Alfonso Cano

Un cuadro urbano en una guerrilla campesina

Cano llegó a las FARC por la puerta de la Universidad Nacional de Colombia, no por la del monte. Esa procedencia lo marcó durante toda su vida guerrillera y lo distinguió de los cuadros fundadores, provenientes de la resistencia campesina liberal y comunista de los años cincuenta. Fue, dentro del Secretariado, el intelectual y el político: el hombre encargado de traducir la guerra a lenguaje, programa y estrategia negociadora.

Su formación política se produjo en un ambiente universitario donde el marxismo era más una atmósfera que una disciplina. Entre 1960 y 1965, la Universidad Nacional contaba con apenas tres profesores marxistas, ninguno de ellos en la facultad de Economía. La formación teórica de los estudiantes socialistas era complementaria a los estudios formales, sin el rigor con que se estudiaba la economía burguesa. La mayoría desconocía a Marx directamente: sus lecturas se limitaban al Manual de Economía Política de la Academia de Ciencias de la URSS y, sobre todo, a los textos surgidos de la Revolución Cubana. En el mejor de los casos, se acercaban al pensamiento marxista por vía de Paul Baran, Paul Sweezy u Oskar Lange. Sobre ese sustrato operaban dos fuerzas de atracción emocional: el trabajo político de la Juventud Comunista y el Partido Comunista, y el halo romántico que rodeaba entonces la figura del Che Guevara, transmitida por los militantes como emblema del compromiso revolucionario.

De ese ambiente salió Cano hacia el aparato del Partido Comunista Colombiano y, más tarde, hacia el brazo armado que este había ayudado a fundar en 1964 en Marquetalia. Era un tránsito reconocible en la izquierda de la época: la lectura política, muchas veces heredada del ámbito familiar, precedía al contacto formal con la militancia, y esta preparaba el paso al monte para una minoría. En su caso, el paso fue definitivo. Se incorporó a las FARC y ascendió, primero, dentro de su aparato de comunicaciones y formación política, hasta ocupar un asiento en el Secretariado Nacional, el órgano de siete miembros que dirigía colegiadamente la organización.

El reparto del poder en el Secretariado

Las FARC-EP funcionaban con una jerarquía estricta y una estructura de mando compleja. Por encima del Secretariado se encontraban las Conferencias, una suerte de asamblea general del movimiento que fijaba la línea estratégica. El Secretariado, colegiado y compuesto por siete miembros, tomaba las decisiones por votación; Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, era la figura de referencia histórica y simbólica, jefe por tradición más que por votación. Dentro de ese cuerpo colegiado operaba un reparto de funciones que resulta clave para entender el lugar de Cano: Jacobo Arenas ostentaba la concepción ideológica, Marulanda la militar, Jorge Briceño —el Mono Jojoy— representaba la línea fuerte armada y Cano tenía la concepción política. Ideología y política no eran sinónimos: la primera fijaba el marco doctrinario, marxista-leninista con inflexiones bolivarianas; la segunda se ocupaba de la relación con el país legal, con los partidos, con la eventualidad de una salida negociada.

Cuatro miembros del Secretariado comandaban además directamente los bloques de frentes en que se dividía territorialmente la organización. Cano dirigía el Bloque Central; el Mono Jojoy, el Oriental, corazón militar de las FARC en los llanos y el piedemonte; Joaquín Gómez, el Sur; Iván Márquez, el Noroccidental. Esa doble condición —jefe de bloque territorial y responsable político de toda la organización— lo obligaba a moverse permanentemente entre la retaguardia rural y las tareas de proyección política nacional.

La muerte de Jacobo Arenas, en los años noventa, y la de Marulanda, en 2008, dejaron a Cano como el heredero natural de la línea política e ideológica dentro del Secretariado. El Mono Jojoy, con su liderazgo brutal y su papel de símbolo del terror armado, encarnaba la vertiente opuesta: la de una guerra prolongada sostenida sobre la fuerza militar y las economías del secuestro y el narcotráfico. La tensión entre ambos polos —el político y el militar puro— atravesó la última década de las FARC y explica en buena parte por qué la organización llegó tarde, y desde la derrota, a la mesa de negociación.

De la Campaña Bolivariana a Tlaxcala

La huella política de Cano se remonta a los años ochenta, cuando en la Séptima Conferencia de las FARC, celebrada en 1982, la organización dio un giro estratégico decisivo. Allí se añadió al nombre la sigla "EP" —Ejército del Pueblo—, y la guerrilla pasó de una estructura defensiva a una organización ofensiva, con un plan orientado a tomar el poder en un plazo de ocho años. La Conferencia aprobó también la Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia, que orientó la expansión territorial y planteó explícitamente la "urbanización del conflicto armado": las FARC debían incidir en los centros urbanos para avanzar hacia la toma del poder, lo que se tradujo en la conformación de redes urbanas y frentes como el Frente Urbano Jacobo Arenas (Furja) en Medellín, y en la designación de Cundinamarca como punto estratégico en torno a Bogotá.

Ese proyecto —expansión, urbanización, cerco a la capital— era el terreno natural de Cano. El Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, brazo político clandestino derivado de aquella línea, tuvo en él a su principal vocero. El 5 de julio de 2000, en pleno proceso de paz del Caguán, El Tiempo publicó un artículo titulado "Alfonso Cano dice a qué aspira el Movimiento Bolivariano": era el modo en que la organización presentaba en público su proyecto político. Fue también el modo en que Cano se consolidó como la cara del proyecto no militar de las FARC.

Casi una década antes, ya lo había sido en un escenario internacional. El 14 de mayo de 1992, Cano firmó desde Tlaxcala, México, una carta dirigida a Fidel Castro. Participaba entonces en las conversaciones de paz con el gobierno de César Gaviria, que habían comenzado tras el asalto militar a Casa Verde —el centro de mando histórico de las FARC en La Uribe, Meta— y que se desarrollaron sucesivamente en Caracas y Tlaxcala. La carta agradecía la atención recibida en La Habana el año anterior, durante una visita de Cano y otros compañeros guerrilleros a Cuba. Aquellos diálogos naufragaron sin acuerdo, pero fijaron una constante: Cano fue el rostro negociador de las FARC en todos los intentos de salida política, desde Tlaxcala hasta los diálogos exploratorios con Santos.

Entre uno y otro medió el proceso del Caguán, entre 2000 y 2002, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, con su zona de despeje de más de 42.000 kilómetros cuadrados en el Caquetá y el Meta. El fracaso de esas conversaciones marcó el fin de una era: llevó al poder a Álvaro Uribe Vélez en 2002 con un mandato de derrota militar de la guerrilla y desencadenó ocho años de ofensiva estatal sostenida. Durante ese ciclo, la línea política de Cano quedó reducida a supervivencia y clandestinidad; la iniciativa la tenían el Mono Jojoy en el terreno y las Fuerzas Armadas en la persecución.

El año que cambió todo: 2008

El 2008 fue el año en que las FARC dejaron de ser la organización que habían sido durante cuatro décadas. El 1 de marzo, en un campamento situado una milla dentro del territorio ecuatoriano, un bombardeo del Ejército colombiano dio muerte a Raúl Reyes, jefe diplomático de la guerrilla y miembro del Secretariado. Dos días después, el 3 de marzo, Iván Ríos —también miembro del Secretariado— fue asesinado por sus propias tropas, al parecer luego de negarse a permitirles cocinar por temor a que el humo revelara su posición: sus hombres le cortaron la mano y la entregaron al Ejército como prueba, a cambio de la recompensa. El 22 de marzo, en algún lugar de su retaguardia, Manuel Marulanda Vélez murió de una falla cardíaca. Según el comunicado oficial de las FARC, murió rodeado de su compañera, su guardia personal y las unidades de seguridad, tras una breve enfermedad. La única de las tres muertes que no fue producto de una operación militar era, paradójicamente, la más pesada simbólicamente: se iba el fundador.

En julio, para cerrar el annus horribilis, la Operación Jaque permitió la liberación sin disparos de Íngrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y once miembros de la fuerza pública que las FARC mantenían secuestrados. Cuatro golpes en cinco meses, tres militares y uno biológico, decapitaron la organización.

Fue en ese contexto que el Secretariado, según el comunicado oficial de la guerrilla, acordó unánimemente designar a Alfonso Cano como nuevo comandante del Estado Mayor Central y jefe del Secretariado en sustitución de Marulanda. Se incorporó como miembro pleno a Pablo Catatumbo y como suplentes a Bertulfo Álvarez y otros cuadros. El heredero político de Marulanda asumía la comandancia máxima en el peor momento estratégico de la historia de la organización.

Cano se desplazó ese mismo año al norte del Cauca. La elección del territorio no fue casual: allí las FARC contaban con un área base bien estructurada, redes de milicias fuertes y un terreno difícil e inhóspito que dificultaba las operaciones militares. Era, además, una zona donde el Bloque Occidental ejercía influencia estable. Sería también el lugar donde moriría tres años más tarde.

La cacería

Entre 2007 y 2011, las Fuerzas Militares colombianas concentraron un esfuerzo sostenido sobre el norte del Cauca y el sur del Tolima con un objetivo declarado: neutralizar a Alfonso Cano. La operación combinó inteligencia, presión terrestre y masivo poder aéreo. En distintas fases, el Ejército llegó a desplegar casi 6.000 hombres entre el Huila y el sur del Tolima; posteriormente, más de 10.000 soldados en el Cauca. Se ejecutaron 252 asaltos aéreos, con participación de prácticamente toda la aviación militar del Ejército.

La respuesta guerrillera fue el sembrado masivo de minas antipersonal. La concentración de minas en el norte del Cauca y el sur del Tolima durante ese quinquenio guarda relación directa con la cacería a Cano: eran el escudo pasivo con que las FARC intentaban ralentizar las columnas y proteger los anillos de seguridad del comandante. La consecuencia, medida en el largo plazo, fue devastadora para la población civil: el repliegue del conflicto hacia la retaguardia estratégica de las FARC durante el tercer periodo del conflicto (2006-2016) implicó un desplazamiento geográfico de la victimización por minas antipersonal que alcanzó a 314 municipios.

Cano intentó, en un principio, forzar el desplazamiento del dispositivo militar del sur del Tolima al Huila para regresar a Marquetalia, el santuario original de las FARC. Al comprobar que no podía hacerlo, la organización tomó la decisión de moverlo hacia el Cauca. Fue un repliegue, no una maniobra ofensiva. La cabeza política de las FARC pasó los últimos tres años de su vida esquivando cercos, cambiando de campamento y sosteniendo la comandancia por radio y por comunicaciones cifradas mientras el Ejército estrechaba el círculo.

Odiseo

El 4 de noviembre de 2011, la Operación Odiseo dio con el campamento de Cano en jurisdicción del municipio de Suárez, Cauca. Guillermo León Sáenz Vargas murió allí. Se convirtió en el primer máximo comandante en la historia de las FARC en caer abatido por la fuerza pública colombiana. La operación fue precedida un año antes, en septiembre de 2010, por la Operación Sodoma, que había dado muerte al Mono Jojoy y a unos 20 guerrilleros de su primer anillo de seguridad, con 30 aviones y helicópteros y doce toneladas y media de bombas descargadas sobre su campamento. Odiseo y Sodoma constituyeron, juntas, la apoteosis de la política de golpes a la cúpula iniciada con la muerte de Reyes en 2008.

Las circunstancias específicas de la muerte de Cano quedaron rodeadas de controversia. Pocos días después de la operación, el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, denunció que Cano había sido "fusilado". Exintegrantes de las FARC-EP sostuvieron que fue ejecutado en condición de indefensión; la fuerza pública lo negó. Al momento de la operación, según se estableció, Cano no se encontraba armado ni en posición de combate, lo que abrió el interrogante sobre si pudo haber sido capturado en lugar de abatido. La cuestión nunca se resolvió del todo en términos jurídicos.

Hay, sin embargo, un elemento decisivo que ilumina la operación y que explica su peso histórico: Santos tomó la decisión de ejecutarla de manera absolutamente solitaria. Y lo hizo cuando ya se habían celebrado tres encuentros exploratorios con delegados de las FARC —uno en zona fronteriza y dos en la isla de Orchila, en Venezuela— y se coordinaba el inicio de los diálogos formales en La Habana. Es decir: el presidente ordenó matar al hombre con quien acababa de abrir la puerta secreta de la paz. Ante la Comisión de la Verdad, Santos declaró que la muerte de Cano fue fundamental para las Fuerzas Armadas.

Esa doble jugada —abrir el canal y ordenar la operación— define la estrategia santista. Como ministro de Defensa desde 2006 bajo Uribe, Santos había supervisado directamente los golpes a Reyes y al Mono Jojoy, y llegó a la presidencia en 2010 con la intención declarada de continuar esa supervisión. La destrucción de la dirigencia de las FARC en sus niveles más altos y la apertura de un backchannel de negociación no eran caminos alternativos sino complementarios: la presión militar era la palanca que forzaría a la guerrilla a aceptar términos. Cano fue, a la vez, el interlocutor y el objetivo.

Las cuatro derrotas

La muerte de Cano, contra lo que podía haberse temido, no interrumpió el proceso de paz. Diez meses después, en septiembre de 2012, Santos anunció públicamente el inicio de negociaciones formales con las FARC, y el 26 de agosto ya se había suscrito un documento formal —el Acuerdo General— que establecía las condiciones del proceso, las reglas de negociación y los cinco temas que se abordarían. Las negociaciones se lanzaron oficialmente en Oslo y se trasladaron a La Habana, con Cuba y Noruega como países garantes.

¿Por qué la muerte del comandante no descarriló la mesa que él mismo había abierto? Porque las FARC llegaron a La Habana bajo la presión simultánea de varias derrotas encadenadas. La militar era evidente: la organización se había reducido a unos 8.000 combatientes hacia 2012, tras años de bajas y desmovilizaciones de frentes enteros. Estaba obligada a un repliegue estratégico, retirándose de los territorios donde se produce la mayor parte de la riqueza del país e internándose en zonas selváticas, buscando enquistarse sin exponerse a nuevas operaciones expansivas. La derrota organizacional era igualmente pesada: Reyes, jefe diplomático, muerto en 2008; el Mono Jojoy, leyenda militar de la organización, muerto en 2010; Cano, heredero político de Marulanda, muerto en 2011. Tres miembros del Secretariado eliminados en tres años.

En ese cuadro, la eliminación de Cano operó de manera contraintuitiva. En vida, su figura concentraba la presión militar y bloqueaba, por su propio peso simbólico, cualquier negociación desde una posición sostenible: era el arquitecto de la línea política, pero también un objetivo prioritario cuyo mantenimiento con vida obligaba a las FARC a movilizar recursos crecientes en su defensa. Muerto, dejó el mando en manos de Timoleón Jiménez —Timochenko—, cuadro con menos peso propio, encabezando una organización tan debilitada que ya no podía negarse a negociar desde la derrota. La cabeza política había muerto, pero la línea política sobrevivió, y sobrevivió porque no había ya alternativa armada viable.

El anuncio de las negociaciones en agosto de 2012 fue recibido con optimismo internacional, pero en el terreno la guerra continuó. En Arauca se registró un aumento de ataques y enfrentamientos armados en esos meses, en una lógica reconocida por todas las partes: nadie quiere negociar desde una posición de debilidad, y la escalada de acciones militares durante las conversaciones formaba parte de la propia dinámica de la mesa.

La red y las contradicciones

La trayectoria de Cano se cruzó con las principales figuras de la izquierda armada y legal colombiana de las últimas cuatro décadas. En el Secretariado convivió con Marulanda y Arenas, los fundadores; con Reyes, el diplomático; con el Mono Jojoy, el jefe militar; con Iván Márquez, Joaquín Gómez, Pablo Catatumbo. En las mesas de negociación fue interlocutor de emisarios de Gaviria, Pastrana y Santos, y sostuvo, desde Tlaxcala, comunicación con Fidel Castro y con la diplomacia cubana que terminaría acogiendo, dos décadas después, la mesa que él mismo abrió en secreto.

En los márgenes de esa red se movía la Unión Patriótica —el partido legal fundado en 1985 tras los acuerdos de La Uribe entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur—, cuyos dirigentes principales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, fueron asesinados en 1987 y 1990 respectivamente, en el marco del exterminio sistemático del movimiento. La experiencia de la UP marcó de manera determinante a Cano y a toda una generación de la comandancia: mostró que la apuesta por una salida política podía convertirse, en la Colombia de los años ochenta y noventa, en una sentencia de muerte para miles de militantes. Ese trauma pesó en cada intento de negociación posterior y explica en parte la reticencia de las FARC a repetir el experimento de la desmovilización sin garantías.

La contradicción central de la trayectoria de Cano fue la que atravesó toda la historia tardía de las FARC: la brecha entre la línea política urbana-bolivariana heredada de la Séptima Conferencia y la realidad material de una organización cuya supervivencia dependía cada vez más de la retaguardia rural, de las economías del secuestro y del narcotráfico. La Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia había planteado la urbanización del conflicto y el cerco a la capital; la realidad de las FARC en 2011 era la de un repliegue hacia zonas selváticas, con un comandante en jefe escondido en el Cauca mientras el Ejército desplegaba 10.000 hombres en su búsqueda. Cano encarnó, en su propia biografía, la distancia entre el proyecto político y las condiciones materiales de la guerra.

Huella

El Bloque Occidental de las FARC-EP fue renombrado tras su muerte "Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano", según consta en documentos posteriores de la Fiscalía General de la Nación. En la memoria interna de la organización quedó como el último gran cuadro político, el heredero de Arenas y Marulanda en la vocación de darle a las FARC un lenguaje más allá del fusil. En la memoria pública colombiana su lugar es más ambiguo: para unos, el símbolo de una guerrilla que finalmente aceptó negociar; para otros, un jefe terrorista más, cuya muerte fue una victoria del Estado. Para el proceso de paz que culminó en el Acuerdo de 2016, fue algo distinto y más preciso: la cabeza política que abrió el canal y cuya eliminación, ejecutada por el mismo gobierno con el que había iniciado ese canal, terminó por hacer irreversible el camino a La Habana.

La Operación Odiseo no tuvo el impacto simbólico inmediato de los primeros golpes del gobierno Uribe. A diferencia de aquellas operaciones, que acrecentaron significativamente la popularidad presidencial y la percepción internacional del país, Sodoma y Odiseo no generaron un efecto comparable en el riesgo soberano de Colombia ni en los indicadores de aprobación. La razón es histórica: cuando cayó Cano, las FARC ya no eran percibidas como una amenaza estratégica al Estado. Habían sido derrotadas, aunque no vencidas del todo, y su comandante en jefe era, para entonces, más un objetivo militar residual que el jefe de una insurgencia con capacidad de desafiar al régimen.

Ese es, quizá, el juicio más exacto sobre Alfonso Cano. Su muerte fue condición necesaria del proceso de paz —eliminó al único cuadro con legitimidad interna para encabezar una negociación en términos no capitulatorios y, al mismo tiempo, dejó a las FARC sin margen para rechazar la mesa—, pero no fue causa suficiente. Solo funcionó como detonante porque coincidió con un colapso organizacional más amplio que hacía inviable la continuidad armada. Sin esa red de derrotas simultáneas, la operación de Suárez habría sido un golpe más; con ella, se convirtió en el umbral hacia La Habana. La historia lo registrará por esa doble condición: arquitecto secreto del proceso y objetivo militar del gobierno que lo abrió. Los dos hechos son verdaderos al mismo tiempo, y esa es la clave de su lugar en la historia de Colombia.