La Macarena

Una isla en el continente

La serranía no es andina. Aunque el ojo, acostumbrado a leer todo relieve colombiano como prolongación de las cordilleras, tienda a incluirla en ese sistema, La Macarena pertenece a un cuerpo geológico distinto y muchísimo más viejo: el macizo guyanés, el escudo cristalino que aflora al oriente del país en pequeñas serranías dispersas y del que también forma parte, más al sur, Chiribiquete. Junto con la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Darién, la cordillera del Baudó y las serranías del Caribe y de La Guajira, La Macarena integra el conjunto de las formaciones orográficas colombianas que no son andinas. Algunos textos divulgativos afirman que antecede en un millón de años a los Andes; la cifra es imprecisa, pero la intuición es correcta: la roca es anterior al levantamiento de la cordillera que hoy la flanquea por el occidente.

Esa antigüedad y ese aislamiento explican su biología. La serranía se comporta como una isla de bosque húmedo tropical elevado en medio de dos biomas que la rodean —el sabana llanera por el norte, la selva amazónica por el sur— y, a la vez, como un puente por donde suben especies amazónicas y bajan otras andinas. El botánico estadounidense Richard Evans Schultes, que había recorrido buena parte del noroeste amazónico documentando plantas y prácticas indígenas, visitó La Macarena en 1951 y pasó un mes recolectando en las faldas orientales y en la cima del cerro Rengifo. La imagen de un naturalista subiendo con secadoras de papel a un afloramiento aislado en la frontera del Meta pertenece a un momento de la ciencia colombiana en el que estos territorios eran, todavía, terra incognita.

El emblema paisajístico de la serranía es Caño Cristales, un arroyo que corre sobre lechos de cuarcita del escudo guyanés y donde la floración estacional de plantas acuáticas del género Macarenia tiñe el agua de rojo, amarillo y verde durante unas pocas semanas al año. El fenómeno, que hoy sostiene un turismo cuidadosamente regulado, es una manifestación menor —bella pero secundaria— de lo que la serranía guarda: ríos, cañones, mesetas cubiertas de bosque tropical exuberante, buena parte inaccesible salvo para el viajero muy resistente.

De reserva biológica a área de manejo especial

Antes de que existieran los parques nacionales en Colombia, existió la Reserva Biológica de la Serranía de La Macarena. La historiadora Claudia Leal ha señalado que el origen de la conservación en el país, en las décadas de 1940 y 1950, tuvo aquí un comienzo inusual: mientras en otras partes del mundo la figura tutelar era el parque nacional —con sus vocaciones simultáneas de protección y visita—, en Colombia la primera pieza fue una reserva biológica donde el turismo estaba explícitamente prohibido. El énfasis, desde el inicio, no fue recreativo sino científico: proteger un laboratorio natural para su estudio.

Esa figura pionera dejó huella normativa. La Ley 135 de 1961, que buscó ordenar simultáneamente la reforma agraria y las áreas protegidas, contempló la posibilidad de crear "reservas biológicas integrales" —una categoría de protección estricta que, con toda probabilidad, se inspiró en el experimento macarenense— y previó en sus artículos 13 y 14 la conversión de ciertas áreas en parques nacionales. Algunas disposiciones de la misma ley declararon parques a las montañas nevadas, aunque la medida no llegó a materializarse.

La trayectoria institucional posterior fue transformando la Reserva Biológica en un mosaico más complejo. La Sierra de La Macarena aparece en documentos oficiales y de fomento turístico como parte del sistema de áreas protegidas del país, y en 1989 el gobierno colombiano designó formalmente el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena. Junto con los parques Tinigua, Cordillera de los Picachos y Sumapaz —contiguos entre sí—, la serranía quedó integrada en un Área de Manejo Especial (AMEM) diseñada para articular las distintas categorías de protección con la realidad de un territorio densamente habitado por colonos.

Ese fue, precisamente, el nudo. Hacia finales del siglo XX, la administración nacional de parques asumió una política que buscaba superar el modelo mundial de "control y coerción" —el guardaparques como policía— e incorporar a las comunidades locales al manejo de las áreas protegidas. La política reconoció con claridad a dos actores: los pueblos indígenas en sus resguardos y las comunidades negras del Pacífico en sus territorios colectivos. Los colonos campesinos mestizos, en cambio, quedaron por fuera de ese reconocimiento. En La Macarena, esa asimetría iba a ser explosiva: los habitantes reales de buena parte de la reserva y de los parques eran, justamente, campesinos mestizos llegados hacía apenas una o dos generaciones.

Las columnas de marcha

El poblamiento moderno de la serranía y su piedemonte comenzó a mediados del siglo XX, pero no en las condiciones tranquilas de una colonización de fomento estatal. La segunda oleada del piedemonte llanero-amazónico —iniciada en los años cincuenta— estuvo protagonizada por núcleos de campesinos comunistas y liberales provenientes principalmente del Huila, Cundinamarca y Tolima, que huían simultáneamente de dos violencias entrelazadas: la política, que masacraba a sus dirigentes y comunidades enteras, y la agraria, expresada en el acaparamiento sistemático de tierras en las cordilleras Central y Oriental.

El ataque del Ejército a El Davis, en 1952, radicalizó a esos focos. En 1953 rechazaron las condiciones de amnistía ofrecidas por el general Gustavo Rojas Pinilla: no confiaban en que los "Limpios" —el ala liberal dispuesta a negociar con el gobierno— no colaborara luego con el Estado en su exterminio. En lugar de rendirse, se movieron. Los primeros colonos de La Macarena, expulsados por la fuerza pública, abrieron trocha desde el Caquetá hacia la serranía en 1953. Ese movimiento no fue un desplazamiento espontáneo: fue una operación organizada, con retaguardia, jefaturas y disciplina, que la historiografía conoce como las columnas de marcha, articuladas por el Partido Comunista como forma específica de colonización armada del piedemonte amazónico.

El proceso se prolongó durante las décadas siguientes. Al sur del Meta, en el norte del Caquetá y luego en el Guaviare, se fueron asentando campesinos que abrían fincas a machete en tierras cubiertas de bosque, muchas de ellas baldíos nacionales que la legislación agraria de los años sesenta ofrecía para adjudicación. La reforma agraria del Incora, incapaz o falta de voluntad para redistribuir la tierra donde el conflicto por ella era real —en la cordillera y en los valles interandinos—, terminó operando de facto como programa de colonización de fronteras: canalizaba la demanda campesina hacia los márgenes.

Ese desplazamiento hacia los márgenes reprodujo, con variaciones, las condiciones que había expulsado a los colonos de sus regiones de origen. Para la década de 1960, en el Meta, el 73 por ciento de las empresas agrícolas eran fincas de cultivo —unas 10.722 unidades sobre 468.500 hectáreas— frente a cerca de 3.000 haciendas ganaderas de mucho mayor tamaño. La ganadería y el latifundio dominaban la economía del piedemonte, y estudios del propio Incora vinculaban ya entonces el problema de concentración de la tierra con el proceso colonizador. Al fondo de la selva, los mismos que huían del latifundio andino iban abriendo bosque para fincas que, tarde o temprano, terminaban absorbidas por hacendados o comerciantes locales, empujando la frontera unos kilómetros más adentro.

Frontera contra frontera

A mediados de los años ochenta ocurrió, en el Guayabero y el Guaviare, algo distinto. Los campesinos que habían logrado estabilizar su economía en La Macarena y en el Guaviare —provenientes, en su mayoría, de la cordillera Oriental y del plan del Tolima— se enteraron de que sus fincas caían dentro de la reserva forestal y del parque nacional. La conservación, que era una figura jurídica más antigua que su llegada, se les venía encima como orden de desalojo. La respuesta fueron las marchas del Guayabero y el Guaviare, que denunciaron la contradicción central del ordenamiento territorial en la frontera: el mismo Estado que los había orientado hacia esas tierras cuando huían de la violencia, y que había registrado sus mejoras y cobrado sus impuestos, ahora los definía como invasores de un área protegida.

De esas marchas nació, según Alfredo Molano, la idea de las Zonas de Reserva Campesina: una figura pensada para reconocer la existencia legítima de la economía campesina en zonas de colonización, protegerla de la concentración latifundista y ordenar la relación entre productores rurales y áreas de conservación. La categoría fue incorporada más tarde a la legislación agraria y sigue disputándose hasta hoy, con La Macarena y el Guaviare como referentes originarios.

La política conservacionista, mientras tanto, avanzaba en dirección opuesta. Al reconocer como poblaciones legítimas dentro de parques y reservas únicamente a indígenas en resguardos y a comunidades negras del Pacífico, y al mantener la figura del colono mestizo como ocupante ilegal por definición, el sistema de parques dejaba a los pobladores de La Macarena en un limbo: eran los habitantes reales de un territorio que oficialmente no debían habitar. La categoría de "naturaleza prístina", como se ve en retrospectiva, funcionaba también como instrumento de ordenamiento social: incorporaba selectivamente a unos actores y expulsaba a otros.

Retaguardia

Sobre ese sustrato demográfico y político se instaló otra capa. Las FARC, formadas hacia 1964 con núcleos guerrilleros que provenían de los mismos procesos de resistencia campesina que habían empujado las columnas de marcha, encontraron en el sur del Meta y el norte del Caquetá un territorio de acogida natural. En la Séptima Conferencia, celebrada en La Uribe en 1982, la organización adoptó un giro estratégico: convertirse en fuerza militar ofensiva, desdoblar frentes, construir una retaguardia nacional y, a mediano plazo, tender una tenaza militar sobre Bogotá desde la vertiente oriental de la cordillera. La Macarena y su entorno —los municipios de La Uribe, Mesetas, Vistahermosa, Puerto Rico, San Vicente del Caguán, con los Llanos del Yarí como corazón despoblado— quedaron incorporados como la retaguardia estratégica del Bloque Oriental. El control, como han señalado analistas, nunca fue estable ni siquiera en los mejores momentos, pero la marca territorial fue profunda.

En marzo de 1984, en Casa Verde —jurisdicción de La Uribe—, el gobierno de Belisario Betancur y las FARC firmaron los Acuerdos de La Uribe, primer intento serio de negociación política. La región vivió, entre 1984 y la ruptura definitiva a comienzos de los noventa, una singular experiencia de convivencia armada, formación del movimiento Unión Patriótica y exterminio subsiguiente. El nombre de Jaime Garzón, humorista y negociador con la guerrilla asesinado en 1999, quedará ligado a esa fase de intentos frustrados de mediación en la que La Macarena aparece de modo recurrente.

El Caguán

El 14 de octubre de 1998, el gobierno de Andrés Pastrana Arango estableció la Zona de Distensión que la memoria pública conocería como "el Caguán". Comprendía cinco municipios: La Macarena, Mesetas, La Uribe y Vistahermosa, en el Meta, y San Vicente del Caguán, en el Caquetá. La superficie total —según se calcule con los datos del IGAC de 1996 desagregados por municipio o con estimaciones globales— osciló entre 34.487 y unos 42.000 kilómetros cuadrados. La zona fue creada inicialmente por noventa días y prorrogada sucesivamente hasta el 21 de febrero de 2002, cuando el propio Pastrana la levantó tras el secuestro del avión del senador Jorge Eduardo Gechem Turbay.

La Macarena, con sus 4.750 kilómetros cuadrados y unos 17.332 habitantes rurales según los datos del IGAC, quedó en el corazón del despeje. La zona no era, formalmente, territorio de las FARC: era un espacio despejado de fuerza pública para permitir el diálogo. En la práctica, la guerrilla lo administró como territorio propio. Su alcalde municipal fue expulsado bajo presión, hecho que el gobierno calificó de incumplimiento de los acuerdos previos. En el año 2000, mientras las FARC intensificaban acciones armadas en casi todas las regiones del país, la confrontación directa dentro de los cinco municipios permanecía suspendida: el despeje operaba como santuario mientras la guerra ocurría en otra parte.

Dentro de la zona circularon denuncias —nunca verificadas por una comisión internacional cuya designación las FARC rechazaron— de que la guerrilla entrenaba nuevos reclutas, guardaba secuestrados, ocultaba vehículos y ganado robados, y traficaba armas y drogas. Lo comprobable, en todo caso, fue suficiente: los cinco municipios se convirtieron en fuerte militar, centro de entrenamiento y territorio bajo control ejercido como si fuera un Estado propio. Las FARC llegaron a expedir normativa —como la Ley 002 de 2002, que fijaba un impuesto obligatorio a patrimonios altos— buscando proyectar imagen de soberanía paralela.

La zona de distensión no era un desenlace inevitable. Los cinco municipios no estaban predeterminados a esa función por su geografía ni por su historia agraria; fueron elegidos por decisiones políticas concretas —del gobierno Pastrana, del secretariado de las FARC, de los negociadores de cada lado— en un momento preciso. Pero una vez tomadas, esas decisiones sedimentaron sobre el territorio una identidad de la que le costaría desprenderse. La ecuación "La Macarena = FARC" quedó grabada en la percepción nacional y sirvió como legitimación previa para todo lo que vendría después.

Coca

La otra economía sobre la que se asentó el poder guerrillero fue la del cultivo de coca, que se expandió por la región desde la década de 1980 y se consolidó en los noventa. La aritmética era simple y contundente: en la coca se podían ganar entre cincuenta mil y sesenta mil pesos antes del mediodía; en el frijol o el maíz, unos veinte mil trabajando de siete a cuatro de la tarde. Ese diferencial, sostenido por una demanda internacional que la política antidrogas colombiana no lograba disminuir, hizo del piedemonte amazónico —Caquetá, Putumayo, Meta— un tapete verde de hoja pequeña.

La respuesta oficial fue la fumigación aérea con glifosato. Testimonios de líderes campesinos describen suelos degradados, plátano quemado, cultivos de pancoger destruidos junto con la mata objetivo. En 1996, el campesinado cocalero se movilizó masivamente en varias regiones —el Putumayo entre las más visibles, pero también Guaviare y sur del Meta— exigiendo alternativas económicas y una relación distinta con el Estado. Las FARC influyeron en el desarrollo de esas marchas sin ser sus únicas gestoras. El gobierno de Ernesto Samper firmó acuerdos que después no cumplió: las fumigaciones no se suspendieron y las obras prometidas quedaron limitadas a las asignaciones presupuestales ya existentes.

El incumplimiento reforzó una lectura que los propios colonos venían haciendo desde 1991 o antes: el Estado, en su forma real, no llegaba al campo. Los funcionarios permanecían en las cabeceras municipales; el control territorial efectivo lo ejercía la guerrilla; los servicios que definen la presencia estatal —vías, escuelas, salud, seguridad jurídica sobre la tierra— brillaban por su ausencia. La coca floreció en ese hueco, no lo produjo.

Veinte años después, en el marco del Acuerdo de Paz firmado en La Habana en 2016, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) intentó cambiar la lógica. Las comunidades cocaleras plantearon condiciones —sustitución concertada y voluntaria, no erradicación forzada— que remitían a la larga demanda: atacar la cadena entera del narcotráfico en lugar de quemar el eslabón campesino. La implementación fue accidentada, con incumplimientos gubernamentales y asesinatos sistemáticos de líderes sustituidores. La Macarena y sus municipios vecinos siguieron oscilando entre la esperanza de una economía distinta y la reaparición de los cultivos.

Paramilitares y masacres

La violencia no vino solo desde la guerrilla ni desde el Estado. Entre 1996 y 1999, la Casa Castaño extendió a los Llanos Orientales estructuras paramilitares que llegaron con una brutalidad calculada como método. La masacre de Mapiripán, en julio de 1997 —a orillas del Guaviare, a las puertas del área de influencia de la serranía—, fue el hito más visible de esa incursión: durante días, un grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia asesinó, torturó y descuartizó a decenas de personas mientras la fuerza pública demoró su reacción. La región entera quedó marcada por un nuevo tipo de terror. Los desplazamientos masivos, la estigmatización de comunidades enteras como "auxiliares de la guerrilla" y la fragmentación social que siguió cambiaron la textura del piedemonte de un modo que aún no ha sido del todo procesado.

El Alto Ariari y el Guayabero

Aunque el municipio de La Macarena se ubica sobre el Guayabero y el Losada, la vida regional se organiza en un sistema mayor que incluye la cuenca del Ariari. Ese río nace en las estribaciones del páramo de Sumapaz y baja hacia el sur, dividiéndose en tres subregiones antes de desembocar en el Guaviare. El Alto Ariari —integrado por los municipios de El Castillo, El Dorado y Lejanías— tiene un valor estratégico particular: se ubica en el piedemonte, entre las últimas estribaciones de la cordillera Oriental y el macizo guyanés del que hace parte la propia serranía. Es allí, en esa bisagra, donde se ha jugado buena parte de la historia agraria del oriente colombiano.

En las regiones del Ariari y del Duda-Guayabero se configuraron microrregiones con un patrón particular de ordenamiento: centros poblados de fundación reciente cuyo dinamismo superó al de las cabeceras municipales oficiales, produciendo un mapa administrativo constantemente desfasado respecto a los flujos reales de comercio y población. En El Castillo, por ejemplo, acueductos comunitarios como el de Peñas Blancas y el de Medellín del Ariari participan hoy en espacios como la Mesa Política Ambiental de Participación Comunitaria: la organización social ha tenido que construir infraestructura básica y política ambiental desde abajo, ante la debilidad crónica del municipio como articulador.

Las capas anteriores

Debajo de todas estas capas —colona, cocalera, guerrillera, militar— hay otra más antigua, apenas visible para quien mire el paisaje sin saber qué busca. En la vecina Serranía de La Lindosa, en el Guaviare, paneles rupestres de más de cincuenta metros de longitud y diez metros de altura conservan pinturas que se hicieron cuando el clima y la vegetación de la región eran otros. Entre hace doce mil y diez mil años, el ambiente correspondía a una sabana más fría y menos húmeda, con bosques dispersos y matorrales espinosos. Las grandes figuras rojizas que hoy quedan ocultas por el bosque húmedo tropical, y que solo pueden verse de cerca por senderos difíciles, habrían sido visibles a distancia cuando fueron pintadas.

Ese arte rupestre, estudiado en publicaciones especializadas como Quaternary International y CALLE14: Revista de investigación en el campo del arte, ancla la ocupación humana del entorno de La Macarena en una temporalidad de decenas de miles de años. Los grupos que pintaron esos paneles no eran los primeros habitantes ni los últimos: forman parte de una secuencia de pueblos indígenas —tinigua, guayabero, macaguán, nukak, entre muchos otros de los que quedan huellas lingüísticas, arqueológicas o etnográficas— que ocuparon y transformaron la región durante milenios antes de que la geografía colonial se dibujara sobre el mapa.

Al conservacionismo del siglo XX le costó reconocer esa profundidad. La categoría de "reserva biológica" partía de una idea de naturaleza intocada que la propia antigüedad de la ocupación humana desmentía. La Amazonía y sus fronteras nunca fueron vacío: fueron territorios densamente habitados, transformados por manejos indígenas del bosque, del fuego y de las especies vegetales. Lo que la Reserva Biológica de La Macarena protegía en 1948, y lo que el Parque Nacional Sierra de La Macarena delimitó en 1989, era ya un paisaje cultural.

Ciencia, mapa y nombre

La incorporación de la serranía al saber institucional colombiano fue lenta. El coronel Agustín Codazzi, geógrafo boloñés al servicio del Estado neogranadino, había cartografiado buena parte del país en la Comisión Corográfica a mediados del siglo XIX, pero la Serranía de La Macarena quedó en los bordes de esa empresa: mencionada, situada aproximadamente, no recorrida en detalle. Las primeras exploraciones científicas serias del área llegaron ya entrado el siglo XX, con el trabajo de botánicos como José Cuatrecasas —refugiado republicano español que hizo escuela en la botánica colombiana—, del médico y bacteriólogo Federico Lleras Acosta, del mastozoólogo Philip Hershkovitz —que documentó primates y otros mamíferos amazónicos— y del palinólogo Thomas van der Hammen, cuyos estudios paleoambientales cambiaron la comprensión de la historia climática de la Amazonía. Fue esa comunidad científica, en gran medida, la que empujó la creación de la Reserva Biológica hacia finales de los años cuarenta.

El nombre mismo, "La Macarena", remite —como tantos topónimos coloniales— a una advocación mariana peninsular, la Virgen de la Macarena de Sevilla, trasladada a la geografía americana por vías que la memoria local ha dejado difusas. Ese nombre superpuesto no borra los nombres anteriores —tinigua, guayabero— que designaban la serranía y sus ríos en lenguas hoy amenazadas o extintas, y que aparecen todavía en la microtoponimia de la región.

Después del conflicto

Con la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y la desmovilización de las FARC, La Macarena entró en una fase nueva. El turismo hacia Caño Cristales —antes imposible por el conflicto— creció aceleradamente, obligando a establecer sistemas de acceso regulado, guías comunitarios y cupos de visitantes. La Serranía de La Macarena y su parque nacional pasaron a aparecer en las guías internacionales como uno de los destinos naturales emblemáticos del país. Esa transformación no fue una recuperación de un estado anterior de paz, porque tal estado nunca había existido en la región; fue la apertura, siempre frágil, de una posibilidad económica alternativa a la coca y a la ganadería extensiva.

La transición también trajo problemas nuevos. La deforestación en el Área de Manejo Especial se aceleró tras la salida de las FARC —cuyo control territorial, paradójicamente, había frenado ciertos avances de la frontera agrícola—; la ganadería extensiva y los cultivos de coca volvieron a expandirse en algunas veredas; los asesinatos de líderes ambientales y de sustituidores de cultivos golpearon a comunidades que habían apostado por el proceso. El gobierno de Iván Duque privilegió operaciones militares y fumigaciones en detrimento de los compromisos de sustitución; el ciclo se repitió, con matices, bajo el gobierno siguiente. Los actores armados posdesmovilización —disidencias de las FARC, grupos residuales, estructuras narcotraficantes reorganizadas— disputan hoy control en el mismo territorio.

Un lugar y su lectura

Leer La Macarena exige leer simultáneamente varias temporalidades. La geológica, que la vincula a un escudo cristalino de miles de millones de años. La biogeográfica, que la sitúa como isla y puente entre los Andes, el Orinoco y la Amazonía. La indígena, cuyos paneles rupestres cercanos remiten al Pleistoceno tardío. La colonial, que trajo el nombre castellano y la ignoró durante siglos. La científica del siglo XX, que la incorporó como laboratorio. La agraria y colona de los años cincuenta a los ochenta, que la pobló con campesinos empujados desde el interior andino. La conservacionista, que trazó fronteras jurídicas sobre poblaciones vivas. La guerrillera, que la convirtió en retaguardia y en despeje. La cocalera, que la conectó con circuitos globales del narcotráfico. La militar posterior a 2002, que buscó recuperarla por la fuerza. La turística, que hoy la ofrece al viajero como maravilla natural.

Ninguna de esas capas anuló a las anteriores. La Macarena de hoy —el municipio de 4.750 kilómetros cuadrados, la serranía de 160 kilómetros de largo, el sistema de parques y áreas de manejo especial, la comunidad de habitantes que pasa de la coca al turismo o de vuelta a la coca según la conyuntura— es todas esas capas a la vez. Sus estructuras de fondo —concentración de tierra en el interior andino, conservación excluyente, guerra antidrogas centrada en el eslabón campesino, ausencia estatal deliberada— produjeron una marginalidad que no fue accidente. Pero fueron sus habitantes concretos —los colonos de las columnas de marcha, los cocaleros movilizados en 1996, los promotores de las Zonas de Reserva Campesina, los guías comunitarios de Caño Cristales, los acueductos comunitarios del Ariari— quienes dieron forma a cada capa desde abajo, con sus organizaciones, sus economías y sus memorias.

La frontera, en La Macarena, no es una línea que separa civilización de barbarie, ni Estado de vacío, ni naturaleza de sociedad. Es una zona de espesor donde todas esas oposiciones se cruzan y se disuelven, y donde el trabajo histórico consiste, más que en fijarlas, en aprender a nombrar sus superposiciones.