eran posibles los movimientos ni los gobiernos locales alternativos. Esa clausura simbólica es tan grave como la material.

Con todo, la renovación que Jaramillo encarnaba tenía límites reales que no vienen solo de la violencia. La UP no había logrado, bajo su presidencia, romper orgánicamente con las FARC; el sector ortodoxo del PCC seguía siendo poderoso; el propio proyecto socialdemócrata era más una dirección de marcha que una plataforma consolidada. Es plausible pensar que, incluso vivo, Jaramillo habría enfrentado obstáculos internos considerables. La causa estructural del exterminio, además, no era la heterodoxia ideológica del líder de turno sino el control territorial del voto: los paramilitares mataban donde la UP amenazaba mayorías, con independencia de si el dirigente amenazado era ortodoxo o reformista. Jaime Pardo Leal, más cercano a la línea tradicional del PCC, también fue asesinado.

Hay una última paradoja. La violencia política de finales de los ochenta —los magnicidios de Galán, Jaramillo y Pizarro, la guerra abierta del narcotráfico, la evidencia de un Estado incapaz de proteger a sus candidatos— generó una presión ciudadana que se canalizó en la Asamblea Constituyente convocada por Gaviria en 1991. La Constitución de ese año, con su carta de derechos, su apertura a la participación política y su intento de refundar el pacto colombiano, es en buena medida una respuesta al horror de esos meses. Los asesinos, al querer cerrar el sistema, produjeron sin quererlo la presión que forzó una reforma institucional.

Jaramillo no vio nada de eso. Fue enterrado como candidato de un partido que ya estaba siendo exterminado, en un país que aún no sabía nombrar lo que estaba pasándole. El proyecto político concreto que su muerte quiso enterrar —un socialismo democrático colombiano, autónomo de la guerrilla, dispuesto al diálogo con el Estado, crítico de sus propios dogmas— siguió siendo, por décadas, una referencia disputada dentro de la izquierda colombiana. La reapertura del debate sobre la paz, el reconocimiento estatal del genocidio en 2016 y la reconstrucción tardía de una izquierda legal en Colombia se produjeron sobre coordenadas que él contribuyó a fijar antes de caer en un aeropuerto en marzo de 1990.