San Vicente del Caguán

Un pueblo en el piedemonte

El municipio se ubica en el flanco oriental de la cordillera Oriental, en la transición entre las tierras altas andinas y la llanura amazónica que caracteriza al Caquetá. El departamento, con cerca de 88.965 kilómetros cuadrados, limita al norte con Meta y Guaviare, al oriente con Vaupés, al sur con Amazonas y Putumayo y al occidente con Cauca y Huila; sus municipios —quince o dieciséis, según la fuente— se distribuyen entre el piedemonte y la selva baja. La red hídrica es densa: los ríos Caguán, Orteguaza, Yarí y Apaporis, todos afluentes del Caquetá, articulan un territorio donde el agua ha sido históricamente el principal medio de comunicación y transporte, más que las carreteras, que llegaron tarde y de manera incompleta.

San Vicente pertenece a la cuenca del Caguán, una franja de piedemonte que forma parte de la Gran Cuenca Amazónica y conecta las estribaciones montañosas con las llanuras del oriente. Su geografía es, al mismo tiempo, su destino: lo suficientemente cerca de los Andes para recibir oleadas migratorias del interior del país, lo suficientemente lejos para escapar al alcance de la institucionalidad andina. La región amazónica colombiana —423.473 kilómetros cuadrados en algunas mediciones, cerca del 37% del territorio nacional— es, en términos de densidad estatal, la periferia extrema del país, y el Caguán su corazón de frontera.

La colonización que fundó el municipio

Lo que hoy es San Vicente del Caguán no existía como tal antes de la Violencia. Entre 1950 y 1960, Nariño y Tolima registraron las tasas más altas de expulsión campesina del país, y una parte considerable de esos desarraigados se dirigió al piedemonte amazónico, a Putumayo y a Caquetá, en busca de tierras baldías donde rehacer la vida. La colonización primaria del piedemonte caqueteño fue obra de campesinos pobres que abrieron monte con hacha y machete, montaron pequeñas ganaderías, sembraron plátano y hortalizas, y con eso reconfiguraron la geografía productiva de la región.

Ese primer poblamiento tuvo un desenlace que se repetiría en toda la frontera agraria colombiana: los colonos originales, sin crédito, sin vías, sin apoyo técnico ni facilidades de comercialización, terminaron vendiendo sus mejoras —el trabajo de desmontar la selva— a grandes compradores con más capital, que las consolidaron en fincas ganaderas extensivas. Los pequeños volvían a irse, más adentro, a repetir el ciclo. Este patrón —colonización campesina, desplazamiento por concentración, avance hacia la selva— explica el peculiar mapa de tenencia de la tierra en el Caguán, con un latifundio ganadero superpuesto a veredas de colonos empobrecidos, y también preparó el terreno para la violencia posterior.

En 1959, el gobierno de Alberto Lleras Camargo intentó ordenar el fenómeno con la Ley 20 —el Plan Nacional de Rehabilitación y Socorro—, primera medida oficial destinada a organizar colonias en tierras públicas para acoger a los desarraigados de la Violencia. La Caja de Crédito Agrario ejecutó el programa y unas tres mil personas recibieron parcelas. Fue un gesto tardío y limitado. La colonización real, la que efectivamente pobló el Caguán, se hizo sin el Estado y en algunos casos contra el Estado.

Entre los colonos llegaron, en los años cincuenta y sesenta, campesinos expulsados del Tolima que el Partido Comunista organizó en las llamadas columnas de marcha: núcleos móviles que combinaban desmonte agrícola con autodefensa armada y que se asentaron en el Alto Guayabero, en El Pato y en el Caguán. Aunque desarticulados entre sí, mantuvieron sus armas y su organización, y constituyeron el sustrato humano y territorial del que en 1966, en El Pato, se formalizarían las FARC. La guerrilla no llegó al Caguán: nació en el Caguán o, más exactamente, en la geografía continua de colonización armada que incluía al Caguán.

Sobre esa base, las organizaciones campesinas construyeron por su cuenta lo que el Estado no proveía: escuelas veredales, acueductos comunitarios, trochas, puestos de salud. Esa autogestión reforzó una identidad campesina fuerte y un sentido de pertenencia territorial que sería, décadas después, la base social sobre la que la guerrilla ejercería autoridad, y también la que padecería las peores consecuencias del conflicto.

La coca y la segunda colonización

Entre 1977 y 1987, un segundo ciclo colonizador transformó de nuevo el Caguán. Esta vez el motor no fue la Violencia sino la coca. La introducción del cultivo, primero como complemento y luego como economía dominante, atrajo gente de todo el país hacia las riberas del Caguán, del Yarí y del Orteguaza. San Vicente creció, se llenó de comerciantes, de raspachines, de intermediarios, de una economía en efectivo que contrastaba con la miseria estructural de la agricultura tradicional. En 1997, Colombia desplazó a Perú y Bolivia como primer productor mundial de hoja de coca, y una parte sustantiva de esa producción se concentraba en el eje Caquetá-Putumayo-Guaviare.

Las FARC, para entonces, ya controlaban buena parte del territorio rural del Caguán, y la economía cocalera se convirtió en la principal fuente de financiamiento del Bloque Sur, la unidad guerrillera con más músculo económico de la organización. No es un dato menor: cuando Pastrana designó a los negociadores del proceso de paz en 1998, los tres nombres —Raúl Reyes, miembro del Secretariado; Joaquín Gómez; Fabián Ramírez— provenían justamente del Bloque Sur, el mismo que había protagonizado golpes militares como la toma de la base de Las Delicias en Putumayo en 1996 y que tenía en la coca su base material. La negociación se hizo, entonces, con los comandantes cuyo poder dependía del territorio que estaba a punto de ser desmilitarizado.

La zona de distensión

El 14 de octubre de 1998, amparándose en la Ley de Orden Público, Pastrana estableció la zona de distensión: un despeje militar de aproximadamente 42.000 kilómetros cuadrados —42.139, según la medición más precisa— que comprendía cinco municipios, cuatro en el Meta (Mesetas, La Uribe, La Macarena y Vistahermosa) y uno en el Caquetá: San Vicente del Caguán. El área era vasta —cerca de la mitad del tamaño de Portugal— y su corazón administrativo y simbólico se instaló en la cabecera caqueteña.

La decisión fue, desde el inicio, controvertida en dos frentes. El primero, el Batallón Cazadores, con sede en San Vicente. Pastrana intentó dejar sus efectivos dentro de la zona; las FARC exigieron desmilitarización total y no aceptaron su permanencia. El batallón salió. El segundo frente fue la ausencia de reglamentación pactada y pública sobre qué se podía y qué no se podía hacer en el despeje. Nunca hubo un acuerdo escrito y detallado sobre las reglas del territorio, y esa indefinición sería, más que cualquier otro factor, la que erosionaría la legitimidad del proceso.

La ceremonia inaugural de los diálogos, el 9 de enero de 1999, quedó marcada por la imagen que resumiría todo lo demás: la silla vacía. Manuel Marulanda Vélez, comandante en jefe de las FARC, no se presentó. Pastrana, con su comitiva y con las cámaras, esperó junto a un asiento sin ocupante. Las razones aducidas por Marulanda variaron —según algunas versiones, no quería transmitir la señal de un acuerdo inminente; según otras, existían amenazas contra su vida—, pero el efecto público fue devastador. La ausencia se interpretó como desdén, como mal augurio, como prueba de que la guerrilla llegaba a la mesa sin voluntad real. La percepción no era del todo injusta: el propio Marulanda, semanas después, recibiría en su campamento —a más de dos horas del pueblo— al equipo de intermediación cubana encabezado por José Antonio Arbesú, en febrero de 1999, mientras el gobierno seguía intentando construir una interlocución que en la superficie parecía imposible.

El 6 de mayo de 1999, sin embargo, el proceso avanzó con la firma en San Vicente del Caguán de la Agenda común por el cambio hacia una nueva Colombia, un texto de doce puntos que abarcaba desde el modelo económico y las relaciones internacionales hasta la formalización de acuerdos democráticos. La amplitud del temario fue tanto una virtud como una condena: cubría todas las dimensiones del conflicto colombiano, pero era imposible negociar todo eso en un plazo prudente sin dilaciones indefinidas, y las críticas señalaron desde el principio que la agenda no se concentraba en los temas sustantivos para terminar la confrontación armada.

Los Pozos, Villa Nueva Colombia y la escenografía de un Estado paralelo

San Vicente del Caguán no fue solo sede de reuniones. Durante los tres años y medio del despeje, funcionó como centro diplomático internacional: por allí pasaron delegaciones de gobiernos, comisiones de la ONU, representantes de la Iglesia, empresarios, periodistas de medio mundo. La región de Los Pozos —una vereda del municipio— y el caserío bautizado por las FARC como Villa Nueva Colombia se convirtieron en escenarios donde la guerrilla montó una escenografía deliberada: audiencias públicas, foros temáticos, camisetas, banderas, cámaras. Fue un ejercicio de comunicación política con el que la organización buscaba reconocimiento como interlocutor pleno, y en cierta medida lo obtuvo. El gobierno Pastrana reconoció formalmente el carácter político de las FARC, algo inédito en la historia reciente del país.

Pero detrás de la escenografía diplomática, en el territorio, ocurría otra cosa. Las FARC ejercieron poder de Estado en el despeje. Expulsaron a las autoridades civiles que consideraban incómodas: el alcalde de La Macarena fue obligado a dejar su cargo; la fiscal local de San Vicente del Caguán fue amenazada y desplazada. Operaron una emisora de radio propia. Promulgaron leyes numeradas con pretensión de aplicación nacional: la más conocida, la Ley 002 de 2000, impuso un tributo obligatorio a personas con patrimonios altos en sus áreas de influencia, bajo la retórica de un impuesto por la paz.

En la vida cotidiana, la guerrilla reguló el orden moral y social de la zona con una minuciosidad de gobierno: prohibió los robos, el consumo de drogas fuera de fechas permitidas, las peleas, la violación de mujeres; medió conflictos vecinales y familiares; administró justicia con sanciones que iban desde el trabajo comunitario hasta la pena de muerte. Para muchos habitantes, esa regulación era el único orden concreto que habían conocido. Para otros, era una tiranía sin apelación. La zona funcionó como un experimento de gobierno guerrillero: un ensayo de dualización del poder o de construcción de una república paralela, según algunos analistas; una demostración de capacidad estatal como palanca de negociación, según otros. En cualquier caso, las FARC nunca abandonaron su aspiración de tomar el poder por las armas, y el despeje les ofreció una plataforma inigualable para probar hasta dónde podían llegar sin serlo.

Simultáneamente, la organización usó el territorio para fortalecerse militarmente. Sus efectivos crecieron durante el proceso —de unos 16.000 combatientes en 1998 a cerca de 17.500 en 2000, según estimaciones académicas, aunque algunos mandos militares hablaron de una virtual duplicación— gracias al entrenamiento de nuevos reclutas, la formación de mandos y la compra de armamento. La zona sirvió como refugio de secuestrados, como retaguardia para operaciones ofensivas contra el resto del país y como centro de acopio logístico. Mientras en San Vicente se discutía la paz, en el resto de Colombia la guerra continuaba con intensidad creciente, y esa asimetría —negociar en un lugar mientras se combate en todos los demás— sería la contradicción insostenible del proceso.

El Acuerdo de Caquetania y la mecánica del quiebre

En julio de 2001, tras una de las crisis recurrentes del proceso, Pastrana y Marulanda firmaron el Acuerdo de Caquetania, un pacto de reactivación que en su punto séptimo contemplaba la instalación de una Comisión Internacional de Acompañamiento como órgano verificador. Era el intento más serio de introducir en el despeje la reglamentación que le había faltado desde el inicio. Pero el 18 de julio las FARC rechazaron la designación del equipo internacional que la comisión debía integrar, pese a que la figura estaba en el acuerdo que ellos mismos habían firmado. Fue, en retrospectiva, la señal más clara de que la guerrilla no aceptaría ningún mecanismo real de control sobre lo que ocurría en la zona.

A partir de ahí, el desgaste fue acelerado. Cada semana traía denuncias sobre tropelías contra la población, sobre presencia de secuestrados en el despeje, sobre tráfico de armas y de drogas, sobre entrenamiento militar acelerado. Algunas denuncias eran ciertas, otras exageradas, algunas falsas; pero el efecto acumulado erosionó la legitimidad política del proceso hasta un punto irreparable. La opinión pública, que había recibido los diálogos con esperanza en 1998, los repudiaba mayoritariamente en 2001.

En una reunión de la mesa, las FARC llegaron a exigir territorio adicional a cambio de colaborar con programas de sustitución voluntaria de cultivos de coca por cultivos legales. Fue quizás el momento más claro en que la economía cocalera apareció descarnada dentro de la agenda: la guerrilla proponía canjear paz por más despeje, con el fondo cocalero de por medio.

El final llegó el 20 de febrero de 2002, cuando las FARC secuestraron un avión de la aerolínea Aires y bajaron al senador Jorge Eduardo Gechem Turbay. Pastrana, al día siguiente, declaró el fin del proceso y ordenó la retoma militar de la zona de distensión. En cuestión de horas, bombardeos y desembarcos aerotransportados devolvieron a San Vicente del Caguán bajo control formal del Estado. La zona había durado tres años y cuatro meses.

El Plan Patriota y la reconquista

El fracaso del Caguán reconfiguró la política colombiana. En mayo de 2002, apenas tres meses después de la ruptura, Álvaro Uribe Vélez ganó la presidencia con una plataforma de mano dura contra las FARC. El proceso de paz había desgastado no solo a Pastrana sino a la idea misma de negociación, y el electorado giró hacia la guerra abierta.

A partir de 2004, bajo el gobierno de Uribe, el Plan Patriota concentró en el sur del país la mayor operación militar de la historia reciente colombiana. Su objetivo declarado fue recuperar el control del territorio bajo influencia de los Bloques Sur y Oriental de las FARC, y su geografía privilegiada fue justamente la que había sido zona de distensión: los llanos del Yarí y el río Caguán. Ese territorio —la retaguardia estratégica de la guerrilla, la fuente principal de sus recursos cocaleros— se convirtió en el escenario de una guerra intensiva que contó con planeación, soporte logístico y participación del Comando Sur de Estados Unidos en uno de los despliegues contrainsurgentes más directos de la historia colombiana.

El costo humano lo pagó, como siempre, la población civil. En 2004, el caserío de Peñas Coloradas —fundado por colonos cocaleros a orillas del Caguán— fue desplazado en su totalidad al llegar el Ejército. Las veredas aledañas de Flandes, El Venado, Ánimas, Cumarales y Laguna Verde también quedaron vacías. Circularon tres versiones sobre lo ocurrido: que el Ejército exigió a la comunidad desocupar de inmediato para una operación militar; que la guerrilla ordenó salir antes de que llegara la tropa; que la propia comunidad decidió irse por miedo a quedar en medio de los combates o a ser estigmatizada como auxiliadora. Las tres versiones probablemente conviven en la verdad de lo sucedido. El caserío quedó abandonado y sus habitantes nunca pudieron volver.

Peñas Coloradas no fue un caso aislado. En municipios vecinos, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) y la Séptima Brigada operaron con métodos que dejaron denuncias documentadas, incluida al menos una ejecución extrajudicial, la de Eider Quiguanas. En paralelo, en la zona norte del Caguán, las FARC amenazaron y asesinaron a habitantes acusados de ser informantes del Ejército, mientras corría el rumor —a veces confirmado— de la llegada de los paramilitares.

Los paramilitares en el Caquetá

La zona de distensión no solo militarizó a las FARC. También impulsó, en dinámica de espejo, la expansión paramilitar. Un excomandante de las autodefensas testimonió después que, entre 1998 y los años siguientes, la organización creció un 500% como respuesta al fortalecimiento guerrillero. En 1998, Carlos Castaño realizó una formación militar con cerca de mil hombres, en un gesto explícito de demostración de fuerza frente a las FARC.

En el Caquetá, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y posteriormente el Bloque Central Bolívar (BCB) libraron una guerra sistemática de arrasamiento en la zona sur del departamento. Las cifras poblacionales son elocuentes: Milán pasó de 14.553 habitantes en 1993 a 7.421 en 2005; Valparaíso, de 20.859 a 7.397 en el mismo período —una pérdida superior al 64%—. Aunque los bombardeos, las operaciones militares y las acciones de las FARC también contribuyeron, el arrasamiento paramilitar es una de las explicaciones centrales de ese vaciamiento demográfico.

Hacia 2002, en el pico del conflicto amazónico, tres actores armados se disputaban simultáneamente el territorio: las FARC-EP consolidando su dominio rural, las AUC controlando las cabeceras y las carreteras, y una fuerza pública fortalecida por el Plan Colombia. La economía de la cocaína financiaba a los tres. La población civil, atrapada entre ellos, era el sujeto sin agencia de una guerra en la que todos actuaban como si el territorio les perteneciera y ninguno tenía obligación de responder ante nadie por ello.

En San Vicente del Caguán, el mercado de tierras se movió de manera notable en la posguerra inmediata. Entre 2004 y 2012 se registraron 2.802 compraventas —el 48,17% del total del siglo en el municipio—, un dinamismo que coincidió con los picos más altos de abandono y despojo y con los momentos más intensos de confrontación armada. La coincidencia temporal sugiere lo que sugiere: la crisis humanitaria y la reconfiguración de la propiedad rural avanzaron juntas.

La red de nombres y lugares

Si San Vicente del Caguán es hoy una entrada obligada en cualquier historia del conflicto colombiano, lo es por una constelación de nombres y sitios que allí convergieron. Andrés Pastrana Arango, presidente entre 1998 y 2002, apostó su gobierno al proceso; Víctor G. Ricardo, su alto comisionado para la paz, fue el arquitecto operativo del despeje y el interlocutor cotidiano con la guerrilla. Manuel Marulanda Vélez —Tirofijo—, fundador y comandante en jefe de las FARC hasta su muerte en 2008, marcó la relación con su ausencia física recurrente. Raúl Reyes, del Secretariado, fue la cara pública de la delegación guerrillera y moriría en 2008 en un bombardeo colombiano en territorio ecuatoriano. Joaquín Gómez e Iván Ríos completaron con él el núcleo negociador. Del otro lado, Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, capitalizó el fracaso del Caguán y llegó a la Casa de Nariño en 2002.

Los lugares importan tanto como los nombres. Los Pozos, sede de las sesiones más publicitadas. Villa Nueva Colombia, la aldea guerrillera. El río Caguán, arteria de la región. Florencia, capital del departamento y punto de acceso aéreo. Los municipios vecinos del despeje —Mesetas, La Uribe, Vistahermosa, La Macarena— y los del Caquetá que quedaron por fuera pero soportaron el impacto —El Doncello, Puerto Rico, Milán, Valparaíso—. Y Peñas Coloradas, cuyo nombre se ha vuelto en años recientes emblema del desplazamiento forzado en Colombia.

La huella

El municipio no desapareció con el proceso ni con el Plan Patriota. Siguió allí, en su geografía obstinada de piedemonte y llanura, sosteniendo su feria ganadera —una de las más importantes de la Amazonía colombiana—, produciendo carne, lácteos y aún, aunque de manera menos visible, coca. Con los Acuerdos de La Habana firmados en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, San Vicente del Caguán entró en una nueva fase: la de un municipio donde el posconflicto se juega en clave de sustitución de cultivos, restitución de tierras, retornos de población desplazada y presencia intermitente de disidencias armadas que no aceptaron el acuerdo.

La huella del despeje persiste en muchas capas. En la memoria pública, San Vicente es sinónimo de aquella imagen del 9 de enero de 1999 y de las lecciones —duras, discutidas, todavía disputadas— sobre cómo no negociar con una guerrilla en armas: sin reglamentación pactada, sin verificación internacional efectiva, sin cese al fuego en el resto del país, sin límites claros a lo que puede ocurrir dentro del territorio despejado. En la memoria local, el peso es otro: el de una comunidad que vivió tres años bajo administración guerrillera abierta, seguidos de años bajo operación militar intensiva, y que sobrevivió a ambos con más pérdidas que ganancias.

Lo que San Vicente del Caguán condensa, en la historia larga de Colombia, es la tensión entre una frontera de colonización que el Estado nunca integró y un país que solo llega a esa frontera cuando la guerra lo obliga. La zona de distensión no creó un vacío estatal: formalizó uno que existía desde los años cincuenta, cuando los primeros colonos huidos de la Violencia abrieron monte sin escuelas, sin caminos, sin justicia, sin el país. Que las FARC hubieran podido ejercer gobierno de facto durante tres años no fue un accidente ni una excepción: fue la revelación pública, ampliada por la escenografía diplomática, de una capacidad de administración que la guerrilla venía ejerciendo mucho antes del despeje y que continuó, en formas menos visibles, mucho después.

En ese sentido, la elección de San Vicente como sede del proceso fue lógica y trágica al mismo tiempo. Lógica porque era el corazón del territorio guerrillero y solo allí Marulanda aceptaba negociar. Trágica porque, al elegirlo, el Estado colombiano confirmaba en los hechos lo que sus discursos negaban: que en aquel municipio, y en la vasta región que lo rodea, no había Estado antes del despeje ni podría haberlo después sin una transformación estructural que ni el Plan Patriota ni los Acuerdos de La Habana lograron completar. El municipio sigue siendo, en 2024, uno de los indicadores más precisos del pulso del posconflicto colombiano. Cuando las cosas van bien allí, van bien en muchas partes; cuando allí se estanca la sustitución de coca o vuelven las disidencias, es que el país no ha resuelto lo que se sentó a resolver en 1999. La silla vacía, en algún sentido, sigue allí.