Seguridad Democrática (2002–2016)

Seguridad Democrática (2002-2016)

Entre el 7 de agosto de 2002 —cuando Álvaro Uribe Vélez se posesionó bajo el estruendo de morteros que las FARC lanzaron sobre el Palacio de Nariño— y el 24 de noviembre de 2016 —cuando Juan Manuel Santos firmó en el Teatro Colón el Acuerdo Final con esa misma guerrilla—, Colombia vivió catorce años bajo la sombra larga de una política que fue más que una estrategia de seguridad: fue una refundación del Estado bajo lógica contrainsurgente. La Seguridad Democrática duplicó el pie de fuerza pública, redujo a las FARC de organización con pretensión insurreccional a una guerrilla de ocho mil combatientes replegada en la selva, y devolvió al Estado el control de territorios perdidos durante décadas. Lo hizo al precio de 6.402 civiles ejecutados y presentados como bajas en combate, de un aparato de inteligencia convertido en herramienta de espionaje contra opositores, magistrados y periodistas, y de un Congreso donde 107 legisladores fueron investigados por alianzas con paramilitares. El período se cierra con una paradoja que sigue marcando a la Colombia contemporánea: fue el éxito militar de esa política —y no el escándalo de sus excesos— lo que permitió a su sucesor abandonar la doctrina para negociar en La Habana la paz que el Caguán había demostrado imposible.

La Política de Seguridad Democrática, doctrina central de los dos gobiernos de Uribe entre 2002 y 2010, invirtió la lógica que había regido la administración de Andrés Pastrana. Donde el Caguán había ensayado la negociación con las FARC desde una posición de debilidad militar del Estado —una guerrilla que operaba con ventaja y usaba los diálogos para fortalecerse—, Uribe planteó la primacía de la confrontación armada y la recuperación territorial como condición previa a cualquier salida política. Cuatro objetivos estratégicos organizaban la doctrina, entre ellos la consolidación del control territorial del Estado y la eliminación del narcotráfico y los cultivos ilícitos, con un principio operativo novedoso: por primera vez, todo el aparato estatal —no solo la fuerza pública— quedaba involucrado en el combate a los grupos armados ilegales.

El giro discursivo fue tan decisivo como el militar. Bajo la Seguridad Democrática, las guerrillas dejaron de ser tratadas como actores políticos de un conflicto armado interno para ser caracterizadas como organizaciones narcoterroristas, categoría alineada con la política estadounidense posterior al 11 de septiembre de 2001. No hubo, en rigor, conflicto armado durante los ocho años de Uribe: hubo una amenaza terrorista contra una democracia legítima. Esa clasificación tenía consecuencias jurídicas y morales: excluía el reconocimiento de beligerancia, deslegitimaba cualquier agenda de reforma social como precondición de la paz y habilitaba herramientas antiterroristas de excepción.

La continuidad, sin embargo, pesa tanto como la ruptura. La modernización militar colombiana había empezado antes de 2002, con la reforma de los noventa que elevó el gasto en seguridad y defensa del 1% al 2,3% del PIB, y sobre todo con el Plan Colombia negociado por Pastrana con la administración de Bill Clinton en los últimos días de 1999. Ese plan —7.500 millones de dólares en seis años, de los cuales Estados Unidos aportó 3.500 millones y Colombia 4.000— convirtió al país en el tercer receptor mundial de ayuda exterior estadounidense, solo detrás de Israel y Egipto, y estableció desde su origen la simbiosis entre lucha antinarcóticos y contrainsurgencia. La Seguridad Democrática no inventó esa arquitectura: la aceleró, la radicalizó y le dio marco doctrinario.

Financiar la empresa exigió una movilización fiscal sin precedentes. En 2002, Uribe estableció un impuesto de guerra que recaudó 240 millones de dólares, complementados con 253 millones de ayuda militar por vía del Plan Colombia. El gasto en seguridad y defensa alcanzó el 3,5% del PIB a finales de 2002 y superó el 4,7% durante los años siguientes, cifra aplaudida por los analistas financieros internacionales como condición para la inversión y el crédito. Ese crecimiento presupuestal se tradujo en músculo institucional visible. Entre 2002 y 2010 la Policía Nacional creció de 110.000 a 160.000 efectivos; las Fuerzas Militares, de 203.000 a 270.000. Colombia se convirtió en el país latinoamericano con mayor cobertura de fuerza pública por habitante —881 uniformados por cada 100.000— solo superado por Bolivia. Nunca antes tantos colombianos habían vestido uniforme.

El despliegue vino acompañado de un marco jurídico de excepción. El Decreto 2002 de 2002, expedido pocas semanas después de la posesión, otorgó facultades extraordinarias a la fuerza pública, pero fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en noviembre de ese mismo año. La respuesta del gobierno fue reformar la Constitución: el Estatuto Antiterrorista, aprobado en diciembre de 2003, concedió a las Fuerzas Militares facultades de policía judicial, capturas, allanamientos e interceptación de comunicaciones. La lógica era clara: si el poder judicial obstaculizaba la excepcionalidad por vía legal, había que anclarla en la Constitución misma.

La Seguridad Democrática movilizó también un componente civil. El gobierno construyó una red masiva de cooperantes e informantes que involucraba a la ciudadanía en la vigilancia del territorio, borrando la frontera entre combatiente y no combatiente que el derecho internacional humanitario había fijado como base de sus protecciones. Presentado como fortalecimiento del vínculo Estado-sociedad, ese componente sería después uno de los reproches más duros: la estigmatización sistemática de pobladores rurales como base social de la guerrilla convirtió a comunidades enteras en blanco militar legítimo desde la óptica operativa de la tropa.

La ofensiva militar central del primer mandato fue el Plan Patriota, lanzado en 2003. Fue la operación contraguerrillera más grande desde los años sesenta y se desplegó en los llanos del Yarí y a lo largo del río Caguán, apuntando al corazón de la retaguardia estratégica de las FARC: los Bloques Sur y Oriental, responsables del grueso de los recursos derivados de la producción ilegal de coca. La operación empujó a la guerrilla hacia posiciones selváticas más profundas, le hizo perder territorios y control económico, pero no logró desarticularla ni abatir a sus principales comandantes durante su desarrollo. El costo para el Ejército fue alto: 570 muertos y 1.300 heridos reconocidos hasta 2007, víctimas en buena medida de la respuesta asimétrica de una guerrilla que se replegó apoyándose en campos minados, trampas, francotiradores y emboscadas.

Paralelamente, en el centro del país, la Operación Libertad I —desplegada sobre las provincias cundinamarquesas de Oriente, Gualivá, Rionegro y Sumapaz— logró desplazar al 90% de las estructuras de las FARC en Cundinamarca. Bogotá, cercada durante los años del Caguán por frentes guerrilleros que llegaban hasta sus bordes rurales, recuperó una franja de seguridad que no tenía desde los ochenta.

El punto de inflexión llegó en 2008, año que las FARC recordarían como su annus horribilis. En marzo, el bombardeo colombiano sobre un campamento situado en Angostura, en territorio ecuatoriano, abatió a Raúl Reyes, miembro del Secretariado y uno de los interlocutores internacionales de la organización. La operación provocó una crisis diplomática con Ecuador y con Venezuela, cuyo presidente Hugo Chávez movilizó tropas a la frontera. Días después, Iván Ríos, también del Secretariado, fue asesinado por su propio lugarteniente, alias Rojas, que le cortó una mano para probar el hecho y acogerse a la desmovilización. Semanas más tarde murió, por causas naturales, Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, fundador y comandante máximo de la organización desde los años sesenta. En julio, la Operación Jaque liberó sin disparar un tiro a Ingrid Betancourt y a otros catorce secuestrados de alto valor. Las FARC perdieron en meses tres figuras de la primera línea y su carta política más visible.

Los golpes continuaron bajo Santos. En septiembre de 2010, la Operación Sodoma abatió a Víctor Julio Suárez, alias Mono Jojoy, comandante militar del Bloque Oriental y jefe operacional de la guerra. En noviembre de 2011, la Operación Odiseo dio de baja en Suárez, Cauca, a Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, sucesor de Marulanda y máximo comandante de la organización. Para 2012, las FARC se habían reducido a unos 8.000 combatientes, replegados hacia zonas selváticas y hacia las fronteras nacionales. El debilitamiento fue producto sobre todo del salto en inteligencia militar —tecnología, interceptación, infiltración— más que de las grandes operaciones convencionales al estilo del Plan Patriota, cuyas bajas fueron mayoritariamente de mandos medios fácilmente reemplazables. Pero la suma acumulada de golpes sobre el Secretariado, la pérdida de territorio, la desaceleración del reclutamiento y el aumento de deserciones configuraron una crisis de la que la organización no lograría recuperarse.

Al mismo tiempo que golpeaba a las FARC, el gobierno Uribe negoció la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. El proceso arrancó en Santa Fe de Ralito en julio de 2003, cuando el Acuerdo entre el Gobierno y las AUC formalizó el compromiso paramilitar de entregar la totalidad de sus miembros. La primera desmovilización colectiva ocurrió el 25 de noviembre de 2003 con el Bloque Cacique Nutibara en Medellín; la última, el 15 de agosto de 2006 con el Bloque Elmer Cárdenas. En 38 actos colectivos se desmovilizaron 31.689 integrantes. La Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, fijó el marco jurídico: penas alternativas de entre cinco y ocho años a cambio de verdad, justicia y reparación.

El proceso arrastró desde el inicio la sombra del narcotráfico. Durante las negociaciones en Ralito se comprobó la presencia de figuras del narcotráfico puro, como los mellizos Mejía, sentados en la mesa como si fueran comandantes con proyecto contrainsurgente, en un escándalo que evidenció hasta qué punto la frontera entre paramilitarismo y narcotráfico se había disuelto. En las versiones libres posteriores hubo poca verdad real: los comandantes tendieron a construir una representación heroica de sí mismos más que a relatar los hechos cometidos, y los delitos de despojo de tierras —usurpación, invasión, desplazamiento forzado— aparecieron mencionados con frecuencia sensiblemente menor que otros crímenes, indicio de un subregistro sistemático de la dimensión territorial del paramilitarismo.

Fue en 2006, con las revelaciones que dieron inicio al escándalo de la parapolítica, cuando quedó al descubierto la trama profunda de esa alianza. El Pacto de Santa Fe de Ralito —distinto del acuerdo de 2003— había sido firmado por líderes de las AUC como Jorge 40 y por destacados políticos regionales para acordar la "refundación del país". No era un pacto electoral aislado: era la formalización de una estrategia por la cual los paramilitares convertían el control territorial —recaudo de impuestos, administración de justicia, monopolio de la violencia local— en influencia electoral nacional. La Corte Suprema de Justicia asumió el liderazgo de las investigaciones. Entre noviembre de 2006 y julio de 2008, 65 congresistas elegidos en 2006 estaban bajo arresto o investigación por vínculos con paramilitares, entre ellos Dilian Francisca Toro, expresidenta del Senado. En el balance final, 107 congresistas fueron procesados, al menos 21 fueron condenados, cayeron también tres gobernadores y otros 16 procesados, y los partidos uribistas concentraron a 84 de los legisladores salpicados. En marzo de 2010, el exsenador Álvaro Araújo Castro fue condenado a nueve años y tres meses de prisión por haber conspirado con Jorge 40 para ganar escaños en 2002. La impunidad, con todo, resultó tenaz: hasta mayo de 2013, ningún congresista condenado por parapolítica había pagado las multas judiciales impuestas, y varios firmantes del Pacto de Ralito fueron absueltos porque los tribunales estimaron insuficiente como prueba la sola firma del documento.

Las revelaciones alcanzaron su punto máximo en 2007, con la amenaza de una crisis institucional sin precedentes. En ese contexto, el 13 de mayo de 2008, el gobierno Uribe levantó sorpresivamente la suspensión de extradición y ordenó el traslado inmediato a Estados Unidos de Salvatore Mancuso, Jorge 40, Don Berna y once cabecillas más. La decisión reflejó una pugna interna en Washington: la DEA y el Departamento de Justicia exigían la extradición inmediata; la CIA y el Departamento de Estado pedían posponerla hasta terminar la desmovilización. Prevalecieron los primeros. Los jefes paramilitares extraditados pasaron a responder por narcotráfico en tribunales estadounidenses, con lo cual sus procesos de verdad y reparación en Colombia quedaron severamente limitados. Los propios comandantes protestaron: consideraron que el gobierno había incumplido los acuerdos en aspectos clave —empleo para combatientes, garantías de seguridad para sus familias y, sobre todo, la protección frente a la extradición.

El costo humano más severo de la Seguridad Democrática no ocurrió en combate. Entre 2002 y 2008, al menos 6.402 civiles fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado y presentados como bajas en combate. Esa cifra representa el 78% del total de esa violación de derechos humanos a lo largo de todo el conflicto armado colombiano, concentrada en apenas seis años.

El modus operandi siguió un patrón repetido. Reclutadores civiles engañaban a jóvenes desempleados —muchos de ellos de Soacha, en el sur de Bogotá, cuyos casos estallaron mediáticamente en 2008— con ofertas de trabajo en regiones lejanas. Los jóvenes eran trasladados, en algunos casos a Ocaña, en Norte de Santander, asesinados poco después de llegar, vestidos con uniformes de camuflado, provistos de armas no convencionales y presentados como guerrilleros o paramilitares abatidos. Los soldados y oficiales responsables recibían recompensas monetarias, permisos, ascensos y condecoraciones. La práctica tenía incluso enseñanza formal: en la Escuela Militar se transmitía el uso del "kit de legalización" —armamento adicional, ropa de camuflaje— para encubrir muertes de civiles y presentarlas como bajas legítimas.

El Relator Especial de la ONU Philip Alston, tras su visita a Colombia, señaló que la presión por resultados cuantitativos —el conteo de bajas como métrica de éxito operacional— podría haber alentado los falsos positivos, aunque precisó no haber encontrado evidencia de que el presidente los ordenara directamente ni de que constituyeran política oficial de gobierno. La Fiscal de la Corte Penal Internacional fue más allá: consideró que la práctica, por su magnitud y carácter metódico, equivalía a un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, esto es, a un crimen de lesa humanidad. No hizo falta una orden explícita: bastó un régimen de incentivos que premiaba las bajas sin discriminar su origen, en un marco doctrinario donde el enemigo era categoría porosa y el pobre rural, sospechoso estructural.

La misma lógica de excepción que había premiado la baja civil como enemigo abatido operó, en otro frente, contra los adversarios políticos del gobierno. El Departamento Administrativo de Seguridad, agencia de inteligencia adscrita directamente a la Presidencia, se convirtió en herramienta de espionaje. Durante los años Uribe, el DAS realizó interceptaciones ilegales —"chuzadas"— contra periodistas, magistrados, políticos de oposición y defensores de derechos humanos. Uno de los blancos principales fue el magistrado auxiliar Iván Velásquez, quien lideraba desde la Corte Suprema las investigaciones de parapolítica.

El periodista Daniel Coronell lo denunció con nombres y fechas: las chuzadas coincidían con etapas de desprestigio y amenazas contra los periodistas vigilados. La vigilancia estatal alimentaba campañas paralelas de deslegitimación. El presidente Uribe calificó públicamente a Coronell de "mentiroso" y "miserable", con el efecto previsible de multiplicar las amenazas sobre él y sobre otros comunicadores en posición crítica. El DAS bajo la dirección de Jorge Noguera Cotes —nombrado por Uribe con rango de ministro de Estado— habría entregado información a estructuras paramilitares, incluyendo presuntamente listas de sindicalistas y opositores. Funcionarios como Rafael García Torres habrían borrado expedientes de narcoparamilitares de las bases institucionales.

Noguera fue condenado en 2011 por concierto para delinquir agravado con paramilitares y, más grave aún, como autor mediato del homicidio del sociólogo Alfredo Correa de Andreis, crimen ordenado junto con Jorge 40. Un director de agencia de inteligencia con rango ministerial, nombrado por el presidente de la República, quedó condenado por participar en el asesinato de un académico. Cuando en 2009 se divulgaron audios de interceptaciones contra Velásquez, Uribe anunció la liquidación del DAS. La agencia fue efectivamente reemplazada en 2012, ya bajo Santos.

El conflicto se libró sobre poblaciones concretas y en regiones concretas. Entre 2002 y 2016, en Antioquia se registraron 12.447 casos de asesinatos selectivos, 1.211 muertos en masacres y 6.610 víctimas de desaparición forzada. En el sur de Córdoba, 576 asesinatos selectivos, 117 muertos en masacres y 410 desaparecidos. En el Bajo Atrato, 127 asesinatos selectivos y 70 víctimas en masacres. La búsqueda nacional de personas desaparecidas superó los 110.000 casos, con concentración en pueblos indígenas y comunidades afro del Cauca, Guaviare, Pacífico, La Guajira y Soacha.

Los Montes de María, en la costa Caribe, condensan la relación entre despojo, paramilitarismo y economía política del conflicto. Aproximadamente 460.000 familias campesinas fueron desplazadas de la región. En el vacío dejado por el desplazamiento, empresarios y sociedades vinculadas al agronegocio adquirieron predios en condiciones irregulares —compras masivas por debajo del valor comercial, aprovechamiento del miedo y del abandono. En la vereda Las Pavas, en el sur de Bolívar, comunidades campesinas retornadas se enfrentaron durante años a la empresa palmicultora Aportes San Isidro por la titularidad de tierras despojadas bajo el dominio del Bloque Central Bolívar de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. La intervención de la Superintendencia de Notariado y Registro terminó revelando el patrón regional y llevó a destituciones de funcionarios. Allí se vio con transparencia poco habitual que el paramilitarismo no era solo violencia por cuenta ajena: era una empresa territorial ligada a intereses económicos —narcotráfico, ganadería extensiva, palma— que la estrategia contrainsurgente hizo posible.

Las comunidades indígenas y afrodescendientes cargaron un peso desproporcionado: homicidios de líderes y comuneros perpetrados por guerrillas, paramilitares y fuerza pública; desplazamientos masivos en la Amazonía y el Cauca; estigmatización sistemática de pobladores rurales como base social insurgente. La Operación Plan Patriota y otras ofensivas se asociaron directamente con desplazamientos masivos, masacres y desapariciones. Agentes de la fuerza pública actuaron entre 2000 y 2002 de manera premeditada en contravía de los derechos humanos, favoreciendo la consolidación de grupos paramilitares mediante suministro de información, omisión de denuncias y actuación mancomunada en incursiones territoriales.

La Seguridad Democrática se sostuvo sobre una base económica que la memoria oficial suele dejar en penumbra. La crisis de 1998-2002 —con una caída del PIB del 4,2% en 1999 y desempleo hasta del 19,5%— había dejado al país en fragilidad extrema. Bajo Uribe, la economía se recuperó, los secuestros cayeron de un pico de 3.550 en el año 2000 a 1.500 en 2010, y la confianza inversora regresó a un país que había expulsado capitales durante los noventa. La minería y la bioenergía atrajeron flujos que cinco años antes habrían parecido inimaginables.

Pero la bonanza tenía padres múltiples. Buena parte del auge se explica por factores externos: los altos precios internacionales del petróleo, el carbón y el café, el aumento sostenido de las remesas y la revaluación del peso. Colombia se transformó en exportador neto de energía, con el petróleo y el carbón convertidos en piezas centrales de las exportaciones y de las finanzas públicas. Se cuajó entonces una coalición política tácita: élites urbanas y empresariales que toleraron —o ignoraron— los excesos de la Seguridad Democrática mientras el ciclo de precios sostuvo el crecimiento.

La coexistencia entre auge extractivo y desigualdad rural fue estructural. Al final del período, Colombia sobreutilizaba el suelo en ganadería —39,2 millones de hectáreas frente a un potencial de 24 millones— y subutilizaba dramáticamente su capacidad agrícola: apenas 4,1 millones sembradas de las 21,5 millones posibles. La bonanza no reformó el campo; lo consolidó como territorio de acumulación desigual sobre el cual la guerra había sido, en muchas regiones, mecanismo de redistribución de tierras hacia arriba. El fin del auge, extendido al petróleo desde mediados de 2014, marcó el agotamiento del ciclo económico que había respaldado políticamente al uribismo y coincidió con el momento de máxima audacia negociadora de Santos.

Estados Unidos fue socio estructural. El componente militar del Plan Colombia, formalmente antinarcótico, quedó doctrinaria y operativamente entrelazado con la estrategia contrainsurgente vía la teoría de la "narcoguerrilla", que sostuvo la equivalencia entre combatir a las FARC y combatir el narcotráfico. En 2002, Washington solicitó a su Congreso un suplemento de cerca de 100 millones de dólares para la seguridad del oleoducto Caño Limón-Coveñas y financió unidades militares no directamente antinarcóticas: comandos de fuerzas especiales, unidades antisecuestro, mejora de servicios de inteligencia. El vínculo se profundizó bajo George W. Bush, cuya administración encontró en Uribe al aliado latinoamericano más confiable en la guerra global contra el terrorismo.

El énfasis militar tuvo efectos regionales desestabilizadores. Los desplazamientos guerrilleros hacia territorios venezolanos, ecuatorianos, panameños, brasileños y peruanos incrementaron la demanda de seguridad en esos países y despertaron temor a una "colombianización" de sus fronteras. El bombardeo a Reyes en Angostura, en marzo de 2008, precipitó la ruptura de relaciones con Quito y una escalada diplomática con Caracas. En 2009, Uribe firmó con Estados Unidos un acuerdo de cooperación militar —el DCA— que orientó la presencia estadounidense hacia el flanco caribeño y venezolano de Colombia, con rechazo regional que se ventiló en UNASUR y que Uribe utilizó activamente como demostración de respaldo hemisférico frente a Chávez y Correa.

Las consecuencias comerciales fueron severas. Las exportaciones colombianas a Venezuela habían alcanzado 6.000 millones de dólares en 2008. En los primeros cinco meses de 2009, Venezuela era el principal mercado para las exportaciones no tradicionales colombianas, con el 33% del total. La confrontación política tuvo así un costo económico que los exportadores del Valle y de Antioquia no ocultaron.

En agosto de 2010, Juan Manuel Santos, exministro de Defensa de Uribe y arquitecto operativo de la campaña militar entre 2006 y 2009, asumió la presidencia como continuador natural del uribismo. En cuestión de meses había roto con su antecesor. Restableció las relaciones diplomáticas con Chávez y Correa. Presentó en 2010, y sancionó en junio de 2011 en presencia del secretario general de la ONU Ban Ki-moon, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448), que reconoció como víctimas del conflicto armado a los afectados por guerrillas, paramilitares y bandas criminales, y ordenó la restitución de tierras despojadas mediante una nueva Unidad Administrativa adscrita al Ministerio de Agricultura. En 2011 reconoció formalmente la existencia de un conflicto armado interno en Colombia —categoría que Uribe había rechazado sistemáticamente por sus implicaciones jurídicas y simbólicas.

La ruptura fue política antes que doctrinaria. Uribe se convirtió en el crítico más feroz de Santos, cuestionando su enfoque conciliador hacia las FARC, su acercamiento a Venezuela, la reforma judicial, la Ley de Víctimas y el marco jurídico para la paz. Intentó bloquear la reelección de su antiguo ministro. En las presidenciales de 2014, el candidato uribista Óscar Iván Zuluaga obtuvo el 29,3% en la primera vuelta contra el 25,7% de Santos, y solo en segunda vuelta el presidente logró imponerse. El país quedó configurado en dos bandos: Santos planteó la dicotomía guerra/paz; Zuluaga, la de justicia/impunidad. La paz se convirtió en el eje del debate electoral y en la línea divisoria de la política colombiana para la década siguiente.

Los diálogos exploratorios con las FARC arrancaron en La Habana en febrero de 2012 y concluyeron en agosto con la firma del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, hecho público el 4 de septiembre por Santos. La agenda, de seis puntos —cinco sustantivos y uno procedimental—, era deliberadamente limitada: el gobierno mantuvo "líneas rojas" que excluyeron de la negociación la estructura política y económica del país, las Fuerzas Armadas y las relaciones internacionales, en contraste con la agenda de doce puntos del Caguán que las FARC pretendían retomar. El Acto Legislativo 001 de 2012, conocido como Marco Jurídico para la Paz, sirvió de andamio constitucional. Pese a la muerte de Alfonso Cano meses antes, el Estado Mayor Central de las FARC decidió continuar las exploratorias porque ese había sido el deseo expreso del propio Cano.

Cuatro años de negociación en La Habana, con Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle al frente del equipo gubernamental, produjeron el Acuerdo Final firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, tras una primera versión rechazada en el plebiscito del 2 de octubre y renegociada bajo presión del No.

Al cierre del período, Colombia era un país distinto del que había recibido Uribe en 2002, aunque no siempre en las direcciones anunciadas por sus artífices. Las FARC, principal insurgencia del hemisferio occidental, habían pasado de ser una organización con pretensiones territoriales y capacidad de amenazar la sostenibilidad institucional del Estado a una guerrilla de 8.000 combatientes replegada en zonas selváticas, con su cúpula histórica eliminada y su horizonte insurreccional agotado. Esa alteración de la correlación de fuerzas fue la condición material sin la cual La Habana habría reproducido el Caguán: negociar desde la posición de ventaja del Estado permitió imponer una agenda limitada que la guerrilla nunca habría aceptado antes de 2008.

La institucionalidad, sin embargo, salió maltrecha. La parapolítica reveló que la clase política regional —especialmente en el Caribe— había convivido durante dos décadas con estructuras armadas ilegales que financiaban campañas, decidían candidaturas y compartían proyectos de refundación territorial. Los falsos positivos revelaron que la doctrina contrainsurgente, presionada por métricas cuantitativas, había producido crímenes de lesa humanidad a gran escala: 6.402 civiles ejecutados y disfrazados como enemigos abatidos. El DAS reveló que la inteligencia estatal había sido usada como arma contra opositores legítimos del gobierno, magistrados de la Corte Suprema y periodistas en ejercicio de su oficio. La Ley de Víctimas y el reconocimiento del conflicto armado bajo Santos buscaron recomponer la legitimidad del Estado sobre bases distintas al puro éxito militar.

El país también había cambiado en su geografía económica: exportador neto de energía, receptor de inversión extranjera masiva, integrado a los mercados globales por la vía extractiva. Ese modelo, que sostuvo políticamente al uribismo mientras duró el auge de precios, entró en crisis con la caída del petróleo desde 2014 y dejó expuestas las desigualdades rurales que la guerra no había resuelto.

La Seguridad Democrática dejó dos herencias inseparables. Una Colombia militarmente distinta —recuperación de territorio estatal, sometimiento de las FARC, desmovilización paramilitar formal, redes de vigilancia extendidas por todo el mapa— y un pasivo institucional inmenso: cientos de procesos judiciales por parapolítica y falsos positivos, sentencias de la Corte Suprema que documentaron la infiltración paramilitar del Congreso, condenas al director del DAS por crímenes de lesa humanidad, un cuerpo doctrinario que había normalizado la porosidad entre combatiente y civil.

Ambos legados nacieron de una misma lógica contrainsurgente: la que involucró a todo el aparato público en la guerra, clasificó el conflicto como amenaza terrorista sin reconocimiento político, premió la baja como métrica de éxito y toleró —cuando no incentivó— la alianza con actores paramilitares como fuerza auxiliar contra la guerrilla. La factura de esos excesos fue absorbida políticamente durante dos reelecciones de Uribe, pero terminó por hacer insostenible la continuidad del modelo. Santos no rompió con la Seguridad Democrática por conversión ideológica: rompió porque la doctrina se había agotado en su propia lógica, y porque las condiciones militares que ella misma había creado abrían por primera vez desde los años ochenta la posibilidad de una salida negociada.

El 24 de noviembre de 2016, cuando Santos y Rodrigo Londoño firmaron en el Teatro Colón el Acuerdo Final, el país cerraba un ciclo de catorce años que había empezado con morteros sobre la Casa de Nariño y terminaba con la disolución de la guerrilla que los había disparado. Uribe, senador y jefe de la oposición, encabezó el rechazo al Acuerdo. La disputa por el legado de la Seguridad Democrática se trasladó del terreno militar al político y jurídico, donde continúa: qué fue el conflicto armado, qué fue la victoria del Estado, qué precio pagaron las víctimas del propio Estado, qué debe hacer una democracia con los crímenes cometidos en su nombre.