El Caguán

Un territorio de piedemonte

El Caguán pertenece a la Gran Cuenca Amazónica de Colombia. Su fisonomía es la del piedemonte andino-amazónico: bosques densos, ríos anchos y navegables, tierras de vega fértiles junto a suelos ácidos de menor rendimiento agrícola. El departamento de Caquetá, del que forma parte medular, agrupa dieciséis municipios y despliega tres pisos: el flanco oriental de la cordillera Oriental, el piedemonte y la llanura amazónica propiamente dicha. El río Caguán desemboca en el Caquetá y comparte cuenca con afluentes como el Apaporis, el Yarí y el Orteguaza. Caquetá y Guaviare, dos de los departamentos que confluyen sobre esta franja, tienen la particularidad de participar a la vez de la Orinoquía y de la Amazonía; el Caguán, en cambio, se inscribe claramente del lado amazónico.

Esa condición fronteriza es geográfica, pero también política. Durante la mayor parte del siglo XX el Caguán funcionó como zona de frontera externa: un territorio integrado periféricamente al Estado, con presencia institucional intermitente, servicios escasos, infraestructura vial precaria. No fue nunca despoblado —los pueblos Uitoto, Coreguaje, Inga, Emberá Chamí y Paeces habitaban Caquetá desde mucho antes de la llegada de colonos mestizos—, pero sí fue tratado por Bogotá como reserva: espacio de bosque y de baldíos al que se acude cuando el interior aprieta.

Los orígenes: colonización, baldíos y frontera abierta

La configuración moderna del Caguán empezó a decantarse a mediados del siglo XX, cuando La Violencia empujó a miles de campesinos desde las cordilleras hacia las tierras bajas. Entre 1950 y 1960, Nariño y Tolima registraron las tasas más altas de expulsión del país; buena parte de esa población se asentó como colona en Putumayo y Caquetá. La colonización del Caguán fue así, de origen, un desplazamiento por otro nombre: refugiados de la guerra bipartidista buscando en la selva una segunda oportunidad.

A esa oleada espontánea se superpuso pronto una política estatal. La Ley 135 de 1961 creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, y durante los años sesenta el instituto dirigió la colonización del piedemonte oriental, del Magdalena Medio y de otras subregiones fronterizas. En el papel, el objetivo era ordenado: adjudicar baldíos, dotar de tierra al campesino sin tierra, estabilizar la frontera. En la práctica, la política se diseñó en un Consejo Nacional de Agricultura donde tenían asiento los grandes terratenientes, las federaciones cafeteras y los ganaderos, lo que orientó todo el esfuerzo en una dirección precisa: abrir nuevas fronteras en lugar de redistribuir la tierra ya incorporada. La reforma agraria no tocó el latifundio del interior; empujó a los sin tierra hacia el monte.

Los resultados están a la vista. La política de colonización dirigida no redujo significativamente la concentración de la tierra y las zonas recién abiertas no recibieron la infraestructura estatal que hubiera transformado la frontera en territorio integrado. Entre 1947 y 1967, y entre 1968 y 1977, cada uno de esos períodos concentró el 34,6% de la vinculación de colonos al Caquetá. Es decir: cerca del setenta por ciento del flujo colonizador ocurrió antes de que el Estado hubiera tendido siquiera las carreteras y los puestos de salud que se le prometieron. El Caguán se pobló, y quedó suspendido a medio camino entre la nación y el olvido.

Coca, marchas y auge

La tercera oleada colonizadora fue distinta. Entre 1977 y 1987 se introdujo el cultivo de coca en el Caguán y en el conjunto Caquetá-Putumayo-Guaviare, y con él llegó un auge de nueva estirpe: gente procedente de todo el país bajó a las riberas del río Caguán detrás del jornal cocalero. Las hectáreas sembradas de coca en Colombia pasaron de 34.000 en 1988 a 136.200 en 2000, con una aceleración marcada desde 1995. En Caquetá, Guaviare y Putumayo la coca no fue un negocio entre otros: fue, en muchas ocasiones, la única alternativa económica viable para miles de campesinos frente a las escasas oportunidades del mundo rural. Ese hecho —duro, sin adorno— explica lo que vino después.

Cuando el Estado respondió, lo hizo por el aire. Las fumigaciones con glifosato desencadenaron en 1994 dos movilizaciones simultáneas y masivas: las marchas cocaleras en Caquetá, en las que participó alrededor del 25% de la población total del departamento, y el paro cívico del Putumayo, iniciado el 18 de noviembre de 1994 con cerca de cinco mil cultivadores concentrados en Puerto Asís y dirigido por el Movimiento Cívico del Putumayo. El pliego de peticiones exigía la suspensión de las aspersiones y un plazo de diez años para eliminar los cultivos ilícitos. Que la cuarta parte del Caquetá haya salido a las carreteras dice más sobre la estructura económica del departamento que cualquier estadística de hectáreas: la coca no era un enclave marginal, era la base productiva.

Las fumigaciones cumplieron a la vez dos funciones contradictorias. Suprimieron cultivos en los sitios asperjados, expulsaron población y desplazaron la producción; pero al mismo tiempo consolidaron la coca como espina dorsal de la economía regional, porque no vinieron acompañadas de sustitución viable. A comienzos de los años noventa las aspersiones ya habían provocado expulsión de población en Caquetá. En paralelo, los narcotraficantes compraron tierras en la frontera agrícola y las convirtieron en plataforma logística: laboratorios, pistas aéreas clandestinas, bodegas de insumos y de clorhidrato, lavado de activos. El Caguán quedó así atravesado por dos economías informales que se necesitaban —la del colono cocalero y la del capital ilegal— y por un Estado que llegaba solo con la avioneta fumigadora.

Las FARC como poder local

Antes de que el Caguán fuera Zona de Distensión, ya era retaguardia. Las FARC-EP, en el marco del Bloque Oriental, habían consolidado sus mandos en la región desde aproximadamente treinta años antes de 1999. Analistas y militares la describieron durante años como la retaguardia estratégica de la organización y su zona de movilidad más segura y confiable a nivel nacional. Ese asentamiento no fue casual: se apoyó en las mismas condiciones que produjeron la colonización desatendida. Donde el Estado no llegaba con carretera, escuela o juzgado, la guerrilla llegó con lo que llamaban justicia revolucionaria y con una idea de orden.

Las FARC no solo se refugiaron en el Caguán: lo administraron. Desde su nacimiento impulsaron allí lo que denominaron "colonizaciones armadas", un mecanismo de extensión territorial pensado como construcción de una legalidad alternativa a la del Estado. En La Macarena y las zonas aledañas al Caguán, la guerrilla ejerció formas de regulación social y justicia paralela: retenes que controlaban el tránsito de personas y de mercancías, normas comunitarias que las juntas de acción comunal adoptaban bajo su influencia, multas por incumplirlas, prohibiciones como la caza de determinados animales. Sectores de la población, ante las dificultades del sistema judicial estatal, terminaban demandando esa presencia; la guerrilla asumía funciones de mediación de conflictos vecinales que el juez ausente no atendía.

El crecimiento militar acompañó al arraigo social. En los años ochenta y noventa las FARC se fortalecieron con particular intensidad en el suroriente —Meta, Caquetá, Guaviare— y el reclutamiento en la zona alcanzó cifras extraordinarias: el 93,5% de los reclutamientos registrados en Caquetá fueron responsabilidad de las FARC, el 89,5% en Meta, el 93,6% en Guaviare, el 97,9% en Vaupés. En esas geografías la guerrilla no compartía cantera con nadie. El Caguán, y su prolongación hacia los llanos del Yarí, era simultáneamente hogar, cuartel, escuela militar y caja registradora.

La Zona de Distensión: geografía del despeje

En octubre de 1998, el presidente Andrés Pastrana Arango, recién posesionado, cumplió una promesa de campaña y estableció una Zona de Distensión para negociar con las FARC. Comprendía cinco municipios —San Vicente del Caguán, en Caquetá, y La Macarena, Mesetas, Uribe y Vistahermosa, en Meta— con una superficie total cercana a los 42.000 kilómetros cuadrados, un territorio del tamaño de Suiza. Duraría, con prórrogas, hasta el 21 de febrero de 2002: aproximadamente cuarenta meses.

El territorio elegido no era neutral. Era geográficamente marginal, con escasa infraestructura vial, incorporado tardíamente a la economía nacional, y representativo del hábitat histórico de las FARC. Escoger el Caguán era reconocer, sin decirlo, que allí había un poder territorial anterior con el que había que hablar. Pero la Zona de Distensión no fue —contra lo que se dijo entonces— un traspaso de soberanía. Ni la guerrilla tenía consolidado el control de toda la región despejada, ni el orden estatal había sido nunca hegemónico. Los pobladores vivieron bajo una regulación estatal precaria y bajo el orden de guerra impuesto por las FARC-EP.

El proceso arrancó con un mal augurio: en la primera reunión formal, en San Vicente del Caguán, Manuel Marulanda Vélez, "Tirofijo", no se presentó. Pastrana quedó solo en la tarima, junto a la silla vacía. Aquella imagen anticipó, en clave visual, casi todo lo que vendría después.

Durante la vigencia del despeje, las FARC procuraron proyectar la imagen de un Estado alternativo. Promulgaron leyes numeradas —la más conocida, la Ley 002, que estableció un impuesto obligatorio sobre patrimonios altos en sus áreas de influencia— con la pretensión de legislar no solo para la zona sino para todo el país. Convirtieron el Caguán en un centro diplomático inusitado, con visitas de personalidades internacionales, entre ellas la del asesor de la ONU James LeMoyne, que le dieron al proceso un aire de reconocimiento externo. Los negociadores de Pastrana —Víctor G. Ricardo primero, luego Camilo Gómez Alzate— transitaron por Los Pozos, Villa Nueva Colombia y San Vicente del Caguán en un carrusel de encuentros con Marulanda, Raúl Reyes y Joaquín Gómez.

Al mismo tiempo, la zona operaba como base militar. Las FARC la utilizaron como fuerte y campo de entrenamiento para nuevos reclutas, mantuvieron secuestrados dentro de su perímetro, realizaron extorsiones en las zonas vecinas, ampliaron cultivos de hoja de coca y expropiaron extensos bienes rurales. En esos cuarenta meses los efectivos de las FARC se habrían prácticamente duplicado, y la dirección del fenómeno es indiscutible: ambas partes utilizaron el período para prepararse militarmente. El gobierno Pastrana, en paralelo, modernizó las Fuerzas Militares y puso en marcha el Plan Colombia con apoyo de Estados Unidos, aun con la restricción impuesta por Washington de que las aeronaves recibidas solo podían usarse contra el narcotráfico, no en operaciones antiguerrilla —restricción que se levantaría al terminar los diálogos.

Las fronteras del despeje, además, se extendieron por vía informal. En Lejanías, El Castillo, Puerto Lleras y Puerto Rico del Meta, así como en Cartagena del Chairá y Puerto Rico del Caquetá, se produjeron "despejes paralelos" con reducción de la presencia militar. En El Retorno, Calamar y Miraflores, en el Guaviare, se crearon Asambleas de Poder Popular. La zona formal medía 42.000 kilómetros cuadrados; la efectiva era mucho mayor.

Vida cotidiana bajo el experimento

Lo que ocurrió con la gente común dentro y alrededor del Caguán es la parte menos contada del proceso. En La Macarena y San Vicente del Caguán coexistían retenes guerrilleros y retenes del Ejército sobre la misma carretera: el Ejército inspeccionaba carga y pasajeros; la guerrilla verificaba que los viajeros fueran personas conocidas en la región. Viajar de un pueblo a otro era pasar por dos aduanas, dos autoridades, dos normas.

En algunas veredas, las juntas de acción comunal adoptaron como reglas propias las prohibiciones impuestas por las FARC —la de cazar ciertos animales, por ejemplo—, sin que la línea entre lo comunitario y lo impuesto quedara clara ni siquiera para los propios pobladores. Al mismo tiempo, la guerrilla cometió abusos documentados: expulsó al alcalde de La Macarena, amenazó a la fiscal local de San Vicente del Caguán, presionó a funcionarios y ejerció formas cotidianas de coerción sobre la población civil. El gobierno Pastrana calificó esos hechos como incumplimiento de los acuerdos previos. Y sin embargo el proceso siguió, entre reclamos públicos por la ausencia de una reglamentación escrita y acordada para la zona desmilitarizada.

Hubo también gestos difíciles de clasificar. Durante la Zona de Distensión, las FARC permitieron que familiares de secuestrados enviaran fotos, cartas y objetos a sus cautivos, aunque en algunos casos negaron el encuentro presencial cuando las madres manifestaron intención de quedarse con sus hijos. Esa gramática cruel del contacto administrado —una carta sí, un abrazo no— es una de las marcas del Caguán en la memoria familiar de los secuestrados.

Tensiones, ruptura y retoma

El proceso de paz avanzó a saltos y sin acuerdos sustantivos. Los únicos acuerdos alcanzados fueron de carácter procedimental. El más importante, la creación de una Comisión de Notables el 11 de mayo de 2001 para recomendar vías para eliminar el paramilitarismo, con dos miembros designados por cada parte. La comisión trabajó en un clima crecientemente hostil. En septiembre de ese año, el secuestro y asesinato de la exministra Consuelo Araújo Noguera puso al proceso al borde de la ruptura.

Se salvó, apenas, con el Acuerdo de San Francisco de La Sombra, firmado el 5 de octubre de 2001. Dos días después, el 7 de octubre, Pastrana prorrogó la zona de distensión hasta el 20 de enero de 2002 y anunció medidas adicionales de control: fortalecimiento de anillos de seguridad y controles reforzados en carreteras, ríos y transporte aéreo alrededor del despeje. Era el último aire de un proceso al que le quedaban semanas.

En algún momento de aquella recta final, Pastrana comunicó a los colombianos, en cadena nacional de radio y televisión, la ruptura de las negociaciones, aunque dejó la puerta entreabierta al declarar que la voluntad de paz se mantenía. Ocho días después del secuestro del senador Eduardo Géchem Turbay, el gobierno declaró la antigua zona de distensión teatro de operaciones militares, bajo el mando del mayor general Gabriel Eduardo Contreras Ochoa. Tres días después del secuestro de Géchem, las FARC secuestraron a la candidata presidencial Íngrid Betancourt junto a su jefa de debates Clara Rojas, en un evidente intento de aumentar la presión por un canje humanitario. El proceso del Caguán había terminado; el conflicto entraba en una fase nueva y más dura.

La retoma militar no requirió esfuerzo significativo en el corazón mismo de la zona: las FARC no opusieron resistencia frontal allí. Habían replegado el grueso de sus fuerzas hacia la selva profunda antes de que llegara el Ejército. Las operaciones aéreas, no obstante, afectaron bienes civiles, y los combates terrestres dejaron un saldo de bajas del enemigo relativamente modesto para el tamaño del despliegue. En El Castillo, en el Meta, la retoma produjo el vaciamiento de veredas y centros poblados enteros: desplazamiento forzado masivo de una población que ya había vivido cuatro años bajo régimen guerrillero y que ahora huía del regreso del Estado.

La violencia después del despeje

El fin de la Zona de Distensión no fue el fin de la violencia en el Caguán: fue su reconfiguración. Los Llanos Orientales, en particular, habían experimentado durante los cuatro años del despeje una expansión acelerada del paramilitarismo. A partir de 1998 —el año en que se instaló la zona— las AUC crecieron en la región en un orden estimado en cerca del 500%. Al finalizar el despeje, en 2002, el Bloque Centauros desplegó unidades en municipios como Vistahermosa, Puerto Lleras, Mesetas, Lejanías, El Castillo y San Juan de Arama con listas de personas identificadas como informantes infiltrados durante el periodo del despeje. Lo que siguió fue una ola de asesinatos selectivos y masacres.

Para 2002, el conflicto armado en la Amazonía había alcanzado su pico máximo, con tres actores disputándose la región: las FARC-EP, las AUC y la fuerza pública. La economía de la cocaína financiaba a los tres y mantenía a la población civil atrapada en el medio, con una alta tasa de violaciones a los derechos humanos. Las FARC, tras la ruptura, adoptaron como política presionar a alcaldes, concejales e inspectores para que renunciaran y no ejercieran autoridad, en una estrategia expresamente formulada por Marulanda para dificultar la gobernabilidad en las regiones donde consolidaran territorio. A fines de enero de 2002, unos 200.000 habitantes del Meta protestaron golpeando sartenes y gritando "¡libertad!": la vecindad con la zona había pasado de esperanza a asfixia.

Plan Patriota y ofensiva estatal

El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, iniciado en agosto de 2002, hizo del Caguán y del Yarí uno de los objetivos prioritarios de su Política de Seguridad Democrática. El Plan Patriota se propuso explícitamente recuperar el control de la extensa área bajo influencia de los Bloques Sur y Oriental de las FARC, desarrollándose principalmente en los llanos del Yarí y a lo largo del río Caguán. En 2007, el Ministerio de Defensa Nacional identificaba esa zona como la retaguardia estratégica de las FARC y como origen del grueso de los recursos derivados de la producción ilegal de coca. La ofensiva no perseguía solo territorio: perseguía la caja.

Los efectos, en el mediano plazo, fueron dobles. La ofensiva estatal replegó a las FARC hacia sus zonas de retaguardia más profundas y hacia las fronteras nacionales, con el riesgo consiguiente de propagación continental del conflicto hacia países vecinos. La capacidad de reclutamiento de la organización se debilitó al punto de que la propia guerrilla decidió, en algún momento, dejar de reclutar por la mala calidad de sus nuevos integrantes; desde 2000 las cifras de desvinculación empezaron a contrapesar las de reclutamiento, y a partir de 2003 se sumaron las estrategias de desmovilización individual del gobierno Uribe. La organización perdió, además, buena parte de su cúpula histórica: Manuel Marulanda Vélez murió por causas naturales en mayo de 2008, Mono Jojoy cayó en un bombardeo en septiembre de 2010, Alfonso Cano en noviembre de 2011. La crisis del secretariado fue profunda.

Pero la ofensiva no cerró la historia del Caguán. Las FARC-EP y el ELN, en el contexto de la desmovilización de las AUC y la Seguridad Democrática, buscaron consolidarse en zonas de frontera y se replegaron hacia territorios económicamente estratégicos —muchos de ellos en el mismo piedemonte amazónico— produciendo una reconfiguración del control territorial de los actores armados. Tras el fin de la Zona de Distensión, la guerrilla llegó incluso a destruir infraestructura vial en Cartagena del Chairá que había sido construida con recursos propios de los pobladores, quienes no comprendían la razón de esa destrucción. La retirada dejó cicatrices materiales en los caminos, y una desconfianza duradera.

Red: personas, lugares e ideas

El Caguán se entiende también por sus nombres. Del lado del gobierno, Pastrana condujo el proceso rodeado de un elenco cambiante: Víctor G. Ricardo, el alto comisionado que abrió las conversaciones, cedió el puesto a Camilo Gómez Alzate cuando el desgaste ya era evidente; Fabio Valencia Cossio llevó la representación de los partidos y James LeMoyne prestó a la mesa la cara internacional que le faltaba. Enfrente, Manuel Marulanda Vélez, el "Tirofijo" de la silla vacía, era la ausencia más elocuente; Raúl Reyes ponía la voz pública del secretariado y Joaquín Gómez, jefe del Bloque Sur, hacía las veces de anfitrión de facto en su propio territorio.

Los lugares tienen la misma condición de personajes. Los Pozos, corregimiento de San Vicente del Caguán, fue el escenario más filmado de las rondas de negociación; Villa Nueva Colombia, otro corregimiento, sirvió como sede alterna, y San Vicente mismo se volvió, durante cuarenta meses, capital paralela de un país que negociaba consigo mismo. Aguas abajo, Cartagena del Chairá condensaba lo que la zona significaba en clave económica: puerto fluvial, ruta cocalera, laboratorio y desembarcadero. Del otro lado del despeje, La Macarena, Vistahermosa, Uribe y Mesetas aportaron la mitad del territorio y, después, la mitad de las víctimas. Alrededor de todos ellos, el piedemonte amazónico entero, con sus baldíos adjudicados sin servicios y sus ríos como únicas carreteras seguras.

Las ideas que atraviesan la región son también reconocibles: la reforma agraria fallida y la colonización dirigida como sustituto; la coca como economía de subsistencia; la soberanía dividida; la paz como concesión territorial; la memoria como disputa. El Caguán es un cruce de todas ellas.

Huella: memoria, testimonio y archivo

Después de 2002 el Caguán entró en su fase de memoria, superpuesta al conflicto que siguió activo. Los pueblos Uitoto, Coreguaje, Inga, Emberá Chamí y Paeces recuperan y fortalecen costumbres ancestrales en sus territorios del Caquetá como forma de resistencia frente a una barbarie histórica que no empezó con las FARC ni terminó con el Plan Patriota, sino que atraviesa siglos.

Las capas documentales sobre el Caguán son ya notables. Existe un cuerpo creciente de trabajos sobre la historia territorial del Caquetá —colonización, baldíos, conflicto y organizaciones sociales— que permite entender la región más allá del episodio del despeje. A ello se suman testimonios de excomandantes paramilitares, de familiares de secuestrados y de líderes comunitarios, que permiten reconstruir capa por capa lo que fue vivir dentro y al borde de la zona.

Entre esos testimonios están los objetos. La hija de un militar secuestrado durante los años del Caguán conserva las pertenencias que le devolvieron al recuperar a su padre: una Biblia con la silueta de una fotografía trazada, lápices, otras cosas menores. Donó parte al Museo de Memoria y guardó el resto. Esos objetos, aparentemente insignificantes, contienen la escala humana de un proceso que suele contarse en superficies, hectáreas, cifras de tropa y fechas de comunicado. En la Biblia dibujada, en el lápiz gastado, cabe el Caguán de la gente.

Lo que queda, en balance, es un territorio que ningún actor controló nunca del todo. El Estado colombiano lo construyó como frontera al orientar la reforma agraria hacia la apertura de baldíos en lugar de la redistribución, y luego lo desatendió al no dotar de servicios ni de infraestructura la colonización que él mismo había impulsado. Las FARC no se limitaron a ocupar ese vacío: lo administraron, lo normaron, lo poblaron con leyes propias, lo militarizaron, lo hicieron cantera de reclutamiento durante décadas. La coca fue el motor que financió y desplazó a todos los demás actores, redistribuyendo la geografía del conflicto cada vez que una fumigación cambió los mapas. La Zona de Distensión no creó ese enredo de soberanías superpuestas: lo hizo visible, y lo institucionalizó temporalmente. La ofensiva militar posterior a 2002 replegó a la guerrilla, pero no resolvió la condición de frontera que había hecho del Caguán lo que era.

Por eso el Caguán importa. No porque haya sido territorio de las FARC ni porque haya sido escenario del proceso fallido de Pastrana, sino porque es el retrato en escala real de una manera colombiana de hacer país: fabricando periferias, delegando por omisión, negociando en el suelo la soberanía que no se ejerce, y llegando al final —siempre al final— con el uniforme y la orden pública detrás del daño ya hecho. Es en esa larga historia, y no en los cuarenta meses del despeje, donde el Caguán encuentra su verdadero lugar en la historia de Colombia.