La guerra contra la justicia en Colombia (1984–1991)

La guerra contra la justicia en Colombia (1984-1991)

Entre el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla el 30 de abril de 1984 y la instalación de la Asamblea Constituyente en febrero de 1991, Colombia asistió a la destrucción metódica de su aparato investigador. Doscientas noventa personas en ejercicio de funciones judiciales fueron asesinadas entre 1979 y 1991; el promedio anual pasó de dos muertes entre 1979 y 1982 a diez y medio entre 1985 y 1988; una encuesta de 1987 registró que el 25,4% de los jueces habían sido amenazados directamente o a través de sus familias.

¿Fue aquello una campaña del cartel de Medellín contra el tratado de extradición, o el ataque al aparato judicial funcionó como dispositivo estructural mediante el cual una alianza de poderes ilegales —narcotraficantes, paramilitares y sectores del aparato militar-estatal— disciplinó al Estado colombiano y reconfiguró de manera duradera el Estado de derecho?

La pregunta admite formulaciones más finas, que este texto irá desplegando. ¿Quién mataba a los jueces y por qué? ¿Fue el Estado un espectador desbordado o un actor con capacidades intactas que las orientó en direcciones asimétricas? ¿La respuesta institucional que llegó después —Jurisdicción de Orden Público, jueces sin rostro, Constitución de 1991, Ley de Justicia y Paz— corrigió el daño o lo sedimentó? ¿La impunidad de aquellos años fue una falla del sistema o una producción activa dentro de él?

La respuesta que la evidencia mejor sostiene se aleja de la hipótesis del narcotráfico como agente único, y añade un matiz que suele omitirse: el Estado no colapsó por debilidad frente a la violencia, sino que respondió con una excepcionalidad selectiva cuyo peso recayó sobre civiles y guerrillas, mientras la investigación de la alianza narco-paramilitar-militar quedaba desmantelada desde adentro. Esa doble reconfiguración —terror hacia los jueces que investigaban la trama, eficientismo punitivo hacia sus enemigos— dejó una huella que aún condiciona la respuesta penal colombiana al conflicto armado.

¿Por qué la pregunta importa?

Nombrar los hechos como "guerra del narcotráfico contra el Estado" no es inocente. Esa fórmula, dominante en la memoria pública colombiana, ordena los asesinatos de Lara Bonilla, del procurador Carlos Mauro Hoyos, de los magistrados del Palacio de Justicia y de decenas de jueces de instrucción en torno a un actor único —Pablo Escobar, el cartel de Medellín— y a un motivo también único: bloquear la extradición. La lectura tiene una cronología limpia, que arranca en abril de 1984 y culmina con la caída de Escobar en 1993, y produce una moraleja tranquilizadora: los "extraditables" perdieron, el Estado ganó, la Constitución de 1991 selló la victoria.

El problema es que esa narrativa deja fuera lo más específico del periodo. Deja fuera la masacre de doce miembros de una comisión judicial en La Rochela el 18 de enero de 1989, cuyo objetivo declarado no era impedir la extradición sino detener la investigación sobre la desaparición forzada de 19 comerciantes en el Magdalena Medio, un caso que salpicaba a altos oficiales del Ejército. Deja fuera las denuncias que dirigentes comunales enviaron al Procurador Nacional en noviembre de 1988, advirtiendo que el capitán Zúñiga y el teniente Oswaldo Prada, comandante de la base de Campo Capote, amparaban a los grupos paramilitares. Deja fuera la certificación del Instituto Nacional de Tránsito, en agosto de 1983, de que las desapariciones atribuidas al MAS se ejecutaban en vehículos asignados a la DIPEC-F2 de la Policía. Y deja fuera el reconocimiento que el propio Estado colombiano hizo ante el Sistema Interamericano: hubo amangualamiento entre miembros del Estado, narcotraficantes y paramilitares, en la palabra precisa que usó el proceso.

Responder si aquello fue "solo narcotráfico" o "crimen de sistema" no es un ejercicio de nomenclatura. De la respuesta depende cómo se lee la respuesta institucional que vino después: si la Jurisdicción de Orden Público, los jueces sin rostro y la Ley de Justicia y Paz fueron correcciones progresivas de un Estado que aprendía a defenderse, o si fueron la sedimentación de una excepcionalidad que reforzó la impunidad selectiva sobre la que se había construido el ataque.

¿Los términos del debate?

La tesis del narcotráfico como agente único tiene, en su favor, hechos difíciles de discutir. Lara Bonilla fue asesinado por orden de Escobar tras haberle negado la curul en el Congreso, exponer sus antecedentes de traficante y denunciar que los principales clubes de fútbol de Cali, Medellín, Pereira y Bogotá eran propiedad de narcotraficantes. En un solo año, 1989, el cartel de Medellín acumuló el asesinato de varios jueces y magistrados, del procurador Carlos Mauro Hoyos y de dos ministros de Justicia. Y en el corazón del episodio más traumático del periodo, la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, Escobar aparece ofreciendo dos millones de dólares al M-19 con la condición de que sus hombres pudieran quemar los archivos de extradición y asesinar a los magistrados favorables al tratado. Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina rechazaron formalmente la exigencia, aunque Iván Marino sí aceptó el dinero. El M-19 no ejecutó el pedido, pero la reunión revela hasta qué punto el narcotráfico había convertido al aparato judicial en objetivo estratégico.

La tesis rival —que la violencia contra la justicia fue un crimen de sistema coproducido— no niega ninguno de esos hechos. Los redimensiona. Sostiene que el cartel de Medellín fue uno de los actores, y no siempre el principal, dentro de una arquitectura más amplia en la que los paramilitares del Magdalena Medio y sectores de las Fuerzas Armadas compartían un objetivo funcional: preservar la impunidad de crímenes cuya investigación amenazaba a los tres. Bajo esa lectura, los patrones de victimización se separan según autor. Narcotraficantes y paramilitares mataban jueces para obstaculizar procesos y preservar la impunidad; las guerrillas lo hacían por ser parte del Estado que combatían. El motivo cuenta, porque revela que, al menos para dos de los tres actores, el ataque no era ideológico sino instrumental: no querían destruir el Estado, querían neutralizar selectivamente su capacidad investigativa.

¿Qué prueba La Rochela?

Si algún episodio permite decidir entre las dos lecturas, es La Rochela. El 18 de enero de 1989, en un paraje del municipio de Simacota, Santander, unos cuarenta hombres del grupo paramilitar "Los Masetos" retuvieron a los quince integrantes de una Unidad Móvil de Investigación —entre ellos al menos dos jueces de Instrucción Criminal— y ejecutaron a doce de ellos. La comisión investigaba múltiples homicidios y desapariciones en el Magdalena Medio, incluido el caso de los 19 comerciantes desaparecidos el 4 de octubre de 1987 mientras viajaban de Ocaña a Medellín en cinco vehículos. La propia búsqueda había llevado a familiares y testigos hasta las puertas de un batallón del Ejército, no de una oficina del cartel.

Lo que ocurrió después de la masacre confirma que no se trataba de un crimen aislado del narcotráfico. El autor material principal, Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias "Negro Bladimir", fue capturado en agosto de 1989 y condenado a treinta años, la pena máxima permitida por la ley colombiana. Ante la Fiscalía declaró que el general Farouk Yanine Díaz había enviado 200 millones de pesos como pago por la masacre, canalizados a través de Efrén Galeano López —desaparecido tras rendir sus declaraciones—, y que Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar remitieron después 1.500 millones de pesos a Henry de Jesús Pérez, jefe paramilitar de Puerto Boyacá, en señal de agradecimiento. Los pagos no eran previos y no venían del cartel: el encargo era militar, el reconocimiento era narco. La secuencia invierte la jerarquía que la narrativa dominante presume.

La red que ejecutó la masacre no era, además, una banda ocasional. Informes de inteligencia del DAS de 1988 y 1989, sentencias del Sistema Interamericano y declaraciones de perpetradores como el propio Baquero y Luis Antonio Meneses Báez, alias Ariel Otero, documentaron que la estructura paramilitar del Magdalena Medio articulaba sectores de la fuerza pública: las Brigadas XIV y V del Ejército, la inteligencia de la Armada en Barrancabermeja, la Policía en Puerto Boyacá. Desde 1982, según reveló el mayor retirado Óscar de Jesús Echandía en diciembre de ese año, el objetivo declarado era lograr "una Puerto Boyacá limpia de guerrilla". Para conseguirlo, el Ejército acentuó tácticas contrainsurgentes que incluían patrullajes conjuntos con paramilitares y escuelas de entrenamiento militar a civiles a cargo de oficiales y exoficiales. Acdegam —la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio— canalizó recursos de grandes empresarios, ganaderos y hacendados para financiar centros de entrenamiento, sueldos, armas y municiones. El saldo de esa estrategia, hacia finales de la década, era de al menos dieciocho masacres y miles de desplazados.

La Rochela, entonces, no fue un crimen del narcotráfico apoyado por militares corruptos. Fue un crimen militar-paramilitar cuya cadena de mando incluía a un general del Ejército, cuyo objetivo era proteger a oficiales del Ejército implicados en la desaparición de los 19 comerciantes, y cuyo pago posterior vino del narcotráfico como reconocimiento por un servicio prestado a la alianza. El Estado colombiano lo reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: aceptó responsabilidad parcial en la formación de los paramilitares y en la planeación y ejecución de la masacre.

¿Colapsó el Estado, o se reorientó?

La lectura que sostiene que el Estado "colapsó" ante la violencia tropieza con un hecho incómodo: durante los mismos años en que la investigación de la alianza narco-paramilitar-militar era desmantelada por asesinato, exilio y amenaza, el Estado desplegó una capacidad coercitiva considerable, pero canalizada en otra dirección. En 1980, antes del auge del narcoterrorismo, la jurisdicción penal militar había desarrollado 334 consejos de guerra verbales contra civiles.

En 1988, el gobierno de Virgilio Barco creó la Jurisdicción de Orden Público, con su propio Tribunal y competencia sobre los delitos del Estatuto Antiterrorista (Decreto 474 de 1988) y sobre delitos políticos como sedición, rebelión y conexos (Decreto 2490 de 1988). Esa jurisdicción absorbió los procesos contra civiles que antes juzgaba la justicia militar, y lo hizo bajo un procedimiento caracterizado por la reducción de términos, requisitos menos rigurosos para llamar a juicio y un régimen de libertad más drástico. Era un modelo eficientista y antigarantista.

La Jurisdicción de Orden Público es la antesala institucional de los llamados jueces sin rostro, cuya lógica era proteger la identidad del juzgador ante el terror. La respuesta era comprensible —el 25,4% de los jueces reportaba amenazas en 1987—, pero su efecto fue instalar como norma lo que había nacido como emergencia. Y su distribución fue asimétrica: el régimen de excepción que sustentó esa jurisdicción se acompañó de un aumento documentado de asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y masacres, y promovió la participación de civiles en acciones militares contra las guerrillas. La Unión Patriótica, surgida de los acuerdos de La Uribe entre el Gobierno y las FARC en 1984, fue objeto de persecución sistemática en ese contexto.

Los grandes responsables del narcoparamilitarismo, en cambio, siguieron operando. El teniente Andrade, señalado como eslabón clave de la alianza militar-paramilitar en el caso de La Rochela, fue procesado por la justicia ordinaria, pero la competencia terminó cediendo a la jurisdicción militar; el sargento Hernández, condenado en primera instancia por auxilio a actividades terroristas, obtuvo en segunda instancia una tipificación menos grave y una pena de un año por encubrimiento.

Ese contraste —eficientismo antigarantista contra los enemigos de la alianza, impunidad procesal para sus integrantes— es el rasgo distintivo del periodo. No es un colapso: es una redistribución de la capacidad coercitiva del Estado.

¿Impunidad como falla o como diseño?

El dato que suele invocarse para probar la debilidad del sistema judicial colombiano de los ochenta es demoledor: según estimativos del propio gobierno de Barco, solo el 20% de los crímenes llegaba a conocimiento de las autoridades y de esos apenas el 4% obtenía sentencia. La cifra permite dos lecturas. Una sostiene que la impunidad era estructural y anterior al ataque narcoparamilitar, y que la violencia no la creó sino que la profundizó. La otra reconoce esa preexistencia pero observa que el patrón se agudizó selectivamente en los casos que tocaban a la alianza: allí donde la investigación amenazaba a narcotraficantes, paramilitares o a militares vinculados con ellos, la impunidad no fue estadística sino diseñada.

El proceso penal por La Rochela lo ilustra. La investigación fue entorpecida por asesinatos de testigos, exilios y ciclos renovados de amenazas que se extendieron a familiares y acompañantes de las víctimas. En casos análogos, como la masacre de El Topacio, el Batallón Bárbula respondió a los requerimientos judiciales informando que los 28 soldados identificados como presentes habían sido "descuartelados" y sus paraderos eran desconocidos, lo que impidió su interrogatorio. Las víctimas del proceso penal fueron excluidas de facto: no consta su participación ni la notificación de decisiones procesales hasta que en 1994 la Comisión Andina de Juristas interpuso demanda de parte civil. Hubo algunas condenas contra militares y narcotraficantes; según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en octubre de 2014 las investigaciones contra el general Farouk Yanine Díaz y el teniente coronel Navas habían precluido por fallecimiento, y respecto de otros militares implicados aún no había juicio ni condena.

La impunidad, así entendida, no fue el resultado natural de un sistema disfuncional operando sobre un fenómeno demasiado grande. Fue una producción activa. Baquero pudo ser condenado porque era el ejecutor material y su condena no comprometía la cadena de mando; la cadena de mando, en cambio, contó con el fuero militar, con la desaparición de testigos y con el paso del tiempo. Esa distinción desmiente el argumento voluntarista que atribuye la impunidad de los ochenta a la falta de jueces valientes. Los jueces valientes existían —doce de ellos murieron en La Rochela— y su valentía no bastó porque el problema no era la voluntad individual, sino la arquitectura del sistema que los rodeaba.

¿Puede el juez heroico explicar el periodo?

La imagen del magistrado íntegro enfrentando en solitario al narcotráfico es una de las representaciones más resistentes de la memoria colombiana del periodo, y una de las menos útiles para entenderlo. Sirve para conmemorar y estorba para explicar. La razón no es que los jueces amenazados no fueran valientes: es que su valentía operaba dentro de una estructura que, cuando la investigación tocaba a la alianza narco-paramilitar-militar, disponía de recursos —fuero militar, ejecución de testigos, control territorial, aquiescencia institucional— que ninguna trayectoria individual podía neutralizar.

La comisión de La Rochela lo hace visible con crudeza. Quince funcionarios de una Unidad Móvil, dos jueces de Instrucción Criminal entre ellos, se desplazaron a Simacota para investigar un caso que ya había arrojado indicios sobre la participación de altos oficiales del Ejército. La denuncia de los dirigentes comunales ante el Procurador Nacional, en noviembre de 1988, sobre el amparo militar a los paramilitares, era pública. Aun así, la comisión fue enviada sin protección efectiva a un territorio bajo control paramilitar coordinado con la Brigada V del Ejército. La ecuación era imposible: no faltaba coraje, faltaba Estado. Al terror sobre los ejecutores materiales del oficio judicial —jueces, fiscales, investigadores— se sumaba una parálisis institucional: la masacre instaló miedo y pasividad tanto en la base como en los niveles superiores del poder judicial, y desincentivó la investigación de crímenes graves durante años.

Esto no niega la agencia. La niega como principio explicativo. Las condenas parciales, el reconocimiento del Estado ante la CIDH, la sentencia de 2007 y la sobrevivencia de una memoria judicial rigurosa fueron obra de operadores concretos —fiscales, organizaciones como la Comisión Andina de Juristas y el Colectivo José Alvear Restrepo, familiares que no aceptaron el olvido— cuya persistencia forzó a la larga un reconocimiento internacional. Pero ese reconocimiento llegó dieciocho años después de la masacre, con la mayoría del entramado criminal intacto y con varias de las investigaciones militares precluidas por muerte natural de los acusados. La agencia judicial funcionó como resistencia y como memoria; no funcionó, en el corto plazo, como capacidad de imponer justicia.

¿Qué heredó el Estado de 1991?

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 11 de mayo de 2007 sobre el caso de La Rochela hizo dos cosas simultáneas. Reconoció, con la firma del propio Estado colombiano, el amangualamiento entre agentes estatales, narcotraficantes y paramilitares, y estableció que las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos no podían limitarse a la individualización y captura de autores materiales, sino que debían adoptar medidas para visibilizar los patrones sistemáticos y desarticular las estructuras criminales y sus conexiones. La segunda parte de la sentencia es tan importante como la primera: nombra la categoría de crimen de sistema y la impone como estándar de investigación.

Ese estándar, sin embargo, llegó cuando el marco transicional colombiano ya estaba diseñado en otra clave. La Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, fue concebida para facilitar la reincorporación de personas implicadas en crímenes de lesa humanidad garantizando los derechos de las víctimas sin caer en el perdón y olvido, pero redujo sus alcances a los excombatientes de las AUC postulados al proceso. Terceros civiles responsables, militares, mandos medios y patrulleros quedaron por fuera. El diseño reprodujo, en un lenguaje transicional, la misma lógica de impunidad selectiva que había regido el proceso penal de los ochenta: castigo a los ejecutores, protección a la cadena de mando y a la red civil que la sostenía. Al 1 de diciembre de 2012, de 2.199 postulados a la Ley 975, el número de condenados era muy reducido en proporción al total.

La Constitución de 1991 —convocada en un ambiente en que la población no confiaba en sus jueces ni en sus policías, en que los carteles habían obtenido escaños en el Congreso durante los ochenta, en que la crisis de legitimidad institucional era plena— intentó una respuesta más profunda. Reformuló al Estado colombiano como Estado Social de Derecho, fortaleció al legislativo, amplió el campo de acción de las altas Cortes y desmontó el juzgamiento de civiles por tribunales militares que la Corte Suprema declararía inconstitucional. Fue una ruptura real. Pero sus resultados en materia de reforma judicial y del Estado fueron limitados, y la excepcionalidad procesal que había nacido para responder al terror sobre los jueces —la Jurisdicción de Orden Público, los jueces sin rostro, el eficientismo antigarantista— sobrevivió a la Constituyente en formas transformadas. El Estado que nació en 1991 heredó del que colapsó en 1989 más de lo que sus fundadores admitían.

¿Guerra del narcotráfico o crimen de sistema?

La pregunta con la que se abrió admite ahora una respuesta más precisa. La violencia contra el aparato judicial en los ochenta no fue una campaña unilateral del narcotráfico. La Rochela, con su cadena de mando militar, su ejecución paramilitar y su pago narco posterior, es la refutación empírica más precisa. Y tampoco el Estado colombiano fue un espectador pasivo: agentes suyos —el general Yanine, los oficiales del Ejército implicados en la desaparición de los 19 comerciantes, la inteligencia militar de las Brigadas V y XIV, la Policía de Puerto Boyacá, el F2 en las desapariciones de 1983— fueron coautores de la trama que los tribunales intentaban investigar.

La disyuntiva inicial —guerra del narcotráfico o crimen de sistema— no se resuelve eligiendo un culpable entre varios, sino describiendo un mecanismo distinto de las dos alternativas fáciles. Fue una alianza funcional que operó durante años con objetivos compartidos y roles diferenciados, y su producto no fue la destrucción del Estado sino su reconfiguración: un Estado que castigó con eficacia a los enemigos de la alianza y que se volvió opaco cuando la investigación se acercaba a sus integrantes.

Queda entonces la última pregunta, la que sigue abierta: si los generales murieron antes de declarar, si los terceros civiles nunca fueron postulados a la Ley 975, si la cadena de mando quedó protegida por el fuero militar y por el tiempo, ¿qué tan lejos está el orden institucional colombiano actual de aquella arquitectura de impunidad selectiva? La respuesta a esa pregunta no la fija la historia. La fija el presente.