Jorge Briceño (Mono Jojoy)

La semblanza: el rostro de la guerra irregular

Rechoncho, de cara redonda y tez clara —de ahí el "Mono" del apodo—, Jojoy fue durante los años noventa y la primera década del siglo XXI la cara más reconocible del brazo armado de las FARC. No era el ideólogo ni el vocero diplomático: era la leyenda militar. Mientras Alfonso Cano concentraba la concepción política heredada de Jacobo Arenas y Raúl Reyes se ocupaba de la interlocución externa, Jojoy representaba la línea dura, la que se medía en frentes, en cuadrillas, en tomas de bases y en columnas de secuestrados. Las entrevistas grabadas en 1997, cuando ya se le identificaba como comandante militar en jefe, lo mostraron con uniforme, radio y la parsimonia de quien manda tropa desde hace décadas.

Su liderazgo era descrito como brutal, y en las estructuras que él dirigía se convirtió en símbolo del terror. Pero el poder que ejercía no era personalista en sentido estricto. Dentro del Secretariado, las decisiones se tomaban de forma colegiada por votación entre sus siete miembros, y Manuel Marulanda Vélez conservaba la jefatura simbólica por tradición e historia. Jojoy encarnaba una orientación —la militarista— que la organización había abrazado colectivamente. Que ese rol coincidiera con su temperamento no lo convierte en la causa de la deriva; sí en su ejecutor más eficaz.

Fue la pieza que faltaba para que los planes trazados en la clandestinidad se convirtieran en ejército. Su figura llenó el vacío que dejaron las muertes de Jacobo Arenas y del líder de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo, cuando la política quedó relegada frente al militarismo y Cano, sucesor nominal del ideólogo, no logró plenamente el apoyo de las tropas ni de los sectores duros.

Los orígenes: del Sumapaz al Secretariado

La biografía temprana de Víctor Julio Suárez Rojas se pierde en la parquedad habitual de los mandos guerrilleros de su generación, formados en la migración campesina que huía de la Violencia bipartidista hacia las tierras bajas del oriente. Hijo de esa Colombia que se replegaba hacia la frontera agraria buscando refugio del enfrentamiento entre liberales y conservadores, creció en un entorno donde la autoridad del Estado llegaba tarde, mal o simplemente no llegaba. La colonización campesina del Sumapaz, del piedemonte llanero y de los márgenes del Guayabero produjo generaciones enteras que hicieron de la autodefensa una segunda naturaleza y que encontraron en las guerrillas comunistas una prolongación política de esa experiencia.

Cuando Suárez Rojas se incorporó a las filas guerrilleras, todavía adolescente, las FARC no eran aún el ejército irregular que llegarían a ser. Eran una federación de columnas móviles con presencia en unos cuantos enclaves campesinos. Su ascenso —de combatiente raso a comandante de escuadra, de escuadra a compañía, de compañía a frente— siguió el patrón interno de la organización: obediencia, resistencia física, capacidad de mando sobre la tropa, disciplina en el manejo de armas y de finanzas. No fue el hombre de los papeles ni de las conferencias teóricas. Fue el hombre del terreno, y esa fue la moneda con la que se ganó la ficha en el Secretariado.

Su ascenso coincidió con el ciclo largo de expansión que la organización planificó en la VII Conferencia, celebrada entre el 4 y el 14 de mayo de 1982 en la quebrada La Totuma, en el Meta, región del Guayabero. Esa conferencia fue la bisagra. Allí las FARC añadieron a su nombre "Ejército del Pueblo" —pasando a denominarse FARC-EP— y formularon un Plan Estratégico para la toma del poder, al que luego se denominó Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia. El objetivo final era Bogotá: la capital debía ser cercada con una tenaza militar cuya antesala geográfica era la Cordillera Oriental. Para llegar allí, la organización proyectó un desdoblamiento de frentes por fases: entre 1990 y 1992, sesenta cuadrillas y más de 18.000 hombres; entre 1992 y 1994, ochenta cuadrillas y 32.000 hombres; entre 1994 y 1996, una tercera fase concentrada en un Centro de Despliegue Estratégico en la Cordillera Oriental, con 16.000 combatientes.

La conferencia también resolvió la expulsión de Javier Delgado, acusado de traición y del robo de 800 millones de pesos, decisión que derivó en la fundación del Frente Ricardo Franco y, más tarde, en la masacre de Tacueyó de 1985. Se abrió, además, un capítulo urbano: el plan insurreccional reconocía la importancia política y estratégica de las ciudades, y comenzaron a conformarse redes urbanas —como la de Medellín— dirigidas por cuadros que luego relataron el proceso. En paralelo, la organización profundizó sus vínculos con el Partido Comunista Colombiano, del que había nacido dos décadas antes, y buscó articular la lucha armada con una expresión electoral que cristalizaría en la Unión Patriótica en 1985. Ese doble carril —fusil y voto— se rompería en pocos años bajo el exterminio sistemático de los cuadros de la UP, y la ruptura empujaría a la organización todavía más hacia el polo que Jojoy representaba.

Ese fue el mapa que Jojoy heredó y ejecutó. Su papel no fue el de arquitecto sino el de ingeniero: multiplicar los frentes, convertir escuadras en compañías y compañías en columnas móviles. Transformar el oriente colombiano en retaguardia estratégica. La aritmética de la VII Conferencia se resolvía sobre el terreno con hombres, armas y control de corredores.

La trayectoria: del hostigamiento a la guerra de movimientos

El Bloque Oriental fue la obra de una vida militar. Llegó a albergar cerca de 9.387 combatientes, siendo el bloque más numeroso de las FARC-EP, y muchos analistas lo consideraron la retaguardia estratégica de la organización y su zona de movilidad más confiable a nivel nacional. Aunque el control de esas zonas nunca fue estable, ni siquiera en los momentos de mayor fortaleza. Bajo el mando de Jojoy, el bloque creció con fuerza durante los años ochenta y noventa, apalancado en una economía de guerra que se alimentó de las rentas de la coca en los Llanos del Yarí y a lo largo del río Caguán, corredor natural entre el Meta, el Guaviare, el Caquetá y el Vaupés. Ese corredor era, a la vez, arteria financiera y ruta de repliegue: por él circulaban pasta base, remesas, armas y combatientes; por él se desplazaban también los rehenes, en marchas que podían durar semanas.

Su táctica tenía un método reconocible: hostigamientos permanentes destinados a desgastar y fijar a las tropas del Ejército, evitando deliberadamente ataques decisivos que provocaran una reacción contundente de las Fuerzas Militares. Era una guerra de atrición que preparaba el terreno para otra cosa. Esa "otra cosa" llegó a mediados de los noventa, cuando las FARC dieron el salto conceptual que sus estrategas llamaron "guerra de movimientos": pasar de la guerra de guerrillas a la guerra frontal estratégica, concentrando gran cantidad de hombres para enfrentar al Ejército en sus propias posiciones.

La secuencia de golpes que sobrevino fue, para el Estado colombiano, un punto de inflexión. Las Delicias, El Billar, Miraflores, Patascoy, Mitú. En el ataque a El Billar, en Caquetá, murieron 62 soldados y 43 fueron capturados por la guerrilla. En Miraflores, Guaviare, cerca de 1.200 combatientes de las FARC atacaron simultáneamente al Batallón de Infantería 19 Joaquín París y a fuerzas antinarcóticos de la Policía: al menos treinta muertos y alrededor de cien miembros de la fuerza pública capturados. Fue el Bloque Oriental, bajo el sello táctico de Jojoy, el que perpetró la acción.

El clímax llegó el 1 de noviembre de 1998, con la toma de Mitú, capital del Vaupés. Unos 1.500 guerrilleros del Bloque Sur y del Bloque Oriental cruzaron selva y ríos para asaltar la ciudad. Jojoy comandó la operación, coordinando fuerzas de dos bloques distintos en un ataque contra una capital departamental —algo que ninguna guerrilla colombiana había ejecutado antes. Mitú marcó el techo militar de las FARC y demostró que el plan de la VII Conferencia, con dieciséis años de retraso frente a su cronograma original, había producido un ejército irregular con capacidad ofensiva real.

Ese techo fue también, sin que nadie lo advirtiera del todo entonces, el comienzo del descenso. La ambición de la guerra de movimientos había expuesto a la organización a un enemigo estatal que empezaba a transformarse: unidades aeromóviles, entrenamiento antinarcóticos con asesoría extranjera, inteligencia técnica reforzada. Cada toma masiva dejaba, además de bajas y capturados, una firma logística legible desde el aire. Concentrar mil quinientos hombres para asaltar una capital departamental era una demostración de fuerza, pero también una exhibición de blancos: columnas visibles, comunicaciones intensas, movimientos coordinados que dejaban huella en la selva. Lo que en 1998 pareció el umbral del poder terminó siendo el mapa que el Estado usaría, pocos años después, para desmantelar la maquinaria que lo había producido.

La red: el Secretariado y el reparto del poder

Comprender a Jojoy exige situarlo dentro del cuerpo colegiado que dirigía las FARC. El Secretariado reunía a siete miembros y decidía por votación. Marulanda era el jefe simbólico por tradición e historia, y los roles funcionales estaban distribuidos con precisión doctrinal. A Alfonso Cano le correspondía la concepción política; a Jacobo Arenas, la ideológica; a Marulanda, la militar en sentido estratégico; a Mono Jojoy, la línea fuerte armada, el brazo que ejecutaba la doctrina de guerra revolucionaria en el terreno.

Ese reparto explica por qué la política quedó subordinada. Cuando murió Jacobo Arenas y cuando el asesinato de Bernardo Jaramillo cerró la experiencia de la Unión Patriótica como puente electoral, las FARC quedaron con un vacío ideológico que Alfonso Cano no logró llenar plenamente ante las tropas. Los cuadros formados en el monte respondían mejor al lenguaje de Jojoy —planes de campaña, cuadrillas, tomas, control territorial— que al discurso más abstracto de la izquierda armada. La ecuación se inclinó hacia el fusil.

Su red se extendía por los frentes del Bloque Oriental repartidos entre Meta, Guaviare, Vaupés y el norte de Caquetá, y se articulaba con el Bloque Sur en la zona del Caguán y el Yarí. La coordinación de la toma de Mitú, con fuerzas de dos bloques operando bajo un mando único, indica el peso operacional que ejercía y la confianza que Marulanda depositaba en él para las operaciones de gran envergadura.

De esa jurisdicción operativa dependía también el destino de los rehenes. Bajo su comando permanecieron secuestrados políticos, militares y policías durante años, en campamentos móviles del oriente y el sur. Las FARC empleaban el secuestro de figuras políticas con un doble fin estratégico: presionar al Estado y publicitar su discurso político y poderío militar, aprovechando el alto cubrimiento mediático que generaban los casos. En esa lógica, cada nombre valía por su capacidad de proyección internacional.

Esa aritmética mediática y política tuvo, con los años, dos casos que la sintetizaron mejor que ningún otro. El primero, el de Ingrid Betancourt, candidata presidencial y ciudadana franco-colombiana, secuestrada el 23 de febrero de 2002 mientras intentaba llegar por tierra a San Vicente del Caguán en plena ruptura del proceso de paz. Su doble nacionalidad convirtió el cautiverio en un asunto de diplomacia europea y su nombre en el emblema internacional del secuestro fariano. Un año después, el 13 de febrero de 2003, la avioneta monomotor en la que viajaban tres contratistas estadounidenses de Northrop Grumman —Marc Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell, dedicados a tareas de vigilancia sobre territorio guerrillero— cayó en zona controlada por las FARC. Los tres pasaron a engrosar el grupo de rehenes de "canje". Todos ellos permanecieron bajo la jurisdicción operativa del hombre que había convertido el secuestro en un instrumento de guerra prolongado, una carta con la que la guerrilla creía poder negociar desde la fuerza.

Para las víctimas y sus familias, la maquinaria de Jojoy tuvo rostros concretos: los años en cadenas y jaulas de madera en la selva, las pruebas de supervivencia enviadas con cuentagotas, las marchas forzadas cuando el Ejército se acercaba, las muertes en cautiverio. Los soldados y policías capturados en Las Delicias, El Billar, Miraflores y Mitú engrosaron durante años las columnas de secuestrados canjeables. Familias enteras vivieron sincronizadas con el reloj del comandante: esperando una prueba, un mensaje por radio, una liberación unilateral que casi nunca llegaba. Esa dimensión —la de los rehenes como moneda de guerra prolongada— fue quizás la marca más duradera del mando de Jojoy sobre la vida civil colombiana.

El Caguán y la máscara de la negociación

La zona de distensión de San Vicente del Caguán, otorgada por el gobierno de Andrés Pastrana entre 1998 y 2002 en una franja del Caquetá y el Meta, coincidió con el momento de mayor poder militar de las FARC. En La Macarena y las áreas aledañas —territorios que estaban dentro del radio de operaciones histórico del Bloque Oriental— la guerrilla no solo dialogaba: se reagrupaba, entrenaba, movilizaba secuestrados y proyectaba nuevas operaciones. Jojoy fue durante esos años la imagen más incómoda de la mesa. Su boina, su reloj de oro y su sonrisa displicente frente a las cámaras se convirtieron en el símbolo de una negociación que, para amplios sectores del país, era un simulacro.

No es que Jojoy solo hubiera decidido no negociar. Es que la lógica misma que él encarnaba —la de una organización que había alcanzado el clímax de su capacidad ofensiva— no tenía incentivos para ceder. Una guerrilla en su cénit militar rara vez cede: prefiere apostar a que el próximo golpe la acerque un paso más al objetivo final del plan del 82. Fracasaron los diálogos, y en febrero de 2002 el Caguán se cerró. Lo que vino después transformó la guerra.

La contraofensiva del Estado: Plan Patriota y la caza del comandante

Con Álvaro Uribe Vélez en la presidencia desde agosto de 2002 y su Política de Seguridad Democrática como marco político, las Fuerzas Militares se reorganizaron para atacar lo que hasta entonces había sido intocable: la retaguardia estratégica de las FARC. El Plan Patriota se orientó a desarticular las comunicaciones, la movilidad y las finanzas de la guerrilla, y trazó una estrategia para asestar golpes contundentes contra la estructura de mandos medios y altos en el corto plazo.

El plan atacó específicamente la retaguardia de los Bloques Sur y Oriental, operando en los Llanos del Yarí y a lo largo del río Caguán —el corazón económico y territorial del poder de Jojoy—, donde las FARC obtenían recursos de la producción ilegal de coca. La articulación combinó poder aéreo con ofensivas terrestres sostenidas, la creación de batallones de alta montaña y la conformación de Fuerzas Especiales Urbanas. A ello se sumaron las Operaciones Libertad I y II en Cundinamarca, destinadas a desalojar estructuras de las FARC de las provincias de Oriente, Gualivá, Rionegro y Sumapaz, reduciendo la proyección de la guerrilla sobre Bogotá y deshaciendo la tenaza que la VII Conferencia había proyectado.

El efecto de la presión fue estructural. Los jefes guerrilleros, obligados a dispersarse para sobrevivir, se convirtieron en blancos más vulnerables para las fuerzas especiales y las operaciones comando. La inteligencia militar colombiana desarrolló, en paralelo, capacidades de interceptación y suplantación de comunicaciones: un reducido grupo capacitado llegó a imitar a operadores del comando central de las FARC, técnica aplicada en operaciones de alto valor contra la guerrilla. La huella electrónica se volvió el rastro más peligroso para un comandante en la selva: un teléfono satelital encendido, una remesa geolocalizada, una orden retransmitida por radio bastaban para fijar coordenadas.

Ese giro produjo, entre 2008 y 2011, una secuencia de golpes sin precedentes. En marzo de 2008, las FARC perdieron a tres figuras de alto nivel en cuestión de semanas: Raúl Reyes, jefe diplomático, cayó en un bombardeo sobre su campamento; Iván Ríos fue asesinado por su propio lugarteniente, alias Rojas, quien le cortó una mano para probar el hecho y se entregó al Ejército el 3 de marzo; y Manuel Marulanda Vélez murió a fines del mismo mes, de falla cardíaca, a los 77 años, rodeado de su guardia personal. Alfonso Cano fue designado unánimemente como nuevo comandante del Secretariado y del Estado Mayor Central.

Ese mismo año, el 2 de julio de 2008, la Operación Jaque liberó sin disparar un tiro a Ingrid Betancourt, a los tres contratistas estadounidenses y a once militares y policías colombianos, mediante el engaño a los guerrilleros que los custodiaban en el Guaviare. El golpe simbólico fue mayor incluso que el operativo: la carta de canje que Jojoy había cultivado durante años se le escapaba de las manos, y la fórmula misma del secuestro como instrumento estratégico entraba en crisis.

En ese momento, Jojoy se convirtió en el objetivo estratégico más importante de las Fuerzas Armadas colombianas. Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa de Uribe, lo consideraba prioritario incluso por encima de Alfonso Cano, dada su mayor trascendencia militar. La caza había comenzado desde antes, y continuó cuando Santos llegó a la presidencia en agosto de 2010.

Operación Sodoma: la noche del 22 de septiembre de 2010

Pocas semanas después de la posesión de Santos, la Operación Sodoma cerró el arco. En un campamento fortificado en la Serranía de La Macarena, treinta aviones y helicópteros de guerra arrojaron doce toneladas y media de bombas de alto poder. Víctor Julio Suárez Rojas murió en el bombardeo. Con él cayeron unos veinte guerrilleros del primer anillo de seguridad.

Fue la primera gran acción militar del nuevo gobierno, y le permitió a Santos mostrar la misma contundencia militar de su antecesor. La operación reflejaba el modelo que se había venido perfeccionando: inteligencia sostenida, articulación aire-tierra, precisión en el objetivo. La retaguardia que Jojoy había construido durante décadas —esa Serranía de La Macarena que le servía de santuario natural— se convirtió en su tumba. El campamento, según se conoció después, disponía de infraestructura semipermanente, generadores, computadores y suministros para largos períodos, un dato que ilustraba tanto el grado de arraigo del comandante en el terreno como la vulnerabilidad que ese arraigo terminó produciendo.

Ingrid Betancourt, liberada dos años antes en la Operación Jaque, estaba siendo entrevistada en Washington cuando conoció la noticia. Declaró sentir alivio, no alegría, y reflexionó sobre el daño causado por Jojoy y sus crímenes. La distinción no fue menor: reconocía la magnitud de la responsabilidad del comandante sin celebrar su muerte.

Los mercados financieros internacionales, a diferencia de lo ocurrido con los primeros golpes del gobierno Uribe, apenas registraron el hecho. Para entonces el país ya había incorporado en sus expectativas que las FARC eran una organización en descenso. La noticia era grande hacia adentro; hacia afuera, confirmaba lo que se venía leyendo desde 2008.

La huella: síntoma, no causa

La muerte de Jorge Briceño no fue el detonante del colapso de las FARC, sino su síntoma más legible. Cuando se suman las bajas de Reyes (marzo de 2008), Marulanda (marzo de 2008, por causas naturales), Jojoy (septiembre de 2010) y Cano (noviembre de 2011), lo que aparece no es una serie de accidentes sino una ofensiva estatal sostenida que sumió a la organización en una crisis profunda, con una dimensión organizacional que la llevó a las negociaciones de La Habana bajo la presión de lo que se describió como cuatro derrotas simultáneas.

Jojoy fue el administrador militar más eficaz de un proceso que lo precedía y lo excedía. La economía de la coca, la geografía del oriente y la aritmética del desdoblamiento de frentes habrían operado con él o sin él; su temperamento y su método le dieron la forma más eficiente, no la única posible. De ahí que su desaparición, por sí sola, no bastara para desmontar la organización: fue necesario que cayeran también las cabezas política y diplomática, y que el aparato financiero perdiera la conectividad que le había permitido sostener bloques enteros en zonas remotas.

Ese punto arroja luz sobre un rasgo menos discutido de la trayectoria del comandante: su papel en la mutación de las FARC en actor económico. Bajo su mando, el Bloque Oriental integró tributación cocalera, protección a laboratorios, control de corredores hacia Venezuela y regulación de mercados internos en zonas de colonización. La estructura militar se sostenía sobre una estructura económica, y esa economía —más que la ideología— fue la que amarró a jóvenes campesinos, jornaleros y raspachines a la organización durante dos décadas. Cuando el Plan Patriota rompió esa base, no cayó una guerrilla: cayó un régimen local.

La ofensiva estatal también replegó a las FARC hacia sus zonas de retaguardia y hacia las fronteras nacionales, poniendo de manifiesto la amenaza de una propagación continental del conflicto hacia los países vecinos —una tensión que redefinió las relaciones diplomáticas con Ecuador y Venezuela durante esos años. El bombardeo sobre el campamento de Raúl Reyes en Angostura, Ecuador, en marzo de 2008, y las denuncias posteriores sobre presencia guerrillera en territorio venezolano, mostraron que la retaguardia había dejado de ser exclusivamente nacional. La geografía del conflicto se había vuelto binacional, y con ello más difícil de sostener para la propia insurgencia.

Jojoy fue el nodo más visible de esa apuesta militarista que se volvió autónoma respecto a cualquier proyecto político. La guerra se convirtió en el fin y no en el medio; el secuestro, en instrumento estratégico prolongado; el territorio, en economía y no en base social. Cuando esa lógica se agotó y el Estado aprendió a atacarla, los símbolos de esa lógica cayeron uno tras otro.

Del comandante rechoncho y sonriente que se paseaba por el Caguán con su reloj de oro sobreviven dos imágenes que difícilmente se reconciliarán. Para las víctimas del secuestro y las familias de los soldados caídos en El Billar, Miraflores o Mitú, es el nombre de un victimario. Para la historiografía del conflicto, es la figura que permite entender por qué las FARC llegaron tan lejos y por qué, precisamente por haber llegado tan lejos militarmente, terminaron obligadas a sentarse a negociar. La Habana se instaló sobre esa aritmética. Sin Reyes ni Marulanda desde 2008. Sin Jojoy desde 2010. Con un Cano al que apenas le quedaban meses de vida cuando comenzaron los contactos. La delegación que llegó a Cuba dos años después de la Serranía de La Macarena ya no era la que había desafiado al Estado desde el Caguán. Era la que había sobrevivido a su propia estrategia.