El Castillo

Un municipio del Ariari

El Castillo pertenece a la subregión del Alto Ariari, en el departamento del Meta, junto a municipios como Lejanías, San Juan de Arama, Granada, Cubarral y Vistahermosa. Su cabecera se levanta sobre las últimas estribaciones de la Cordillera Oriental, y su territorio desciende hacia la llanura siguiendo el curso del río Ariari. Los corregimientos y veredas que conforman su geografía —Medellín del Ariari, Puerto Esperanza, Miravalles, La Cima, San Luis de Yamanes, El Encanto— no son nombres pintorescos: son las coordenadas donde ocurrieron los hechos que marcaron al municipio. Puerto Esperanza y Miravalles, La Cima y San Luis de Yamanes serían, décadas después de su fundación, puntos de compra de hoja de coca y objetivos militares tanto de la guerrilla como del paramilitarismo.

La particularidad territorial de El Castillo, y del Ariari en general, es que su población se distribuyó siguiendo líneas partidistas. La parte alta del municipio quedó bajo influencia del Partido Comunista, en consonancia con la impronta política del Alto Ariari; la parte baja tuvo mayor influencia del Partido Liberal, siguiendo el patrón del Ariari Medio y Bajo. Esta división no fue anecdótica: condicionó las lealtades, las organizaciones sociales, las candidaturas electorales y, finalmente, la geografía del exterminio. Cuando los violentos llegaron, sabían dónde estaban los suyos y dónde los adversarios.

Los orígenes: colonización, violencia y política

La historia de El Castillo empieza propiamente con la Violencia bipartidista de 1946-1958. El desplazamiento masivo de campesinos que huían de la guerra en el interior del país tomó, entre otras rutas, la del piedemonte oriental y los Llanos. El Ariari se convirtió, entre 1950 y 1960, en una de las zonas de mayor crecimiento colonizador del país, junto con el Magdalena Medio, el Caquetá, el Putumayo y el Sarare araucano. Los datos censales confirman la dimensión del proceso: el Meta fue el destino preferido de migrantes en los Llanos Orientales ya en 1951, y para 1964 había superado en crecimiento poblacional a los demás territorios de la región.

La política pública siguió a la colonización. Entre 1953 y 1958 se crearon en el Meta seis nuevos municipios asociados a este auge: Cumaral, Puerto López y El Calvario en 1955, Granada y Guamal en 1956, San Martín en 1958. Granada se consolidó como epicentro comercial y logístico del Ariari, y la mayoría de los recién llegados se asentó en esa subregión. Sobre ese sustrato de colonización espontánea, dispersa y sin presencia real del Estado, se levantaría con el tiempo la cabecera de El Castillo y sus corregimientos.

Lo decisivo, sin embargo, no fue solo la magnitud del flujo migratorio sino su composición política. Al piedemonte no llegaron colonos neutrales: llegaron campesinos con filiación, con memoria de la guerra bipartidista, y en muchos casos con organización previa. Desde los años cincuenta, el Partido Comunista organizó "columnas de marcha" que abrieron nuevos frentes de colonización, primero en la Sierra de La Macarena —sumándose a los colonos expulsados por el Ejército en 1953 desde el Caquetá— y luego en las zonas aledañas del Ariari. Esa colonización dirigida imprimió al Alto Ariari, y a la parte alta de El Castillo, un carácter comunista que no se explica por adhesión ideológica sobrevenida sino por el origen mismo de sus pobladores.

En los años setenta, nuevas bonanzas económicas —pieles, pescado, madera, y más tarde marihuana y coca— atrajeron oleadas migratorias adicionales. La dinámica del piedemonte amazónico se repetía con variantes: la violencia y la concentración de tierras expulsaban campesinos del interior; la frontera agrícola los recibía; y en los territorios nuevamente colonizados se reproducían las condiciones del conflicto original. El Castillo, como el resto del Ariari, fue absorbiendo estas capas sucesivas de población y de economía, con dinamismo pero sin institucionalidad. Los centros poblados de reciente fundación llegaron a superar en pulso económico a las cabeceras municipales, y esa desproporción entre vitalidad social y ausencia estatal definiría el terreno sobre el que actuarían, después, todos los actores armados.

Las FARC y la economía cocalera

Sobre ese territorio colonizado con impronta comunista se instalaron, desde los sesenta y setenta, los frentes de las FARC. La organización guerrillera encontró en el Alto Ariari una retaguardia natural: poblaciones dispersas, débilmente vinculadas al Estado, con simpatías políticas históricas y sin más autoridad efectiva que la que ellas mismas se dieran. Bernardo Jaramillo Ossa —que sería figura central de la Unión Patriótica— observaría más tarde, con lucidez incómoda, que las poblaciones de reciente colonización tenían menor capacidad crítica frente a las FARC que las clases populares urbanas, mejor informadas y con mayor densidad de análisis. La observación, formulada desde adentro del proyecto de izquierda, describe una relación asimétrica entre la guerrilla y sus bases rurales.

La irrupción de la coca transformó esa relación. Desde comienzos de los ochenta, la hoja fue desplazando los cultivos tradicionales —maíz y arroz— que habían sido la base económica de las regiones colonizadas en las dos décadas anteriores. En el Alto y Medio Ariari había entre 250 y 300 hectáreas de coca en El Castillo, cifras similares en Lejanías, entre 300 y 500 en San Juan de Arama. Los puntos de compra y las zonas de cultivo se concentraban en corregimientos y veredas de El Castillo: Miravalles, San Luis de Yamanes, La Cima, Puerto Esperanza.

Las FARC cobraron el impuesto de gramaje sobre esa economía, ofreciendo a cambio protección a cultivos, laboratorios y pistas. El arreglo financió a la guerrilla y le dio, sobre el territorio, un control de facto que ni el Estado ni ninguna otra fuerza legal podían disputar. Pero introdujo también una tensión que marcaría el resto de la historia: la coca convirtió al Alto Ariari en un territorio codiciado no solo por su valor político sino por su renta. Y cuando la codicia entró en juego, los adversarios cambiaron.

Los años ochenta: la Unión Patriótica

La Unión Patriótica se fundó el 28 de enero de 1985, como fruto de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC-EP. En el Ariari-Meta, el nuevo movimiento no tuvo que construirse desde cero: se articuló con organizaciones sociales y sindicatos agrícolas que se habían formado al calor de los movimientos campesinos de los años setenta. En El Castillo, ese sustrato organizativo era denso. La colonización comunista de la parte alta del municipio había producido, en tres décadas, una base social politizada, con líderes, con estructuras de acción colectiva, con memoria propia.

La UP tuvo en la región un carácter campesino de base. Sus dirigentes eran, a la vez, cuadros partidarios y voceros de sindicatos agrarios. Eusebio Prada en el Meta —como Blanca Nubia Ballesteros en el Guaviare— encarnaban esa doble condición: movilizaban el territorio a través de bazares, mítines, colectas, y aprovechaban una experiencia política previa que los hacía interlocutores reconocidos en veredas y corregimientos. La UP no era, en el Ariari, un partido de aparato paracaidista: era la expresión electoral de un tejido social que llevaba décadas construyéndose.

Los resultados llegaron rápido. En las elecciones de 1986 y 1988, la UP obtuvo en el Meta, y particularmente en El Castillo y el Alto Ariari, votaciones que amenazaron los bastiones tradicionales. La primera elección popular de alcaldes, en 1988, consolidó esa presencia local: la UP llegó a la administración municipal en varios puntos de la región. Fue precisamente ese éxito electoral —esa conversión de la base social campesina en poder institucional efectivo— lo que precipitó la reacción.

El exterminio

La reacción tuvo nombres. José Gonzalo Rodríguez Gacha organizó grupos paramilitares en la región del Ariari desde 1986. Víctor Carranza hizo lo propio en el otro flanco del Meta, particularmente en la zona esmeraldera y ganadera. Ambos tenían nexos directos con el paramilitarismo pionero de Puerto Boyacá, y ambos combinaban intereses económicos —narcotráfico en el caso de Rodríguez Gacha, esmeraldas y tierra en el de Carranza— con un anticomunismo que se fue radicalizando en el propio conflicto. La disputa territorial entre los grupos organizados por Rodríguez Gacha y las FARC-EP se quebró en 1986, y esa ruptura gestó en el capo un anticomunismo particularmente intenso que se proyectaría sobre la UP.

El exterminio de la UP en el Ariari no fue solo la eliminación deliberada de un adversario político; fue también parte de una guerra por el control territorial de una economía cocalera en expansión. Las dos lógicas —la política y la económica— operaron simultáneamente, se reforzaron mutuamente y usaron los mismos instrumentos: la estigmatización de las comunidades como colaboradoras de la guerrilla, el desplazamiento forzado, las masacres selectivas, el vaciamiento del territorio. En El Castillo, matar dirigentes de la UP y arrebatar puntos de compra de coca fueron operaciones que se ejecutaron con la misma mano.

Para septiembre de 1986, las víctimas de la UP a escala nacional rondaban las 300. En el Meta, antes incluso del primer congreso del partido en noviembre de 1985, murieron asesinados cuatro campesinos de base cuyos nombres deben recordarse: Giovanni Parra, en Villavicencio, en febrero; Joaquín Ernesto Toro, en Granada, el 29 de julio; Misael Rodríguez, en Vistahermosa, el 22 de agosto; y Fabio López, en Puerto Agitán, el 30 de septiembre. Eran los primeros de una lista que se extendería durante más de una década.

El 1 de enero de 1989, paramilitares de la región del Ariari asesinaron en el Meta a Nohra López de Sánchez, militante de la UP y esposa de un dirigente del movimiento. Su muerte, al inicio de un año que sería particularmente sangriento, ilustra un método: la desaparición forzada de campesinos y pobladores rurales creció de forma alarmante en esa época como recurso sistemático del paramilitarismo. No solo se mataba a los dirigentes visibles; se desaparecía a los militantes de base, a los familiares, a los vecinos. El terror difuso disolvía la comunidad desde adentro.

La violencia se cebó sobre alcaldes, concejales, diputados y parlamentarios electos por la UP en el Meta, sobre simpatizantes y dirigentes intermedios, sobre campesinos que habían prestado su casa para una reunión o su firma para un aval. El Meta se convirtió en uno de los departamentos con mayor presencia de víctimas del partido, y dentro del Meta, El Castillo y el Alto Ariari en el epicentro. La escalada de masacres paramilitares de 1988 —que se extendió hacia el Ariari, entre otras regiones con fuerte presencia de la UP— coincidió con la primera elección popular de alcaldes: la conquista democrática de lo local por parte del movimiento y su exterminio corrieron a la par.

Pedro Nel Jiménez y Leonardo Posada, dirigentes nacionales de la UP asesinados en los primeros años del partido, y Bernardo Jaramillo Ossa, muerto en 1990, forman el fondo nacional contra el que se recorta el exterminio regional. En el Meta, la persecución tuvo rostros locales: Josué Giraldo Cardona, defensor de derechos humanos vinculado a la denuncia sistemática del genocidio del partido, y María Mercedes Méndez, entre otros, encarnaron esa resistencia de segunda línea que el paramilitarismo se propuso liquidar.

El Bloque Centauros y el arrasamiento

La violencia paramilitar en el Ariari no se agotó con la eliminación de la UP en los ochenta y comienzos de los noventa. A comienzos del siglo XXI, una segunda oleada terminó de arrasar lo que quedaba. El Bloque Centauros, comandado por Miguel Arroyave, libró entre 2002 y 2004 una guerra abierta contra las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) de Héctor Buitrago, alias Martín Llanos. El objetivo estratégico de Arroyave era debilitar el control de las ACC en Casanare y Meta y arrebatarle los puntos de procesamiento de coca. Lo logró: el Bloque Centauros tomó municipios desde Monterrey hasta Hato Corozal, y consolidó su presencia en el Ariari.

Sobre El Castillo cayó, en esos años, un régimen de control territorial de una crueldad meticulosa. El paramilitarismo llegó a restringir el abastecimiento de alimentos a las veredas de la parte alta: solo se permitía ingresar una panela por semana, dos o tres libras de arroz y una libra de manteca por familia, además del cobro sistemático de "vacunas". Era el hambre convertida en método. La estigmatización previa —el señalamiento de las comunidades como colaboradoras de la guerrilla— justificaba, ante los propios paramilitares y ante buena parte de la opinión regional, ese cerco alimentario que no distinguía entre combatientes y niños.

El asesinato de Miguel Arroyave en septiembre de 2004 fracturó al Bloque Centauros en tres facciones: los Leales a Arroyave, que conservaron el nombre y se desmovilizaron como Bloque Centauros en septiembre de 2005 cerca de Yopal; el Frente Héroes del Llano, al mando de alias Pirata; y el Frente Héroes del Guaviare, al mando de alias Cuchillo. Los dos últimos se desmovilizaron conjuntamente en Puerto Lleras, Meta, en abril de 2006. Sobre el papel, la desmovilización cerraba un ciclo. Sobre el terreno, había dejado un municipio irreconocible.

El efecto acumulado de tres décadas de violencia —la persecución a la UP en los ochenta y noventa, la guerra paramilitar de comienzos de los dos mil, la contraviolencia guerrillera, las operaciones de la Fuerza Pública— fue el vaciamiento efectivo de veredas enteras. Las poblaciones rurales de la parte alta del municipio y de los centros poblados tuvieron que desplazarse. Dejaron atrás no solo casas y parcelas sino un tejido, una historia común de construcción social del territorio y de identidad. Corregimientos que habían sido dinámicos, veredas que habían votado masivamente por la UP, se quedaron sin habitantes. Esa es la palabra exacta, y por eso el CNMH acuñó el concepto: arrasamiento.

El concepto de arrasamiento

En 2015, el Centro Nacional de Memoria Histórica publicó, en coedición con la Unidad para las Víctimas, el informe Pueblos arrasados. Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta). El documento hizo dos cosas a la vez. Reconstruyó, con detalle etnográfico y documental, lo ocurrido en el municipio: hechos, actores, daños, resistencias. Y propuso al Estado colombiano un nuevo abordaje jurídico y conceptual del desplazamiento forzado.

La tesis del informe es que la normativa vigente reconoce el desplazamiento masivo como un evento —un hecho puntual que afecta a un grupo de personas en un momento dado— pero no captura el fenómeno más generalizado en que la mayoría de habitantes de una vereda, un corregimiento, un resguardo indígena o una unidad territorial cualquiera son forzados a migrar, disolviendo el sujeto colectivo mismo. Cuando eso ocurre —y en El Castillo ocurrió— lo que se destruye no son individuos desplazados sino una comunidad como cuerpo social, político y territorial. La estigmatización previa es en sí misma una forma de violencia: al marcar a las comunidades como colaboradoras, atrasadas o ideológicamente adversas, actores legales e ilegales se habilitan para disponer del territorio, y a esa estigmatización siguen hechos victimizantes que obligan al abandono o a la sujeción a nuevos órdenes sociales.

El caso de El Castillo obligaba, entonces, a pensar de otra manera. El desplazamiento forzado en el municipio estuvo acompañado de la destrucción de expresiones sociales, políticas, familiares, culturales y económicas preexistentes: la UP como fuerza política local, los sindicatos agrarios, las juntas de acción comunal, las fiestas patronales, las relaciones de vecindad, las economías campesinas del maíz y el arroz. Todo eso se disolvió a la vez. Reconocer el arrasamiento como fenómeno diferenciado del desplazamiento masivo ordinario implicaría, para el Estado, una respuesta institucional distinta: no bastan las ayudas humanitarias individuales; se requiere reparar y reconstruir un sujeto colectivo.

Ese planteamiento no llegaba a un vacío. La Corte Constitucional ya había declarado, en 2004, el Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado mediante la sentencia T-025, al constatar que la respuesta estatal era estructuralmente insuficiente. Antes, la Ley 387 de 1997 había consagrado el retorno como derecho y como alternativa de estabilización socioeconómica, con obligaciones concretas para el Gobierno nacional en protección y consolidación económica. En el papel, el andamiaje existía. En el Ariari, más de una década después de la T-025, seguía sin bastar: los esfuerzos estatales desde mediados de los noventa no habían prevenido el desplazamiento, ni articulado una respuesta a las víctimas, ni identificado y perseguido judicialmente a los responsables. El informe del CNMH aterrizaba en ese hueco.

La red: personas, lugares, alianzas

Para entender El Castillo hay que trazar la red que lo atravesó, y esa red tiene tres capas superpuestas. La primera es la de las víctimas y los proyectos truncados. En el nivel local, los cuadros de la UP y los defensores de derechos humanos: Josué Giraldo Cardona, María Mercedes Méndez, y las decenas de dirigentes intermedios y campesinos de base cuyos nombres el municipio conserva. En el nivel nacional, las figuras cuya suerte marcó la de la región: Pedro Nel Jiménez, Leonardo Posada y Bernardo Jaramillo Ossa, este último con una lucidez particular sobre las tensiones entre la guerrilla y las bases campesinas que lo situaban, dentro del propio proyecto de izquierda, en una posición incómoda.

La segunda capa es la de los victimarios, y se traza con la misma nitidez. José Gonzalo Rodríguez Gacha, capo del Cartel de Medellín, aportó desde 1986 recursos, hombres y un anticomunismo endurecido tras la ruptura con las FARC-EP. Víctor Carranza, zar esmeraldero, extendió el modelo desde el otro flanco del Meta con nexos que llegaban hasta Puerto Boyacá; paramilitares suyos habrían recibido entrenamiento en la hacienda "El Cincuenta" entre diciembre de 1987 y marzo de 1988, a manos de mercenarios israelíes e ingleses. Más tarde, Miguel Arroyave y el Bloque Centauros —y las facciones que le sucedieron bajo Pirata y Cuchillo— consolidaron el control territorial en la primera década del siglo XXI, mientras Carlos Castaño Gil, comandante general de las Autodefensas Unidas de Colombia, articulaba el conjunto a escala nacional.

Entre unos y otros, y sin quedar fuera del cuadro, están las FARC. Sus frentes actuaron en la región desde décadas antes: cobraron gramaje sobre la coca, protegieron cultivos y laboratorios, disputaron el territorio al paramilitarismo y ejercieron, por su parte, formas de control sobre la población. La violencia sobre El Castillo no vino solo de un lado; el terror lo pusieron todos los actores armados, legales e ilegales.

La tercera capa es la de los lugares, y quizá sea la más elocuente. Medellín del Ariari, corregimiento con nombre programático, es hoy uno de los referentes centrales del municipio. Puerto Esperanza y Miravalles fueron puntos de compra de coca y escenarios de violencia. La Cima, San Luis de Yamanes, la vereda El Encanto: nombres que en cualquier otro país serían solo topografía, y que aquí son coordenadas del arrasamiento. Villavicencio y Granada, capital departamental y centro comercial del Ariari, son las ciudades hacia las que se desplazaron muchos castillenses expulsados. El río Ariari da nombre a la región y estructura la geografía; la Cordillera Oriental, en su descenso hacia el llano, define el piedemonte donde todo esto ocurrió.

La huella: memoria y retorno

Lo que hace de El Castillo un caso singular no es solo la intensidad del arrasamiento sino la capacidad de sus habitantes para responder. A pesar del terror causado por todos los actores armados, los castillenses desarrollaron múltiples formas de resistencia individuales y colectivas. Hombres y mujeres del municipio impulsaron procesos de organización y movilización para hacer frente al conflicto y a sus efectos, en un contexto en que el mero hecho de reunirse podía costar la vida.

Una de las expresiones más notables de esa resistencia es una iniciativa de memoria ambiental: la plantación de un bosque de 2.000 árboles en cuyas raíces se sembraron mensajes escritos por las personas afectadas por la violencia, dirigidos a familiares desaparecidos o asesinados. La iniciativa vincula la memoria con la recuperación de cuencas hídricas rurales, en un gesto que funde reparación simbólica y restauración ecológica. El Salón del Nunca Más, referente de la memoria local, resignifica un territorio que sufrió desplazamiento forzado y violencia por parte de grupos paramilitares, FARC, ELN y Fuerza Pública. Son iniciativas que no borran lo ocurrido: lo inscriben en el paisaje, lo hacen legible para quienes lleguen después, lo convierten en materia pedagógica y política.

Esa dimensión de memoria activa es indisociable del retorno. La Ley 387 de 1997 estableció el retorno como derecho, y en El Castillo, como en otros municipios del Ariari, algunas familias han vuelto. El retorno no es, sin embargo, restauración: las veredas no vuelven a ser lo que fueron antes del arrasamiento. La comunidad que regresa es otra, más pequeña, marcada, y tiene que reconstruir tejido social sobre las ruinas del anterior. Las parcelas abandonadas durante años presentan ocupaciones sobrevenidas, linderos borrados, cultivos perdidos; el regreso implica litigios de tierra, restitución jurídica, reconstrucción material de casas y caminos, y también la más difícil tarea de rehacer confianza entre vecinos cuyos vínculos fueron rotos por el señalamiento, el miedo y la ausencia. La memoria, en ese trabajo silencioso, funciona como material práctico: fija un relato compartido sobre lo ocurrido, identifica a los ausentes, sostiene la legitimidad de la comunidad que vuelve frente a quienes ocuparon el vacío.

Lo que El Castillo enseña

El Castillo no es un caso más del conflicto colombiano; es uno de los casos que mejor lo explican, porque en él pueden leerse en secuencia todas las fases del proceso: la colonización campesina como respuesta a la Violencia bipartidista y a la concentración de tierras; la organización política comunista en la nueva frontera agrícola, que llenó el vacío dejado por el Estado; la irrupción de las FARC sobre esa base social politizada y su instalación como poder de facto; la transición a la economía cocalera, que hizo del territorio un objetivo económico además de político; el éxito local de la UP como salida electoral del proyecto de izquierda; la reacción narcoparamilitar, que combinó anticomunismo, disputa por el control cocalero y captura de tierra; el exterminio sistemático de la UP a lo largo de dos décadas; la segunda oleada paramilitar del Bloque Centauros; el vaciamiento efectivo de veredas; la desmovilización formal, y el reconocimiento estatal tardío del arrasamiento como fenómeno.

El municipio invita a resistir dos simplificaciones. La primera es reducir su historia al exterminio de la UP como si fuera un episodio autónomo: en El Castillo, el genocidio político y la guerra por la coca fueron la misma guerra, ejecutada con los mismos instrumentos. La segunda es reducir el municipio a su condición de víctima: la agencia campesina —organizarse, votar, resistir, retornar, recordar— es el hilo que atraviesa toda la historia local, desde la colonización comunista hasta las iniciativas de memoria contemporáneas. Los mismos habitantes que fueron arrasados son quienes hoy siembran árboles con nombres bajo la corteza, y esa continuidad entre pérdida y trabajo hace del municipio un lugar de memoria en el sentido más pleno de la palabra.

En el piedemonte donde termina la Cordillera Oriental y empieza el llano, El Castillo sigue existiendo. Su historia obliga al país a mirar de frente lo que hizo la guerra en sus territorios más olvidados, y también lo que esos territorios hicieron con la guerra: nombrarla, contarla, oponerle memoria.