El exterminio de la Unión Patriótica (1984–2005)

El exterminio de la Unión Patriótica

Entre 1984 y 2005, un partido político legal fue sistemáticamente destruido en Colombia por la vía del asesinato de sus militantes, dirigentes, alcaldes, concejales, diputados, congresistas y dos candidatos presidenciales. La Unión Patriótica había nacido en mayo de 1985 como resultado de los Acuerdos de La Uribe firmados el 28 de marzo de 1984 entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC, y como intento —fallido, en última instancia— de abrir una compuerta legal por donde la insurgencia comunista más antigua del continente pudiera transitar hacia la política electoral. En sus dos primeros años eligió 14 congresistas, 18 diputados en once asambleas, 335 concejales en 187 concejos, y ganó al menos 24 alcaldías. Antes de perder su personería jurídica a comienzos de la década del dos mil por incumplir los umbrales electorales fijados en 1994 —umbrales que no cumplía porque a sus candidatos los habían matado—, el partido acumuló miles de víctimas en al menos veintitrés departamentos. La pregunta que este artículo intenta responder no es si eso ocurrió, sino qué fue exactamente lo que ocurrió: quién mató, con qué grado de coordinación, por qué justo cuando el partido crecía, y por qué un crimen de esa escala no produjo en Colombia la crisis de legitimidad democrática que crímenes menores generaron en Argentina o Chile.

Lo que se juega en la pregunta

La caracterización del exterminio de la UP no es un debate académico de matices. De ella dependen tres cosas concretas. Primero, la posibilidad jurídica de tipificar los hechos como genocidio político —categoría por la que las víctimas han luchado durante veinticinco años y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos abordó, primero por la vía de la CIDH y luego por sentencia de responsabilidad internacional contra el Estado colombiano—. Segundo, la atribución de responsabilidad: si se trató de una operación de Estado, el Estado responde por acción; si de una cadena de crímenes regionales tolerados, responde por omisión sistemática; si de un fracaso estructural del sistema político, responde el régimen mismo. Tercero, la lección para cualquier proceso de paz futuro: la reincorporación política de una insurgencia armada, en Colombia, arrastra el precedente de que quienes lo intentaron una vez fueron asesinados por millares sin costos internacionales significativos para el país que lo permitió.

La pregunta se complica porque la evidencia sostiene simultáneamente coordinación —planes con nombre y fecha— y dispersión —coaliciones regionales autónomas—; responsabilidad estatal directa —oficiales del Ejército identificados en asesinatos concretos— y ambigüedad guerrillera —FARC duplicando frentes durante la tregua que dio origen a la UP—. Ninguna lectura monocausal resiste el material. Pero afirmar eso no exime de tomar posición.

Los términos del debate

Circulan siete lecturas, no todas incompatibles entre sí, que conviene enunciar con precisión antes de sopesarlas.

La primera sostiene que el exterminio fue un genocidio descentralizado ejecutado por coaliciones locales de ganaderos, narcotraficantes y militares regionales, sin un centro estatal que lo dirigiera, y que por eso no es asimilable al terrorismo de Estado del Cono Sur. La segunda, exactamente opuesta, lo lee como proyecto político estatal deliberado de cierre del régimen frente a una izquierda que dejaba las armas, y desmiente la narrativa oficial de una democracia colombiana ininterrumpida desde 1958. La tercera lo interpreta como culminación de la arquitectura bipartidista del Frente Nacional: un sistema diseñado en 1958 para alternar liberales y conservadores en el poder, que procesó desde entonces cualquier disidencia como amenaza existencial y no como adversario legítimo. La cuarta, con un giro contraintuitivo, argumenta que fue el éxito electoral de la UP —no su debilidad— lo que detonó su destrucción, revelando el umbral real de pluralismo que las élites económicas armadas estaban dispuestas a tolerar. La quinta ve en el caso la prueba de una incapacidad estructural del sistema para procesar pacíficamente la inclusión de una izquierda armada desmovilizada. La sexta insiste en la doble condición de la UP: brazo político legal de un acuerdo de tregua cuyos firmantes —las FARC— nunca cesaron efectivamente hostilidades ni se desarmaron, y que mantuvieron militantes activos en ambas estructuras. La séptima observa que la fachada electoral colombiana —elecciones periódicas, congreso funcional y prensa formalmente libre— operó como dispositivo legitimador que invisibilizó internacionalmente un genocidio que, en el Cono Sur, sí produjo condena global porque allí la violencia se ejercía sin la mediación de urnas.

Estas siete lecturas no compiten por el mismo espacio explicativo. Unas describen la agencia (quién mató), otras la causalidad (por qué entonces), otras la estructura (qué régimen lo permitió), otras el marco internacional (por qué nadie lo detuvo). La respuesta útil las integra jerárquicamente.

La evidencia de la coordinación

Contra la lectura del puro caos descentralizado pesan datos concretos. Existieron planes con nombre, fecha y objetivo: la Operación Cóndor de 1985, el Plan Baile Rojo de 1986, el Plan Esmeralda desarrollado desde 1987-1988 en los Llanos Orientales y el Caquetá, el Plan Golpe de Gracia de 1992 y el Plan Retorno de 1993. Baile Rojo y Golpe de Gracia se dirigieron contra las estructuras de dirección nacional del partido; Esmeralda y Retorno contra las seccionales regionales en Meta, Caquetá y Urabá. La denuncia del congresista Henry Millán y la declaración del dirigente Octavio Collazos identificaron el Plan Esmeralda como una operación destinada a perseguir y dar muerte a miembros de la UP en los Llanos Orientales y el Caquetá.

Los asesinatos de los dirigentes nacionales apuntan en la misma dirección. Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de la UP en 1986 y figura capaz de tender puentes entre las corrientes socialdemócrata y ortodoxa del partido, fue asesinado por sicarios de Gonzalo Rodríguez Gacha con la logística de los servicios de inteligencia del Batallón de la Escuela de Caballería, comandado por el teniente coronel Alfonso Plazas Vega. No fueron paramilitares aislados: fue una operación con soporte de inteligencia militar del Ejército colombiano. José Antequera, joven dirigente del PCC y de la UP, fue asesinado el 3 de marzo de 1989 en el aeropuerto de Bogotá. Bernardo Jaramillo Ossa, presidente de la UP, fue asesinado el 22 de marzo de 1990 en ese mismo aeropuerto, un año y diecinueve días después. La repetición del lugar no es azar operativo: es firma.

Sobre el Magdalena Medio, la evidencia es aún más precisa. En diciembre de 1984, ocho meses después de firmarse La Uribe, fuerzas paramilitares al mando de Henry Pérez interceptaron cerca de Puerto Boyacá un cargamento de cocaína de Rodríguez Gacha; el encuentro derivó en una alianza donde el narcotraficante proveería armamento y los paramilitares protegerían sus instalaciones. El general Farouk Yanine Díaz, nombrado comandante de la XIV Brigada del Ejército en diciembre de 1983 —tres meses antes de La Uribe—, promovía activamente la creación de juntas civiles de autodefensa. Bajo su mando quedaron batallones en zonas donde operaban las autodefensas de Henry Pérez, y el informe del Procurador General de la época identificó explícitamente la participación de miembros de la fuerza pública en los grupos paramilitares de esa región.

La evidencia de la dispersión

Contra la lectura del genocidio centralmente planeado pesan datos igualmente contundentes. La coalición de Puerto Boyacá que exterminó a la dirigencia de izquierda local entre 1984 y 1991 —dejando once víctimas en Puerto Boyacá, Cimitarra y Puerto Berrío, y otras 44 en Puerto Nare, Yondó y Barrancabermeja en el mismo período— fue conducida en sus primeras fases principalmente por ganaderos y militares, no por jefes de la mafia. La secuencia importa: las masacres iniciales del Magdalena Medio precedieron al ingreso pleno del capital narcotraficante. Y desde Puerto Boyacá, una vez consolidado el modelo, el dispositivo se irradió hacia Urabá, los Llanos Orientales y el Nordeste Antioqueño.

La geografía de la violencia refuerza este punto. La mayor concentración de homicidios ocurrió en territorios de tradición campesina: Urabá, Tolima, Meta, Caquetá y Magdalena Medio. El 41% de las víctimas cuya ocupación se registró eran campesinos, trabajadores o administradores de finca. La masacre de La Honduras en Currulao, Turbo, el 4 de marzo de 1988, donde treinta paramilitares encapuchados asesinaron a diecisiete trabajadores bananeros sindicalizados —y otros cuatro en la finca La Negra—, no fue una operación de decapitación política sino de aniquilamiento del tejido sindical y comunitario que sostenía la base electoral de la UP en el Urabá antioqueño. Trece días antes, en el caserío de Piñalito, Vistahermosa, Meta, otros catorce simpatizantes habían sido asesinados en el episodio que inauguró lo que la propia UP bautizó como el año de las masacres. La violencia contra la UP fue, en su masa cuantitativa, contrarrevolución agraria: eliminación de campesinos organizados en territorios donde la reforma del poder local amenazaba a los propietarios de la tierra.

Aquí las coaliciones regionales muestran su lógica propia. En Puerto Boyacá, ganaderos, Ejército y narcos. En Urabá, terratenientes bananeros, ACCU, BB y agentes del Estado —con la maniobra adicional, según testimonio de un exintegrante de Esperanza, Paz y Libertad, de fomentar discordias entre esa disidencia del EPL y la UP para acelerar el genocidio—. En los Llanos, ganaderos, XIV Brigada del Ejército y narcotráfico de Rodríguez Gacha. Cada región tenía su composición, sus objetivos económicos concretos, su temporalidad. No hay una sola cadena de mando que baje desde Bogotá.

La evidencia del centro tolerante

Pero tampoco hay un centro estatal ausente. Lo hay, y opera de dos maneras: por doctrina y por omisión sistemática.

Por doctrina, el marco lo fijó el propio Ministerio de Defensa. El general Fernando Landazábal Reyes, ministro bajo Betancur, sostuvo que era no menos importante que la localización de la subversión identificar la dirección política de la misma. En 1985, un manual de circulación interna en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba señalaba a los sindicatos como fachadas de la subversión y estructuras de dependencia directa del Partido Comunista. La doctrina de seguridad nacional, así codificada, definió como blanco legítimo no solo al combatiente armado sino a su presunta dirección política —categoría en la que cabía cualquier militante civil de izquierda—. No era una desviación regional: era la doctrina oficial de las fuerzas armadas colombianas.

Por omisión, la impunidad. Solo el 20% de los crímenes llegaba a conocimiento de las autoridades y apenas el 4% obtenía sentencia, según estimativos del propio gobierno Barco. Entre 1979 y 1991 fueron asesinadas 290 personas en cumplimiento de funciones judiciales; en 1987, uno de cada cuatro jueces reportaba amenazas directas contra él o su familia. La XIV Brigada del Ejército emitía comunicados oficiales que reclasificaban a las víctimas civiles de masacres como guerrilleros muertos en combate. Las denuncias de las familias ante la Procuraduría, salvo el informe del propio procurador general que rompió el silencio institucional, en su mayoría no prosperaron. Este no es un Estado ausente: es un Estado cuyo aparato judicial, militar y policial —incluidos casos documentados de Policía negando protección a militantes de la UP en situaciones de riesgo inminente— produjo activamente las condiciones para que las coaliciones regionales operaran sin costos.

La Corte Interamericana lo formuló en su lenguaje jurídico: declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por el involucramiento de agentes estatales en violaciones de derechos humanos y por la existencia de marcos jurídicos que facilitaron, promovieron, apoyaron y toleraron la actuación de grupos paramilitares. Facilitaron, promovieron, apoyaron, toleraron: cuatro verbos en gradación descendente de intencionalidad, todos aplicables al mismo Estado en el mismo período.

La coartada de la doble militancia

Ninguna reconstrucción honesta del exterminio de la UP puede eludir la ambigüedad que le dio a los perpetradores su coartada moral. Desde comienzos de 1966, el congreso del Partido Comunista Colombiano aprobó la tesis de combinar todas las formas de lucha, fórmula que le permitió mantener en la misma estructura a dirigentes con visiones opuestas sobre la política y la violencia. Durante los dos primeros años de la UP, el vínculo con las FARC-EP fue estrecho, dado que el partido era, en teoría, el vehículo del tránsito de las armas a la política. Pero ese tránsito nunca se completó. En la VII Conferencia de 1982, las FARC habían aprobado un plan estratégico ofensivo para incrementar frentes, rodear Bogotá y tomar el poder en ocho años; durante el gobierno Betancur —el gobierno de la tregua— pasaron de 27 a 48 frentes. Jacobo Arenas desempeñó un papel protagónico tanto en la política de la UP como en el diseño de la expansión militar. Bajo su formulación, la negociación era un instrumento que podía servir para hacer más eficaz la guerra.

Los paramilitares y los hermanos Castaño construyeron su justificación sobre ese hecho: consideraron a los militantes de la UP como agentes de las FARC disfrazados de civiles y, por tanto, blancos legítimos. La coartada era falsa en su conclusión —la inmensa mayoría de los militantes de la UP eran civiles sin actividad armada, y su asesinato era un crimen—, pero tenía una base factual parcial que la doctrina de seguridad nacional supo capitalizar. Bernardo Jaramillo Ossa lo entendió antes de morir: unos meses antes de su asesinato en 1990, cuestionó públicamente la táctica de la combinación de todas las formas de lucha y el papel del PCC como vanguardia revolucionaria. Fue asesinado antes de poder consumar la ruptura.

Esa ambigüedad estratégica de FARC-PCC coprodujo las condiciones de estigmatización, pero no las causó. La responsabilidad penal del exterminio recae sobre quienes lo ejecutaron y sobre el Estado que lo permitió. Entender por qué ese exterminio pudo ocurrir sin costos internacionales exige, sin embargo, reconocer que sus perpetradores dispusieron de un argumento —incompleto, tramposo, pero no fabricado desde cero— del que carecieron las dictaduras del Cono Sur.

Cómo se ordena la evidencia

Con la evidencia sobre la mesa, la lectura que mejor la ordena es la siguiente: el exterminio de la Unión Patriótica fue un dispositivo híbrido de violencia política cuya unidad no residió en un mando centralizado sino en un marco compartido —la doctrina de seguridad nacional— y una condición común —la impunidad estructural—, activado regionalmente por coaliciones ad hoc de militares, narcotraficantes y élites terratenientes en respuesta a detonantes locales concretos, con episodios de coordinación nacional focalizados en la decapitación de la dirigencia y con la tolerancia sistemática —a veces la coordinación selectiva— del centro estatal.

Ni genocidio puramente centralizado ni caos descentralizado. Las dos figuras extremas son insostenibles: el Batallón de Caballería no ejecuta la logística del asesinato de un candidato presidencial en un caos descentralizado, y las composiciones regionales no serían tan distintas —ganaderos y Ejército en el Magdalena Medio, terratenientes bananeros y ACCU en Urabá, XIV Brigada y capital narcotraficante en los Llanos— si todo bajara de un solo comando. Lo que existió fue una arquitectura de violencia con dos pisos: uno regional, donde las coaliciones locales decidían tiempos, blancos masivos y métodos según sus intereses económicos concretos —tierra, banano, coca, control territorial—; y uno nacional, donde una lógica de decapitación política eliminaba dirigentes específicos —Pardo Leal, Antequera, Jaramillo— mediante operaciones que involucraban inteligencia militar del Estado y cuya repetición de método revela planificación. Los planes Baile Rojo y Golpe de Gracia documentan parcialmente ese segundo piso.

Sobre la causalidad —por qué entonces— la respuesta es más nítida. Fue el éxito electoral, no la marginalidad, lo que detonó la violencia. Los momentos de mayor victimización coinciden con los ciclos electorales: la aceleración de 1988, tras las primeras alcaldías populares, incluye la masacre de Segovia del 11 de noviembre, cuyo móvil documentado fue castigar a los pobladores por haber elegido alcaldesa a una upecista tras el triunfo de marzo de ese año. El año de las masacres fue el año en que la UP dejó de ser una promesa y se convirtió en poder local. La cadena Pardo Leal (1987)–Antequera (1989)–Jaramillo (1990) coincide con el ciclo presidencial en que la UP amenazaba con ser algo más que un partido testimonial. El umbral de tolerancia del pluralismo colombiano quedó fijado por esta secuencia: la izquierda podía existir mientras no ganara. Cuando ganó —14 congresistas, 335 concejales, 24 alcaldías—, la coalición que se activó no fue la del sistema político para procesarla, sino la de las élites económicas armadas para eliminarla.

Sobre la estructura, la lectura del régimen bipartidista aporta el fondo indispensable. El Frente Nacional pactado en 1958 diseñó un sistema donde la alternancia liberal-conservadora se convirtió en la única forma legítima de política; toda irrupción exterior —guerrillas, movimientos sociales, terceras fuerzas— fue procesada durante décadas como amenaza y no como competencia. La UP fue el primer intento serio, desde ese pacto, de introducir una fuerza estable por fuera del bipartidismo mediante negociación y no mediante insurrección. Su destrucción no fue una anomalía del sistema: fue el sistema funcionando según su lógica constitutiva. La oposición al proceso de paz de Betancur —proveniente de gremios, mandos militares, poderes locales y sectores de la clase política— fue inmediata y frontal.

Sobre la ausencia de crisis internacional de legitimidad, la respuesta requiere admitir el poder de la fachada. Colombia siguió celebrando elecciones periódicas durante todo el exterminio; siguió teniendo Congreso, prensa formalmente libre, alternancia entre Barco, Gaviria y sus sucesores; siguió siendo, para los indicadores estándar de la ciencia política internacional, una democracia. En el Cono Sur, la violencia se ejercía por gobiernos militares abiertamente autoritarios: la denuncia tenía un blanco visible. En Colombia, el mismo Estado que permitía el exterminio organizaba elecciones donde competían candidatos de la UP —hasta que los mataban—. La coartada de la doble militancia FARC-UP hizo el resto: presentar a las víctimas como brazo civil de una guerrilla activa permitió que sectores internacionales que habrían condenado sin dudar el asesinato de dos mil socialistas argentinos guardaran un silencio mucho más largo ante el asesinato de más de tres mil militantes colombianos. La CIDH tardó décadas en producir su informe de fondo; la Corte Interamericana, más aún, en dictar sentencia de responsabilidad internacional. Cuando lo hizo, la UP ya había perdido su personería jurídica a comienzos de la década del dos mil por no alcanzar los umbrales legales —umbrales que no alcanzó porque a sus candidatos los habían asesinado, circunstancia que el Consejo Nacional Electoral no consideró al aplicar la norma—.

Hubo genocidio político, en el sentido en que la violencia fue sistemática, planeada al menos en su nivel de decapitación nacional, dirigida específicamente contra un grupo definido por su identidad política, y suficientemente prolongada —1984-2002, en al menos veintitrés departamentos— para constituir una destrucción intencional de un colectivo humano. Pero fue un genocidio de arquitectura híbrida y de baja visibilidad internacional, lo que explica que su tipificación jurídica formal aún permanezca en disputa mientras las víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica sostienen, con razón, el nombre.

Lo que queda abierto

Tres flancos permanecen sin cerrar. El primero es el grado exacto de coordinación entre las cúpulas militares nacionales y las operaciones regionales. Los planes con nombre documentan una intencionalidad; la participación de oficiales identificados en asesinatos específicos documenta una ejecución. Falta —y probablemente faltará siempre, porque los archivos correspondientes no fueron producidos o fueron destruidos— la cadena de decisión intermedia que uniría a unos con otros de manera indiscutible ante un tribunal penal. La condena internacional del Estado por la Corte IDH suple parcialmente ese vacío en el plano jurídico, pero no lo llena históricamente.

El segundo es la responsabilidad efectiva del Partido Comunista y de las FARC en la victimización de sus propios militantes. Sostener que la ambigüedad de la doble militancia contribuyó a las condiciones de estigmatización no equivale a distribuir culpas simétricamente: quien mata es responsable de matar. Pero la decisión de mantener a la UP como brazo legal mientras las FARC expandían sus frentes militares durante la tregua tuvo víctimas propias, y sus dirigentes la tomaron. Bernardo Jaramillo, antes de morir, había empezado a decirlo.

El tercero es hasta qué punto el precedente del exterminio de la UP condiciona todo proceso de paz futuro en Colombia. La pregunta no es retórica: quien acepte hoy dejar las armas a cambio de participación política lo hace en un país que ya demostró, entre 1984 y 2005, cuál es su umbral de tolerancia al pluralismo de izquierda cuando ese pluralismo empieza a ganar elecciones. La sentencia de la Corte Interamericana y el reconocimiento estatal de la responsabilidad son pasos indispensables, pero no bastan para desmontar la arquitectura híbrida —doctrina, impunidad, coaliciones regionales de élites armadas— que hizo posible el crimen. Esa arquitectura no fue derogada por sentencia. Sigue disponible.