Puerto Boyacá

Un puerto en el corazón del país

Puerto Boyacá pertenece a una geografía particular: el Magdalena Medio, esa franja central de Colombia comprendida entre las cordilleras Oriental y Central, con el río Magdalena como columna vertebral en un tramo de unos 386 kilómetros. La región reúne municipios de al menos siete departamentos —Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Santander y otros— y, si se incluyen los 87 municipios santandereanos, alcanza casi cincuenta mil kilómetros cuadrados. En su recorrido hacia el Caribe, el Magdalena delimita las fronteras de nueve departamentos: Tolima, Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Antioquia, Santander, Bolívar, Cesar y Magdalena. Puerto Boyacá es la ventana fluvial del departamento de Boyacá sobre ese eje.

En el mapa económico regional, cuatro cabeceras concentran la actividad del Magdalena Medio: Puerto Berrío en Antioquia, La Dorada en Caldas, Barrancabermeja en Santander y Puerto Boyacá. Dentro de la subregión boyacense, Puerto Boyacá comparte con La Dorada la condición de centro principal. Es una geografía de latifundio ganadero, alta inversión privada, explotación minera y migración predominantemente andina: campesinos que bajaron de las montañas de Boyacá, Cundinamarca, Santander y Antioquia buscando tierra caliente y jornal. El río, con un declive general de apenas 0,60% a lo largo de 640 kilómetros entre El Hato y Nare, recibe caudalosos afluentes que forman humedales, caños y ciénagas; ese sistema hídrico —ciénagas de Barbacoas, de Palagua, de Río Viejo— fue tanto sustento de la colonización como corredor natural para el conflicto.

La ubicación central del municipio explica buena parte de su destino. Por Puerto Boyacá pasa la Troncal del Magdalena Medio, que conecta el sur del país con el norte, y desde allí se articula con la Troncal de la Paz que une el nororiente antioqueño con el sur de Bolívar. La recuperación de la navegabilidad del Magdalena, proyecto recurrente en la agenda nacional, vuelve a poner al municipio en el mapa de la conexión entre el interior y el Caribe. Es, en pocas palabras, un cruce: de departamentos, de economías, de corredores armados.

El campamento petrolero que se hizo municipio

Puerto Boyacá no existía como tal antes de mediados del siglo XX. Nació como asentamiento vinculado a la explotación petrolera del valle medio del Magdalena, en particular a los campos de Palagua-Velásquez y Cocorná-Vasconía, cuyo crudo se transportaba por oleoductos operados por Ecopetrol, Chevron y otras compañías hacia las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena y hacia los terminales de exportación. Fue elevado a municipio en 1957 y se consolidó como enclave de trabajadores, comerciantes y colonos que llegaban por el trabajo en los campos, por la ganadería que se expandía sobre las tierras planas del valle, o huyendo de otras violencias.

La economía del joven municipio se estructuró desde el comienzo sobre tres pilares: petróleo, ganadería extensiva y comercio ribereño. A ellos se sumaron, en las últimas décadas del siglo XX, actividades mineras y proyectos vinculados al carbón, el gas y —en zonas vecinas— las esmeraldas, en una base económica de fuerte componente extractivo. La infraestructura petrolera —campamentos, oleoductos, refinerías cercanas— convivía con un latifundio ganadero de haciendas amplias y baja densidad de mano de obra, y con un poblamiento campesino disperso en veredas y caseríos ribereños. Ese modelo produjo pronto lo que la región conocería como su rasgo estructural: una economía dinámica sobre un territorio donde la presencia del Estado era, en el mejor de los casos, militar, y donde las disputas por la tierra se resolvían por vías privadas.

La ausencia jurisdiccional del Estado —o su presencia reducida al ámbito militar, que sustituyó de facto a la policía por el ejército— es una clave para entender lo que vendría. En un municipio con petróleo estratégico, ganaderos capitalizados y campesinos sin garantías, el vacío institucional era una invitación a que otros actores —armados, ilegales, paraestatales— llenaran el hueco.

Las FARC en el corredor del Magdalena

El Frente IV de las FARC hizo presencia en el Magdalena Medio desde finales de los años sesenta. En 1974 era todavía un frente pequeño. Su corredor operacional se tendía desde el Nordeste Antioqueño, pasaba por las inmediaciones de la ciénaga de Barbacoas y cruzaba el río Magdalena por la vereda Vuelta Acuña hacia la ciénaga de Río Viejo. La geografía era ideal: los caños que conectaban las ciénagas con el río permitían movilidad en canoa, los espesos bosques ofrecían refugio, la cacería, el pescado, el plátano y el maíz aseguraban el avituallamiento, y las tierras fértiles permitían asentar campamentos.

Durante los años setenta, el Frente IV construyó un equilibrio delicado con la población local. Tenía apoyos entre campesinos y sectores urbanos, pero también extorsionaba a ganaderos y hacendados que pagaban a cambio de tolerancia. Ese arreglo tácito —presencia guerrillera aceptada como parte del paisaje mientras las cuotas se pagaran— explica que la guerrilla operara durante casi una década con cierto grado de aceptación social. En marzo de 1976, el plagio de un propietario de la orilla antioqueña del Magdalena Medio, en la ribera entre Puerto Berrío y Cimitarra, marcó uno de los primeros hitos de un ciclo que empezaba a tensarse. En 1979, el comandante Ricardo Franco, del Frente IV, murió por la explosión accidental de una granada.

Ese mismo año, o en torno a él, ocurrió un giro decisivo: el desdoblamiento del Frente IV en el Frente XI, acompañado de una intensificación de las exacciones y de la violencia hacia propietarios de todas las escalas. La guerrilla dejó de graduar sus extorsiones y empezó a golpear no solo a los grandes ganaderos, sino también a medianos y pequeños propietarios. El equilibrio se rompió. La agresividad recaudatoria y punitiva del Frente XI —secuestros, extorsiones, homicidios— erosionó las bases sociales que las FARC habían cultivado en la región. Del Frente IV se pasó, en un proceso acelerado, a la creación de cinco frentes más que se desplegaron hacia Puerto Berrío y hacia el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueños.

Ese quiebre es esencial: sin la sensación real de agresión que el escalamiento del Frente XI produjo entre finqueros medianos y pequeños, la respuesta armada privada no habría encontrado su base social. El dirigente liberal de Puerto Boyacá Pablo Emilio Guarín llegaría a afirmar que buena parte de la población del Magdalena Medio boyacense había simpatizado con el Partido Comunista y con las FARC. Ese sustrato existía; lo que cambió, entre 1979 y 1982, fue la conversión de la simpatía en miedo, y del miedo en una demanda organizada de protección que el Estado no ofreció.

La invención de las autodefensas

Los orígenes concretos del proyecto paramilitar de Puerto Boyacá pueden fijarse a comienzos de los años ochenta. En noviembre de 1981, Gonzalo Pérez, uno de los líderes fundadores del grupo, reunió a la comunidad del corregimiento de Patevaca para explicarle la necesidad de armarse ante la insuficiencia del Estado. Poco después, con el acompañamiento activo del Ejército —en particular de las brigadas XIV y V—, se articuló una estructura que combinaría defensa privada, coordinación militar y proyección política.

En 1982 nacieron formalmente, con apoyo del Ejército, las Autodefensas de Puerto Boyacá. El año es clave: las autodefensas no surgieron propiamente de la sociedad civil como organización autónoma, sino como aliadas al Ejército desde su origen; a partir de 1985 se integrarían funcionalmente al narcotráfico. La tesis no niega la demanda social de protección; la sitúa como el material sobre el cual se levantó un edificio diseñado desde arriba, en el que las Fuerzas Militares tuvieron un protagonismo único en la fundación.

Sobre esa base institucional se levantó ACDEGAM. La asociación —fundada en los primeros años ochenta, con participación de campesinos, ganaderos y finqueros de la región— fue mucho más que una gremial. Operó como la fachada legal y el brazo político-administrativo del paramilitarismo puertoboyacense. Sostuvo escuelas y clínicas de salud, ejecutó construcción y reparación ligera de vías, montó un centro de comunicaciones en Puerto Boyacá, implementó un plan de educación en salud dirigido a maestros y sostuvo droguerías, tiendas comunales y asistencia técnica agropecuaria. Simultáneamente, canalizaba los recursos que pagaban centros de entrenamiento, sueldos de los combatientes, armas y municiones, y coordinaba las actividades armadas.

La conocida descripción de Puerto Boyacá como "una especie de república paramilitar independiente" —recogida por la investigadora Jenny Pearce en 1990— resume esa doble naturaleza: ACDEGAM cumplía funciones estatales de provisión de bienes públicos en un territorio donde el Estado nunca terminó de llegar, y al mismo tiempo administraba la maquinaria de guerra que producía terror y desplazamiento. Era el proto-Estado y el aparato de coerción en un solo cuerpo.

Henry Pérez y la arquitectura del proyecto

Si hay un nombre que sintetiza la fase de institucionalización, es el de Henry Pérez. Hijo de Gonzalo Pérez, desempeñó un papel central en la coordinación del esfuerzo paramilitar y concibió una estructura compleja que integrara tres dimensiones: la lucha antiguerrillera, la participación en política local y el desarrollo socioeconómico regional. El historiador James D. Henderson lo ha descrito como el padre de lo que después se llamaría parapolítica: la captura del Estado local por actores armados a través de la financiación de campañas, la imposición de candidatos y el control de las alcaldías del Magdalena Medio.

Al lado de Henry Pérez, en la superficie visible, aparecieron los operadores políticos legales. Pablo Emilio Guarín, dirigente del Partido Liberal en Puerto Boyacá, impulsó la conformación de las autodefensas y mantuvo vínculos con ACDEGAM. Luis Alfredo Rubio Rojas, otro dirigente regional, cumplió funciones similares. Cuando el presidente Belisario Betancur visitó el Magdalena Medio en 1985, fueron Rubio Rojas, Guarín y el presidente de ACDEGAM quienes lo recibieron. En esa visita, el jefe de Estado elogió a la gente de la región y destacó al general Farouk Yanine Díaz por haber restaurado la paz. La visita presidencial —en pleno auge del proyecto paramilitar, y con el general Yanine, jefe de la Brigada XIV, en el centro del cuadro— fue una legitimación en toda regla.

La colaboración con la fuerza pública tenía expresiones concretas: acuerdos por los cuales las brigadas facilitaban la adquisición de armas a los grupos civiles armados, coordinación operacional, tolerancia frente a los centros de entrenamiento. Uno de ellos, Las Galaxias, se volvería famoso.

Diciembre de 1984: el pacto con el cartel

La segunda transformación decisiva —la captura del proyecto por el narcotráfico— se puede fechar con precisión: diciembre de 1984. Ese mes, fuerzas paramilitares bajo el mando de Henry Pérez interceptaron un cargamento de cocaína de Gonzalo Rodríguez Gacha cerca de Puerto Boyacá. El incidente provocó una reunión entre los dos hombres y derivó en una alianza que reconfiguraría el conflicto colombiano.

El contexto lo explica. Rodríguez Gacha, socio del cartel de Medellín —al que había llegado presentado por los esmeralderos Víctor Carranza y Gilberto Molina—, actuaba como intermediario entre los traficantes de Medellín y la mafia esmeraldera de Boyacá y Cundinamarca. Sus instalaciones en el Magdalena Medio estaban expuestas a la presión del Frente IV y del Frente XI de las FARC. Necesitaba protección armada. Las autodefensas de Puerto Boyacá necesitaban dinero: la ganadería extensiva, célula inicial de financiamiento, era una economía ineficiente para sostener el creciente aparato militar. Los costos de mantener frentes, escuelas de entrenamiento, sueldos y armamento subieron de manera prohibitiva a finales de los ochenta.

La alianza fue el matrimonio de dos necesidades. Rodríguez Gacha y Pablo Escobar invirtieron masivamente en bienes raíces en el Magdalena Medio y se convirtieron en terratenientes y ganaderos de la región. Esa fusión —narcotráfico y latifundio ganadero— generó un nuevo sector social que transformó la conexión orgánica entre paramilitares y ganaderos. Los grandes propietarios tradicionales, que habían sido la base social original, quedaron rebasados por unos nuevos hacendados que traían capital ilimitado y una lógica de guerra sin restricciones morales.

Entre 1987 y 1988, Rodríguez Gacha acudió al centro de entrenamiento Las Galaxias para que sus escoltas recibieran instrucción militar de los paramilitares. Fue en ese circuito donde se formaron los hermanos William y Olivera Acuña Infante, quienes, por orden de Rodríguez Gacha, asesinaron el 11 de octubre de 1987 al líder de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal. Puerto Boyacá dejó de ser solo un municipio de autodefensa contra guerrillas: se convirtió en la sede del proyecto que, desde ese momento hasta el final de la década, ejecutaría el exterminio de la UP y libraría la guerra del cartel de Medellín contra el Estado.

Al proyecto se sumaron, en distintos momentos, instructores extranjeros —entre ellos el israelí Yair Klein— que profesionalizaron el entrenamiento, y operadores ideológicos como Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, que darían al paramilitarismo una vocería doctrinaria. Cerca, en el sur del Magdalena Medio, un ganadero llamado Ramón Isaza construía desde comienzos de los ochenta su propia estructura, cooptada por Henry Pérez a partir de 1983 y luego, tras romper con Pablo Escobar en 1991, reconstituida como un proyecto autónomo.

La república paramilitar

En su apogeo, entre 1985 y 1989, Puerto Boyacá funcionó como una entidad político-territorial paralela. ACDEGAM promovió campañas para las alcaldías del Magdalena Medio, y hacia 1989 estaba plenamente cooptada y financiada por el narcotráfico. Los recursos que canalizaba pagaban acondicionamiento de centros de entrenamiento, sueldos, armas y municiones, con participación de organismos de seguridad e inteligencia orientados a la contrainsurgencia y de políticos regionales interesados en eliminar a sus adversarios. El municipio se autoproclamó públicamente capital antisubversiva de Colombia, con carteles a la entrada del casco urbano y proclamas en los medios locales.

La violencia fue el eje operativo. El proyecto paramilitar articulado desde 1983 produjo al menos dieciocho masacres y miles de desplazados bajo la justificación contrainsurgente de "limpiar" la zona de guerrilla. El Magdalena Medio fue una de las tres regiones con mayor número de población expulsada por desplazamiento forzado en el período 1980-1988, junto con Urabá y el Alto Sinú-San Jorge. La estrategia tenía un doble propósito que rara vez se enunciaba en público pero que quedó documentado con nitidez: eliminar a los presuntos guerrilleros y, al mismo tiempo, arrebatar las tierras a los campesinos. Fue así como mandos militares, políticos, paramilitares, narcotraficantes y empresas se apoderaron de porciones significativas del territorio.

Las víctimas eran civiles estigmatizados como base social de la insurgencia: sindicalistas, militantes de la UP, líderes campesinos, maestros, comerciantes, cualquiera que cayera en la sospecha. El retorno de la población desplazada a sus fincas quedaba condicionado a comprometerse en el combate a la guerrilla y a colaborar con la estructura paramilitar: pactos que los pobladores debían asumir para recuperar sus enseres y su tierra. Al menos un habitante que intentó regresar desapareció. El circuito era completo: primero se desplazaba, luego se ofrecía retorno con condiciones, y el que se negaba a colaborar era sistemáticamente eliminado. Entre 1982 y 1997 se registró un incremento sostenido en el número de casos de desaparición forzada en la región.

Una de las masacres emblemáticas —la de una comisión judicial que investigaba crímenes paramilitares— se planeó en una reunión que congregó a socios de ACDEGAM, comandantes paramilitares y miembros del Ejército; en el operativo se pagaron veinte millones de pesos a policías de Barrancabermeja. La coordinación entre coalición armada legal e ilegal era, a esa altura, cotidiana.

Fracturas y reacomodos: 1991-2006

El proyecto entró en crisis a comienzos de los años noventa. La muerte de Rodríguez Gacha en diciembre de 1989, la persecución al cartel de Medellín, la guerra particular que Ramón Isaza abrió contra Pablo Escobar en 1991 y la propia muerte de Henry Pérez descompusieron la unidad de mando. El grupo de Isaza atravesó su propia recomposición: a partir de 1994 operó como Autodefensas de Ramón Isaza, en 1998 adoptó el nombre de Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, ACMM, y desde 2000 usó también la denominación —poco extendida— de Bloque Magdalena Medio, BMM. Expandió su influencia hacia el oriente antioqueño, el oriente de Caldas, el norte del Tolima y el occidente de Cundinamarca.

El núcleo puertoboyacense siguió su propio camino. Las Autodefensas de Puerto Boyacá operaron con ese nombre hasta el año 2000, cuando pasaron a denominarse Bloque Puerto Boyacá-Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, BPB-ACMM, bajo el mando de Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón. En 2006, en el marco del proceso de desmovilización auspiciado por la Ley de Justicia y Paz, el grupo se desmovilizó bajo la denominación de Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, ACPB. Las ACMM de Ramón Isaza se desmovilizaron ese mismo año. La expansión que caracterizó la fase final de las estructuras se apoyó en buena medida en la incorporación de guerrilleros desertores, un rasgo que permitió replicar tácticas y penetrar zonas antes controladas por la insurgencia.

En el balance de la desmovilización, catorce excomandantes de las ACPB y ocho de las ACMM fueron entrevistados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, en el marco de los procesos de contribución a la verdad regulados por la Ley 1424 de 2010.

Memoria y justicia transicional

Puerto Boyacá ocupa un lugar central en los ejercicios de memoria histórica del país, precisamente porque su experiencia condensa las claves del paramilitarismo colombiano: origen militar, base social ganadera, captura por el narcotráfico, control político local, exterminio de la UP. Los tribunales de Justicia y Paz emitieron exhortos que originaron una serie de informes sobre el paramilitarismo en el Magdalena Medio, y el Centro Nacional de Memoria Histórica sostuvo durante más de dos años un trabajo de campo en la región. En mayo de 2016, un taller con víctimas en Puerto Boyacá reunió a diecisiete mujeres y un hombre: una proporción que revela por sí sola el impacto diferencial de la violencia sobre las familias sobrevivientes. La Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz consolidó, con corte a 31 de mayo de 2014, un registro de exhumaciones que constituye una de las bases empíricas más importantes para dimensionar la magnitud del horror.

Queda en claro, después de esos ejercicios, que el crimen organizado fue parte de la coalición detrás del paramilitarismo de Puerto Boyacá, pero que la mayoría de las primeras masacres y actividades criminales estuvieron dirigidas principalmente por ganaderos y miembros del Ejército, no por los jefes de la mafia; el narcotráfico llegó después a capturar una estructura ya andante. Esa precisión importa: rescata la dimensión política y contrainsurgente originaria del proyecto y niega la coartada de que "todo fue culpa de los narcos".

Lo que queda

Puerto Boyacá sigue siendo hoy un municipio ganadero y petrolero, articulado al eje del río Magdalena y a las troncales que lo cruzan, con una economía que integra petróleo, latifundio, minería, comercio ribereño y pesca. Es la puerta de Boyacá al Magdalena y una plaza estratégica en cualquier proyecto nacional de logística fluvial. La violencia paramilitar directa cedió después de la desmovilización de 2006, pero las estructuras económicas y sociales que la hicieron posible —concentración de la tierra, presencia estatal limitada, economía extractiva, redes políticas heredadas— no desaparecieron con las armas.

La huella del municipio en la historia colombiana es doble y no admite conciliación fácil. Por un lado, fue el laboratorio donde una demanda social real de protección —la que produjo el escalamiento extorsivo del Frente XI a finales de los setenta— encontró respuesta fuera del Estado. Los medianos y pequeños propietarios que se sintieron abandonados por la fuerza pública frente a los secuestros y las extorsiones no inventaron su miedo. Ese agravio existió y fue una de las materias primas del fenómeno.

Por otro lado, esa demanda fue capturada, encauzada y transformada en algo distinto por una coalición de mandos militares, ganaderos latifundistas, políticos regionales y —desde diciembre de 1984— narcotraficantes del cartel de Medellín, que construyeron un aparato de terror, acumulación de tierras y control político sin proporción con la amenaza inicial. Las dieciocho masacres, los miles de desplazados, el asesinato de Jaime Pardo Leal, el exterminio de la UP, la fabricación de la parapolítica como método de captura del Estado local: nada de eso se explica solo por la autodefensa campesina. Ninguno de los dos polos —agravio popular o proyecto de dominación desde arriba— basta por sí mismo.

Lo que Puerto Boyacá inauguró, y que después se replicó con variaciones en Urabá, Córdoba, Sucre, el sur del Cesar y buena parte del Casanare, fue una fórmula: aprovechar la ausencia estatal y el miedo real de las comunidades para construir aparatos armados privados que, articulados con sectores de la fuerza pública y financiados por rentas extractivas o ilegales, sustituyeran al Estado en el territorio y capturaran su representación institucional. Que un municipio pequeño en la margen del Magdalena, fundado apenas en 1957 alrededor de un campamento petrolero, haya sido el prototipo de ese modelo —y que su nombre esté hoy inscrito, para bien y para mal, en cualquier historia seria del conflicto armado colombiano— dice tanto de la fragilidad del Estado en las regiones como de la creatividad, sombría pero eficaz, de quienes supieron ocupar sus vacíos.