La Uribe

El municipio en su geografía

La Uribe pertenece al departamento del Meta, al este de la cordillera Oriental, en una región que combina el piedemonte llanero con las estribaciones de la Serranía de La Macarena. El municipio fue creado en 1990, apenas meses antes de que su nombre entrara en el vocabulario nacional por razones distintas a las administrativas. Con 6.307 kilómetros cuadrados de superficie, es uno de los municipios más extensos del país y también uno de los menos poblados en proporción a su territorio: la cabecera municipal contaba con 1.313 habitantes y la zona rural con 6.545, una densidad ínfima para un territorio del tamaño de un departamento pequeño europeo.

Esa desproporción entre superficie y población no es una anomalía estadística: es la firma geográfica de la marginalidad. La Uribe se encuentra en el reverso de la cordillera, del lado que mira hacia los Llanos, en una franja donde los ríos que bajan de la montaña —el Duda entre ellos— cortan valles de selva húmeda y donde la Serranía de La Macarena impone su topografía singular, ese macizo aislado que el botánico Richard Evans Schultes había recorrido en 1951 y del que el comandante local de entonces lo instó a marcharse por su propia seguridad. Ya a mediados del siglo XX, el territorio era zona de nadie o zona de otros: cualquiera menos del Estado.

Villavicencio, la capital departamental con sus 273.511 habitantes, queda lejos en kilómetros y aún más lejos en presencia institucional. Entre la capital llanera y La Uribe se despliegan los municipios de Mesetas, Vista Hermosa y La Macarena, que en 1998 serían agrupados junto con San Vicente del Caguán, en Caquetá, para conformar la zona de despeje de los diálogos entre el gobierno Pastrana y las FARC. Esa zona sumaría entre 34.487 y 42.000 kilómetros cuadrados: un país dentro del país, y La Uribe otra vez en el corazón geográfico de la excepción.

Los orígenes: la colonización de una frontera abierta

La historia del municipio no puede contarse sin la historia mayor del Meta, y la historia del Meta es la de una frontera que el Estado colombiano nunca llegó a incorporar del todo. Durante los siglos coloniales, la fundación de San Martín y San Juan de los Llanos en el siglo XVI impulsó una ocupación ganadera de las sabanas, pero sin colonización efectiva: haciendas dispersas, pueblos indígenas replegados, presencia esporádica de misioneros y comerciantes. La llanura funcionaba como despensa de carne para el interior andino, no como territorio poblado.

Durante la República el patrón no cambió sustancialmente. Los Llanos Orientales recibieron en distintas políticas oficiales el carácter de frontera abierta e inhóspita, tierra para colonizar antes que territorio para gobernar. En 1850, un asentamiento llamado Gramalote, fundado por colonos campesinos que habían bajado desde Cundinamarca por trochas que descendían de la cordillera, fue oficialmente renombrado Villavicencio. Esa fundación por goteo campesino, sin plan ni concurso del Estado central, describe el modo en que se pobló toda la región: hombres y mujeres que desmontaban la selva a hacha y machete, sembraban plátano y maíz, y luego eran desplazados por compradores mayores que concentraban la tierra para ganadería extensiva. El colono pionero abría el monte; el hacendado llegaba después a redondear la propiedad. Al pequeño no le quedaba sino colonizar más lejos o regresar a Cundinamarca, Boyacá o Tolima con las manos vacías.

Ese ciclo estructural —colonización, desalojo, recolonización— se aceleró en los años cincuenta. La violencia partidista que devoraba el interior andino se derramó sobre los Llanos, y la población campesina se organizó en guerrillas móviles que operaron sobre todo en la llanura abierta. La represión, la desmovilización parcial durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y las oleadas migratorias sucesivas empujaron nuevos contingentes hacia el piedemonte y la zona del Ariari. Entre 1953 y 1958 se crearon seis nuevos municipios en el Meta: Cumaral, Puerto López y El Calvario en 1955; Granada y Guamal en 1956; San Martín en 1958. El mapa administrativo intentaba, tarde, atrapar una realidad demográfica que ya estaba en movimiento.

La Uribe pertenece a una generación posterior de ese proceso, la de los municipios que se erigieron cuando la colonización había alcanzado ya las zonas más recónditas del piedemonte, allí donde la cordillera se pliega sobre sí misma y donde el Estado, incluso reconociendo el territorio como entidad administrativa en 1990, no llegaba a establecer más que una alcaldía, una escuela y un puesto de salud precario. La palabra "presencia estatal" tenía en La Uribe el peso de un eufemismo.

La política de paz de Betancur y el camino a los acuerdos

En agosto de 1982, Belisario Betancur Cuartas se posesionó como presidente de Colombia con un programa de paz que rompía con la línea contrainsurgente de sus antecesores. Apenas tres meses después, el 19 de noviembre, expidió la Ley 35 de 1982, una amnistía amplia por delitos políticos —sedición y asonada— que benefició a guerrilleros de las FARC, el M-19, el ELN, el EPL, el PLA, la ORP y el ADO. Las cifras varían: el propio Betancur habló de unos 2.000 amnistiados, otras versiones reducen la cifra a cerca de 1.500. En cualquier caso, la ley abrió las cárceles y despejó el terreno legal para lo que venía después.

La Comisión de Paz, presidida por Otto Morales Benítez tras el reemplazo del expresidente Carlos Lleras Restrepo, empezó a moverse a finales de 1982 en múltiples frentes: contactos con las FARC, con el M-19, con la ADO. Morales Benítez terminaría renunciando a la presidencia de la comisión con una frase que resumía el diagnóstico del proceso: existían, dijo, "enemigos agazapados de la paz y la rehabilitación dentro y fuera del gobierno". Nunca precisó públicamente a quiénes se refería, pero la ambigüedad era en sí misma un mapa: los enemigos estaban en el gabinete, en el alto mando militar, en los gremios económicos, en las clases políticas regionales.

La resistencia se manifestaba en registros diversos. La ANDI, como voz gremial, mostró prevención y rechazo, aunque figuras individuales del empresariado —Alfredo Carvajal, Nicanor Restrepo— avalaron y participaron en las negociaciones. Ministros del propio gabinete manifestaban en privado su desacuerdo sin decírselo al presidente. Y en las Fuerzas Armadas, adiestradas por dos décadas para la destrucción de la guerrilla, la política de Betancur era leída como una capitulación. Ese fue el clima en el que la Comisión de Paz avanzó hacia el acuerdo con la organización más antigua y grande del catálogo insurgente colombiano.

El 28 de marzo de 1984

Los Acuerdos de La Uribe se firmaron el 28 de marzo de 1984 en el municipio metense, en un paraje que ya albergaba el campamento donde el secretariado de las FARC-EP tenía su sede. El texto contemplaba once puntos, y su arquitectura estaba diseñada para inaugurar una transición: de las armas a la política, de la guerra a la negociación.

El primer punto establecía un cese del fuego bilateral e indefinido a partir de la fecha de firma. Las FARC-EP, por su parte, condenaban y desautorizaban el secuestro, el chantaje y el terrorismo en todas sus formas. El acuerdo garantizaba a los miembros de la organización la posibilidad de organizarse política, económica y socialmente según su libre decisión, con estímulos otorgados por el Gobierno. Se contemplaba también que el Estado daría prelación en el Plan Nacional de Rehabilitación a los colombianos que habían padecido, directa o indirectamente, los estragos de la violencia. En un lenguaje más amplio, el Gobierno declaraba su voluntad de mejorar los niveles educativos, de salud, vivienda y empleo, y de modernizar las instituciones políticas para enriquecer la vida democrática. Las FARC, a su vez, señalaban el propósito de desmovilizar paulatinamente su estructura militar y transitar hacia un movimiento político legal.

Sobre el papel, era un pacto histórico. En la práctica, la debilidad del arreglo se reveló casi de inmediato. Betancur ordenó el cese de acciones ofensivas mediante una alocución televisada, pero nunca emitió un decreto que formalizara la tregua. Pocos días después, el ministro de Defensa encargado, general Miguel Vega Uribe, publicó una resolución cuyo mensaje central era que no existían territorios vedados para los soldados. En términos jurídicos, la orden del comandante en jefe quedaba suspendida por la interpretación del segundo escalón militar. En términos políticos, el Estado colombiano firmaba la paz sin poder imponerla a sus propios instrumentos de guerra.

Esa asimetría entre la firma del presidente y la conducta del alto mando marcó desde el primer día el destino de los acuerdos. El proceso no fue traicionado por un acto único de sabotaje: fue erosionado por la ausencia estructural de un mando civil efectivo sobre las Fuerzas Armadas, condición previa que ninguna paz negociada puede sortear.

Casa Verde: el campamento como capital

Al norte del municipio, en un paraje del piedemonte, funcionaba desde antes del acuerdo el campamento conocido como Casa Verde: sede del secretariado de las FARC-EP y centro de mando de la organización desde 1984. El nombre —modesto, casi doméstico— contrastaba con la centralidad estratégica del lugar. Allí despachaba Manuel Marulanda Vélez, conocido como Tirofijo, comandante fundador de las FARC desde los años sesenta. Allí se encontraba también Jacobo Arenas, el ideólogo del secretariado, arquitecto intelectual del acuerdo con Betancur.

Casa Verde funcionó como espacio de diálogo durante las negociaciones de 1984 y, después de la firma, como sede permanente del mando guerrillero. Su ubicación no era casual: la zona de límites entre Caquetá, Meta y Huila, en el área de La Uribe, constituía la retaguardia estratégica de las FARC-EP y su zona de movilidad más confiable a nivel nacional. Bloque Oriental, se le llamaría después: el corazón territorial de la organización, aunque el control nunca fue estable, ni siquiera en las mejores épocas.

Lo que la tregua permitió, desde el punto de vista guerrillero, fue proteger ese corazón de la acción militar del Estado mientras se avanzaba en el proceso político. Ese uso instrumental del acuerdo —convertirlo en escudo estratégico antes que en umbral de desmovilización— es la otra cara de la debilidad estatal que había firmado sin controlar a sus militares. Las FARC utilizaron el cese al fuego para fortalecer su capacidad, reclutar combatientes y expandirse políticamente mediante un movimiento legal, mientras mantenían públicamente el discurso de paz. Los dos firmantes negociaron con reservas mentales que hacían del texto un cascarón: el Estado no podía imponer su parte del trato, y las FARC no tenían intención de cumplir la suya.

La Unión Patriótica: la paz por otros medios y su exterminio

El fruto político más visible de los Acuerdos de La Uribe fue la Unión Patriótica, movimiento nacido el 28 de enero de 1985 como plataforma legal amplia, democrática y de oposición a los partidos tradicionales. La UP fue el instrumento con el que las FARC anunciaron el tránsito hacia la política, pero también operaba bajo la misma dirección que las estructuras armadas: el movimiento no era una escisión de la organización sino su prolongación civil, con la ambigüedad estratégica que eso implicaba.

El primer congreso de la UP se realizó en noviembre de 1985 con la participación de 3.245 delegados, cerrado el 16 de noviembre. Y para esa fecha, ya habían sido asesinados setenta militantes del movimiento en todo el país. El dato es escalofriante: antes de que el partido celebrara su congreso constitutivo, la violencia contra sus cuadros había cobrado setenta vidas.

En el Meta, epicentro geográfico del pacto, la lista de nombres empezó pronto. En febrero de 1985, Giovanni Parra fue asesinado en Villavicencio. El 29 de julio cayó Joaquim Ernesto Toro en Granada. El 22 de agosto, Misael Rodríguez en Vista Hermosa. El 30 de septiembre, Fabio López en Puerto Gaitán. Los cuatro eran campesinos de base: no dirigentes visibles, no congresistas, no figuras nacionales. Militantes locales que habían apostado por la política legal en un país donde la política legal, para los suyos, resultaba ser una sentencia. El exterminio no atacaba primero a la cúpula: comenzaba por los cimientos.

Pese a esa violencia, o quizá por el arraigo previo que la sustentaba, la UP logró en las elecciones de la época un resultado inédito para una izquierda colombiana: catorce congresistas, dieciocho diputados en once asambleas departamentales, 335 concejales en 187 concejos. La violencia contra el movimiento fue proporcional a su éxito: donde la UP crecía —Magdalena Medio, Meta, Caquetá, zonas con arraigo campesino y sindical—, allí caían sus militantes. Los perpetradores fueron grupos paramilitares, sectores de las Fuerzas Militares y mafias del narcotráfico, actuando sobre un flanco político que los Acuerdos de La Uribe habían abierto sin proteger.

Bernardo Jaramillo, presidente del movimiento, saldría del país tras un atentado y declararía que regresaría cuando el Gobierno le diera garantías. El regreso terminaría en un asesinato que forma parte del capítulo posterior de esta historia. Lo que La Uribe firmó en 1984 como puerta a la política legal se convirtió, en menos de una década, en el más largo y sistemático exterminio de un partido político en la historia reciente de América Latina.

La ruptura: del Palacio de Justicia al gobierno Barco

El proceso de paz de Betancur se rompió por múltiples fracturas simultáneas, pero la más visible fue la toma del Palacio de Justicia por el M-19 en noviembre de 1985 y su retoma militar. El desenlace —con la muerte de prácticamente todos los ocupantes, incluidos magistrados y guerrilleros— constituyó lo que algunos analistas describieron como un cuasi golpe de Estado: la orden de ataque no habría emanado del presidente, y su ejecución permitió a los militares recuperar la iniciativa en las políticas de defensa y seguridad. Tras el episodio, las manifestaciones a favor de la paz que habían caracterizado el mandato disminuyeron sensiblemente, y la iniciativa quedó muy debilitada.

Betancur enfrentaba entonces un dilema sin salida: no podía abandonar la búsqueda de la paz, que era el alma de su gobierno, pero tampoco podía desactivar la estructura bélica adiestrada para la destrucción de la guerrilla. Trabajó con lo que daba la tierra, sin lograr implantar una nueva política militar que sustituyera la orientación contrainsurgente preexistente. A esa parálisis se sumaban dos fuerzas externas al pacto original —el paramilitarismo en ascenso, el narcotráfico ya con proyección política y militar propia— que erosionaban la viabilidad de la paz al margen de cualquier voluntad presidencial.

Virgilio Barco Vargas ganó las elecciones del 25 de mayo de 1986 con una votación históricamente alta y se posesionó el 7 de agosto. Su gobierno centralizó los procesos de negociación y privilegió el diálogo con el M-19 sobre los otros grupos. La tregua con las FARC había pasado a ser, para entonces, una ficción compartida: ambos firmantes la mantenían nominalmente sin cumplirla en la práctica. En el Congreso, el ministro de Gobierno intentó reactivar los canales políticos, pero los debates se caracterizaron por la iracundia y el presidente terminó negociando directamente con los jefes políticos de la oposición.

Los Acuerdos de La Uribe, sin haber sido formalmente denunciados por ninguna de las partes, se vaciaron de contenido. Casa Verde seguía allí, en el municipio, y el secretariado seguía operando desde el campamento; pero el vínculo institucional con el Estado había perdido cualquier realidad efectiva. Lo que restaba era esperar el momento en que el equilibrio precario se rompiera.

El bombardeo de Casa Verde

Ese momento llegó el 9 de diciembre de 1990, día en que se celebraban las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Mientras los colombianos votaban por los delegados que redactarían una nueva Carta —proceso constituyente en el que las FARC, el ELN y la disidencia del EPL, agrupados en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, habían considerado necesaria una participación más amplia según lo planteado por Alfonso Cano en la I Cumbre de Comandantes "Jacobo Arenas"—, el Ejército colombiano atacaba Casa Verde en el municipio de La Uribe.

La simultaneidad no fue casual, y su lectura política tampoco es ambigua: en el mismo día en que el país escogía a los constituyentes que reformarían la Constitución de 1886, el Estado bombardeaba el centro de mando de una organización que había pedido participar en esa reforma. El mensaje era terminal.

Sobre la autoría del ataque persiste una fractura reveladora. Al menos una versión sostiene que los militares actuaron sin autorización presidencial, ilustrando la divergencia entre autoridades militares y civiles que había marcado el proceso desde 1984. Si esa versión es correcta, el bombardeo de Casa Verde no fue una decisión de Estado sino una decisión del alto mando militar, y el patrón que había vaciado los acuerdos —la ausencia de mando civil sobre las Fuerzas Armadas— culminaba en el acto que enterraba definitivamente cualquier posibilidad de diálogo.

El resultado, en cualquier caso, fue inequívoco. Poco después del ataque, se frustró casi por completo la posibilidad de diálogo con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. La paz que se había firmado en La Uribe seis años antes moría en La Uribe, con el mismo topónimo funcionando primero como firma y después como fecha de defunción.

Los altos mandos esperaban capturar o dar de baja a Manuel Marulanda Vélez en Casa Verde para obtener una posición ventajosa en las negociaciones. No lo lograron. Marulanda escapó, el secretariado se reorganizó, y las FARC entraron en la década de los noventa con la certeza de que el Estado colombiano no era interlocutor confiable. La organización se expandiría militarmente durante los años siguientes hasta alcanzar, a comienzos del nuevo siglo, su mayor tamaño histórico.

La huella: un topónimo doble

Después de 1990, La Uribe volvió al lugar del que había salido: la marginalidad, el silencio administrativo, la condición de municipio remoto en una región olvidada. Su nombre, sin embargo, quedó tatuado en el vocabulario político del país. Cuando en 1998 se estableció la zona de despeje para los diálogos entre el gobierno Pastrana y las FARC, La Uribe volvió a formar parte del territorio despejado —junto con Mesetas, La Macarena, Vista Hermosa y San Vicente del Caguán—, prolongando el ciclo: la periferia geográfica convertida, por segunda vez, en escenario de una paz negociada. Ese proceso también terminaría en fracaso el 21 de febrero de 2002.

El municipio contemporáneo carga con esa doble memoria. Es, por un lado, un territorio real: sus veredas, sus cultivos, sus quebradas, la Serranía de La Macarena al fondo, los campesinos que colonizaron el piedemonte huyendo de la violencia partidista y hoy resisten las secuelas de tres décadas de guerra. Es, por otro, un lugar-emblema: la palabra "La Uribe", pronunciada en cualquier contexto político colombiano, evoca simultáneamente la firma de 1984 y el bombardeo de 1990, la esperanza inaugural y su destrucción, la primera Unión Patriótica y sus muertos.

Esa dualidad —municipio de ocho mil habitantes, símbolo nacional de la paz fallida— sintetiza una paradoja mayor sobre el Estado colombiano y sus fronteras internas. La Uribe fue sede posible de los acuerdos precisamente porque el Estado nunca había estado allí: era territorio disponible para el diálogo porque no era territorio gobernado. Y el acuerdo fue imposible por la misma razón: un Estado que no controlaba el piedemonte llanero no podía cumplir los compromisos de rehabilitación, presencia institucional y garantías políticas que el texto firmado le exigía. La marginalidad que había permitido la negociación era, al mismo tiempo, la que la hacía inviable.

Cuando en 2016, en La Habana, el gobierno de Juan Manuel Santos firmó con las FARC-EP el Acuerdo Final que puso término a más de medio siglo de guerra, el nombre de La Uribe volvió a aparecer en la memoria pública como el primer eslabón de una cadena de intentos: 1984, 1990, 1998, 2002, 2016. En cada uno de esos jalones el municipio metense está presente, ya sea como escenario, como retaguardia o como cicatriz. Ningún otro topónimo colombiano condensa con esa intensidad la larga historia de la paz buscada y perdida, buscada de nuevo y firmada por fin, en un país donde firmar y cumplir nunca han sido, del todo, la misma cosa.