Asesinato de Jaime Garzón

El asesinato de Jaime Garzón

El 13 de agosto de 1999, en Bogotá, dos sicarios en motocicleta interceptaron a Jaime Hernando Garzón Forero en la Carrera 33 con calle 47, en el barrio Quinta Paredes, cuando se dirigía a la emisora Radionet a conducir su programa matutino. Tenía treinta y ocho años. Era abogado, humorista, mediador humanitario, la voz que cada mañana ridiculizaba a la clase política colombiana desde los personajes de Zoociedad, Quac y Heriberto de la Calle, y era también —y esto pesa en la explicación de su muerte— uno de los pocos civiles que negociaba directamente con guerrilleros y paramilitares la liberación de secuestrados. El crimen ocurrió en el año más sangriento del conflicto reciente, semanas después de que los diálogos del Caguán entraran en su primera crisis, y su autor intelectual fue José Miguel Narváez, entonces vinculado al Departamento Administrativo de Seguridad, la agencia de inteligencia del Estado. La condena definitiva contra Narváez —treinta años de prisión como determinador— llegó veintiún años después. El asesinato de Garzón es, por eso, dos cosas a la vez: un homicidio concreto ejecutado por una zona gris donde el aparato estatal de inteligencia y las estructuras paramilitares se confundían, y un símbolo cultural que el país adoptó de inmediato como el cierre de una época en la que aún se creía que la sátira podía nombrar el poder sin consecuencias mortales.

Un país en guerra abierta: 1995-1999

Para entender por qué mataron a Garzón hay que ver el país en el que lo mataron. La segunda mitad de los años noventa fue el tramo en que el conflicto armado colombiano dejó de ser una guerra periférica y se instaló en las ciudades, las carreteras, las oficinas de los defensores de derechos humanos y los estudios de los periodistas. Entre 1996 y 1999 la escalada fue continua: las FARC-EP alcanzaron su mayor capacidad militar, los paramilitares —reorganizados desde 1997 bajo el paraguas de las Autodefensas Unidas de Colombia comandadas por Carlos Castaño Gil— expandieron su presencia a regiones históricamente controladas por la guerrilla, y el Estado transitó del desprestigiado gobierno de Ernesto Samper al de Andrés Pastrana, elegido en 1998 con el mandato de negociar la paz.

Esa negociación arrancó con un gesto de enorme costo político: hacia mediados de octubre de 1998, Pastrana ordenó el despeje militar de cinco municipios —San Vicente del Caguán, en Caquetá, y La Macarena, Mesetas, La Uribe y Vistahermosa, en Meta— para instalar una zona de distensión donde dialogar con las FARC bajo el liderazgo de Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo. La Mesa se instaló en enero de 1999, pero a los pocos días la guerrilla suspendió unilateralmente los diálogos alegando la ausencia de acciones efectivas del Estado contra el paramilitarismo. La denuncia era exacta: mientras se negociaba en el Caguán, los paramilitares consolidaban el control del sur de Bolívar —un bastión tradicional de la insurgencia— tomado en 1998, y en 1999 se insertaban en el Catatumbo, en Norte de Santander, disputando el territorio con la guerrilla. La escalada corría en paralelo a la mesa, no en su contra: la guerra se libraba con más intensidad precisamente porque había proceso de paz.

1999 fue, además, el año de las pescas milagrosas: retenciones masivas de personas en carreteras y pueblos por parte de la guerrilla, que ese mismo año secuestró un avión comercial de Avianca. El secuestro se había convertido en industria y en método político, y en torno a él operaba una red silenciosa de mediadores civiles —sacerdotes, abogados, comunicadores— que negociaban rescates y liberaciones al margen del Estado. Garzón era uno de ellos.

Sobre ese telón se desplegaba otra guerra, menos visible pero sistemática: la eliminación selectiva de defensores de derechos humanos y voces críticas. El 19 de mayo de 1997, los investigadores del Cinep Mario Calderón y Elsa Alvarado fueron asesinados en su apartamento de Bogotá por sicarios vinculados a jefes paramilitares. El 27 de febrero de 1998, Jesús María Valle Jaramillo, catedrático y presidente del Comité de Derechos Humanos de Medellín, fue baleado en su oficina. En 1999, además de Garzón, cayó el ex consejero de paz Jesús Antonio Bejarano. En julio de ese mismo año, el rector de la Universidad del Atlántico, Cantillo, fue asesinado en Soledad, en un clima generalizado de amenazas paramilitares contra estudiantes, trabajadores y docentes. La serie no era casual: apuntaba a desmantelar la infraestructura civil que documentaba la guerra, la denunciaba o intentaba pactarla por fuera de las armas.

Los periodistas ocupaban un lugar propio en ese blanco. Fueron atacados con amenazas, secuestros y asesinatos a lo largo de todo el conflicto, y no como víctimas individuales sino como representantes de una institución: el periodismo y la comunicación pública. El resultado, más allá de los muertos, fue una economía del miedo hecha de censura y autocensura, un empobrecimiento del debate que la sociedad tardaría en reconocer como daño colectivo al derecho a informar y a estar informada.

Quién era Jaime Garzón

Garzón había construido, hacia 1999, una figura pública sin equivalentes en la televisión colombiana. Abogado de formación, había sido alcalde menor de Sumapaz y funcionario del gobierno de César Gaviria antes de convertirse en el humorista político central del país. En Zoociedad, a comienzos de los noventa, y luego en Quac, el noticero junto a Antonio Morales, Diego León Hoyos y María Elvira Arango, había inventado una gramática de la burla que ridiculizaba con nombre y apellido a presidentes, ministros, congresistas y capos. Su personaje Heriberto de la Calle, un embolador que entrevistaba a los poderosos mientras les lustraba los zapatos, era en 1999 el espacio donde la clase política aceptaba ser humillada porque negarse era peor. Al momento de su muerte, Garzón conducía además el programa matutino de Radionet, la emisora a la que se dirigía cuando lo interceptaron.

Pero había otra vida, menos visible, que resulta central para entender el crimen. Garzón mediaba en secuestros. Usaba los contactos que había tejido con las FARC y con otros actores armados para gestionar liberaciones, transmitir mensajes de familias, ubicar personas retenidas. Esa actividad, ejercida al margen del Estado y sin blindaje institucional, lo puso en el radar de los aparatos que consideraban ese tipo de mediación una interferencia. En un país donde el secuestro era simultáneamente un negocio de la guerrilla, una bandera política del gobierno y una fuente de inteligencia para los servicios estatales, un mediador civil con capacidad real de mover fichas era, para ciertos actores, un problema.

La mañana del 13 de agosto

Los detalles del hecho responden a la mecánica clásica del sicariato urbano colombiano tal como se había perfeccionado en los años noventa. Dos hombres en motocicleta abordaron el vehículo de Garzón en un cruce del barrio Quinta Paredes y dispararon a corta distancia. La víctima murió en el sitio. La operación duró segundos.

Ese modo de matar no era casual sino técnica depurada. El sicariato se había vuelto la modalidad recurrente de la violencia política colombiana precisamente por su economía: intervienen pocas personas, lo que reduce el riesgo de fugas de información que revelen redes o alianzas criminales. Opera bajo esquemas de tercerización en cadena —el perpetrador material no tiene relación directa con el autor intelectual sino con intermediarios, que a su vez responden a otros—, lo que hace virtualmente imposible remontar la línea sin quiebres desde dentro. Los ataques desde motocicleta en la vía pública, además, suponen un trabajo previo de inteligencia sobre los movimientos de la víctima: rutas, horarios, puntos vulnerables. Alguien había estudiado a Garzón antes de matarlo.

Esa infraestructura criminal no era invento del paramilitarismo: había sido posibilitada por la oferta que el narcotráfico generó desde los años ochenta, y su gran utilidad política fue permitir que una parte importante de la violencia estatal y contrainsurgente se ocultara dentro de la violencia narco. Un sicario en moto podía ser cualquier cosa: un ajuste de cuentas de mafia, una vendetta personal, un crimen de encargo político. La ambigüedad era el punto. Cuando la estrategia contrainsurgente se privatizó a través de los grupos paramilitares, el sicariato se masificó como herramienta preferente: barato, deniable, eficaz. Funcionarios gubernamentales actuando a título individual también recurrieron a él para eliminar personas consideradas culpables de alterar el orden público, y así la práctica se extendió como prolongación de la guerra sucia.

El sicario individual, visto de cerca, es más un efecto que una causa: aunque formalmente independiente, no puede sobrevivir sin la estructura organizacional que lo sostiene, la que le paga, lo protege, lo recicla y, si es necesario, lo elimina. En Colombia, hacia 1999, esa estructura no era una: era un ecosistema donde carteles residuales, paramilitares, mandos militares regionales y agentes de inteligencia estatal compartían proveedores.

Narváez, el DAS y las escuelas paramilitares

El nombre que finalmente ancló judicialmente el crimen es el de José Miguel Narváez. Al momento del asesinato estaba vinculado al Departamento Administrativo de Seguridad, la agencia de inteligencia adscrita a la Presidencia de la República, y años después ocuparía formalmente el cargo de subdirector. Fue condenado a treinta años de prisión como determinador del homicidio: no disparó, pero ordenó o gestionó que se disparara.

Lo que hace de Narváez algo más que un funcionario aislado es su papel documentado en la formación de estructuras paramilitares. Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y Paz con radicado 2006-80008 de 2014, en escuelas de entrenamiento ubicadas en el Magdalena y en Pacho, Cundinamarca —entre otras regiones—, la formación militar era impartida por exmilitares colombianos como Carlos Mauricio García, alias Doble Cero, junto con militares activos del Batallón Bárbula e instructores de nacionalidad israelí y británica. La formación política de esos mismos combatientes corría a cargo de Narváez. Es decir: un funcionario del aparato estatal de inteligencia entrenaba ideológicamente a los hombres que ejecutaban la guerra sucia sobre el terreno.

Ese detalle desmonta la ficción de dos mundos separados —el Estado por un lado, los paramilitares por otro— y la reemplaza por la imagen más incómoda y más exacta: una zona gris en la que la inteligencia estatal y el paramilitarismo compartían cuadros, doctrina y a veces objetivos. Narváez no era un agente infiltrado en las AUC ni un paramilitar disfrazado de burócrata; era, precisamente, el punto de contacto formal entre las dos estructuras. Y desde ese punto de contacto podía movilizar la maquinaria del sicariato paramilitar para eliminar a un objetivo que le interesaba al aparato de inteligencia, sin necesidad de una orden institucional ni de una firma verificable.

El patrón tiene precedentes documentados en otros escenarios del mismo período. En Segovia y Remedios, Antioquia, según testimonios paramilitares incorporados al expediente penal, el coronel Navas, comandante de la sección de Inteligencia B-2 de la XIV Brigada, y el coronel Londoño, comandante del Batallón Bomboná, presionaron a los paramilitares para que ejecutaran una operación en la zona, y Navas expresó su aprobación cuando le informaron del acuerdo alcanzado con el jefe paramilitar Henry Pérez. En el caso de la masacre contra la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, el suboficial Amariles Tabares había seguido a los directivos de la ATCC, estaba informado de la visita de la periodista Silvia Margarita Duzán, y fue hallado en la escena del crimen realizando labores de examinación. El Juzgado Regional de Cúcuta constató en su sentencia de 1998 que los organismos de inteligencia estatal habían acumulado más información sobre la ATCC —una organización campesina legal y pacífica fundada tres años antes— que sobre los grupos armados ilegales que llevaban años masacrando campesinos en la región del Carare. El desequilibrio era el mensaje: la mirada del Estado se posaba con más peso sobre los mediadores civiles que sobre los perpetradores armados.

Garzón, mediador civil de secuestros, encajaba en ese patrón.

Castaño, las AUC y el patrón de eliminación selectiva

La condena de Narváez estableció la autoría intelectual desde el aparato de inteligencia, pero los ejecutores materiales pertenecían al ecosistema paramilitar comandado por Carlos Castaño Gil, con quien Narváez mantenía relaciones documentadas por su papel formativo en las escuelas de las AUC. Castaño había construido, desde los ochenta y a partir del núcleo familiar de las autodefensas de Córdoba —la finca Las Tangas, la sombra de su hermano Fidel—, una estructura que en los noventa se articulaba con carteles del narcotráfico, sectores militares y élites regionales bajo una doctrina explícitamente contrainsurgente.

Entre 1997 y 1999, jefes paramilitares —entre quienes se ha señalado a Castaño— fueron identificados como responsables de una serie de asesinatos de defensores de derechos humanos: Alvarado y Calderón en 1997, Valle Jaramillo en 1998, Garzón y Bejarano en 1999. La lista, leída junta, dibuja una estrategia: apuntar contra la infraestructura civil que investigaba, denunciaba o mediaba en el conflicto. No era un blanco cualquiera: era el blanco.

El propio Castaño reveló, en conversación privada con su biógrafo Steven Dudley, haber dirigido el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas. El caso judicial correspondiente había terminado con Castaño absuelto —sin siquiera haber asignado un abogado defensor, como él mismo relató con burla— y con toda la responsabilidad penal recayendo sobre dos soldados. El general Herrera Luna, presuntamente vinculado al crimen de Cepeda, nunca fue investigado. Iván Cepeda, hijo del senador asesinado, había anticipado ese resultado antes de que se dictara el fallo.

El patrón se repite: los jefes paramilitares confiesan crímenes que los tribunales no logran probarles, los mandos militares implicados quedan fuera del radar judicial, y la responsabilidad se concentra en los eslabones más bajos o en algún funcionario aislado. En el caso de Garzón, ese funcionario aislado fue Narváez. La sentencia lo alcanzó a él. No alcanzó al DAS como institución ni estableció una cadena formal de mando dentro de las AUC que implicara a Castaño en este crimen específico. Conviene decirlo con precisión: lo que la justicia colombiana documentó sobre el asesinato de Jaime Garzón es la responsabilidad de un nodo —un funcionario de inteligencia que operaba simultáneamente como formador político del paramilitarismo—, no una conspiración institucional firmada con sellos y actas.

Esa distinción no absuelve al sistema; lo describe. La arquitectura que permitió matar a Garzón no fue una orden emitida desde una jerarquía centralizada, sino un ecosistema en el que un solo funcionario, ubicado en el punto de contacto correcto, podía activar una operación letal usando recursos paramilitares y protegerla luego con recursos estatales. Esa fue la forma real que tuvo el crimen de Estado en Colombia a fines de los noventa: no un aparato monolítico, sino una zona gris eficaz.

Por qué lo mataron

La respuesta obvia —lo mataron por lo que decía en televisión— es la más pobre. Garzón llevaba casi una década ridiculizando al poder, y las estructuras armadas que lo mataron no eran especialmente sensibles al humor: convivían con burlas, caricaturas y columnas críticas sin considerarlas amenazas operativas. Lo que había cambiado en 1999 no era el volumen de la sátira sino la posición de Garzón dentro del conflicto real.

Como mediador de secuestros, Garzón se había convertido en un actor con acceso directo a las FARC y con capacidad efectiva de gestionar liberaciones. Ese rol lo situaba en un lugar peligroso por dos razones. Primero, porque hacía visible una red de contactos —quiénes hablan con quiénes, quién paga, quién intermedia, qué información se cruza— que muchos actores, incluido el aparato de inteligencia, preferían mantener opaca. Un mediador civil eficaz es, para los servicios que operan en las sombras, un testigo incómodo. Segundo, porque su humanización pública del proceso de negociación, sumada a su capacidad práctica de destrabar casos, obstruía la utilidad del secuestro como argumento político contra los diálogos del Caguán, en un momento en que las relaciones entre gobierno y guerrilla estaban abiertamente estancadas y los paramilitares hacían campaña activa contra cualquier salida negociada.

Matarlo cumplía, por tanto, funciones simultáneas. Silenciaba a alguien que sabía demasiado sobre las tuberías reales del secuestro. Enviaba una advertencia a otros mediadores civiles. Cerraba un canal informal de conexión con las FARC. Y, por añadidura, eliminaba a un satírico que había ridiculizado sistemáticamente a la clase política y militar. La combinación de motivos explica por qué la operación fue autorizada al nivel que fue autorizada.

Esta lectura no cancela la interpretación cultural. La cancela como explicación única del crimen, pero la incorpora como explicación necesaria del duelo. El país no lloró a Garzón como mediador de secuestros —función que la mayoría de sus televidentes desconocía— sino como el humorista que se había vuelto voz común de una generación. Ese luto masivo, esa lectura del asesinato como magnicidio cultural, no falseaba nada: proyectaba sobre un crimen puntual el peso simbólico acumulado por un año en el que ningún espacio civil, ni el humor ni la mediación humanitaria, había demostrado ser inmune. El sentido colectivo del hecho fue, en ese registro, exacto: en 1999 se cerraba una frontera que parecía intocable.

La impunidad como método

Durante años, el asesinato de Jaime Garzón fue una investigación estancada. Los primeros nombres de sicarios circularon —Juan Pablo Ortiz Agudelo, alias Bochas, Edilberto Antonio Sierra Ayala— y algunos autores materiales fueron procesados, pero la cadena hacia los autores intelectuales se rompía sistemáticamente. Los expedientes se enredaban, los testigos se contradecían, las pistas se enfriaban. El caso reproducía el patrón general de la violencia política colombiana de los noventa: los brazos alcanzables por la justicia son los del final de la cadena; la cabeza queda a salvo.

Ese patrón no era casualidad ni ineficiencia. Era método. La ineficacia relativa del sistema oficial de justicia era, ella misma, uno de los factores que llevaba a los contratantes a recurrir al sicariato como mecanismo para ajustar cuentas y eliminar testigos: contratar un crimen en Colombia era, desde el punto de vista de quienes lo encargaban, una operación con probabilidad razonable de quedar impune si se ejecutaba con las precauciones estándar. La impunidad no era un fallo del sistema; era una condición operativa de la violencia política.

En el caso de Garzón, la ruptura llegó con la reconstrucción del rol de Narváez y con el avance paralelo de Justicia y Paz, que a partir de 2005 obligó a jefes paramilitares desmovilizados a rendir versiones libres sobre sus crímenes. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia y Paz de 2014 documentó el papel de Narváez como formador político en las escuelas paramilitares del Magdalena y de Pacho, un dato que reencuadró toda la investigación: no había que buscar al autor intelectual en un punto exclusivo del aparato paramilitar ni en un punto exclusivo del DAS, sino en la persona que unía ambos mundos.

La condena firme contra Narváez —treinta años— llegó veintiún años después del crimen. Para entonces, muchos de los protagonistas de 1999 habían muerto o cambiado de vida, y el país donde se dictó el fallo era distinto del país en que ocurrió el asesinato. Pero la condena valió porque fijó un hecho jurídico que hasta entonces era sospecha razonable: el asesinato de Jaime Garzón fue ordenado desde el aparato estatal, canalizado a través de la red paramilitar, y ejecutado por sicarios contratados en el mercado urbano de la muerte que el narcotráfico había dejado disponible.

Por qué el crimen sigue importando

Hay tres razones por las que el asesinato de Jaime Garzón sigue pesando más de dos décadas después, y ninguna es la nostalgia por el humor perdido.

La primera es que fijó, en un caso judicialmente resuelto, la existencia de la zona gris. Colombia sabía —lo sabía todo el mundo, lo sabían las víctimas, lo sabía la prensa— que en los años noventa el aparato de inteligencia estatal, sectores militares regionales y las estructuras paramilitares compartían objetivos, información y a veces personal. Pero saberlo no era probarlo. La condena a Narváez, más el sustrato documental de las escuelas paramilitares donde impartía formación política, convirtió ese conocimiento difuso en registro judicial. Un funcionario del DAS entrenaba ideológicamente a los paramilitares y ordenó matar a un mediador civil. La frase, escrita sin adjetivos, es la descripción exacta de cómo funcionaba una parte del Estado colombiano en 1999.

La segunda razón es que corrigió una lectura simplista del crimen. Durante años, Garzón fue recordado como el humorista silenciado, un mártir del oficio de la sátira. Esa lectura contiene una verdad —el efecto amedrentador sobre el humor político colombiano fue real y duradero—, pero oculta la mecánica del crimen. Lo mataron porque hacía algo más que hacer reír: mediaba en secuestros, se movía en la red real del conflicto, tenía acceso a información que otros preferían controlar. La corrección importa porque devuelve al asesinato su dimensión política concreta y lo separa de la mitología: Garzón no murió por decir la verdad, murió por hacer un trabajo que interfería con intereses armados. La diferencia es sustantiva. Convierte al humorista en algo más difícil de recordar: un ciudadano que asumió tareas que el Estado no quería asumir y pagó por ello con la vida.

La tercera razón es que el caso encarnó, como pocos, la lógica serial de la violencia contra los mediadores civiles. Alvarado, Calderón, Valle Jaramillo, Bejarano, Garzón, el rector Cantillo: en menos de tres años, una franja transversal de la sociedad civil colombiana —investigadores, defensores, mediadores, académicos, comunicadores— fue eliminada por la misma coalición de fuerzas. Leer el asesinato de Garzón como pieza de esa serie, y no como incidente aislado, obliga a reconocer que lo que estaba en juego en 1999 no era la libertad de expresión de un individuo, sino la existencia misma de una infraestructura civil capaz de nombrar, documentar y mediar la guerra. Esa infraestructura fue atacada sistemáticamente, y su destrucción parcial —nunca total— es una de las herencias más duraderas del período.

Queda una última capa, la simbólica, que el país intuyó de inmediato la mañana del 13 de agosto. La muerte de Garzón fue procesada como magnicidio cultural porque coincidió con el momento en que se hizo evidente que ningún espacio estaba a salvo. Si mataban al humorista más popular del país, al mediador que hablaba con las FARC, al hombre que la clase política aceptaba como bufón porque el bufonato era la única forma tolerable del reproche, entonces la frontera de lo intocable no existía. Ese fue el mensaje, y el país lo recibió. En los años siguientes, el humor político colombiano no desapareció, pero cambió: se volvió más cauto, más cifrado, más consciente del costo posible. La autocensura, que es la forma que toma la censura cuando ya no necesita ejecutarse, se instaló como norma en franjas amplias del periodismo y la comedia.

Veintiún años después, cuando Narváez recibió su condena de treinta años, el fallo cerró una parte del expediente. No la cerró toda: en el sistema que produjo el crimen, la responsabilidad individual de un funcionario alcanza a explicar el disparo pero no la maquinaria. La maquinaria —la zona gris, el sicariato tercerizado, la impunidad como método, la vigilancia estatal más atenta a los mediadores civiles que a los perpetradores armados— sigue siendo el objeto de una discusión histórica que aún no termina. El asesinato de Jaime Garzón es, en esa discusión, el caso mejor documentado y probablemente el que más lejos ha llegado en fijar los hechos. Por eso importa. Por eso se lo cita. Por eso, cada 13 de agosto, alguien vuelve a nombrarlo.